Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- Por si le faltara un ingrediente más a la ya convulsionada historia de violencia de nuestro país y sumado a ello tantos problemas sociales, como pobreza, marginalidad, desempleo, pandemia, ahora se revive con más fuerza el trágico capítulo de los mal llamados falsos positivos. 

La Jurisdicción Especial de Paz -JEP- nos sorprendió en días pasados con la muy importante investigación del caso 03 sobre los falsos positivos en Colombia. El resultado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, fue sin lugar a dudas, ¡ATERRADOR! 

Cuando a todo el país se le había hecho creer que por causa de esa nefasta practica habían sido asesinados 2248 humildes jóvenes por el Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja y así ganar méritos y ascensos al interior de la milicia, las investigaciones serias y exhaustivas de la JEP, arrojan que la cifra verdadera asciende a 6402 los colombianos asesinados por la fuerza pública entre el 2002 y el 2008. 

Sobre esta polémica, surgen varios contrastes, el primero es que las cifras que presentó la Fiscalía General de la Nación, al iniciar su proceso investigativo registran 4154 casos menos, ósea, no concuerdan estos resultados con la más reciente investigación de la Jurisdicción Especial de Paz. Surgen entonces varias preguntas, ¿qué falló al interior del ente acusador para no llegar al fondo de la verdad?, ¿quiere la Fiscalía ocultarle la verdadera historia de los falsos positivos al país?, o tal vez ¿desde éste organismo hay interés en encubrir a algún expresidente y los mandos militares de la época y además de otros actores relacionados con los falsos positivos?, todos estos interrogantes son los que necesitamos que sean resueltos para que la opinión pública nacional y el mundo los conozcan. Todos necesitamos saber sobre ¿quiénes dieron las ordenes, ¿quiénes los ejecutaron y dónde poder recuperar los cadáveres para su exhumación? 

Pero lo más grave, entre otras cosas, es que el informe revela que, el 78% de los casos de falsos positivos ocurrieron durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que principalmente seis regiones colombianas vivieron el rigor de esta nefasta práctica, como son Antioquia, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare y la Costa Caribe. 

Viene ahora una segunda fase investigativa en otros departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare, Boyacá, Arauca, Guainía, Sucre, regiones muy azotadas históricamente por la violencia y que muy seguramente la Sala de Reconocimiento de la JEP encontrará otros hallazgos importantes. Es decir, que debemos prepararnos para conocer nuevas cifras de falsos positivos. 

Esta nefasta práctica, es sin duda, una grave vulneración de los Derechos Humanos, especialmente del derecho a la vida, que es la base de todos los derechos fundamentales, establecidos en el Capítulo III de la Constitución Nacional, donde se establecen los derechos fundamentales del ciudadano, que son trasversales a todos los demás derechos que desarrolla la carta, nos damos cuenta que, no es el ciudadano el que vulnera los derechos, sino que es el Estado el que los vulnera, cuando es el Estado quien debe garantizarle el derecho a la vida  a un ciudadano y por lo tanto, tenemos un Estado que no garantiza el derecho a la vida, y que tampoco garantiza que haya confianza en las instituciones y por lo tanto convierte a la fuerza pública, ya no como defensora y protectora de sus derechos, sino que la convierte en los verdugos de la gente. 

Entonces una fuerza pública que cumple funciones de eliminación física, se convierte prácticamente en sicarios uniformados y legalizados al servicio de una clase política que dirige este país sobre la base del crimen y el asesinato. 

Todo esto daña el tejido social, genera un terror psicológico del ciudadano hacia el Estado y se convierte esto, en un Estado represivo y no coherente con lo estipulado en la Constitución del desarrollo del Estado Social de Derecho, donde la protección del ciudadano está por encima de todas las consideraciones. 

Hablar de falsos positivos, implica para entender este tipo de circunstancias tres aristas fundamentales, primero, cómo entender la política de los falsos positivos desde el poder político, es decir, quiénes son los implicados y responsables y por qué se dio este tipo de política de exterminio. Segundo, cómo poder entender que el Estado se tome por su propia mano el asesinato directo de civiles, contrariando todo el ordenamiento legal de protección a los derechos fundamentales de sus propios connacionales. Y tercero, cómo a partir de este tipo de resultados, establece el Estado mecanismo para resarcir a las víctimas, cuando él mismo ha sido el que las ha provocado. Entonces, matemos civiles y luego paguémosles a las víctimas por habernos dado la oportunidad de privarlos de la vida de un familiar. 

Ojalá más temprano que tarde, todos y todas las responsables de estas abominables muertes vayan ante la justicia y paguen todo el daño que hicieron a miles de humildes familias de nuestro país.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

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Antonio Sanguino

Por Antonio Sanguino*.- Bastante travieso ha resultado Fabio Aristizábal, el uribista Superintendente de Salud. Y bastante ineficiente. Resulta imperdonable que sus travesuras atenten contra los recursos públicos de la salud, un derecho fundamental de los colombianos. Pero es aún más inaceptable que sus erráticas actuaciones ocurran en medio de una pandemia y comprometan gravemente la vida de millones de ciudadanos.

Una primera travesura tiene origen electoral. Resulta que detrás de los pergaminos técnicos que exhibe, el Supersalud Aristizábal esconde una activa vocación de militante y varias candidaturas por el Centro Democrático. Su última y fallida aventura electoral fue en las pasadas elecciones parlamentarias. Fue candidato al Senado de la República y recibió un aporte de cincuenta millones de pesos de la Organización Sanitas Internacional S.A.S hoy Keralty S.A.S, grupo empresarial propietario de la EPS Sanitas. Esta entidad es hoy objeto de vigilancia del excandidato al Senado y hoy Supersalud. Fabio Aristizábal nunca ha manifestado su conflicto de interés en sus actuaciones respecto a Sanitas. Peor aún, conoció un recurso de reposición que interpuso esta EPS contra la Resolución numero 008683 de julio de 2018 de la Supersalud. Acto seguido, mediante una nueva Resolución, la 011735 de diciembre de 2018 resolvió el recurso a favor de Sanitas, que pasó de tener una capacidad de afiliación de 2.021.000 a 2.800.000 afiliados. Aristizábal le regaló a su financiador 779.000 nuevos cupos en su capacidad de afiliación, como contraprestación al aporte de campaña recibido.

La segunda es una travesura que de manera grave desconoce, retarda u omite las funciones de vigilancia y control de la Superintendencia. Pareciera que su conducta corresponde a un nuevo capítulo del “cartel de los usuarios” por el que fue procesada penalmente la exfuncionaria de la Supersalud, Eva Carrascal, y en el que ha sido mencionado José Oswaldo Bonilla Rincón, actual superintendente delegado para la supervisión institucional. Un caso emblemático es el de MEDIMAS: por medio de la Resolución No 005163 de 2017, la Supersalud adoptó medida preventiva de vigilancia especial y la fue prorrogando con las resoluciones 004770 de 2018, 009203 de 2019 y 001098 del 28 de febrero 2020. Lo paradójico es que bajo la vigencia de esas medidas preventivas, la propia Supersalud sancionó a MEDIMAS con revocatorias parciales de funcionamiento en 15 departamentos. Una de dos, o la Supersalud hace una pésima labor de vigilancia especial o el afán por trasladar usuarios a otras EPS amigas del Supersalud explican esta protuberante contradicción.

Pero un inmenso lunar, que es materia de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General, le ha quedado difícil ocultar al flamante Superintendente. El pasado 28 de julio de 2020, en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, Aristizábal reconoció la perdida de los resultados de 30 mil pruebas de covid-19. Esto significa que igual número de ciudadanos nunca supieron su estado de salud en medio de la pandemia. Este alarmante hallazgo, que constituyó una violación de los derechos fundamentales de estos ciudadanos y puso en grave riesgo sus vidas, no merecieron ninguna reacción por parte de la Supersalud. La inhibición de su función de inspección, vigilancia y control fue justificada por Aristizábal cuando afirmó que la represa de 30 mil pruebas “ni es que sea mala” y “no culparía tampoco a las EPS”.

Finalmente, juzguen ustedes cómo actúa el Supersalud cuando sus afectos políticos no coinciden con los gobernantes territoriales como ocurrió en el departamento del Magdalena. El Hospital ‘Julio Méndez’ fue intervenido por el Supersalud cuando el nuevo gerente, designado por el Gobernador Carlos Caicedo, llevaba apenas 30 días. Esta intervención se adelantó para mantener el principal hospital de la región en manos de los clanes políticos de los Cotes y los Diazgranados, aliados del detenido exsenador Eduardo Pulgar. Mientras tanto, se hace el de la vista gorda frente a las graves irregularidades que ocurren en el Hospital ‘Rosario Pumarejo de López’ de Valledupar, controlado por el clan Gnecco y por el Gobernador Luis Alberto Monsalvo. Sino fuera porque está jugando con la vida de la gente en medio de la peor pandemia de la humanidad en los últimos cien años, estas travesuras no pasarían del mero reproche público.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

*Senador de la Alianza Verde

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las mejores políticas de reactivación son aquellas que generan más empleo y beneficien a los más pobres y vulnerables, pero además que son oportunas y aportan una cantidad de recursos suficientes para compensar la pérdida de ingresos de los hogares.

Demasiadas condiciones imposibles de cumplir, dirán algunos para justificar por qué no se han aplicado en Colombia. No es cierto. Hay ejemplos concretos de países que si las han realizado, y con muy buenos resultados.

La primera es una renta básica de emergencia para personas que han perdido sus ingresos, pero en una cuantía suficiente para sobrevivir. En Estados Unidos el año pasado el gobierno giró USD 1.200 a cada individuo con ingresos menores a USD75.000, más otros USD600 por cada niño. Adicionalmente, a quienes perdieron sus empleos les dio USD 2.400 durante 4 meses.

En Colombia se pretendió hacer algo en esa línea con el programa de Ingreso Solidario, pero fue totalmente insuficiente: solo $160.000 mensuales (USD 45) por familia, y solo a 3 millones de los hogares más pobres, quedando sin ninguna ayuda adicional por lo menos otros 3 millones de hogares vulnerables.

En Chile el Ingreso Familiar de Emergencia ha entregado hasta USD 600 por familia de 4 personas, cubriendo cerca del 50% de los hogares del país. En Perú en 2020 se otorgaron diferentes Bonos por más de USD 500 al 60% de los hogares. No era cuestión de ser país rico o pobre sino de tener la decisión política de hacerlo.

Hay otra política aún mejor y son los programas de Empleo de Emergencia. Darle ingresos a las familias afectadas es necesario para que puedan subsistir; pero es más importante darle empleo al millón y medio de personas que todavía no han podido recuperar sus trabajos, porque así no solo tienen salarios e ingresos, sino algo más primordial: la dignidad que les da el trabajo.

En esta pandemia los gobiernos han preferido dar subsidios a las empresas para que mantengan el empleo, pero en la gran depresión de los años 30 del siglo pasado una de las claves de la recuperación de Estados Unidos fue el ambicioso programa de obras públicas del presidente Roosevelt.

Con la tasa de desempleo del 17.3% y 4.1 millones de desempleados, solo el Estado tiene la capacidad y los recursos para generar a corto plazo un número significativo de puestos de trabajo en programas intensivos en mano de obra como construcción y mantenimiento de vías terciarias, reparcheo de vías urbanas, reforestación o mantenimiento de cuencas. Pero estos solo pueden ser adelantados por departamentos y municipios, no por el gobierno central.

ADENDA: Discutir si los falsos positivos fueron 3.000 o 6.000 es desviar el debate para ocultar la tragedia humana detrás de cada uno de estos asesinatos. Como bien lo dijo el profesor Víctor Correa Lugo, son “6.402 dolores, 6.402 infamias, 6.402 hermanos, 6.402 madres, 6.402 disparos, 6.402 sonrisas, 6.402 padres, 6.402 gritos, 6.402 silencios.”

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2021

Filósofo y Economista. Consultor.

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Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*.- El ideal de la humanidad en estos difíciles momentos que se viven es llegar pronto a la “inmunidad de rebaño”. O sea, alcanzar un escenario en el que el coronavirus se convierta en una enfermedad más, de carácter endémico, contra la cual proceden medidas individuales como la vacuna contra la influenza. Pero donde el riesgo de un contagio masivo desaparezca.

Ahora bien, para alcanzar ese escenario se requiere vacunar al 60%-70% de la población toda. No solamente la de cada país. Mientras eso no se logre los vacunados quedan inmunizados individualmente por un tiempo, pero la comunidad como grupo restará vulnerable al contagio.

¿Va la humanidad por buen camino para alcanzar la “inmunidad de rebaño”? ¿O, por el contrario, estamos avanzando por el camino de una falsa autarquía sanitaria en virtud de la cual los países más ricos están vacunando a marchas forzadas a sus poblaciones creyendo que el virus se detiene en sus fronteras, y desentendiéndose de lo que está sucediendo -o puede suceder- en los países más pobres del planeta?

En la semana que acaba de concluir tuvieron lugar dos importantes reuniones internacionales que han dado pistas para responder la pregunta planteada. La primera fue la del consejo extraordinario de seguridad de las Naciones Unidas que se convocó especialmente para revisar la situación actual de la pandemia. La segunda, el cónclave del G-7, el grupo de los países más ricos del mundo que funcionó virtualmente bajo la dirección de Boris Jonhson el primer ministro del Reino Unido.

En ambas reuniones, tácita o explícitamente, quedó en claro que el mundo se está moviendo en la lucha contra la pandemia por la vía trazada por un nacionalismo sanitario mal entendido; que estamos caminando por la ruta impuesta por el egoísmo de las grandes potencias; y que vamos en la dirección incorrecta -como planeta- para llegar a la tan deseada “inmunidad de rebaño”.

Infinidad de datos se dieron durante estas dos reuniones de los cuales vale la pena resaltar apenas dos: el 10% de los países han acaparado las vacunas producidas en el mundo al paso que al 70% de la población mundial (la de los países más pobres) no le están llegando vacunas. Y otro dato inquietante: de los 200 millones de dosis que se habían inyectado en el mundo hasta la semana pasada, 45% se han aplicado en solo siete países.

Un áspero capitalismo salvaje y cegatón está orientando la política mundial contra la pandemia. Da la impresión que lo que prevalece es la máxima del “sálvese quien pueda” y, naturalmente, quienes creen ser los mejor dotados en esta emergencia son los países más ricos. Pero pueden estar avanzando hacia una equivocación mayúscula con su ceguera egoísta.

La lógica de “sálvese quien pueda” está inmunizando individualmente a capas de población crecientes de los países ricos. Pero eso no significa que vamos en la dirección correcta de alcanzar la ambicionada “inmunidad de rebaño” en el mundo como un todo. La revista The Economist que viene publicando semanalmente una serie de excelentes informes sobre la pandemia ha puesto de presente además cómo la indiferencia de los países más opulentos está cocinando el caldo para que se pelechen las nuevas cepas, más agresivas aún que las primeras. Y que pueden filtrarse de un país a otro con facilidad pues no conocen puestos aduaneros que las detengan. El coronavirus no reconoce fronteras.

Infortunadamente las voces que en un comienzo se escucharon reclamando que las vacunas contra la pandemia no podían quedar protegidas por desuetas normas de patentes privadas en favor de los grandes laboratorios, sino que eran un bien público universal, se han apagado. Comenzando por la del papa Francisco que alertó desde la primera hora que, por ser un problema mundial, lo lógica con que se manejara la pandemia debía ser también una lógica universal y solidaria. En la que los medicamentos no podían ni producirse ni distribuirse bajo la ley de hierro del capitalismo salvaje.  Esas voces no han sido escuchadas. Y las cosas siguen avanzando bajo los parámetros fríos e inflexibles del “laisser faire, laisser passer”.

En la reunión del G-7 los países más ricos, quizás porque empieza a remorderles la conciencia o tal vez porque están comprendiendo que sus lógicas obtusas de buscar a toda costa una autarquía sanitaria nacional mal entendida no están haciendo otra cosa que alejarlos a ellos también de la ambicionada “inmunidad de rebaño”, se comprometieron a dar algunas migajas a través del pool de vacunas de la OMS para los países pobres. Es algo, pero no es suficiente.

Nunca como ahora se había necesitado de tanta lucidez colectiva en la lucha contra la pandemia. Ojalá los países más ricos lo comprendan pronto. Antes de que sea muy tarde.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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Amylkar D. Acosta M.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como lo avizoró oportunamente el ex presidente de El Cerrejón Guillermo Fonseca “el carbón está en declive y la compañía está sufriendo” y lo que es más grave, estamos “en el lado equivocado del Canal de Panamá” por donde toca transitar para llegar al último reducto de nicho de mercado que le está quedando al carbón, que es el mercado asiático, en donde nuestros carbones no son competitivos por los altos fletes. Y fue más lejos en sus malos presagios, al señalar que estamos ante “una contracción estructural”, advirtiendo además que  “en los próximos 5 años la demanda de carbón del mercado del Atlántico (Europa, Mediterráneo y las Américas) y que es nuestro mercado natural se va a contraer a la mitad”.

Los hechos son tozudos, estamos en presencia de una realidad incontrastable, una reconfiguración del mercado que no favorece los carbones de Colombia. Huelga decir que con la firme decisión de  China, anunciada en la Asamblea de las Naciones Unidas por su Presidente Xi Jinping,  de reducir sus emisiones y de lograr neutralizarlas hacia el 2060 y avanzar en su “revolución verde”, también allá terminarán más pronto que tarde en darle la espalda al carbón. En ello no habrá marcha atrás.

En este contexto y con estos antecedentes no sorprende la decisión tomada por la multinacional Glencor de abandonar sus operaciones, después de haberlas suspendido temporalmente y devolverle el título minero de Calenturitas y La Jagua en el Departamento del Cesar por parte de su filial PRODECO a la Agencia Nacional Minera (ANM), al considerar que “el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable”.

Este hecho, que estuvo antecedido por el cierre de las minas de El hatillo y La francia, en el Paso (Cesar) por parte de la multinacional Colombian Natural Resources (CNR), no es un asunto menor y obliga a encender todas las alarmas, porque no se auguran tiempos mejores para el carbón. Estamos hablando de la tercera empresa productora/exportadora de carbón, participando con el 25%, con 15.3 millones de toneladas en 2019, sólo superada por Drumond y El Cerrejón, de la cual su matriz Glencore posee el 33.3% de participación accionaria.

PRODECO, además, es la segunda empresa en generación de empleo en el Cesar, después de DRUMOND, con 4.500 operadores, de los cuales 1.200 son por contratación directa. Tanto el Departamento, como los municipios de La Jagua y Becerril, que recibieron en el bienio 2019 – 2020 $65.000 millones y $15.000 millones, respectivamente, verán menguados sensiblemente sus ingresos. Su impacto se sentirá también en el resto del país, toda vez que el Sistema General de Regalías (SGR) dejará de recibir $357.000 millones/año, aproximadamente, al tiempo que el fisco nacional verá reducido su recaudo por concepto de impuesto a la renta al no haber lugar a ella.

Hay que ser conscientes de que esta en curso una estampida de las principales empresas carboníferas, de la banca y de los fondos de inversión, que están abandonando  y desinvirtiendo en esta industria y que esto no es algo aislado ni coyuntural. Es muy diciente que los tres socios del consorcio de El Cerrejón, la australiana BHP Billinton, la suiza Glencore y AngloAmerican del Reino Unido están partiendo cobijas con el carbón, desmarcándose del mismo.

La primera de ellas en romper fila, presionada por sus inversionistas, fue la Billinton, la empresa minera más gigante del planeta, para adherirse al Acuerdo de París, al decidir  reconocer el Cambio climático y manifiestar su “renuncia al Carbón”. Además, se retiró de la Asociación Mundial del Carbón por su discrepancia insuperable con respecto a la política a seguir contra el calentamiento global.

Fueron varios los fondos de inversión europeos, los que le sugirieron a la minera angloaustraliana su salida de El Cerrejón. Por su parte Glencore, con sede en Baar (Suiza) resolvió “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas esenciales para la Transición energética”. Y la AngloAmerican no se quedó atrás, a finales del año pasado resolvieron apartarse de las operaciones de carbón térmico tanto en Colombia como en Sudáfrica en 2023, que está a la vuelta de la esquina.

Nada menos que el Fondo soberano noruego, el más poderoso del mundo, receptor de los enormes rendimientos provenientes de los yacimientos de hidrocarburos del país nórdico, vetó las inversiones en Glencore y Angloamerican por su exposición en la industria del carbón. Como si lo anterior fuera poco, el Banco Mundial desde el año pasado cerró todas las lineas de crédito para el financiamiento de proyectos de exploración y explotación de carbón, petróleo y gas. Es claro, entonces, que los bancos y los fondos de inversión están en retirada de las energías de orígen fósil. Estamos, pues, notificados sobre lo que se le viene a Colombia pierna arriba y en consecuencia se deben tomar las acciones y las previsiones para no dejarnos sorprender.

Barranquilla, febrero 27 de 2021

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

 

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*.-Antes de leer el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coloqué en la lupa de búsqueda la palabra “narcotráfico”, solo para constatar su falta de “sentido de realidad” y de objetividad.

Apenas en dos ocasiones alude marginalmente a que las violaciones de derechos y, específicamente, los asesinatos de defensores, que la ONU adjudica a “presencia insuficiente del Estado”, ocurren en municipios con economías ilícitas (96%) y donde existen “enclaves de producción de coca”, identificados por su oficina contra la Droga y el Delito.

Vaya arrogancia. La ONU descubre el agua tibia sobre la causa de la violencia, pero “pasa por encima” y no hay una sola palabra en sus recomendaciones sobre erradicación del narcotráfico. Tampoco es descubrimiento identificar los municipios cocaleros; Colombia los conoce porque en ellos pone los muertos del narcotráfico, desde que Santos, por exigencia de las Farc, de Maduro en Venezuela y Correa en Ecuador, dejó el país infestado de coca.

Indignante la distinción entre “grupos criminales” y “grupos armados no estatales”, que incluyen a las disidencias y al ELN. Así que, para la ONU, las disidencias y los elenos ¡no son criminales!, sino “armados” para una revolución que parece justificar; una concepción que explica la presión para dialogar con los narcoterroristas que, además de su alianza con Maduro y su plan pistola contra la Policía, asesinaron a 22 jóvenes en 2019, pero aun así la ONU no los considera un “grupo criminal”.

Exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz, como si el Gobierno no lo estuviera haciendo y como si la pandemia no se hubiera tragado los recursos disponibles.

Pero hay más: Insta al Estado a establecer presencia fuerte para contener la violencia y prevenir el control territorial por grupos armados no estatales y grupos criminales; pero no lo “insta” a perseguir al narcotráfico.

Urge a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a adoptar una política de desmantelamiento de organizaciones criminales, como si el Gobierno no la tuviera y tampoco tuviéramos Fiscalía.

Urge a los “grupos armados no estatales” a respetar el Derecho Internacional Humanitario, pero no “insta” al Estado a desmantelarlos. Una vez más, legitima la “lucha armada” de estos narcoterroristas y, frente a ellos, simplemente “valora positivamente cualquier negociación…”.

Llama al Estado a responder a las manifestaciones pacíficas con estándares internacionales, pero olvida que las manifestaciones en que el Estado responde no son “pacíficas”, sino infiltradas por vándalos pagados por oscuros y no tan oscuros intereses políticos.

Insiste en garantizar a indígenas y afrodescendientes autonomía y derecho al territorio, pero no menciona las inmensas extensiones que ya poseen, y no los “insta” a abandonar la violencia contra propietarios legítimos y la Fuerza Pública.

Urge al Estado a preservar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero no a las Farc a decir la verdad, devolver bienes y reparar efectivamente. Para la ONU, esa paz que no hemos visto justifica la más aberrante impunidad.

Insta al Ministerio de Defensa a castigar la violencia sexual en la Fuerza Pública, pero guarda silencio frente a las aberraciones impunes de las Farc.

Urge al Estado, insta a todo el mundo, se mete en todo, quiere cogobernar, mientras pasa la costosa factura que pagamos todos los colombianos. Pero Colombia no es una republiqueta, sino un país digno y soberano. Por ello, respetuosamente, “insto” al Gobierno a “pararle el macho” a los burócratas internacionales de una organización miope que perdió su norte.

¡Ah!, se me olvidaba; para terminar, la ONU “invita” al Estado a ratificar el Acuerdo de Escazú.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- En audiencia pública realizada en la Comisión Quinta del Senado, los voceros del gobierno de Duque se quedaron solos con su idea absurda de preferir gas importado a gas nacional, proyecto que además exige una inversión de 800 millones de dólares, que pagaremos con mayores tarifas entre todos los consumidores, residenciales e industriales, para costear la regasificadora del Pacífico y el oleoducto que exige ese negocio y que les reportará fuertes utilidades a sus encopetados promotores.

La decisión de traer gas extranjero, que además nos costará más que el producido en el país, golpeará a Ecopetrol –el mayor productor en Colombia– y a las empresas privadas del sector. Y en el debate salió a relucir un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que compromete al país a promover “facilidades de importación de gas natural licuado –que debe regasificarse– e infraestructura de oleoductos”.

De lo peor de ese día fue ver al gobierno dejando claro que le da igual importar el gas que producirlo en Colombia, teoría absurda que los neoliberales llevan tres décadas insuflándonos a los colombianos y que por supuesto no practican quienes mandan en los países capitalistas desarrollados que controlan al FMI y la OCDE. En mi intervención expliqué que el notable desarrollo de esos países se explica porque producen, producen y producen, en tanto que los capitalismos subdesarrollados, como el de Colombia, lo son porque importan, importan e importan lo que podemos producir y ni siquiera sueñan con sustituir importaciones.

A manera de ejemplos, desde la apertura, las importaciones agropecuarias pasaron de 500 mil a 14 millones de toneladas y siguen creciendo. En 2020 las compras de leche en polvo extranjera y derivados llegaron a 73.663 toneladas y en 2021 sumarán 300 mil las de arroz, otros productos condenados por los TLC a desaparecer en pocos años. Tuvimos razón quienes dijimos que el “libre” comercio ocultaba el ventajismo subsidiado de las trasnacionales, empacado en charlatanerías populistas que nunca resistieron ni el menor análisis.

La secta neoliberal también impuso como otra genialidad acabar con la producción de vacunas en Colombia –que se fabricaban de alta calidad y costos módicos–, haciendo de parlante a otro organismo controlado por las potencias pero disfrazado de internacional. Y ahí están el gran retroceso de la farmacéutica instalada en el país y el empleo perdido, Duque sometido a unas trasnacionales abusivas que cobran lo que se le da la gana por sus vacunas, no cumplen con las entregas y exigen contratos secretos, a pesar de saberse que toda corrupción empieza con pactos de silencio.

Cómo olvidar a doña Marta Lucía Ramírez llamando a los industriales de las confecciones a invertir en maquinaria e insumos para fabricar tapabocas. ¿Y qué pasó? Pues que perdieron plata y hasta se quebraron porque, a la par con la demagogia, el gobierno facilitó que las importaciones de tapabocas chinos aumentaran en cuatro mil por ciento entre el 2019 y septiembre de 2020 –de 8,7 a 363,4 millones de dólares–, inundación de trabajo y producción extranjera que pudo evitarse con los mayores aranceles que autorizan las normas de la OMC. En irritante contraste, Duque aprovechó su viaje a Beijing para presentar como gran cosa que es probable que nos compren unos aguacates.

Verdades como estas no impiden que los mismos con las mismas, ahora de duquistas, echen cuentos sobre el gran amor que les profesan a los empresarios, las empresas y la economía privada, a pesar de que nunca los han defendido y promovido en serio porque han gobernado en su contra, como lo prueba el profundo y detestable subdesarrollo del capitalismo colombiano. Y a la falacia de un respaldo que no pueden probar, le suman atacar a quienes exigimos que en Colombia se cree riqueza y empleo en grande dentro de la economía de mercado, a partir de no aplicar más unas recetas que provocan resultados contrarios a los que prometen y que tienen la terquedad de mantener porque benefician a las trasnacionales y a sus intermediarios.

¿O se atreven a decir en público que ellos sí han gobernado muy bien porque los TLC son maravillosos para los colombianos y que los culpables del desastre de atraso, subdesarrollo, desempleo, pobreza, hambre y desigualdad del país, al igual que la gran corrupción que estos incuban, son los empresarios y los trabajadores porque son perezosos y no les gusta trabajar o porque padecen de alguna minusvalía mental?

Bogotá, 26 de febrero de 2021.

*Senador de Colombia

@JERobledo

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Gabriel Ortiz

Hace un año, cuando empezaban a morir los primeros habitantes del planeta a causa de una “gripita”, como la denominaron despabilados dirigentes acostumbrados a engañar a sus pueblos para salvar su prestigio y ganar elecciones, hubo gente pensante que vio lo que venía.

El gran periodista colombiano, Silverio Gómez, salido milagrosamente del ya amenazante coronavirus, escribió y advirtió que este mundo no sería igual después de la amenazante pandemia.

Con gran velocidad, el mal de siglo XXI, mostraba sus garras y se apoderaba de la vida de nuestros semejantes, sin miramiento alguno. La economía del planeta se movía peligrosamente hacia la crisis. El PIB de todos los países se desplomaba por el desempleo, la caída del consumo, de la producción y demás fenómenos. Gentes y dirigentes pensantes, como el secretario la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, advirtieron sobre la hambruna que ya se observaba y empezaron a trabajar en ello. No hubo mucho acompañamiento de quienes tenían en sus manos la conducción del mundo. Empezando por Trump, aplicaron frivolidad al tema, buscando ganar imagen y elecciones. Otros vieron pasar los días, con sus noches desinformando a su gente.

Cada 24 horas, se agudizaba la situación, mas no la preocupación. Lo único que se multiplicaba, era el inmenso grupo de consejeros y asesores, que ensayaban lo que no estaba inventado y no inventado. Desde mayo, países como Chile, tomaron la cosa en serio, mientras otras naciones, como Colombia, creían que con lábiles programas vespertinos de televisión, iban a “asustar” al, ya imbatible, covid-19, cuyas víctimas, eran sepultadas en ataúdes de cartón.

En nuestro medio, la frivolidad nos arropó. Escaseó la planeación certera y adecuada. Nadie sabe en qué se entretuvieron los miembros de los flamantes “comandos centrales”, mesas de trabajo y organismos encargados del asunto. La aparición de las primeras vacunas, no le movieron la aguja a la pléyade de estorbos humanos que rodean al Presidente. Todo se nos atrasó en el mayor oscurantismo.

No hubo, ni ha habido planeación. Ni en la compra de vacunas, ni en el ejército de vacunadores que necesitábamos, menos en la atención económica a la empobrecida y desnutrida población, mientras el personal médico no recibe salario. Muchos consideran que esta emergencia “le quedó grande al gobierno y a la legión de asesores, hecho contrario a la solidaridad que florece y se multiplica entre la cada vez más diezmada población sobreviviente”.

Los anunciados apoyos gubernamentales, se han quedado en publicidad engañosa, mientras el “monstruo” de una reforma tributaria estilo Carrasquilla, saquea minuto a minuto la poca tranquilidad de los colombianos. Solo los “innombrables” de Margarita Rosa, pueden oxigenarse a sus anchas, fuera de los respiradores de las UCI, mientras el 70% de nuestra población experimenta asfixia, soporta el covid y la total desnutrición.

BLANCO: Solo con renta mínima o auxilio de emergencia podrán sobrevivir los colombianos.

NEGRO: La nefasta fábula de Zapateiro sobre las víboras y las iguanas. Y nada ha pasado.

Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Paloma Valencia

Por Paloma Valencia*.- Con el fallecimiento de Herbin Hoyos empieza a morir la verdad. Sin su voz y su fuerza muchas atrocidades cometidas por las FARC hubieran quedado sepultadas en esta carrera que llevan algunos sectores del país para presentarnos los crímenes del narcoterrorismo de la manera más aséptica posible.

Fue Herbin y las organizaciones de las que él hacía parte quienes develaron la esclavitud sexual a la que las FARC sometían a los niños y niñas que reclutaban. El liderazgo de Herbin sirvió para que FEVCOL presentará 4 informes ante la JEP donde se documentaron miles de reclutamientos de niños, múltiples casos de esclavismo sexual. Además, apoyó el trabajo para descubrir las trampas de la JEP en Dabeiba creando falsos “falsos positivos”, encontrar fosas comunes de las Farc y recuperar muchos colombianos desaparecidos. Coadyuvó para interponer acciones contra las Farc en la Corte Penal Internacional.  Ese reclamo que le hizo Herbin al presidente Santos aún queda por resolver: 570 secuestrados por las Farc que no aparecieron después de la firma de la Habana. Ojalá la JEP se dignara examinarlo, como tantas otras cosas…

Herbin fue un hombre sin miedo. Un héroe en una tierra donde los valores se han tergiversado. Herbin debería ser un personaje muy grande para Colombia, y sin embargo, lo suyo fue el camino de las adversidades. Mientras muchos que posan de defensores de derechos humanos, sin haber dado siquiera tres pasos del largo camino recorrido por Herbin, disfrutan de recursos nacionales e internacionales para sus causas; las de Herbin fueron austeras, luchadas, como él decía, con las uñas.

Su muerte me duele por él, que tenía tantos planes, por su familia y sus amigos que pierden un gran ser humano, pero me duele sobre todo por las víctimas y por Colombia. En esta patria donde nos falta tanto valor y valores perder un valiente deja una gran herida.

Herbin supo reconocer el dolor humano, alentar a las víctimas a hablar, cuando este país ha vivido silenciándolas. En muchos sentidos fue su voz, su micrófono, su determinación los que le permitieron a muchas víctimas salir del ostracismo en el que los sume la violencia. Su propósito tiene que continuar. Debemos rescatar a las víctimas, devolverles su voz para que puedan contar lo que sufrieron. No importa quien fuera el perpetrador de la acción, Colombia debe pedir que todas las víctimas, todas, sean escuchadas. La voz es el símbolo de la denuncia, y es al mismo tiempo, la manera de dejar salir lo que está atrapado, de empezar a sanar.

Nota final: las declaraciones del “Ñoño” son escandalosas. Develan cómo se teje la corrupción. La escena de los funcionarios públicos negociando los contratos con las empresas privadas, cobrando coimas y enriqueciéndose en desmedro del progreso del país; es asquerosa. Me genera repulsión saber que esos dineros se usaron para alterar el resultado electoral de la elección presidencial. Se compraron los votos que hacían falta para ganar. Le robaron a Oscar Iván Zuluaga la presidencia, y a Colombia la oportunidad de haber reconducido el rumbo, cuando los daños eran menores. Dejen hablar a Ñoño que tiene todavía mucho que decir, como lo anunció. Informen al país en qué consiste el preacuerdo de Prieto con la Fiscalía sobre el que todavía no conocemos resultados. Que se investigue y salga todo a la luz.

Bogotá, D. E, 26 de febrero de 2021

*Senadora del Centro Democrático.

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Una grieta con interrogantes emerge en las huestes uribistas que inquietan tras el informe de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sobre los mal llamados Falsos Positivos: ¿qué tanto se afecta el proyecto político de Álvaro Uribe de cara a las elecciones del 2022? ¿Será la estocada final a un proyecto político, el Centro Democrático, que acaudilla el expresidente? 

Sin duda, fue un mazazo inesperado que dejó enajenado al expresidente. Tras el impacto que le provocó el auto de la JEP reaccionó para calificar de “sesgado” el informe y contraargumentó (que su único objetivo es) “descreditar a mi persona”. Sintió la estocada 6402 veces. No se trata de un golpe bajo como pretende Uribe mostrarlo a la opinión; al contrario, en las 38 páginas se hace una minuciosa descripción de una investigación rigurosa y sustentada que no da lugar a dudas.

Uribe fue víctima de su propio invento. Su obsesiva sed de venganza contra las FARC lo  sacó del contexto de un buen gobernante para, sin medir las consecuencias, traspasar sin miramiento alguno el respeto de los Derechos Humanos; entonces echó mano de la medida más atroz que a ningún dictador se le hubiera ocurrido: las ejecuciones extrajudiciales. Lo importante eran los resultados en número de muertos. Esa era la golosina de una estrategia para mostrar secuelas frente a una lucha sin cuartel contra las guerrillas para que la opinión pública, en complicidad con los medios de comunicación, la comprara cándidamente: logró movilizar a millones de colombianos a favor de su Seguridad Democrática. Eso le permitió, ladinamente, cambiar la Constitución Política para hacerse reelegir.

Quiso el gobierno de la Seguridad Democrática hacer de sus hábiles tácticas algo invisible, pero nada queda oculto bajo tierra y los muertos flotan así los entierren quinientos metros bajo tierra. Una directiva del ministerio de Defensa, que Uribe conocía (ningún presidente habló tanto con los militares como yo), emergió de la opacidad oficial y reveló que establecía premios, permisos y beneficios si los militares presentaban buenos resultados a sus superiores en el combate. Su estrategia fue tan elocuente que instituyó el mote de “héroes de la patria”, para poner en la cresta de la ola al Ejército, los ejecutores de su cruel maniobra.

De esa estrategia que lo puso en la gloria, hizo su propaganda política que lo ungió como el mesías, el hombre en quien confiar, la figura adecuada, el político ideal más allá de los razonables argumentos. Pero de ese Uribe no queda nada, todo se desvaneció 6402 veces. Él lo sabe y por eso se defiende como gato patas arriba.

La superioridad moral con la que el expresidente siempre se expuso al escrutinio de los colombianos, quedó literalmente deshonrada y su proyecto político debilitado ante la opinión nacional. Con qué argumentos el candidato que diga Uribe va a la plaza pública a defender una propuesta sobre la cual pesa el señalamiento que durante seis de los diez años de su gobierno (2002-2010) 6402 ciudadanos inocentes, muchos de ellos con incapacidad mental y humildes muchachos de barriada, fueron llevados al paredón frente a un pelotón de fusilamiento de agentes del Estado, en este caso el Ejército.  

Uribe, como Hitler con los alemanes, se propuso dominar el pensamiento y el sentimiento de la mayoría de los colombianos, pero fracasó. Hoy cualquier éxito de su gobierno en otros asuntos quedó opacado 6402 veces. Ya no es un estigma, es una realidad de la que tendrá que dar explicaciones en cualquier foro donde se exponga. Su discurso no podrá ser el mismo, porque no es creíble.

Con la decisión de la JEP Uribe comprendió que es terrenal, por tanto es un hombre de carne y hueso que tendrá que responder ante la justicia; ahora, si insiste en la política  se encontrará con un sendero contaminado y atiborrado de espinas; sobre su conciencia pesará por el resto de su vida la punzante cifra de 6402 almas inocentes asesinadas durante su nefasto gobierno de ocho años; gobierno para no recordar, pero, sin duda, para no olvidar.

@jairotevi

 

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