Giovanni Décola.-Celebro que el Consejo de Estado haya declarado la nulidad de la elección del Señor Procurador Alejandro Ordoñez, para un segundo mandato al frente del Ministerio Público.

Deploro que el garante de la sociedad civil haya hecho uso de todas las artimañas posibles, para dilatar el decurso del proceso, que según las voces de nuestra Constitución Política, tiene un término de seis meses para ser fallado cuando se trata de una sola instancia, como es el presente caso. Duró cuarenta meses.

Lamento que Alejandro Ordoñez pretenda hacer ver su separación del cargo como una consecuencia de los acuerdos de la Habana, asociada a presiones indebidas del Gobierno y de las FARC.

Se va, porque su elección estuvo atada a maniobras torticeras de quienes lo nominaron en la terna para Procurador en clara contravía con el Artículo 126 de nuestra Carta Magna, que reza que los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados.

Eso fue precisamente lo que hicieron tres Magistrados de la corte Suprema de Justicia, que a pesar de tener familiares trabajando en la Procuraduría, votaron a favor de la postulación de Ordoñez, lo cual fue determinante para lograr la mayoría calificada de 16 Magistrados.

Igual ocurrió con numerosos senadores, pero como obtuvo 80 votos de 102, los mismos no tenían la capacidad para mutar el resultado electoral, por tal razón, no prosperó éste cargo.

En términos coloquiales, su elección fue producto de la corrupción y su separación del cargo, nada tiene que ver con presiones del Gobierno y menos de las FARC, que hasta donde se sepa, no tiene ninguna influencia en el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En hora buena se ha ido, quien convirtió su cargo en trinchera de la oposición uribista y arbitrario perseguidor de quienes pensaban distinto a sus retrogradas visiones del Estado. Jamás fue capaz de separar sus ortodoxas orientaciones religiosas con la objetividad e imparcialidad que debe ostentar quien presida el Ministerio Público.

Fue un grosero y pendenciero contradictor del Presidente de la República a quien por obvias razones le debía respeto y consideración.

Fue un frágil investigador de quienes profesaban las tesis uribistas o conservadoras, pero impecable perseguidor de los personajes de la izquierda democrática.

No fue un defensor de la familia, sino un activista de proclamas tercermundistas, que la Corte Constitucional ha equilibrado con sensatos y modernos criterios constitucionales que garantizan los derechos fundamentales de personas naturales que tienen una opción sexual diversa, y que por cuya orientación, jamás pueden ser discriminados.

No fue un gestor de paz como se lo ordena la Constitución; fue un prende fuegos de odios y rencores que en nada ayudan a la paz y reconciliación nacional.

Usó el cargo público de manera descarada, no solo para  intervenir en  política a favor de su partido Conservador y el Centro Democrático, sino para hilvanar su propia candidatura presidencial; en donde se dio el lujo de inhabilitar a posibles contendores (Gustavo Petro, Piedad Córdoba. Etc) y exonerando a los posibles aliados o adherentes como Vargas Lleras y un sin número de parapolíticos.

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Por: Ivan Diaz Mateus.- Quienes tienen reparos a los acuerdos de la Habana cuestionan principalmente la participación política, la justicia transicional y el tribunal de paz, y los beneficios económicos para los guerrilleros desmovilizados. Quienes defienden los pactos se aferran a la convicción de que la paz es un bien superior y una aspiración legítima de toda sociedad, mientras la guerra es inútil desgarradora y costosa.

 

No cabe duda acerca de que, en caso de implementarse los acuerdos, las Farc  se convertirán en un partido político que verá la luz con condiciones bastante favorables: cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara de Representantes.

 

Lo que si no está claro y genera dudas son las circunscripciones especiales que en el papel no van dirigidas directamente a las Farc pero parecen ser un espacio que solo ellos podrán copar, de ser así  asegurarían 16 curules adicionales en la Cámara; igualmente su partido accederá al 10% de la financiación estatal que se presupueste y está decidido que podrán manejar 31 emisoras comunitarias. En términos sencillos son prebendas políticas que recibirán a cambio de cesar la violencia.

 

Preocupa la justicia transicional que no es un tema extraño a otros procesos de paz, pues el riesgo de que delitos graves puedan quedar en una impunidad total o ser castigados con unas penas disfrazadas, se supone un mal precedente para las generaciones presentes y futuras cuyo temor a la ley y su respeto dependen de la capacidad del estado para sancionar los infractores.

 

De otra parte la creación de un tribunal especial que reemplazará la justicia ordinaria en lo penal y será conformado de una manera sui generis, con magistrados postulados por diversas instituciones, no refleja claridad en cuanto a sus competencias, su funcionamiento, su duración y el alcance de las decisiones que ha de tomar. Sacrificar justicia para obtener paz puede ser válido, pero suplantar justicia para consolidar paz deja muchas dudas.

 

Para muchos resulta difícil entender que el estado deba acoger a personas que antes se dedicaron a ejercer la violencia en todas sus expresiones (secuestro, asesinato, extorsión, narcotráfico), perdonarles sus delitos y además pagarles un sueldo durante un tiempo determinado, siempre y cuando no tengan otro trabajo remunerado, esto con el fin de que se reincorporen de manera amable y con alguna seguridad económica a la vida normal. Otro costo de la paz difícil de entender.

 

Solo esas tres cosas le bastarían a cualquiera para pronunciarse en contra de los acuerdos. Pero como en todo hay que hacer un balance, si la paz se consolida y resulta estable y duradera nos ahorraremos mucho más de lo que nos cuesta en vidas humanas, personas mutiladas e incapacitadas, tierras improductivas, destinos turísticos imposibles de visitar, inversiones foráneas que no llegan, hombres y mujeres armados en la defensa del estado, estigmatización internacional por cuenta del narcotráfico y la violencia, dotaciones, municiones y equipos de guerra, ingobernabilidad en muchos lugares de Colombia, desconfianza para crear empresa, y en general todo lo que significa que una guerrilla, con los métodos más impredecibles y sangrientos, esté amenazando a diario a toda la población indefensa e impotente que soporta casi siempre las consecuencias de la barbarie y la irracionalidad.

 

En esto llevamos 50 años. Si usted como yo considera  que ésta es una buena ocasión de parar vote SI al plebiscito, muy a pesar de que muchas cosas como las acordadas nos causen desazón. Todos merecemos una oportunidad y dársela a  la paz probablemente sea difícil y arriesgado, pero hay que hacerlo.

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Por Diego González.-El procedimiento Fast Track utilizado en los Estados Unidos para la negociación rápida de tratados comerciales, mediante la delegación de facultades que confiere el Congreso al Ejecutivo, data de la sección 102 de “The Trade Act of 1974”, en virtud de la cual se autorizó al Presidente para entrar en acuerdos recíprocos hasta 1980, desde esa fecha, el ejecutivo puede negociar directamente acuerdos comerciales mediante este procedimiento, sujetándose solamente a la consulta permanente con el Congreso, este a su vez, se obliga a aprobar los cambios que sean necesarios a la legislación nacional para la implementación de los tratados en el ámbito doméstico, lo que la propia ley denominó “Implementing legislation” .

En el contexto interno Colombiano, el Congreso de la Republica deberá tramitar un paquete de leyes bajo el procedimiento “Fast Track”, es decir por la “vía rápida”,  para garantizar que todo lo pactado en la Habana haga parte del ordenamiento jurídico colombiano y sea incorporado al bloque de constitucionalidad.

Ahora que ya se produjo la firma del acuerdo final, se incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial”, el cual  se desarrollará mediante una ley ordinaria que se debatirá en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y la Cámara, y luego en las plenarias de ambas Cámaras.

En principio alrededor de 12 iniciativas van a ser radicadas en el Congreso la semana siguiente a la votación del plebiscito por la paz, para que sean tramitadas bajo este procedimiento, entre las cuales se destaca el acuerdo especial que se desarrollará bajo los protocolos de Ginebra.

Sin lugar a dudas, el “ Fast Trak” es el único procedimiento que le permite al Gobierno nacional aprobar de manera expedita y maratónica todo lo acordado, además lo dota de facultades que normalmente no ostenta y que requiere para culminar con éxito su labor en favor de la construcción de la Paz, como por ejemplo, tener mayor poder para impulsar el trámite legislativo y la exclusividad de los contenidos de los textos normativos que han de ser aprobados por el Congreso, la facultad para establecer la primacía del trámite de estos actos normativos sobre el trámite de cualquier otra iniciativas, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para la discusión de las mismas y finalmente y más importante el poder de veto Presidencial de las modificaciones que sean que sean introducidas por el Congreso durante el trámite Legislativo.

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Por . Tomado de The NY Times en español.- Cuando Felipe Calderón llegó en 2006 a la presidencia de México, un país ya convertido en epicentro de los grandes carteles de la droga, le dijo a los mexicanos: “Si se preguntan si las cosas pueden cambiar, la respuesta es sí. Y van a cambiar para bien”. Para cumplir su promesa mandó a las calles al Ejército, y se lanzó a una guerra frontal contra el narcotráfico.

Las cosas, en efecto, cambiaron.

El año anterior a su investidura, el índice de homicidios en México era de 9,5 por cada 100.000 habitantes. La cifra se duplicó y entonces el discurso oficial negó que hubiera víctimas civiles: los muertos de la Guerra contra el Narco eran solo los villanos (narcotraficantes) o los héroes (policías y militares que combatían contra ellos). Una década después, esta guerra se ha cruzado en la vida de demasiadas personas anónimas. Se calcula que ha provocado 150.000 muertos y unos 28.000 desaparecidos. La promesa de Calderón fue grandilocuente; su estrategia, simplista.

La lucha de los narcos entre sí y con el Estado se ha extendido. En lugares como Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, denunciar equivale muchas veces a una sentencia de muerte. En el Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango, Sinaloa), los habitantes de la sierra tienen que huir de sus comunidades por las amenazas de los sicarios. Ni siquiera los santuarios turísticos están a salvo. Acapulco es hoy la ciudad más violenta del país y una de las más violentas del mundo.

Aunque los mexicanos creyeran en la promesa de Calderón, la pregunta que subyacía era: ¿por qué tantas miles de personas se dedicaban al narcotráfico?

El narco es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones. Viajar por zonas deprimidas de México es entender que, en muchas de ellas, el crimen organizado es la única presencia constante, el principio y el fin de la realidad cotidiana. Allí donde no llega el Estado, o lo hace solo para corromperse o luchar contra el crimen, lo ilícito es en ocasiones la única fuente de trabajo. Para miles de mexicanos el tráfico de drogas es un ejercicio de supervivencia. Los eslabones más débiles de la cadena, como los cultivadores o las mulas, no suelen plantearse si lo que hacen está bien o mal. Solo trabajan en lo que pueden para subsistir.

La Guerra contra el Narco ha demostrado ser un rotundo fracaso. La droga continúa subiendo a Estados Unidos, el gran consumidor, y las armas regresan a México desde el norte, donde siguen causando miles de muertos. La persecución sistemática del narcotráfico ha desembocado en un buen número de detenciones, incluso algunas de grandes capos como Joaquín “el Chapo” Guzmán. Las cárceles, de hecho, se han sobrepoblado. Pero el 41 por ciento de los presos por delitos de drogas han sido arrestados solo por la posesión de sustancias con un valor menor a 500 pesos (unos 30 dólares).

Mientras tanto, el trasiego de cocaína continúa, y también la trata de personas, el tráfico de recursos naturales, la extorsión y las plantaciones de amapola. Según datos de la DEA, la heroína mexicana ya es la más consumida por los estadounidenses, por encima de la colombiana. En Guerrero, el mayor estado productor del país, 50 bandas criminales luchan por el control del territorio.

Si Calderón fue el padre de esta política, Enrique Peña Nieto, el actual presidente, es como el hijo adolescente que quiere romper con el padre pero calcando los gestos paternos que veía en la infancia.

Julio fue el mes más violento de toda su presidencia con 2073 muertos. Hay que remontarse hasta el verano de 2011, el año más sangriento bajo el gobierno de Calderón, para encontrar una cifra similar.

Diez años son suficientes para tener perspectiva y ensayar otras soluciones. Empezar por despenalizar la posesión para el consumo personal sería un buen primer paso: aliviaría un sistema de justicia colapsado, aplacaría los incentivos de los policías para hacer detenciones y estos podrían centrar sus esfuerzos en apresar a aquellos traficantes que realmente atemorizan a los ciudadanos con el uso de la fuerza, no a los consumidores.

El gran giro de la política de Peña Nieto ha sido su apoyo al uso medicinal de la marihuana, una acción necesaria pero insuficiente. Mucho más si se compara con otras iniciativas en la región.

En los últimos años Colombia ha suspendido las fumigaciones de plantaciones, ha impulsado un plan nacional de sustitución de cultivos y el presidente Juan Manuel Santos decretó la regulación de la marihuana con fines medicinales; en Costa Rica, un país sin Ejército, se ha implementado un programa de reducción de daños; en Jamaica se han aprobado leyes para el uso tradicional y medicinal del cannabis; desde 2009 la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la punición a la tenencia de drogas, y Uruguay ha regulado la producción, distribución y uso de la marihuana.

México tabula las cantidades de droga que alguien puede poseer sin que se considere que podría estar traficando. Pero esa tabla no se ajusta a la realidad de los consumidores (por ejemplo, alguien solo puede llevar cinco gramos de marihuana). Si bien las políticas de drogas deben atender a las características de cada país, la descriminalización de los consumidores debería ser una base común.

Desde hace más de 15 años Portugal despenalizó la tenencia de drogas para uso personal y creó un sistema para la reducción de daños y la reinserción social. El consumo de cannabis sigue estabilizado, el número de adictos a la heroína ha bajado un 70 por ciento, y las muertes por sobredosis también se han reducido. Holanda, con su sistema de cafeterías, ha creado una fuente de trabajo legal alrededor del cannabis y, en parte, gracias a no perseguir a los consumidores, se ha quedado sin presos. En los últimos años varias cárceles holandesas han cerrado por la falta de delincuentes. El consumo de drogas —de todas las drogas— es un problema de salud, no penal. Y así debería ser tratado.

La Guerra contra el Narco como solución a la problemática en México ha sido una enfermedad mucho peor que la propia enfermedad. Diez años en estado de excepción, con el ejército inmune a las investigaciones sobre sus responsabilidades, ha probado ser otro fracaso.

Para que las cosas cambien realmente, el gobierno debería devolver las acciones antinarcóticos progresivamente a la autoridad civil. Después de esta década de luto, de matanzas sin castigo, de corrupción en las autoridades, es necesario pensar una política integral que visualice al narcotráfico más allá de un combate entre héroes y villanos. En medio de estos extremos, la sociedad se ha tenido que adaptar a una situación de violencia permanente. La despenalización del consumo no arreglará un problema tan arraigado en el país, pero ayudará a que los mexicanos distingan la droga de la Guerra contra el Narco. Los consumidores de los narcotraficantes. Es el primer paso para aceptar que otra solución es posible.

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osé Luis Pardo Veiras es periodista independiente y coautor de "Narcoamérica: de los Andes a Manhattan, 55.000 km tras la ruta de la cocaína".

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Por Jorge Gómez Pinilla.- Esta es una de esas columnas difíciles de escribir porque trata sobre cosas sucias, pero constituye un deber con la Historia contarlas, para que quede huella imborrable de la ignominia.

De un tiempo para acá se ha desatado por las redes sociales una demoledora campaña de propaganda negra orientada a confundir a la población, que centra su accionar en utilizar a figuras públicas de inmenso reconocimiento, a las que se les ve manifestándose a favor del NO en el plebiscito.

Primero fue el caso de Juanes, y detrás de este se han venido con una lluvia de basura que no respeta prestigio ni valía. Juan Gossaín ya ha sido utilizado dos veces, y en esta segunda ocasión fue con una diatriba en la que arremete contra Santos diciéndole cosas como “No es desconocido que usted perteneció a los grupos alzados en armas, como el ‘Comandante Santiago’. ¿Es usted sí o no Señor Presidente el comandante e ideólogo de las FARC?”.

A Pirry lo acaban de usar sosteniendo entre sus dedos un letrero a favor del NO, por lo que le tocó salir a explicar con un video lo que decía el letrero original antes del montaje.

Y en días recientes circuló por Whatsapp entre empresarios de Santander un documento que luego se viralizó en redes sociales, atribuido a la historiadora Diana Uribe, donde la supuesta autora pretende desmontar “seis sofismas basados en premisas falsas”, y del que cito la cuarta: “Es que a las FARC no las hemos podido derrotar: Falso. Estaban derrotadas y escondidas en madrigueras como ratas y reducidas a su mínima expresión gracias a la seguridad democrática. Resucitaron y se fortalecieron con una política de mano tendida y apaciguamiento en este gobierno”.

Ya Diana Uribe desmintió la autoría de ese libelo, pero no sobra aclarar: las FARC no estaban derrotadas sino golpeadas, y fue precisamente por los golpes que recibió de Uribe y de Santos (o ¿quién les mató a su comandante Alfonso Cano?) que se sentaron a negociar. Pero ese no es el tema que nos ocupa, sino comprobar escandalizados que los ‘creativos’ del uribismo en su desvergüenza se metieron hasta con la persona que más conoce de conflictos armados en otras latitudes, y que asumió como propia la causa de contribuir a afianzar la reconciliación nacional con videos como este, titulado “Dejemos de matarnos: el espíritu del acuerdo de paz”.

Y faltaba ‘la tapa’, como dicen las señoras, con el montaje que le hicieron a Nairo Quintana después de que, tras alcanzar el liderato en la Vuelta a España, publicó una foto con su esposa y bebé en brazos portando un letrero que dice “Colombia, SÍ a la paz”, el cual cambiaron por uno donde se lee “Digo NO al plebiscito y a la falsa paz”.

Las fuerzas oscuras del uribismo están apuntando a la yugular de la paz, sembrando confusión. Todos los días sabemos de casos que muestran a figuras notorias expresando mediante montajes su apoyo al NO o su rechazo visceral al gobierno Santos, y no se ha sabido de nadie del Centro Democrático ni de la Procuraduría General de la Nación que hayan condenado dicha campaña de propaganda sucia, por una sencilla razón: porque son sus directos beneficiarios.

Detrás de la fabricación de tantas toneladas de basura debe haber legiones de personas contratadas para trabajar desde las alcantarillas de la red, y su accionar recuerda los oscuros vínculos que se conocieron entre la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia y el hacker Andrés Sepúlveda, cuyas confesiones condujeron a la orden de arresto para el ‘asesor espiritual’ del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, la cual acaba de ser ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pero no se pudo hacer efectiva porque el sujeto siguió la misma recomendación que en su momento recibiera Andrés Felipe Arias: huyó a Miami.

Hoy en la campaña por el plebiscito la trama se repite de manera casi calcada, y de ello da cuenta un trino del escritor Héctor Abad Faciolince: “¿Han notado que hay un nuevo ejército de trollers contratados por el No? Todos tienen entre 3 y 30 seguidores. Moscas que zumban”. (Ver trino). Que zumban entre la ‘mierda virtual’ que ellos mismos producen, si se me permite el atrevimiento.

Hablando de cosas sucias, en días recientes se conoció un video donde aparecen los expresidentes Álvaro Uribe adelante y Andrés Pastrana detrás suyo haciendo la ‘presentación en suciedad’ de su alianza a favor del NO. Valga decir que ahí la memoria traiciona a Pastrana, pues hace cuatro años decía de su ahora socio político cosas como esta: “Mis asesores están siendo llamados al nuevo gobierno, los de Uribe están siendo llamados a indagatoria” (Ver declaración). O como esta: “A mí explíqueme cómo Uribe se sentó con el narcotráfico, con el cartel de Medellín y con los paramilitares, y no le da la oportunidad a Santos de hacer un proceso con la guerrilla”. O como esta: “la llegada de José Obdulio Gaviria al Senado es un premio al narcotráfico”.

Si el que ha dicho esas cosas hoy se hace detrasito de su vilipendiado, tiene que ser porque es un hombre sin escrúpulos. ¿Y para qué se ubica como segundón a cubrirle la espalda a Uribe? Para escucharle al final del video hablar de su “preocupación por el peligro de Colombia al entregarle la Patria a las Farc, reflexionemos.” Y es cuando uno reflexiona, y la memoria traiciona de nuevo al hijo díscolo de Misael entregándoles a las FARC durante cuatro años una extensión de Patria dos veces superior al departamento de Santander. Y para colmo del absurdo: ¿cómo olvidar que Uribe llegó a la presidencia montado sobre el fracaso del proceso de paz del Caguán, liderado por Pastrana?

¿Será que estamos locos, Lucas? ¿O qué será lo que buscamos…? ¿Alguna cosa sucia, como por ejemplo impedir que Santos SÍ consiga la paz que nosotros NO alcanzamos?

DE REMATE: El eslogan de los partidarios de la ratificación del ‘Acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera’ debería ser ¡OBVIO SÍ!

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Por Jairo Gómez.- A un mes de su mandato, el fiscal Martínez comenzó a mostrar sus dientes: dos opiniones suyas sobre reimplantar la fumigación con glifosato y la suerte de los empresarios en la Justicia Especial de Paz, estremecen los Acuerdos de La Habana.

Llegan en el momento más inoportuno porque ensucian el debate en el que hoy convergen los colombianos, El Plebiscito que definirá el ‘Sí‘ o el ‘No‘ a los acuerdos suscritos en Cuba entre el Gobierno y las FARC.

Como bien lo asegura el jefe negociador, Humberto de la Calle, volver o no a asperjar glifosato vía aérea para erradicar los cultivos de hoja de coca no se pactó en La Habana, por tanto no debería provocar sobresaltos entre los miembros de la guerrilla, hasta ahí todo bien. Sin embargo, en la mesa se acordó la creación de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que será la autoridad competente para darle solución a los campesinos en materia de sustitución de cultivos, es decir, implícitamente se reconoció el fracaso de la fumigación. ¿Habrá tenido en cuenta este punto del acuerdo el Fiscal Martínez antes de lanzar su propuesta? ¿Por qué no esperar a que entre en rigor?

En rigor, lo dicho por Martínez Neira, es un mensaje de doble filo pues pone sobre la mesa cómo será la Fiscalía del Posconflicto. Si a lo anterior le sumamos las inquietudes manifiestas sobre los empresarios y el Tribunal de Paz, diseñado por la Justicia Especial de Paz, el mensaje deja entrever una participación activa y polémica en relación a sus actuaciones futuras. Lo acordado en Cuba es una realidad irrefutable, entonces qué sentido tiene poner entre dicho las investigaciones a los determinadores del conflicto. En este punto, tarde o temprano se sabrá la verdad sobre la participación activa de los empresarios en la guerra, cuál es el temor. Como dicen por ahí, los muertos flotan así los entierren 500 metros bajo tierra.

El fiscal Martínez picó en punta y sus reflexiones no son aisladas, buscan alinearse con las del vicepresidente Vargas Lleras, su mentor político. Este es un coctel que jugará duro en el 2018 y, desde ya, pone un manto de duda sobre el futuro de los acuerdos próximos a firmar, si el segundo al mando es elegido presidente.

Ahora bien, los campesinos que han padecido el conflicto mirarán con desencanto el volver al pasado de las fumigaciones con glifosato, químico responsable de la destrucción de la vida humana y animal. Está científicamente comprobado que el herbicida puede producir cáncer, malformaciones físicas y ser un agente generador del Síndrome de Down. ¿Votarán ‘Sí‘  los campesinos, después de la sugerencia del ente acusador?

Por fortuna, los Ministros de Justicia y Salud rechazaron la propuesta con los contundentes argumentos que se esgrimieron en el pasado y que sustentaron la suspensión de la fumigación de los cultivos ilícitos; pero al mismo tiempo honraron los Acuerdos de La Habana en materia de drogas, que ponen en el centro de la solución a los millones de campesinos que siguen a la espera de la presencia del Estado, que genera progreso, no represión.

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Por Amylkar D. Acosta M[1].- El Sumo Pontífice Pablo VI dijo en la Encíclica Populorum Progressio que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Por su parte el Papa Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Están en lo cierto y esa es la importancia que reviste el Acuerdo suscrito en La Habana: abre las posibilidades para la más profunda transformación política, económica, social y ambiental de nuestro país.

Es esta la oportunidad para el campo, por tantos años relegado al olvido, para que a quienes fueron despojados de su única heredad que era la tierra se les restituya, sin poner en riesgo, como se ha dicho tendenciosamente, la tenencia y la propiedad adquirida con justo título y buena fe. Para que hasta esa Colombia profunda, postergada y atrasada vuelva el Estado por sus fueros, a marcar territorio con su presencia, llevándoles oportunidades de progreso y de inclusión social y de esta manera empezar a corregir la desigualdad de trayectoria que agobia a sus moradores.

El Alto Comisionado para la paz Sergio Jaramillo acertó cuando afirmó que la paz es territorial y ello ha sido de buen recibo en las regiones, por razones obvias. En las regiones se abriga el temor de que el centralismo, que se resiste a desaparecer, perviva a estos cambios y a estas transformaciones y que al final tengamos que repetir con el poeta León De Greiff que “todo pasó sin que pasara nada”. Por ello, interpretando el querer de los señores gobernadores y las señoras gobernadoras, hemos sido claros y categóricos con el Gobierno Nacional en demandar un Nuevo trato. Esperamos de él que la implementación de los acuerdos se haga desde los territorios y no desde los escritorios, con un enfoque territorial, diferencial y diferenciado, que consulte la real realidad de las regiones.

También se le ha planteado al Gobierno Nacional la necesidad de integrar una Misión especial que permita avanzar en la ampliación, profundización y consolidación de la descentralización administrativa y encaminarnos hacia la autonomía territorial, prescrita en la Constitución Política. En este sentido aspiramos y esperamos que se concrete un acuerdo sobre los términos de un proyecto de ley de fortalecimiento territorial para la paz, que cree las condiciones para revitalizar la figura de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y avanzar en el propósito de que las regiones se puedan constituir como entidades territoriales (ET). Así mismo, se debe trabajar por parte de esta Misión en la expedición de un nuevo y actualizado Código de Régimen Departamental.

Finalmente y no por ello menos importante, queremos llamar la atención del alto gobierno sobre la circunstancia de que el verdadero desequilibrio de poderes en este país no es propiamente entre las ramas del poder sino entre el poder central y el poder de los entes territoriales. A lo largo de estos 25 años de la Constitución de 1991, a contrapelo de lo dispuesto por la Carta, se ha venido dando silenciosamente una descentralización disfuncional, delegándole funciones y competencias a los departamentos, pero sin transferirle los recursos necesarios y suficientes para asumirlas.

Y ahora, de contera, los departamentos tendrán que asumir nuevas y variadas competencias de cara al postconflicto, las cuales demandarán su financiación. Por ello, le hemos solicitado al Gobierno Nacional que, en ejercicio de las facultades conferidas al señor Presidente de la República por parte del Congreso se le introduzcan los ajustes necesarios al Sistema General de Participaciones (SGP) de modo que este responda a las nuevas realidades y retos a asumir. Igualmente, vemos en la anunciada reforma tributaria estructural la oportunidad para fortalecer los tributos territoriales y de esta manera arbitrarle mayores recursos propios a las regiones para que estas puedan asumir con éxito el rol que están llamados a cumplir  en el postconflicto.

Por todo ello saludamos el advenimiento de este nuevo escenario, el del post-acuerdo, que deberá pasar primero por el cedazo de la refrendación popular del Acuerdo final a través del Plebiscito próximo a convocarse. Y una reflexión final: para alcanzar la paz no basta con desarmar a las FARC también hay que desarmar los espíritus y, algo muy importante, desengatillar la lengua!

 Barranquilla, septiembre 3 de 2016

www.fnd.org.co

 [1] Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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Por Héctor Abad Faciolince. Tomado de El País. Foto: Alfaguara - Yo he entendido la historia reciente de mi país no a través de ninguna teoría, sino a través de las historias familiares. Cuando uno tiene una familia numerosa, la ficción es casi innecesaria: en una familia grande, todas las cosas han ocurrido alguna vez. Esas historias me permiten reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasa en Colombia, para luego tomar una decisión que es política, pero también vital, porque no está dictada por la ideología, sino por la imaginación: trato de pensar de qué manera podríamos vivir mejor, sin matarnos tanto, con menos sufrimiento, con más tranquilidad.

Para explicar por qué celebro y estoy tan feliz con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, voy a intentar reflexionar con ustedes a partir, otra vez, de una historia familiar.

Nunca sentí ninguna simpatía por las FARC. El esposo de una de mis hermanas, Federico Uribe (sin parentesco con el expresidente de Colombia), fue secuestrado dos veces por la guerrilla. La primera vez lo secuestró el Frente 36 de las FARC, hace 28 años, cuando él tenía 35. Once años después, otro grupo lo volvió a secuestrar; los muchachos que lo vigilaban en la montaña eran tan jóvenes que le decían “abuelo” a un hombre de 46. Federico no era, ni es, una persona rica. Tal vez tenía el apellido equivocado. Tampoco era pobre y no sería extraño que los muy pobres lo vieran como muy rico.

Mi cuñado (ahora excuñado, porque en todas las familias hay divorcios) tenía y tiene 120 vacas lecheras en un pueblo a 2.600 metros de altitud en el oriente de Antioquia. Después de un mes secuestrado y de pagar la “cuota inicial” del rescate para que lo soltaran, tuvo que seguir pagando lo que faltaba, en cómodas mensualidades, durante 36 meses más. La guerrilla, tan amable, le dio tres años de plazo para pagar. Ustedes preguntarán: ¿y por qué no acudía a la policía, al Ejército, a las autoridades del pueblo? Él les contestaría: “Permítanme una sonrisa”. En las zonas rurales de Colombia el Estado no existía; hay partes donde no existe todavía; cuanto más lejos esté la tierra de las ciudades principales, menos Estado hay. Si Federico no pagaba las cuotas, tampoco podía sacar la leche de la finca, y de eso vivía. Si no pagaba las cuotas, lo podían matar en la misma lechería. Si no pagaba las cuotas, le podían secuestrar a uno de sus hijos, mis sobrinos. En fin, en ausencia de un Estado que controlara el territorio y defendiera a los ciudadanos, no había otra que pagar. O hacer lo que hicieron otros finqueros: vincularse a un grupo paramilitar que los protegiera a cambio de una cuota mensual parecida. Federico Uribe no era de esos que se complacían en ver matar, y los paramilitares mataban sin preguntar. Además, los paramilitares habían matado a su suegro, a mi papá, y no era el caso de aliarse con otros asesinos.

Federico —acabo de llamarlo para preguntarle— va a votar no en el plebiscito sobre la paz. “Yo no estoy en contra de la paz”, me dijo, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel. Mientras me tuvieron secuestrado mataron a dos”. Yo lo entiendo, lo aprecio y no lo considero un enemigo de la paz, así no esté de acuerdo con él. No me siento con autoridad para juzgarlo y tiene todo el derecho de votar por el no. Pero, aunque lo entiendo, espero que él también me entienda a mí ahora que escribo que voy a votar por el sí. Entiendo su posición sobre la impunidad. Creo tener derecho, sin embargo, a decir que no me importa que no les den cárcel a los de las FARC, pues cuando el presidente Uribe hizo la paz con los paramilitares escribí un artículo en el que sostuve que no me interesaba que los asesinos de mi padre pasaran ni un día en la sombra. Que contaran la verdad, y listo: que los liberaran, que se murieran de viejos. Si no me creen, aquí pueden ver ese artículo, publicado en la revista Semana en julio de 2004: http://www.semana.com/opinion/articulo/una-cuestion-personal/66783-3.

De los 28.000 paramilitares que aceptaron desmovilizarse durante el Gobierno de Uribe, tan solo un puñado de ellos pagaron cárcel, y no porque el presidente lo quisiera, sino porque la Corte Constitucional lo obligó. Su proyecto inicial ofrecía impunidad total. El texto del Acuerdo de Ralito (el sometimiento de los paramilitares) nunca nos lo mostraron; a las víctimas de los paramilitares no nos llevaron a la zona de los diálogos para decirles en la cara el dolor que nos habían causado y para darles la bienvenida a la vida civil, como en mi familia hubiéramos querido hacer; tampoco se sometió el acuerdo con ellos a un plebiscito. Esto no es un reclamo, sino una comparación. Santos ha publicado el texto (larguísimo, farragoso, pero útil, del Acuerdo de La Habana); llevó a las conversaciones a grupos de víctimas (incluso a mí me invitaron, pero no quise ir, pues no me siento víctima ya); y ahora lo somete al veredicto del pueblo.

Si en el caso de los asesinos de mi padre yo estaba de acuerdo con un pacto de impunidad, con la única condición de que los paramilitares contaran la verdad y dejaran de matar, creo tener autoridad moral para decir que también estoy de acuerdo con el Acuerdo de Paz con las FARC, los secuestradores de mi cuñado. En el caso de las FARC, también acepto una alta dosis de impunidad a cambio de verdad. Tengan en cuenta además que por delitos atroces, entre los cuales se incluye el secuestro, no es cierto que en este acuerdo haya impunidad total. Los responsables pagarán hasta ocho años (si lo confiesan todo antes de que empiece el juicio) de “restricción efectiva de la libertad”, no en una cárcel corriente, sino en condiciones que el Tribunal Especial para la Paz decidirá. Y si la confesión ocurre durante el juicio, esos ocho años los pasarán en una cárcel normal. Y si no confiesan y son derrotados en juicio, la pena será de 20 años en cárceles del Estado.

Así que no estoy de acuerdo con mi excuñado, a quien comprendo y admiro y sigo queriendo igual, en que se haya firmado un acuerdo de impunidad total. Fue un acuerdo muy generoso con las FARC, sin duda, y ojalá la guerrilla hubiera aceptado pasar siquiera dos años en la cárcel, que es a lo que aspira Federico. Pero esto fue lo mejor que el Gobierno pudo lograr, tras cuatro años de duras negociaciones, con una guerrilla que no estaba completamente derrotada.

Cuando escribo para España, o cuando hablo con españoles, algunos esgrimen el ejemplo de ETA para decirme que el Estado no puede ser condescendiente con los terroristas ni puede perdonar. No creo que los casos se parezcan ni se puedan comparar. Las FARC nacieron en un país violento, muy desigual y muy injusto, lo que no las justifica, pero sí explica en parte su furor. La guerrilla de las FARC llegó a tener 20.000 hombres en uniforme; llegó a tomarse la capital del departamento (Estado) del Vaupés, Mitú. Ejerció control y dominio (como un Estado alternativo que impartía “justicia” y resolvía líos domésticos) en amplios territorios rurales.

Las FARC han sido una guerrilla despiadada, sanguinaria, sin duda. Una guerrilla que cree firmemente y con fanatismo mesiánico en la última religión del siglo XX, el comunismo marxista leninista. En la lucha armada, en su ideología, en sus actos de terror, creo que la guerrilla se equivocó de un modo atroz. Pero en más de medio siglo de desafío al Estado no ha podido ser derrotada por las armas. Colombia tiene el presupuesto de seguridad más alto de América Latina; tiene el Ejército más numeroso; gastamos en armamento lo que no nos gastamos en salud o educación. Tuvo un presidente, Álvaro Uribe, cuya mayor obsesión durante ocho años fue exterminar a la guerrilla que había matado a su padre. La debilitó mucho, las FARC quedaron en menos de 10.000 efectivos, pero tampoco la pudo derrotar. Su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, llegó al poder y, al verla debilitada, les volvió a ofrecer lo que todos los presidentes anteriores (incluyendo a Uribe) les habían ofrecido: unas conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Y Santos acaba de conseguir lo que ninguno de los presidentes anteriores consiguió: que las FARC se plegaran a dejar las armas y aceptaran convertirse en un partido político con garantías de seguridad e incluso con una mínima representación en el Congreso en las próximas elecciones.

En todas las familias hay uno que otro envidioso; se sienten celos aun entre los hermanos. Por eso entiendo tan bien, por eso me parece tan comprensible, tan humano, que los dos presidentes anteriores (Pastrana y Uribe) sientan celos porque Santos haya logrado lo que ellos buscaron sin conseguir. Se entiende también que quieran adoptar para su envidia una máscara más noble, la máscara de la “impunidad”. Pero estoy seguro de que, si ellos estuvieran en el poder, ofrecerían una impunidad igual o mayor que esta. Un presidente mucho más viejo, casi centenario, lúcido, ya curado de espantos y mucho más allá del bien y del mal, Belisario Betancur, un presidente que estuvo a punto de firmar la paz con la guerrilla hace 30 años, pero que fue saboteado por la extrema derecha (mezcla de paramilitares, terratenientes y una franja del Ejército) mediante el exterminio de líderes de izquierda y de todo un partido político, la Unión Patriótica, este viejo presidente, en cambio, conservador y católico, votará por el sí. También Gaviria y Samper harán campaña por el sí.

Termino: las historias familiares, que son como una novela real, me han obligado a sentir y me han enseñado a pensar mucho sobre el sufrimiento, sobre la justicia y la impotencia, sobre la humillación y la rabia, sobre la venganza y el perdón. Escribir la injusticia que se cometió con mi padre, el asesinato de un hombre bueno, me curó de la necesidad de aspirar a ver en la realidad la representación de la justicia (una cárcel para los asesinos). De alguna manera yo siento que pude hacer justicia contando la historia tal como fue. Seguramente si mi cuñado hubiera podido contar la historia de su secuestro, como lo hicieron Ingrid Betancourt o Clara Rojas, ahora estaría más tranquilo y en el mismo grupo de ellas, el grupo de los que apoyamos el sí. Es por eso que ahora que he contado la historia de Federico, y ahora que he explicado mi posición para un periódico español, yo le preguntaría a mi excuñado lo siguiente: ¿no es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro.

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Por Gabriel Ortíz.-El desespero arropa, y de qué manera al uribismo, a ese grupo que ha juntado todas sus malas energías, con las que pretende pervertir y degradar una nación que logró escapar al paramilitarismo y la corrupción, para conseguir una paz negada durante más de medio siglo.

Como no le funcionó  una tramposa tercera reelección para escapar, junto con varios de sus muchachos a la justicia y como continúan lloviendo investigaciones graves contra él y algunos de sus más cercanos amigos y parientes, Uribe busca nuevamente llegar al poder a como dé lugar, por si, o por interpuesta persona que le camine a esos instintos y propósitos. Y habla arrogantemente de decapitar los acuerdos de La Habana, cuando regrese a ese poder perdido.

Lleva cuatro años y medio sin dormir tranquilo -parece que el insomnio es su delirio- porque se encontró con un Presidente amigo de encontrar la paz y derrotar la violencia que se utilizó para arrebatar vidas, tierras, fortunas y bienes de quienes atizaron la guerra por tantos años para ensangrentar la patria, desplazar y destruir lo que no saciara sus apetitos.

Las negociaciones no fueron fáciles, no por exageradas exigencias de las Farc, sino por la intromisión de Uribe y sus muchachos, que no dieron tregua alguna durante ese período para tratar de impedir que se llegara al anhelo de un pueblo tan sufrido. La mentira y la saña, fueron sus armas. No ahorraron minuto para inventar cuanto cuento pasara por sus mentes. Quisieron desorientar a las Fuerzas Militares y llevarlas hacia las más insospechadas acciones. Pero fallaron. Ellas son leales a su pueblo y respetuosas de la Constitución. Se quisieron valer de algunos militares retirados para torpedear los diálogos, pero sus compañeros descubrieron la “maturranga”.

Hoy el país respira un nuevo aire, mira un apacible horizonte y recibe las primeras caricias de la paz.

Hay que leer las 279 páginas del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, para decirle SÍ. No de otra manera podremos decirle al uribismo que sea honrado, decente, leal y honesto. Y que aprendan a elaborar resúmenes responsables, no llenos de mentiras. Nuestra paz será estable y duradera. ¡SÍ!

BLANCO: El respaldo internacional a Colombia por lograr la paz.

NEGRO: La percepción de seguridad de Bogotá, es prefabricada. Cuidado.

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Por Diego González.- Las calles de Bogotá se han convertido para sus transeúntes en una película de terror al mejor estilo de los muertos vivientes, en donde los ciudadanos a diario observan despavoridos una horda de adictos ansiosos deambulando descoordinados, con la mirada perdida, con apariencia de zombies , expectantes y al acecho de cualquier desprevenido que pueda convertirse en su potencial víctima.  

Este fenómeno se agudizo con la intervención realizada en el barrio conocido como el Bronx, antes denominado el cartucho, en donde operativos de la Policía Nacional desmantelaron las principales “Ollas” del narcotráfico, dando como resultado el desplazamiento de todos los habitantes de la calle y su posterior arribo masivo a distintas zonas de la ciudad, alterando la seguridad, la salubridad pública y la tranquilidad de los habitantes de estos sectores.

Ellos son los “Zombies” del Bronx, un grupo de mujeres y hombres enfermos, que tristemente han sido abandonados por sus propias familias cansadas de luchar infructuosamente contra su insuperable adicción a las drogas, son instrumentalizados por grandes mafias del narcotráfico y tanto el Estado Colombiano como la administración distrital, no ha podido darles una atención integral.

Resulta pertinente aclarar que la intervención al Bronx fue un hecho sin precedentes que se constituye en motivo de orgullo y regocijo para todos los bogotanos, teniendo en cuenta que el principal móvil de este operativo fue la protección de la niñez y la adolescencia que había sido arrebatada de su ambiente natural y estaba siendo sometida al yugo de la prostitución y las drogas.

Sin embargo, esta situación dejo al descubierto que la administración distrital no dimensionó el impacto de este desplazamiento masivo en los lugares aledaños, porque aunque ilegal, este era el lugar en donde se concentraba una gran cantidad de habitantes de la calle y peor aún, tampoco calculó que detrás de la salida de todos ellos se trasladarían los denominados “ganchos”, nombre con el que se conoce a los grandes expendedores de drogas.

Con el pasar de los días se evidencia más la crisis y se hacen reiterados los episodios de hurto, venta de drogas y alteración del orden público, frente a esto, la administración distrital justifica su incapacidad para actuar en una Sentencia de la Corte Constitucional, que señala que “el estado no puede actuar por la fuerza para obligar al indigente a recibir su ayuda” ya que se  invadiría la esfera de otros derechos como el del libre desarrollo de la personalidad.

Paradójicamente, para la Corte Constitucional, la esencia del libre desarrollo de la personalidad, como derecho, es el reconocimiento que el estado hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, “acorde con su plan de vida, sin afectar los derechos de los demás” y precisamente es ahí en donde se está presentando el corto circuito, pues las conductas delictivas de los habitantes de la calle, se traducen en la afectación de los derechos de la niñez, la juventud y la ciudadanía en general.  

Es precisamente aquí en donde la administración distrital debe apelar a las diferentes alternativas, como el método de la Ponderación de derechos, en virtud del cual cuando existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, se decide valorando cual es el derecho de mayor peso para la sociedad, por ejemplo el derecho a la vida de los habitantes de la calle versus el libre desarrollo de la personalidad.

Finalmente se evidencia que la administración está en mora de adelantar un Censo que le permita determinar cuántos de estos habitantes de la calle están en pleno uso de sus facultades mentales y cuantos por el abuso de sustancias psicotrópicas y alcohol han perdido la razón, no pueden valerse por sí mismos y se constituyen en un peligro para la sociedad, la declaratoria de interdicción por parte de los jueces, otorgaría las herramientas necesaria para que en esos casos, estas personas puedan ser internadas contra su voluntad en Centros donde se les preste la atención psiquiátrica correspondiente evitando incidentes desafortunados por su presencia en las calles.      

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Giovanni Décola.-Celebro que el Consejo de Estado haya declarado la nulidad de la elección del Señor Procurador Alejandro Ordoñez, para un segundo mandato al frente del Ministerio Público.

Deploro que el garante de la sociedad civil haya hecho uso de todas las artimañas posibles, para dilatar el decurso del proceso, que según las voces de nuestra Constitución Política, tiene un término de seis meses para ser fallado cuando se trata de una sola instancia, como es el presente caso. Duró cuarenta meses.

Lamento que Alejandro Ordoñez pretenda hacer ver su separación del cargo como una consecuencia de los acuerdos de la Habana, asociada a presiones indebidas del Gobierno y de las FARC.

Se va, porque su elección estuvo atada a maniobras torticeras de quienes lo nominaron en la terna para Procurador en clara contravía con el Artículo 126 de nuestra Carta Magna, que reza que los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados.

Eso fue precisamente lo que hicieron tres Magistrados de la corte Suprema de Justicia, que a pesar de tener familiares trabajando en la Procuraduría, votaron a favor de la postulación de Ordoñez, lo cual fue determinante para lograr la mayoría calificada de 16 Magistrados.

Igual ocurrió con numerosos senadores, pero como obtuvo 80 votos de 102, los mismos no tenían la capacidad para mutar el resultado electoral, por tal razón, no prosperó éste cargo.

En términos coloquiales, su elección fue producto de la corrupción y su separación del cargo, nada tiene que ver con presiones del Gobierno y menos de las FARC, que hasta donde se sepa, no tiene ninguna influencia en el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En hora buena se ha ido, quien convirtió su cargo en trinchera de la oposición uribista y arbitrario perseguidor de quienes pensaban distinto a sus retrogradas visiones del Estado. Jamás fue capaz de separar sus ortodoxas orientaciones religiosas con la objetividad e imparcialidad que debe ostentar quien presida el Ministerio Público.

Fue un grosero y pendenciero contradictor del Presidente de la República a quien por obvias razones le debía respeto y consideración.

Fue un frágil investigador de quienes profesaban las tesis uribistas o conservadoras, pero impecable perseguidor de los personajes de la izquierda democrática.

No fue un defensor de la familia, sino un activista de proclamas tercermundistas, que la Corte Constitucional ha equilibrado con sensatos y modernos criterios constitucionales que garantizan los derechos fundamentales de personas naturales que tienen una opción sexual diversa, y que por cuya orientación, jamás pueden ser discriminados.

No fue un gestor de paz como se lo ordena la Constitución; fue un prende fuegos de odios y rencores que en nada ayudan a la paz y reconciliación nacional.

Usó el cargo público de manera descarada, no solo para  intervenir en  política a favor de su partido Conservador y el Centro Democrático, sino para hilvanar su propia candidatura presidencial; en donde se dio el lujo de inhabilitar a posibles contendores (Gustavo Petro, Piedad Córdoba. Etc) y exonerando a los posibles aliados o adherentes como Vargas Lleras y un sin número de parapolíticos.

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Por: Ivan Diaz Mateus.- Quienes tienen reparos a los acuerdos de la Habana cuestionan principalmente la participación política, la justicia transicional y el tribunal de paz, y los beneficios económicos para los guerrilleros desmovilizados. Quienes defienden los pactos se aferran a la convicción de que la paz es un bien superior y una aspiración legítima de toda sociedad, mientras la guerra es inútil desgarradora y costosa.

 

No cabe duda acerca de que, en caso de implementarse los acuerdos, las Farc  se convertirán en un partido político que verá la luz con condiciones bastante favorables: cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara de Representantes.

 

Lo que si no está claro y genera dudas son las circunscripciones especiales que en el papel no van dirigidas directamente a las Farc pero parecen ser un espacio que solo ellos podrán copar, de ser así  asegurarían 16 curules adicionales en la Cámara; igualmente su partido accederá al 10% de la financiación estatal que se presupueste y está decidido que podrán manejar 31 emisoras comunitarias. En términos sencillos son prebendas políticas que recibirán a cambio de cesar la violencia.

 

Preocupa la justicia transicional que no es un tema extraño a otros procesos de paz, pues el riesgo de que delitos graves puedan quedar en una impunidad total o ser castigados con unas penas disfrazadas, se supone un mal precedente para las generaciones presentes y futuras cuyo temor a la ley y su respeto dependen de la capacidad del estado para sancionar los infractores.

 

De otra parte la creación de un tribunal especial que reemplazará la justicia ordinaria en lo penal y será conformado de una manera sui generis, con magistrados postulados por diversas instituciones, no refleja claridad en cuanto a sus competencias, su funcionamiento, su duración y el alcance de las decisiones que ha de tomar. Sacrificar justicia para obtener paz puede ser válido, pero suplantar justicia para consolidar paz deja muchas dudas.

 

Para muchos resulta difícil entender que el estado deba acoger a personas que antes se dedicaron a ejercer la violencia en todas sus expresiones (secuestro, asesinato, extorsión, narcotráfico), perdonarles sus delitos y además pagarles un sueldo durante un tiempo determinado, siempre y cuando no tengan otro trabajo remunerado, esto con el fin de que se reincorporen de manera amable y con alguna seguridad económica a la vida normal. Otro costo de la paz difícil de entender.

 

Solo esas tres cosas le bastarían a cualquiera para pronunciarse en contra de los acuerdos. Pero como en todo hay que hacer un balance, si la paz se consolida y resulta estable y duradera nos ahorraremos mucho más de lo que nos cuesta en vidas humanas, personas mutiladas e incapacitadas, tierras improductivas, destinos turísticos imposibles de visitar, inversiones foráneas que no llegan, hombres y mujeres armados en la defensa del estado, estigmatización internacional por cuenta del narcotráfico y la violencia, dotaciones, municiones y equipos de guerra, ingobernabilidad en muchos lugares de Colombia, desconfianza para crear empresa, y en general todo lo que significa que una guerrilla, con los métodos más impredecibles y sangrientos, esté amenazando a diario a toda la población indefensa e impotente que soporta casi siempre las consecuencias de la barbarie y la irracionalidad.

 

En esto llevamos 50 años. Si usted como yo considera  que ésta es una buena ocasión de parar vote SI al plebiscito, muy a pesar de que muchas cosas como las acordadas nos causen desazón. Todos merecemos una oportunidad y dársela a  la paz probablemente sea difícil y arriesgado, pero hay que hacerlo.

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Por Diego González.-El procedimiento Fast Track utilizado en los Estados Unidos para la negociación rápida de tratados comerciales, mediante la delegación de facultades que confiere el Congreso al Ejecutivo, data de la sección 102 de “The Trade Act of 1974”, en virtud de la cual se autorizó al Presidente para entrar en acuerdos recíprocos hasta 1980, desde esa fecha, el ejecutivo puede negociar directamente acuerdos comerciales mediante este procedimiento, sujetándose solamente a la consulta permanente con el Congreso, este a su vez, se obliga a aprobar los cambios que sean necesarios a la legislación nacional para la implementación de los tratados en el ámbito doméstico, lo que la propia ley denominó “Implementing legislation” .

En el contexto interno Colombiano, el Congreso de la Republica deberá tramitar un paquete de leyes bajo el procedimiento “Fast Track”, es decir por la “vía rápida”,  para garantizar que todo lo pactado en la Habana haga parte del ordenamiento jurídico colombiano y sea incorporado al bloque de constitucionalidad.

Ahora que ya se produjo la firma del acuerdo final, se incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial”, el cual  se desarrollará mediante una ley ordinaria que se debatirá en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y la Cámara, y luego en las plenarias de ambas Cámaras.

En principio alrededor de 12 iniciativas van a ser radicadas en el Congreso la semana siguiente a la votación del plebiscito por la paz, para que sean tramitadas bajo este procedimiento, entre las cuales se destaca el acuerdo especial que se desarrollará bajo los protocolos de Ginebra.

Sin lugar a dudas, el “ Fast Trak” es el único procedimiento que le permite al Gobierno nacional aprobar de manera expedita y maratónica todo lo acordado, además lo dota de facultades que normalmente no ostenta y que requiere para culminar con éxito su labor en favor de la construcción de la Paz, como por ejemplo, tener mayor poder para impulsar el trámite legislativo y la exclusividad de los contenidos de los textos normativos que han de ser aprobados por el Congreso, la facultad para establecer la primacía del trámite de estos actos normativos sobre el trámite de cualquier otra iniciativas, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para la discusión de las mismas y finalmente y más importante el poder de veto Presidencial de las modificaciones que sean que sean introducidas por el Congreso durante el trámite Legislativo.

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Por . Tomado de The NY Times en español.- Cuando Felipe Calderón llegó en 2006 a la presidencia de México, un país ya convertido en epicentro de los grandes carteles de la droga, le dijo a los mexicanos: “Si se preguntan si las cosas pueden cambiar, la respuesta es sí. Y van a cambiar para bien”. Para cumplir su promesa mandó a las calles al Ejército, y se lanzó a una guerra frontal contra el narcotráfico.

Las cosas, en efecto, cambiaron.

El año anterior a su investidura, el índice de homicidios en México era de 9,5 por cada 100.000 habitantes. La cifra se duplicó y entonces el discurso oficial negó que hubiera víctimas civiles: los muertos de la Guerra contra el Narco eran solo los villanos (narcotraficantes) o los héroes (policías y militares que combatían contra ellos). Una década después, esta guerra se ha cruzado en la vida de demasiadas personas anónimas. Se calcula que ha provocado 150.000 muertos y unos 28.000 desaparecidos. La promesa de Calderón fue grandilocuente; su estrategia, simplista.

La lucha de los narcos entre sí y con el Estado se ha extendido. En lugares como Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, denunciar equivale muchas veces a una sentencia de muerte. En el Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango, Sinaloa), los habitantes de la sierra tienen que huir de sus comunidades por las amenazas de los sicarios. Ni siquiera los santuarios turísticos están a salvo. Acapulco es hoy la ciudad más violenta del país y una de las más violentas del mundo.

Aunque los mexicanos creyeran en la promesa de Calderón, la pregunta que subyacía era: ¿por qué tantas miles de personas se dedicaban al narcotráfico?

El narco es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones. Viajar por zonas deprimidas de México es entender que, en muchas de ellas, el crimen organizado es la única presencia constante, el principio y el fin de la realidad cotidiana. Allí donde no llega el Estado, o lo hace solo para corromperse o luchar contra el crimen, lo ilícito es en ocasiones la única fuente de trabajo. Para miles de mexicanos el tráfico de drogas es un ejercicio de supervivencia. Los eslabones más débiles de la cadena, como los cultivadores o las mulas, no suelen plantearse si lo que hacen está bien o mal. Solo trabajan en lo que pueden para subsistir.

La Guerra contra el Narco ha demostrado ser un rotundo fracaso. La droga continúa subiendo a Estados Unidos, el gran consumidor, y las armas regresan a México desde el norte, donde siguen causando miles de muertos. La persecución sistemática del narcotráfico ha desembocado en un buen número de detenciones, incluso algunas de grandes capos como Joaquín “el Chapo” Guzmán. Las cárceles, de hecho, se han sobrepoblado. Pero el 41 por ciento de los presos por delitos de drogas han sido arrestados solo por la posesión de sustancias con un valor menor a 500 pesos (unos 30 dólares).

Mientras tanto, el trasiego de cocaína continúa, y también la trata de personas, el tráfico de recursos naturales, la extorsión y las plantaciones de amapola. Según datos de la DEA, la heroína mexicana ya es la más consumida por los estadounidenses, por encima de la colombiana. En Guerrero, el mayor estado productor del país, 50 bandas criminales luchan por el control del territorio.

Si Calderón fue el padre de esta política, Enrique Peña Nieto, el actual presidente, es como el hijo adolescente que quiere romper con el padre pero calcando los gestos paternos que veía en la infancia.

Julio fue el mes más violento de toda su presidencia con 2073 muertos. Hay que remontarse hasta el verano de 2011, el año más sangriento bajo el gobierno de Calderón, para encontrar una cifra similar.

Diez años son suficientes para tener perspectiva y ensayar otras soluciones. Empezar por despenalizar la posesión para el consumo personal sería un buen primer paso: aliviaría un sistema de justicia colapsado, aplacaría los incentivos de los policías para hacer detenciones y estos podrían centrar sus esfuerzos en apresar a aquellos traficantes que realmente atemorizan a los ciudadanos con el uso de la fuerza, no a los consumidores.

El gran giro de la política de Peña Nieto ha sido su apoyo al uso medicinal de la marihuana, una acción necesaria pero insuficiente. Mucho más si se compara con otras iniciativas en la región.

En los últimos años Colombia ha suspendido las fumigaciones de plantaciones, ha impulsado un plan nacional de sustitución de cultivos y el presidente Juan Manuel Santos decretó la regulación de la marihuana con fines medicinales; en Costa Rica, un país sin Ejército, se ha implementado un programa de reducción de daños; en Jamaica se han aprobado leyes para el uso tradicional y medicinal del cannabis; desde 2009 la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la punición a la tenencia de drogas, y Uruguay ha regulado la producción, distribución y uso de la marihuana.

México tabula las cantidades de droga que alguien puede poseer sin que se considere que podría estar traficando. Pero esa tabla no se ajusta a la realidad de los consumidores (por ejemplo, alguien solo puede llevar cinco gramos de marihuana). Si bien las políticas de drogas deben atender a las características de cada país, la descriminalización de los consumidores debería ser una base común.

Desde hace más de 15 años Portugal despenalizó la tenencia de drogas para uso personal y creó un sistema para la reducción de daños y la reinserción social. El consumo de cannabis sigue estabilizado, el número de adictos a la heroína ha bajado un 70 por ciento, y las muertes por sobredosis también se han reducido. Holanda, con su sistema de cafeterías, ha creado una fuente de trabajo legal alrededor del cannabis y, en parte, gracias a no perseguir a los consumidores, se ha quedado sin presos. En los últimos años varias cárceles holandesas han cerrado por la falta de delincuentes. El consumo de drogas —de todas las drogas— es un problema de salud, no penal. Y así debería ser tratado.

La Guerra contra el Narco como solución a la problemática en México ha sido una enfermedad mucho peor que la propia enfermedad. Diez años en estado de excepción, con el ejército inmune a las investigaciones sobre sus responsabilidades, ha probado ser otro fracaso.

Para que las cosas cambien realmente, el gobierno debería devolver las acciones antinarcóticos progresivamente a la autoridad civil. Después de esta década de luto, de matanzas sin castigo, de corrupción en las autoridades, es necesario pensar una política integral que visualice al narcotráfico más allá de un combate entre héroes y villanos. En medio de estos extremos, la sociedad se ha tenido que adaptar a una situación de violencia permanente. La despenalización del consumo no arreglará un problema tan arraigado en el país, pero ayudará a que los mexicanos distingan la droga de la Guerra contra el Narco. Los consumidores de los narcotraficantes. Es el primer paso para aceptar que otra solución es posible.

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osé Luis Pardo Veiras es periodista independiente y coautor de "Narcoamérica: de los Andes a Manhattan, 55.000 km tras la ruta de la cocaína".

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Por Jorge Gómez Pinilla.- Esta es una de esas columnas difíciles de escribir porque trata sobre cosas sucias, pero constituye un deber con la Historia contarlas, para que quede huella imborrable de la ignominia.

De un tiempo para acá se ha desatado por las redes sociales una demoledora campaña de propaganda negra orientada a confundir a la población, que centra su accionar en utilizar a figuras públicas de inmenso reconocimiento, a las que se les ve manifestándose a favor del NO en el plebiscito.

Primero fue el caso de Juanes, y detrás de este se han venido con una lluvia de basura que no respeta prestigio ni valía. Juan Gossaín ya ha sido utilizado dos veces, y en esta segunda ocasión fue con una diatriba en la que arremete contra Santos diciéndole cosas como “No es desconocido que usted perteneció a los grupos alzados en armas, como el ‘Comandante Santiago’. ¿Es usted sí o no Señor Presidente el comandante e ideólogo de las FARC?”.

A Pirry lo acaban de usar sosteniendo entre sus dedos un letrero a favor del NO, por lo que le tocó salir a explicar con un video lo que decía el letrero original antes del montaje.

Y en días recientes circuló por Whatsapp entre empresarios de Santander un documento que luego se viralizó en redes sociales, atribuido a la historiadora Diana Uribe, donde la supuesta autora pretende desmontar “seis sofismas basados en premisas falsas”, y del que cito la cuarta: “Es que a las FARC no las hemos podido derrotar: Falso. Estaban derrotadas y escondidas en madrigueras como ratas y reducidas a su mínima expresión gracias a la seguridad democrática. Resucitaron y se fortalecieron con una política de mano tendida y apaciguamiento en este gobierno”.

Ya Diana Uribe desmintió la autoría de ese libelo, pero no sobra aclarar: las FARC no estaban derrotadas sino golpeadas, y fue precisamente por los golpes que recibió de Uribe y de Santos (o ¿quién les mató a su comandante Alfonso Cano?) que se sentaron a negociar. Pero ese no es el tema que nos ocupa, sino comprobar escandalizados que los ‘creativos’ del uribismo en su desvergüenza se metieron hasta con la persona que más conoce de conflictos armados en otras latitudes, y que asumió como propia la causa de contribuir a afianzar la reconciliación nacional con videos como este, titulado “Dejemos de matarnos: el espíritu del acuerdo de paz”.

Y faltaba ‘la tapa’, como dicen las señoras, con el montaje que le hicieron a Nairo Quintana después de que, tras alcanzar el liderato en la Vuelta a España, publicó una foto con su esposa y bebé en brazos portando un letrero que dice “Colombia, SÍ a la paz”, el cual cambiaron por uno donde se lee “Digo NO al plebiscito y a la falsa paz”.

Las fuerzas oscuras del uribismo están apuntando a la yugular de la paz, sembrando confusión. Todos los días sabemos de casos que muestran a figuras notorias expresando mediante montajes su apoyo al NO o su rechazo visceral al gobierno Santos, y no se ha sabido de nadie del Centro Democrático ni de la Procuraduría General de la Nación que hayan condenado dicha campaña de propaganda sucia, por una sencilla razón: porque son sus directos beneficiarios.

Detrás de la fabricación de tantas toneladas de basura debe haber legiones de personas contratadas para trabajar desde las alcantarillas de la red, y su accionar recuerda los oscuros vínculos que se conocieron entre la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia y el hacker Andrés Sepúlveda, cuyas confesiones condujeron a la orden de arresto para el ‘asesor espiritual’ del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, la cual acaba de ser ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pero no se pudo hacer efectiva porque el sujeto siguió la misma recomendación que en su momento recibiera Andrés Felipe Arias: huyó a Miami.

Hoy en la campaña por el plebiscito la trama se repite de manera casi calcada, y de ello da cuenta un trino del escritor Héctor Abad Faciolince: “¿Han notado que hay un nuevo ejército de trollers contratados por el No? Todos tienen entre 3 y 30 seguidores. Moscas que zumban”. (Ver trino). Que zumban entre la ‘mierda virtual’ que ellos mismos producen, si se me permite el atrevimiento.

Hablando de cosas sucias, en días recientes se conoció un video donde aparecen los expresidentes Álvaro Uribe adelante y Andrés Pastrana detrás suyo haciendo la ‘presentación en suciedad’ de su alianza a favor del NO. Valga decir que ahí la memoria traiciona a Pastrana, pues hace cuatro años decía de su ahora socio político cosas como esta: “Mis asesores están siendo llamados al nuevo gobierno, los de Uribe están siendo llamados a indagatoria” (Ver declaración). O como esta: “A mí explíqueme cómo Uribe se sentó con el narcotráfico, con el cartel de Medellín y con los paramilitares, y no le da la oportunidad a Santos de hacer un proceso con la guerrilla”. O como esta: “la llegada de José Obdulio Gaviria al Senado es un premio al narcotráfico”.

Si el que ha dicho esas cosas hoy se hace detrasito de su vilipendiado, tiene que ser porque es un hombre sin escrúpulos. ¿Y para qué se ubica como segundón a cubrirle la espalda a Uribe? Para escucharle al final del video hablar de su “preocupación por el peligro de Colombia al entregarle la Patria a las Farc, reflexionemos.” Y es cuando uno reflexiona, y la memoria traiciona de nuevo al hijo díscolo de Misael entregándoles a las FARC durante cuatro años una extensión de Patria dos veces superior al departamento de Santander. Y para colmo del absurdo: ¿cómo olvidar que Uribe llegó a la presidencia montado sobre el fracaso del proceso de paz del Caguán, liderado por Pastrana?

¿Será que estamos locos, Lucas? ¿O qué será lo que buscamos…? ¿Alguna cosa sucia, como por ejemplo impedir que Santos SÍ consiga la paz que nosotros NO alcanzamos?

DE REMATE: El eslogan de los partidarios de la ratificación del ‘Acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera’ debería ser ¡OBVIO SÍ!

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Por Jairo Gómez.- A un mes de su mandato, el fiscal Martínez comenzó a mostrar sus dientes: dos opiniones suyas sobre reimplantar la fumigación con glifosato y la suerte de los empresarios en la Justicia Especial de Paz, estremecen los Acuerdos de La Habana.

Llegan en el momento más inoportuno porque ensucian el debate en el que hoy convergen los colombianos, El Plebiscito que definirá el ‘Sí‘ o el ‘No‘ a los acuerdos suscritos en Cuba entre el Gobierno y las FARC.

Como bien lo asegura el jefe negociador, Humberto de la Calle, volver o no a asperjar glifosato vía aérea para erradicar los cultivos de hoja de coca no se pactó en La Habana, por tanto no debería provocar sobresaltos entre los miembros de la guerrilla, hasta ahí todo bien. Sin embargo, en la mesa se acordó la creación de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que será la autoridad competente para darle solución a los campesinos en materia de sustitución de cultivos, es decir, implícitamente se reconoció el fracaso de la fumigación. ¿Habrá tenido en cuenta este punto del acuerdo el Fiscal Martínez antes de lanzar su propuesta? ¿Por qué no esperar a que entre en rigor?

En rigor, lo dicho por Martínez Neira, es un mensaje de doble filo pues pone sobre la mesa cómo será la Fiscalía del Posconflicto. Si a lo anterior le sumamos las inquietudes manifiestas sobre los empresarios y el Tribunal de Paz, diseñado por la Justicia Especial de Paz, el mensaje deja entrever una participación activa y polémica en relación a sus actuaciones futuras. Lo acordado en Cuba es una realidad irrefutable, entonces qué sentido tiene poner entre dicho las investigaciones a los determinadores del conflicto. En este punto, tarde o temprano se sabrá la verdad sobre la participación activa de los empresarios en la guerra, cuál es el temor. Como dicen por ahí, los muertos flotan así los entierren 500 metros bajo tierra.

El fiscal Martínez picó en punta y sus reflexiones no son aisladas, buscan alinearse con las del vicepresidente Vargas Lleras, su mentor político. Este es un coctel que jugará duro en el 2018 y, desde ya, pone un manto de duda sobre el futuro de los acuerdos próximos a firmar, si el segundo al mando es elegido presidente.

Ahora bien, los campesinos que han padecido el conflicto mirarán con desencanto el volver al pasado de las fumigaciones con glifosato, químico responsable de la destrucción de la vida humana y animal. Está científicamente comprobado que el herbicida puede producir cáncer, malformaciones físicas y ser un agente generador del Síndrome de Down. ¿Votarán ‘Sí‘  los campesinos, después de la sugerencia del ente acusador?

Por fortuna, los Ministros de Justicia y Salud rechazaron la propuesta con los contundentes argumentos que se esgrimieron en el pasado y que sustentaron la suspensión de la fumigación de los cultivos ilícitos; pero al mismo tiempo honraron los Acuerdos de La Habana en materia de drogas, que ponen en el centro de la solución a los millones de campesinos que siguen a la espera de la presencia del Estado, que genera progreso, no represión.

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Por Amylkar D. Acosta M[1].- El Sumo Pontífice Pablo VI dijo en la Encíclica Populorum Progressio que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Por su parte el Papa Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Están en lo cierto y esa es la importancia que reviste el Acuerdo suscrito en La Habana: abre las posibilidades para la más profunda transformación política, económica, social y ambiental de nuestro país.

Es esta la oportunidad para el campo, por tantos años relegado al olvido, para que a quienes fueron despojados de su única heredad que era la tierra se les restituya, sin poner en riesgo, como se ha dicho tendenciosamente, la tenencia y la propiedad adquirida con justo título y buena fe. Para que hasta esa Colombia profunda, postergada y atrasada vuelva el Estado por sus fueros, a marcar territorio con su presencia, llevándoles oportunidades de progreso y de inclusión social y de esta manera empezar a corregir la desigualdad de trayectoria que agobia a sus moradores.

El Alto Comisionado para la paz Sergio Jaramillo acertó cuando afirmó que la paz es territorial y ello ha sido de buen recibo en las regiones, por razones obvias. En las regiones se abriga el temor de que el centralismo, que se resiste a desaparecer, perviva a estos cambios y a estas transformaciones y que al final tengamos que repetir con el poeta León De Greiff que “todo pasó sin que pasara nada”. Por ello, interpretando el querer de los señores gobernadores y las señoras gobernadoras, hemos sido claros y categóricos con el Gobierno Nacional en demandar un Nuevo trato. Esperamos de él que la implementación de los acuerdos se haga desde los territorios y no desde los escritorios, con un enfoque territorial, diferencial y diferenciado, que consulte la real realidad de las regiones.

También se le ha planteado al Gobierno Nacional la necesidad de integrar una Misión especial que permita avanzar en la ampliación, profundización y consolidación de la descentralización administrativa y encaminarnos hacia la autonomía territorial, prescrita en la Constitución Política. En este sentido aspiramos y esperamos que se concrete un acuerdo sobre los términos de un proyecto de ley de fortalecimiento territorial para la paz, que cree las condiciones para revitalizar la figura de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y avanzar en el propósito de que las regiones se puedan constituir como entidades territoriales (ET). Así mismo, se debe trabajar por parte de esta Misión en la expedición de un nuevo y actualizado Código de Régimen Departamental.

Finalmente y no por ello menos importante, queremos llamar la atención del alto gobierno sobre la circunstancia de que el verdadero desequilibrio de poderes en este país no es propiamente entre las ramas del poder sino entre el poder central y el poder de los entes territoriales. A lo largo de estos 25 años de la Constitución de 1991, a contrapelo de lo dispuesto por la Carta, se ha venido dando silenciosamente una descentralización disfuncional, delegándole funciones y competencias a los departamentos, pero sin transferirle los recursos necesarios y suficientes para asumirlas.

Y ahora, de contera, los departamentos tendrán que asumir nuevas y variadas competencias de cara al postconflicto, las cuales demandarán su financiación. Por ello, le hemos solicitado al Gobierno Nacional que, en ejercicio de las facultades conferidas al señor Presidente de la República por parte del Congreso se le introduzcan los ajustes necesarios al Sistema General de Participaciones (SGP) de modo que este responda a las nuevas realidades y retos a asumir. Igualmente, vemos en la anunciada reforma tributaria estructural la oportunidad para fortalecer los tributos territoriales y de esta manera arbitrarle mayores recursos propios a las regiones para que estas puedan asumir con éxito el rol que están llamados a cumplir  en el postconflicto.

Por todo ello saludamos el advenimiento de este nuevo escenario, el del post-acuerdo, que deberá pasar primero por el cedazo de la refrendación popular del Acuerdo final a través del Plebiscito próximo a convocarse. Y una reflexión final: para alcanzar la paz no basta con desarmar a las FARC también hay que desarmar los espíritus y, algo muy importante, desengatillar la lengua!

 Barranquilla, septiembre 3 de 2016

www.fnd.org.co

 [1] Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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Por Héctor Abad Faciolince. Tomado de El País. Foto: Alfaguara - Yo he entendido la historia reciente de mi país no a través de ninguna teoría, sino a través de las historias familiares. Cuando uno tiene una familia numerosa, la ficción es casi innecesaria: en una familia grande, todas las cosas han ocurrido alguna vez. Esas historias me permiten reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasa en Colombia, para luego tomar una decisión que es política, pero también vital, porque no está dictada por la ideología, sino por la imaginación: trato de pensar de qué manera podríamos vivir mejor, sin matarnos tanto, con menos sufrimiento, con más tranquilidad.

Para explicar por qué celebro y estoy tan feliz con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, voy a intentar reflexionar con ustedes a partir, otra vez, de una historia familiar.

Nunca sentí ninguna simpatía por las FARC. El esposo de una de mis hermanas, Federico Uribe (sin parentesco con el expresidente de Colombia), fue secuestrado dos veces por la guerrilla. La primera vez lo secuestró el Frente 36 de las FARC, hace 28 años, cuando él tenía 35. Once años después, otro grupo lo volvió a secuestrar; los muchachos que lo vigilaban en la montaña eran tan jóvenes que le decían “abuelo” a un hombre de 46. Federico no era, ni es, una persona rica. Tal vez tenía el apellido equivocado. Tampoco era pobre y no sería extraño que los muy pobres lo vieran como muy rico.

Mi cuñado (ahora excuñado, porque en todas las familias hay divorcios) tenía y tiene 120 vacas lecheras en un pueblo a 2.600 metros de altitud en el oriente de Antioquia. Después de un mes secuestrado y de pagar la “cuota inicial” del rescate para que lo soltaran, tuvo que seguir pagando lo que faltaba, en cómodas mensualidades, durante 36 meses más. La guerrilla, tan amable, le dio tres años de plazo para pagar. Ustedes preguntarán: ¿y por qué no acudía a la policía, al Ejército, a las autoridades del pueblo? Él les contestaría: “Permítanme una sonrisa”. En las zonas rurales de Colombia el Estado no existía; hay partes donde no existe todavía; cuanto más lejos esté la tierra de las ciudades principales, menos Estado hay. Si Federico no pagaba las cuotas, tampoco podía sacar la leche de la finca, y de eso vivía. Si no pagaba las cuotas, lo podían matar en la misma lechería. Si no pagaba las cuotas, le podían secuestrar a uno de sus hijos, mis sobrinos. En fin, en ausencia de un Estado que controlara el territorio y defendiera a los ciudadanos, no había otra que pagar. O hacer lo que hicieron otros finqueros: vincularse a un grupo paramilitar que los protegiera a cambio de una cuota mensual parecida. Federico Uribe no era de esos que se complacían en ver matar, y los paramilitares mataban sin preguntar. Además, los paramilitares habían matado a su suegro, a mi papá, y no era el caso de aliarse con otros asesinos.

Federico —acabo de llamarlo para preguntarle— va a votar no en el plebiscito sobre la paz. “Yo no estoy en contra de la paz”, me dijo, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel. Mientras me tuvieron secuestrado mataron a dos”. Yo lo entiendo, lo aprecio y no lo considero un enemigo de la paz, así no esté de acuerdo con él. No me siento con autoridad para juzgarlo y tiene todo el derecho de votar por el no. Pero, aunque lo entiendo, espero que él también me entienda a mí ahora que escribo que voy a votar por el sí. Entiendo su posición sobre la impunidad. Creo tener derecho, sin embargo, a decir que no me importa que no les den cárcel a los de las FARC, pues cuando el presidente Uribe hizo la paz con los paramilitares escribí un artículo en el que sostuve que no me interesaba que los asesinos de mi padre pasaran ni un día en la sombra. Que contaran la verdad, y listo: que los liberaran, que se murieran de viejos. Si no me creen, aquí pueden ver ese artículo, publicado en la revista Semana en julio de 2004: http://www.semana.com/opinion/articulo/una-cuestion-personal/66783-3.

De los 28.000 paramilitares que aceptaron desmovilizarse durante el Gobierno de Uribe, tan solo un puñado de ellos pagaron cárcel, y no porque el presidente lo quisiera, sino porque la Corte Constitucional lo obligó. Su proyecto inicial ofrecía impunidad total. El texto del Acuerdo de Ralito (el sometimiento de los paramilitares) nunca nos lo mostraron; a las víctimas de los paramilitares no nos llevaron a la zona de los diálogos para decirles en la cara el dolor que nos habían causado y para darles la bienvenida a la vida civil, como en mi familia hubiéramos querido hacer; tampoco se sometió el acuerdo con ellos a un plebiscito. Esto no es un reclamo, sino una comparación. Santos ha publicado el texto (larguísimo, farragoso, pero útil, del Acuerdo de La Habana); llevó a las conversaciones a grupos de víctimas (incluso a mí me invitaron, pero no quise ir, pues no me siento víctima ya); y ahora lo somete al veredicto del pueblo.

Si en el caso de los asesinos de mi padre yo estaba de acuerdo con un pacto de impunidad, con la única condición de que los paramilitares contaran la verdad y dejaran de matar, creo tener autoridad moral para decir que también estoy de acuerdo con el Acuerdo de Paz con las FARC, los secuestradores de mi cuñado. En el caso de las FARC, también acepto una alta dosis de impunidad a cambio de verdad. Tengan en cuenta además que por delitos atroces, entre los cuales se incluye el secuestro, no es cierto que en este acuerdo haya impunidad total. Los responsables pagarán hasta ocho años (si lo confiesan todo antes de que empiece el juicio) de “restricción efectiva de la libertad”, no en una cárcel corriente, sino en condiciones que el Tribunal Especial para la Paz decidirá. Y si la confesión ocurre durante el juicio, esos ocho años los pasarán en una cárcel normal. Y si no confiesan y son derrotados en juicio, la pena será de 20 años en cárceles del Estado.

Así que no estoy de acuerdo con mi excuñado, a quien comprendo y admiro y sigo queriendo igual, en que se haya firmado un acuerdo de impunidad total. Fue un acuerdo muy generoso con las FARC, sin duda, y ojalá la guerrilla hubiera aceptado pasar siquiera dos años en la cárcel, que es a lo que aspira Federico. Pero esto fue lo mejor que el Gobierno pudo lograr, tras cuatro años de duras negociaciones, con una guerrilla que no estaba completamente derrotada.

Cuando escribo para España, o cuando hablo con españoles, algunos esgrimen el ejemplo de ETA para decirme que el Estado no puede ser condescendiente con los terroristas ni puede perdonar. No creo que los casos se parezcan ni se puedan comparar. Las FARC nacieron en un país violento, muy desigual y muy injusto, lo que no las justifica, pero sí explica en parte su furor. La guerrilla de las FARC llegó a tener 20.000 hombres en uniforme; llegó a tomarse la capital del departamento (Estado) del Vaupés, Mitú. Ejerció control y dominio (como un Estado alternativo que impartía “justicia” y resolvía líos domésticos) en amplios territorios rurales.

Las FARC han sido una guerrilla despiadada, sanguinaria, sin duda. Una guerrilla que cree firmemente y con fanatismo mesiánico en la última religión del siglo XX, el comunismo marxista leninista. En la lucha armada, en su ideología, en sus actos de terror, creo que la guerrilla se equivocó de un modo atroz. Pero en más de medio siglo de desafío al Estado no ha podido ser derrotada por las armas. Colombia tiene el presupuesto de seguridad más alto de América Latina; tiene el Ejército más numeroso; gastamos en armamento lo que no nos gastamos en salud o educación. Tuvo un presidente, Álvaro Uribe, cuya mayor obsesión durante ocho años fue exterminar a la guerrilla que había matado a su padre. La debilitó mucho, las FARC quedaron en menos de 10.000 efectivos, pero tampoco la pudo derrotar. Su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, llegó al poder y, al verla debilitada, les volvió a ofrecer lo que todos los presidentes anteriores (incluyendo a Uribe) les habían ofrecido: unas conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Y Santos acaba de conseguir lo que ninguno de los presidentes anteriores consiguió: que las FARC se plegaran a dejar las armas y aceptaran convertirse en un partido político con garantías de seguridad e incluso con una mínima representación en el Congreso en las próximas elecciones.

En todas las familias hay uno que otro envidioso; se sienten celos aun entre los hermanos. Por eso entiendo tan bien, por eso me parece tan comprensible, tan humano, que los dos presidentes anteriores (Pastrana y Uribe) sientan celos porque Santos haya logrado lo que ellos buscaron sin conseguir. Se entiende también que quieran adoptar para su envidia una máscara más noble, la máscara de la “impunidad”. Pero estoy seguro de que, si ellos estuvieran en el poder, ofrecerían una impunidad igual o mayor que esta. Un presidente mucho más viejo, casi centenario, lúcido, ya curado de espantos y mucho más allá del bien y del mal, Belisario Betancur, un presidente que estuvo a punto de firmar la paz con la guerrilla hace 30 años, pero que fue saboteado por la extrema derecha (mezcla de paramilitares, terratenientes y una franja del Ejército) mediante el exterminio de líderes de izquierda y de todo un partido político, la Unión Patriótica, este viejo presidente, en cambio, conservador y católico, votará por el sí. También Gaviria y Samper harán campaña por el sí.

Termino: las historias familiares, que son como una novela real, me han obligado a sentir y me han enseñado a pensar mucho sobre el sufrimiento, sobre la justicia y la impotencia, sobre la humillación y la rabia, sobre la venganza y el perdón. Escribir la injusticia que se cometió con mi padre, el asesinato de un hombre bueno, me curó de la necesidad de aspirar a ver en la realidad la representación de la justicia (una cárcel para los asesinos). De alguna manera yo siento que pude hacer justicia contando la historia tal como fue. Seguramente si mi cuñado hubiera podido contar la historia de su secuestro, como lo hicieron Ingrid Betancourt o Clara Rojas, ahora estaría más tranquilo y en el mismo grupo de ellas, el grupo de los que apoyamos el sí. Es por eso que ahora que he contado la historia de Federico, y ahora que he explicado mi posición para un periódico español, yo le preguntaría a mi excuñado lo siguiente: ¿no es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro.

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Por Gabriel Ortíz.-El desespero arropa, y de qué manera al uribismo, a ese grupo que ha juntado todas sus malas energías, con las que pretende pervertir y degradar una nación que logró escapar al paramilitarismo y la corrupción, para conseguir una paz negada durante más de medio siglo.

Como no le funcionó  una tramposa tercera reelección para escapar, junto con varios de sus muchachos a la justicia y como continúan lloviendo investigaciones graves contra él y algunos de sus más cercanos amigos y parientes, Uribe busca nuevamente llegar al poder a como dé lugar, por si, o por interpuesta persona que le camine a esos instintos y propósitos. Y habla arrogantemente de decapitar los acuerdos de La Habana, cuando regrese a ese poder perdido.

Lleva cuatro años y medio sin dormir tranquilo -parece que el insomnio es su delirio- porque se encontró con un Presidente amigo de encontrar la paz y derrotar la violencia que se utilizó para arrebatar vidas, tierras, fortunas y bienes de quienes atizaron la guerra por tantos años para ensangrentar la patria, desplazar y destruir lo que no saciara sus apetitos.

Las negociaciones no fueron fáciles, no por exageradas exigencias de las Farc, sino por la intromisión de Uribe y sus muchachos, que no dieron tregua alguna durante ese período para tratar de impedir que se llegara al anhelo de un pueblo tan sufrido. La mentira y la saña, fueron sus armas. No ahorraron minuto para inventar cuanto cuento pasara por sus mentes. Quisieron desorientar a las Fuerzas Militares y llevarlas hacia las más insospechadas acciones. Pero fallaron. Ellas son leales a su pueblo y respetuosas de la Constitución. Se quisieron valer de algunos militares retirados para torpedear los diálogos, pero sus compañeros descubrieron la “maturranga”.

Hoy el país respira un nuevo aire, mira un apacible horizonte y recibe las primeras caricias de la paz.

Hay que leer las 279 páginas del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, para decirle SÍ. No de otra manera podremos decirle al uribismo que sea honrado, decente, leal y honesto. Y que aprendan a elaborar resúmenes responsables, no llenos de mentiras. Nuestra paz será estable y duradera. ¡SÍ!

BLANCO: El respaldo internacional a Colombia por lograr la paz.

NEGRO: La percepción de seguridad de Bogotá, es prefabricada. Cuidado.

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Por Diego González.- Las calles de Bogotá se han convertido para sus transeúntes en una película de terror al mejor estilo de los muertos vivientes, en donde los ciudadanos a diario observan despavoridos una horda de adictos ansiosos deambulando descoordinados, con la mirada perdida, con apariencia de zombies , expectantes y al acecho de cualquier desprevenido que pueda convertirse en su potencial víctima.  

Este fenómeno se agudizo con la intervención realizada en el barrio conocido como el Bronx, antes denominado el cartucho, en donde operativos de la Policía Nacional desmantelaron las principales “Ollas” del narcotráfico, dando como resultado el desplazamiento de todos los habitantes de la calle y su posterior arribo masivo a distintas zonas de la ciudad, alterando la seguridad, la salubridad pública y la tranquilidad de los habitantes de estos sectores.

Ellos son los “Zombies” del Bronx, un grupo de mujeres y hombres enfermos, que tristemente han sido abandonados por sus propias familias cansadas de luchar infructuosamente contra su insuperable adicción a las drogas, son instrumentalizados por grandes mafias del narcotráfico y tanto el Estado Colombiano como la administración distrital, no ha podido darles una atención integral.

Resulta pertinente aclarar que la intervención al Bronx fue un hecho sin precedentes que se constituye en motivo de orgullo y regocijo para todos los bogotanos, teniendo en cuenta que el principal móvil de este operativo fue la protección de la niñez y la adolescencia que había sido arrebatada de su ambiente natural y estaba siendo sometida al yugo de la prostitución y las drogas.

Sin embargo, esta situación dejo al descubierto que la administración distrital no dimensionó el impacto de este desplazamiento masivo en los lugares aledaños, porque aunque ilegal, este era el lugar en donde se concentraba una gran cantidad de habitantes de la calle y peor aún, tampoco calculó que detrás de la salida de todos ellos se trasladarían los denominados “ganchos”, nombre con el que se conoce a los grandes expendedores de drogas.

Con el pasar de los días se evidencia más la crisis y se hacen reiterados los episodios de hurto, venta de drogas y alteración del orden público, frente a esto, la administración distrital justifica su incapacidad para actuar en una Sentencia de la Corte Constitucional, que señala que “el estado no puede actuar por la fuerza para obligar al indigente a recibir su ayuda” ya que se  invadiría la esfera de otros derechos como el del libre desarrollo de la personalidad.

Paradójicamente, para la Corte Constitucional, la esencia del libre desarrollo de la personalidad, como derecho, es el reconocimiento que el estado hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, “acorde con su plan de vida, sin afectar los derechos de los demás” y precisamente es ahí en donde se está presentando el corto circuito, pues las conductas delictivas de los habitantes de la calle, se traducen en la afectación de los derechos de la niñez, la juventud y la ciudadanía en general.  

Es precisamente aquí en donde la administración distrital debe apelar a las diferentes alternativas, como el método de la Ponderación de derechos, en virtud del cual cuando existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, se decide valorando cual es el derecho de mayor peso para la sociedad, por ejemplo el derecho a la vida de los habitantes de la calle versus el libre desarrollo de la personalidad.

Finalmente se evidencia que la administración está en mora de adelantar un Censo que le permita determinar cuántos de estos habitantes de la calle están en pleno uso de sus facultades mentales y cuantos por el abuso de sustancias psicotrópicas y alcohol han perdido la razón, no pueden valerse por sí mismos y se constituyen en un peligro para la sociedad, la declaratoria de interdicción por parte de los jueces, otorgaría las herramientas necesaria para que en esos casos, estas personas puedan ser internadas contra su voluntad en Centros donde se les preste la atención psiquiátrica correspondiente evitando incidentes desafortunados por su presencia en las calles.      

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