Por Diego Alejandro González.- La aprobación de los Tratados Internacionales se fundamenta en una triada constitucional, así lo ha definido la H. Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, señalando que desde la perspectiva institucional, para la aprobación de estos instrumentos, se requiere el concurso activo de las tres ramas del Poder Público, para que el Estado Colombiano adquiera válidamente obligaciones internacionales por esa vía.

En primer lugar, la Rama Ejecutiva, el Presidente de la República, en su calidad de director de las relaciones internacionales (Constitución Política/art 189-2) es quien directamente o a través de sus delegados, tiene la facultad para celebrar tratados o convenios, entablar negociaciones, fijar los términos y alcance de las mismas, avalar o no los acuerdos logrados y suscribir el texto de un tratado o abstenerse de hacerlo.

Al Congreso de la República le corresponde “aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o entidades de derecho internacional”, (Constitución Política artículo 150-16).

Finalmente a la Rama Judicial, a través de la Corte Constitucional le corresponde hacer el control de constitucionalidad de los tratados celebrados, una vez son sancionados o cuando son demandados por vía de acción de constitucionalidad. (Constitución Política, Artículo 241)

Luego de la revisión de constitucionalidad, el Presidente procede a la ratificación del tratado, es así como confluyen las tres ramas del Poder Público en la aprobación de los instrumentos internacionales.

Sin embargo, en la práctica la labor de la Rama Legislativa se ve limitada y su función constitucional, como laboratorio de la Democracia y foro político por excelencia, se convierte en una función casi “notarial”, en la que el Congreso se limita a la aprobación del texto y el articulado tal y como lo negoció el gobierno de turno y sin la posibilidad de la más mínima modificación en el contenido del mismo, esta situación deja sin representación y protección los intereses del constituyente primario, quien deposita toda su confianza en el Congreso mediante el acto de elección. Este procedimiento permite que la responsabilidad recaiga en cabeza del Congreso cuando los efectos de un tratado impactan en forma negativa a los ciudadanos.

El Congreso Colombiano observa perplejo el inmenso desafío que representa la necesidad de inscribirse adecuadamente en el contexto internacional y buscar una equitativa y recíproca negociación de los tratados y acuerdos internacionales.

Actualmente observamos que la Política pierde su orientación, escuchamos hablar de la pérdida de control del Estado sobre las decisiones más trascendentales, de una perdida de gobernabilidad, en donde algunos de los factores que inciden fundamentalmente son el sector externo y el uso inadecuado de los recursos internacionales, pero lo más grave es la ausencia de controles reales internos sobre el proceso de negociación, aprobación y ejecución de acuerdos y tratados internacionales.

Esta función tan limitada podría transformarse en un poder influyente y quizá determinante en la negociación de tratados internacionales, propósito que requiere dinamizar los mecanismos institucionales con que ya cuenta esta Corporación e introducir en el ordenamiento constitucional colombiano la facultad para que el Congreso participe en la etapa de negociación de los tratados internacionales y de ser posible crear otros que le resten el monopolio discrecional y exclusivo al Ejecutivo en esta materia.

En otras palabras, existen alternativas para democratizar la aprobación de los tratados internacionales, pero, por sobre todo, para impactar sustancial y propositivamente las decisiones sobre Política Exterior.

Así las cosas, se debe propender por la institucionalización de la figura de representantes oficiales del Congreso, en todos los procesos de negociación de tratados internacionales, como funciona en otros países, con el propósito de que el Legislativo sea un actor específico en la adquisición de nuevos compromisos internacionales por parte del Estado.

De esta manera, los representantes del Congreso, es decir, los congresistas tendrían siempre la oportunidad de incidir en la inclusión o modificación de los acuerdos en el tratado, de conformidad con los intereses nacionales, canalizados y defendidos a través de ellos mismos.

Finalmente, se debe legislar para que el Congreso vaya más allá de la posibilidad de aprobar o improbar tratados internacionales, después de su firma por parte del Ejecutivo, por ejemplo, que esta corporación tenga la potestad del “Veto Legislativo” o “Autorización Condicionada” en materia de negociación y firma de nuevos tratados, que se puede aplicar desde el momento mismo de la iniciativa gubernamental, para no obligarse internacionalmente con la aceptación de disposiciones que puedan resultar contrarias a la constitución y a los intereses nacionales.

Write comment (0 Comments)

Por Jorge Gómez Pinilla.- El diccionario define placebo como la “sustancia que carece de acción curativa pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento eficaz”. El mismo mecanismo ‘curativo’ opera con la religión: el creyente asume su fe con la certeza de poseer la verdad absoluta. Esto le proporciona un alivio psicológico, pues lo aleja del infierno de la duda y le brinda la confianza de estar adorando al único Dios verdadero, mientras sus oraciones lo atan a la esperanza de encontrar remedio a sus congojas.

Desde el mundo de la razón es muy fácil apreciar que las oraciones no sirven para nada, pues el mundo está cada vez peor y la humanidad avanza a pasos agigantados hacia la destrucción del planeta. De todos modos, no le aconsejamos que le diga a un creyente que rezar es por completo inútil, pues se va a sentir ofendido y usted se puede ganar un puño.

Vamos a centrar la discusión es en diferenciar a los pastores de sus rebaños, con el propósito de demostrar que a unos y otros los animan intereses diferentes. En palabras del científico Rodolfo Llinás, “Dios tiene dos razones de ser: a los inteligentes les sirve para gobernar a los demás y a los menos inteligentes para pedirle favores”.

El origen de la política está en la religión, y sirve de ejemplo el patriarca Moisés llegando a su aldea a contar que mientras apacentaba unas ovejas el Señor le habló desde una zarza en llamas y le dijo: “he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una que mana leche y miel” (Éxodo 3:3-17).

Si nos ponemos de capciosos, se hace evidente que ese mismo pueblo sigue esperando esa tierra prometida, pero el asunto que hoy nos ocupa es otro: Moisés se convierte en el representante de Dios sobre su gente y arropado en su condición de líder descubre que es algo bueno, porque le da poder sobre los hombres y las mujeres de su aldea, ligado a una inmensa responsabilidad, por supuesto. Así nace la política, directamente emparentada con la religión: la personificación de Jehová en una llama ayuda a los judíos a paliar una necesidad de supervivencia, la de librarse de la opresión a la que los tenía sometidos el faraón.

De ahí en adelante la historia de la humanidad muestra unos pueblos comandados por dirigentes religiosos, llámense judíos, católicos, protestantes o musulmanes. La separación de las Iglesias y el Estado solo se viene a dar en la era moderna, pero en un escenario donde la religión sigue ejerciendo gran poder, tanto sobre la conducción de las naciones como en el imaginario colectivo de las gentes.

Aquí la palabra rebaño –tan propia del catolicismo- cobra un significado clave para una mejor comprensión de la política, pues en ambos casos se necesitan masas adocenadas –o adoctrinadas- que se dejen conducir como ovejas, tanto hacia un estado ilusorio de bienestar espiritual como al matadero de una guerra.

Fueron precisamente rebaños uniformados por el mismo pensamiento religioso los que bajo el falso ropaje de defender a la familia movilizó la diputada Ángela Hernández, perteneciente a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, de corte evangélico. Ella encendió la chispa de una vendetta nacional contra la población LGBTI, a la que se sumaron hasta los más altos prelados de la Iglesia Católica, si bien estos reconocieron luego, contritos, que habían sido utilizados por fuerzas políticas partidarias del NO en el plebiscito, y eso les pareció “deshonesto” (Ver arrepentimiento). Pero ya era tarde, porque después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga.

Otra que no quiso faltar a tan rentable convite político-religioso fue la senadora Viviane Morales, dirigente de la iglesia Casa sobre la Roca. Su caso es el paradigma de las contradicciones, pues ella debe ser consciente de que dentro del Partido Liberal está en el lugar equivocado, sumado a que tiene una hija lesbiana cuyo derecho a un trato igualitario se niega a reconocerle. O sea que en su propio núcleo familiar germina la antítesis de su discurso contra el matrimonio gay, y la deja en uno de dos planos posibles: una fe religiosa ligada a la ceguera, o un cálculo cínico sobre el caudal de votos que una postura de tan alto ‘rating’ le aporta.

Me inclino a pensar lo segundo, y esta consideración se extiende a otros políticos que acuden a sentimientos religiosos para cautivar ingenuos, como el entonces presidente Álvaro Uribe que en acción de gracias por la Operación Jaque puso a su gabinete ministerial a rezar el rosario, o como el actual procurador Alejandro Ordóñez que tituló su tesis de grado ‘Presupuestos Fundamentales del Estado Católico’ y la dedicó “A nuestra señora la Virgen María, suplicándole la restauración del orden cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo”. En ambos casos se asume al Estado como confesional desde lo católico, y eso es contrario a la Constitución, laica en su esencia.

Mi apreciación –muy personal- es que cuando un político alaba al Creador o lo menciona, quiere que la gente piense: “está con Dios, es alguien bueno”. Actúa como el que agita un racimo de bananos ante un grupo de micos, para conquistar su simpatía. En contraposición, admiro al político que nunca recurre al facilismo de invocar a Dios para ganar adeptos. Es más, hacia el ejercicio de una política verdaderamente laica y sana, a todo político que recurra a expresiones de religiosidad debería imponérsele una multa, por invadir linderos que no le corresponden al Estado ciudadano.

Fue precisamente valiéndose de propaganda sucia atada a un sentimiento religioso (el de “la familia original”) que el uribismo logró movilizar a manadas de ingenuos creyentes haciéndoles creer –valga la redundancia- que en el gobierno de Juan Manuel Santos había una ministra gay que estaba repartiendo una cartilla para que nuestros niños se volvieran homosexuales como ella.

¿Y todo esto lo hacen con qué propósito? Con el de llevar a la presidencia a quien desde ya perfilan como el restaurador de la moral y las buenas costumbres, Alejandro Ordóñez Maldonado. Dios  nos coja confesados...

DE REMATE: Nada más parecido a un golpe de Estado que un eventual triunfo del NO en el plebiscito: al día siguiente el país amanecería descuadernado y el Presidente de la República convertido en un mueble viejo.

Write comment (0 Comments)

Por Jairo Gómez.- Las cifras de presos en Colombia son dispares, casi nunca coinciden, pero se calcula que son cerca de 180 mil los colombianos que hoy están tras las rejas.

En muchos casos, en muchísimos, los reclusos ni siquiera han sido condenados y aún siguen detenidos. Por supuesto, la justicia no actúa y los mira con desdén: la mayoría son delincuentes comunes. También hay prisioneros de la guerrilla, paramilitares y los llamados de cuello blanco (de estos muy pocos).

Pues bien, los reclusos vinculados a grupos guerrilleros y organizaciones paramilitares decidieron hablar desde la prisión, y le enviaron al Presidente Santos y demás instituciones su propuesta para vincularse al Proceso de Paz de La Habana. Un documento similar, le hicieron llegar al Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri.

"La Paz con Todos" es una iniciativa que nace desde la Cárcel Nacional La Picota y advierte que muchos de los delitos por los que se les acusa, están directa o indirectamente, relacionados con el conflicto interno; por tanto, además de anunciar su respaldo irrestricto al proceso de paz y al plebiscito, consideran que sus casos pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal Nacional de Paz que diseñó la Justicia Transicional en Cuba.

No es mucho pedir si se trata de la reconciliación, pero al mismo tiempo le plantean al Gobierno la necesidad de revisar el Código Penal y el sistema carcelario colombiano, hoy sumido en el hacinamiento y la violación sistemática de los derechos de los reclusos, independientemente del origen de sus delitos.

No hay razón para que el gobierno no abra una ventana a esta loable petición, ahora que desde la Mesa de Negociación en La Habana uno de los temas es el de buscar la ex carcelación de miles de insurgentes ligados al grupo que hoy busca un acuerdo de paz.

Este es un compromiso ineludible del Gobierno que entra a hacer parte, necesariamente, del denominado posconflicto, cuya tarea será la de allanar los caminos para el perdón y la reconciliación. En la cárcel muchos saben, incluidos los paramilitares, que para hacerse a los beneficios planteados por la Justicia Transicional tendrán que contar la verdad y nada más que la verdad. Son muchas las razones para escucharlos, pues en prisión hay organizaciones criminales que financiaron campañas políticas, entre otros mandados que les hicieron a las castas regionales. Hechos que el país merece conocer, interesando en particular a quiénes fueron sus beneficiarios.

¿Será esto a lo que le teme la oposición? ¿A la verdad y nada más que la verdad? Son preguntas que redundan en espacios académicos y de debate, pues muchas son las verdades que tienen para contar los cientos de presos silenciados tras los gélidos barrotes.

Finalmente, y en términos prácticos, son cerca de setenta mil los reclusos relacionados con el conflicto, y su decisión es asegurar que sus familias se sumen al apoyo del plebiscito para refrendar el acuerdo final entre Gobierno y FARC. Nada desdeñable, si se trata de conseguir apoyos para el ‘Sí‘.

Write comment (0 Comments)

Por Amylkar Acosta.- Una característica muy propia del mercado petrolero es la volatilidad de los precios del crudo. Pero en los últimos tres años las oscilaciones de los precios han sido muy bruscos y por momentos repentinos e inesperados. Después de su clímax en junio de 2014, cuando los precios de referencia WTI y Brent alcanzaron la cotización de los US $107.9 y US $115.2 el barril, respectivamente, se dio la descolgada hasta cerrar ese año con precios de US $53.27 y US $56.82 el barril, en su orden.

Así como los fundamentales del mercado fueron determinantes para mantener un largo ciclo de precios altos, cuando se revierten provocan la destorcida de los precios. Los precios se mantuvieron con tendencia a la baja durante el año 2015 hasta converger en el mes de diciembre en los US $36.90 el barril de crudo de la referencia WTI y US $37.11 el de la referencia Brent. Los precios del petróleo no levantaron cabeza el año anterior y acumularon desde mediados de 2014 un desplome cercano al 70%.

El exceso de oferta, aupado por la revolución de los esquistos en los EEUU y el debilitamiento de la demanda, atribuible en gran medida a la desaceleración del crecimiento de la economía china, junto con el fortalecimiento de la divisa americana, contribuyeron en gran medida a esta caída sostenida de los precios del crudo en los mercados internacionales. Como ya lo habíamos advertido, los precios del crudo arrancaron el año 2016 sin encontrar su piso y siguieron en picada, llegándose a cotizar a mediados de enero a US $25. Es más, se llegó a temer en un momento dado que los precios podían llegar a caer por debajo de la barrera de los US $20 el barril.

Los 13 países que hacen parte de la OPEP y varios de los más importantes productores que están por fuera de este cartel entraron en pánico. En febrero Arabia Saudita, Rusia, Venezuela y Qatar llegaron a un principio de acuerdo para congelar la oferta de crudo y así tratar de detener la caída de los precios. Con el sólo anuncio los precios reaccionaron al alza, alcanzando cotizaciones que rondaron los US $40 el barril en el mes de abril. No obstante, este acuerdo no se pudo concretar en la Cumbre de Doha por la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita.

No obstante, varios factores sobrevinientes han contribuido a atajar la recaída de los precios del crudo, destacándose entre ellos los conflictos que han afectado la producción en Libia y Nigeria, la baja de la producción estadounidense provenientes de los yacimientos no convencionales desestimulada por los bajos precios, incendios en campos petroleros en Canadá, amén del debilitamiento de la cotización del dólar, moneda esta en la que se transa el petróleo. Lástima que Colombia no pueda aprovechar esta coyuntura por que aunque sube el precio está cayendo su producción de crudo.

Ahora con el anuncio de una próxima Cumbre de países productores y consumidores en el marco del Foro Internacional de Energía que tendrá lugar en Argelia el próximo 26 – 28 de septiembre, en donde se va a abordar nuevamente la propuesta de congelación de la oferta de crudo, se le ha dado un nuevo impulso al alza de los precios. Pero, varias circunstancias conspiran contra el objetivo que se busca, que es congelar la producción a los niveles de enero de este año, empezando por la propia Arabia saudita que, en previsión de dicho acuerdo y para posicionarse mejor, sacándole ventaja al mismo, ha venido aumentando su producción, pasando de los 10.55 millones de barriles/día en junio a 10.67 millones/día en julio, el nivel más alto en toda su historia. La producción de Irán en marzo fue de 3.3 millones de barriles, 400 mil barriles más que en enero y aún le queda margen para producir más, habida cuenta que su producción antes del embargo fue de 4 millones de barriles.

Ello del lado de la oferta y del lado de la demanda cabe advertir que el dragón chino, que hoy por hoy representa el 10% del mercado y es el mayor importador de crudo, con 7.4 millones de barriles diarios, 200 mil más que EEUU. Y su economía sigue desacelerándose, con lo cual su demanda de crudo va a seguir cayendo como hasta ahora. Después de crecer a un ritmo del 10.4% en 2010, desde el 2011, cuando tuvo un crecimiento del PIB del 9.3%, su economía se ha venido ralentizando, en el año 2012 7.8%, en el 2013 7.7%, en el 2014 7.4%, en el 2015 6.9%, la más baja en 25 años, la previsión del FMI para el 2016 es de 6.3% y de 6% para el 2017. Así las cosas, la perspectiva de los precios no es la más halagüeña y todo indica que tendrán una senda en lo que resta de este año y el año entrante acotada entre los US $30 y los US $50 el barril de la referencia Brent, que es la que le sirve de base para la canasta de crudos que vende Colombia, a un precio de US $10 a US $12 por barril menos de dicho marcador.

Bogotá, agosto 21 de 2016

 

www.fnd.org.co

Write comment (0 Comments)

Por Mauricio Cabrera Galvis.-¿Cómo explicar que a la industria le esté yendo bien –la producción creció 6,6% en junio– mientras que al comercio le va mal –las ventas disminuyeron 0,7% en el mismo mes–?

Una primera explicación es que en cada sector hay ramas que distorsionan el resultado total. En la industria es la refinación de combustibles, que con la entrada de Reficar creció 27%, la que empuja la dinámica del sector. Sin embargo, aun excluyendo este renglón, es positivo el comportamiento del resto de la producción manufacturera, que aumentó 2,8%.

En el comercio minorista son las ventas de automóviles las que más inciden en el deterioro sectorial, pues cayeron 6,8%. Hay otros grupos que también decrecen, como productos de aseo, electrodomésticos y utensilios del hogar, pero el total de las ventas del comercio sin vehículos si bien no se raja, apenas pasa raspando con un mínimo crecimiento de 0,3%.

Una posible explicación sería que estuvieran aumentando mucho las ventas de productos industriales al exterior, de manera que se compensara la caída de las ventas domésticas. Desafortunadamente esto no está sucediendo. En junio las exportaciones de manufacturas cayeron 6,5% en volumen, y como además los precios internacionales siguen a la baja, el valor de dichas exportaciones cayó 21,5%.

La explicación verdadera hay que buscarla en lo que los economistas llaman el “desplazamiento de la demanda”, producido en este caso por la devaluación del peso: en conjunto, los colombianos están comprando menos, pero también están haciendo un importante cambio en su canasta, reduciendo las compras de bienes importados, que se han encarecido, y aumentando las de productos de la industria nacional.

Los exportadores quebrados y los mercados perdidos durante años de revaluación no se recuperan de la noche a la mañana, y menos en un contexto internacional de baja demanda y con las grandes dificultades de los mercados de nuestros vecinos Ecuador y Venezuela. Pero ¡ojo! No se puede bajar la guardia y permitir que vuelva a bajar el precio del dólar, como está sucediendo, porque se perdería todo el esfuerzo de recuperación.

Write comment (0 Comments)

Por Claudia López.- De todo queda un saldo a favor. Pocas veces los padres habían estado más interesados en conocer los manuales de convivencia. Pocas veces los que dicen respetar habían demostrado más francamente su intolerancia: enfermos, desviados, depravados, anormales, le gritaron a la Ministra y a los homosexuales en general. Que rija la Biblia y no la Constitución, dijeron también. El oportunismo politiquero fue, en cambio, el mismo de siempre: firme contra Santos, vote No a la Paz, abajo el gobierno. Los promotores religiosos y políticos marcharon por el diezmo y el voto de los padres; los niños y la familia no son más que sus anzuelos.

Es la primera vez que una mujer joven, profesional, y también católica y lesbiana, que no lo niega ni se avergüenza de serlo, es Ministra de Educación. Puedo entender por qué eso atemoriza a miles de padres y les genera dudas sobre si eso tendrá alguna influencia negativa en sus hijos. Aunque la evidencia científica confirma que ni siquiera la orientación sexual de los padres tiene una influencia negativa en los niños (¡mucho menos la de una Ministra!), esa prevención es una realidad cultural y política legítima que requiere reconocer los mutuos prejuicios, no desconocerlos. Por eso la Ministra está obligada a tener un diálogo más amplio, más franco, con todos los sectores, especialmente con aquellos en los que genera más resistencias.

En 2008 el Presidente Uribe, su Ministra (igualmente capaz, pero no lesbiana) y UNFPA difundieron cartillas de educación sexual y ciudadana. Nadie marchó ni tergiversó el concepto de identidad de género en “ideología de genero”, ni fundió los más de 10 tipos de familias que existen en una sola que “va a ser destruida”. Las cartillas del gobierno Uribe desarrollan los mismos conceptos que las de este año, por lo que recomiendo a la Ministra reimprimirlas y usarlas. Al fin y al cabo la orden de la Corte Constitucional es revisar los manuales de los colegios, no las cartillas del Ministerio, para evitar el matoneo por discriminación, en particular por orientación sexual, dado que la orden es producto de una tutela en defensa de un joven gay que se suicidó por discriminación de las directivas de su colegio.

Es para que nunca nadie tenga que matarse por ser discriminado. Ni vivir en la humillación del matoneo, ni ser excluido y denigrado por ser una minoría que nuestra Constitución nos garantiza a todos ser reconocidos y tratados como iguales ante la Ley y el Estado.

Write comment (0 Comments)

Por Iván Diaz Mateus.-En el diario intercambio de ideas, opiniones e inquietudes sobre los acontecimientos nacionales con líderes y simpatizantes de nuestro Partido, hemos escuchado de manera reiterada esta pregunta: ¿Frente a la convocatoria del plebiscito sobre los acuerdos con las Farc, que debemos hacer los Conservadores?

Lo primero que tendríamos que decir es que los Conservadores somos amigos de la paz, no en vano nuestros máximos exponentes en los últimos tiempos los presidentes Belisario Betancourt y Andrés Pastrana arriesgaron todo su capital político buscando una solución negociada. Belisario logró una tregua y a través de la Comisión de Paz adelantó esfuerzos que no resultaron en nada, y Pastrana se la jugó con el despeje de cinco Municipios solicitados por las FARC, tuvo que soportar el desplante de Marulanda que dejó la silla vacía en el Caguán, y no consiguió un final afortunado. Los dos sufrieron despiadadas críticas y pagaron un alto costo por sus intentos a pesar de su buena fe.

Indudablemente los Conservadores nos inclinamos por el orden y nos llama la atención un estado fuerte, que ejerza la autoridad con legitimidad y coherencia. La aplicación de la Ley para defender el derecho propio y los ajenos nos identifica de manera fiel, a veces nos cuesta trabajo ver que se conceden beneficios o ventajas a quienes la han infringido, por el motivo que sea, y somos proclives a considerar una claudicación en cualquier acuerdo que ceda en justicia, propiedad, derechos políticos, etc. Más nuestra formación católica no nos aleja del perdón y la tolerancia, y nuestro sentido humanista nos hace creer en la posibilidad de una nación libre y democrática regida sólo por la libertad y el respeto a los demás, un país sin violencia como medio de imponer nuestras convicciones.

Contrario a los que muchos piensan la defensa a ultranza de la familia como núcleo esencial de la sociedad no es un capricho anticuado ni una actitud homofóbica, sino una forma de acentuar en la necesidad de que esa familia sea el pilar de la educación, el progreso y la formación de hombres de bien. Solo nos oponemos a toda conducta o circunstancia que atente contra esos postulados. La misma convicción nos hace pensar en los niños y jóvenes en la guerra, las viudas y huérfanos que esta causa, y el desmembramiento que el secuestro, el asesinato, el desplazamiento, acarrean sobre el núcleo familiar. Todo ello, desde el punto de vista conservador, no es algo conveniente ni mucho menos propio del mundo civilizado.

El respeto a la propiedad ha sido uno de los bastiones ideológicos del conservatismo, más no vemos con buenos ojos la acumulación ilimitada de bienes en cabeza de una sola persona o un grupo determinado de personas. La hemos defendido basados en la certeza de que el hombre y la mujer derivan de ella, sea pequeña o grande, la tranquilidad de proveerse lo que dignamente es necesario para llevar una vida decorosa sin que la necesidad les imponga humillaciones. Así, nos agrada la función social de la riqueza y que a través de la intervención del estado se distribuyan sus beneficios. Reivindicar la importancia de una oportunidad económica para todos no es un asunto esencialmente comunista o socialista, es también conservador, solo que preferimos que se lleve a cabo en paz y sin que “el fin justifique los medios”.

En próxima oportunidad queremos referirnos a otros aspectos de nuestra ideología, los interrogantes del proceso de paz, la sustancia de los acuerdos, y el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Gracias a la generosidad de nuestro director, desde este espacio esperamos contribuir al debate sobre lo que debemos hacer los Conservadores.

Twitter: @idiazmateus

Write comment (0 Comments)

Por Gabriel Ortiz.-Se trata de revivir una contienda que existió años anteriores a la iniciación de esta guerra que armaron los grupos guerrilleros, con los que hoy se está poniendo fin a una confrontación de medio siglo.

No se han silenciado los fusiles, ni disipado los olores a pólvora y sangre, cuando aparecen las plañideras de la guerra, que con el más vulgar y procaz vocabulario, infestan y rellenan medios y redes sociales para impedir que una nación logre salir de la ruta del desastre.

 La “hora de los payasos” tiene un límite. En Estados Unidos, por ejemplo, en donde Trump, con la misma cartilla del uribismo, Joseph Goebbells y el fascismo, logró en un principio aglutinar febriles, cándidos y aturdidos seguidores, los va perdiendo en la medida en que se descubren sus engaños y confusos propósitos.

Esa hora también se derrumba en Colombia. El vigoroso tic tac, despeja la enrarecida bruma de mentiras y mala fe, con las que se pescaba incautos para llevarlos hacia la continuidad de una guerra sin fin, con la que sus promotores buscan riqueza, prebendas y poder.

Vemos como las cosas se atemperan y se impone un clima de tranquilidad, basado en el perdón, cese al fuego, dejación de armas, reconciliación, no repetición, justicia, reparación, devolución de tierras y plena democracia. Ahí radica el gran temor de los enemigos del Plebiscito y de la paz.

 Grave sí, la manipulación de encuestas, medios y redes sociales.

Imperdonable la metodología de los encuestadores, como la denunciada por el colega Daniel Coronell. Oprobiosa la lluvia de improperios, y el insolente y procaz vocabulario, que utilizan grupos o células de uribistas para atiborrar las redes sociales con mensajes idénticos, enviados a diferentes correos, para engañar a la gente y hacerla creer que hay enjambres de enemigos de la paz.

La memoria es flaca e impide recordar cómo Pastrana despejó kilómetros, que entregó a Tirofijo, sin plebiscito ni consulta; la bendición de Uribe a los paras, y las promesas de lo divino y lo humano a las Farc, sin pedir permiso a nadie. Estos personajes no admiten que su hora terminó y, que sus plañideras no podrán cambiar el rumbo de nuestra historia. La alternativa es: ¡Paz o guerra!

 BLANCO: La excelente presentación de nuestros deportistas en Rio.

 NEGRO: ¿Quién pagará la indemnización a Piedad Cordoba, el Procurador que se extralimitó, o los pobres contribuyentes colombianos?

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Write comment (0 Comments)

Por Diego Alejandro González.- La doble instancia es un principio de rango constitucional que establece una garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales y abre la posibilidad de corregir errores que el fallador adopte en una decisión.

Por ello, se convierte en una garantía indispensable en el Estado Social de Derecho, como mecanismo principal, idóneo y eficaz para corregir inexactitudes en las que pueda incurrir una autoridad pública.

Según la normativa supranacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Doble Instancia favorece al inculpado, para así proteger sus derechos, obteniendo otra oportunidad para ejercer su defensa y pedir que se revise el fallo, como resultado de un juicio justo y conforme a la ley.

En la Sentencia C-792 del 2014, la Corte Constitucional de Colombia, en este sentido, no solo exhortó al Congreso para que regulara integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, sino también estableció que, de no hacerlo, a partir del vencimiento de ese término, procede la impugnación de tales fallos ante un superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.

Recientemente, ese tribunal aclaró que el derecho aplica para los aforados, aunque no tiene efectos retroactivos para condenas previas al 25 de abril del 2016.

Sin embargo, persiste un vacío que desconoce los derechos de los funcionarios que ostentan fuero constitucional, toda vez que cualquier proceso penal en su contra lo decide en única instancia la Sala Penal de la Corte Suprema.

Es preocupante que ni la normativa constitucional ni el sistema penal, establecen un superior jerárquico para la Sala Penal de la Corte Suprema, por lo que jurídicamente no es posible hablar de una segunda instancia.

De igual forma, es evidente que es el Congreso el que debe aprobar una reforma que garantice el derecho a impugnar las sentencias condenatorias hasta en ese nivel.

Sin embargo, con posterioridad a la Sentencia C-792 del 2014, el Congreso ha tenido para su estudio dos proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo, presentados por la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, pero ambos fueron archivados y, a la fecha, continúa el vacío legislativo.

Por tal razón, una vez vencido el término, es la Corte Constitucional la llamada a proteger este derecho y a subsanar el vacío normativo, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, extendiendo el derecho de igualdad ya existente, más aún cuando ella misma ha reconocido que la impugnación es un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional que hace parte integral del debido proceso.

El Estado Colombiano viene desconociendo, desde la Constitución de 1991, los acuerdos internacionales ratificados que incluyen el derecho a la impugnación y la garantía de la doble instancia, como parte esencial del debido proceso, como la CADH y el PIDCP, siendo importante resaltar que Colombia, desde el momento en que suscribió estos tratados, está obligado a cumplirlos.

Write comment (0 Comments)

Por Jaime Durán Barrera.- Por iniciativa de los empresarios y comerciantes del Sur de Santander, se presentó el proyecto para crear la nueva Cámara de Comercio, que le prestará servicios y desarrollo a los 49 municipios de las provincias de Guanentá, Comunera y Vélez.

Liderada por Fenalco Sur del Departamento, este proyecto busca el emprendimiento y progreso de sus habitantes de estas localidades y es el resultado un proceso de más de dos (2) años de recolección de información, análisis, evaluación y reconocimiento de las necesidades regionales y de concebir su importancia económica, a nivel departamental y nacional.

Los promotores destacan que el proyecto persigue el fortalecimiento y competitividad de su rol comercial y empresarial, ya que el aumento de la población y progreso del Sur del Santander en los últimos años, con la inversión privada, el desarrollo urbanístico y el marcado crecimiento comercial, permite proyectarse como una de las regiones más prosperas de Colombia, en los próximos años.

Tradicionalmente nuestro departamento se ha dividido en tres regiones: Bucaramanga con su área metropolitana, Barrancabermeja con el Magdalena Medio y el Sur de Santander. Esta división territorial evidencia las diferencias culturales, económicas y sociales de cada una y reafirma la pertinencia de tres cámaras de comercio en Santander. Esto es uno de los argumentos que geopolíticamente hacen viable la iniciativa.

La cercanía geográfica de la nueva Cámara de Comercio del Sur de Santander, con los empresarios y sus comunidades, aportará a la competitividad regional y a la participación en las actividades del ente gremial, un gran impulso y un posible desarrollo sostenible.

Crear la Cámara de Comercio del Sur de Santander, como lo mostró su estudio de factibilidad socioeconómica, mostraría aún más la importancia económica de la región y las necesidades propias del territorio alrededor de nichos muy definidos como el turismo, la agroindustria, la educación, los servicios y la construcción.

Asimismo, es el mejor modelo para cumplir las políticas públicas que buscan la descentralización de procesos y el fortalecimiento territorial a partir del desarrollo de la región.

De los 49 municipios que suman 371.450 habitantes, certificados por el DANE a 2015, son 10.876 comerciantes con matricula vigente a 2015 en los municipios del Sur de Santander, certificado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lo que hace que dicha iniciativa cumpla, entre otros aspectos, con los requisitos exigidos.

Es de interés señalar, que una nueva Cámara de Comercio contará con el presupuesto público de $2.072.376.985, certificado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, conforme a lo establecido en el Decreto 1074 del 2015 por medio de la cual se dictan los requisitos para la creación de esos entes que regulan el comercio en Colombia.

Como Senador y oriundo del Departamento de Santander apoyo esta iniciativa, que hará posible el desarrollo integral de las localidades del Sur de Santander, en uno de los momentos más cruciales de Colombia, cuando el Proceso de Paz ya concretado, exija la construcción de una sociedad más equitativa, más incluyente y más productiva, lo cual requiere de la organización de los habitantes, del equilibrio regional y la sinergia de los procesos sociopolíticos, socioeconómicos y socioculturales, en pos del futuro de todos. 

Write comment (0 Comments)

Por Diego Alejandro González.- La aprobación de los Tratados Internacionales se fundamenta en una triada constitucional, así lo ha definido la H. Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, señalando que desde la perspectiva institucional, para la aprobación de estos instrumentos, se requiere el concurso activo de las tres ramas del Poder Público, para que el Estado Colombiano adquiera válidamente obligaciones internacionales por esa vía.

En primer lugar, la Rama Ejecutiva, el Presidente de la República, en su calidad de director de las relaciones internacionales (Constitución Política/art 189-2) es quien directamente o a través de sus delegados, tiene la facultad para celebrar tratados o convenios, entablar negociaciones, fijar los términos y alcance de las mismas, avalar o no los acuerdos logrados y suscribir el texto de un tratado o abstenerse de hacerlo.

Al Congreso de la República le corresponde “aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o entidades de derecho internacional”, (Constitución Política artículo 150-16).

Finalmente a la Rama Judicial, a través de la Corte Constitucional le corresponde hacer el control de constitucionalidad de los tratados celebrados, una vez son sancionados o cuando son demandados por vía de acción de constitucionalidad. (Constitución Política, Artículo 241)

Luego de la revisión de constitucionalidad, el Presidente procede a la ratificación del tratado, es así como confluyen las tres ramas del Poder Público en la aprobación de los instrumentos internacionales.

Sin embargo, en la práctica la labor de la Rama Legislativa se ve limitada y su función constitucional, como laboratorio de la Democracia y foro político por excelencia, se convierte en una función casi “notarial”, en la que el Congreso se limita a la aprobación del texto y el articulado tal y como lo negoció el gobierno de turno y sin la posibilidad de la más mínima modificación en el contenido del mismo, esta situación deja sin representación y protección los intereses del constituyente primario, quien deposita toda su confianza en el Congreso mediante el acto de elección. Este procedimiento permite que la responsabilidad recaiga en cabeza del Congreso cuando los efectos de un tratado impactan en forma negativa a los ciudadanos.

El Congreso Colombiano observa perplejo el inmenso desafío que representa la necesidad de inscribirse adecuadamente en el contexto internacional y buscar una equitativa y recíproca negociación de los tratados y acuerdos internacionales.

Actualmente observamos que la Política pierde su orientación, escuchamos hablar de la pérdida de control del Estado sobre las decisiones más trascendentales, de una perdida de gobernabilidad, en donde algunos de los factores que inciden fundamentalmente son el sector externo y el uso inadecuado de los recursos internacionales, pero lo más grave es la ausencia de controles reales internos sobre el proceso de negociación, aprobación y ejecución de acuerdos y tratados internacionales.

Esta función tan limitada podría transformarse en un poder influyente y quizá determinante en la negociación de tratados internacionales, propósito que requiere dinamizar los mecanismos institucionales con que ya cuenta esta Corporación e introducir en el ordenamiento constitucional colombiano la facultad para que el Congreso participe en la etapa de negociación de los tratados internacionales y de ser posible crear otros que le resten el monopolio discrecional y exclusivo al Ejecutivo en esta materia.

En otras palabras, existen alternativas para democratizar la aprobación de los tratados internacionales, pero, por sobre todo, para impactar sustancial y propositivamente las decisiones sobre Política Exterior.

Así las cosas, se debe propender por la institucionalización de la figura de representantes oficiales del Congreso, en todos los procesos de negociación de tratados internacionales, como funciona en otros países, con el propósito de que el Legislativo sea un actor específico en la adquisición de nuevos compromisos internacionales por parte del Estado.

De esta manera, los representantes del Congreso, es decir, los congresistas tendrían siempre la oportunidad de incidir en la inclusión o modificación de los acuerdos en el tratado, de conformidad con los intereses nacionales, canalizados y defendidos a través de ellos mismos.

Finalmente, se debe legislar para que el Congreso vaya más allá de la posibilidad de aprobar o improbar tratados internacionales, después de su firma por parte del Ejecutivo, por ejemplo, que esta corporación tenga la potestad del “Veto Legislativo” o “Autorización Condicionada” en materia de negociación y firma de nuevos tratados, que se puede aplicar desde el momento mismo de la iniciativa gubernamental, para no obligarse internacionalmente con la aceptación de disposiciones que puedan resultar contrarias a la constitución y a los intereses nacionales.

Write comment (0 Comments)

Por Jorge Gómez Pinilla.- El diccionario define placebo como la “sustancia que carece de acción curativa pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento eficaz”. El mismo mecanismo ‘curativo’ opera con la religión: el creyente asume su fe con la certeza de poseer la verdad absoluta. Esto le proporciona un alivio psicológico, pues lo aleja del infierno de la duda y le brinda la confianza de estar adorando al único Dios verdadero, mientras sus oraciones lo atan a la esperanza de encontrar remedio a sus congojas.

Desde el mundo de la razón es muy fácil apreciar que las oraciones no sirven para nada, pues el mundo está cada vez peor y la humanidad avanza a pasos agigantados hacia la destrucción del planeta. De todos modos, no le aconsejamos que le diga a un creyente que rezar es por completo inútil, pues se va a sentir ofendido y usted se puede ganar un puño.

Vamos a centrar la discusión es en diferenciar a los pastores de sus rebaños, con el propósito de demostrar que a unos y otros los animan intereses diferentes. En palabras del científico Rodolfo Llinás, “Dios tiene dos razones de ser: a los inteligentes les sirve para gobernar a los demás y a los menos inteligentes para pedirle favores”.

El origen de la política está en la religión, y sirve de ejemplo el patriarca Moisés llegando a su aldea a contar que mientras apacentaba unas ovejas el Señor le habló desde una zarza en llamas y le dijo: “he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una que mana leche y miel” (Éxodo 3:3-17).

Si nos ponemos de capciosos, se hace evidente que ese mismo pueblo sigue esperando esa tierra prometida, pero el asunto que hoy nos ocupa es otro: Moisés se convierte en el representante de Dios sobre su gente y arropado en su condición de líder descubre que es algo bueno, porque le da poder sobre los hombres y las mujeres de su aldea, ligado a una inmensa responsabilidad, por supuesto. Así nace la política, directamente emparentada con la religión: la personificación de Jehová en una llama ayuda a los judíos a paliar una necesidad de supervivencia, la de librarse de la opresión a la que los tenía sometidos el faraón.

De ahí en adelante la historia de la humanidad muestra unos pueblos comandados por dirigentes religiosos, llámense judíos, católicos, protestantes o musulmanes. La separación de las Iglesias y el Estado solo se viene a dar en la era moderna, pero en un escenario donde la religión sigue ejerciendo gran poder, tanto sobre la conducción de las naciones como en el imaginario colectivo de las gentes.

Aquí la palabra rebaño –tan propia del catolicismo- cobra un significado clave para una mejor comprensión de la política, pues en ambos casos se necesitan masas adocenadas –o adoctrinadas- que se dejen conducir como ovejas, tanto hacia un estado ilusorio de bienestar espiritual como al matadero de una guerra.

Fueron precisamente rebaños uniformados por el mismo pensamiento religioso los que bajo el falso ropaje de defender a la familia movilizó la diputada Ángela Hernández, perteneciente a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, de corte evangélico. Ella encendió la chispa de una vendetta nacional contra la población LGBTI, a la que se sumaron hasta los más altos prelados de la Iglesia Católica, si bien estos reconocieron luego, contritos, que habían sido utilizados por fuerzas políticas partidarias del NO en el plebiscito, y eso les pareció “deshonesto” (Ver arrepentimiento). Pero ya era tarde, porque después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga.

Otra que no quiso faltar a tan rentable convite político-religioso fue la senadora Viviane Morales, dirigente de la iglesia Casa sobre la Roca. Su caso es el paradigma de las contradicciones, pues ella debe ser consciente de que dentro del Partido Liberal está en el lugar equivocado, sumado a que tiene una hija lesbiana cuyo derecho a un trato igualitario se niega a reconocerle. O sea que en su propio núcleo familiar germina la antítesis de su discurso contra el matrimonio gay, y la deja en uno de dos planos posibles: una fe religiosa ligada a la ceguera, o un cálculo cínico sobre el caudal de votos que una postura de tan alto ‘rating’ le aporta.

Me inclino a pensar lo segundo, y esta consideración se extiende a otros políticos que acuden a sentimientos religiosos para cautivar ingenuos, como el entonces presidente Álvaro Uribe que en acción de gracias por la Operación Jaque puso a su gabinete ministerial a rezar el rosario, o como el actual procurador Alejandro Ordóñez que tituló su tesis de grado ‘Presupuestos Fundamentales del Estado Católico’ y la dedicó “A nuestra señora la Virgen María, suplicándole la restauración del orden cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo”. En ambos casos se asume al Estado como confesional desde lo católico, y eso es contrario a la Constitución, laica en su esencia.

Mi apreciación –muy personal- es que cuando un político alaba al Creador o lo menciona, quiere que la gente piense: “está con Dios, es alguien bueno”. Actúa como el que agita un racimo de bananos ante un grupo de micos, para conquistar su simpatía. En contraposición, admiro al político que nunca recurre al facilismo de invocar a Dios para ganar adeptos. Es más, hacia el ejercicio de una política verdaderamente laica y sana, a todo político que recurra a expresiones de religiosidad debería imponérsele una multa, por invadir linderos que no le corresponden al Estado ciudadano.

Fue precisamente valiéndose de propaganda sucia atada a un sentimiento religioso (el de “la familia original”) que el uribismo logró movilizar a manadas de ingenuos creyentes haciéndoles creer –valga la redundancia- que en el gobierno de Juan Manuel Santos había una ministra gay que estaba repartiendo una cartilla para que nuestros niños se volvieran homosexuales como ella.

¿Y todo esto lo hacen con qué propósito? Con el de llevar a la presidencia a quien desde ya perfilan como el restaurador de la moral y las buenas costumbres, Alejandro Ordóñez Maldonado. Dios  nos coja confesados...

DE REMATE: Nada más parecido a un golpe de Estado que un eventual triunfo del NO en el plebiscito: al día siguiente el país amanecería descuadernado y el Presidente de la República convertido en un mueble viejo.

Write comment (0 Comments)

Por Jairo Gómez.- Las cifras de presos en Colombia son dispares, casi nunca coinciden, pero se calcula que son cerca de 180 mil los colombianos que hoy están tras las rejas.

En muchos casos, en muchísimos, los reclusos ni siquiera han sido condenados y aún siguen detenidos. Por supuesto, la justicia no actúa y los mira con desdén: la mayoría son delincuentes comunes. También hay prisioneros de la guerrilla, paramilitares y los llamados de cuello blanco (de estos muy pocos).

Pues bien, los reclusos vinculados a grupos guerrilleros y organizaciones paramilitares decidieron hablar desde la prisión, y le enviaron al Presidente Santos y demás instituciones su propuesta para vincularse al Proceso de Paz de La Habana. Un documento similar, le hicieron llegar al Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri.

"La Paz con Todos" es una iniciativa que nace desde la Cárcel Nacional La Picota y advierte que muchos de los delitos por los que se les acusa, están directa o indirectamente, relacionados con el conflicto interno; por tanto, además de anunciar su respaldo irrestricto al proceso de paz y al plebiscito, consideran que sus casos pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal Nacional de Paz que diseñó la Justicia Transicional en Cuba.

No es mucho pedir si se trata de la reconciliación, pero al mismo tiempo le plantean al Gobierno la necesidad de revisar el Código Penal y el sistema carcelario colombiano, hoy sumido en el hacinamiento y la violación sistemática de los derechos de los reclusos, independientemente del origen de sus delitos.

No hay razón para que el gobierno no abra una ventana a esta loable petición, ahora que desde la Mesa de Negociación en La Habana uno de los temas es el de buscar la ex carcelación de miles de insurgentes ligados al grupo que hoy busca un acuerdo de paz.

Este es un compromiso ineludible del Gobierno que entra a hacer parte, necesariamente, del denominado posconflicto, cuya tarea será la de allanar los caminos para el perdón y la reconciliación. En la cárcel muchos saben, incluidos los paramilitares, que para hacerse a los beneficios planteados por la Justicia Transicional tendrán que contar la verdad y nada más que la verdad. Son muchas las razones para escucharlos, pues en prisión hay organizaciones criminales que financiaron campañas políticas, entre otros mandados que les hicieron a las castas regionales. Hechos que el país merece conocer, interesando en particular a quiénes fueron sus beneficiarios.

¿Será esto a lo que le teme la oposición? ¿A la verdad y nada más que la verdad? Son preguntas que redundan en espacios académicos y de debate, pues muchas son las verdades que tienen para contar los cientos de presos silenciados tras los gélidos barrotes.

Finalmente, y en términos prácticos, son cerca de setenta mil los reclusos relacionados con el conflicto, y su decisión es asegurar que sus familias se sumen al apoyo del plebiscito para refrendar el acuerdo final entre Gobierno y FARC. Nada desdeñable, si se trata de conseguir apoyos para el ‘Sí‘.

Write comment (0 Comments)

Por Amylkar Acosta.- Una característica muy propia del mercado petrolero es la volatilidad de los precios del crudo. Pero en los últimos tres años las oscilaciones de los precios han sido muy bruscos y por momentos repentinos e inesperados. Después de su clímax en junio de 2014, cuando los precios de referencia WTI y Brent alcanzaron la cotización de los US $107.9 y US $115.2 el barril, respectivamente, se dio la descolgada hasta cerrar ese año con precios de US $53.27 y US $56.82 el barril, en su orden.

Así como los fundamentales del mercado fueron determinantes para mantener un largo ciclo de precios altos, cuando se revierten provocan la destorcida de los precios. Los precios se mantuvieron con tendencia a la baja durante el año 2015 hasta converger en el mes de diciembre en los US $36.90 el barril de crudo de la referencia WTI y US $37.11 el de la referencia Brent. Los precios del petróleo no levantaron cabeza el año anterior y acumularon desde mediados de 2014 un desplome cercano al 70%.

El exceso de oferta, aupado por la revolución de los esquistos en los EEUU y el debilitamiento de la demanda, atribuible en gran medida a la desaceleración del crecimiento de la economía china, junto con el fortalecimiento de la divisa americana, contribuyeron en gran medida a esta caída sostenida de los precios del crudo en los mercados internacionales. Como ya lo habíamos advertido, los precios del crudo arrancaron el año 2016 sin encontrar su piso y siguieron en picada, llegándose a cotizar a mediados de enero a US $25. Es más, se llegó a temer en un momento dado que los precios podían llegar a caer por debajo de la barrera de los US $20 el barril.

Los 13 países que hacen parte de la OPEP y varios de los más importantes productores que están por fuera de este cartel entraron en pánico. En febrero Arabia Saudita, Rusia, Venezuela y Qatar llegaron a un principio de acuerdo para congelar la oferta de crudo y así tratar de detener la caída de los precios. Con el sólo anuncio los precios reaccionaron al alza, alcanzando cotizaciones que rondaron los US $40 el barril en el mes de abril. No obstante, este acuerdo no se pudo concretar en la Cumbre de Doha por la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita.

No obstante, varios factores sobrevinientes han contribuido a atajar la recaída de los precios del crudo, destacándose entre ellos los conflictos que han afectado la producción en Libia y Nigeria, la baja de la producción estadounidense provenientes de los yacimientos no convencionales desestimulada por los bajos precios, incendios en campos petroleros en Canadá, amén del debilitamiento de la cotización del dólar, moneda esta en la que se transa el petróleo. Lástima que Colombia no pueda aprovechar esta coyuntura por que aunque sube el precio está cayendo su producción de crudo.

Ahora con el anuncio de una próxima Cumbre de países productores y consumidores en el marco del Foro Internacional de Energía que tendrá lugar en Argelia el próximo 26 – 28 de septiembre, en donde se va a abordar nuevamente la propuesta de congelación de la oferta de crudo, se le ha dado un nuevo impulso al alza de los precios. Pero, varias circunstancias conspiran contra el objetivo que se busca, que es congelar la producción a los niveles de enero de este año, empezando por la propia Arabia saudita que, en previsión de dicho acuerdo y para posicionarse mejor, sacándole ventaja al mismo, ha venido aumentando su producción, pasando de los 10.55 millones de barriles/día en junio a 10.67 millones/día en julio, el nivel más alto en toda su historia. La producción de Irán en marzo fue de 3.3 millones de barriles, 400 mil barriles más que en enero y aún le queda margen para producir más, habida cuenta que su producción antes del embargo fue de 4 millones de barriles.

Ello del lado de la oferta y del lado de la demanda cabe advertir que el dragón chino, que hoy por hoy representa el 10% del mercado y es el mayor importador de crudo, con 7.4 millones de barriles diarios, 200 mil más que EEUU. Y su economía sigue desacelerándose, con lo cual su demanda de crudo va a seguir cayendo como hasta ahora. Después de crecer a un ritmo del 10.4% en 2010, desde el 2011, cuando tuvo un crecimiento del PIB del 9.3%, su economía se ha venido ralentizando, en el año 2012 7.8%, en el 2013 7.7%, en el 2014 7.4%, en el 2015 6.9%, la más baja en 25 años, la previsión del FMI para el 2016 es de 6.3% y de 6% para el 2017. Así las cosas, la perspectiva de los precios no es la más halagüeña y todo indica que tendrán una senda en lo que resta de este año y el año entrante acotada entre los US $30 y los US $50 el barril de la referencia Brent, que es la que le sirve de base para la canasta de crudos que vende Colombia, a un precio de US $10 a US $12 por barril menos de dicho marcador.

Bogotá, agosto 21 de 2016

 

www.fnd.org.co

Write comment (0 Comments)

Por Mauricio Cabrera Galvis.-¿Cómo explicar que a la industria le esté yendo bien –la producción creció 6,6% en junio– mientras que al comercio le va mal –las ventas disminuyeron 0,7% en el mismo mes–?

Una primera explicación es que en cada sector hay ramas que distorsionan el resultado total. En la industria es la refinación de combustibles, que con la entrada de Reficar creció 27%, la que empuja la dinámica del sector. Sin embargo, aun excluyendo este renglón, es positivo el comportamiento del resto de la producción manufacturera, que aumentó 2,8%.

En el comercio minorista son las ventas de automóviles las que más inciden en el deterioro sectorial, pues cayeron 6,8%. Hay otros grupos que también decrecen, como productos de aseo, electrodomésticos y utensilios del hogar, pero el total de las ventas del comercio sin vehículos si bien no se raja, apenas pasa raspando con un mínimo crecimiento de 0,3%.

Una posible explicación sería que estuvieran aumentando mucho las ventas de productos industriales al exterior, de manera que se compensara la caída de las ventas domésticas. Desafortunadamente esto no está sucediendo. En junio las exportaciones de manufacturas cayeron 6,5% en volumen, y como además los precios internacionales siguen a la baja, el valor de dichas exportaciones cayó 21,5%.

La explicación verdadera hay que buscarla en lo que los economistas llaman el “desplazamiento de la demanda”, producido en este caso por la devaluación del peso: en conjunto, los colombianos están comprando menos, pero también están haciendo un importante cambio en su canasta, reduciendo las compras de bienes importados, que se han encarecido, y aumentando las de productos de la industria nacional.

Los exportadores quebrados y los mercados perdidos durante años de revaluación no se recuperan de la noche a la mañana, y menos en un contexto internacional de baja demanda y con las grandes dificultades de los mercados de nuestros vecinos Ecuador y Venezuela. Pero ¡ojo! No se puede bajar la guardia y permitir que vuelva a bajar el precio del dólar, como está sucediendo, porque se perdería todo el esfuerzo de recuperación.

Write comment (0 Comments)

Por Claudia López.- De todo queda un saldo a favor. Pocas veces los padres habían estado más interesados en conocer los manuales de convivencia. Pocas veces los que dicen respetar habían demostrado más francamente su intolerancia: enfermos, desviados, depravados, anormales, le gritaron a la Ministra y a los homosexuales en general. Que rija la Biblia y no la Constitución, dijeron también. El oportunismo politiquero fue, en cambio, el mismo de siempre: firme contra Santos, vote No a la Paz, abajo el gobierno. Los promotores religiosos y políticos marcharon por el diezmo y el voto de los padres; los niños y la familia no son más que sus anzuelos.

Es la primera vez que una mujer joven, profesional, y también católica y lesbiana, que no lo niega ni se avergüenza de serlo, es Ministra de Educación. Puedo entender por qué eso atemoriza a miles de padres y les genera dudas sobre si eso tendrá alguna influencia negativa en sus hijos. Aunque la evidencia científica confirma que ni siquiera la orientación sexual de los padres tiene una influencia negativa en los niños (¡mucho menos la de una Ministra!), esa prevención es una realidad cultural y política legítima que requiere reconocer los mutuos prejuicios, no desconocerlos. Por eso la Ministra está obligada a tener un diálogo más amplio, más franco, con todos los sectores, especialmente con aquellos en los que genera más resistencias.

En 2008 el Presidente Uribe, su Ministra (igualmente capaz, pero no lesbiana) y UNFPA difundieron cartillas de educación sexual y ciudadana. Nadie marchó ni tergiversó el concepto de identidad de género en “ideología de genero”, ni fundió los más de 10 tipos de familias que existen en una sola que “va a ser destruida”. Las cartillas del gobierno Uribe desarrollan los mismos conceptos que las de este año, por lo que recomiendo a la Ministra reimprimirlas y usarlas. Al fin y al cabo la orden de la Corte Constitucional es revisar los manuales de los colegios, no las cartillas del Ministerio, para evitar el matoneo por discriminación, en particular por orientación sexual, dado que la orden es producto de una tutela en defensa de un joven gay que se suicidó por discriminación de las directivas de su colegio.

Es para que nunca nadie tenga que matarse por ser discriminado. Ni vivir en la humillación del matoneo, ni ser excluido y denigrado por ser una minoría que nuestra Constitución nos garantiza a todos ser reconocidos y tratados como iguales ante la Ley y el Estado.

Write comment (0 Comments)

Por Iván Diaz Mateus.-En el diario intercambio de ideas, opiniones e inquietudes sobre los acontecimientos nacionales con líderes y simpatizantes de nuestro Partido, hemos escuchado de manera reiterada esta pregunta: ¿Frente a la convocatoria del plebiscito sobre los acuerdos con las Farc, que debemos hacer los Conservadores?

Lo primero que tendríamos que decir es que los Conservadores somos amigos de la paz, no en vano nuestros máximos exponentes en los últimos tiempos los presidentes Belisario Betancourt y Andrés Pastrana arriesgaron todo su capital político buscando una solución negociada. Belisario logró una tregua y a través de la Comisión de Paz adelantó esfuerzos que no resultaron en nada, y Pastrana se la jugó con el despeje de cinco Municipios solicitados por las FARC, tuvo que soportar el desplante de Marulanda que dejó la silla vacía en el Caguán, y no consiguió un final afortunado. Los dos sufrieron despiadadas críticas y pagaron un alto costo por sus intentos a pesar de su buena fe.

Indudablemente los Conservadores nos inclinamos por el orden y nos llama la atención un estado fuerte, que ejerza la autoridad con legitimidad y coherencia. La aplicación de la Ley para defender el derecho propio y los ajenos nos identifica de manera fiel, a veces nos cuesta trabajo ver que se conceden beneficios o ventajas a quienes la han infringido, por el motivo que sea, y somos proclives a considerar una claudicación en cualquier acuerdo que ceda en justicia, propiedad, derechos políticos, etc. Más nuestra formación católica no nos aleja del perdón y la tolerancia, y nuestro sentido humanista nos hace creer en la posibilidad de una nación libre y democrática regida sólo por la libertad y el respeto a los demás, un país sin violencia como medio de imponer nuestras convicciones.

Contrario a los que muchos piensan la defensa a ultranza de la familia como núcleo esencial de la sociedad no es un capricho anticuado ni una actitud homofóbica, sino una forma de acentuar en la necesidad de que esa familia sea el pilar de la educación, el progreso y la formación de hombres de bien. Solo nos oponemos a toda conducta o circunstancia que atente contra esos postulados. La misma convicción nos hace pensar en los niños y jóvenes en la guerra, las viudas y huérfanos que esta causa, y el desmembramiento que el secuestro, el asesinato, el desplazamiento, acarrean sobre el núcleo familiar. Todo ello, desde el punto de vista conservador, no es algo conveniente ni mucho menos propio del mundo civilizado.

El respeto a la propiedad ha sido uno de los bastiones ideológicos del conservatismo, más no vemos con buenos ojos la acumulación ilimitada de bienes en cabeza de una sola persona o un grupo determinado de personas. La hemos defendido basados en la certeza de que el hombre y la mujer derivan de ella, sea pequeña o grande, la tranquilidad de proveerse lo que dignamente es necesario para llevar una vida decorosa sin que la necesidad les imponga humillaciones. Así, nos agrada la función social de la riqueza y que a través de la intervención del estado se distribuyan sus beneficios. Reivindicar la importancia de una oportunidad económica para todos no es un asunto esencialmente comunista o socialista, es también conservador, solo que preferimos que se lleve a cabo en paz y sin que “el fin justifique los medios”.

En próxima oportunidad queremos referirnos a otros aspectos de nuestra ideología, los interrogantes del proceso de paz, la sustancia de los acuerdos, y el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Gracias a la generosidad de nuestro director, desde este espacio esperamos contribuir al debate sobre lo que debemos hacer los Conservadores.

Twitter: @idiazmateus

Write comment (0 Comments)

Por Gabriel Ortiz.-Se trata de revivir una contienda que existió años anteriores a la iniciación de esta guerra que armaron los grupos guerrilleros, con los que hoy se está poniendo fin a una confrontación de medio siglo.

No se han silenciado los fusiles, ni disipado los olores a pólvora y sangre, cuando aparecen las plañideras de la guerra, que con el más vulgar y procaz vocabulario, infestan y rellenan medios y redes sociales para impedir que una nación logre salir de la ruta del desastre.

 La “hora de los payasos” tiene un límite. En Estados Unidos, por ejemplo, en donde Trump, con la misma cartilla del uribismo, Joseph Goebbells y el fascismo, logró en un principio aglutinar febriles, cándidos y aturdidos seguidores, los va perdiendo en la medida en que se descubren sus engaños y confusos propósitos.

Esa hora también se derrumba en Colombia. El vigoroso tic tac, despeja la enrarecida bruma de mentiras y mala fe, con las que se pescaba incautos para llevarlos hacia la continuidad de una guerra sin fin, con la que sus promotores buscan riqueza, prebendas y poder.

Vemos como las cosas se atemperan y se impone un clima de tranquilidad, basado en el perdón, cese al fuego, dejación de armas, reconciliación, no repetición, justicia, reparación, devolución de tierras y plena democracia. Ahí radica el gran temor de los enemigos del Plebiscito y de la paz.

 Grave sí, la manipulación de encuestas, medios y redes sociales.

Imperdonable la metodología de los encuestadores, como la denunciada por el colega Daniel Coronell. Oprobiosa la lluvia de improperios, y el insolente y procaz vocabulario, que utilizan grupos o células de uribistas para atiborrar las redes sociales con mensajes idénticos, enviados a diferentes correos, para engañar a la gente y hacerla creer que hay enjambres de enemigos de la paz.

La memoria es flaca e impide recordar cómo Pastrana despejó kilómetros, que entregó a Tirofijo, sin plebiscito ni consulta; la bendición de Uribe a los paras, y las promesas de lo divino y lo humano a las Farc, sin pedir permiso a nadie. Estos personajes no admiten que su hora terminó y, que sus plañideras no podrán cambiar el rumbo de nuestra historia. La alternativa es: ¡Paz o guerra!

 BLANCO: La excelente presentación de nuestros deportistas en Rio.

 NEGRO: ¿Quién pagará la indemnización a Piedad Cordoba, el Procurador que se extralimitó, o los pobres contribuyentes colombianos?

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Write comment (0 Comments)

Por Diego Alejandro González.- La doble instancia es un principio de rango constitucional que establece una garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales y abre la posibilidad de corregir errores que el fallador adopte en una decisión.

Por ello, se convierte en una garantía indispensable en el Estado Social de Derecho, como mecanismo principal, idóneo y eficaz para corregir inexactitudes en las que pueda incurrir una autoridad pública.

Según la normativa supranacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Doble Instancia favorece al inculpado, para así proteger sus derechos, obteniendo otra oportunidad para ejercer su defensa y pedir que se revise el fallo, como resultado de un juicio justo y conforme a la ley.

En la Sentencia C-792 del 2014, la Corte Constitucional de Colombia, en este sentido, no solo exhortó al Congreso para que regulara integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, sino también estableció que, de no hacerlo, a partir del vencimiento de ese término, procede la impugnación de tales fallos ante un superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.

Recientemente, ese tribunal aclaró que el derecho aplica para los aforados, aunque no tiene efectos retroactivos para condenas previas al 25 de abril del 2016.

Sin embargo, persiste un vacío que desconoce los derechos de los funcionarios que ostentan fuero constitucional, toda vez que cualquier proceso penal en su contra lo decide en única instancia la Sala Penal de la Corte Suprema.

Es preocupante que ni la normativa constitucional ni el sistema penal, establecen un superior jerárquico para la Sala Penal de la Corte Suprema, por lo que jurídicamente no es posible hablar de una segunda instancia.

De igual forma, es evidente que es el Congreso el que debe aprobar una reforma que garantice el derecho a impugnar las sentencias condenatorias hasta en ese nivel.

Sin embargo, con posterioridad a la Sentencia C-792 del 2014, el Congreso ha tenido para su estudio dos proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo, presentados por la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, pero ambos fueron archivados y, a la fecha, continúa el vacío legislativo.

Por tal razón, una vez vencido el término, es la Corte Constitucional la llamada a proteger este derecho y a subsanar el vacío normativo, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, extendiendo el derecho de igualdad ya existente, más aún cuando ella misma ha reconocido que la impugnación es un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional que hace parte integral del debido proceso.

El Estado Colombiano viene desconociendo, desde la Constitución de 1991, los acuerdos internacionales ratificados que incluyen el derecho a la impugnación y la garantía de la doble instancia, como parte esencial del debido proceso, como la CADH y el PIDCP, siendo importante resaltar que Colombia, desde el momento en que suscribió estos tratados, está obligado a cumplirlos.

Write comment (0 Comments)

Por Jaime Durán Barrera.- Por iniciativa de los empresarios y comerciantes del Sur de Santander, se presentó el proyecto para crear la nueva Cámara de Comercio, que le prestará servicios y desarrollo a los 49 municipios de las provincias de Guanentá, Comunera y Vélez.

Liderada por Fenalco Sur del Departamento, este proyecto busca el emprendimiento y progreso de sus habitantes de estas localidades y es el resultado un proceso de más de dos (2) años de recolección de información, análisis, evaluación y reconocimiento de las necesidades regionales y de concebir su importancia económica, a nivel departamental y nacional.

Los promotores destacan que el proyecto persigue el fortalecimiento y competitividad de su rol comercial y empresarial, ya que el aumento de la población y progreso del Sur del Santander en los últimos años, con la inversión privada, el desarrollo urbanístico y el marcado crecimiento comercial, permite proyectarse como una de las regiones más prosperas de Colombia, en los próximos años.

Tradicionalmente nuestro departamento se ha dividido en tres regiones: Bucaramanga con su área metropolitana, Barrancabermeja con el Magdalena Medio y el Sur de Santander. Esta división territorial evidencia las diferencias culturales, económicas y sociales de cada una y reafirma la pertinencia de tres cámaras de comercio en Santander. Esto es uno de los argumentos que geopolíticamente hacen viable la iniciativa.

La cercanía geográfica de la nueva Cámara de Comercio del Sur de Santander, con los empresarios y sus comunidades, aportará a la competitividad regional y a la participación en las actividades del ente gremial, un gran impulso y un posible desarrollo sostenible.

Crear la Cámara de Comercio del Sur de Santander, como lo mostró su estudio de factibilidad socioeconómica, mostraría aún más la importancia económica de la región y las necesidades propias del territorio alrededor de nichos muy definidos como el turismo, la agroindustria, la educación, los servicios y la construcción.

Asimismo, es el mejor modelo para cumplir las políticas públicas que buscan la descentralización de procesos y el fortalecimiento territorial a partir del desarrollo de la región.

De los 49 municipios que suman 371.450 habitantes, certificados por el DANE a 2015, son 10.876 comerciantes con matricula vigente a 2015 en los municipios del Sur de Santander, certificado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lo que hace que dicha iniciativa cumpla, entre otros aspectos, con los requisitos exigidos.

Es de interés señalar, que una nueva Cámara de Comercio contará con el presupuesto público de $2.072.376.985, certificado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, conforme a lo establecido en el Decreto 1074 del 2015 por medio de la cual se dictan los requisitos para la creación de esos entes que regulan el comercio en Colombia.

Como Senador y oriundo del Departamento de Santander apoyo esta iniciativa, que hará posible el desarrollo integral de las localidades del Sur de Santander, en uno de los momentos más cruciales de Colombia, cuando el Proceso de Paz ya concretado, exija la construcción de una sociedad más equitativa, más incluyente y más productiva, lo cual requiere de la organización de los habitantes, del equilibrio regional y la sinergia de los procesos sociopolíticos, socioeconómicos y socioculturales, en pos del futuro de todos. 

Write comment (0 Comments)