Amylkar D. Acosta M.-El Congreso de la Republica tiene como funciones propias hacer las leyes, interpretarlas, ejercer el control político y, como Constituyente derivado, puede reformar la Constitución Política. A menudo la percepción que se tiene de un Congreso de la Republica que cumple con su deber es aquel que expide el mayor número de leyes, por ello ningún congresista quiere quedarse atrás a la hora de presentar sus propias iniciativas, las que sumadas a las del ejecutivo son muchas y se termina sacrificando la calidad por la cantidad. 

No obstante que muchos proyectos se quedan en el camino, se hunden y no alcanzan su cometido, no dejan de proliferar aquellas que alcanzan a convertirse en leyes de la Republica, muchas de ellas sin ton ni son, inicuas, inocuas y vacuas. Ello es lo que da lugar a la hiperinflación legislativa. Basta con decir que en un solo cuatrienio (2010 – 2014) se expidieron 296 leyes. Cabe preguntarse, a ese ritmo a dónde vamos a llegar? Esta hiperinflación, dicho sea de paso, afecta la seguridad jurídica, que se fundamenta en reglas de juego claras y estables e incrementa los costos de transacción, dos lastres que, a juicio del Nobel de Economía Douglas North, frenan el crecimiento económico y el desarrollo social de los países. 

Son tantas leyes y actos legislativos expedidos por el Congreso que, según el jurista, experto en Derecho constitucional, Hernán Olano de las 1.830 expedidas desde 1992 no se sabe a ciencia cierta cuales están vigentes, derogadas o declaradas inexequibles. Según él el 30% de las leyes expedidas son inútiles, destacándose entre ellas el cúmulo de leyes de honores; es así cómo entre 2010 y 2016 se aprobaron 100 de ellas, la mayoría de las cuales no son más que un saludo a la bandera. 

Hace cuatro años el Presidente Juan Manuel Santos propuso que el Congreso de la República dedicara un período legislativo a “purgar” el ordenamiento jurídico, con el fin de depurarlo dejando sin efecto las leyes inútiles, muchas de las cuales son anacrónicas o han entrado en desuso. Esta loable tarea se inició pero quedó trunca y amerita retomarla, con el fin de que la armazón jurídica del país deje de ser una maraña inescrutable y así se le facilite el trabajo a todos los operadores jurídicos, ganando en eficiencia y eficacia.

Se estima que desde la publicación del primer Diario Oficial, en donde se registran y validan las leyes sancionadas por el ejecutivo hasta la fecha son más de 16.000 las que siguen vigentes, por no haber sido derogadas expresamente, aunque la coletilla con la que finalizan todas ellas, derogando “todas las normas que le sean contrarias” podría haber dado cuenta de muchas de ellas, sin que se sepa al final cuales siguen y cuales fenecen. Ni el jurista más avezado lo sabe. Colombia se cuenta entre los países más atrasados en la región en este aspecto, países como Perú, Ecuador o México han hecho serios esfuerzos en la actualización y tamizaje de su normatividad jurídica. Colombia está en mora de hacerlo. 

Un primer esfuerzo se hizo en el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos al proceder a compilar, conciliar y concordar más de 7.000 decretos en sólo 26, en uso de la potestad que le otorga al Presidente el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Algo similar habrá que hacer con ese arrume de leyes que hacen del conjunto de las mismas algo farragoso, incoherente, inconsistente e incongruente.  Este pasó que se dio va en la dirección correcta, de procurar la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, lo mismo que los decretos expedidos por la Dirección Administrativa de la Función Pública (DAFP) 1068 y 1083 de 2015. 

Por qué no puede el Congreso de la República a motu propio o a pedido del ejecutivo hacer un alto en el camino, decretar un paréntesis en su acostumbrada actividad legislativa y dedicarse a la cacería de todas aquellas normas inútiles o que simplemente su decaimiento las torna inoficiosas, para proceder a suprimirlas, fusionarlas o simplemente codificarlas, para que dejen de ser ese amasijo normativo, fuente de tantos artilugios y argucias jurídicas deplorables. Así lo hizo hace 44 años Suecia y borró del mapa un sinnúmero de leyes que sólo servían para estorbar el normal ejercicio de las funciones públicas y para menoscabar la tan ansiada seguridad jurídica. Y se ufanan de haberlo hecho. Por qué no imitarla, si es que nos conviene hacerlo. Esta es una asignatura pendiente, hace rato, del Congreso de la República. 

Barranquilla, junio 23 de 2017

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Por Ariel Ávila.- Presidente Santos, en tan solo algunas horas, las Farc terminarán de dejar las armas. 52 años de guerra habrán terminado. Con esto, usted cumple gran parte de su promesa a la sociedad, aunque falta aún el reto de lograr transformar a Colombia mediante la implementación de los acuerdos de paz.

Lo que ha hecho usted presidente, es de admirar. Estoy seguro que si su discurso hubiera sido el de la guerra, el país lo estaría aplaudiendo. Si su discurso durante estos siete años de gobierno se hubiera basado en matar gente, bombardear, eliminar y destruir a lo que es diferente en este país, buena parte de una sociedad como la colombiana, lo estaría alabando y su popularidad sobrepasaría el 80 por ciento. Colombia es una sociedad enferma, aquí hay quienes aún justifican el paramilitarismo, creen que lo que este hizo le sirvió al país. Es decir, que las miles de mujeres violadas, los descuartizamientos de civiles con motosierras, los empalamientos, las mutilaciones, las más de 400 masacres sucedidas, no sirvieron para que este país rechazara a este tipo de grupos armados ilegales; también hay quienes continúan con la idea de que la lucha armada para llegar al poder es legítima y con esta disculpa justifican cualquier tipo de atrocidades. Imagínese, aún hay quienes justifican el secuestro.

Haber construido un proceso de paz, humanizado al enemigo y haber hecho entender que este país nunca deberá justificar lo que pasó ni volverlo a vivir, ha sido una gran hazaña. Usted acabó con su capital político por hacer un proceso de paz. Esto es una acción de grandes figuras, porque hacer la paz no es popular, la gente se acostumbra a la guerra, vuelve lo excepcional normal, y permite que otros actúen de modo tal que es imposible justificar en una democracia estable y fuerte. La paz por el contrario exige un nuevo humanismo en la sociedad. En esta, los seres humanos somos pares, nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre otro por ideas o por desacuerdos. Por eso la violencia une más que la guerra, porque en épocas violentas se abusa de la fuerza y se ejerce sobre el otro, mientras que en épocas de paz, se podría decir, que la fuerza que se ejerce es sobre uno mismo, ya que es preciso controlarse y aceptar a los otros y otras como iguales. La excepcionalidad de la violencia no se puede normalizar.

Sin embargo, son pocos los que ven que la paz además de beneficiar a la generación actual, será tal vez el baluarte más importante, después de nuestra independencia, que entregaremos a nuestros hijos y nietos. La paz no es solo para nosotros, es también para las generaciones futuras. La paz le incomoda a aquellos que se beneficiaron de la guerra pues los obliga a devolver lo que se robaron, a contar la verdad y a pedir perdón, y por ello se oponen tanto al proceso, prefiriendo, por algunos pesos, sacrificar a nuestras generaciones futuras.

Además, el cambio no le gusta ni siquiera a los revolucionarios. Es cierto que usted ha sido un presidente de derecha en términos sociales y económicos, pero también es cierto que es un presidente de avanzada en términos políticos. Usted ha apoyado la ejecución de políticas que benefician a las minorías y las poblaciones vulnerables, ha logrado construir nuevos lineamientos para comenzar a afrontar los retos sociales en los territorios y nombró a dos ministras lesbianas en su gabinete. 

Obviamente, una política de avanzada ha traído la reacción conservadora de la sociedad colombiana; por ejemplo, la de aquellos que creen que las mujeres solo sirven para la cocina y que es legítimo maltratarlas o abusar de ellas, porque la mujer agente de derechos, trabajadora, emprendedora y autónoma, les disgusta.

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Por Jorge Enrique Robledo.- Finlandia es un país de economía de mercado que posee la merecida fama de tener la mejor educación del mundo. Entre las razones de su éxito están un profesorado bien pago, que le permite a cada maestro llevar una vida digna dedicada a la docencia, al igual que las mejores condiciones laborales en libertad de cátedra, número de estudiantes por salón, horas de clase semanales, laboratorios, bibliotecas y demás instalaciones. Los finlandeses, además, han sido formados en la idea de que la docencia es una profesión respetabilísima, hecho que, sumado a las buenas condiciones de trabajo, atrae hacia ella a los mejores estudiantes del país, quienes se forman con excelencia, en pregrado y posgrado, en universidades públicas gratuitas de alto nivel, que son las mismas para todos los finlandeses. Y gozan de un grande y respetado sindicato con el que los gobiernos se relacionan con el profesorado.

Entonces, el sistema educativo de Finlandia no se parece en nada, ¡pero en absolutamente nada!, al de Colombia, donde los profesores son muy mal pagos y con exageradas horas de clase y estudiantes por aula, instituciones con pésimas instalaciones y dotaciones y cero respaldo para acceder a los costosos posgrados. Como si fuera poco, van décadas de una campaña de descrédito contra los docentes, presentándolos como indeseables y como los responsables de las graves fallas del sistema educativo.

A propósito del sistema educativo, diseñado por los gobiernos y no por el magisterio, este nunca se ha pensado para dotar al país de la mejor educación, sino todo lo contrario, como lo prueban unos ejemplos. Medio siglo se gastaron los gobernantes de Colombia en reconocer –y solo lo han hecho en el papel– que la doble jornada en los colegios públicos –unos van a clase por la mañana y otros por la tarde– le hizo y le hace un daño enorme a la educación. Porque al terminar sus estudios, los que asistieron a la doble jornada recibieron tres años menos de clases, ¡tres años!, que los que estudiaron todo el día. Y no fue casual que en estos diez lustros, y todavía ahora, los que pudieron pagar por la jornada única no sometieron a sus hijos a la formación de inferior calidad. También sirve de prueba reina que los gobiernos hayan convertido la educación privada –que puede existir–, no en la excepción, sino en la política oficial. Porque si bien la educación privada puede ser de alta calidad, solo lo logra la de matrículas muy caras, que por definición excluye a casi todos los colombianos, a los que se condena a la educación privada de garaje, de inevitable mediocridad.

Una última prueba: nadie puede refutar que el mejor sistema educativo debe tener como propósito la educación universal, es decir, para todos, y de alta calidad, ni que para que pueda ser universal tiene que ser gratuita y pagada por el Estado, el único que puede pagarla. Y es obvio que solo el Estado puede garantizar las mejores condiciones laborales para los docentes, claves en todo sistema educativo, objetivos que no significan implantar un país socialista o que no pueda haber educación privada de la mejor calidad.

¿Que por qué respaldo el paro del magisterio?, pregunta el santismo insidioso. Por la simple razón de que las maestras y los maestros tienen la razón, según aprendí en 26 años de profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Manizales, y porque con estas ideas llegué al Senado y no es de mi personalidad cambiar mi manera de pensar a cambio de la mermelada que reparten quienes malgobiernan a Colombia.

Coletilla uno. Se necesitaron los reclamos de la Procuraduría y la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca de parar la venta de Cafesalud, según demanda que interpusimos con Sofía Gaviria y José Roberto Acosta, para impedir que se cerrará este negocio oscuro, montado por el gobierno en favor de no se sabe con precisión quiénes y en qué condiciones, porque lo ocultan tras un pacto ilegal de confidencialidad (http://bit.ly/2suyJvw).

Coletilla dos. Nos dio la razón la Contraloría en el caso del crédito que el Banco Agrario le concedió, ilegalmente, a Navelena-Odebrecht, en el que se encuentran perdidos 138 mil millones de pesos, suma que en parte se destinó para favorecer, abusivamente, al Banco de Occidente, del Grupo Aval (http://bit.ly/2r7F64y). Y la Fiscalía investiga a ejecutivos de segundo nivel del Banco pero no a su junta directiva, que aprobó el crédito que no ha debido aprobar.

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Por Jairo Gómez.- Una conspiración de altísimos quilates se cierne sobre el acuerdo de paz, y lo peor está por venir. Lo grave del asunto es que el conjuro se está fraguando desde afuera, desde Estados Unidos, y el enlace y componedor de esa trama está en Colombia.

No quiere decir esto que todos los demócratas y republicanos estén contra la paz, o incluso que el Embajador Withaker haga parte del pastel. Pero sí que hay conservadores norteamericanos de la derecha más recalcitrante que hacen buen uso de la vaporosa e impredecible personalidad del presidente Trump para promover una agenda desestabilizadora en la región. Sacando, de hecho, réditos de un Presidente acorralado por varias investigaciones que hacen temer que su permanencia en la Casa Blanca esté signada por un camino lleno de espinas.

Hechos recientes corroboran la efectiva influencia cubano-americana de derecha sobre el presidente Trump, en especial su decisión de hacer una pausa en las relaciones bilaterales con Cuba. Quienes inspiraron ese viraje de la Casa Blanca, lo dicen analistas en Washington, fueron los congresistas republicanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, hoy aliados incondicionales del Senador Álvaro Uribe Vélez.

Esa perversa alianza tiene sus efectos sobre la realidad colombiana y las gestiones de Uribe Vélez con estos parlamentarios republicanos, de origen cubano, están logrando su objetivo.

Vamos por partes, no se trata de hechos aislados: La estrategia de desestabilización pasó, primero, por hacer pública la carta del embajador Withaker que critica una decisión judicial emanada de la Corte Suprema de Justicia; segundo, por la calculada intervención de Uribe en Atenas sembrando dudas, como es costumbre, sobre la Justicia Especial para la Paz; y, tercero, días después, por las exigencias del Secretario del Departamento de Estado Rex Tillerson dirigidas al Gobierno colombiano a través de una declaración pública en la que presiona por reanudar la fumigación de la hoja de coca con glifosato. Los días y los tiempos lo dicen todo: la orquesta afinada.

Pero, ¿qué tan influyentes son Rubio y Díaz-Balar en el gobierno Trump como para intrigar en contra del acuerdo de paz en Colombia? Veamos: Rubio, tiene una silla en el comité de inteligencia del senado que investiga las implicaciones de Rusia en la campaña electoral, y que hoy tiene al presidente en un muelle sin salida; y Díaz-Balart negoció su voto con la Casa Blanca para eliminar el “Obamacare” a cambio de que el despacho oval endureciera su política anticubana y contra la paz en Colombia. Este “bi-poder” se acrecienta día a día sobre un presidente que gobierna bajo sospecha.

La BBC en una reciente entrevista le hacía la siguiente afirmación al académico y polemista de izquierda Noam Chomsky: “usted define al Partido Republicano como la organización más peligrosa de la tierra”, él respondió: “Y de la humanidad. En su momento dije que eran unas declaraciones escandalosas, pero es verdad”.

Repito, probablemente no todos los republicanos estén contra la paz en Colombia, pero los congresistas mencionados –Rubio y Díaz-Balart- indudablemente sí, y tienen varios objetivos: obstaculizar la ayuda económica de Washington, que penda sobre el Acuerdo Final el fantasma de la extradición, y ejercer presión a favor de la fumigación. Es una conspiración quirúrgica, y quien maneja el bisturí en nuestro país es el Senador Uribe Vélez, el gran componedor de una trama que hoy quiere abrirle un nuevo frente de dificultades a la descuadernada democracia colombiana.

 

@jairotevi

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Por Juan Manuel Galán.-Ni candidato del Gobierno, ni candidato de maquinarias, ni un delfín. Por si aún existe alguna duda, vamos a dejarlo claro, no soy el candidato oficial del continuismo. Soy un liberal independiente que ha defendido posturas renovadoras dentro del Liberalismo. Es por eso que hablo del Nuevo Liberalismo, un movimiento que convertirá a Colombia en el país de las oportunidades para todos. Invito a los liberales y a quienes se niegan a entregarle el país a extremos populistas, para que hagamos una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias. Que sea la gente, los ciudadanos, quienes tengan el poder de decisión sobre el candidato que defenderá una propuesta de centro en las elecciones presidenciales. Con esta iniciativa, busco el apoyo no solo de los Liberales, sino de todos los precandidatos que tienen el legado liberal en el corazón. Vamos a hacer una revolución pacífica, electoral, que libere a Colombia del yugo clientelista, un cáncer que se ha devorado a nuestro país y que nos cuesta entre 3 y 5% del PIB. Una revolución que construya igualdad a través del crecimiento inclusivo en uno de los países más desiguales del mundo. Una revolución que permita superar definitivamente el flagelo del narcotráfico, fuente de corrupción e inseguridad.

La consulta popular debe tener garantías, unas reglas claras, bajo un escenario neutral que, desde el más alto nivel, ofrezca garantías suficientes a todos los precandidatos. Solo así, lograremos un consenso alrededor de una propuesta que responde con claridad a las demandas de seguridad y justicia y que, bajo una visión democrática, le apuesta a la distribución de la riqueza con políticas fiscales novedosas y progresivas. Necesitamos propuestas que no estén casadas, ni con la extrema derecha del Centro Democrático que quiere hacer trizas los acuerdos, ni con la extrema izquierda, que pretende entronizar en Colombia el modelo venezolano Chavista. Se trata más bien, de reunir a todos aquellos candidatos interesados en propuestas que rescaten el proceso de paz y que avancen en las reformas que el país necesita para construir igualdad, y hacer de Colombia el país de las oportunidades. 

Convoco entonces a un Nuevo Liberalismo, como opción renovadora, rebelde y en contra de las maquinarias electorales, como oportunidad de transformación social, que nos lleve a una nueva forma de hacer política en Colombia. Una política cuyo principio y objetivo es garantizar derechos, no hacer favores ni negocios particulares desde el poder. ¡Es la hora de la renovación!

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Por Guillermo García Realpe.-Esta semana que concluyó el Senado de la República aprobó un importante proyecto de corte social y que es de nuestra autoría.

Se trata de una iniciativa que permitirá que 420 mil colombianos que hoy carecen del servicio de energía eléctrica, a partir de esta ley, puedan gozar del servicio de manera gradual y oportuna.

El proyecto que pasa ahora a sanción presidencial, fortalecerá el fondo pro electrificación rural, facultando a Concejos municipales y Asambleas departamentales a expedir estampillas para tal fin por un término de veinte años.

Pero además de esto, también se establece que se destinarán recursos para financiar proyectos de energía fotovoltaica y energía solar, esto con el fin de llevar el servicio a los más recónditos lugares de la geografía nacional donde habitan colombianos humildes.

Este proyecto, sin lugar a dudas, hace justicia con miles y miles de colombianos que en pleno siglo XXI continúan iluminando sus hogares a punta de velas. Esto, desde todo punto de vista es lamentable.

Ahora, más de 400 mil compatriotas podrán mejorar ostensiblemente su calidad de vida, las amas de casa podrán refrigerar sus productos, sus hijos podrán acceder al mundo virtual y tener todas las herramientas a la mano para ser más competitivos académicamente, los campesinos tendrán posibilidades de mejorar su productividad, en fin, disfrutar de todas las bondades que un servicio tan vital como la energía eléctrica puede ofrecer, sobre todo a las familias que habitan la periferia colombiana.

Hoy, donde más déficit de este servicio hay es en la Amazonía, Orinoquía y todo el litoral Pacífico, departamentos como Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, Chocó, Cauca, Nariño, etc, presentan baja cobertura en cubrimiento de energía eléctrica.

Lo que se hará a partir de éste proyecto de ley, es identificar los lugares no interconectados y extender el servicio a tales sitios.

Y en aquellos lugares donde por cuestiones geográficas y por las grandes distancias no sea posible llevar la red eléctrica, para ello se dispuso que el servicio llegue a través de energías alternativas, facilitando la instalación, ahorrando costos en redes y siendo amigable de paso con nuestro medio ambiente.

El proyecto que permitirá garantizar que el servicio de energía eléctrica llegue a miles de familias, sobre todo de nuestro campo colombiano, también fue obra de los congresistas, Harry González García, Orlando Guerra de la Rosa, Marco Sergio Rodríguez, Olga Lucía Velásquez, Éduar Benjumea Moreno, Carlos Julio Bonilla, Rafael Elizalde Gómez, Carlos Alberto Cuenca, Leopoldo Suárez Melo, Nilton Córdoba, Óscar Hurtado Pérez, Norbey Marulanda Muñoz, Flora Perdomo, Ángelo Villamil Benavides, todos Representantes a la Cámara de las zonas de la periferia y de las regiones donde están los mayores beneficiarios de esta iniciativa. 

Está es otra conquista social, que como los subsidios del gas propano o GLP, beneficiará  a los colombianos más humildes, a quienes por muchos años estaban esperando la mano amiga del Estado y hoy me complace ser uno de los autores e impulsores de esta ley, para ayudar que más compatriotas iluminen sus vidas.

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Por Amylkar D. Acosta M.- El país ha venido registrando, con perplejidad  y sin entender a cabalidad su trascendencia, una seguidilla de consultas populares en distintos municipios del país, que se han rebelado en contra de la actividad extractiva y en todas ellas por abrumadora mayoría de los sufragantes se ha decidido proscribirla de sus territorios. Las más recientes se realizaron en Cajamarca (Tolima), en contra de la minería y en Cumaral (Meta), en contra de la exploración y explotación petrolera. Ello amerita un análisis sobre sus alcances y consecuencias, para poder establecer la procesión que va por dentro de este hecho inusitado.

Se aduce en todos los casos que la actividad extractiva se constituye en una amenaza contra la sostenibilidad del medioambiente, sobre todo se hace hincapié en que la misma pone en riesgo el acceso al recurso hídrico por parte de la población. Ha hecho carrera en el imaginario colectivo, como fijación, de que la comunidad debe decidirse por el agua o por el oro, por el agua o por el petróleo, lo cual, como lo veremos no pasa de ser una falsa disyuntiva. Planteada así, de esta manera simplista, dicha dicotomía, es obvio de toda obviedad que primero está la preservación, conservación y el acceso al preciado líquido.

La verdad sea dicha, como lo sostiene el Ingeniero de Minas Pablo Liemann, “es difícil encontrar algún sector de la economía o alguna industria que no utilice en forma habitual algún producto obtenido de un mineral y, por lo tanto, que provenga del sector minero”. En este sentido son atinentes las palabras de la columnista Enoris Restrepo cuando afirma que “hoy hay municipios en Colombia que prohíben la minería, pero quieren vías pavimentadas, con agregados producidos por la minería, asfalto derivado del petróleo, viviendas, escuelas y hospitales hechos con cemento, acero, ladrillos, tejas, revoques y pinturas, productos todos cuyo origen es la explotación de minerales…fertilizan sus suelos para la agricultura con cales y abonos de origen mineral. Es un contrasentido”.

De allí que, en hablando de los recursos naturales no renovables, verbo y gracia el oro, el cobre, el níquel, el carbón, el petróleo, el gas natural, es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Y la verdad es que los colombianos los necesitamos. Por fortuna Colombia, sin ser un país minero cuenta con los recursos mineros y sin ser un país petrolero cuenta con el petróleo, de otro modo tendríamos que importarlos. En efecto, la economía crece al ritmo de crecimiento del sector minero-energético. Durante la década 2005-2014, según el BID, el crecimiento promedio del PIB fue de 4.7%, muy por encima del 3.2% promedio de las dos décadas anteriores. Las exportaciones del sector minero-energético y los ingresos de divisas al país han llegado a representar hasta el 70% de la totalidad de las exportaciones. Y hablando de ingresos, la renta petrolera (impuestos + dividendos) que recibió la Nación en el año 2013, en la cresta de la ola del auge de este sector, ascendieron a la suma de $23.6 billones y si sumamos las regalías que van a las regiones a través del SGR ingresaron más de $40 billones, equivalente al costo del más ambicioso programa de modernización de la infraestructura vial del país (4G).

Ello no nos lleva a plantear, entonces, que en aras de disponer del recurso para tales efectos este se extraiga en cualquier lugar y de cualquier manera, sin parar mientes en su impacto y en sus secuelas. No hay actividad humana que no tenga un impacto y la actividad extractiva no es la excepción, de lo que se trata es de minimizar y reducir ese impacto, prevenirlo, mitigarlo, compensarlo o reponerlo, cuando hay lugar a ello.

No se trata, entonces, de decir sí o no, a rajatabla, a la minería. Me acojo a la frase que ha circulado profusamente: Minería sí, pero no así, para significar que no es permisible ni conveniente cualquier minería, desarrollada de cualquier manera. Solo es admisible y beneficiosa para el país, para las regiones y para las comunidades, aquella minería responsable con el medioambiente y con las comunidades, que utilice buenas prácticas y cumpla con los estándares más exigentes. Así y sólo así podemos decir que le conviene al país y a las entidades territoriales la actividad extractiva.

Medellín, junio 17 de 2017

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Recientemente los colombianos nos enteramos con una noticia que nos impactó: el Ministro Alejandro Gaviria de la cartera de salud manifestó en su blog, que presentó malestares y que al no soportar los dolores se remitió a una clínica, donde después de unos exámenes le determinaron que tenía una especie de cáncer. Afortunadamente diagnosticado a tiempo.

Gaviria dijo que “está completamente seguro del tratamiento al que debe someterse y aún más tiene plena confianza en los galenos colombianos y en el sistema de salud del país”.

La novedad para el Ministro, hoy muy frecuente por el estilo de vida, es un aviso importante para los que tenemos funciones donde no se tienen en cuenta  los tiempos y espacios para el descanso y la recreación.

Valoramos el interés del ministro Gaviria de tratarse en Colombia, como un acto de confianza en la medicina y médicos del país que, como ministro de salud, puede evaluar. No nos es extraño, porque los médicos latinoamericanos y en especial, los colombianos, son invitados y muy bien recibidos por las mejores universidades y centros médicos del mundo.

Apreciado ministro Gaviria, desde este espacio de lucha por los derechos fundamentales de los colombianos, le deseamos una muy pronta recuperación y así mismo reconocerle haber comunicado su enfermedad, que estamos seguros contribuirá a estimular a los colombianos para que revisemos periódicamente nuestro estado de salud, es decir, aplicar las políticas de medicina preventiva que usted viene llevando a cabo y que es el mejor medicamento para evitar las enfermedades.

Admiramos su fortaleza y valoramos su empeño en seguir al frente del Ministerio de Salud para sacar adelante al sistema, pese a los graves problemas que aquejan al sector. 

Adelante ministro Gaviria, usted puede, Colombia lo requiere para mejorar la prestación de los servicios de salud de nuestros compatriotas.

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Por José Gregorio Hernández.-Como lo dije en estos días ante numerosos notarios del país a propósito de muy diversos acontecimientos, lo cierto -y no está bien que nos engañemos- es que,  en este período que se ha denominado “del posconflicto”, el país está desconcertado, sin guía ni norte.

No lo dice un enemigo de la paz. Pues, como consta en numerosos escritos, siempre entendimos que el camino para terminar la guerra y la violencia de muchos años no era otro que el diálogo. Un diálogo fecundo, digno, importante -como decía Álvaro Gómez Hurtado- ; un diálogo para acercar, no para desunir, ni para dividir, ni para estigmatizar, ni para polarizar; un diálogo para la paz, no para la guerra entre las comunidades, los amigos, y hasta los familiares. No para el conflicto, so pretexto del posconflicto.

Por ello -así entendido el diálogo, y así entendida la paz-, apoyamos siempre el proceso, lo cual no significaba aprobar en su texto, ni en bloque,  todo cuanto se proyectara en La Habana, ya que allí no sesionaba una Asamblea Constituyente capaz de reformar todo nuestro ordenamiento jurídico, sino que era un foro de diálogo abierto, para buscar posibles salidas al conflicto, siempre sobre la base del sometimiento de los antiguos guerrilleros a la institucionalidad. No a la inversa. Es decir, jamás este país creyó que, a partir del diálogo y en busca de la paz,  la institucionalidad terminaría sometida al querer y a las directrices políticas y jurídicas de la guerrilla de las Farc; una sociedad derrotada, apenas interesada -y desesperada-  en la procura de un premio internacional. Es eso lo que no aceptamos.

Seguimos siendo entusiastas amigos de la paz mediante el  diálogo, pues igualmente dijimos en su momento que la guerra  había fracasado y que era necesario aplicar un criterio diferente, acorde con el mandato del artículo 22 de la Constitución, a cuyo tenor “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Pero nuestro concepto del diálogo y sobre  la paz no incluye la abjuración de los principios democráticos, ni la clausura de los conceptos jurídicos, y menos un paréntesis en la vigencia de la institucionalidad. La paz es un valor de máximo nivel dentro de nuestra estructura democrática, pero, precisamente por ello, la paz no se puede desvalorizar, ni disfrazar, ni confundir con la  ruptura del esquema estatal vigente, ni con la anulación efectiva de las instituciones democráticas.

Lo alcanzado en la mesa de negociaciones ha debido circunscribirse .y así no aconteció, o cuando menos, no tenemos una prueba,  a ciertos temas muy especiales -propios del sometimiento de una organización guerrillera a la legalidad-, como su renuncia definitiva a los métodos delictivos, la verdad y la justicia; su promesa formal y comprobable de no seguir delinquiendo; desde luego, su real y efectiva  protección y la de sus más cercanos familiares;  la entrega completa e inmediata de las armas (todas); la desmovilización, la liberación de secuestrados y de menores reclutados –también inmediatas-,  y la indemnización o reparación integral, cierta y verificable, concreta y real,  a las víctimas, todo a cambio de amnistía o indulto respecto a los delitos políticos y conexos, sin incluir en los beneficios a los autores de crímenes de lesa humanidad, o de crímenes de guerra cometidos en forma sistemática, de genocidio, o de violencia carnal, entre otros.

Viva la paz, pero no cantemos el réquiem por las instituciones.

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Por Jairo Gómez.-No nos debe extrañar la frescura con que el Gobierno de Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de nuestro país. Así ha sido siempre, durante muchos años de relación bilateral; y eso ocurre porque los presidentes de ayer y de hoy lo admiten, sin reparo alguno, sin reclamar reciprocidad.

Eso explica cómo el imperioso embajador de ese país en Colombia tiene la osadía de enviarle una carta a la Corte Suprema de Justicia cuestionando una decisión judicial que es de su absoluta y soberana competencia. En Colombia la justicia toma una determinación y los colombianos, estemos o no de acuerdo, la acatamos y la respetamos, pero el señor Kevin Whitaker, no.

Tímidamente el presidente Santos, sin mencionar al diplomático, respondió que los fallos de la justicia no deben ser puestos en tela de juicio ni por autoridades nacionales y mucho menos extranjeras. ¿Suficiente respuesta? A mi entender, la reacción del Gobierno debió ser mucho más formal y con nota oficial de la Cancillería a la que, dicho sea de paso, el funcionario ignoró puesto que envió su comunicación directamente a la Corte Suprema, con copia al presidente, a todas las autoridades judiciales, al consejero de Paz y a su asesora, y no a María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores. Qué indelicadeza. 

Pero más allá de esta intromisión lo grave de su carta a la corte es el desmedido cuestionamiento que hace al Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno y las Farc, tras expresar su desacato por una decisión judicial, al amparo de la JEP, que favoreció, recientemente, a un guerrillero de las Farc sindicado, en su país, de haber secuestrado a un ciudadano estadounidense. Asegura, el embajador, que “la decisión de la corte es inconsistente con las metas del Proceso de Paz y por ello pudiese debilitar la credibilidad de los procedimientos judiciales especiales asociados con dicho acuerdo”. Pero, como si fuera poco, el diplomático, intimidante, advierte que esta decisión, repito, soberana de la corte, “desarrolla un gran riesgo de crear un precedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral”.

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Amylkar D. Acosta M.-El Congreso de la Republica tiene como funciones propias hacer las leyes, interpretarlas, ejercer el control político y, como Constituyente derivado, puede reformar la Constitución Política. A menudo la percepción que se tiene de un Congreso de la Republica que cumple con su deber es aquel que expide el mayor número de leyes, por ello ningún congresista quiere quedarse atrás a la hora de presentar sus propias iniciativas, las que sumadas a las del ejecutivo son muchas y se termina sacrificando la calidad por la cantidad. 

No obstante que muchos proyectos se quedan en el camino, se hunden y no alcanzan su cometido, no dejan de proliferar aquellas que alcanzan a convertirse en leyes de la Republica, muchas de ellas sin ton ni son, inicuas, inocuas y vacuas. Ello es lo que da lugar a la hiperinflación legislativa. Basta con decir que en un solo cuatrienio (2010 – 2014) se expidieron 296 leyes. Cabe preguntarse, a ese ritmo a dónde vamos a llegar? Esta hiperinflación, dicho sea de paso, afecta la seguridad jurídica, que se fundamenta en reglas de juego claras y estables e incrementa los costos de transacción, dos lastres que, a juicio del Nobel de Economía Douglas North, frenan el crecimiento económico y el desarrollo social de los países. 

Son tantas leyes y actos legislativos expedidos por el Congreso que, según el jurista, experto en Derecho constitucional, Hernán Olano de las 1.830 expedidas desde 1992 no se sabe a ciencia cierta cuales están vigentes, derogadas o declaradas inexequibles. Según él el 30% de las leyes expedidas son inútiles, destacándose entre ellas el cúmulo de leyes de honores; es así cómo entre 2010 y 2016 se aprobaron 100 de ellas, la mayoría de las cuales no son más que un saludo a la bandera. 

Hace cuatro años el Presidente Juan Manuel Santos propuso que el Congreso de la República dedicara un período legislativo a “purgar” el ordenamiento jurídico, con el fin de depurarlo dejando sin efecto las leyes inútiles, muchas de las cuales son anacrónicas o han entrado en desuso. Esta loable tarea se inició pero quedó trunca y amerita retomarla, con el fin de que la armazón jurídica del país deje de ser una maraña inescrutable y así se le facilite el trabajo a todos los operadores jurídicos, ganando en eficiencia y eficacia.

Se estima que desde la publicación del primer Diario Oficial, en donde se registran y validan las leyes sancionadas por el ejecutivo hasta la fecha son más de 16.000 las que siguen vigentes, por no haber sido derogadas expresamente, aunque la coletilla con la que finalizan todas ellas, derogando “todas las normas que le sean contrarias” podría haber dado cuenta de muchas de ellas, sin que se sepa al final cuales siguen y cuales fenecen. Ni el jurista más avezado lo sabe. Colombia se cuenta entre los países más atrasados en la región en este aspecto, países como Perú, Ecuador o México han hecho serios esfuerzos en la actualización y tamizaje de su normatividad jurídica. Colombia está en mora de hacerlo. 

Un primer esfuerzo se hizo en el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos al proceder a compilar, conciliar y concordar más de 7.000 decretos en sólo 26, en uso de la potestad que le otorga al Presidente el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Algo similar habrá que hacer con ese arrume de leyes que hacen del conjunto de las mismas algo farragoso, incoherente, inconsistente e incongruente.  Este pasó que se dio va en la dirección correcta, de procurar la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, lo mismo que los decretos expedidos por la Dirección Administrativa de la Función Pública (DAFP) 1068 y 1083 de 2015. 

Por qué no puede el Congreso de la República a motu propio o a pedido del ejecutivo hacer un alto en el camino, decretar un paréntesis en su acostumbrada actividad legislativa y dedicarse a la cacería de todas aquellas normas inútiles o que simplemente su decaimiento las torna inoficiosas, para proceder a suprimirlas, fusionarlas o simplemente codificarlas, para que dejen de ser ese amasijo normativo, fuente de tantos artilugios y argucias jurídicas deplorables. Así lo hizo hace 44 años Suecia y borró del mapa un sinnúmero de leyes que sólo servían para estorbar el normal ejercicio de las funciones públicas y para menoscabar la tan ansiada seguridad jurídica. Y se ufanan de haberlo hecho. Por qué no imitarla, si es que nos conviene hacerlo. Esta es una asignatura pendiente, hace rato, del Congreso de la República. 

Barranquilla, junio 23 de 2017

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Por Ariel Ávila.- Presidente Santos, en tan solo algunas horas, las Farc terminarán de dejar las armas. 52 años de guerra habrán terminado. Con esto, usted cumple gran parte de su promesa a la sociedad, aunque falta aún el reto de lograr transformar a Colombia mediante la implementación de los acuerdos de paz.

Lo que ha hecho usted presidente, es de admirar. Estoy seguro que si su discurso hubiera sido el de la guerra, el país lo estaría aplaudiendo. Si su discurso durante estos siete años de gobierno se hubiera basado en matar gente, bombardear, eliminar y destruir a lo que es diferente en este país, buena parte de una sociedad como la colombiana, lo estaría alabando y su popularidad sobrepasaría el 80 por ciento. Colombia es una sociedad enferma, aquí hay quienes aún justifican el paramilitarismo, creen que lo que este hizo le sirvió al país. Es decir, que las miles de mujeres violadas, los descuartizamientos de civiles con motosierras, los empalamientos, las mutilaciones, las más de 400 masacres sucedidas, no sirvieron para que este país rechazara a este tipo de grupos armados ilegales; también hay quienes continúan con la idea de que la lucha armada para llegar al poder es legítima y con esta disculpa justifican cualquier tipo de atrocidades. Imagínese, aún hay quienes justifican el secuestro.

Haber construido un proceso de paz, humanizado al enemigo y haber hecho entender que este país nunca deberá justificar lo que pasó ni volverlo a vivir, ha sido una gran hazaña. Usted acabó con su capital político por hacer un proceso de paz. Esto es una acción de grandes figuras, porque hacer la paz no es popular, la gente se acostumbra a la guerra, vuelve lo excepcional normal, y permite que otros actúen de modo tal que es imposible justificar en una democracia estable y fuerte. La paz por el contrario exige un nuevo humanismo en la sociedad. En esta, los seres humanos somos pares, nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre otro por ideas o por desacuerdos. Por eso la violencia une más que la guerra, porque en épocas violentas se abusa de la fuerza y se ejerce sobre el otro, mientras que en épocas de paz, se podría decir, que la fuerza que se ejerce es sobre uno mismo, ya que es preciso controlarse y aceptar a los otros y otras como iguales. La excepcionalidad de la violencia no se puede normalizar.

Sin embargo, son pocos los que ven que la paz además de beneficiar a la generación actual, será tal vez el baluarte más importante, después de nuestra independencia, que entregaremos a nuestros hijos y nietos. La paz no es solo para nosotros, es también para las generaciones futuras. La paz le incomoda a aquellos que se beneficiaron de la guerra pues los obliga a devolver lo que se robaron, a contar la verdad y a pedir perdón, y por ello se oponen tanto al proceso, prefiriendo, por algunos pesos, sacrificar a nuestras generaciones futuras.

Además, el cambio no le gusta ni siquiera a los revolucionarios. Es cierto que usted ha sido un presidente de derecha en términos sociales y económicos, pero también es cierto que es un presidente de avanzada en términos políticos. Usted ha apoyado la ejecución de políticas que benefician a las minorías y las poblaciones vulnerables, ha logrado construir nuevos lineamientos para comenzar a afrontar los retos sociales en los territorios y nombró a dos ministras lesbianas en su gabinete. 

Obviamente, una política de avanzada ha traído la reacción conservadora de la sociedad colombiana; por ejemplo, la de aquellos que creen que las mujeres solo sirven para la cocina y que es legítimo maltratarlas o abusar de ellas, porque la mujer agente de derechos, trabajadora, emprendedora y autónoma, les disgusta.

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Por Jorge Enrique Robledo.- Finlandia es un país de economía de mercado que posee la merecida fama de tener la mejor educación del mundo. Entre las razones de su éxito están un profesorado bien pago, que le permite a cada maestro llevar una vida digna dedicada a la docencia, al igual que las mejores condiciones laborales en libertad de cátedra, número de estudiantes por salón, horas de clase semanales, laboratorios, bibliotecas y demás instalaciones. Los finlandeses, además, han sido formados en la idea de que la docencia es una profesión respetabilísima, hecho que, sumado a las buenas condiciones de trabajo, atrae hacia ella a los mejores estudiantes del país, quienes se forman con excelencia, en pregrado y posgrado, en universidades públicas gratuitas de alto nivel, que son las mismas para todos los finlandeses. Y gozan de un grande y respetado sindicato con el que los gobiernos se relacionan con el profesorado.

Entonces, el sistema educativo de Finlandia no se parece en nada, ¡pero en absolutamente nada!, al de Colombia, donde los profesores son muy mal pagos y con exageradas horas de clase y estudiantes por aula, instituciones con pésimas instalaciones y dotaciones y cero respaldo para acceder a los costosos posgrados. Como si fuera poco, van décadas de una campaña de descrédito contra los docentes, presentándolos como indeseables y como los responsables de las graves fallas del sistema educativo.

A propósito del sistema educativo, diseñado por los gobiernos y no por el magisterio, este nunca se ha pensado para dotar al país de la mejor educación, sino todo lo contrario, como lo prueban unos ejemplos. Medio siglo se gastaron los gobernantes de Colombia en reconocer –y solo lo han hecho en el papel– que la doble jornada en los colegios públicos –unos van a clase por la mañana y otros por la tarde– le hizo y le hace un daño enorme a la educación. Porque al terminar sus estudios, los que asistieron a la doble jornada recibieron tres años menos de clases, ¡tres años!, que los que estudiaron todo el día. Y no fue casual que en estos diez lustros, y todavía ahora, los que pudieron pagar por la jornada única no sometieron a sus hijos a la formación de inferior calidad. También sirve de prueba reina que los gobiernos hayan convertido la educación privada –que puede existir–, no en la excepción, sino en la política oficial. Porque si bien la educación privada puede ser de alta calidad, solo lo logra la de matrículas muy caras, que por definición excluye a casi todos los colombianos, a los que se condena a la educación privada de garaje, de inevitable mediocridad.

Una última prueba: nadie puede refutar que el mejor sistema educativo debe tener como propósito la educación universal, es decir, para todos, y de alta calidad, ni que para que pueda ser universal tiene que ser gratuita y pagada por el Estado, el único que puede pagarla. Y es obvio que solo el Estado puede garantizar las mejores condiciones laborales para los docentes, claves en todo sistema educativo, objetivos que no significan implantar un país socialista o que no pueda haber educación privada de la mejor calidad.

¿Que por qué respaldo el paro del magisterio?, pregunta el santismo insidioso. Por la simple razón de que las maestras y los maestros tienen la razón, según aprendí en 26 años de profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Manizales, y porque con estas ideas llegué al Senado y no es de mi personalidad cambiar mi manera de pensar a cambio de la mermelada que reparten quienes malgobiernan a Colombia.

Coletilla uno. Se necesitaron los reclamos de la Procuraduría y la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca de parar la venta de Cafesalud, según demanda que interpusimos con Sofía Gaviria y José Roberto Acosta, para impedir que se cerrará este negocio oscuro, montado por el gobierno en favor de no se sabe con precisión quiénes y en qué condiciones, porque lo ocultan tras un pacto ilegal de confidencialidad (http://bit.ly/2suyJvw).

Coletilla dos. Nos dio la razón la Contraloría en el caso del crédito que el Banco Agrario le concedió, ilegalmente, a Navelena-Odebrecht, en el que se encuentran perdidos 138 mil millones de pesos, suma que en parte se destinó para favorecer, abusivamente, al Banco de Occidente, del Grupo Aval (http://bit.ly/2r7F64y). Y la Fiscalía investiga a ejecutivos de segundo nivel del Banco pero no a su junta directiva, que aprobó el crédito que no ha debido aprobar.

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Por Jairo Gómez.- Una conspiración de altísimos quilates se cierne sobre el acuerdo de paz, y lo peor está por venir. Lo grave del asunto es que el conjuro se está fraguando desde afuera, desde Estados Unidos, y el enlace y componedor de esa trama está en Colombia.

No quiere decir esto que todos los demócratas y republicanos estén contra la paz, o incluso que el Embajador Withaker haga parte del pastel. Pero sí que hay conservadores norteamericanos de la derecha más recalcitrante que hacen buen uso de la vaporosa e impredecible personalidad del presidente Trump para promover una agenda desestabilizadora en la región. Sacando, de hecho, réditos de un Presidente acorralado por varias investigaciones que hacen temer que su permanencia en la Casa Blanca esté signada por un camino lleno de espinas.

Hechos recientes corroboran la efectiva influencia cubano-americana de derecha sobre el presidente Trump, en especial su decisión de hacer una pausa en las relaciones bilaterales con Cuba. Quienes inspiraron ese viraje de la Casa Blanca, lo dicen analistas en Washington, fueron los congresistas republicanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, hoy aliados incondicionales del Senador Álvaro Uribe Vélez.

Esa perversa alianza tiene sus efectos sobre la realidad colombiana y las gestiones de Uribe Vélez con estos parlamentarios republicanos, de origen cubano, están logrando su objetivo.

Vamos por partes, no se trata de hechos aislados: La estrategia de desestabilización pasó, primero, por hacer pública la carta del embajador Withaker que critica una decisión judicial emanada de la Corte Suprema de Justicia; segundo, por la calculada intervención de Uribe en Atenas sembrando dudas, como es costumbre, sobre la Justicia Especial para la Paz; y, tercero, días después, por las exigencias del Secretario del Departamento de Estado Rex Tillerson dirigidas al Gobierno colombiano a través de una declaración pública en la que presiona por reanudar la fumigación de la hoja de coca con glifosato. Los días y los tiempos lo dicen todo: la orquesta afinada.

Pero, ¿qué tan influyentes son Rubio y Díaz-Balar en el gobierno Trump como para intrigar en contra del acuerdo de paz en Colombia? Veamos: Rubio, tiene una silla en el comité de inteligencia del senado que investiga las implicaciones de Rusia en la campaña electoral, y que hoy tiene al presidente en un muelle sin salida; y Díaz-Balart negoció su voto con la Casa Blanca para eliminar el “Obamacare” a cambio de que el despacho oval endureciera su política anticubana y contra la paz en Colombia. Este “bi-poder” se acrecienta día a día sobre un presidente que gobierna bajo sospecha.

La BBC en una reciente entrevista le hacía la siguiente afirmación al académico y polemista de izquierda Noam Chomsky: “usted define al Partido Republicano como la organización más peligrosa de la tierra”, él respondió: “Y de la humanidad. En su momento dije que eran unas declaraciones escandalosas, pero es verdad”.

Repito, probablemente no todos los republicanos estén contra la paz en Colombia, pero los congresistas mencionados –Rubio y Díaz-Balart- indudablemente sí, y tienen varios objetivos: obstaculizar la ayuda económica de Washington, que penda sobre el Acuerdo Final el fantasma de la extradición, y ejercer presión a favor de la fumigación. Es una conspiración quirúrgica, y quien maneja el bisturí en nuestro país es el Senador Uribe Vélez, el gran componedor de una trama que hoy quiere abrirle un nuevo frente de dificultades a la descuadernada democracia colombiana.

 

@jairotevi

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Por Juan Manuel Galán.-Ni candidato del Gobierno, ni candidato de maquinarias, ni un delfín. Por si aún existe alguna duda, vamos a dejarlo claro, no soy el candidato oficial del continuismo. Soy un liberal independiente que ha defendido posturas renovadoras dentro del Liberalismo. Es por eso que hablo del Nuevo Liberalismo, un movimiento que convertirá a Colombia en el país de las oportunidades para todos. Invito a los liberales y a quienes se niegan a entregarle el país a extremos populistas, para que hagamos una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias. Que sea la gente, los ciudadanos, quienes tengan el poder de decisión sobre el candidato que defenderá una propuesta de centro en las elecciones presidenciales. Con esta iniciativa, busco el apoyo no solo de los Liberales, sino de todos los precandidatos que tienen el legado liberal en el corazón. Vamos a hacer una revolución pacífica, electoral, que libere a Colombia del yugo clientelista, un cáncer que se ha devorado a nuestro país y que nos cuesta entre 3 y 5% del PIB. Una revolución que construya igualdad a través del crecimiento inclusivo en uno de los países más desiguales del mundo. Una revolución que permita superar definitivamente el flagelo del narcotráfico, fuente de corrupción e inseguridad.

La consulta popular debe tener garantías, unas reglas claras, bajo un escenario neutral que, desde el más alto nivel, ofrezca garantías suficientes a todos los precandidatos. Solo así, lograremos un consenso alrededor de una propuesta que responde con claridad a las demandas de seguridad y justicia y que, bajo una visión democrática, le apuesta a la distribución de la riqueza con políticas fiscales novedosas y progresivas. Necesitamos propuestas que no estén casadas, ni con la extrema derecha del Centro Democrático que quiere hacer trizas los acuerdos, ni con la extrema izquierda, que pretende entronizar en Colombia el modelo venezolano Chavista. Se trata más bien, de reunir a todos aquellos candidatos interesados en propuestas que rescaten el proceso de paz y que avancen en las reformas que el país necesita para construir igualdad, y hacer de Colombia el país de las oportunidades. 

Convoco entonces a un Nuevo Liberalismo, como opción renovadora, rebelde y en contra de las maquinarias electorales, como oportunidad de transformación social, que nos lleve a una nueva forma de hacer política en Colombia. Una política cuyo principio y objetivo es garantizar derechos, no hacer favores ni negocios particulares desde el poder. ¡Es la hora de la renovación!

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Por Guillermo García Realpe.-Esta semana que concluyó el Senado de la República aprobó un importante proyecto de corte social y que es de nuestra autoría.

Se trata de una iniciativa que permitirá que 420 mil colombianos que hoy carecen del servicio de energía eléctrica, a partir de esta ley, puedan gozar del servicio de manera gradual y oportuna.

El proyecto que pasa ahora a sanción presidencial, fortalecerá el fondo pro electrificación rural, facultando a Concejos municipales y Asambleas departamentales a expedir estampillas para tal fin por un término de veinte años.

Pero además de esto, también se establece que se destinarán recursos para financiar proyectos de energía fotovoltaica y energía solar, esto con el fin de llevar el servicio a los más recónditos lugares de la geografía nacional donde habitan colombianos humildes.

Este proyecto, sin lugar a dudas, hace justicia con miles y miles de colombianos que en pleno siglo XXI continúan iluminando sus hogares a punta de velas. Esto, desde todo punto de vista es lamentable.

Ahora, más de 400 mil compatriotas podrán mejorar ostensiblemente su calidad de vida, las amas de casa podrán refrigerar sus productos, sus hijos podrán acceder al mundo virtual y tener todas las herramientas a la mano para ser más competitivos académicamente, los campesinos tendrán posibilidades de mejorar su productividad, en fin, disfrutar de todas las bondades que un servicio tan vital como la energía eléctrica puede ofrecer, sobre todo a las familias que habitan la periferia colombiana.

Hoy, donde más déficit de este servicio hay es en la Amazonía, Orinoquía y todo el litoral Pacífico, departamentos como Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, Chocó, Cauca, Nariño, etc, presentan baja cobertura en cubrimiento de energía eléctrica.

Lo que se hará a partir de éste proyecto de ley, es identificar los lugares no interconectados y extender el servicio a tales sitios.

Y en aquellos lugares donde por cuestiones geográficas y por las grandes distancias no sea posible llevar la red eléctrica, para ello se dispuso que el servicio llegue a través de energías alternativas, facilitando la instalación, ahorrando costos en redes y siendo amigable de paso con nuestro medio ambiente.

El proyecto que permitirá garantizar que el servicio de energía eléctrica llegue a miles de familias, sobre todo de nuestro campo colombiano, también fue obra de los congresistas, Harry González García, Orlando Guerra de la Rosa, Marco Sergio Rodríguez, Olga Lucía Velásquez, Éduar Benjumea Moreno, Carlos Julio Bonilla, Rafael Elizalde Gómez, Carlos Alberto Cuenca, Leopoldo Suárez Melo, Nilton Córdoba, Óscar Hurtado Pérez, Norbey Marulanda Muñoz, Flora Perdomo, Ángelo Villamil Benavides, todos Representantes a la Cámara de las zonas de la periferia y de las regiones donde están los mayores beneficiarios de esta iniciativa. 

Está es otra conquista social, que como los subsidios del gas propano o GLP, beneficiará  a los colombianos más humildes, a quienes por muchos años estaban esperando la mano amiga del Estado y hoy me complace ser uno de los autores e impulsores de esta ley, para ayudar que más compatriotas iluminen sus vidas.

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Por Amylkar D. Acosta M.- El país ha venido registrando, con perplejidad  y sin entender a cabalidad su trascendencia, una seguidilla de consultas populares en distintos municipios del país, que se han rebelado en contra de la actividad extractiva y en todas ellas por abrumadora mayoría de los sufragantes se ha decidido proscribirla de sus territorios. Las más recientes se realizaron en Cajamarca (Tolima), en contra de la minería y en Cumaral (Meta), en contra de la exploración y explotación petrolera. Ello amerita un análisis sobre sus alcances y consecuencias, para poder establecer la procesión que va por dentro de este hecho inusitado.

Se aduce en todos los casos que la actividad extractiva se constituye en una amenaza contra la sostenibilidad del medioambiente, sobre todo se hace hincapié en que la misma pone en riesgo el acceso al recurso hídrico por parte de la población. Ha hecho carrera en el imaginario colectivo, como fijación, de que la comunidad debe decidirse por el agua o por el oro, por el agua o por el petróleo, lo cual, como lo veremos no pasa de ser una falsa disyuntiva. Planteada así, de esta manera simplista, dicha dicotomía, es obvio de toda obviedad que primero está la preservación, conservación y el acceso al preciado líquido.

La verdad sea dicha, como lo sostiene el Ingeniero de Minas Pablo Liemann, “es difícil encontrar algún sector de la economía o alguna industria que no utilice en forma habitual algún producto obtenido de un mineral y, por lo tanto, que provenga del sector minero”. En este sentido son atinentes las palabras de la columnista Enoris Restrepo cuando afirma que “hoy hay municipios en Colombia que prohíben la minería, pero quieren vías pavimentadas, con agregados producidos por la minería, asfalto derivado del petróleo, viviendas, escuelas y hospitales hechos con cemento, acero, ladrillos, tejas, revoques y pinturas, productos todos cuyo origen es la explotación de minerales…fertilizan sus suelos para la agricultura con cales y abonos de origen mineral. Es un contrasentido”.

De allí que, en hablando de los recursos naturales no renovables, verbo y gracia el oro, el cobre, el níquel, el carbón, el petróleo, el gas natural, es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Y la verdad es que los colombianos los necesitamos. Por fortuna Colombia, sin ser un país minero cuenta con los recursos mineros y sin ser un país petrolero cuenta con el petróleo, de otro modo tendríamos que importarlos. En efecto, la economía crece al ritmo de crecimiento del sector minero-energético. Durante la década 2005-2014, según el BID, el crecimiento promedio del PIB fue de 4.7%, muy por encima del 3.2% promedio de las dos décadas anteriores. Las exportaciones del sector minero-energético y los ingresos de divisas al país han llegado a representar hasta el 70% de la totalidad de las exportaciones. Y hablando de ingresos, la renta petrolera (impuestos + dividendos) que recibió la Nación en el año 2013, en la cresta de la ola del auge de este sector, ascendieron a la suma de $23.6 billones y si sumamos las regalías que van a las regiones a través del SGR ingresaron más de $40 billones, equivalente al costo del más ambicioso programa de modernización de la infraestructura vial del país (4G).

Ello no nos lleva a plantear, entonces, que en aras de disponer del recurso para tales efectos este se extraiga en cualquier lugar y de cualquier manera, sin parar mientes en su impacto y en sus secuelas. No hay actividad humana que no tenga un impacto y la actividad extractiva no es la excepción, de lo que se trata es de minimizar y reducir ese impacto, prevenirlo, mitigarlo, compensarlo o reponerlo, cuando hay lugar a ello.

No se trata, entonces, de decir sí o no, a rajatabla, a la minería. Me acojo a la frase que ha circulado profusamente: Minería sí, pero no así, para significar que no es permisible ni conveniente cualquier minería, desarrollada de cualquier manera. Solo es admisible y beneficiosa para el país, para las regiones y para las comunidades, aquella minería responsable con el medioambiente y con las comunidades, que utilice buenas prácticas y cumpla con los estándares más exigentes. Así y sólo así podemos decir que le conviene al país y a las entidades territoriales la actividad extractiva.

Medellín, junio 17 de 2017

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Recientemente los colombianos nos enteramos con una noticia que nos impactó: el Ministro Alejandro Gaviria de la cartera de salud manifestó en su blog, que presentó malestares y que al no soportar los dolores se remitió a una clínica, donde después de unos exámenes le determinaron que tenía una especie de cáncer. Afortunadamente diagnosticado a tiempo.

Gaviria dijo que “está completamente seguro del tratamiento al que debe someterse y aún más tiene plena confianza en los galenos colombianos y en el sistema de salud del país”.

La novedad para el Ministro, hoy muy frecuente por el estilo de vida, es un aviso importante para los que tenemos funciones donde no se tienen en cuenta  los tiempos y espacios para el descanso y la recreación.

Valoramos el interés del ministro Gaviria de tratarse en Colombia, como un acto de confianza en la medicina y médicos del país que, como ministro de salud, puede evaluar. No nos es extraño, porque los médicos latinoamericanos y en especial, los colombianos, son invitados y muy bien recibidos por las mejores universidades y centros médicos del mundo.

Apreciado ministro Gaviria, desde este espacio de lucha por los derechos fundamentales de los colombianos, le deseamos una muy pronta recuperación y así mismo reconocerle haber comunicado su enfermedad, que estamos seguros contribuirá a estimular a los colombianos para que revisemos periódicamente nuestro estado de salud, es decir, aplicar las políticas de medicina preventiva que usted viene llevando a cabo y que es el mejor medicamento para evitar las enfermedades.

Admiramos su fortaleza y valoramos su empeño en seguir al frente del Ministerio de Salud para sacar adelante al sistema, pese a los graves problemas que aquejan al sector. 

Adelante ministro Gaviria, usted puede, Colombia lo requiere para mejorar la prestación de los servicios de salud de nuestros compatriotas.

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Por José Gregorio Hernández.-Como lo dije en estos días ante numerosos notarios del país a propósito de muy diversos acontecimientos, lo cierto -y no está bien que nos engañemos- es que,  en este período que se ha denominado “del posconflicto”, el país está desconcertado, sin guía ni norte.

No lo dice un enemigo de la paz. Pues, como consta en numerosos escritos, siempre entendimos que el camino para terminar la guerra y la violencia de muchos años no era otro que el diálogo. Un diálogo fecundo, digno, importante -como decía Álvaro Gómez Hurtado- ; un diálogo para acercar, no para desunir, ni para dividir, ni para estigmatizar, ni para polarizar; un diálogo para la paz, no para la guerra entre las comunidades, los amigos, y hasta los familiares. No para el conflicto, so pretexto del posconflicto.

Por ello -así entendido el diálogo, y así entendida la paz-, apoyamos siempre el proceso, lo cual no significaba aprobar en su texto, ni en bloque,  todo cuanto se proyectara en La Habana, ya que allí no sesionaba una Asamblea Constituyente capaz de reformar todo nuestro ordenamiento jurídico, sino que era un foro de diálogo abierto, para buscar posibles salidas al conflicto, siempre sobre la base del sometimiento de los antiguos guerrilleros a la institucionalidad. No a la inversa. Es decir, jamás este país creyó que, a partir del diálogo y en busca de la paz,  la institucionalidad terminaría sometida al querer y a las directrices políticas y jurídicas de la guerrilla de las Farc; una sociedad derrotada, apenas interesada -y desesperada-  en la procura de un premio internacional. Es eso lo que no aceptamos.

Seguimos siendo entusiastas amigos de la paz mediante el  diálogo, pues igualmente dijimos en su momento que la guerra  había fracasado y que era necesario aplicar un criterio diferente, acorde con el mandato del artículo 22 de la Constitución, a cuyo tenor “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Pero nuestro concepto del diálogo y sobre  la paz no incluye la abjuración de los principios democráticos, ni la clausura de los conceptos jurídicos, y menos un paréntesis en la vigencia de la institucionalidad. La paz es un valor de máximo nivel dentro de nuestra estructura democrática, pero, precisamente por ello, la paz no se puede desvalorizar, ni disfrazar, ni confundir con la  ruptura del esquema estatal vigente, ni con la anulación efectiva de las instituciones democráticas.

Lo alcanzado en la mesa de negociaciones ha debido circunscribirse .y así no aconteció, o cuando menos, no tenemos una prueba,  a ciertos temas muy especiales -propios del sometimiento de una organización guerrillera a la legalidad-, como su renuncia definitiva a los métodos delictivos, la verdad y la justicia; su promesa formal y comprobable de no seguir delinquiendo; desde luego, su real y efectiva  protección y la de sus más cercanos familiares;  la entrega completa e inmediata de las armas (todas); la desmovilización, la liberación de secuestrados y de menores reclutados –también inmediatas-,  y la indemnización o reparación integral, cierta y verificable, concreta y real,  a las víctimas, todo a cambio de amnistía o indulto respecto a los delitos políticos y conexos, sin incluir en los beneficios a los autores de crímenes de lesa humanidad, o de crímenes de guerra cometidos en forma sistemática, de genocidio, o de violencia carnal, entre otros.

Viva la paz, pero no cantemos el réquiem por las instituciones.

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Por Jairo Gómez.-No nos debe extrañar la frescura con que el Gobierno de Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de nuestro país. Así ha sido siempre, durante muchos años de relación bilateral; y eso ocurre porque los presidentes de ayer y de hoy lo admiten, sin reparo alguno, sin reclamar reciprocidad.

Eso explica cómo el imperioso embajador de ese país en Colombia tiene la osadía de enviarle una carta a la Corte Suprema de Justicia cuestionando una decisión judicial que es de su absoluta y soberana competencia. En Colombia la justicia toma una determinación y los colombianos, estemos o no de acuerdo, la acatamos y la respetamos, pero el señor Kevin Whitaker, no.

Tímidamente el presidente Santos, sin mencionar al diplomático, respondió que los fallos de la justicia no deben ser puestos en tela de juicio ni por autoridades nacionales y mucho menos extranjeras. ¿Suficiente respuesta? A mi entender, la reacción del Gobierno debió ser mucho más formal y con nota oficial de la Cancillería a la que, dicho sea de paso, el funcionario ignoró puesto que envió su comunicación directamente a la Corte Suprema, con copia al presidente, a todas las autoridades judiciales, al consejero de Paz y a su asesora, y no a María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores. Qué indelicadeza. 

Pero más allá de esta intromisión lo grave de su carta a la corte es el desmedido cuestionamiento que hace al Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno y las Farc, tras expresar su desacato por una decisión judicial, al amparo de la JEP, que favoreció, recientemente, a un guerrillero de las Farc sindicado, en su país, de haber secuestrado a un ciudadano estadounidense. Asegura, el embajador, que “la decisión de la corte es inconsistente con las metas del Proceso de Paz y por ello pudiese debilitar la credibilidad de los procedimientos judiciales especiales asociados con dicho acuerdo”. Pero, como si fuera poco, el diplomático, intimidante, advierte que esta decisión, repito, soberana de la corte, “desarrolla un gran riesgo de crear un precedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral”.

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