Por: Jorge Enrique Robledo.- El 21 de diciembre pasado, la trasnacional Odebrecht le confesó a la Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos por 778 millones de dólares en doce países, incluidos once millones en Colombia. Al otro día, en la que puede ser la más rápida reacción de un fiscal en la historia, Néstor Humberto Martínez Neira decidió investigar a Navelena SAS, empresa perteneciente al Grupo Odebrecht en el 87 por ciento. Y el 5 de enero de 2017, ¡en una decisión exprés, en solo once días hábiles!, Martínez Neira dijo que “la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en Odebrecht”, afirmación que repitieron todos los medios y que pudo llevar a que nadie más pusiera sus ojos en ese negocio.

Los siguientes son algunos de los elefantes que no vio el Fiscal Martínez, con sus 30 mil funcionarios, pero que sí vimos otros: en diciembre de 2015, en un trámite plagado de irregularidades, el Banco Agrario le prestó a Navelena Odebrecht 120 mil millones de pesos (http://bit.ly/2l4GORW). Para el 5 de enero, el día de la extraña absolución del Fiscal, dicha deuda ya se encontraba en mora y en peligro de no ser cancelada. El 28 de diciembre de 2016 la Contraloría advirtió que el cambio de los materiales en el proyecto del río Magdalena “pone en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras” (http://bit.ly/2lS1Vd8). Hay dudas sobre por qué se retiraron las otras empresas que competían. Y Otto Bula se menciona en una sospechosa prima de éxito de cuatro mil millones de pesos en este negocio (http://bit.ly/2lbRocP).

Para hacer peor su muy extraña decisión de darle una absolución política a Navelena en pleno escándalo de corrupción de Odebrecht –y digo que política porque en once días difícilmente puede ser legal–, el Fiscal actuó mal por otras dos razones: su bufete, Martínez Neira Abogados, es “asesor legal e institucional” de Navelena Odebrecht. Y Corficolombiana y Fiduoccidente son partes claves en este negocio, firmas del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo principal abogado es Martínez Neira. Tan fuertes son sus vínculos económicos y personales, que en solo cinco momentos Martínez le asesoró negocios por 3.567 millones de dólares (http://bit.ly/2kGdT5f), al igual que asesoró a Sarmiento y a Odebrecht, porque son socios, en el contrato de estabilidad jurídica de la Concesionaria Ruta del Sol 2, la beneficiaria del soborno de los once millones de dólares .

Lamentable, para él, la respuesta del Fiscal Martínez a mis denuncias en su contra en la Procuraduría y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Porque con rabulerías no se puede tapar que fue la Vicepresidencia Jurídica del Banco Agrario la que me informó dos veces que Martínez Neira Abogados es asesor de Navelena Odebrecht, verdad que en un caso aportó la propia Corficolombiana, tan cercana a sus afectos y negocios (http://bit.ly/2mfODHE).

En otro país que no estuviera tan descompuesto y con tantos poderes económicos y políticos interesados en que triunfe el tapen-tapen en el caso Odebrecht, el Fiscal Martínez Neira ya habría tenido que renunciar a su cargo o por lo menos declararse impedido, cediéndole a otro servidor público la función que él se empecina en asumir. Porque por razones éticas y legales los funcionarios no pueden actuar –acusando o defendiendo– si se dan cierto tipo de relaciones entre ellos y los interesados, como ocurre en este caso.

Para completar tantas desvergüenzas, el gobierno, a través de la ANI, acaba de acordar con la Concesionaria Ruta del Sol 2 dar por terminado el contrato, como si no tuviera origen en los sobornos confesados por Odebrecht, y pagar a los socios 700 mil millones de pesos, repartidos así: 441 mil millones a Odebrecht –¡sí, a Odebrecht!–, 235 mil millones a Episol, brazo de Corficolombiana y el Grupo Aval, y 36 mil millones a los Solarte. Según la revista Dinero, el pago no será inmediato porque consideran que “no estaría bien visto” (http://bit.ly/2mr0hvH). Y quien haya seguido las noticias sabrá que las filtraciones del proceso legal ya no tratan a Otto Bula como un sobornador, sino como alguien que, simplemente, trajo una plata del exterior para una campaña electoral y que las mayorías del Consejo Nacional Electoral, en acuerdo entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, inhabilitaron para actuar sobre las financiaciones de las elecciones presidenciales a Armando Novoa, el único consejero que no milita en esas fuerzas.¡Al consejero independiente lo sacan del asunto ¡¡¡y el Fiscal sigue tan campante!!!

Bogotá, 24 de febrero de 2017.

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Por Roger Cohen.- La frase “periodismo basado en hechos” es ridícula y tautológica. Es como hablar de vida humana basada en oxígeno. No hay otro tipo. Los hechos son las bases del periodismo; ir tras ellos, sin miedo y sin favoritismo, es el principal objetivo.

Pero en una época en la que el presidente Trump acusa a The New York Times casi a diario de publicar “noticias falsas”, en la que su consejera Kellyanne Conway presenta “hechos alternativos” y en la que las mentiras llegan como una plaga desde la oficina más importante de Estados Unidos, cada vez se habla más del periodismo “real” o “basado en hechos”.

Eso es un mal augurio. Hablamos de periodismo basado en hechos, pero ¿cuál es el otro tipo de periodismo? Es obvio que los sitios de noticias falsas que se publican desde Macedonia para ganar dinero fácil no son periodismo. Esas páginas de internet utilizan noticias inventadas y disfrazadas de periodismo para cumplir objetivos políticos.

A los periodistas se les presenta información falsa para sembrar dudas. Esa información ahora emana de la Casa Blanca y su objetivo es que todos caigamos en ese hoyo negro donde 2+2=5.

La velocidad le gana a la veracidad. Ese es el acertijo y la amenaza de esta época.

La velocidad y la perturbación tienen más impacto psicológico que la verdad y la ciencia. Pueden moldear la retórica. Desacreditar noticias falsas rara vez es tan poderoso como la historia en sí. Trump dice “tal cosa”. ¡Alboroto! Hordas de periodistas se apresuran a desacreditar “tal cosa”. El presidente continúa con otro asunto y jamás vuelve a mencionarlo, afirma que no dijo eso o insiste en que realmente lo que dijo fue “otra cosa”.

La gente comienza a preguntarse: “¿Me estoy imaginando esto?”. Sienten que algún mecanismo interno ha tomado el control y los está arrastrando hacia un abismo. El presidente es un punto de referencia: si él miente, la costumbre de mentir se infiltra en la cultura. Los estadounidenses empiezan a preguntarse: “¿Acaso seremos capaces de expulsar del poder a estas personas? ¿De qué son capaces?”.

Simon Schama, un historiador británico, hace poco publicó este mensaje en Twitter: “La indiferencia en cuanto a la distinción entre la verdad y las mentiras es la precondición del fascismo. Cuando la verdad desaparece, la libertad también lo hace”.

El nivel de la deshonra que ha caído sobre la Casa Blanca tras solo semanas es asombroso. Durante décadas, la palabra de los estadounidenses era fundamental para afianzar la seguridad del mundo. El continente europeo y aliados como Japón fundaron su seguridad de posguerra en lo que expresaba Estados Unidos a través del presidente.

Ahora las palabras que salen de los labios fruncidos de Trump o desde sus mensajes en Twitter —a menudo con faltas ortográficas— son mensajes triviales, falsos o sin sentido. Por el amor de Dios… está enojado con Nordstrom porque la cadena de tiendas dejó de vender la línea de ropa de su hija Ivanka. Eso es lo que le preocupa al líder de Estados Unidos.

Me sorprendió cómo Paul Horner, quien dirige una gran operación de noticias falsas en Facebook, describió esta época en The Washington Post: “Para ser honesto, la gente definitivamente es más tonta. Sigue divulgando cualquier cosa. Ya nadie verifica los datos… o sea, así fue como Trump resultó electo. Tan solo dijo lo que se le antojó y la gente le creyó todo; cuando las cosas que dijo resultaron ser mentira, a la gente no le importó porque ya lo habían aceptado. De verdad es aterrador. Jamás he visto algo así”.

Durante la campaña, a Horner se le ocurrió una noticia falsa de que le habían pagado 3500 dólares a un manifestante en un mitin de Trump. Se hizo viral. Hemos visto noticias falsas de cómo Hillary Clinton le pagó 62 millones de dólares a Beyoncé y a Jay-Z para que se presentaran en Cleveland y de cómo Khizr Khan, el padre del oficial musulmán-estadounidense que fue asesinado en Irak, era un agente de los Hermanos Musulmanes. Las noticias falsas cambiaron el resultado de la elección… ¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA! ¡IMPRESIONANTE!

Ahora el presidente Trump insinúa que sus índices negativos en las encuestas son noticias falsas… junto con CNN, The New York Times, The Washington Post y cualquier otra organización noticiosa que esté haciendo su trabajo, que lo obligue a rendir cuentas de su autoridad o que sea testigo de sus actos. Stephen Bannon, el hombre detrás de Trump, cree que los medios deberían “callarse la boca”.

Pero no lo haremos.

A veces, intento imaginar cuál podría ser el momento del “incendio del Reichstag” para Trump. En febrero de 1933, unas semanas después de que Hitler se hizo canciller, el parlamento de Berlín se envolvió en llamas. Fue un incendio provocado cuyo origen todavía no es claro. Un artículo reciente en The New Yorker, escrito por George Prochnik, utilizó una cita del escritor austriaco Stefan Zweig acerca de la reacción salvaje de Hitler: “Con un solo golpe, fue destruida toda la justicia en Alemania”.

Con un presidente que aborrece a la prensa, que insulta al poder judicial, que no tiene tiempo para ideales como la libertad ni la democracia y cuya predilección por la violencia es evidente, ¿cuál sería la respuesta a un incendio Reichstag en Estados Unidos? ¿Podría ser un gran acto de terrorismo?

Tan solo podemos estremecernos con esa idea.

Los hechos importan. La judicatura federal está respondiendo a los empujones. El gobierno tiene fallas. El periodismo (sin necesidad de adjetivarlo) jamás ha sido más importante. La verdad no ha muerto aún, pero negar que está bajo asedio sería una invitación a la catástrofe.

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Por Juan Fernando Londoño.- Los países que han pasado por períodos traumáticos de su historia, como es el caso de las guerras, aprenden las lecciones de su pasado y construyen mejores sociedades. A este fenómeno se le llama hoy “resiliencia” y consiste en sobreponerse a las dificultades y salir más fuerte de ellas.

Implementación de acuerdos de paz con las FARC, opinión de Juan Fernando Londoño  Paz sí, pero que la paguen otros Foto: Daniel Reina Romero

La implementación de los Acuerdos de Paz ha puesto de presente el verdadero problema del posconflicto en Colombia: querer la paz sin asumir sus costos. Nos sucede algo parecido al mundo que propone Trump, querer un muro para nuestra casa, pero que lo paguen los vecinos.

El modelo de paz que resultó de la negociación del Gobierno con las FARC va mucho más allá de garantizar la reinserción de las guerrillas e implica que como sociedad afrontemos las reformas que necesitamos. Por eso, los acuerdos consisten en rutas participativas para las reformas en lugar de Acuerdos sustantivos. Ese camino de cambios apenas se empieza a transitar.

Los opositores de la paz, tal como lo he mencionado en otras ocasiones, no se oponen al cese de la guerra, ni a la reincorporación de los alzados en armas. Así lo ratificó el propio jefe de las fuerzas reaccionarias, el senador Uribe, en su mendaz declaración de esta semana. Lo que a Uribe, sus seguidores y muchos colombianos más les asusta no es amnistiar a unos cuantos guerrilleros, lo que les aterra realmente es que la paz cambie el estatus quo con el que hemos vivido durante todos estos años.

A medida que se anuncian reformas y estas empiezan a amenazar distintos intereses de la sociedad, los apoyos para la implementación se van reduciendo y el número de preocupados crece. En todos los procesos de transformaciones sociales, los afectados ejercen una férrea oposición y los posibles beneficiarios una débil defensa. Como lo ha señalado repetidamente el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, la negociación del Acuerdo fue muy difícil, pero su implementación lo será aún más.

La puesta en marcha de los Acuerdos va a incrementar las tensiones latentes en la sociedad y abrirá la puerta para cambiar la relación de poderes que mantiene el actual status quo. Por eso, el interés de las fuerzas reaccionarias en evitar que se produzcan los avances y de allí su amenaza de echarlos para atrás, que era el verdadero propósito del comunicado del expresidente Uribe.

Los países que han pasado por períodos traumáticos de su historia, como es el caso de las guerras, aprenden las lecciones de su pasado y construyen mejores sociedades. A este fenómeno se le llama hoy “resiliencia” y consiste en sobreponerse a las dificultades y salir más fuerte de ellas.

Colombia se halla ante su más importante prueba de resiliencia, la historia que estamos escribiendo dirá si aprendimos algo de nuestros años de guerra y fuimos capaces de construir una mejor sociedad, o si toda nuestra violencia y todos nuestros muertos han sido en vano.

*Ex vice ministro del Interior

@JuanFdoLondono

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Por Jairo Gómez.- La Justicia Especial de Paz (JEP) es tal vez la conquista más añorada por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con ella garantizan verdad, justicia, reparación y no repetición.

Es la mejor noticia para los más de siete millones de víctimas que han dejado estos 52 años de guerra protagonizada por fuerzas del Estado, las FARC, ELN y la macabra manera como obraron poderes regionales en connivencia con paramilitares y narcotraficantes, para matar, despojar y desplazar a humildes campesinos, indígenas y afros.

Ejemplos hay muchos, pero hablemos de las más de 11.000 víctimas del departamento de Cesar que vienen por décadas reclamando su derecho a las tierras que les fueron quitadas violentamente. Víctimas que alzan la voz no obstante la arbitrariedad con que son tratadas por una burocracia política y judicial capturada por las castas de la región que no ceden un ápice y, al contrario, responden con más represión.

Un ejemplo sobresaliente, que las autoridades judiciales pasaron de agache, es la investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda en la que denuncia en su libro El Lado Oscuro del Carbón, cómo las multinacionales Drummond y Glencore (Prodeco) financiaron durante siete años al grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” (1999-2006 gobiernos de Pastrana y Uribe primera parte), banda que sembró el terror en el norte del departamento de Cesar, mató, desplazó y despojó campesinos para apropiarse de grandes extensiones de tierra sin que los órganos de justicia regionales y nacionales asumieran con decisión investigación alguna.

Dirán que referir este asunto es llover sobre mojado, no. Este es un relato pertinente porque las víctimas son el eje del proceso de paz y el acuerdo final. En el Congreso se desgañitan algunos sectores políticos hablando de las víctimas de las FARC (organización que debe reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas), pero nunca se menciona la atroz persecución de los miles de campesinos de Cesar que aún lloran a sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos o muertos en las masacres de los corregimientos de El Toco, Estados Unidos y El Platanal, entre otras.

El miedo agobia a una región que se parece más a un régimen feudal que a una sociedad del siglo XXI en donde unas castas terratenientes imponen su voluntad y controlan, además de la política, todos los órganos de justicia a través de sus familiares o aliados que no dejan mover un papel sin que previamente sea revisado; por supuesto las precarias decisiones de la oficina de Restitución de Tierras pasan por el tamiz de los caciques de la zona.

Nadie imprime atención a esta crisis humanitaria que vive el departamento de Cesar, en el que han sido asesinados cinco líderes de restitución de tierras en lo que va del año 2017.

El contralor general de la República, Edgardo Maya, patriarca de esa región, debería poner el ojo en su tierra natal, pues ahí la corrupción campea y la indiferencia asusta.

Hoy en Cesar nadie se atreve a hablar por temor a los paramilitares que nunca se fueron de la zona. A esta región llegará la Justicia Especial de Paz, un instrumento que romperá el silencio porque es mucha la verdad que hay que inquirir.

Sígueme en @jairotevi

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Por José Gregorio Hernández.-Hemos señalado varias veces que, para mal del sistema jurídico y debilitando o haciendo incierto el imperio de la Constitución, en Colombia se la modifica -o se la vulnera- de manera permanente. Diríase que nuestros dirigentes y los órganos constituidos que pueden tomar parte en los procesos de reforma constitucional le perdieron el respeto a la Carta Política, y  que, de estatuto máximo que es  -resultado del ejercicio del poder constituyente, emanado de la soberanía-,  está pasando a convertirse en abultada cartilla teórica, manipulable y "manoseable" por quienes ejercen el poder real. Ya no es -o ya no quieren que sea- la norma de normas, de la que habla su artículo 4, en virtud del principio esencial  conocido como supra legalidad o supremacía de la Constitución.

Con el denominado “fast track”, fue desconocida la Constitución y perdieron intangibilidad las reglas que consagraban los requisitos y pasos indispensables para su reforma, y ello ocurrió   -infortunadamente-  sin que se percatara la Corte Constitucional, guardiana de su integridad y supremacía.

En efecto, mediante el Acto Legislativo 1 de 2016, el órgano constituido (el Congreso),  habilitado solamente para reformar -no para sustituir la Constitución-, como lo dijo en su momento la propia Corte en Sentencia C-551 de 2003 (varias veces reiterada), se liberó de los requisitos establecidos por la Asamblea Constituyente de 1991 para reformar la Carta Política (artículo 375 C.P.). Entonces, el órgano constituido -cuyo poder de reforma era reglado, restringido, delimitado, como corresponde a una mera competencia- se auto habilitó para ejercerlo por fuera de esos  requisitos que le habían sido impuestos y que debía respetar, y ahora -supuestamente en forma transitoria- puede reformar la Constitución mediante unos procedimientos que eran complejos -como es propio de una constitución rígida- y que ahora son simplificados, no por decisión del Constituyente, que confirió tal poder, sino del mismo órgano revestido de competencia reglada. En tal medida, sustituyó la Constitución, si bien la Corte Constitucional lo admitió, modificando su aludida jurisprudencia.

Por paradoja, el Congreso, mediante el mencionado Acto Legislativo, modificó esos requisitos para facilitar el trámite rápido de las reformas pero simultáneamente se resignó a ser un “convidado de piedra” respecto a ellas, pues carecerá de toda iniciativa, no podrá modificar los textos, y dependerá del Ejecutivo y del Acuerdo Final de Paz para introducir cualquier ajuste.

Pues bien, ahora el Gobierno, por conducto del señor Ministro del Interior -al parecer sin previa coordinación con el Presidente de la República, al menos sobre los contenidos de la iniciativa-, quiere seguir modificando la Constitución, y aspira a hacerlo por la vía simplificada del llamado “fast track”, arguyendo que los temas propuestos -eliminación de la Vicepresidencia de la República, reinstauración de la figura del Designado,  voto obligatorio, disminución de la edad de ciudadanía a 16 años, supresión de la circunscripción nacional para el Senado, extensión del período presidencial a cinco años, entre otros- son indispensables para implementar el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc. Basta la enunciación de tales puntos, que serían objeto  de reforma,  para ver que no es así.

Ahora bien, hemos preguntado por los proyectos de Acto Legislativo, para estudiarlos, pero nos han dicho que no hay nada escrito. Y además, el Presidente Juan Manuel Santos dice que no está de acuerdo con todos los temas, y que se trata de “micos” de su Ministro del Interior. ¿Dónde queda su liderazgo y su importante función como Jefe de Gobierno?

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Por Amylkar D. Acosta M.- En la cuerda floja quedaron los recursos que los departamentos, municipios y el Distrito capital esperaban recibir y por ello mismo los apropiaron en sus presupuestos aprobados a finales del año anterior provenientes del recaudo de la sobretasa a los combustibles. Ello pone en riesgo las inversiones previstas en la malla vial en las regiones, en su mantenimiento, así como en las soluciones para mejorar la movilidad y el transporte masivo de pasajeros en las ciudades.

Al estructurar los proyectos para lograr tal cometido comprometieron dichos recursos, ora a través de la pignoración de los mismos ora mediante las vigencias futuras y gracias a ello fue posible su cierre financiero. Con la expedición de la Resolución 41279 el 30 de diciembre del año anterior por parte del Ministerio de Minas y Energía, que redujo ostensiblemente el recaudo esperado por concepto de la sobretasa a los combustibles, quedarían en babia, todo es incertidumbre.

Como consecuencia de la entrada en vigencia a partir del primero de enero de este año de la Resolución 41279, que implica una reducción de $1.415.77 y $1.143.59 en el precio de referencia del galón de gasolina y ACPM de la base gravable de la sobretasa, se tiene un menor recaudo por este concepto tanto para los municipios y departamentos como para el Distrito Capital. Es de anotar que los recursos provenientes del recaudo de la sobretasa tienen como destinación específica la infraestructura vial, su ampliación y mantenimiento, así como la financiación de los proyectos tendientes a facilitar el transporte masivo y mejorar la movilidad.

En plata blanca la afectación a los 32 departamentos del país se calcula en $160.000 millones anuales. Se estima que los municipios y el Distrito Capital dejarán de recibir $500.000 millones anuales. Sólo Bogotá dejará de recibir $120.000 millones anuales. Otros damnificados serán: Medellín con $30.000 millones al año, Cartagena $8.000 millones y Cartagena $10.000 millones.

Según la Viceministra de Energía Rutty Paola Ortiz, tal medida se tomó “atendiendo a una realidad mundial y es la reducción de los precios del petróleo” y acota que “el año pasado los precios del crudo cayeron en promedio 42% y la reducción que se le da a la base de la sobretasa a la gasolina es del 28% y no se traslada todo ese impacto”. Es decir, que antes de quejarse departamentos y municipios del país, así como el Distrito Capital, se deben dar por bien servidos, pues la están sacando barata!

Pero es que en ninguna parte está dicho que el precio de referencia para establecer la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM está atado al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y no al “valor de referencia de venta al público” del combustible motor, que es lo que dispone la norma. Es más, según estudio realizado por el ex contralor general Antonio Hernández Gamarra para la Federación Nacional de Departamentos, a consecuencia del congelamiento del precio de referencia entre el 2008 y el 2013 las entidades territoriales dejaron de percibir $1.6 billones. Sólo en el 2013 se dejaron de recibir por parte de los departamentos, municipios y el Distrito Capital $500.000 millones, distribuidos así: $285.000 millones los municipios, $115.000 millones el Distrito Capital y $100.000 millones los departamentos.

Llama poderosamente la atención que mientras se menguaron con la Resolución de marras los ingresos esperados por los departamentos, los municipios y el Distrito capital por concepto de la sobretasa, el ingreso al productor ($4.102.64/galón) con el que se liquida el IVA, que recauda la Nación, subió 6.52%, más del doble del que establece la fórmula de cálculo de precios (3%). Ello contrasta, además, con el hecho de que los ingresos para el Gobierno Central en enero de 2017 suben el 22% ($247) en el caso de la gasolina motor y 20% ($222,1) con respecto a diciembre de 2016 al fijarse en $1.388.4/galón. Ello en la práctica significa una transferencia de recursos desde las entidades territoriales hacia la Nación, lo cual va a contrapelo de los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Se ha dicho por parte del Ministro de Minas y Energía Germán Arce que si se deroga la Resolución que provocó la airada protesta de gobernadores y alcaldes “los usuarios pagarán una gasolina más cara para garantizar la estabilidad en los ingresos”. Nos parece sensata la posición del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuando plantea que la solución a este impasse “hay que buscarla por el mismo camino que se hizo, hay que hacerlo, hay que lograrlo de una forma que tenga el mínimo impacto al precio del consumidor”. Él debe ser el más interesado en resarcir a las entidades territoriales, pues su estrategia de reactivación de la economía, Colombia repunta, cuenta con el gran impulso que se le dará desde las regiones con la inversión en infraestructura. Revisando y reconsiderando los términos de la Resolución 41279 de 2016 se le quita el freno de mano que impediría la marcha de los proyectos en curso.

Bogotá, febrero 19 de 2017

www.amylkaracosta.net

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Por Mauricio Cabrera.-Aunque en el pasado ya se escuchaba decir a algunos analistas que el principal problema de Colombia no era la guerrilla sino la corrupción, la intensidad del conflicto y el manejo mediático de quienes construyeron su capital político con la promesa de acabar con la guerrilla, no dejaban que la opinión pública le prestara toda la atención a los crecientes y generalizados casos de corrupción pública y privada.

Dos circunstancias han cambiado el foco de atención de los medios y la ciudadanía: el éxito del gobierno al lograr el fin de la guerra con las Farc con la desmovilización de 6.300 guerrilleros y la próxima entrega de las armas y, de otra parte, el escándalo mundial por los sobornos de Odebrecht.

El problema no es nuevo. Se recordaba en estos días que, desde el mismo inicio de la vida republicana, Bolívar y Santander promulgaron sendos decretos ordenando la pena de muerte para los funcionarios acusados de malversación o hurto de fondos públicos. Pero también es cierto que ha crecido a unas proporciones capaces de desestabilizar una sociedad.

Varios son los factores que han incrementado la corrupción desde los años 70 del siglo pasado cuando Turbay planteaba “reducirla a sus justas proporciones”. En primer lugar el auge del narcotráfico y la cultura mafiosa del dinero fácil, que permeó buena parte de la sociedad; en segundo lugar cambios políticos como el debilitamiento de los partidos políticos por el voto preferente, la elección popular de alcaldes y gobernadores que descentralizó la corrupción, o la circunscripción nacional para senadores; y tercero, factores económicos como el enorme incremento de los recursos estatales para la contratación por las regalías petroleras y los aportes para salud y educación.

Ante la indignación ciudadana por los innumerables casos de corrupción, vuelven a surgir propuestas para combatirla, sobretodo en el ámbito de la política electoral y la contratación pública.

La Consulta Popular Anticorrupción impulsada por la senadora Claudia López y los verdes, incluye medidas que pueden ser efectivas, aunque insuficientes, como la mayor transparencia en la contratación pública, la cárcel para los corruptos y la inhabilidad para contratar con el Estado, o la obligación de los funcionarios públicos de hacer públicas sus propiedades e ingresos.

 

Por su parte el gobierno ha presentado una reforma política que debe complementar las propuestas de la Consulta con medidas como la eliminación del voto preferente para acabar con las microempresas electorales, la financiación estatal de las campañas y la eliminación de la circunscripción nacional para el Senado, excepto para las minorías.

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Por Aquiles Esté.- Avanza la antipolítica y con ella su relato sobre la incapacidad estructural de las instituciones, los sindicatos, los partidos y los propios líderes políticos para resolver los problemas de los ciudadanos. En esa estela, poco sorprende el aumento sin precedentes del número de hombres y mujeres de negocios que saltan directamente de las empresas a los asuntos públicos.

Los argumentos del empresario para hacerse con el poder son casi siempre los mismos, en casi todas partes: “Tengo suficiente dinero y, por lo tanto, no voy a robar o aprovecharme de mi posición de poder; soy persona de hechos, no de palabras” y, finalmente, “los políticos no saben resolver problemas ni saben de finanzas, gerencia e innovación”.

En el clima dominante actual estos son argumentos poderosos para ganar una carrera electoral, pero casi siempre se vuelven vacíos o son minuciosamente traicionados una vez que se llega al poder. Al menos así se confirma en Estados Unidos.

Casi la mitad de los presidentes de Estados Unidos, al igual que en muchas otras democracias occidentales, han sido abogados o políticos de carrera. Veintiuno han tenido ambas profesiones. El resto se reparte esencialmente entre militares, profesores, un ingeniero y un actor. De este selecto club, Washington, Jefferson, Lincoln, los dos Roosevelt, Wilson y Truman sobresalen como los mejor evaluados según la mayoría de los estudios modernos. De ellos, solo Truman podría considerarse como un hombre de negocios. Llegó a tener una tienda de ropa para caballeros que no alcanzó a sobrevivir la crisis de la década de 1920.

Al contrario, según una comparación de varios estudios hecha por The Hill, ningún presidente estadounidense proveniente del mundo privado es recordado como exitoso, siendo los hombres de negocios los que tienen las peores evaluaciones. Entre ellos destacan Herbert Hoover (magnate de la minería), George W. Bush (ejecutivo petrolero, dueño de los Texas Rangers) y Warren Harding (editor), el más desastroso de todos, nítidamente asociado a escándalos de corrupción y aventuras amorosas.

Un presidente tiene una responsabilidad enorme pero una autoridad limitada para hacer las cosas. Manejar ese país como un director general es una fórmula segura para crear trabas a las decisiones a lo largo y ancho del aparato del Estado.

La realidad es que la experiencia empresarial puede ser irrelevante o incluso volverse un impedimento para una buena gestión presidencial. Eso ayudaría a explicar por qué en la era moderna, tres de los siete presidentes venidos del campo empresarial tuvieron que desalojar la Casa Blanca luego del primer período. Es el caso concreto de Herbert Hoover y Jimmy Carter.

¿Qué explica esa tendencia? El principal motivo es que el poder en Estados Unidos está efectivamente compartido. En la práctica, un presidente tiene una responsabilidad enorme pero una autoridad limitada para hacer las cosas. Manejar ese país como un director general es una fórmula segura para crear trabas a las decisiones a lo largo y ancho del aparato del Estado.

Para hacer una analogía con el ámbito corporativo, sirve decir que un presidente tiene que lidiar con al menos tres juntas directivas: el poder judicial, su propio gabinete y el Congreso. Respecto a esto dos últimos, sólo habrá de conseguir lo que le permitan obtener sus capacidades persuasivas y no su poder vertical sobre unos empleados.

Donald Trump, por cierto, presenta algunas limitaciones adicionales que no tienen muchos capitanes corporativos que han llegado al poder. Trump nunca ha sido parte de ninguna junta directiva que no sea la suya, o sea, solo ha tenido que responderle a un único accionista, que es él mismo. Nunca ha manejado una empresa de capital público, ni ha tenido impedimentos para contratar a quien le da la gana. Como presidente, tiene que manejar una fuerza laboral que en su inmensa mayoría no puede ser despedida. Son los 4,2 millones de profesionales de carrera —incluyendo militares— que han trabajado en sus respectivas agencias de gobierno por más de dos décadas como promedio y bajo las órdenes de otros presidentes. Para alguien que ha forjado su marca personal despidiendo empleados, ésta es una experiencia totalmente novedosa.

También cuenta el tamaño de la operación económica que maneja un presidente actual, algo que ningún empresario del mundo puede realmente comprender si no tiene alguna relación previa con el cargo o con los vericuetos de la gerencia del gobierno. Al sentarse en la silla presidencial, Trump toma en sus manos un presupuesto de más de 3,6 billones de dólares, bastante mayor que cualquiera de las corporaciones listadas en Forbes. Ese dinero se recaba para prestar un servicio, vale decir, para atender las necesidades de los ciudadanos –pagar la seguridad social, las cuentas de retiro de los militares, los gastos de defensa. Esos programas deben funcionar y tienen que ser bien gerenciados, pero no están allí para generar lucro, que es el objetivo central de un líder empresarial. Eso es radicalmente distinto al proceso de toma de decisiones al que Trump está acostumbrado.

Otra limitación severa del actual presidente-empresario es la indisposición a evitar conflictos de interés entre la investidura de jefe de gobierno y sus negocios. Algunos eventos de este último mes muestra que el nuevo presidente no dejará intactas las ilusiones de quienes pensaban que habría separación de intereses entre su gobierno y las rentas familiares. El asunto ha llegado al paroxismo al inmiscuirse Trump personalmente en una disputa entre su hija y la cadena Nordstrom.

La empresa advirtió que ya no ofrecería en sus tiendas las líneas de joyería y ropa “Ivanka Trump”, aduciendo un declive de ventas importante. Trump salió al paso con un tweet de su propia mano reclamando que su hija “había sido tratada injustamente”. La cuenta oficial de la Casa Blanca @POTUS, reenvió el mensaje, lo que ya implica el uso de recursos públicos para resolver una vendetta personal. El desabotonado jefe de prensa Sean Spicer, complicó aún más el dilema ético al asegurar que “el presidente tiene todo el derecho de apoyar a su familia”.

Ser presidente en Estados Unidos requiere de muchas cualidades. Donald Trump tiene algunas. No le falta coraje, habla directo, tiene algo de credibilidad financiera y sobre todo, sabe dominar la conversación e identificar los temas que le preocupan a la gente. Pero pareciera no saber para quién y cómo debe gobernar. Su reclamo a Nordstrom acentúa las dudas sobre su motivaciones para estar en el poder. Según Public Policy Polling, un 61 por ciento de los electores considera que el presidente debería separarse totalmente de sus intereses como empresario.

Los niveles de aprobación de Trump no han cesado de caer desde que entró a la Casa Blanca y eso es muy problemático para un líder que está comenzando su mandato.

Barack Obama tuvo a su lado a los grandes periódicos, los canales de TV y a un batallón de opinadores, intelectuales y académicos. Contó además con un partido unificado y la adoración internacional. Trump no tiene nada de eso. Decenas de capitanes corporativos le han dado la espalda. Los intelectuales conservadores abrazaron el movimiento NeverTrump y el Partido Republicano le brinda por ahora un apoyo dudoso. Apenas Fox y algunos portales de internet extremistas lo respaldan sin reservas.

Mientras domine el congreso podrá avanzar, pero si los demócratas vuelven a ser mayoría podrían sacarlo del poder. En rigor no le queda mucho tiempo para aprender y tender puentes. Si quiere ser la excepción entre los presidentes empresarios, Trump tiene que verse en el espejo, admitir que es un aprendiz de político y pedir ayuda.

Debe rodearse de patriotas, gerentes públicos experimentados y no solo de oportunistas. De lo contrario, puede terminar perdido en un drama de corrupción, parálisis y desconexión del elector. Algo muy parecido a los reclamos que él mismo le hace a la clase política.

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Por Guillermo García Realpe.-Durante más de 50 años consecutivos el pueblo colombiano se acostumbró de cierta manera a convivir con la violencia, fueron cinco largas décadas en que el país fue sacudido por tomas guerrilleras, voladuras de oleoductos, secuestros, extorsiones, atentados contra la infraestructura, desapariciones, tortura, desplazamiento forzado, impactos al medio ambiente y en general, un escenario desolador de sangre y muerte que hoy, por fortuna, está llegando a su fin.

Después de tres intentos fallidos, en los años 1984, 1991, y 1999, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, logró algo inimaginable por muchos en Colombia, la neutralización de la principal guerrilla del país y del mundo y uno de los grupos al margen de la ley que más generó violencia. No fue fácil llegar a estas instancias, el gobierno, tuvo que superar toda clase de obstáculos, propios de una negociación tan compleja, como la llevada a cabo con la guerrilla más vieja del continente.

Hoy, después de cuatro años de negociaciones, el proceso ha llegado a feliz término, los guerrilleros han mostrado su plena disposición de desmovilizarse, hoy parecen tener otra concepción de país y se alistan para su reincorporación a la vida civil, acogerlos plenamente de vuelta a la sociedad, es tarea de todos.

Serán 5765 insurgentes quienes dejarán las armas y 9000 milicianos que hacen parte de las redes de apoyo de las FARC también se aprestan a cambiar de vida.

Silenciar los fusiles de las FARC, significa que desaparecerá para siempre la guerrilla más grande de Colombia y del mundo, y con ella se apagará el principal foco de violencia, que dejó 260 mil muertos, 8 millones de víctimas, 45 mil desaparecidos, más de 11 mil víctimas de minas antipersonas y miles de secuestros y otros delitos que afectaron a muchas generaciones de colombianos.

Ahora, el reto enorme del gobierno estará en copar las antiguas zonas dejadas por las FARC a fin de evitar que otros actores armados ilegales entren a seguir delinquiendo, la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal y los diálogos de paz con el ELN deben concluir con la firma definitiva de la paz también con esa guerrilla, sólo así Colombia podrá dejar plenamente el conflicto armado que tanto daño causo.

Sin el lastre de la violencia y con el silenciamiento de los fusiles, sin duda, Colombia, tendrá un nuevo amanecer que en rutará al país por el sendero del progreso y el desarrollo, donde la paz estable, duradera y con justicia social, será nuestra mejor conquista y el mejor legado para las nuevas generaciones de colombianos. Luego de esto, es imperativo una lucha frontal contra la corrupción y una revolución pacífica en lo político y lo social.

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Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Una columna del brillante economista y filósofo Mauricio Cabrera para Vanguardia Liberal puso el dedo en la llaga por la escandalosa declaración de Otto Bula que el fiscal Néstor Humberto Martínez acogió como epifanía, o sea como verdad revelada, cuando este habló de “un millón de dólares cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente2014”. (Ver columna).

De ahí en adelante se formó la verraca confusión, para decirlo en términos del nadaísta Pablus Gallinazo. Ahora Cabrera pide que se comprueben “las condiciones de modo necesarias para entregar tal cantidad de dinero en efectivo”, y a continuación pregunta: “¿cuánto espacio ocupan $1.000 millones en billetes? ¿Cuánto pesan? ¿Qué tipo de maleta se necesita para transportarlos?”.

Si juntamos la columna de Cabrera con la de Daniel Coronell (ver aquí) el coctel se vuelve explosivo, pues mientras el primero se vale del sentido común para delatar el embuste de Bula, el segundo brinda la información para entender la clase de ‘fichita’ que detona semejante bomba incendiaria sin inmutarse: un hombre que “se enriqueció comprando tierras de campesinos desplazados por los paramilitares y (…)  ha sido un caracterizado uribista de la línea de Mario Uribe”, a quien logró sacarle las más altas votaciones en Córdoba, el departamento paramilitar por excelencia donde el expresidente Uribe –simple coincidencia, por supuesto- tiene su hacienda El Ubérrimo.

Razón tiene La Silla Vacía al afirmar que Odebrecht se convirtió en “el Sigifredo de Néstor Humberto”, cuando un avezado delincuente de la más rancia estirpe uribista logra meterle el dedo en la boca acomodando una falacia con medias verdades y evidentes mentiras, en recuerdo de lo ocurrido con el fiscal Eduardo Montealegre, a quien varios testigos falsos le hicieron creer que el diputado Sigifredo López era un miembro más de la guerrilla que lo secuestró. (Ver artículo).

Durante el proceso 8.000 estuvieron desde la DEA hasta María Isabel Rueda (y las demás Marías) buscando desesperados la comprobación física de que el presidente Ernesto Samper sí sabía del dinero sucio que entró a su campaña. Y nunca la encontraron, hasta el día presente. Pero Mauricio Cabrera señala la prueba reina de que el señor Bula miente… y ningún medio se da por enterado.

Según la ‘confesión’ de Otto Bula fueron dos entregas de dinero las que le hizo a Andrés Giraldo en un maletín, luego de apropiarse de una comisión de 200 millones. Un millón de dólares al cambio de esa época eran 2.000 millones de pesos ya “monetizados”, o sea que Bula habría tenido que entregar 800 millones la primera vez y 1.000 millones la segunda, o 900 millones en cada una.

El busilis en la versión de este sujeto reside en que transportar semejante cantidad de dinero de ningún modo pasa desapercibido, motivo por el cual no habría podido ser un solo maletín popocho sino por lo menos dos tulas para levantar el peso de algo que si fuera en la más alta denominación, la de $50.000, correspondería a 20.000 billetes. Y así fuera la mitad: ¿carga alguien semejante cantidad de dinero con la tranquilidad de que no va a levantar ninguna sospecha y el ‘cruce’ va a quedar entre donante y receptor?

Lo que hoy cuesta entender del fiscal es ese afán de andar contando a los medios absolutamente todo lo que hace, piensa, supone, cavila, opina o investiga desde que se levanta hasta que se acuesta, en un ejercicio de vanidad que entorpece el desarrollo de la justicia y en últimas fue el causante del segundo ‘chorro de babas’ durante su cortísima gestión: el primero cuando se apresuró a declarar que en Navelena no hubo corrupción y al aparecer un préstamo de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario hubo de retractarse, y la segunda en días pasados, cuando acogió como verdad el libelo de Bula que tan grave daño le hizo a la imagen de Colombia y a la del presidente Santos. Al día siguiente el inefable Martínez Neira metió un reversazo diciendo que "la prueba de entrega física de dinero a Roberto Prieto no la tiene la Fiscalía" (ver noticia), pero el daño ya estaba hecho. Como reza el refrán, “después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga”.

Antes de armar semejante tierrero Martínez Neira pudo haber ordenado pruebas tan obvias como revisar las cámaras del lugar en busca del momento de la entrega, o preguntarle al avieso incriminador de qué denominación eran los billetes, o dónde compró los dos maletines en los que transportó el dinero para sendas entregas. Al fiscal no le corresponde contar que al parecer de pronto, tal vez, quién quita, todo indica que quizás, etc. Lo que debe hacer es investigar con la discreción que le compete a la justicia, llegar a una conclusión en sus pesquisas y luego sí, con la responsabilidad inherente a la majestad del cargo, revelar el resultado de las averiguaciones.

Es la justicia-show en cuyas tentadores redes también cayó con la misma lujuria mediática el fiscal anterior, solo que éste comienza en forma precoz con un coitus interruptus de demoledoras consecuencias institucionales, que conduce a pensar que confunde sus facultades judiciales con las políticas. Es aquí cuando uno no logra dilucidar si se trató de una (otra) torpeza como la de cualquier precipitado amante, o si fue que al repartir la culpa por partes iguales en ambas campañas urdió una muy hábil carambola a dos bandas: fortalece una alianza a futuro entre Cambio Radical y el uribismo, y deja tendido en el camino del desprestigio a Juan Manuel Santos. ¿Quién habría sido entonces el verdadero traidor? Averígüelo Vargas...

Otto Bula sabe que está mintiendo pero no le preocupa, porque lo importante era cumplirle al patrón en lo de encochinar a todo el mundo y poner al país a mirar hacia otro lado. Puedo estar equivocado, pero conociendo el modus operandi mafioso de esa gentecita (por no decir gentuza), me atrevo a recelar que Bula citó a Andrés Giraldo a un restaurante para comprar un seguro en caso de que necesitara ‘untar’ a otros ante una eventual detención. Y fue ahora, ya en su celda, cuando puso a funcionar el seguro. Y el Fiscal cayó enterito.

DE REMATE: Si el senador Álvaro Uribe arremete contra periodistas de la derecha otrora aliados suyos como María Isabel Rueda o Mauricio Vargas y a la vez acusa al prestigioso Yamid Amat de hacer periodismo prepago para el gobierno Santos, debe ser porque en su desesperación siente pasos de animal grande o porque algo más poderoso que él (la JEP, por ejemplo) comienza a respirarle en la nuca. ¿O estaré pensando con el deseo…?

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Por: Jorge Enrique Robledo.- El 21 de diciembre pasado, la trasnacional Odebrecht le confesó a la Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos por 778 millones de dólares en doce países, incluidos once millones en Colombia. Al otro día, en la que puede ser la más rápida reacción de un fiscal en la historia, Néstor Humberto Martínez Neira decidió investigar a Navelena SAS, empresa perteneciente al Grupo Odebrecht en el 87 por ciento. Y el 5 de enero de 2017, ¡en una decisión exprés, en solo once días hábiles!, Martínez Neira dijo que “la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en Odebrecht”, afirmación que repitieron todos los medios y que pudo llevar a que nadie más pusiera sus ojos en ese negocio.

Los siguientes son algunos de los elefantes que no vio el Fiscal Martínez, con sus 30 mil funcionarios, pero que sí vimos otros: en diciembre de 2015, en un trámite plagado de irregularidades, el Banco Agrario le prestó a Navelena Odebrecht 120 mil millones de pesos (http://bit.ly/2l4GORW). Para el 5 de enero, el día de la extraña absolución del Fiscal, dicha deuda ya se encontraba en mora y en peligro de no ser cancelada. El 28 de diciembre de 2016 la Contraloría advirtió que el cambio de los materiales en el proyecto del río Magdalena “pone en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras” (http://bit.ly/2lS1Vd8). Hay dudas sobre por qué se retiraron las otras empresas que competían. Y Otto Bula se menciona en una sospechosa prima de éxito de cuatro mil millones de pesos en este negocio (http://bit.ly/2lbRocP).

Para hacer peor su muy extraña decisión de darle una absolución política a Navelena en pleno escándalo de corrupción de Odebrecht –y digo que política porque en once días difícilmente puede ser legal–, el Fiscal actuó mal por otras dos razones: su bufete, Martínez Neira Abogados, es “asesor legal e institucional” de Navelena Odebrecht. Y Corficolombiana y Fiduoccidente son partes claves en este negocio, firmas del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo principal abogado es Martínez Neira. Tan fuertes son sus vínculos económicos y personales, que en solo cinco momentos Martínez le asesoró negocios por 3.567 millones de dólares (http://bit.ly/2kGdT5f), al igual que asesoró a Sarmiento y a Odebrecht, porque son socios, en el contrato de estabilidad jurídica de la Concesionaria Ruta del Sol 2, la beneficiaria del soborno de los once millones de dólares .

Lamentable, para él, la respuesta del Fiscal Martínez a mis denuncias en su contra en la Procuraduría y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Porque con rabulerías no se puede tapar que fue la Vicepresidencia Jurídica del Banco Agrario la que me informó dos veces que Martínez Neira Abogados es asesor de Navelena Odebrecht, verdad que en un caso aportó la propia Corficolombiana, tan cercana a sus afectos y negocios (http://bit.ly/2mfODHE).

En otro país que no estuviera tan descompuesto y con tantos poderes económicos y políticos interesados en que triunfe el tapen-tapen en el caso Odebrecht, el Fiscal Martínez Neira ya habría tenido que renunciar a su cargo o por lo menos declararse impedido, cediéndole a otro servidor público la función que él se empecina en asumir. Porque por razones éticas y legales los funcionarios no pueden actuar –acusando o defendiendo– si se dan cierto tipo de relaciones entre ellos y los interesados, como ocurre en este caso.

Para completar tantas desvergüenzas, el gobierno, a través de la ANI, acaba de acordar con la Concesionaria Ruta del Sol 2 dar por terminado el contrato, como si no tuviera origen en los sobornos confesados por Odebrecht, y pagar a los socios 700 mil millones de pesos, repartidos así: 441 mil millones a Odebrecht –¡sí, a Odebrecht!–, 235 mil millones a Episol, brazo de Corficolombiana y el Grupo Aval, y 36 mil millones a los Solarte. Según la revista Dinero, el pago no será inmediato porque consideran que “no estaría bien visto” (http://bit.ly/2mr0hvH). Y quien haya seguido las noticias sabrá que las filtraciones del proceso legal ya no tratan a Otto Bula como un sobornador, sino como alguien que, simplemente, trajo una plata del exterior para una campaña electoral y que las mayorías del Consejo Nacional Electoral, en acuerdo entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, inhabilitaron para actuar sobre las financiaciones de las elecciones presidenciales a Armando Novoa, el único consejero que no milita en esas fuerzas.¡Al consejero independiente lo sacan del asunto ¡¡¡y el Fiscal sigue tan campante!!!

Bogotá, 24 de febrero de 2017.

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Por Roger Cohen.- La frase “periodismo basado en hechos” es ridícula y tautológica. Es como hablar de vida humana basada en oxígeno. No hay otro tipo. Los hechos son las bases del periodismo; ir tras ellos, sin miedo y sin favoritismo, es el principal objetivo.

Pero en una época en la que el presidente Trump acusa a The New York Times casi a diario de publicar “noticias falsas”, en la que su consejera Kellyanne Conway presenta “hechos alternativos” y en la que las mentiras llegan como una plaga desde la oficina más importante de Estados Unidos, cada vez se habla más del periodismo “real” o “basado en hechos”.

Eso es un mal augurio. Hablamos de periodismo basado en hechos, pero ¿cuál es el otro tipo de periodismo? Es obvio que los sitios de noticias falsas que se publican desde Macedonia para ganar dinero fácil no son periodismo. Esas páginas de internet utilizan noticias inventadas y disfrazadas de periodismo para cumplir objetivos políticos.

A los periodistas se les presenta información falsa para sembrar dudas. Esa información ahora emana de la Casa Blanca y su objetivo es que todos caigamos en ese hoyo negro donde 2+2=5.

La velocidad le gana a la veracidad. Ese es el acertijo y la amenaza de esta época.

La velocidad y la perturbación tienen más impacto psicológico que la verdad y la ciencia. Pueden moldear la retórica. Desacreditar noticias falsas rara vez es tan poderoso como la historia en sí. Trump dice “tal cosa”. ¡Alboroto! Hordas de periodistas se apresuran a desacreditar “tal cosa”. El presidente continúa con otro asunto y jamás vuelve a mencionarlo, afirma que no dijo eso o insiste en que realmente lo que dijo fue “otra cosa”.

La gente comienza a preguntarse: “¿Me estoy imaginando esto?”. Sienten que algún mecanismo interno ha tomado el control y los está arrastrando hacia un abismo. El presidente es un punto de referencia: si él miente, la costumbre de mentir se infiltra en la cultura. Los estadounidenses empiezan a preguntarse: “¿Acaso seremos capaces de expulsar del poder a estas personas? ¿De qué son capaces?”.

Simon Schama, un historiador británico, hace poco publicó este mensaje en Twitter: “La indiferencia en cuanto a la distinción entre la verdad y las mentiras es la precondición del fascismo. Cuando la verdad desaparece, la libertad también lo hace”.

El nivel de la deshonra que ha caído sobre la Casa Blanca tras solo semanas es asombroso. Durante décadas, la palabra de los estadounidenses era fundamental para afianzar la seguridad del mundo. El continente europeo y aliados como Japón fundaron su seguridad de posguerra en lo que expresaba Estados Unidos a través del presidente.

Ahora las palabras que salen de los labios fruncidos de Trump o desde sus mensajes en Twitter —a menudo con faltas ortográficas— son mensajes triviales, falsos o sin sentido. Por el amor de Dios… está enojado con Nordstrom porque la cadena de tiendas dejó de vender la línea de ropa de su hija Ivanka. Eso es lo que le preocupa al líder de Estados Unidos.

Me sorprendió cómo Paul Horner, quien dirige una gran operación de noticias falsas en Facebook, describió esta época en The Washington Post: “Para ser honesto, la gente definitivamente es más tonta. Sigue divulgando cualquier cosa. Ya nadie verifica los datos… o sea, así fue como Trump resultó electo. Tan solo dijo lo que se le antojó y la gente le creyó todo; cuando las cosas que dijo resultaron ser mentira, a la gente no le importó porque ya lo habían aceptado. De verdad es aterrador. Jamás he visto algo así”.

Durante la campaña, a Horner se le ocurrió una noticia falsa de que le habían pagado 3500 dólares a un manifestante en un mitin de Trump. Se hizo viral. Hemos visto noticias falsas de cómo Hillary Clinton le pagó 62 millones de dólares a Beyoncé y a Jay-Z para que se presentaran en Cleveland y de cómo Khizr Khan, el padre del oficial musulmán-estadounidense que fue asesinado en Irak, era un agente de los Hermanos Musulmanes. Las noticias falsas cambiaron el resultado de la elección… ¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA! ¡IMPRESIONANTE!

Ahora el presidente Trump insinúa que sus índices negativos en las encuestas son noticias falsas… junto con CNN, The New York Times, The Washington Post y cualquier otra organización noticiosa que esté haciendo su trabajo, que lo obligue a rendir cuentas de su autoridad o que sea testigo de sus actos. Stephen Bannon, el hombre detrás de Trump, cree que los medios deberían “callarse la boca”.

Pero no lo haremos.

A veces, intento imaginar cuál podría ser el momento del “incendio del Reichstag” para Trump. En febrero de 1933, unas semanas después de que Hitler se hizo canciller, el parlamento de Berlín se envolvió en llamas. Fue un incendio provocado cuyo origen todavía no es claro. Un artículo reciente en The New Yorker, escrito por George Prochnik, utilizó una cita del escritor austriaco Stefan Zweig acerca de la reacción salvaje de Hitler: “Con un solo golpe, fue destruida toda la justicia en Alemania”.

Con un presidente que aborrece a la prensa, que insulta al poder judicial, que no tiene tiempo para ideales como la libertad ni la democracia y cuya predilección por la violencia es evidente, ¿cuál sería la respuesta a un incendio Reichstag en Estados Unidos? ¿Podría ser un gran acto de terrorismo?

Tan solo podemos estremecernos con esa idea.

Los hechos importan. La judicatura federal está respondiendo a los empujones. El gobierno tiene fallas. El periodismo (sin necesidad de adjetivarlo) jamás ha sido más importante. La verdad no ha muerto aún, pero negar que está bajo asedio sería una invitación a la catástrofe.

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Por Juan Fernando Londoño.- Los países que han pasado por períodos traumáticos de su historia, como es el caso de las guerras, aprenden las lecciones de su pasado y construyen mejores sociedades. A este fenómeno se le llama hoy “resiliencia” y consiste en sobreponerse a las dificultades y salir más fuerte de ellas.

Implementación de acuerdos de paz con las FARC, opinión de Juan Fernando Londoño  Paz sí, pero que la paguen otros Foto: Daniel Reina Romero

La implementación de los Acuerdos de Paz ha puesto de presente el verdadero problema del posconflicto en Colombia: querer la paz sin asumir sus costos. Nos sucede algo parecido al mundo que propone Trump, querer un muro para nuestra casa, pero que lo paguen los vecinos.

El modelo de paz que resultó de la negociación del Gobierno con las FARC va mucho más allá de garantizar la reinserción de las guerrillas e implica que como sociedad afrontemos las reformas que necesitamos. Por eso, los acuerdos consisten en rutas participativas para las reformas en lugar de Acuerdos sustantivos. Ese camino de cambios apenas se empieza a transitar.

Los opositores de la paz, tal como lo he mencionado en otras ocasiones, no se oponen al cese de la guerra, ni a la reincorporación de los alzados en armas. Así lo ratificó el propio jefe de las fuerzas reaccionarias, el senador Uribe, en su mendaz declaración de esta semana. Lo que a Uribe, sus seguidores y muchos colombianos más les asusta no es amnistiar a unos cuantos guerrilleros, lo que les aterra realmente es que la paz cambie el estatus quo con el que hemos vivido durante todos estos años.

A medida que se anuncian reformas y estas empiezan a amenazar distintos intereses de la sociedad, los apoyos para la implementación se van reduciendo y el número de preocupados crece. En todos los procesos de transformaciones sociales, los afectados ejercen una férrea oposición y los posibles beneficiarios una débil defensa. Como lo ha señalado repetidamente el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, la negociación del Acuerdo fue muy difícil, pero su implementación lo será aún más.

La puesta en marcha de los Acuerdos va a incrementar las tensiones latentes en la sociedad y abrirá la puerta para cambiar la relación de poderes que mantiene el actual status quo. Por eso, el interés de las fuerzas reaccionarias en evitar que se produzcan los avances y de allí su amenaza de echarlos para atrás, que era el verdadero propósito del comunicado del expresidente Uribe.

Los países que han pasado por períodos traumáticos de su historia, como es el caso de las guerras, aprenden las lecciones de su pasado y construyen mejores sociedades. A este fenómeno se le llama hoy “resiliencia” y consiste en sobreponerse a las dificultades y salir más fuerte de ellas.

Colombia se halla ante su más importante prueba de resiliencia, la historia que estamos escribiendo dirá si aprendimos algo de nuestros años de guerra y fuimos capaces de construir una mejor sociedad, o si toda nuestra violencia y todos nuestros muertos han sido en vano.

*Ex vice ministro del Interior

@JuanFdoLondono

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Por Jairo Gómez.- La Justicia Especial de Paz (JEP) es tal vez la conquista más añorada por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con ella garantizan verdad, justicia, reparación y no repetición.

Es la mejor noticia para los más de siete millones de víctimas que han dejado estos 52 años de guerra protagonizada por fuerzas del Estado, las FARC, ELN y la macabra manera como obraron poderes regionales en connivencia con paramilitares y narcotraficantes, para matar, despojar y desplazar a humildes campesinos, indígenas y afros.

Ejemplos hay muchos, pero hablemos de las más de 11.000 víctimas del departamento de Cesar que vienen por décadas reclamando su derecho a las tierras que les fueron quitadas violentamente. Víctimas que alzan la voz no obstante la arbitrariedad con que son tratadas por una burocracia política y judicial capturada por las castas de la región que no ceden un ápice y, al contrario, responden con más represión.

Un ejemplo sobresaliente, que las autoridades judiciales pasaron de agache, es la investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda en la que denuncia en su libro El Lado Oscuro del Carbón, cómo las multinacionales Drummond y Glencore (Prodeco) financiaron durante siete años al grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” (1999-2006 gobiernos de Pastrana y Uribe primera parte), banda que sembró el terror en el norte del departamento de Cesar, mató, desplazó y despojó campesinos para apropiarse de grandes extensiones de tierra sin que los órganos de justicia regionales y nacionales asumieran con decisión investigación alguna.

Dirán que referir este asunto es llover sobre mojado, no. Este es un relato pertinente porque las víctimas son el eje del proceso de paz y el acuerdo final. En el Congreso se desgañitan algunos sectores políticos hablando de las víctimas de las FARC (organización que debe reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas), pero nunca se menciona la atroz persecución de los miles de campesinos de Cesar que aún lloran a sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos o muertos en las masacres de los corregimientos de El Toco, Estados Unidos y El Platanal, entre otras.

El miedo agobia a una región que se parece más a un régimen feudal que a una sociedad del siglo XXI en donde unas castas terratenientes imponen su voluntad y controlan, además de la política, todos los órganos de justicia a través de sus familiares o aliados que no dejan mover un papel sin que previamente sea revisado; por supuesto las precarias decisiones de la oficina de Restitución de Tierras pasan por el tamiz de los caciques de la zona.

Nadie imprime atención a esta crisis humanitaria que vive el departamento de Cesar, en el que han sido asesinados cinco líderes de restitución de tierras en lo que va del año 2017.

El contralor general de la República, Edgardo Maya, patriarca de esa región, debería poner el ojo en su tierra natal, pues ahí la corrupción campea y la indiferencia asusta.

Hoy en Cesar nadie se atreve a hablar por temor a los paramilitares que nunca se fueron de la zona. A esta región llegará la Justicia Especial de Paz, un instrumento que romperá el silencio porque es mucha la verdad que hay que inquirir.

Sígueme en @jairotevi

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Por José Gregorio Hernández.-Hemos señalado varias veces que, para mal del sistema jurídico y debilitando o haciendo incierto el imperio de la Constitución, en Colombia se la modifica -o se la vulnera- de manera permanente. Diríase que nuestros dirigentes y los órganos constituidos que pueden tomar parte en los procesos de reforma constitucional le perdieron el respeto a la Carta Política, y  que, de estatuto máximo que es  -resultado del ejercicio del poder constituyente, emanado de la soberanía-,  está pasando a convertirse en abultada cartilla teórica, manipulable y "manoseable" por quienes ejercen el poder real. Ya no es -o ya no quieren que sea- la norma de normas, de la que habla su artículo 4, en virtud del principio esencial  conocido como supra legalidad o supremacía de la Constitución.

Con el denominado “fast track”, fue desconocida la Constitución y perdieron intangibilidad las reglas que consagraban los requisitos y pasos indispensables para su reforma, y ello ocurrió   -infortunadamente-  sin que se percatara la Corte Constitucional, guardiana de su integridad y supremacía.

En efecto, mediante el Acto Legislativo 1 de 2016, el órgano constituido (el Congreso),  habilitado solamente para reformar -no para sustituir la Constitución-, como lo dijo en su momento la propia Corte en Sentencia C-551 de 2003 (varias veces reiterada), se liberó de los requisitos establecidos por la Asamblea Constituyente de 1991 para reformar la Carta Política (artículo 375 C.P.). Entonces, el órgano constituido -cuyo poder de reforma era reglado, restringido, delimitado, como corresponde a una mera competencia- se auto habilitó para ejercerlo por fuera de esos  requisitos que le habían sido impuestos y que debía respetar, y ahora -supuestamente en forma transitoria- puede reformar la Constitución mediante unos procedimientos que eran complejos -como es propio de una constitución rígida- y que ahora son simplificados, no por decisión del Constituyente, que confirió tal poder, sino del mismo órgano revestido de competencia reglada. En tal medida, sustituyó la Constitución, si bien la Corte Constitucional lo admitió, modificando su aludida jurisprudencia.

Por paradoja, el Congreso, mediante el mencionado Acto Legislativo, modificó esos requisitos para facilitar el trámite rápido de las reformas pero simultáneamente se resignó a ser un “convidado de piedra” respecto a ellas, pues carecerá de toda iniciativa, no podrá modificar los textos, y dependerá del Ejecutivo y del Acuerdo Final de Paz para introducir cualquier ajuste.

Pues bien, ahora el Gobierno, por conducto del señor Ministro del Interior -al parecer sin previa coordinación con el Presidente de la República, al menos sobre los contenidos de la iniciativa-, quiere seguir modificando la Constitución, y aspira a hacerlo por la vía simplificada del llamado “fast track”, arguyendo que los temas propuestos -eliminación de la Vicepresidencia de la República, reinstauración de la figura del Designado,  voto obligatorio, disminución de la edad de ciudadanía a 16 años, supresión de la circunscripción nacional para el Senado, extensión del período presidencial a cinco años, entre otros- son indispensables para implementar el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc. Basta la enunciación de tales puntos, que serían objeto  de reforma,  para ver que no es así.

Ahora bien, hemos preguntado por los proyectos de Acto Legislativo, para estudiarlos, pero nos han dicho que no hay nada escrito. Y además, el Presidente Juan Manuel Santos dice que no está de acuerdo con todos los temas, y que se trata de “micos” de su Ministro del Interior. ¿Dónde queda su liderazgo y su importante función como Jefe de Gobierno?

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Por Amylkar D. Acosta M.- En la cuerda floja quedaron los recursos que los departamentos, municipios y el Distrito capital esperaban recibir y por ello mismo los apropiaron en sus presupuestos aprobados a finales del año anterior provenientes del recaudo de la sobretasa a los combustibles. Ello pone en riesgo las inversiones previstas en la malla vial en las regiones, en su mantenimiento, así como en las soluciones para mejorar la movilidad y el transporte masivo de pasajeros en las ciudades.

Al estructurar los proyectos para lograr tal cometido comprometieron dichos recursos, ora a través de la pignoración de los mismos ora mediante las vigencias futuras y gracias a ello fue posible su cierre financiero. Con la expedición de la Resolución 41279 el 30 de diciembre del año anterior por parte del Ministerio de Minas y Energía, que redujo ostensiblemente el recaudo esperado por concepto de la sobretasa a los combustibles, quedarían en babia, todo es incertidumbre.

Como consecuencia de la entrada en vigencia a partir del primero de enero de este año de la Resolución 41279, que implica una reducción de $1.415.77 y $1.143.59 en el precio de referencia del galón de gasolina y ACPM de la base gravable de la sobretasa, se tiene un menor recaudo por este concepto tanto para los municipios y departamentos como para el Distrito Capital. Es de anotar que los recursos provenientes del recaudo de la sobretasa tienen como destinación específica la infraestructura vial, su ampliación y mantenimiento, así como la financiación de los proyectos tendientes a facilitar el transporte masivo y mejorar la movilidad.

En plata blanca la afectación a los 32 departamentos del país se calcula en $160.000 millones anuales. Se estima que los municipios y el Distrito Capital dejarán de recibir $500.000 millones anuales. Sólo Bogotá dejará de recibir $120.000 millones anuales. Otros damnificados serán: Medellín con $30.000 millones al año, Cartagena $8.000 millones y Cartagena $10.000 millones.

Según la Viceministra de Energía Rutty Paola Ortiz, tal medida se tomó “atendiendo a una realidad mundial y es la reducción de los precios del petróleo” y acota que “el año pasado los precios del crudo cayeron en promedio 42% y la reducción que se le da a la base de la sobretasa a la gasolina es del 28% y no se traslada todo ese impacto”. Es decir, que antes de quejarse departamentos y municipios del país, así como el Distrito Capital, se deben dar por bien servidos, pues la están sacando barata!

Pero es que en ninguna parte está dicho que el precio de referencia para establecer la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM está atado al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y no al “valor de referencia de venta al público” del combustible motor, que es lo que dispone la norma. Es más, según estudio realizado por el ex contralor general Antonio Hernández Gamarra para la Federación Nacional de Departamentos, a consecuencia del congelamiento del precio de referencia entre el 2008 y el 2013 las entidades territoriales dejaron de percibir $1.6 billones. Sólo en el 2013 se dejaron de recibir por parte de los departamentos, municipios y el Distrito Capital $500.000 millones, distribuidos así: $285.000 millones los municipios, $115.000 millones el Distrito Capital y $100.000 millones los departamentos.

Llama poderosamente la atención que mientras se menguaron con la Resolución de marras los ingresos esperados por los departamentos, los municipios y el Distrito capital por concepto de la sobretasa, el ingreso al productor ($4.102.64/galón) con el que se liquida el IVA, que recauda la Nación, subió 6.52%, más del doble del que establece la fórmula de cálculo de precios (3%). Ello contrasta, además, con el hecho de que los ingresos para el Gobierno Central en enero de 2017 suben el 22% ($247) en el caso de la gasolina motor y 20% ($222,1) con respecto a diciembre de 2016 al fijarse en $1.388.4/galón. Ello en la práctica significa una transferencia de recursos desde las entidades territoriales hacia la Nación, lo cual va a contrapelo de los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Se ha dicho por parte del Ministro de Minas y Energía Germán Arce que si se deroga la Resolución que provocó la airada protesta de gobernadores y alcaldes “los usuarios pagarán una gasolina más cara para garantizar la estabilidad en los ingresos”. Nos parece sensata la posición del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuando plantea que la solución a este impasse “hay que buscarla por el mismo camino que se hizo, hay que hacerlo, hay que lograrlo de una forma que tenga el mínimo impacto al precio del consumidor”. Él debe ser el más interesado en resarcir a las entidades territoriales, pues su estrategia de reactivación de la economía, Colombia repunta, cuenta con el gran impulso que se le dará desde las regiones con la inversión en infraestructura. Revisando y reconsiderando los términos de la Resolución 41279 de 2016 se le quita el freno de mano que impediría la marcha de los proyectos en curso.

Bogotá, febrero 19 de 2017

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Por Mauricio Cabrera.-Aunque en el pasado ya se escuchaba decir a algunos analistas que el principal problema de Colombia no era la guerrilla sino la corrupción, la intensidad del conflicto y el manejo mediático de quienes construyeron su capital político con la promesa de acabar con la guerrilla, no dejaban que la opinión pública le prestara toda la atención a los crecientes y generalizados casos de corrupción pública y privada.

Dos circunstancias han cambiado el foco de atención de los medios y la ciudadanía: el éxito del gobierno al lograr el fin de la guerra con las Farc con la desmovilización de 6.300 guerrilleros y la próxima entrega de las armas y, de otra parte, el escándalo mundial por los sobornos de Odebrecht.

El problema no es nuevo. Se recordaba en estos días que, desde el mismo inicio de la vida republicana, Bolívar y Santander promulgaron sendos decretos ordenando la pena de muerte para los funcionarios acusados de malversación o hurto de fondos públicos. Pero también es cierto que ha crecido a unas proporciones capaces de desestabilizar una sociedad.

Varios son los factores que han incrementado la corrupción desde los años 70 del siglo pasado cuando Turbay planteaba “reducirla a sus justas proporciones”. En primer lugar el auge del narcotráfico y la cultura mafiosa del dinero fácil, que permeó buena parte de la sociedad; en segundo lugar cambios políticos como el debilitamiento de los partidos políticos por el voto preferente, la elección popular de alcaldes y gobernadores que descentralizó la corrupción, o la circunscripción nacional para senadores; y tercero, factores económicos como el enorme incremento de los recursos estatales para la contratación por las regalías petroleras y los aportes para salud y educación.

Ante la indignación ciudadana por los innumerables casos de corrupción, vuelven a surgir propuestas para combatirla, sobretodo en el ámbito de la política electoral y la contratación pública.

La Consulta Popular Anticorrupción impulsada por la senadora Claudia López y los verdes, incluye medidas que pueden ser efectivas, aunque insuficientes, como la mayor transparencia en la contratación pública, la cárcel para los corruptos y la inhabilidad para contratar con el Estado, o la obligación de los funcionarios públicos de hacer públicas sus propiedades e ingresos.

 

Por su parte el gobierno ha presentado una reforma política que debe complementar las propuestas de la Consulta con medidas como la eliminación del voto preferente para acabar con las microempresas electorales, la financiación estatal de las campañas y la eliminación de la circunscripción nacional para el Senado, excepto para las minorías.

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Por Aquiles Esté.- Avanza la antipolítica y con ella su relato sobre la incapacidad estructural de las instituciones, los sindicatos, los partidos y los propios líderes políticos para resolver los problemas de los ciudadanos. En esa estela, poco sorprende el aumento sin precedentes del número de hombres y mujeres de negocios que saltan directamente de las empresas a los asuntos públicos.

Los argumentos del empresario para hacerse con el poder son casi siempre los mismos, en casi todas partes: “Tengo suficiente dinero y, por lo tanto, no voy a robar o aprovecharme de mi posición de poder; soy persona de hechos, no de palabras” y, finalmente, “los políticos no saben resolver problemas ni saben de finanzas, gerencia e innovación”.

En el clima dominante actual estos son argumentos poderosos para ganar una carrera electoral, pero casi siempre se vuelven vacíos o son minuciosamente traicionados una vez que se llega al poder. Al menos así se confirma en Estados Unidos.

Casi la mitad de los presidentes de Estados Unidos, al igual que en muchas otras democracias occidentales, han sido abogados o políticos de carrera. Veintiuno han tenido ambas profesiones. El resto se reparte esencialmente entre militares, profesores, un ingeniero y un actor. De este selecto club, Washington, Jefferson, Lincoln, los dos Roosevelt, Wilson y Truman sobresalen como los mejor evaluados según la mayoría de los estudios modernos. De ellos, solo Truman podría considerarse como un hombre de negocios. Llegó a tener una tienda de ropa para caballeros que no alcanzó a sobrevivir la crisis de la década de 1920.

Al contrario, según una comparación de varios estudios hecha por The Hill, ningún presidente estadounidense proveniente del mundo privado es recordado como exitoso, siendo los hombres de negocios los que tienen las peores evaluaciones. Entre ellos destacan Herbert Hoover (magnate de la minería), George W. Bush (ejecutivo petrolero, dueño de los Texas Rangers) y Warren Harding (editor), el más desastroso de todos, nítidamente asociado a escándalos de corrupción y aventuras amorosas.

Un presidente tiene una responsabilidad enorme pero una autoridad limitada para hacer las cosas. Manejar ese país como un director general es una fórmula segura para crear trabas a las decisiones a lo largo y ancho del aparato del Estado.

La realidad es que la experiencia empresarial puede ser irrelevante o incluso volverse un impedimento para una buena gestión presidencial. Eso ayudaría a explicar por qué en la era moderna, tres de los siete presidentes venidos del campo empresarial tuvieron que desalojar la Casa Blanca luego del primer período. Es el caso concreto de Herbert Hoover y Jimmy Carter.

¿Qué explica esa tendencia? El principal motivo es que el poder en Estados Unidos está efectivamente compartido. En la práctica, un presidente tiene una responsabilidad enorme pero una autoridad limitada para hacer las cosas. Manejar ese país como un director general es una fórmula segura para crear trabas a las decisiones a lo largo y ancho del aparato del Estado.

Para hacer una analogía con el ámbito corporativo, sirve decir que un presidente tiene que lidiar con al menos tres juntas directivas: el poder judicial, su propio gabinete y el Congreso. Respecto a esto dos últimos, sólo habrá de conseguir lo que le permitan obtener sus capacidades persuasivas y no su poder vertical sobre unos empleados.

Donald Trump, por cierto, presenta algunas limitaciones adicionales que no tienen muchos capitanes corporativos que han llegado al poder. Trump nunca ha sido parte de ninguna junta directiva que no sea la suya, o sea, solo ha tenido que responderle a un único accionista, que es él mismo. Nunca ha manejado una empresa de capital público, ni ha tenido impedimentos para contratar a quien le da la gana. Como presidente, tiene que manejar una fuerza laboral que en su inmensa mayoría no puede ser despedida. Son los 4,2 millones de profesionales de carrera —incluyendo militares— que han trabajado en sus respectivas agencias de gobierno por más de dos décadas como promedio y bajo las órdenes de otros presidentes. Para alguien que ha forjado su marca personal despidiendo empleados, ésta es una experiencia totalmente novedosa.

También cuenta el tamaño de la operación económica que maneja un presidente actual, algo que ningún empresario del mundo puede realmente comprender si no tiene alguna relación previa con el cargo o con los vericuetos de la gerencia del gobierno. Al sentarse en la silla presidencial, Trump toma en sus manos un presupuesto de más de 3,6 billones de dólares, bastante mayor que cualquiera de las corporaciones listadas en Forbes. Ese dinero se recaba para prestar un servicio, vale decir, para atender las necesidades de los ciudadanos –pagar la seguridad social, las cuentas de retiro de los militares, los gastos de defensa. Esos programas deben funcionar y tienen que ser bien gerenciados, pero no están allí para generar lucro, que es el objetivo central de un líder empresarial. Eso es radicalmente distinto al proceso de toma de decisiones al que Trump está acostumbrado.

Otra limitación severa del actual presidente-empresario es la indisposición a evitar conflictos de interés entre la investidura de jefe de gobierno y sus negocios. Algunos eventos de este último mes muestra que el nuevo presidente no dejará intactas las ilusiones de quienes pensaban que habría separación de intereses entre su gobierno y las rentas familiares. El asunto ha llegado al paroxismo al inmiscuirse Trump personalmente en una disputa entre su hija y la cadena Nordstrom.

La empresa advirtió que ya no ofrecería en sus tiendas las líneas de joyería y ropa “Ivanka Trump”, aduciendo un declive de ventas importante. Trump salió al paso con un tweet de su propia mano reclamando que su hija “había sido tratada injustamente”. La cuenta oficial de la Casa Blanca @POTUS, reenvió el mensaje, lo que ya implica el uso de recursos públicos para resolver una vendetta personal. El desabotonado jefe de prensa Sean Spicer, complicó aún más el dilema ético al asegurar que “el presidente tiene todo el derecho de apoyar a su familia”.

Ser presidente en Estados Unidos requiere de muchas cualidades. Donald Trump tiene algunas. No le falta coraje, habla directo, tiene algo de credibilidad financiera y sobre todo, sabe dominar la conversación e identificar los temas que le preocupan a la gente. Pero pareciera no saber para quién y cómo debe gobernar. Su reclamo a Nordstrom acentúa las dudas sobre su motivaciones para estar en el poder. Según Public Policy Polling, un 61 por ciento de los electores considera que el presidente debería separarse totalmente de sus intereses como empresario.

Los niveles de aprobación de Trump no han cesado de caer desde que entró a la Casa Blanca y eso es muy problemático para un líder que está comenzando su mandato.

Barack Obama tuvo a su lado a los grandes periódicos, los canales de TV y a un batallón de opinadores, intelectuales y académicos. Contó además con un partido unificado y la adoración internacional. Trump no tiene nada de eso. Decenas de capitanes corporativos le han dado la espalda. Los intelectuales conservadores abrazaron el movimiento NeverTrump y el Partido Republicano le brinda por ahora un apoyo dudoso. Apenas Fox y algunos portales de internet extremistas lo respaldan sin reservas.

Mientras domine el congreso podrá avanzar, pero si los demócratas vuelven a ser mayoría podrían sacarlo del poder. En rigor no le queda mucho tiempo para aprender y tender puentes. Si quiere ser la excepción entre los presidentes empresarios, Trump tiene que verse en el espejo, admitir que es un aprendiz de político y pedir ayuda.

Debe rodearse de patriotas, gerentes públicos experimentados y no solo de oportunistas. De lo contrario, puede terminar perdido en un drama de corrupción, parálisis y desconexión del elector. Algo muy parecido a los reclamos que él mismo le hace a la clase política.

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Por Guillermo García Realpe.-Durante más de 50 años consecutivos el pueblo colombiano se acostumbró de cierta manera a convivir con la violencia, fueron cinco largas décadas en que el país fue sacudido por tomas guerrilleras, voladuras de oleoductos, secuestros, extorsiones, atentados contra la infraestructura, desapariciones, tortura, desplazamiento forzado, impactos al medio ambiente y en general, un escenario desolador de sangre y muerte que hoy, por fortuna, está llegando a su fin.

Después de tres intentos fallidos, en los años 1984, 1991, y 1999, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, logró algo inimaginable por muchos en Colombia, la neutralización de la principal guerrilla del país y del mundo y uno de los grupos al margen de la ley que más generó violencia. No fue fácil llegar a estas instancias, el gobierno, tuvo que superar toda clase de obstáculos, propios de una negociación tan compleja, como la llevada a cabo con la guerrilla más vieja del continente.

Hoy, después de cuatro años de negociaciones, el proceso ha llegado a feliz término, los guerrilleros han mostrado su plena disposición de desmovilizarse, hoy parecen tener otra concepción de país y se alistan para su reincorporación a la vida civil, acogerlos plenamente de vuelta a la sociedad, es tarea de todos.

Serán 5765 insurgentes quienes dejarán las armas y 9000 milicianos que hacen parte de las redes de apoyo de las FARC también se aprestan a cambiar de vida.

Silenciar los fusiles de las FARC, significa que desaparecerá para siempre la guerrilla más grande de Colombia y del mundo, y con ella se apagará el principal foco de violencia, que dejó 260 mil muertos, 8 millones de víctimas, 45 mil desaparecidos, más de 11 mil víctimas de minas antipersonas y miles de secuestros y otros delitos que afectaron a muchas generaciones de colombianos.

Ahora, el reto enorme del gobierno estará en copar las antiguas zonas dejadas por las FARC a fin de evitar que otros actores armados ilegales entren a seguir delinquiendo, la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal y los diálogos de paz con el ELN deben concluir con la firma definitiva de la paz también con esa guerrilla, sólo así Colombia podrá dejar plenamente el conflicto armado que tanto daño causo.

Sin el lastre de la violencia y con el silenciamiento de los fusiles, sin duda, Colombia, tendrá un nuevo amanecer que en rutará al país por el sendero del progreso y el desarrollo, donde la paz estable, duradera y con justicia social, será nuestra mejor conquista y el mejor legado para las nuevas generaciones de colombianos. Luego de esto, es imperativo una lucha frontal contra la corrupción y una revolución pacífica en lo político y lo social.

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Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Una columna del brillante economista y filósofo Mauricio Cabrera para Vanguardia Liberal puso el dedo en la llaga por la escandalosa declaración de Otto Bula que el fiscal Néstor Humberto Martínez acogió como epifanía, o sea como verdad revelada, cuando este habló de “un millón de dólares cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente2014”. (Ver columna).

De ahí en adelante se formó la verraca confusión, para decirlo en términos del nadaísta Pablus Gallinazo. Ahora Cabrera pide que se comprueben “las condiciones de modo necesarias para entregar tal cantidad de dinero en efectivo”, y a continuación pregunta: “¿cuánto espacio ocupan $1.000 millones en billetes? ¿Cuánto pesan? ¿Qué tipo de maleta se necesita para transportarlos?”.

Si juntamos la columna de Cabrera con la de Daniel Coronell (ver aquí) el coctel se vuelve explosivo, pues mientras el primero se vale del sentido común para delatar el embuste de Bula, el segundo brinda la información para entender la clase de ‘fichita’ que detona semejante bomba incendiaria sin inmutarse: un hombre que “se enriqueció comprando tierras de campesinos desplazados por los paramilitares y (…)  ha sido un caracterizado uribista de la línea de Mario Uribe”, a quien logró sacarle las más altas votaciones en Córdoba, el departamento paramilitar por excelencia donde el expresidente Uribe –simple coincidencia, por supuesto- tiene su hacienda El Ubérrimo.

Razón tiene La Silla Vacía al afirmar que Odebrecht se convirtió en “el Sigifredo de Néstor Humberto”, cuando un avezado delincuente de la más rancia estirpe uribista logra meterle el dedo en la boca acomodando una falacia con medias verdades y evidentes mentiras, en recuerdo de lo ocurrido con el fiscal Eduardo Montealegre, a quien varios testigos falsos le hicieron creer que el diputado Sigifredo López era un miembro más de la guerrilla que lo secuestró. (Ver artículo).

Durante el proceso 8.000 estuvieron desde la DEA hasta María Isabel Rueda (y las demás Marías) buscando desesperados la comprobación física de que el presidente Ernesto Samper sí sabía del dinero sucio que entró a su campaña. Y nunca la encontraron, hasta el día presente. Pero Mauricio Cabrera señala la prueba reina de que el señor Bula miente… y ningún medio se da por enterado.

Según la ‘confesión’ de Otto Bula fueron dos entregas de dinero las que le hizo a Andrés Giraldo en un maletín, luego de apropiarse de una comisión de 200 millones. Un millón de dólares al cambio de esa época eran 2.000 millones de pesos ya “monetizados”, o sea que Bula habría tenido que entregar 800 millones la primera vez y 1.000 millones la segunda, o 900 millones en cada una.

El busilis en la versión de este sujeto reside en que transportar semejante cantidad de dinero de ningún modo pasa desapercibido, motivo por el cual no habría podido ser un solo maletín popocho sino por lo menos dos tulas para levantar el peso de algo que si fuera en la más alta denominación, la de $50.000, correspondería a 20.000 billetes. Y así fuera la mitad: ¿carga alguien semejante cantidad de dinero con la tranquilidad de que no va a levantar ninguna sospecha y el ‘cruce’ va a quedar entre donante y receptor?

Lo que hoy cuesta entender del fiscal es ese afán de andar contando a los medios absolutamente todo lo que hace, piensa, supone, cavila, opina o investiga desde que se levanta hasta que se acuesta, en un ejercicio de vanidad que entorpece el desarrollo de la justicia y en últimas fue el causante del segundo ‘chorro de babas’ durante su cortísima gestión: el primero cuando se apresuró a declarar que en Navelena no hubo corrupción y al aparecer un préstamo de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario hubo de retractarse, y la segunda en días pasados, cuando acogió como verdad el libelo de Bula que tan grave daño le hizo a la imagen de Colombia y a la del presidente Santos. Al día siguiente el inefable Martínez Neira metió un reversazo diciendo que "la prueba de entrega física de dinero a Roberto Prieto no la tiene la Fiscalía" (ver noticia), pero el daño ya estaba hecho. Como reza el refrán, “después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga”.

Antes de armar semejante tierrero Martínez Neira pudo haber ordenado pruebas tan obvias como revisar las cámaras del lugar en busca del momento de la entrega, o preguntarle al avieso incriminador de qué denominación eran los billetes, o dónde compró los dos maletines en los que transportó el dinero para sendas entregas. Al fiscal no le corresponde contar que al parecer de pronto, tal vez, quién quita, todo indica que quizás, etc. Lo que debe hacer es investigar con la discreción que le compete a la justicia, llegar a una conclusión en sus pesquisas y luego sí, con la responsabilidad inherente a la majestad del cargo, revelar el resultado de las averiguaciones.

Es la justicia-show en cuyas tentadores redes también cayó con la misma lujuria mediática el fiscal anterior, solo que éste comienza en forma precoz con un coitus interruptus de demoledoras consecuencias institucionales, que conduce a pensar que confunde sus facultades judiciales con las políticas. Es aquí cuando uno no logra dilucidar si se trató de una (otra) torpeza como la de cualquier precipitado amante, o si fue que al repartir la culpa por partes iguales en ambas campañas urdió una muy hábil carambola a dos bandas: fortalece una alianza a futuro entre Cambio Radical y el uribismo, y deja tendido en el camino del desprestigio a Juan Manuel Santos. ¿Quién habría sido entonces el verdadero traidor? Averígüelo Vargas...

Otto Bula sabe que está mintiendo pero no le preocupa, porque lo importante era cumplirle al patrón en lo de encochinar a todo el mundo y poner al país a mirar hacia otro lado. Puedo estar equivocado, pero conociendo el modus operandi mafioso de esa gentecita (por no decir gentuza), me atrevo a recelar que Bula citó a Andrés Giraldo a un restaurante para comprar un seguro en caso de que necesitara ‘untar’ a otros ante una eventual detención. Y fue ahora, ya en su celda, cuando puso a funcionar el seguro. Y el Fiscal cayó enterito.

DE REMATE: Si el senador Álvaro Uribe arremete contra periodistas de la derecha otrora aliados suyos como María Isabel Rueda o Mauricio Vargas y a la vez acusa al prestigioso Yamid Amat de hacer periodismo prepago para el gobierno Santos, debe ser porque en su desesperación siente pasos de animal grande o porque algo más poderoso que él (la JEP, por ejemplo) comienza a respirarle en la nuca. ¿O estaré pensando con el deseo…?

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