Actualidad

Keiko fue detenida por vínculos con lavado de dinero mientras su hermano Kenji lucha por mantener su vida política en pie y el Patriarca Alberto Fujimori, el otrora hombre fuerte del Perú ruega, desde el hospital, que no lo regresen a prisión, pues eso significará una "condena a muerte" para él. Un argumento digno de una película de Quentin Tarantino.

Una semana después de perder el indulto que sacó de la cárcel, el ex presidente peruano Alberto Fujimori contempla impotente desde la cama de un hospital cómo sus hijos y herederos políticos están a merced de la justicia, igual que él y enfrentados políticamente.

Su hija mayor Keiko, la poderosa líder opositora cuyo partido domina el Congreso del Perú, fue detenida por un supuesto aporte ilegal de 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011.

Su benjamín Kenji, que perdió su banca parlamentaria en junio, enfrenta cargos de cohecho y tráfico de influencias por intentar salvar de la destitución al entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo.

La Familia Fujimori sigue dominando la Agenda Política Peruana, a pesar de sus actuales desgracias y aunque han pasado dos décadas desde que el patriarca se marchó a Japón, la tierra de sus ancestros y envió su renuncia a la presidencia por fax, luego de ser acusado de delitos de lesa humanidad.

Los hermanos Fujimori, con propia trayectoria política, ya que habían sido candidatos a la presidencia y el diputado más votado del Perú, están enfrentados desde diciembre de 2017. El cisma del Fujimorismo se gestó cuando el Congreso de Perú votó un pedido de destitución del Presidente Kuczynski, por mentir sobre sus lazos con Odebrecht.

Keiko quería a toda costa echar a Kuczynski, pero Kenji le lanzó un salvavidas, al abstenerse en la votación junto a otros legisladores leales.

Tres días después, Kuczynski indultó al expresidente Fujimori, gesto interpretado como pago a Kenji, quien se había esmerado en conseguir la liberación de su padre, a diferencia de su hermana, que se había manifestado cauta, por temor a que ensombreciera su liderazgo político.

Kenji renunció en febrero al partido fujimorista (derecha populista) alegando que éste ya no tenía "autoridad moral" por las revelaciones de aportes de Odebrecht, la causa que ha llevado a prisión a Keiko.  Además, sugirió que crearía un partido propio para impulsar sus ambiciones presidenciales, pero la venganza de su hermana no tardó en llegar.

En marzo, un legislador leal a Keiko denunció que Kenji había intentado comprar su voto para salvar a Kuczynski de una nueva moción de destitución y sustentó la denuncia con un video grabado clandestinamente, cuya difusión condujo a la renuncia del mandatario.

En junio, los votos de los legisladores del partido de Keiko despojaron a Kenji de su escaño parlamentario y lo pusieron en manos de la justicia.

"Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja", dijo entonces Kenji.

Todo un entorno familiar lleno de rencillas, ansia de poder y descomposición familiar, que comenzó con el divorcio de la pareja presidencial Alberto Fujimori y Susana Higuchi, por las aspiraciones políticas de ésta.

Por lo visto, los nuevos temas de película no necesitan de mafiosos, narcos o ladrones, con los políticos sobra.

Lima, 12 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

En medio de las marchas y protestas en el país, de rectores, profesores y estudiantes de las universidades públicas, el Gobierno Nacional y las comisiones económicas del Congreso acordaron reasignar $500.000 para el sector educativo.

De acuerdo a esa determinación, las 32 universidades públicas de todo el país recibirán medio billón de pesos adicionales con el objeto de atender las ingentes necesidades que tienen los claustros académicos del estado en educación superior, para inversión y funcionamiento.

"Esta reasignación fue lograda gracias al trabajo conjunto de los Ministerios de Hacienda y Educación, así como de la Dirección Nacional de Planeación”, dijo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera, quien señaló que los recursos provienen de una recomposición de partidas de gasto y de recortes de la cartera de Hacienda, y de la labor que se realiza en conjunto con el Congreso de la República.

El ministro fue preciso en señalar que la reasignación al presupuesto para la educación pública, no implica un aumento en el monto del Presupuesto General de la Nación, que asciende a los de $258,9 billones.

La plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, fue testigo del clamor de los miles de estudiantes de las Universidades e Instituciones de Educación Superior públicas y privadas reunidas en torno a "La movilización nacional por el rescate de la educación superior."

Acompañados por la habitual lluvia capitalina, miles de estudiantes de las Universidades e Insituciones Educativas públicas y privadas salieron a las calles de Bogotá con el fin de movilizarse y mostrarle al país su inconformismo por la actual situación del sistema educativo.

A la par, cientos de estudiantes marcharon en las principales ciudades del país, con la misma intención: solicitarle al Gobierno Nacional el incremento presupuestal, la reliquidación de deudas con el Icetex, el aumento del presupuesto a Colciencias y sobre todo el respeto y la dignidad al derecho de movilización.

El punto de encuentro en Bogotá fue la plaza de Bolívar, donde cerca de 35.000 personas, entre estudiantes, profesores y líderes sociales hicieron públicas sus peticiones mediante cánticos, pancartas, gritos y banderas.

La histórica plaza se llenó en su totalidad, en cada espacio había un estudiante inconforme, gritando con euforia "Vamos a luchar, Vamos a luchar".  La necesidad de encontrar solución a la crisis conmovió a todo el país, las miradas se posaron en aquellas masas que encontraron en la movilización una manera justa de hacer valer sus derechos.

Tal era la pasión y el ímpetu estudiantil, que justo al frente de la Plaza de Bolívar, el Capitolio Nacional temblaba, allí los rectores de las Universidades Públicas estaban reunidos con los miembros del Congreso Nacional haciendo su propia lucha, una lucha diferente pero con el mismo objetivo: exigir al Gobierno equidad y respeto al presupuesto del sector educativo.

Este 10 de octubre, el centro de Bogotá recibió la lucha conjunta de un pueblo carente, convencido de que la educación es el camino correcto hacia el cambio social que necesita el país.

Los estudiantes demostraron su tenacidad y tesón para defender lo propio, quedó claro que ésta no es una generación dócil, y que está fuertemente ligada a los principios del gran García Márquez..."Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro..."

Este histórico 10 de octubre del 2018, Colombia entendió que los estudiantes lucharán e irán cuantas veces sea necesario a la calle por la dignidad estudiantil.

Bogotá, 10 de ocubre de 2018

Por Leimy Zulany Santana Pérez

Así lo anunció el presidente Iván Duque Márquez, quien reconoció las dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno y agregó que “ha hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado. Pero faltan recursos”.

En medio de las marchas y protestas por la falta de recursos para las universidades públicas, en las diferentes ciudades del país, el jefe de estado colombiano afirmó “Hemos hecho en ocho semanas las operaciones necesarias para liberar los recursos y hemos hecho el esfuerzo monumental para tener el presupuesto más alto en materia de educación que ha tenido Colombia”.

Ante varios expresidentes y líderes empresariales que forman el grupo de pensamiento del Círculo de Montevideo y que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá, el presidente Duque reconoció que Colombia es un país que ha tenido grandes progresos, pero agregó que en los últimos 50 años ha visto cómo se aumenta el promedio de vida, pero no la cobertura en educación.

“Entiendo la angustia de muchos jóvenes. Entiendo sus reclamos. Y los entiendo porque ellos quieren tener esa educación pensada para la Cuarta Revolución Industrial. Y tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno”, afirmó el Presidente y dijo que espera “terminar el gobierno superando el umbral de los 400 mil jóvenes –ojalá muchos más– en ese esquema de gratuidad para los estratos de más vulnerabilidad económica”, expresó.

Aseguró que “con este modelo de reactivación que queremos que nos ponga a crecer al ritmo que queremos, será mi compromiso personal darle cada vez más recursos a la educación y a la educación superior”.

Finalmente expresó que respecto al programa Ser Pilo Paga “sería irresponsable” decirles a los actuales beneficiarios que se termina ese plan de ayuda. “Por eso asumimos el compromiso de pagar hasta el último matriculado de ese programa. Porque se trata de honrar la palabra del Estado”, expresó.

Bogotá, D. C, 10 de octubre de 2018

Redacción Ecos Nacional

Por la poca financiación de la educación, principalmente en las universidades públicas que se encuentran en crisis. Ante eso, rectores, profesores y estudiantes de todo el país, se lanzan a las calles para pedir al Gobierno y al Congreso, aumentar en el Presupuesto General de la Nación, $16 billones, que es el déficit en el sector educativo para lograr el normal funcionamiento, cobertura y calidad académica, que garantice el mejor desarrollo y futuro de Colombia.

Las Universidades públicas están en un estado tan crítico que por ejemplo, la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, está a punto de caerse en su edificación porque no hay recursos para su mantenimiento.

Por eso las calles de las principales ciudades del país estarán este miércoles desbordadas con voces de protestas, mensajes semióticos y S.O.S, para salvar a esas universidades estatales que se encuentran en cuidados intensivos.

Rectores, profesores y estudiantes coinciden en señalar que es la única forma de participación democrática para lograr que el Gobierno Nacional y el Congreso, en estos momentos en que se tramita el Presupuesto General de la Nación, apruebe los suficientes recursos que permitan el mejoramiento, cobertura y desarrollo de la educación superior.

El sector educativo, según se aprobó en el primer debate en las comisiones económicas de Senado y Cámara, quedó con 41,26 billones de pesos para el 2019, cifra que representa sólo el 10 % frente a lo que se aprobó para este año.

Para el sector educativo del país no es suficiente. Son problemas coyunturales reales y que representan un déficit demasiado alto en las sedes de las 32 universidades públicas y donde sufren más de 700 mil estudiantes universitarios de Colombia.

“Con las marchas, donde esperamos que participen al menos 600.000 estudiantes, se busca que la sociedad, el Gobierno y el Congreso,  entienda que si no hay recursos para la universidad, no hay futuro”, sostiene Alejandro Palacio, Presidente de la Asociación de Representantes Estudiantiles de educación Superior – ACRES- de la que forman parte las públicas y privadas.

Aunque destacan que en gobierno Santos el presupuesto fue el más alto de la historia, con $37,49 billones, la inversión apenas llegaba a $3,42 billones. Los 34 billones restantes eran para gastos de funcionamiento divididos en varios items, entre ellos los más representativos: nómina, $8,51 billones y pensiones de $3,79 billones.

El Gobierno Duque ha señalado que no cuenta con los 16 billones que reclama la Universidad Pública. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió ante los medios que “el compromiso de este gobierno se demuestra en el proyecto de ley de presupuesto, que está calculado para 2019 en $41,26 billones, dividido en gastos de funcionamiento e inversión, pero estos no están desagregados porque el presupuesto aún no ha sido aprobado en el Congreso”. Se espera todavía el último debate.

El tema es tan complejo que  si bien el presupuesto aprobado para educación es el mayor al de otros sectores, entre ellos defensa que está en $33,53 billones, la salud con $32,29 billones, entre otros, los $41.26 que están asignados en el proyecto actual en educación resulta insuficiente para atender las necesidades que año  tras año han aumentado en las universidades del territorio nacional.

Bogotá,D. C, 10 de octubre de 2018

Por Luis Fernando García Forero

Las medidas de gracia no pueden concederse para Crímenes de lesa Humanidad, ni las razones humanitarias pueden alegarse simplemente a la edad de la persona, explican varios relatores de derechos humanos, que aplauden la decisión de la Justicia Peruana.

Un grupo de expertos* de la ONU en DD.HH., Fabián Salvioli y Agnès Callamard,  celebraron la decisión de un juzgado de la Corte Suprema Peruana de derogar el indulto concedido al ex Presidente Alberto Fujimori. Los expertos señalan que la decisión devuelve la justicia a las víctimas y “cumple con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Alberto Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes considerados de lesa humanidad en el derecho internacional, pero fue indultado por razones humanitarias el pasado mes de diciembre por el ex Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

El perdón presidencial provocó protestas callejeras y una violenta reacción de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de las manifestaciones pacíficas.

La anulación del indulto fue solicitada por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, dos de los casos por los que fue condenado Fujimori.

El pasado tres de octubre el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema anuló el perdón concedido al exmandatario peruano y ordenó su búsqueda y captura para su reingreso en prisión.

“La decisión del Juzgado restaura el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares, quienes vienen luchando hace 25 años para asegurar que los crímenes aberrantes que han sufrido no queden en la impunidad, y que los responsables sean debida y efectivamente sancionados”, señalaron.

Restricciones de los indultos

Los expertos consideran que el fallo “cumple con los estándares internacionales de derechos humanos” que restringen la concesión de indultos en casos de crímenes de lesa humanidad. Además, consideraron que constituye una “violación del derecho interno peruano, el cual prohíbe taxativamente el otorgamiento de indultos a los condenados por delito de secuestro”.

Los especialistas argumentaron que para conceder un indulto humanitario se han de cumplir una serie de “requisitos concretos” como, por ejemplo, una enfermedad terminal, pero que “no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la edad”, como fue caso de Fujimori.

Ginebra, 10 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Foto: Rick Bajornas/ONU.

Nota: *Los expertos de la ONU son: el Sr. Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y la Sra. Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y el Sr. Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

La Oficina del Alto Comisionado ha solicitado una investigación independiente e imparcial sobre el caso del líder opositor Fernando Albán, concejal del Partido Voluntad Popular, cuando se encontraba detenido. También ha pedido la puesta en libertad de 59 colombianos detenidos sin juicio durante más de dos años. Además, ha asegurado que las condiciones de las cárceles venezolanas son “más que monstruosas”.

“Estamos profundamente preocupados por la detención continuada de 59 ciudadanos colombianos que han estado recluidos sin cargos en Venezuela durante más de dos años”, ha dicho la portavoz de Michelle Bachelet ante la prensa de Ginebra.

Ravina Shamdasani explicó que los colombianos fueron detenidos en operaciones de seguridad separadas a fines de agosto y principios de septiembre de 2016, y se encuentran detenidos en una celda en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Según los informes que ha recibido la oficina, las condiciones allí son extremas y no hay acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos.

“Se cree que muchos de los 59 hombres están enfermos. Un prisionero, William Estremor, quien, según se informó, estuvo gravemente enfermo durante varios días, fue llevado a la sala de urgencias de un hospital, según su abogado. Luego se informó que fue trasladado a una pequeña enfermería en los locales de los servicios de inteligencia nacionales en Caracas. No tenemos información actualizada sobre su condición”, dijo la portavoz.

La Oficina instó a las autoridades venezolanas a garantizar que Estremor reciba la atención médica necesaria y que, en todo el sistema penitenciario, se garantice a los reclusos el acceso a medicamentos y tratamientos adecuados.

Los colombianos fueron recogidos durante redadas de seguridad conocidas como Operaciones para la Liberación de la Gente, que, según el gobierno, estaban diseñadas para disolver pandillas criminales y llevarlas ante la justicia. Los detenidos fueron acusados de ser paramilitares, pero hasta la fecha no se han presentado pruebas ni cargos contra ellos y, en noviembre de 2017, un juez venezolano dictaminó que debían ser liberados incondicionalmente.

“Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con esta decisión y los liberen”, aseguró Shamdasani, quien agregó que los detenidos eran migrantes legales e irregulares y trabajaban en construcción y la economía informal.

Condiciones de cautiverio son “monstruosas”

La portavoz también informó que alrededor de 90 colombianos habían sido detenidos en las redadas, pero algunos fueron liberados, mientras uno de ellos murió por problemas respiratorios dentro de la cárcel.

Es muy común que en los centros de detención venezolanos los reclusos sufran de tuberculosis, hepatitis, diarrea, y otras enfermedades”.

Las autoridades colombianas han remitido el caso al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de DD.HH.

 “Es muy común que en los centros de detención venezolanos los reclusos sufran de tuberculosis, hepatitis, diarrea, y otras enfermedades”, dijo, explicando que las cárceles están abarrotadas, llenas de ratas y de insectos y los prisioneros muchas veces no tienen acceso a luz natural, comida o agua potable.

“Las condiciones son más que monstruosas”, aseguró Ravina Shamdasani, añadiendo que muchos prisioneros pierden peso porque solo se les da una pequeña ración de comida al día. Lo que ha conducido a hechos violentos y motines.

Investigación caso supuesto suicidio de Albán

La Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. también pide a las autoridades venezolanas una investigación independiente e imparcial de la muerte del opositor venezolano Fernando Albán.

Según la fiscalía venezolana, Albán, detenido por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó en la sede del Servicio de Inteligencia; pero su partido, Primero Justicia, denuncia que fue asesinado.

En la Oficina de Michelle Bachelet, están preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas tal y como establece la ley venezolana.

"Hay mucha especulación sobre lo qué pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado, hay mucha especulación y por eso necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte”, dijo Shamdasani.

Según despachos de prensa y declaraciones del presidente Nicolás Maduro durante la Asamblea General, Venezuela se encuentra dispuesta a recibir a la Alta Comisionada en el país.

Sin embargo, la portavoz aseguró que el acceso para la realización del mandato del Consejo de Derechos Humanos de llevar a cabo una investigación, que podría incluir casos como el de Albán y el mismo atentado al presidente, aún no ha sido garantizado.

“No nos han dado el acceso a Venezuela. Hay informes de que están felices de invitarnos, pero aún no recibimos ninguna invitación formal”, concluyó la portavoz de Michelle Bachelet.

Ginebra, 10 de octubre de 2018.-

Por Luis Fernando García Forero.

Foto: Telemundo.

Por fin se dio inicio formal a un sueño que por más de 30 años han esperado los habitantes de los municipios de Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca, pero que empezó a hacerse realidad cuando el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, firmó este martes 9 de octubre, el contrato de estructuración técnica, legal y financiera, del sistema de transporte Regiotram de Occidente, un moderno sistema férreo para la movilidad desde Facatativa pasando por Madrid, Mosquera, Funza hasta Bogotá y al contrario, que mejorará la calidad de vida a 11 millones de personas cuando empiece a rodar y a sonar en las diferentes estaciones, a partir del año 2023.

El hecho se ha catalogado como histórico porque los pobladores de esa importante región del departamento de Cundinamarca y quienes viven en el occidente de la capital de la República, están ávidos de ver y utilizar ese megaproyecto, que gracias a la voluntad política del Gobernador Rey, se inició el camino para darle una solución al problema de la movilidad de los habitantes de esa región que han padecido desde años atrás los más terribles trancones y horas enteras de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, perdiendo cada instante en calidad de vida a nivel familiar y laboral.

Está previsto que El Regiotram movilizará 126.000 usuarios por día y que su recorrido desde Bogotá a Facatativa y viceversa, será de 48 minutos, permitiendo reducir en un 60 por ciento, el tiempo de viaje.

El Consorcio Unión temporal Egis-Deloitte-Durán & Osorio-Sumatoria, será el responsable de realizar la estructuración técnica, legal y financiera para la construcción de la infraestructura ferroviaria, su mantenimiento y la operación integral, que incluye la adquisición del material rodante y la prestación del servicio del proyecto, de acuerdo al modelo aprobado.

“Este proyecto lleva más de 30 años en la expectativa de la comunidad y se ha venido estructurando durante los últimos ocho años en Cundinamarca. Hoy tenemos la grata fortuna de decirle al país que este es un nuevo paso firme hacia su consolidación, que no tiene vuelta atrás. Bienvenidos a la modernidad”, afirmó emocionado y en forma contundente el Gobernador Rey durante la firma del contrato.

Ecos logró establecer que el valor del contrato adjudicado asciende a $8.632 millones y tendrá un plazo de ejecución de 13 meses, tiempo durante el cual el Consorcio entregará la estructuración integral del megaproyecto.

Es importante destacar que el consorcio que realizará la obra lo logró mediante el concurso de méritos, donde participaron ocho firmas, en un exigente proceso de adjudicación, que inició el 28 de junio y se cerró el 4 de septiembre de 2018.

“Acompañamos la visión del Gobernador para llevar el transporte de Cundinamarca a la modernidad y al futuro, a través de este proyecto tan importante, donde nuestro compromiso como consorcio es sacarlo adelante, rápido y bien hecho”, sostuvo Gabriel Taboada, representante  legal del Consorcio quien precisó que serán responsable de generar las especificaciones abiertas para la construcción de la infraestructura, realizar el estudio socioeconómico, de mercadeo y elaborar los estudios y diseños a nivel de factibilidad.

Regiotram es un sistema Tren-Tram que ofrecerá  servicios en áreas urbanas y suburbanas, en un un recorrido de 44.7 Km y 20 estaciones:  6 ubicadas fuera de Bogotá, 12 dentro del Distrito Capital y dos más en los terminales aéreos Dorado 1 y el futuro aeropuerto El Dorado 2 que estará en límites del municipio de Madrid.

Bogotá, D. C, 9 de octubre de 2018

Por Luis Fernando García Forero.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados se encuentra de visita en América Latina, para evaluar la situación en la que viven los refugiados y migrantes venezolanos. Su primera etapa ha sido Colombia, donde ha presenciado tanto la salida de miles de personas como del trabajo de las comunidades de acogida.

Filippo Grandi, visitó Villa del Rosario, donde fue testigo de cómo unos cuatro mil venezolanos cruzan la frontera a diario para entrar en Colombia, en este caso, a través del Puente Internacional Simón Bolívar.

En una entrevista con el Centro de Información de las Naciones Unidas en Bogotá, Grandi dijo que “lo más asombroso es el tamaño de la corriente de las personas que salen de Venezuela y se dirigen a Colombia”.

“Visité el puente un domingo por la mañana y lo que se ve es una corriente de personas que vienen. Tiene todo tipo de grupos. Venezolanos que vienen a quedarse o a continuar su marcha hacia Ecuador u otros países en Sudamérica. Venezolanos que vienen solo por unos días para comprar productos o simplemente comer o ir a un centro de salud. También hay colombianos que han vivido en Venezuela durante muchos años que regresan por la penuria que sufren. Muchos tienen lo que llamaríamos necesidad de protección internacional, son refugiados en otras palabras. Otros vienen por razones más prácticas”, comentó Grandi.

El Alto Comisionado comentó que todos ellos conforman una población vulnerable que tiene un impacto enorme en el área. En los servicios, en la vivienda y, hasta cierto punto, debido a la muchedumbre, en la seguridad.

También se dijo “impresionado” por la respuesta de las autoridades colombianas, de las autoridades locales y de la sociedad civil. “Hay mucha solidaridad y muchos colombianos recuerdan que Venezuela acogió cientos de miles de ellos durante el conflicto en Colombia”, aseguró.

Apoyo internacional para Colombia

“Los desafíos son enormes”, comentó el Alto Comisionado para quien es importante que Colombia reciba “mayor atención y apoyo internacional”. 

Grandi explicó la ayuda que está ofreciendo la Agencia de la ONU para los Refugiados en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones.

“ACNUR y la OIM estamos trabajando conjuntamente, porque es un flujo mixto. Lo que hemos hecho es crear una plataforma regional para coordinar entre las varias respuestas en los diferentes países impactados por esta corriente de personas hacia Colombia, pero también a Ecuador, Perú, Brasil y otros muchos países. Unos quince países en la región”, señaló.

La plataforma “asegurará que hay una respuesta coherente”, dijo el responsable de ACNUR, porque hay varios asuntos que son similares entre los países, como la necesidad de mejorar el registro y documentación de los que cruzan, tarea que calificó de fundamental.

También es muy importante dar una respuesta coherente “al vínculo entre la respuesta humanitaria y la necesidad de moverse rápidamente a intervenciones a largo plazo”, aseguró Grandi, que citó como ejemplos: “asegurar que los niños van a la escuela o que la gente tiene acceso a los servicios de salud o que, en algún momento, y esto va a ser muy duro, que la gente tenga acceso a puestos de trabajo, para que puedan sustentarse”.

Tales intervenciones serán coordinadas por los distintos Estados, pero tendrán que estar apoyadas no tanto por agencias humanitarias, sino por agencias especializadas en el desarrollo e instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Cúcuta, 10 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Foto: Fabio Cuttica/ACNUR.

El Presidente de la República Iván Duque Márquez, asumió una defensa de la labor de la Fiscalía General de la Nación y pidió “cordura y humildad” respecto a la denuncia que adelantó la Jurisdicción Especial para la Paz, al referirse a que el ente investigador cometió una intromisión en el caso 001 y que tiene que ver con la relación de los secuestros que se le atribuyen a los excombatientes de las Farc.

El Jefe de Estado afirmó que “Los magistrados también deben ser humildes cuando reciben observaciones de otro ente y que alertan sobre riesgos que se pueden estar presentando en las estructuras de las jurisdicciones".

Precisó el mandatario colombiano que no busca terciar en la controversia pero pidió “cordura y llamar a la armonía de poderes”, tras señalar que lo que necesita el país en este momento en la lucha contra la corrupción.

“Donde quiera que haya corrupción enfrentarla con total determinación, donde quiera haya una influencia indebida denunciarla y desarticularla, pero no podemos satanizar el papel investigativo de los órganos que la Constitución haya creado para cumplir con esas misiones”, dijo el mandatario.