Opinión
Por: Víctor G Ricardo*.- La nueva Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y también Vicepresidente de la República tiene un gran reto y una muy importante labor que cumplir como directora de las relaciones internacionales de nuestro país, ante la ausencia de liderazgo que se había presentado en esa cartera después de la salida del Exministro Holmes Trujillo.
Fueron muchos los años que Colombia duró trabajando para cambiar su mala imagen en el exterior, una imagen que fue arrasada por los responsables de las manifestaciones violentas que llevan dándose desde hace ya más de 45 días; la estrategia de la izquierda para mostrar un país donde se violan los derechos humanos y supuestamente se impide la expresión popular a través de marchas , pero no muestran los actos de violencia que algunos marchantes han realizado o los bloqueos de carreteras que han impedido el libre tránsito y locomoción, produciendo incluso el desabastecimiento de alimentos y un gran perjuicio a los trabajadores y a las empresas, al verse afectadas además en sus materias primas.
La labor de información parcial al exterior y la falta de acción rápida y eficaz de la mayoría de nuestras representaciones diplomáticas que tenemos ante los distintos gobiernos en el exterior, no sólo causó la pérdida de la imagen que ya habíamos logrado ganar e incluso recuperar, sino que también prendió la alarma en muchas organizaciones de derechos humanos y gobiernos, con un efecto catastrófico para nuestro país y para nuestros compatriotas.
De cualquier forma, lo que es claro es que el mal ya está causado y nada ganamos con llorar sobre agua derramada. Son muchos los empresarios internacionales que pensaban invertir en Colombia, que congelaron sus ideas por decir lo menos, pues manifestar que ya abandonaron sus intereses de invertir en nuestro país sería más realista, pero como colombianos debemos pensar positivo y tener fé en que la nueva Canciller, Marta Lucía Ramírez, logre recuperar este campo de acción e interés en Colombia.
Martha Lucia Ramírez además de ser una excelente profesional cuenta con la experiencia adecuada, para dirigir y sobre todo liderar esta misión que le ha encomendado el Presidente de la República. Fue Ministra de varias carteras, directora de varias empresas públicas y privadas y en otros casos asesora de las más importantes del país, además de Embajadora en Francia, lo que hace que tenga la experiencia y conocimiento de Estado adecuados.
Por otra parte el nuevo Embajador de Colombia ante la Casa Blanca repite ese encargo. Creo que el Embajador Pinzón es un hombre serio y además experimentado en políticas públicas y de Estado. En mi concepto sin embargo, han debido designar para este cargo una persona más afín al partido de gobierno americano. No es secreto que pasamos de ser los mejores aliados de los Estados Unidos a un segundo plano por las interferencias políticas que algunas personas en el debate político que llevo al Presidente Badén al poder tuvieron, por lo que le espera al Embajador Pinzón un mayor esfuerzo en su trabajo y relacionamiento para poder cumplir su misión. Ayer por fin, todavía como Embajador Francisco Santos, se logró que los dos mandatarios conversaran; Presidente Biden le anunció la Presidente Duque la donación de 2.500.000 vacunas. Ojalá con este diálogo se inicie la recuperación del nivel de importancia que tenían nuestras relaciones.
Un consejo al nuevo Embajador ante los EEUU. Hay que recordar los protocolos diplomáticos. Nos es conveniente ni elegante, que antes de llegar a su destino, esté dando declaraciones sobre hechos que suceden estando acreditada todavía otra persona ante el gobierno americano.
Bogotá, D. C, 29 de junio de 2021
*Excomisionado de Paz.
Por Rodrígo Mosquera Villalba*.- La revista científica The Lancet lamentó que “una hermosa idea” como la iniciativa Covax se haya quedado corta y culpó a los países ricos por ello.
Covax es un mecanismo propuesto por la Organización Mundial de la Salud OMS, que debería servir para suministrar vacunas contra la covid-19 en todo el mundo, promoviendo la solidaridad y la equidad. El ambicioso plan trabajó para el desarrollo, compra y entrega de vacunas, cuyo objetivo era garantizar que el biológico se compartiera de manera equitativa entre todas las naciones, ricas y pobres, pero terminó dependiendo de la voluntad de los países ricos. Ni siquiera en esta campaña humanitaria, donde la vacuna debería ser un bien público, se escapó del adagio popular que “el pez grande, se come al pez chico”.
Dice la revista: “los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas de cualquier persona”. Covax se lanzó en abril de 2020 con una meta inicial de distribución de 2.000 millones de dosis de vacunas hacia el 2021. Su objetivo era recibir donaciones en dinero y en vacunas de los países más ricos y asignarlas equitativamente protegiendo a los 92 países más pobres sin importar si tenían dinero para pagarlas. También que los países adinerados invirtieran en la producción de vacunas para que hubiera más oferta para todos.
Los países ricos hicieron lo contrario al compromiso adquirido con Covax cuando comenzaron a cerrar acuerdos bilaterales directamente con las farmacéuticas para asegurar sus propias vacunas. Por ejemplo: EEUU en agosto de 2020 ya había logrado 7 acuerdos con 6 compañías, con las que obtendría 800 millones de dosis, suficientes para vacunar 140% de su población. Y ahora con este excedente lo tiene como una estrategia de reactivación económica para atraer extranjeros incluyendo su vacunación. De manera similar, Reino Unido logró 5 acuerdos que alcanzaría para vacunar al 225% de su población, y la Unión Europea firmó 2 acuerdos que le aseguran 500 millones de dosis.
30 países con estas inversiones acapararon la producción de la vacuna no quedando dosis suficientes para Covax. Les facilitó a las farmacéuticas especular con precios altos a los demás países, dificultándoles el acceso al biológico, en una campaña global que debería ser con mayor equidad y humanitaria.
Hoy de 2.000 millones de dosis distribuidas, Covax solo ha podido repartir el 4%. Colombia por atenerse al mecanismo Covax al comienzo tuvo dificultad para obtener la vacuna, hoy la situación es distinta hay un buen flujo de estas en el país.
Con lo que estamos viendo mayor razón para apoyar la liberación de las patentes de las vacunas, para que en todos los países se pueda producir el biológico contra la covid-19
Neiva, 28 de junio de 2021
*Senador del Partido Liberal
Por: Guillermo García Realpe*.- El año legislativo que terminó fue bastante productivo en materia de resultados, especialmente para la Comisión Quinta, célula congresional que presido hasta el próximo 20 de julio.
Desde nuestra Comisión Quinta, realizamos un total de 50 sesiones, de las cuales 18 fueron para debates de control político y los 32 restantes para dar trámite a importantes iniciativas. Asimismo, realizamos 16 audiencias públicas sobre diversos temas de interés nacional y un foro sobre temas energéticos.
Promovimos también en calidad de ponente varios proyectos que finalmente se convirtieron en Leyes de la República, como, por ejemplo, la Ley 2046 del 2020 – o Ley de Compras Públicas Locales. Una Ley que permite la reactivación de los pequeños y medianos productores, también de las organizaciones y asociaciones de campesinos que serán favorecidos con la compra de sus productos de manera directa por parte de las entidades del Estado. La ley pretende, que los campesinos y demás asociaciones vendan sus productos a precios justos, eviten la intermediación y dinamicen la economía de sus regiones.
De igual forma, sacamos adelante la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías”. Es una iniciativa que tiene enormes bondades en el componente ambiental, sector que puede llegar a percibir cerca de un billón de pesos al año, lo que equivale a un 142% más de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para el 2020.
De nuestra propia cosecha radicamos varios proyectos de ley que ya hacen su curso en el Congreso de la República, como el proyecto que prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas.
También el Proyecto de Ley 432 de 2021 “Por medio de la cual se otorga el Reconocimiento Jurídico Diferencial a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado en Colombia”.
El Proyecto de Ley 306 de 2020 “Por medio del cual se declara el año 2021 como el año nacional de los Océanos y se ordena la conmemoración del día de los Océanos el 8 de junio de cada año”, también radicamos un proyecto en defensa de las 350 mil familias paneleras para que tengan garantías y mejores condiciones para la producción de éste producto insigne de los colombianos. Todas estas iniciativas van de la mano con nuestros postulados de defensa del territorio, del sector agrario, de la naturaleza y de la vida.
Sin embargo, estos resultados contrastan con el poco rendimiento del Congreso. En términos generales, el país esperaba de su poder legislativo, muchos más avances, sobre todo de corte social, pero no los hubo. En estos tiempos de crisis por cuenta de la pandemia fueron muy pobres las iniciativas encaminadas en ese sentido.
El Congreso se quedó corto, no llenó las expectativas de millones de colombianos que reclamaban mayor protagonismo del órgano más importante de la democracia. Si bien se aprobó el proyecto de ley contra la comida chatarra, y la iniciativa que prohíbe los vehículos de tracción animal en un término de cinco años en Colombia, en otros temas de suma importancia el gobierno quedó en deuda, por ejemplo, con la aprobación del proyecto del Tratado de Escazú y la aprobación de legislación agraria en favor de los campesinos colombianos.
Quienes estamos en orillas diferentes a las bancadas gobiernistas, buscamos por todos los medios liderar iniciativas como la Renta Básica Mensual que poco eco tuvo en el gobierno y la cual buscaba una compensación económica de un salario mínimo para por lo menos nueve millones de familias, que representan a más de 30 millones de colombianos que están pasando serias dificultades por estos tiempos de pandemia.
De igual manera, nos sumamos a las voces que clamaban el hundimiento de la reforma tributaria, una iniciativa regresiva e impopular que atentaba gravemente contra el bolsillo de la clase media y de las familias más vulnerables. Pero hay que decir también que, gracias al estallido social y a la presión ciudadana, a través del Paro Nacional fue vital para la caída de ese proyecto.
La protesta social sirvió para precipitar la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un funcionario que no estaba sintonizado con la realidad del país. Pero de paso, las manifestaciones ciudadanas también sirvieron para conseguir el hundimiento de la reforma a la salud, tan nociva, pues privilegiaba el bien particular por encima del interés colectivo, convirtiendo a la salud una vez más en un negocio y no en un derecho fundamental para la gente. Apoyamos iniciativas como las del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF-, que permiten la oxigenación económica para las pequeñas y medianas empresas tan golpeadas por la crisis de la pandemia y que les garantizará un respiro en estos tiempos difíciles. El PAEF beneficia a más de dos millones de colombianos.
Ahora, desde la Comisión de Paz del Senado, recorrimos bastas regiones del país tan golpeadas por fenómenos de violencia que generan diversas crisis sociales, vulneración de los Derechos Humanos, destrucción del tejido social y una reclamación generalizada de la ciudadanía buscando que alguien los escuche. Fue así, como estuvimos presentes en ciudades como Cali, Popayán, Sincelejo, Bogotá, y municipios tan afectados por casos recientes de violencia como Samaniego y Chachagüi en Nariño, Santander de Quilichao en el Cauca, y regiones tan convulsionadas como el Catatumbo, entre otras.
En Bogotá, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar un informe detallado de las manifestaciones dentro del marco del paro nacional que empezó el 28 de abril en Colombia. De modo que la Comisión de Paz, se convirtió en un vehículo importante para que los ciudadanos interactúen con un órgano de representación legítimo que válida las más valiosas expresiones del pueblo.
De manera que le cumplimos una vez más al país y a los colombianos, nos sintonizamos con sus justas reclamaciones y nos convertimos en sus voceros para buscar soluciones colectivas que permitan poner fin a sus problemáticas. Esperamos que el último año legislativo, el Congreso se reivindique con el país y atienda los grandes temas nacionales, que tramite las esperadas y urgentes reformas y que apoye al ciudadano del común tan desprotegido por los gobiernos.
Por nuestro lado, podemos decirle a Colombia que una vez más le cumplimos.
Bogotá, D. C, 28 de junio de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Adriana Matiz*.- La vacunación contra el covid-19 dejó de ser una responsabilidad pública, se ha convertido ahora también en una prioridad de los intereses privados y económicos, pues ante el afán de salir rápidamente de esta situación y llevar inmunidad a sus trabajadores a través de la vacunación en sus empresas e industrias, han empezado a importar vacunas, llegando al país el primer lote de 400 mil destinado para este fin.
Lo mismo ocurre con el nuevo interés personal, pues ya son miles de familias las que, con sus propios recursos, han viajado a Estados Unidos a buscar esa inmunidad que, por ahora, solo está priorizada para una población vulnerable en nuestro país, pero dejando por fuera jóvenes y adultos en edad productiva.
Sobrepasando tristemente seiscientos cincuenta fallecidos diarios, era obvio que los particulares en Colombia, y en defensa de sus intereses, buscaran en el mercado internacional esas vacunas que necesitaban para recuperar rápidamente el 100% de la productividad o simplemente garantizar la salud de los suyos, pues mientras estados como Israel, Reino Unido e incluso Estados Unidos están retornando a la normalidad gracias a la masiva vacunación, en países como el nuestro el regreso a la misma se ve lejos por el grave impacto del virus.
Esto se evidencia en las cifras que cada tarde expide el Ministerio de Salud y que aunque solo se miran de reojo por muchos colombianos confirma que el covid-19 golpea con fuerza a Colombia y nos tiene hoy en el top de países con más contagios y muertes por cada cien mil habitantes. De esta forma, seguimos lejos de llegar a la normalidad.
En un mundo de inequidades, por todo esto son evidentes las condiciones desiguales en que se afronta hoy esta fase de la pandemia. Estados que produjeron o adquirieron de manera rápida vacunas para sus ciudadanos, avanzan a pasos agigantados a la normalidad e incluso en muchos de éstos, el uso de la mascarilla ya no es obligatorio. En países como el nuestro, el virus continúa avanzando más rápido que la vacunación, y tiene al colapso clínicas y hospitales de las grandes ciudades y de las regiones, sin que sea mucho lo que hoy se pueda hacer. Tal vez por esto y empujados por la necesidad, en nuestro país la gente optó por regresar a la normalidad y poco caso hace a mensajes institucionales que buscan disminuir estas tasas preocupantes.
Al Gobierno se le debe reconocer que en su plan de vacunación priorizó a la población que comprende el personal de la salud y a los mayores de cincuenta años de edad, pues de no haber sido así los casos de muertes por este virus en el país hoy serían más altos, pues eran los más propensos al contagio y complicaciones de salud respectivamente. Pero el proceso de vacunación aun no logra el objetivo, lo cual es aterrador por donde se le mire, porque denota que por ahora la carrera no la va ganando el virus y la inmunidad de rebaño sigue lejana.
Bogotá, D. C, 28 de junio de 2021
*Representante a la Cámara por el Partido Conservador
Por Juan Camilo Restrepo*.- El Dios Janus de la mitología romana que era la divinidad protectora del Estado se caracterizaba por tener dos caras: la una miraba al pasado, la otra hacia el porvenir.
El gobierno del presidente Duque en lo que tiene que ver con las políticas agrarias tiene grandes semejanzas con el Janus bifronte romano. Muestra también dos caras: la una mira hacia el pasado, la otra al futuro.
La que mira hacia atrás es la que deliberadamente hundió en la última legislatura el proyecto de ley sobre jurisdicción especial agraria; la que vive pendiente sobre cómo agradar a las fuerzas más retardatarias que lo acompañan y que son las que le hablan al oído sobre políticas de tierras; las que quieren desconocer el carácter inalienable de los baldíos para entregarlas a grandes conglomerados, olvidando que estos solo pueden ser entregados para fines de reforma agraria, según la ley y la constitución, a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; las que quisieran que los acuerdos de La Habana se cumplan en provecho de los acaparadores. Son las fuerzas enemigas de la ley de restitución de tierras a la que permanentemente tratan de sabotear. Son, en fin, las fuerzas anacrónicas del pasado hacia las cuales mira permanentemente el gobierno Duque con el deseo de complacerlas en todo momento.
La cara del Janus bifronte que mira hacia adelante es la que salió a relucir esta semana con la presentación de los 16 programas previstos en el punto número uno de los acuerdos de La Habana. Estos acuerdos previeron que a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente debía entregárseles durante el post conflicto no solo “la tierra pelada”, sino acompañada de 16 ambiciosos programas de inversión en bienes públicos para la ruralidad (riego, asistencia técnica, educación rural, vivienda rural, comercialización, etc.) que, de ejecutarse, transformarían la fisonomía de las zonas rurales del país haciéndolas más equitativas y productivas.
Ese fue el gran diseño que quedó consagrado en el punto número uno que, no sobra repetirlo, no se pensó en provecho de las Farc sino de los campesinos marginados. Todos estos planes irían acompañados de un Fondo de tierras que debe distribuir 3 millones de hectáreas entre campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente” y de un ambicioso programa de formalización de la propiedad agraria, pues más del 60% de las tierras que se trabajan en nuestro país no cuentan con escrituras.
Es una verdadera revolución pacífica la que se pactó allí para transformar las estructuras agrarias del país durante el periodo que se conoce como el post conflicto. Tirios y troyanos coinciden en que el conflicto colombiano hunde sus raíces en la alta concentración de la propiedad rural y en los índices de pobreza y marginalidad de las gentes del campo que ilustró dramáticamente el último censo rural.
Hay que decir que a la puesta en marcha de los 16 planes previstos en el punto número uno de los acuerdos de La Habana poca atención se le ha prestado. Comenzando por el gobierno anterior cuyo ministerio de Hacienda les dio una displicente atención presupuestal. Y el actual gobierno, que solo hasta ahora, a un año de terminar su mandato, parece acordarse de ellos. Lo que se ha preparado ahora son 16 documentos sin ningún recurso presupuestal concreto para darles carne y hueso. El gobierno se limita a decir que la ejecución de esos planes vale $100 billones que por supuesto no existen en este momento. Y agrega que los programas de desarrollo rural se deben ejecutar hasta el 2031. Es decir: es un material que este gobierno presentará seguramente en el empalme con el que deba sucederlo.
Pero, bueno, al menos el gobierno Duque se acordó de los 16 programas de desarrollo rural consagrados en los acuerdos de la Habana. No para empezar a ejecutarlos sino para dejarle una memoria al próximo gobierno. Algo es algo.
Por el momento queda sin responder la pregunta fundamental: ¿en política de tierras y de ruralidad cuál de los dos rostros de Janus va a prevalecer en estos meses que le quedan al gobierno Duque?
Bogotá, D. C, 28 de junio de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Como en el poema de Zalamea, aumentan los pobres, porque los pocos ricos cada vez tienen una tajada más grande de la riqueza mundial. “Todos los índices muestran que la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial aumentó sustancialmente en 2020: la participación del 10% más rico subió 0.9 puntos porcentuales, la del 1%más alto subió 1.1% puntos y el Gini empeoró en 0.6 puntos”.
Esta contundente afirmación no es de alguna ONG castro-chavista interesada en desprestigiar el capitalismo, ni de economistas sospechosos por sus tendencias progresistas como Piketty o Stiglitz.
Lo que la hace muy creíble es que lo dice una entidad que le maneja la riqueza a buena parte esos privilegiados. Se trata del “Global Wealth Report”, que cada año publica el Credit Suisse, el tercer banco suizo por el tamaño de loa activos que maneja.
La versión 2021 del reporte se concentra en los efectos de la COVID-19 sobre la riqueza mundial y su distribución. Un primer hallazgo inesperado es que a pesar de la pandemia, la riqueza mundial no se redujo, por el contrario se incrementó en 7.4%. Más extraño aún, los países más afectados por la COVID-19 fueron los que registraron las mayores ganancias en riqueza.
La explicación de esta paradoja está en la intervención de los gobiernos y los bancos centrales que irrigaron toneladas de dinero y bajaron las tasas de interés, lo que elevó los precios de las acciones y la finca raíz. Como los pobres tienen muy poco de estos activos, aunque recibieran ayudas monetarias para compensar las pérdidas de empleo e ingresos, no se beneficiaron de esas alzas.
En la base de la pirámide, 2.879 millones de adultos con riqueza menor a USD 10.000; son el 55% de la población, pero solo poseen el 1.3% de la riqueza mundial. El incremento de la desigualdad es evidente, puesto que el año pasado eran 2.768 millones (53.6%), y su participación en la riqueza era 1.4%.
A aquellos con más de 1 millón de dólares les fue muy bien: aumentaron de 50.8 a 56 millones, y su participación en la riqueza mundial pasó del 43.4 al 45.8%.
En Colombia la desigualdad en la distribución de la riqueza es un problema que no ha preocupado nunca a los gobiernos, a punto tal que ni siquiera hay cifras que permitan medir su evolución.
* Adenda: La semana pasada señalaba que el gran esfuerzo de gobierno para erradicar 130.000 hectáreas de coca era tan inútil como el de Sísifo, puesto que la ONU reportó una disminución de solo 11.00 hectáreas en el área sembrada. Según el gobierno gringo la situación es todavía peor, pues en su medición el área sembrada aumentó (sí, aumentó) en 33.000 hectáreas. Lo más trágico es que ninguno de los dos gobiernos reconoce que la guerra contra las drogas fracasó y que es necesario una estrategia diferente.
Cali, 27 de junio de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor
Por Amylkar D. Acosta M*.- A última hora, al cierre de la penúltima legislatura del Congreso de la República, el Gobierno Nacional se vio compelido, a instancias de las entidades territoriales, a convocarlo a sesiones extraordinarias con el fin de completar el trámite del proyecto de ley mediante el cual se establece la base gravable para el cobro de la sobretasa a los combustibles y así salvarla de la imposibilidad de seguirla recaudando por parte de departamentos, las ciudades capitales y distritos.
Me explico, la sobretasa a la gasolina y al ACPM, también llamado diésel, está vigente desde 1989, cuando fue expedida la Ley 86, modificada mediante la Ley 310 de 1996. Posteriormente, en virtud de la Ley 488 de 1998, se dispuso en su artículo 121 que la base gravable aplicable estaba “constituida por el valor de referencia de venta al público” fijado mensualmente por parte del Ministerio de Minas energía mensualmente. En respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad, esta norma fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional. En su Sentencia C – 030 de 2019 acogió los argumentos del demandante, en el sentido que la misma transgredía el principio de legalidad en materia tributaria consagrado en los artículos 150 y 338 de la Constitución Política.
La razón fundamental invocada por la Corte Constitucional radica en el hecho incontrovertible que todo lo atinente al establecimiento del hecho gravable, así como la contribución fiscal o parafiscal, es de la exclusiva competencia del Congreso de la República y tal facultad es indelegable, como lo fue en el Ministerio de Minas y Energía. Al no ceñirse a este principio básico consagrado en la Carta se lleva de calle, además, el principio de la certeza tributaria. No obstante, en aras de no poner en riesgo la estabilidad fiscal de las entidades territoriales, la Corte moduló su fallo otorgándole al Congreso de la República dos legislaturas para establecer la base gravable, así como “criterios concretos y específicos para determinar la sobretasa de la gasolina y el ACPM”.
De no haberse aprobado este proyecto de Ley en volandas, como en efecto lo hizo el Congreso de la República, los departamentos, las ciudades capitales y distritos se habrían visto en calzas prietas, dado que habrían dejado de recaudar $2.1 billones, aproximadamente, medio billón los primeros y $1.6 los segundos, en momentos de aulagas fiscales acentuadas por la crisis pandémica. Ello en razón de que el plazo perentorio dado por la Corte Constitucional al Congreso para expedirla se estaba venciendo.
No está demás advertir que con la entrada en vigencia de esta ley no se incrementa el precio de referencia, que lo seguirá fijando el Ministerio de Minas y Energía por cuenta de la sobretasa. Sólo podrá variar en la estructura de precios el Ingreso al productor. Al tiempo que se establece como base gravable el volumen de combustible expresado en galones, se fijó la tarifa de $940 por galón a favor de las ciudades capitales y distritos, $1.270 en el Distrito capital y $330 de los departamentos. Entre tanto, la tarifa general para el ACPM será de $301. Se prevé una tarifa más baja en las zonas fronterizas del país: de $352 para las ciudades capitales y distritos y $124 para los departamentos para la gasolina-motor y $301 para el ACPM. Estas cifras no están alejadas de lo que se paga actualmente por el mismo concepto y se reajustarán anualmente acordes con el Índice de precios al consumidor (IPC). De esta manera se busca darle estabilidad fiscal y jurídica a la sobretasa.
Se debe tener en cuenta que la sobretasa no es el único gravamen que pesa sobre los combustibles, la carga impositiva sobre la gasolina y el ACPM oscila alrededor del 28% y 20%, respectivamente, la cual contrasta con la de EEUU, por ejemplo, que bordea el 17%. Además del IVA y del impuesto global, se estableció recientemente, mediante la Ley 1819 de 2016 del impuesto verde, tasado en $135 por galón para la gasolina, $152 por galón para el ACPM, $95 por metro cúbico de gas natural y $29 por metro cúbico para el GLP.
Por lo demás, el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, 10% de etanol con la gasolina y 12% del biodiesel, siguen exentos del pago de todo gravamen y ello hace mucho sentido, toda vez que las mismas contribuyen eficazmente al cumplimiento de la meta fijada por el Gobierno Nacional de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030.
Desde luego que los gravámenes encarecen el precio de los combustibles, pero la verdad, aunque incómoda, es que aunque nos parezca caro el galón de gasolina o ACPM, lo cierto es que su precio no refleja el costo real de ellos, dado que ellos arrastran consigo un costo oculto que no se paga en la estación de servicio cuando se tanquea el vehículo. Me refiero a los 15.600 muertes al año en Colombia atribuibles a enfermedades asociadas a la mala calidad del aire reportadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), siendo el sector transporte uno de los mayores responsables, dado que contribuye con el 17% de las emisiones de CO2 que contaminan el medioambiente, con un promedio anual de 29 millones de toneladas. Y, según el DNP, el costo estimado del tratamiento de enfermedades pulmonares y conexas debidas en una alta proporción a la combustión de los motores de los vehículos es del orden de los $12.3 billones, que debemos sufragar todos los contribuyentes para financiar el presupuesto de la salud.
Cota, junio 26 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por Cristina Plazas*.- Lo que está pasando en la capital de nuestro país es de no creer. Noche tras noche se viven jornadas de disturbios en varias localidades y hasta el momento las autoridades no han podido controlar la situación. Los testimonios de los vecinos de los portales de Las Américas, de Suba y de Usme son aterradoras. La zozobra, la angustia y el terror invadieron los barrios. En las noches se oyen los llantos de los niños que no pueden dormir debido a los actos terroristas que se presentan fuera de sus casas.
¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está la autoridad? ¿Hasta cuándo permitirán que el caos, el desorden y la inseguridad invadan la ciudad? ¿La alcaldesa seguirá permitiendo los roces entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad? Si no existe articulación entre las entidades distritales, ¿cómo esperan frenar la ola de violencia?
El viernes, varios concejales le escribieron una misiva a la alcaldesa exigiendo: “retomar el orden público y restablecer los derechos de los ciudadanos de diferentes localidades que cada vez sufren con más rigor los efectos de una protesta violenta que no tiene razón de ser y que hasta el momento ha contado con el aval de la Administración Distrital.”
Lo cierto es que lo que está pasando en Bogotá y en otras ciudades no son hechos aislados, sino terrorismo urbano. De acuerdo con informes de inteligencia, son cuatro los grupos que están financiando el ELN y las disidencias de las Farc integradas por grupos de jóvenes colombianos y venezolanos entre 17 y 24 años. Si ya se tiene claro el panorama, ¿la Alcaldía seguirá manejando esta situación como si fueran actos vandálicos y riñas callejeras? O ¿se amarrará los pantalones y actuará en contra de estos grupos terroristas?
Los discursos de rechazo no son suficientes, los ciudadanos exigen medidas contundentes contra los violentos. La falta de autoridad y decisión nos van a llevar a un punto de caos y descontrol que la única salida será la militarización. Los funcionarios de la Alcaldía deben respaldar a la Policía para que se restablezca el control de los puntos que están tomados por la delincuencia y el terrorismo. Es inaudito que el Secretario de Gobierno haya dado la orden de retirar la Policía como lo hizo esta semana. Las autoridades distritales en lugar de estar evitando los procedimientos de la fuerza pública, deberían estar cumpliendo con su función de garantizar la seguridad.
Adicionalmente, la alcaldesa debe solicitar acompañamiento de fiscales contra el terrorismo para emitir las órdenes de captura. Por su parte la Policía debe seguir a cabalidad los protocolos de los arrestos para que estos criminales no sean puestos en libertad por los jueces.
Por supuesto que esta no será la solución de fondo al problema social que tenemos pues se deben generar oportunidades para estos jóvenes sin sueños ni esperanza. Pero mientras que todo esto sucede no podemos permitir que la ciudad se la tome el terrorismo.
Bogotá, D. C, 27 de junio de 2021
*Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- “Me sorprende que nosotros, de este lado del escenario, estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido una sola lágrima”.
Así les reclamaba Ingrid Betancur a los miembros de las Farc en la “diligencia de reconocimiento” del secuestro en la Comisión de la Verdad; así les dijo que no creía en su arrepentimiento; que no veía en sus palabras y actitudes, esa necesidad de pedir perdón y de ser perdonados, que las víctimas quisieran ver… y que nunca verán.
Yo tuve la misma percepción viendo a Lozada evadir el perdón con sonrisita nerviosa, a Alape reduciendo todo a un “error político”, y a Timochenko, más preocupado por su botella de agua, leyendo su perdón y tratando de convencer de su sinceridad. No en vano Ingrid le ripostó a Lozada: “Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política”.
Así concluyó la tarea de la Comisión de la Verdad frente al secuestro, con una especie de “sesión solemne” para un proceso de impunidad que inició cuando las FARC, en coro con Santos, pregonaban que el centro del Acuerdo eran las víctimas, hasta que lograron su verdadera prioridad: una justicia que les garantizara impunidad.
La JEP no solo desbarató nuestra institucionalidad jurídica, como demostró la garrotera con la Suprema por el caso Santrich, mientras el señor se les volaba, sino que atropelló los principios del derecho penal, anclados en el viejo derecho romano, que diferenció entre “crimina”, los ilícitos “públicos” que, por su gravedad, afectan a toda la sociedad y, por tanto, deben ser castigados “públicamente” a través del Estado, y “delicta”, o delitos “privados” que afectan derechos particulares, hoy llamados “querellables”.
El castigo público –y qué castigos los de entonces; a Jesús lo torturaron y crucificaron– buscaba dar un mensaje a la sociedad, y ese sigue siendo el papel de la justicia, hoy desvirtuado porque la impunidad es un mensaje perverso, en una sociedad contaminada por el narcotráfico que corrompe y financia la violencia y el caos que sufrimos.
Con respeto por las manifestaciones de las víctimas, sentí que, otra vez, como en La Habana en 2014, fueron solemnemente utilizadas para legitimar socialmente a sus victimarios; porque la legitimación de su impunidad fue un logro temprano, un compromiso de Santos mientras prometía que no la habría para delitos atroces.
La misma JEP, en enero, les imputó a los miembros del Secretariado “crímenes de guerra y de lesa humanidad”, pero siguiendo su “libreto” de impunidad, en abril los señores reconocieron esos delitos –fácil–, después de lo cual siguen procesos de trámite que terminarán en penas “restaurativas”. Así, el horror de ¡21.369 secuestros! será castigado sembrando remolachas y dizque con restricción de libertad, o bien, con la curul en el Congreso que ya disfrutan.
Es inaceptable. El Estado no puede renunciar a su deber de castigar, con generosidad transicional, pero sin impunidad, los delitos que afectan a la sociedad. Al margen de su origen ilegítimo en el atropello al plebiscito, la JEP debe ser objeto de un gran debate nacional. No está blindada, como quisiera Santos, porque, dentro del respeto a los fundamentos de la democracia, no hay inamovibles en el Estado de Derecho.
La violencia trae más violencia, es cierto. Ahora mismo, la embajadora en Suiza, Sofia Gaviria, hace señalamientos de víctimas de las Farc asesinadas en el Huila por atreverse a hablar ¿A quiénes les interesa que callen? Y si a la violencia le sumamos un mensaje social de impunidad, estamos frente a un salto al vacío para una sociedad civilizada… y frente a más lágrimas derramadas.
Bogotá, D. C, 27 de junio de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gustavo Galvis Hernández*.- “No pienses que puede hacer tu país por ti. Piensa que puedes hacer tú por tu país”. Esta famosa frase que pasó a la historia por un mensaje que no pierde actualidad, fue pronunciada por John F. Kennedy en su discurso de posesión como Presidente de los Estados Unidos de América el 20 de enero de 1961.
Como se dice, mucha agua ha pasado bajo los puentes desde entonces, pero es muy oportuna recordarla en un mundo convulsionado y en crisis como el actual, en donde el riesgo de una guerra nuclear, los efectos del calentamiento global, la disrupción tecnologia hiperdigital con sus oportunidades y amenazas, y ahora con la pandemia desastrosa del Covid-19 que tiene arrodillado al mundo por sus desastrosos efectos económicos y sociales.
Y es que con la inmensa cantidad de personas padeciendo los efectos dramáticos de la inequidad social a nivel global, regional y nacional, es bueno destacar la gran oportunidad de quienes lo hacen o están en capacidad de hacerlo, de intensificar sus acciones y actividades filantrópicas y de voluntariado que son fundamentales para ayudar a disminuir o resolver muchos de los graves problemas económicos, sociales y ambientales presentes en todos los entornos.
En el país es la oportunidad para que numerosas fundaciones empresariales se animen a fortalecer sus actividades filantrópicas. Es la oportunidad para que se posicionen más los clubes de servicios como los Rotarios, Kiwanis, Leones, Damas Grises, Damas Rosadas, las Cámaras Junior, etc., ejemplos de solidaridad y responsabilidad social.
Y en nuestro medio es de reconocer el altruismo de los miembros de las distintas asociaciones y fundaciones que se destacan en sus nobles propósitos de servicio como las Fundaciones, La Posada del Peregrino, Fundesán, Participar, Estructurar, Fundación de la Mujer, la Asociación Defensora de Animales (ADAN), las ONG ambientalistas, y otras más, por su trabajo ejemplarizante.
Si toda persona con capacidad y voluntad de hacerlo, pone su grano de arena en favor de una necesidad ajena, del animal maltratado o abandonado, del medio ambiente degradado, sería un gran aporte en la construcción de un país diferente, con menos desigualdades. Es la oportunidad para debilitar a la indiferencia y el individualismo.
Bucaramanga, 25 de junio de 2021
*Ingeniero Industrial de la UIS. Expresidente de la Financiera Energética (FEN). Exsenador, Expresidente de ANDESCO.
