Por Jairo Gómez.-Pactado el Acuerdo Final en La Habana entre el Gobierno y las FARC, la inquietud que surge es si las actuales instituciones son las adecuadas para desarrollar los acuerdos.

Ésta intranquilidad cobra vigencia si se parte del principio de que lo acordado obliga a hacer reformas de fondo que aseguren la ‘No repetición‘ de las promesas incumplidas y los desencuentros, que fueron el germen de la atroz guerra que estamos por terminar con las FARC.

El fantasma del incumplimiento siempre ha gravitado en las instituciones que tenemos, de allí que hoy se hable del Gran Acuerdo Político Nacional que no es otra cosa que una Constituyente. Y no es un temor infundado si, tras hacer un análisis comparativo entre el Acuerdo de La Habana y la Constitución Política de 1991, vislumbramos que gran parte de lo pactado está en las líneas de la Carta Fundamental, y que los gobiernos y legisladores, por arte de birlibirloque, le han mamado gallo. Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si el tema de la propiedad de la tierra estuviera resuelto, o los espacios políticos no se hubieran restringido y el Estatuto de la oposición fuera una realidad.

El acuerdo apenas despunta y ya se está impugnando el Fondo de Tierras que se estipuló en el punto agrario. Se refutan las tres millones de hectáreas que le brindarán una nueva realidad a los millones de campesinos desplazados y víctimas del despojo por efectos del conflicto. Desde tiempos inmemoriales hemos escuchado de reformas agrarias, de democratización de la propiedad de la tierra, de modernizar el campo, de incluir a los campesinos al ciclo productivo de la nación y legalizar las tierras a los labriegos: promesas incumplidas.

Esto corrobora la desconfianza que se tiene de las instituciones: los invito a leer los artículos 63, 64 y 65 de la Constitución que en esencia obliga al Estado a definir el acceso a la tierra, a los que también les mamaron gallo. Otro ejemplo, como el anterior, nos permite ilustrar cómo operan las instituciones del Estado haciéndose las de la vista gorda con el interés de la sociedad en general.

En el Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral se pactó normalizar la vida laboral de los campesinos. En verdad no se necesitaba del pacto de La Habana para encauzar los derechos laborales de los trabajadores y campesinos colombianos; La Constitución en su artículo 53 obliga al Congreso a expedir el Estatuto del Trabajo, y desde hace 25 años le vienen mamando gallo a la norma.

Retomo la incertidumbre inicial de si estas instituciones son las adecuadas para garantizar lo pactado en Cuba y veo con preocupación la suspicacia política con que se examina el futuro de los acuerdos. Un ejemplo de ello es el cuestionamiento que el Vicepresidente Vargas Lleras le hace a la Justicia Especial de Paz, poniendo en entredicho el papel de las cortes versus los alcances del Tribunal de Paz, tema medular para la terminación del conflicto. La malpensada interpretación quiere sembrar dudas donde no las hay, además de provocar, desde las Cortes, animadversión a lo pactado.

La ‘No repetición‘ de las promesas incumplidas es un compromiso insoslayable si no queremos volver a los ciclos de violencia política que hoy superamos con el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC.

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Por Humberto de la Calle. Foto: Reuters. Tomado de El Tiempo.- Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia. Comenzando por el Vicepresidente, encuentro verdaderas equivocaciones en algunos comentarios sobre lo acordado en La Habana.

Me referiré únicamente a verdaderas afirmaciones equivocadas. Es decir, aseveraciones que contradicen de manera incontrastable el Acuerdo. Dejo de lado los temores y las sospechas.

El Vicepresidente afirma que la Jurisdicción Especial podría procesar a un empresario como financiador de la guerra “porque alguna vez tuvo que pagar una plata a un grupo armado”. Sugiere que la JEP procesa “a los responsables de las conductas criminales cometidas sistemáticamente, a los autores materiales de delitos atroces y de crímenes de lesa humanidad y a los grandes financiadores de los grupos armados”.

Pues el punto de partida es inexacto. Y lo que propone corresponde justamente a lo ya pactado.

Dice el Acuerdo: a quienes hayan incurrido en “las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40”, se les aplicarán las mismas sanciones de restricción efectiva de la libertad previstas para guerrillas y agentes estatales.

El numeral 40 agrupa las conductas más graves, no amnistiables. Ellas son los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra y algunas otras.

En cuanto a aquellos cuyo apoyo a los paramilitares no revista las características anteriores, como lo dijo la declaración formal del Gobierno publicada el 25 de mayo, la JEP “tendrá la función de resolver la situación jurídica de terceros cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. En estos casos la JEP podrá (…) renunciar a la persecución penal...”.

En conclusión, el Vicepresidente sugiere algo que ya fue pactado y hace afirmaciones sobre los terceros que no corresponden al lenguaje textual del Acuerdo.

María Isabel Rueda dice que se van a “congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras”. Alude a la inexistencia de un catastro y a una informalidad de un 48 %.

No es cierta la pretendida congelación. Ni tampoco la cifra. El Fondo de Tierras dispondrá de 3 millones de hectáreas durante 10 años. Sus principales fuentes serán la recuperación de tierras adquiridas de forma ilegal y otras fuentes, todas ellas con fundamento en herramientas existentes. No se habla de congelación en ningún caso.

En cuanto al catastro, precisamente se pactó la actualización del mismo, para lo cual el Gobierno viene tomando las medidas correspondientes. Y la formalización, con una meta de 7 millones de hectáreas, no depende del Fondo de Tierras. Es, de paso, la mejor demostración de que el Acuerdo es pro estabilización de la propiedad “con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”. No tiene un ápice de estatización de la tierra.

En las Circunscripciones Especiales de Paz, afirma la misma distinguida periodista, “los partidos tradicionales tendrán territorio vedado”. No es cierto. Las circunscripciones ordinarias para Cámara no se afectaron. Esto es, los electores de una Circunscripción Especial votan normalmente por los candidatos ordinarios de acuerdo con el número de curules vigente. Lo que ocurre es que, en determinadas regiones golpeadas por el conflicto, se crean escaños adicionales transitorios, exclusivamente para los movimientos ciudadanos de ese territorio. Es elemental y obvio. Es para darles una representación adicional a esas zonas. De paso, no es cierto que las Farc vayan a ganar en todas esas circunscripciones. Esa afirmación no corresponde a la estadística electoral.

Estas son solo algunas muestras de imprecisiones que era preciso aclarar. Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia.

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Por Amylkar Acosta.-Con la firma del Acuerdo final en La habana el pasado 24 de este mes, los colombianos empezamos a sintonizarnos con el futuro que nos habrá de deparar, estamos ahora en modo paz. Resultó providencial que la fecha de la realización de la Cumbre do Gobernadores coincidiera con el Día después de este magno acontecimiento. Al decir de Federico Engels, hay años en los que sólo transcurren días de historia y hay días en los que transcurren años de historia, estos últimos días han sido de esos cargados de años de historia. Cómo no evocar en este momento las palabras con las que concluyó su discurso de posesión el ex presidente Cesar Gaviria el 7 de agosto de 1990: “colombianos y colombianas bienvenido(a)s al futuro”!

Con la firma del Acuerdo final el día de ayer concluyen las negociaciones que se prolongaron por espacio de tres años y medio, para dejar atrás más de 52 años de confrontación armada por la que el país nacional ha pagado un alto precio en vidas humanas. Firmado este Acuerdo, gramaticalmente no estamos hablando de un punto seguido, ni siquiera de un punto aparte, sino de un punto final a la pesadilla en que se les convirtió esta guerra a los colombianos, que sin distingo de raza, credo o religión la hemos padecido, directa o indirectamente.

Bien dice Adriana La Rota que “con todo lo que abominamos esta guerra, nos cuesta trabajo imaginarnos vivir sin ella…Frente a la disyuntiva de un pasado horrendo pero conocido y un futuro incierto que exigirá algo nuevo de cada uno de nosotros, el miedo está jugando un papel. Entendamos eso y no dejemos que sea el miedo el que tome la decisión”. Es entendible, entonces, que no sean pocos quienes, como en la Ley de la atracción, se aferran al pasado como el náufrago al madero y prefieran seguir llorando sobre la sangre inútilmente derramada.

Ya que se nos abre la oportunidad de escapar de esa realidad pavorosa que fue (¡qué lindo pretérito!) la guerra con las FARC miremos fijamente a ese horizonte promisorio que nos invita a desbrozar nuevos caminos de paz y esperanza, en lugar de seguir mirando hacia atrás, no vaya a ser que se repita el pasaje bíblico en que la mujer de Lot por hacerlo terminó convertida en estatua de sal. Con este Acuerdo, como lo afirmó en su discurso de posesión el Presidente Santos el 7 de agosto de 2010, se sentarán “las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Se lo propuso el Presidente Santos, insistió, resistió y persistió, se jugó todo su capital político para lograr este Acuerdo y lo logró, para beneficio de todo(a)s lo(a)s colombiano(a)s. Definitivamente, quien persevera alcanza. La paz que ahora nos disponemos a construir se fundamentará en la verdad, la justicia y la reparación, que son la piedra miliar de una paz estable y duradera, que es a la que aspiramos, no nos transamos por menos.

No obstante, como lo afirma magistralmente el escritor William Ospina “al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, sólo llegan para impedir la paz. Después de una guerra de 50 años, es tarde para los tribunales”. Qué le vamos a hacer. La Justicia que esperan las víctimas, además de conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos, unos muertos y otros desaparecidos, es su atención y reparación, más que la severidad de las penas a sus victimarios, que poco o nada contribuyen a ello.

El Sumo Pontífice Pablo VI dijo en la Encíclica Populorum Progressio que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Por su parte el Papa Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Están en lo cierto y esa es la importancia que reviste el Acuerdo suscrito: abre las posibilidades para la más profunda transformación política, económica, social y ambiental de nuestro país.

Saludamos el advenimiento de este nuevo escenario, el del post-acuerdo, que deberá pasar primero por el cedazo de la refrendación popular del Acuerdo final a través del Plebiscito próximo a convocarse, en el que, como lo sostiene el Padre Francisco de Roux, “lo que está en juego no es el futuro del Presidente Santos, ni el futuro político del ex presidente Uribe, ni el futuro del ELN, ni el futuro de las FARC, sino la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos”. A quienes recurren al retruécano con el que se pretende confundir a los incautos al no poder convencerlos “decir sí a la paz es votar no al Plebiscito” respondámosle con la coherencia: “decir sí a la paz es decir sí al Plebiscito. Y una reflexión final: para alcanzar la paz no basta con desarmar a las FARC también hay que desarmar los espíritus y, algo muy importante, desengatillar la lengua, que siempre habla de lo que abunda en el corazón!

Bogotá, agosto 27 de 2016

www.fnd.org.co

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Por Iván Diaz Mateus.-En el artículo anterior, mal titulado por cierto, examinamos algunos aspectos de la ideología Conservadora y nos comprometimos a continuar esta línea de debate sobre el Plebiscito a los acuerdos con la Farc.

Edmund Burke, filósofo conservador en la Inglaterra del siglo XVII, definió los partidos políticos como: “un grupo de hombres unidos para promover el interés nacional mediante acciones conjuntas sobre la base de algún principio determinado en el que todos están de acuerdo”, no creemos que ningún partido serio escape a esta precisa interpretación y menos que la coyuntura actual no sea la propicia para pensar en ese sentido, ya que la responsabilidad de las colectividades frente a lo que está por decidirse es inexcusable y debe afrontarse con claridad y coherencia.

La Corte Constitucional al ocuparse del examen a la Ley estatutaria  que regula el plebiscito a los acuerdos con las FARC, dijo que el Acuerdo Final es: “…la definición de una política pública de un proceso de negociación entre el Gobierno y un grupo armado ilegal, lo cual dista de ser un articulado concreto.”, en otras palabras el acuerdo final no necesariamente es la concreción de hechos (dejación de armas, desmovilización, reinserción, etc.), es, según lo precisado, el convenio sobre el modo, sobre la forma para llegar a esos fines y nada más. Eso es lo que ha presentado el miércoles pasado el Gobierno en conjunto con las Farc, una clara intención de paz y la forma como se llegará definitivamente a ella.

Sabemos que la mayoría tiene una inquietud fundamental: ¿Qué es lo que aprobaremos o dejaremos de aprobar con nuestro voto, el próximo mes de Octubre?, la respuesta es: aprobaremos o improbaremos los acuerdos  sobre el camino para llegar a la paz.

A renglón seguido nos cuestionamos, ¿qué sucede si gana el SI al plebiscito?, si gana el SI al plebiscito el presidente queda habilitado legal, constitucional y políticamente para implementar dichos acuerdos, es decir tomar las decisiones de su competencia para hacer realidad lo pactado o presentar al Congreso las reformas necesarias con el mismo fin. En sentido contrario, si el plebiscito pierde, o sea gana el NO, simplemente el presidente no estará habilitado para continuar el proceso.

También ha dicho la Corte Constitucional que los acuerdos deben ser publicitados ya que según la sentencia: “…por medio de esa información las personas podrán conocer de manera suficiente lo relacionado con las condiciones negociadas entre el Gobierno y el grupo armado ilegal y con base en ello decidirán libremente si apoyan o no la decisión política del Presidente vinculada al Acuerdo Final”.

En resumen, nuestro Partido, una vez tenga claro el contenido de los acuerdos, que son la hoja de ruta para llegar a la paz, deberá definir si invita a sus militantes a apoyar con el SI la continuidad de los mismos, o con el NO el final de ellos. En cualquier  caso todos y cada uno de nosotros podrá definir libremente que hacer. Pero un Partido de la trascendencia nuestra no habrá de quedarse en silencio. En ese contexto intentaremos en la próxima oportunidad resumir con la mayor precisión posible qué fue lo que se acordó y así seguiremos consolidando las bases para pensar, lo que debemos hacer los Conservadores.

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Por María Victoria Llorente.- Tomado del NY Times en Español. Después de cuatro años de deliberaciones en La Habana, Cuba, finalmente se logró un acuerdo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla de izquierda más antigua del hemisferio occidental y la más desafiante para el Estado colombiano, deponga sus armas y se transforme en una organización política. El desafío ahora es que el acuerdo final de paz no se vuelva rehén de las mezquindades políticas partidarias y personales, y se convierta en un logro del conjunto de la sociedad colombiana, que debe apropiarse de él.

Para que este acuerdo se legitime, las partes decidieron llevar a cabo un plebiscito en el que los colombianos deben decir sí o no a la totalidad de lo pactado. Esta votación se hará el 2 de octubre y, según el resultado, será el punto de partida para implementar el acuerdo, o significará el fracaso de la negociación.

Lo que sigue ahora es la disputa para refrendar la paz, que enfrenta un serio problema: la creciente identificación del acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En los últimos cuatro años, las negociaciones en La Habana se convirtieron en el centro de gravedad de la casa presidencial y, a su vez, en el campo de batalla de la oposición política de derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ahora un influyente senador por el Centro Democrático. Esta confrontación se agudizará aún más durante la campaña por el plebiscito. El tono beligerante del debate ha impedido una reflexión serena y constructiva sobre los desafíos y las oportunidades que representa la paz para el futuro de Colombia.

La identificación del proceso de paz con el presidente Santos y su gobierno es problemática por varias razones. Por un lado, se ha generado una relación de doble vía muy perversa entre la impopularidad del gobierno (que actualmente ronda el 65 por ciento) y la desaprobación de los colombianos frente al proceso de paz (que está alrededor del 50 por ciento). La ecuación es simple: la mala imagen del gobierno empaña la percepción de la población sobre este proceso, y los obstáculos que surgieron durante la negociación aumentaron la impopularidad del gobierno. Como consecuencia, la oposición y Uribe han enfocado la campaña por el no en la impopularidad de Santos. Uno de los principales argumentos es que la aprobación del acuerdo —que prevé la desmovilización y una amnistía amplia para la mayoría de los 8000 combatientes de las Farc— generaría una grave impunidad para los perpetradores de crímenes que han causado enorme daño a la sociedad colombiana. Agitando esa amenaza, los sectores hostiles a lo pactado han llegado a tergiversar posiciones del gobierno en temas de política económica, educación, seguridad y justicia.

Lo que la oposición no dice es que si gana el no, los colombianos perderíamos la oportunidad más concreta de poner fin a este conflicto armado que ha frustrado el desarrollo del país, y nos ha anclado a odios y luchas que pertenecen al pasado.

La polarización asfixia la posibilidad de un debate más fértil sobre las agendas de la transición y de construcción de paz. Esto, por supuesto, no se da en el vacío sino en una sociedad fragmentada. Décadas de violencia han sido un obstáculo para lograr consensos sobre temas fundamentales como la democracia, la descentralización, los modelos de desarrollo territorial y la inclusión social y económica.

En este momento los colombianos nos encontramos atrapados en un ajedrez político donde el gobierno y la oposición defienden pragmáticamente sus intereses.

Con mayor frecuencia vemos cómo distintos grupos de interés intentan chantajear al gobierno diciendo que votarán por el no a los acuerdos de paz a menos que se adopten determinadas políticas o se cumplan compromisos adquiridos en el pasado. En un ejemplo caricaturesco de cómo opera esta conducta centrada en el interés particular, el gremio de taxistas anunció que apoyará el no para cobrarle al gobierno el que no haya prohibido el servicio de Uber como, según dicen sus líderes, lo había prometido el presidente Santos en su campaña electoral hace dos años. Y no es el único.

Este tipo de actitudes alimentan la polarización reinante. Pero no hay que olvidar que la paz que derivará de los acuerdos no es del gobierno ni de las Farc, sino de toda la sociedad colombiana.

Sin duda, la culminación de las negociaciones de paz genera un escenario de esperanza. Debemos respaldarlo. Pero para garantizar su éxito hay que hacer comprender a los colombianos que la paz es una ventana histórica para unirnos en torno a las agendas que transformen las condiciones responsables de la reproducción de la violencia política en el país.

 

Y para ello es indispensable impulsar de manera inmediata una estrategia que separe al plebiscito del debate sobre el éxito o el fracaso del gobierno de Santos para que los colombianos comprendan que la paz —o la guerra— está en sus manos. ¿Cómo se logra esto? Un primer paso es comprometer a diversos movimientos de la sociedad civil, como plataformas empresariales, grupos estudiantiles y de jóvenes y colectivos de artistas, entre otros, en una campaña para debatir las oportunidades que ofrece la paz para impulsar el bienestar del país. Estamos ante una coyuntura decisiva que nos ofrece la posibilidad de dejar de soñar con la paz para convertirla en una realidad. Y tal vez sea nuestra última oportunidad para hacerlo.

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Por: Jorge Enrique Robledo. El acuerdo final suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc es fundamentalmente positivo, de lejos y principalmente, para el futuro de los colombianos, que así disfrutaremos de por lo menos dos cambios de gran importancia que nadie puede negar.

El primero, las armas de las Farc les serán entregadas, con plazos cortos, acordados y conocidos, a los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU –las principales potencias militares del mundo–, para que estos procedan a inventariarlas y destruirlas. Y el segundo, más importante aún –porque las armas no se disparan solas, solo se usan si hay la voluntad de hacerlo–, que las Farc renuncian a su decisión equivocada de medio siglo de hacer política a bala y se someten al imperio de la Constitución y las leyes de la República.

Tampoco es menor la importancia política de un pacto que en la práctica concluye que la existencia de un régimen económica, social y políticamente inicuo, como el de antes y el ahora, no explica ni justifica de manera automática buscar cambiarlo con las armas en la mano. Afortunadamente para los colombianos, la vida confirmó que Clausewitz tenía razón cuando dijo que la guerra constituye una decisión política, la cual, en circunstancias iguales, puede tomarse o no y también puede cambiarse, como en efecto está sucediendo.

Hasta aquí los que a mi juicio son argumentos suficientes para votar  en el plebiscito del 2 de octubre. ¿Qué decir de las críticas a los acuerdos?

Es cierto que luego del reintegro de las Farc a la vida civil, Colombia seguirá siendo muy semejante a lo que hoy vemos, con sus problemas y lacras de todos los tipos. Tan parecida será que continuarán gobernando Santos y la Unidad Nacional con sus políticas retardatarias. Pero de esta verdad, que no apunta a rechazar el acuerdo del proceso de paz, no puede deducirse que sea mejor que continúe una lucha armada que nada positivo le ha producido al país. Y en cambio sí puede probarse que el fin de la confrontación bélica mejorará las condiciones para que avancen las luchas democráticas sociales y políticas, capaces, esas sí, de lograr las transformaciones que el país necesita.

Y en relación con los aspectos que no se compartan de los acuerdos de La Habana, si estos se comparan con las indiscutibles ganancias de ponerle fin a esta violencia, hay que concluir que es mejor desarmar a las Farc que no desarmarlas. Hizo falta, por ejemplo, que estas reconocieran como un grave error de siempre el alzamiento armado y que, en consecuencia, le pidieran perdón a la Nación como un todo. Tampoco acierta la forma como se diseñó su llegada al Congreso –cuya presencia no objeto– y que por razones del umbral amenaza con sacar de la Cámara y del Senado al Polo y a otras fuerzas que nos hemos opuesto, dentro de la legalidad y sin mermelada, a un régimen inicuo. Pero que quede claro que estas anotaciones no revocan la certeza de que lo que más nos conviene a todos los colombianos es que el  gane el plebiscito.

Además de ser mejor desmovilizar inmediatamente a las Farc que no hacerlo, el triunfo del No puede llevar a situaciones bastante más negativas de lo que afirman sus promotores. Si gana el No, dicen, las Farc seguirán sin usar sus fusiles, se les impondrá con rapidez un acuerdo “mejor”, se firmará una nueva paz y sanseacabó. ¿Y si eso no sucede? Porque también puede ocurrir que la enorme e indeseable incertidumbre que se generaría termine en que el llamado acuerdo “mejor” no logre darse y en que el país regrese a situaciones que el pacto suscrito nos da la certeza de que no se repetirán. Con mucha frecuencia, lo que se considera mejor es enemigo de lo bueno. Cómo resulta hoy de cierto que más vale pájaro en mano que ciento volando.

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Por Gabriel Ortiz.-Esta semana se juntaron lágrimas de alegría y dolor. Las que despejan el panorama colombiano al lograrse la paz y esas que derraman los enemigos del proceso, ante la actuación de la justicia, tanto en el país como en el exterior.

Los acuerdos de La Habana esfuman la borrasca que durante 60 años ha azotado a una nación, a varias generaciones y al optimismo de millones de compatriotas, cuya vida no valía nada. Valioso aporte de Santos a un país agónico.

La creciente población de viudas, huérfanos, dolientes, secuestrados, despojados, desplazados y extorsionados llegó a su fin con la firma de los acuerdos que muchos atacan porque ven esfumar sus privilegios, negociados, fácil enriquecimiento, acomodo político, chantajes y libertad para usufructuar una prosperidad mal habida.

Nadie perdió tras 4 y medio años de lucha dialogada, porque al final todos ganamos una nueva patria, un nuevo derrotero vigilado por nosotros, por la Onu, El Vaticano, el concierto de las naciones y el orbe en general. Quedarán disidencias de las Farc; el ELN, los paras, las bacrim y la delincuencia común, que al final: entrarán por las sendas de la razón.

Estamos asistiendo a una paz posiblemente imperfecta -porque no existe nada perfecto-, pero mejor que una guerra perfecta, como lo expresó Enrique Santos Calderón, artífice de este triunfo de los colombianos.

Viene ahora la verdadera reconciliación que nos garantice la fórmula magistral de admitir a seis asistentes con voz, pero sin voto en el parlamento, la aprobación de un plebiscito sin hombres armados, los asentamientos de excombatientes, unas Farc como partido político y el respeto a la vida de quienes hoy abandonan el conflicto.

Habremos de asumir costos, entre ellos el económico, que como lo afirmó en su última columna Rudolf Homes, lleva a mucha gente a decir que no va haber plata para la paz, mientras nunca preguntó si había plata para la guerra.

Para fortuna de Colombia, de los colombianos y del mundo sensato, las lágrimas se alejan, porque desaparece una guerra que creíamos interminable y se nos abre el panorama hacia un país distinto, con justicia social, próspero, sin corrupción, sin paros dirigidos, amable, respetuoso, cálido y sin odio. ¡A votar por el Sí! El panorama está despejado.

BLANCO: El admirable grupo negociador de La Habana, con De la Calle a la cabeza y la batuta de Santos.

NEGRO: ¿Metro Elevado? Inverosímil.

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Realmente Colombia está viviendo días de imborrable valor histórico. Luego de más de 50 años de terrible conflicto armado y también casi 4 años de negociaciones, el Gobierno de Juan Manuel Santos y su equipo, así como los miembros de la Farc- EP lograron materializar un acuerdo definitivo,  que permite el cese al fuego bilateral a partir de este lunes 29 de agosto a las 0 horas.

Un pacto bilateral que hará posible, sin duda alguna, edificar un país bajo otro contexto y, necesariamente, otras reglas del juego. Porque no tiene sentido no replantearse un nuevo proyecto de país, con una sociedad más incluyente, justa y más humana.

Claro está que el mayor desafío de la firma del Acuerdo de Paz es el proceso que lo sucede: el Postconflicto. ¿Qué hacer con las terribles y complejas consecuencias de un conflicto, que afectó la fibra social y humana de un país, su posición en la geopolítica mundial y en su propia concepción del mundo y de la persona?

Los estudiosos de este tema han estimado que el Postconflicto es un reto de mayor intensidad inclusive que la Guerra de Independencia y sus consecuencias.

De allí que este nuevo momento de la historia de Colombia reclame que el país se plantee cambios desde su estructura: culturales, jurídicos, sociales, socioeconómicos, geopolíticos e incluso, de imaginario colectivo, es decir, lo que quiera construir una nueva sociedad como visión del mundo.

Cambios que generen nuevos acuerdos sociales y políticos, que construyan posibilidades de aceptación, inclusión, reparación, interacción y reintegración de la diversidad, que hace a Colombia única y plural, en el escenario de las naciones de América Latina y el mundo.

Estas consideraciones implican aprender a vivir con un sentido de paz. Aprender a manejar las crisis  y, sobre todo, honrar las diferencias y someter a la fuerza del consenso las decisiones que nos tocan a todos: una esencia fundamental de la Democracia como sistema.

Un desafío concreto es el Plebiscito por la Paz. Porque es una decisión poderosa y necesaria para ratificar la posición que tenemos sobre el presente y futuro de Colombia. Hubiese sido más fácil hacer una consulta, pero se decidió exigir una posición que, en última instancia, la decide es el Pueblo.

Ese Si y ese No, tienen un peso en la historia. Por ello tenemos la obligación de llevar a todos los ciudadanos el contenido de los Acuerdos Definitivos de La Habana. Que la gente conozca la propuesta del acuerdo, sus implicaciones y la posibilidad de país donde quepamos todos.

Como Liberal, creo en la Imperio de la Ley y en el Derecho de la Gente para decidir qué país queremos, luego de este esfuerzo titánico de sentarnos en una mesa de negociación con los que habían asumido el camino de las armas y el conflicto, para buscar lo que teníamos en común y lograr un acuerdo que involucrase un cambio. Ese es el que esperamos.

Indudablemente que Colombia ha crecido con el Proceso de Paz. El impacto y el valor agregado de este proceso, se materializarán prontamente y harán del Postconflicto una etapa fecunda de cambios y consensos necesarios para un mejor país.

El domingo 2 de octubre tengo la seguridad que una inmensa mayoría de colombianos se enrutarán en el camino de la reconciliación nacional.

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Por Diego Alejandro González.- La aprobación de los Tratados Internacionales se fundamenta en una triada constitucional, así lo ha definido la H. Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, señalando que desde la perspectiva institucional, para la aprobación de estos instrumentos, se requiere el concurso activo de las tres ramas del Poder Público, para que el Estado Colombiano adquiera válidamente obligaciones internacionales por esa vía.

En primer lugar, la Rama Ejecutiva, el Presidente de la República, en su calidad de director de las relaciones internacionales (Constitución Política/art 189-2) es quien directamente o a través de sus delegados, tiene la facultad para celebrar tratados o convenios, entablar negociaciones, fijar los términos y alcance de las mismas, avalar o no los acuerdos logrados y suscribir el texto de un tratado o abstenerse de hacerlo.

Al Congreso de la República le corresponde “aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o entidades de derecho internacional”, (Constitución Política artículo 150-16).

Finalmente a la Rama Judicial, a través de la Corte Constitucional le corresponde hacer el control de constitucionalidad de los tratados celebrados, una vez son sancionados o cuando son demandados por vía de acción de constitucionalidad. (Constitución Política, Artículo 241)

Luego de la revisión de constitucionalidad, el Presidente procede a la ratificación del tratado, es así como confluyen las tres ramas del Poder Público en la aprobación de los instrumentos internacionales.

Sin embargo, en la práctica la labor de la Rama Legislativa se ve limitada y su función constitucional, como laboratorio de la Democracia y foro político por excelencia, se convierte en una función casi “notarial”, en la que el Congreso se limita a la aprobación del texto y el articulado tal y como lo negoció el gobierno de turno y sin la posibilidad de la más mínima modificación en el contenido del mismo, esta situación deja sin representación y protección los intereses del constituyente primario, quien deposita toda su confianza en el Congreso mediante el acto de elección. Este procedimiento permite que la responsabilidad recaiga en cabeza del Congreso cuando los efectos de un tratado impactan en forma negativa a los ciudadanos.

El Congreso Colombiano observa perplejo el inmenso desafío que representa la necesidad de inscribirse adecuadamente en el contexto internacional y buscar una equitativa y recíproca negociación de los tratados y acuerdos internacionales.

Actualmente observamos que la Política pierde su orientación, escuchamos hablar de la pérdida de control del Estado sobre las decisiones más trascendentales, de una perdida de gobernabilidad, en donde algunos de los factores que inciden fundamentalmente son el sector externo y el uso inadecuado de los recursos internacionales, pero lo más grave es la ausencia de controles reales internos sobre el proceso de negociación, aprobación y ejecución de acuerdos y tratados internacionales.

Esta función tan limitada podría transformarse en un poder influyente y quizá determinante en la negociación de tratados internacionales, propósito que requiere dinamizar los mecanismos institucionales con que ya cuenta esta Corporación e introducir en el ordenamiento constitucional colombiano la facultad para que el Congreso participe en la etapa de negociación de los tratados internacionales y de ser posible crear otros que le resten el monopolio discrecional y exclusivo al Ejecutivo en esta materia.

En otras palabras, existen alternativas para democratizar la aprobación de los tratados internacionales, pero, por sobre todo, para impactar sustancial y propositivamente las decisiones sobre Política Exterior.

Así las cosas, se debe propender por la institucionalización de la figura de representantes oficiales del Congreso, en todos los procesos de negociación de tratados internacionales, como funciona en otros países, con el propósito de que el Legislativo sea un actor específico en la adquisición de nuevos compromisos internacionales por parte del Estado.

De esta manera, los representantes del Congreso, es decir, los congresistas tendrían siempre la oportunidad de incidir en la inclusión o modificación de los acuerdos en el tratado, de conformidad con los intereses nacionales, canalizados y defendidos a través de ellos mismos.

Finalmente, se debe legislar para que el Congreso vaya más allá de la posibilidad de aprobar o improbar tratados internacionales, después de su firma por parte del Ejecutivo, por ejemplo, que esta corporación tenga la potestad del “Veto Legislativo” o “Autorización Condicionada” en materia de negociación y firma de nuevos tratados, que se puede aplicar desde el momento mismo de la iniciativa gubernamental, para no obligarse internacionalmente con la aceptación de disposiciones que puedan resultar contrarias a la constitución y a los intereses nacionales.

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Por Jorge Gómez Pinilla.- El diccionario define placebo como la “sustancia que carece de acción curativa pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento eficaz”. El mismo mecanismo ‘curativo’ opera con la religión: el creyente asume su fe con la certeza de poseer la verdad absoluta. Esto le proporciona un alivio psicológico, pues lo aleja del infierno de la duda y le brinda la confianza de estar adorando al único Dios verdadero, mientras sus oraciones lo atan a la esperanza de encontrar remedio a sus congojas.

Desde el mundo de la razón es muy fácil apreciar que las oraciones no sirven para nada, pues el mundo está cada vez peor y la humanidad avanza a pasos agigantados hacia la destrucción del planeta. De todos modos, no le aconsejamos que le diga a un creyente que rezar es por completo inútil, pues se va a sentir ofendido y usted se puede ganar un puño.

Vamos a centrar la discusión es en diferenciar a los pastores de sus rebaños, con el propósito de demostrar que a unos y otros los animan intereses diferentes. En palabras del científico Rodolfo Llinás, “Dios tiene dos razones de ser: a los inteligentes les sirve para gobernar a los demás y a los menos inteligentes para pedirle favores”.

El origen de la política está en la religión, y sirve de ejemplo el patriarca Moisés llegando a su aldea a contar que mientras apacentaba unas ovejas el Señor le habló desde una zarza en llamas y le dijo: “he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una que mana leche y miel” (Éxodo 3:3-17).

Si nos ponemos de capciosos, se hace evidente que ese mismo pueblo sigue esperando esa tierra prometida, pero el asunto que hoy nos ocupa es otro: Moisés se convierte en el representante de Dios sobre su gente y arropado en su condición de líder descubre que es algo bueno, porque le da poder sobre los hombres y las mujeres de su aldea, ligado a una inmensa responsabilidad, por supuesto. Así nace la política, directamente emparentada con la religión: la personificación de Jehová en una llama ayuda a los judíos a paliar una necesidad de supervivencia, la de librarse de la opresión a la que los tenía sometidos el faraón.

De ahí en adelante la historia de la humanidad muestra unos pueblos comandados por dirigentes religiosos, llámense judíos, católicos, protestantes o musulmanes. La separación de las Iglesias y el Estado solo se viene a dar en la era moderna, pero en un escenario donde la religión sigue ejerciendo gran poder, tanto sobre la conducción de las naciones como en el imaginario colectivo de las gentes.

Aquí la palabra rebaño –tan propia del catolicismo- cobra un significado clave para una mejor comprensión de la política, pues en ambos casos se necesitan masas adocenadas –o adoctrinadas- que se dejen conducir como ovejas, tanto hacia un estado ilusorio de bienestar espiritual como al matadero de una guerra.

Fueron precisamente rebaños uniformados por el mismo pensamiento religioso los que bajo el falso ropaje de defender a la familia movilizó la diputada Ángela Hernández, perteneciente a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, de corte evangélico. Ella encendió la chispa de una vendetta nacional contra la población LGBTI, a la que se sumaron hasta los más altos prelados de la Iglesia Católica, si bien estos reconocieron luego, contritos, que habían sido utilizados por fuerzas políticas partidarias del NO en el plebiscito, y eso les pareció “deshonesto” (Ver arrepentimiento). Pero ya era tarde, porque después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga.

Otra que no quiso faltar a tan rentable convite político-religioso fue la senadora Viviane Morales, dirigente de la iglesia Casa sobre la Roca. Su caso es el paradigma de las contradicciones, pues ella debe ser consciente de que dentro del Partido Liberal está en el lugar equivocado, sumado a que tiene una hija lesbiana cuyo derecho a un trato igualitario se niega a reconocerle. O sea que en su propio núcleo familiar germina la antítesis de su discurso contra el matrimonio gay, y la deja en uno de dos planos posibles: una fe religiosa ligada a la ceguera, o un cálculo cínico sobre el caudal de votos que una postura de tan alto ‘rating’ le aporta.

Me inclino a pensar lo segundo, y esta consideración se extiende a otros políticos que acuden a sentimientos religiosos para cautivar ingenuos, como el entonces presidente Álvaro Uribe que en acción de gracias por la Operación Jaque puso a su gabinete ministerial a rezar el rosario, o como el actual procurador Alejandro Ordóñez que tituló su tesis de grado ‘Presupuestos Fundamentales del Estado Católico’ y la dedicó “A nuestra señora la Virgen María, suplicándole la restauración del orden cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo”. En ambos casos se asume al Estado como confesional desde lo católico, y eso es contrario a la Constitución, laica en su esencia.

Mi apreciación –muy personal- es que cuando un político alaba al Creador o lo menciona, quiere que la gente piense: “está con Dios, es alguien bueno”. Actúa como el que agita un racimo de bananos ante un grupo de micos, para conquistar su simpatía. En contraposición, admiro al político que nunca recurre al facilismo de invocar a Dios para ganar adeptos. Es más, hacia el ejercicio de una política verdaderamente laica y sana, a todo político que recurra a expresiones de religiosidad debería imponérsele una multa, por invadir linderos que no le corresponden al Estado ciudadano.

Fue precisamente valiéndose de propaganda sucia atada a un sentimiento religioso (el de “la familia original”) que el uribismo logró movilizar a manadas de ingenuos creyentes haciéndoles creer –valga la redundancia- que en el gobierno de Juan Manuel Santos había una ministra gay que estaba repartiendo una cartilla para que nuestros niños se volvieran homosexuales como ella.

¿Y todo esto lo hacen con qué propósito? Con el de llevar a la presidencia a quien desde ya perfilan como el restaurador de la moral y las buenas costumbres, Alejandro Ordóñez Maldonado. Dios  nos coja confesados...

DE REMATE: Nada más parecido a un golpe de Estado que un eventual triunfo del NO en el plebiscito: al día siguiente el país amanecería descuadernado y el Presidente de la República convertido en un mueble viejo.

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Por Jairo Gómez.-Pactado el Acuerdo Final en La Habana entre el Gobierno y las FARC, la inquietud que surge es si las actuales instituciones son las adecuadas para desarrollar los acuerdos.

Ésta intranquilidad cobra vigencia si se parte del principio de que lo acordado obliga a hacer reformas de fondo que aseguren la ‘No repetición‘ de las promesas incumplidas y los desencuentros, que fueron el germen de la atroz guerra que estamos por terminar con las FARC.

El fantasma del incumplimiento siempre ha gravitado en las instituciones que tenemos, de allí que hoy se hable del Gran Acuerdo Político Nacional que no es otra cosa que una Constituyente. Y no es un temor infundado si, tras hacer un análisis comparativo entre el Acuerdo de La Habana y la Constitución Política de 1991, vislumbramos que gran parte de lo pactado está en las líneas de la Carta Fundamental, y que los gobiernos y legisladores, por arte de birlibirloque, le han mamado gallo. Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si el tema de la propiedad de la tierra estuviera resuelto, o los espacios políticos no se hubieran restringido y el Estatuto de la oposición fuera una realidad.

El acuerdo apenas despunta y ya se está impugnando el Fondo de Tierras que se estipuló en el punto agrario. Se refutan las tres millones de hectáreas que le brindarán una nueva realidad a los millones de campesinos desplazados y víctimas del despojo por efectos del conflicto. Desde tiempos inmemoriales hemos escuchado de reformas agrarias, de democratización de la propiedad de la tierra, de modernizar el campo, de incluir a los campesinos al ciclo productivo de la nación y legalizar las tierras a los labriegos: promesas incumplidas.

Esto corrobora la desconfianza que se tiene de las instituciones: los invito a leer los artículos 63, 64 y 65 de la Constitución que en esencia obliga al Estado a definir el acceso a la tierra, a los que también les mamaron gallo. Otro ejemplo, como el anterior, nos permite ilustrar cómo operan las instituciones del Estado haciéndose las de la vista gorda con el interés de la sociedad en general.

En el Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral se pactó normalizar la vida laboral de los campesinos. En verdad no se necesitaba del pacto de La Habana para encauzar los derechos laborales de los trabajadores y campesinos colombianos; La Constitución en su artículo 53 obliga al Congreso a expedir el Estatuto del Trabajo, y desde hace 25 años le vienen mamando gallo a la norma.

Retomo la incertidumbre inicial de si estas instituciones son las adecuadas para garantizar lo pactado en Cuba y veo con preocupación la suspicacia política con que se examina el futuro de los acuerdos. Un ejemplo de ello es el cuestionamiento que el Vicepresidente Vargas Lleras le hace a la Justicia Especial de Paz, poniendo en entredicho el papel de las cortes versus los alcances del Tribunal de Paz, tema medular para la terminación del conflicto. La malpensada interpretación quiere sembrar dudas donde no las hay, además de provocar, desde las Cortes, animadversión a lo pactado.

La ‘No repetición‘ de las promesas incumplidas es un compromiso insoslayable si no queremos volver a los ciclos de violencia política que hoy superamos con el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC.

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Por Humberto de la Calle. Foto: Reuters. Tomado de El Tiempo.- Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia. Comenzando por el Vicepresidente, encuentro verdaderas equivocaciones en algunos comentarios sobre lo acordado en La Habana.

Me referiré únicamente a verdaderas afirmaciones equivocadas. Es decir, aseveraciones que contradicen de manera incontrastable el Acuerdo. Dejo de lado los temores y las sospechas.

El Vicepresidente afirma que la Jurisdicción Especial podría procesar a un empresario como financiador de la guerra “porque alguna vez tuvo que pagar una plata a un grupo armado”. Sugiere que la JEP procesa “a los responsables de las conductas criminales cometidas sistemáticamente, a los autores materiales de delitos atroces y de crímenes de lesa humanidad y a los grandes financiadores de los grupos armados”.

Pues el punto de partida es inexacto. Y lo que propone corresponde justamente a lo ya pactado.

Dice el Acuerdo: a quienes hayan incurrido en “las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40”, se les aplicarán las mismas sanciones de restricción efectiva de la libertad previstas para guerrillas y agentes estatales.

El numeral 40 agrupa las conductas más graves, no amnistiables. Ellas son los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra y algunas otras.

En cuanto a aquellos cuyo apoyo a los paramilitares no revista las características anteriores, como lo dijo la declaración formal del Gobierno publicada el 25 de mayo, la JEP “tendrá la función de resolver la situación jurídica de terceros cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. En estos casos la JEP podrá (…) renunciar a la persecución penal...”.

En conclusión, el Vicepresidente sugiere algo que ya fue pactado y hace afirmaciones sobre los terceros que no corresponden al lenguaje textual del Acuerdo.

María Isabel Rueda dice que se van a “congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras”. Alude a la inexistencia de un catastro y a una informalidad de un 48 %.

No es cierta la pretendida congelación. Ni tampoco la cifra. El Fondo de Tierras dispondrá de 3 millones de hectáreas durante 10 años. Sus principales fuentes serán la recuperación de tierras adquiridas de forma ilegal y otras fuentes, todas ellas con fundamento en herramientas existentes. No se habla de congelación en ningún caso.

En cuanto al catastro, precisamente se pactó la actualización del mismo, para lo cual el Gobierno viene tomando las medidas correspondientes. Y la formalización, con una meta de 7 millones de hectáreas, no depende del Fondo de Tierras. Es, de paso, la mejor demostración de que el Acuerdo es pro estabilización de la propiedad “con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”. No tiene un ápice de estatización de la tierra.

En las Circunscripciones Especiales de Paz, afirma la misma distinguida periodista, “los partidos tradicionales tendrán territorio vedado”. No es cierto. Las circunscripciones ordinarias para Cámara no se afectaron. Esto es, los electores de una Circunscripción Especial votan normalmente por los candidatos ordinarios de acuerdo con el número de curules vigente. Lo que ocurre es que, en determinadas regiones golpeadas por el conflicto, se crean escaños adicionales transitorios, exclusivamente para los movimientos ciudadanos de ese territorio. Es elemental y obvio. Es para darles una representación adicional a esas zonas. De paso, no es cierto que las Farc vayan a ganar en todas esas circunscripciones. Esa afirmación no corresponde a la estadística electoral.

Estas son solo algunas muestras de imprecisiones que era preciso aclarar. Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia.

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Por Amylkar Acosta.-Con la firma del Acuerdo final en La habana el pasado 24 de este mes, los colombianos empezamos a sintonizarnos con el futuro que nos habrá de deparar, estamos ahora en modo paz. Resultó providencial que la fecha de la realización de la Cumbre do Gobernadores coincidiera con el Día después de este magno acontecimiento. Al decir de Federico Engels, hay años en los que sólo transcurren días de historia y hay días en los que transcurren años de historia, estos últimos días han sido de esos cargados de años de historia. Cómo no evocar en este momento las palabras con las que concluyó su discurso de posesión el ex presidente Cesar Gaviria el 7 de agosto de 1990: “colombianos y colombianas bienvenido(a)s al futuro”!

Con la firma del Acuerdo final el día de ayer concluyen las negociaciones que se prolongaron por espacio de tres años y medio, para dejar atrás más de 52 años de confrontación armada por la que el país nacional ha pagado un alto precio en vidas humanas. Firmado este Acuerdo, gramaticalmente no estamos hablando de un punto seguido, ni siquiera de un punto aparte, sino de un punto final a la pesadilla en que se les convirtió esta guerra a los colombianos, que sin distingo de raza, credo o religión la hemos padecido, directa o indirectamente.

Bien dice Adriana La Rota que “con todo lo que abominamos esta guerra, nos cuesta trabajo imaginarnos vivir sin ella…Frente a la disyuntiva de un pasado horrendo pero conocido y un futuro incierto que exigirá algo nuevo de cada uno de nosotros, el miedo está jugando un papel. Entendamos eso y no dejemos que sea el miedo el que tome la decisión”. Es entendible, entonces, que no sean pocos quienes, como en la Ley de la atracción, se aferran al pasado como el náufrago al madero y prefieran seguir llorando sobre la sangre inútilmente derramada.

Ya que se nos abre la oportunidad de escapar de esa realidad pavorosa que fue (¡qué lindo pretérito!) la guerra con las FARC miremos fijamente a ese horizonte promisorio que nos invita a desbrozar nuevos caminos de paz y esperanza, en lugar de seguir mirando hacia atrás, no vaya a ser que se repita el pasaje bíblico en que la mujer de Lot por hacerlo terminó convertida en estatua de sal. Con este Acuerdo, como lo afirmó en su discurso de posesión el Presidente Santos el 7 de agosto de 2010, se sentarán “las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Se lo propuso el Presidente Santos, insistió, resistió y persistió, se jugó todo su capital político para lograr este Acuerdo y lo logró, para beneficio de todo(a)s lo(a)s colombiano(a)s. Definitivamente, quien persevera alcanza. La paz que ahora nos disponemos a construir se fundamentará en la verdad, la justicia y la reparación, que son la piedra miliar de una paz estable y duradera, que es a la que aspiramos, no nos transamos por menos.

No obstante, como lo afirma magistralmente el escritor William Ospina “al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, sólo llegan para impedir la paz. Después de una guerra de 50 años, es tarde para los tribunales”. Qué le vamos a hacer. La Justicia que esperan las víctimas, además de conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos, unos muertos y otros desaparecidos, es su atención y reparación, más que la severidad de las penas a sus victimarios, que poco o nada contribuyen a ello.

El Sumo Pontífice Pablo VI dijo en la Encíclica Populorum Progressio que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Por su parte el Papa Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Están en lo cierto y esa es la importancia que reviste el Acuerdo suscrito: abre las posibilidades para la más profunda transformación política, económica, social y ambiental de nuestro país.

Saludamos el advenimiento de este nuevo escenario, el del post-acuerdo, que deberá pasar primero por el cedazo de la refrendación popular del Acuerdo final a través del Plebiscito próximo a convocarse, en el que, como lo sostiene el Padre Francisco de Roux, “lo que está en juego no es el futuro del Presidente Santos, ni el futuro político del ex presidente Uribe, ni el futuro del ELN, ni el futuro de las FARC, sino la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos”. A quienes recurren al retruécano con el que se pretende confundir a los incautos al no poder convencerlos “decir sí a la paz es votar no al Plebiscito” respondámosle con la coherencia: “decir sí a la paz es decir sí al Plebiscito. Y una reflexión final: para alcanzar la paz no basta con desarmar a las FARC también hay que desarmar los espíritus y, algo muy importante, desengatillar la lengua, que siempre habla de lo que abunda en el corazón!

Bogotá, agosto 27 de 2016

www.fnd.org.co

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Por Iván Diaz Mateus.-En el artículo anterior, mal titulado por cierto, examinamos algunos aspectos de la ideología Conservadora y nos comprometimos a continuar esta línea de debate sobre el Plebiscito a los acuerdos con la Farc.

Edmund Burke, filósofo conservador en la Inglaterra del siglo XVII, definió los partidos políticos como: “un grupo de hombres unidos para promover el interés nacional mediante acciones conjuntas sobre la base de algún principio determinado en el que todos están de acuerdo”, no creemos que ningún partido serio escape a esta precisa interpretación y menos que la coyuntura actual no sea la propicia para pensar en ese sentido, ya que la responsabilidad de las colectividades frente a lo que está por decidirse es inexcusable y debe afrontarse con claridad y coherencia.

La Corte Constitucional al ocuparse del examen a la Ley estatutaria  que regula el plebiscito a los acuerdos con las FARC, dijo que el Acuerdo Final es: “…la definición de una política pública de un proceso de negociación entre el Gobierno y un grupo armado ilegal, lo cual dista de ser un articulado concreto.”, en otras palabras el acuerdo final no necesariamente es la concreción de hechos (dejación de armas, desmovilización, reinserción, etc.), es, según lo precisado, el convenio sobre el modo, sobre la forma para llegar a esos fines y nada más. Eso es lo que ha presentado el miércoles pasado el Gobierno en conjunto con las Farc, una clara intención de paz y la forma como se llegará definitivamente a ella.

Sabemos que la mayoría tiene una inquietud fundamental: ¿Qué es lo que aprobaremos o dejaremos de aprobar con nuestro voto, el próximo mes de Octubre?, la respuesta es: aprobaremos o improbaremos los acuerdos  sobre el camino para llegar a la paz.

A renglón seguido nos cuestionamos, ¿qué sucede si gana el SI al plebiscito?, si gana el SI al plebiscito el presidente queda habilitado legal, constitucional y políticamente para implementar dichos acuerdos, es decir tomar las decisiones de su competencia para hacer realidad lo pactado o presentar al Congreso las reformas necesarias con el mismo fin. En sentido contrario, si el plebiscito pierde, o sea gana el NO, simplemente el presidente no estará habilitado para continuar el proceso.

También ha dicho la Corte Constitucional que los acuerdos deben ser publicitados ya que según la sentencia: “…por medio de esa información las personas podrán conocer de manera suficiente lo relacionado con las condiciones negociadas entre el Gobierno y el grupo armado ilegal y con base en ello decidirán libremente si apoyan o no la decisión política del Presidente vinculada al Acuerdo Final”.

En resumen, nuestro Partido, una vez tenga claro el contenido de los acuerdos, que son la hoja de ruta para llegar a la paz, deberá definir si invita a sus militantes a apoyar con el SI la continuidad de los mismos, o con el NO el final de ellos. En cualquier  caso todos y cada uno de nosotros podrá definir libremente que hacer. Pero un Partido de la trascendencia nuestra no habrá de quedarse en silencio. En ese contexto intentaremos en la próxima oportunidad resumir con la mayor precisión posible qué fue lo que se acordó y así seguiremos consolidando las bases para pensar, lo que debemos hacer los Conservadores.

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Por María Victoria Llorente.- Tomado del NY Times en Español. Después de cuatro años de deliberaciones en La Habana, Cuba, finalmente se logró un acuerdo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla de izquierda más antigua del hemisferio occidental y la más desafiante para el Estado colombiano, deponga sus armas y se transforme en una organización política. El desafío ahora es que el acuerdo final de paz no se vuelva rehén de las mezquindades políticas partidarias y personales, y se convierta en un logro del conjunto de la sociedad colombiana, que debe apropiarse de él.

Para que este acuerdo se legitime, las partes decidieron llevar a cabo un plebiscito en el que los colombianos deben decir sí o no a la totalidad de lo pactado. Esta votación se hará el 2 de octubre y, según el resultado, será el punto de partida para implementar el acuerdo, o significará el fracaso de la negociación.

Lo que sigue ahora es la disputa para refrendar la paz, que enfrenta un serio problema: la creciente identificación del acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En los últimos cuatro años, las negociaciones en La Habana se convirtieron en el centro de gravedad de la casa presidencial y, a su vez, en el campo de batalla de la oposición política de derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ahora un influyente senador por el Centro Democrático. Esta confrontación se agudizará aún más durante la campaña por el plebiscito. El tono beligerante del debate ha impedido una reflexión serena y constructiva sobre los desafíos y las oportunidades que representa la paz para el futuro de Colombia.

La identificación del proceso de paz con el presidente Santos y su gobierno es problemática por varias razones. Por un lado, se ha generado una relación de doble vía muy perversa entre la impopularidad del gobierno (que actualmente ronda el 65 por ciento) y la desaprobación de los colombianos frente al proceso de paz (que está alrededor del 50 por ciento). La ecuación es simple: la mala imagen del gobierno empaña la percepción de la población sobre este proceso, y los obstáculos que surgieron durante la negociación aumentaron la impopularidad del gobierno. Como consecuencia, la oposición y Uribe han enfocado la campaña por el no en la impopularidad de Santos. Uno de los principales argumentos es que la aprobación del acuerdo —que prevé la desmovilización y una amnistía amplia para la mayoría de los 8000 combatientes de las Farc— generaría una grave impunidad para los perpetradores de crímenes que han causado enorme daño a la sociedad colombiana. Agitando esa amenaza, los sectores hostiles a lo pactado han llegado a tergiversar posiciones del gobierno en temas de política económica, educación, seguridad y justicia.

Lo que la oposición no dice es que si gana el no, los colombianos perderíamos la oportunidad más concreta de poner fin a este conflicto armado que ha frustrado el desarrollo del país, y nos ha anclado a odios y luchas que pertenecen al pasado.

La polarización asfixia la posibilidad de un debate más fértil sobre las agendas de la transición y de construcción de paz. Esto, por supuesto, no se da en el vacío sino en una sociedad fragmentada. Décadas de violencia han sido un obstáculo para lograr consensos sobre temas fundamentales como la democracia, la descentralización, los modelos de desarrollo territorial y la inclusión social y económica.

En este momento los colombianos nos encontramos atrapados en un ajedrez político donde el gobierno y la oposición defienden pragmáticamente sus intereses.

Con mayor frecuencia vemos cómo distintos grupos de interés intentan chantajear al gobierno diciendo que votarán por el no a los acuerdos de paz a menos que se adopten determinadas políticas o se cumplan compromisos adquiridos en el pasado. En un ejemplo caricaturesco de cómo opera esta conducta centrada en el interés particular, el gremio de taxistas anunció que apoyará el no para cobrarle al gobierno el que no haya prohibido el servicio de Uber como, según dicen sus líderes, lo había prometido el presidente Santos en su campaña electoral hace dos años. Y no es el único.

Este tipo de actitudes alimentan la polarización reinante. Pero no hay que olvidar que la paz que derivará de los acuerdos no es del gobierno ni de las Farc, sino de toda la sociedad colombiana.

Sin duda, la culminación de las negociaciones de paz genera un escenario de esperanza. Debemos respaldarlo. Pero para garantizar su éxito hay que hacer comprender a los colombianos que la paz es una ventana histórica para unirnos en torno a las agendas que transformen las condiciones responsables de la reproducción de la violencia política en el país.

 

Y para ello es indispensable impulsar de manera inmediata una estrategia que separe al plebiscito del debate sobre el éxito o el fracaso del gobierno de Santos para que los colombianos comprendan que la paz —o la guerra— está en sus manos. ¿Cómo se logra esto? Un primer paso es comprometer a diversos movimientos de la sociedad civil, como plataformas empresariales, grupos estudiantiles y de jóvenes y colectivos de artistas, entre otros, en una campaña para debatir las oportunidades que ofrece la paz para impulsar el bienestar del país. Estamos ante una coyuntura decisiva que nos ofrece la posibilidad de dejar de soñar con la paz para convertirla en una realidad. Y tal vez sea nuestra última oportunidad para hacerlo.

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Por: Jorge Enrique Robledo. El acuerdo final suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc es fundamentalmente positivo, de lejos y principalmente, para el futuro de los colombianos, que así disfrutaremos de por lo menos dos cambios de gran importancia que nadie puede negar.

El primero, las armas de las Farc les serán entregadas, con plazos cortos, acordados y conocidos, a los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU –las principales potencias militares del mundo–, para que estos procedan a inventariarlas y destruirlas. Y el segundo, más importante aún –porque las armas no se disparan solas, solo se usan si hay la voluntad de hacerlo–, que las Farc renuncian a su decisión equivocada de medio siglo de hacer política a bala y se someten al imperio de la Constitución y las leyes de la República.

Tampoco es menor la importancia política de un pacto que en la práctica concluye que la existencia de un régimen económica, social y políticamente inicuo, como el de antes y el ahora, no explica ni justifica de manera automática buscar cambiarlo con las armas en la mano. Afortunadamente para los colombianos, la vida confirmó que Clausewitz tenía razón cuando dijo que la guerra constituye una decisión política, la cual, en circunstancias iguales, puede tomarse o no y también puede cambiarse, como en efecto está sucediendo.

Hasta aquí los que a mi juicio son argumentos suficientes para votar  en el plebiscito del 2 de octubre. ¿Qué decir de las críticas a los acuerdos?

Es cierto que luego del reintegro de las Farc a la vida civil, Colombia seguirá siendo muy semejante a lo que hoy vemos, con sus problemas y lacras de todos los tipos. Tan parecida será que continuarán gobernando Santos y la Unidad Nacional con sus políticas retardatarias. Pero de esta verdad, que no apunta a rechazar el acuerdo del proceso de paz, no puede deducirse que sea mejor que continúe una lucha armada que nada positivo le ha producido al país. Y en cambio sí puede probarse que el fin de la confrontación bélica mejorará las condiciones para que avancen las luchas democráticas sociales y políticas, capaces, esas sí, de lograr las transformaciones que el país necesita.

Y en relación con los aspectos que no se compartan de los acuerdos de La Habana, si estos se comparan con las indiscutibles ganancias de ponerle fin a esta violencia, hay que concluir que es mejor desarmar a las Farc que no desarmarlas. Hizo falta, por ejemplo, que estas reconocieran como un grave error de siempre el alzamiento armado y que, en consecuencia, le pidieran perdón a la Nación como un todo. Tampoco acierta la forma como se diseñó su llegada al Congreso –cuya presencia no objeto– y que por razones del umbral amenaza con sacar de la Cámara y del Senado al Polo y a otras fuerzas que nos hemos opuesto, dentro de la legalidad y sin mermelada, a un régimen inicuo. Pero que quede claro que estas anotaciones no revocan la certeza de que lo que más nos conviene a todos los colombianos es que el  gane el plebiscito.

Además de ser mejor desmovilizar inmediatamente a las Farc que no hacerlo, el triunfo del No puede llevar a situaciones bastante más negativas de lo que afirman sus promotores. Si gana el No, dicen, las Farc seguirán sin usar sus fusiles, se les impondrá con rapidez un acuerdo “mejor”, se firmará una nueva paz y sanseacabó. ¿Y si eso no sucede? Porque también puede ocurrir que la enorme e indeseable incertidumbre que se generaría termine en que el llamado acuerdo “mejor” no logre darse y en que el país regrese a situaciones que el pacto suscrito nos da la certeza de que no se repetirán. Con mucha frecuencia, lo que se considera mejor es enemigo de lo bueno. Cómo resulta hoy de cierto que más vale pájaro en mano que ciento volando.

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Por Gabriel Ortiz.-Esta semana se juntaron lágrimas de alegría y dolor. Las que despejan el panorama colombiano al lograrse la paz y esas que derraman los enemigos del proceso, ante la actuación de la justicia, tanto en el país como en el exterior.

Los acuerdos de La Habana esfuman la borrasca que durante 60 años ha azotado a una nación, a varias generaciones y al optimismo de millones de compatriotas, cuya vida no valía nada. Valioso aporte de Santos a un país agónico.

La creciente población de viudas, huérfanos, dolientes, secuestrados, despojados, desplazados y extorsionados llegó a su fin con la firma de los acuerdos que muchos atacan porque ven esfumar sus privilegios, negociados, fácil enriquecimiento, acomodo político, chantajes y libertad para usufructuar una prosperidad mal habida.

Nadie perdió tras 4 y medio años de lucha dialogada, porque al final todos ganamos una nueva patria, un nuevo derrotero vigilado por nosotros, por la Onu, El Vaticano, el concierto de las naciones y el orbe en general. Quedarán disidencias de las Farc; el ELN, los paras, las bacrim y la delincuencia común, que al final: entrarán por las sendas de la razón.

Estamos asistiendo a una paz posiblemente imperfecta -porque no existe nada perfecto-, pero mejor que una guerra perfecta, como lo expresó Enrique Santos Calderón, artífice de este triunfo de los colombianos.

Viene ahora la verdadera reconciliación que nos garantice la fórmula magistral de admitir a seis asistentes con voz, pero sin voto en el parlamento, la aprobación de un plebiscito sin hombres armados, los asentamientos de excombatientes, unas Farc como partido político y el respeto a la vida de quienes hoy abandonan el conflicto.

Habremos de asumir costos, entre ellos el económico, que como lo afirmó en su última columna Rudolf Homes, lleva a mucha gente a decir que no va haber plata para la paz, mientras nunca preguntó si había plata para la guerra.

Para fortuna de Colombia, de los colombianos y del mundo sensato, las lágrimas se alejan, porque desaparece una guerra que creíamos interminable y se nos abre el panorama hacia un país distinto, con justicia social, próspero, sin corrupción, sin paros dirigidos, amable, respetuoso, cálido y sin odio. ¡A votar por el Sí! El panorama está despejado.

BLANCO: El admirable grupo negociador de La Habana, con De la Calle a la cabeza y la batuta de Santos.

NEGRO: ¿Metro Elevado? Inverosímil.

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Realmente Colombia está viviendo días de imborrable valor histórico. Luego de más de 50 años de terrible conflicto armado y también casi 4 años de negociaciones, el Gobierno de Juan Manuel Santos y su equipo, así como los miembros de la Farc- EP lograron materializar un acuerdo definitivo,  que permite el cese al fuego bilateral a partir de este lunes 29 de agosto a las 0 horas.

Un pacto bilateral que hará posible, sin duda alguna, edificar un país bajo otro contexto y, necesariamente, otras reglas del juego. Porque no tiene sentido no replantearse un nuevo proyecto de país, con una sociedad más incluyente, justa y más humana.

Claro está que el mayor desafío de la firma del Acuerdo de Paz es el proceso que lo sucede: el Postconflicto. ¿Qué hacer con las terribles y complejas consecuencias de un conflicto, que afectó la fibra social y humana de un país, su posición en la geopolítica mundial y en su propia concepción del mundo y de la persona?

Los estudiosos de este tema han estimado que el Postconflicto es un reto de mayor intensidad inclusive que la Guerra de Independencia y sus consecuencias.

De allí que este nuevo momento de la historia de Colombia reclame que el país se plantee cambios desde su estructura: culturales, jurídicos, sociales, socioeconómicos, geopolíticos e incluso, de imaginario colectivo, es decir, lo que quiera construir una nueva sociedad como visión del mundo.

Cambios que generen nuevos acuerdos sociales y políticos, que construyan posibilidades de aceptación, inclusión, reparación, interacción y reintegración de la diversidad, que hace a Colombia única y plural, en el escenario de las naciones de América Latina y el mundo.

Estas consideraciones implican aprender a vivir con un sentido de paz. Aprender a manejar las crisis  y, sobre todo, honrar las diferencias y someter a la fuerza del consenso las decisiones que nos tocan a todos: una esencia fundamental de la Democracia como sistema.

Un desafío concreto es el Plebiscito por la Paz. Porque es una decisión poderosa y necesaria para ratificar la posición que tenemos sobre el presente y futuro de Colombia. Hubiese sido más fácil hacer una consulta, pero se decidió exigir una posición que, en última instancia, la decide es el Pueblo.

Ese Si y ese No, tienen un peso en la historia. Por ello tenemos la obligación de llevar a todos los ciudadanos el contenido de los Acuerdos Definitivos de La Habana. Que la gente conozca la propuesta del acuerdo, sus implicaciones y la posibilidad de país donde quepamos todos.

Como Liberal, creo en la Imperio de la Ley y en el Derecho de la Gente para decidir qué país queremos, luego de este esfuerzo titánico de sentarnos en una mesa de negociación con los que habían asumido el camino de las armas y el conflicto, para buscar lo que teníamos en común y lograr un acuerdo que involucrase un cambio. Ese es el que esperamos.

Indudablemente que Colombia ha crecido con el Proceso de Paz. El impacto y el valor agregado de este proceso, se materializarán prontamente y harán del Postconflicto una etapa fecunda de cambios y consensos necesarios para un mejor país.

El domingo 2 de octubre tengo la seguridad que una inmensa mayoría de colombianos se enrutarán en el camino de la reconciliación nacional.

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Por Diego Alejandro González.- La aprobación de los Tratados Internacionales se fundamenta en una triada constitucional, así lo ha definido la H. Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, señalando que desde la perspectiva institucional, para la aprobación de estos instrumentos, se requiere el concurso activo de las tres ramas del Poder Público, para que el Estado Colombiano adquiera válidamente obligaciones internacionales por esa vía.

En primer lugar, la Rama Ejecutiva, el Presidente de la República, en su calidad de director de las relaciones internacionales (Constitución Política/art 189-2) es quien directamente o a través de sus delegados, tiene la facultad para celebrar tratados o convenios, entablar negociaciones, fijar los términos y alcance de las mismas, avalar o no los acuerdos logrados y suscribir el texto de un tratado o abstenerse de hacerlo.

Al Congreso de la República le corresponde “aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o entidades de derecho internacional”, (Constitución Política artículo 150-16).

Finalmente a la Rama Judicial, a través de la Corte Constitucional le corresponde hacer el control de constitucionalidad de los tratados celebrados, una vez son sancionados o cuando son demandados por vía de acción de constitucionalidad. (Constitución Política, Artículo 241)

Luego de la revisión de constitucionalidad, el Presidente procede a la ratificación del tratado, es así como confluyen las tres ramas del Poder Público en la aprobación de los instrumentos internacionales.

Sin embargo, en la práctica la labor de la Rama Legislativa se ve limitada y su función constitucional, como laboratorio de la Democracia y foro político por excelencia, se convierte en una función casi “notarial”, en la que el Congreso se limita a la aprobación del texto y el articulado tal y como lo negoció el gobierno de turno y sin la posibilidad de la más mínima modificación en el contenido del mismo, esta situación deja sin representación y protección los intereses del constituyente primario, quien deposita toda su confianza en el Congreso mediante el acto de elección. Este procedimiento permite que la responsabilidad recaiga en cabeza del Congreso cuando los efectos de un tratado impactan en forma negativa a los ciudadanos.

El Congreso Colombiano observa perplejo el inmenso desafío que representa la necesidad de inscribirse adecuadamente en el contexto internacional y buscar una equitativa y recíproca negociación de los tratados y acuerdos internacionales.

Actualmente observamos que la Política pierde su orientación, escuchamos hablar de la pérdida de control del Estado sobre las decisiones más trascendentales, de una perdida de gobernabilidad, en donde algunos de los factores que inciden fundamentalmente son el sector externo y el uso inadecuado de los recursos internacionales, pero lo más grave es la ausencia de controles reales internos sobre el proceso de negociación, aprobación y ejecución de acuerdos y tratados internacionales.

Esta función tan limitada podría transformarse en un poder influyente y quizá determinante en la negociación de tratados internacionales, propósito que requiere dinamizar los mecanismos institucionales con que ya cuenta esta Corporación e introducir en el ordenamiento constitucional colombiano la facultad para que el Congreso participe en la etapa de negociación de los tratados internacionales y de ser posible crear otros que le resten el monopolio discrecional y exclusivo al Ejecutivo en esta materia.

En otras palabras, existen alternativas para democratizar la aprobación de los tratados internacionales, pero, por sobre todo, para impactar sustancial y propositivamente las decisiones sobre Política Exterior.

Así las cosas, se debe propender por la institucionalización de la figura de representantes oficiales del Congreso, en todos los procesos de negociación de tratados internacionales, como funciona en otros países, con el propósito de que el Legislativo sea un actor específico en la adquisición de nuevos compromisos internacionales por parte del Estado.

De esta manera, los representantes del Congreso, es decir, los congresistas tendrían siempre la oportunidad de incidir en la inclusión o modificación de los acuerdos en el tratado, de conformidad con los intereses nacionales, canalizados y defendidos a través de ellos mismos.

Finalmente, se debe legislar para que el Congreso vaya más allá de la posibilidad de aprobar o improbar tratados internacionales, después de su firma por parte del Ejecutivo, por ejemplo, que esta corporación tenga la potestad del “Veto Legislativo” o “Autorización Condicionada” en materia de negociación y firma de nuevos tratados, que se puede aplicar desde el momento mismo de la iniciativa gubernamental, para no obligarse internacionalmente con la aceptación de disposiciones que puedan resultar contrarias a la constitución y a los intereses nacionales.

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Por Jorge Gómez Pinilla.- El diccionario define placebo como la “sustancia que carece de acción curativa pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento eficaz”. El mismo mecanismo ‘curativo’ opera con la religión: el creyente asume su fe con la certeza de poseer la verdad absoluta. Esto le proporciona un alivio psicológico, pues lo aleja del infierno de la duda y le brinda la confianza de estar adorando al único Dios verdadero, mientras sus oraciones lo atan a la esperanza de encontrar remedio a sus congojas.

Desde el mundo de la razón es muy fácil apreciar que las oraciones no sirven para nada, pues el mundo está cada vez peor y la humanidad avanza a pasos agigantados hacia la destrucción del planeta. De todos modos, no le aconsejamos que le diga a un creyente que rezar es por completo inútil, pues se va a sentir ofendido y usted se puede ganar un puño.

Vamos a centrar la discusión es en diferenciar a los pastores de sus rebaños, con el propósito de demostrar que a unos y otros los animan intereses diferentes. En palabras del científico Rodolfo Llinás, “Dios tiene dos razones de ser: a los inteligentes les sirve para gobernar a los demás y a los menos inteligentes para pedirle favores”.

El origen de la política está en la religión, y sirve de ejemplo el patriarca Moisés llegando a su aldea a contar que mientras apacentaba unas ovejas el Señor le habló desde una zarza en llamas y le dijo: “he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una que mana leche y miel” (Éxodo 3:3-17).

Si nos ponemos de capciosos, se hace evidente que ese mismo pueblo sigue esperando esa tierra prometida, pero el asunto que hoy nos ocupa es otro: Moisés se convierte en el representante de Dios sobre su gente y arropado en su condición de líder descubre que es algo bueno, porque le da poder sobre los hombres y las mujeres de su aldea, ligado a una inmensa responsabilidad, por supuesto. Así nace la política, directamente emparentada con la religión: la personificación de Jehová en una llama ayuda a los judíos a paliar una necesidad de supervivencia, la de librarse de la opresión a la que los tenía sometidos el faraón.

De ahí en adelante la historia de la humanidad muestra unos pueblos comandados por dirigentes religiosos, llámense judíos, católicos, protestantes o musulmanes. La separación de las Iglesias y el Estado solo se viene a dar en la era moderna, pero en un escenario donde la religión sigue ejerciendo gran poder, tanto sobre la conducción de las naciones como en el imaginario colectivo de las gentes.

Aquí la palabra rebaño –tan propia del catolicismo- cobra un significado clave para una mejor comprensión de la política, pues en ambos casos se necesitan masas adocenadas –o adoctrinadas- que se dejen conducir como ovejas, tanto hacia un estado ilusorio de bienestar espiritual como al matadero de una guerra.

Fueron precisamente rebaños uniformados por el mismo pensamiento religioso los que bajo el falso ropaje de defender a la familia movilizó la diputada Ángela Hernández, perteneciente a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, de corte evangélico. Ella encendió la chispa de una vendetta nacional contra la población LGBTI, a la que se sumaron hasta los más altos prelados de la Iglesia Católica, si bien estos reconocieron luego, contritos, que habían sido utilizados por fuerzas políticas partidarias del NO en el plebiscito, y eso les pareció “deshonesto” (Ver arrepentimiento). Pero ya era tarde, porque después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga.

Otra que no quiso faltar a tan rentable convite político-religioso fue la senadora Viviane Morales, dirigente de la iglesia Casa sobre la Roca. Su caso es el paradigma de las contradicciones, pues ella debe ser consciente de que dentro del Partido Liberal está en el lugar equivocado, sumado a que tiene una hija lesbiana cuyo derecho a un trato igualitario se niega a reconocerle. O sea que en su propio núcleo familiar germina la antítesis de su discurso contra el matrimonio gay, y la deja en uno de dos planos posibles: una fe religiosa ligada a la ceguera, o un cálculo cínico sobre el caudal de votos que una postura de tan alto ‘rating’ le aporta.

Me inclino a pensar lo segundo, y esta consideración se extiende a otros políticos que acuden a sentimientos religiosos para cautivar ingenuos, como el entonces presidente Álvaro Uribe que en acción de gracias por la Operación Jaque puso a su gabinete ministerial a rezar el rosario, o como el actual procurador Alejandro Ordóñez que tituló su tesis de grado ‘Presupuestos Fundamentales del Estado Católico’ y la dedicó “A nuestra señora la Virgen María, suplicándole la restauración del orden cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo”. En ambos casos se asume al Estado como confesional desde lo católico, y eso es contrario a la Constitución, laica en su esencia.

Mi apreciación –muy personal- es que cuando un político alaba al Creador o lo menciona, quiere que la gente piense: “está con Dios, es alguien bueno”. Actúa como el que agita un racimo de bananos ante un grupo de micos, para conquistar su simpatía. En contraposición, admiro al político que nunca recurre al facilismo de invocar a Dios para ganar adeptos. Es más, hacia el ejercicio de una política verdaderamente laica y sana, a todo político que recurra a expresiones de religiosidad debería imponérsele una multa, por invadir linderos que no le corresponden al Estado ciudadano.

Fue precisamente valiéndose de propaganda sucia atada a un sentimiento religioso (el de “la familia original”) que el uribismo logró movilizar a manadas de ingenuos creyentes haciéndoles creer –valga la redundancia- que en el gobierno de Juan Manuel Santos había una ministra gay que estaba repartiendo una cartilla para que nuestros niños se volvieran homosexuales como ella.

¿Y todo esto lo hacen con qué propósito? Con el de llevar a la presidencia a quien desde ya perfilan como el restaurador de la moral y las buenas costumbres, Alejandro Ordóñez Maldonado. Dios  nos coja confesados...

DE REMATE: Nada más parecido a un golpe de Estado que un eventual triunfo del NO en el plebiscito: al día siguiente el país amanecería descuadernado y el Presidente de la República convertido en un mueble viejo.

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