Por Jairo Gómez.-¿Qué vamos a hacer el día que sepamos la verdad? ¿Usted lo sabe? Yo no, pero lo quiero saber porque creo que es el camino para volvernos un país mejor, mucho mejor. No es bueno para la sociedad colombiana negociar la paz, y hacer como el avestruz: meter la cabeza bajo tierra, como si nada hubiera ocurrido, como si nada hubiera pasado.

La fotografía de esta nueva etapa preocupa mucho a ciertos grupos sociales que no quieren que se sepa la verdad, consecuencia del acuerdo de paz que se negoció. No se puede seguir esgrimiendo el peregrino argumento de que en Colombia “no existió un conflicto interno, sino un ataque terrorista contra la democracia” para desvirtuar el derecho que tiene cada colombiano de conocer qué sucedió y quiénes apadrinaron durante décadas esta abominable confrontación.

Hay quienes insisten en relegar al pabellón del olvido los violentos hechos que mancillaron la democracia colombiana, considerada la más sólida y antigua de América Latina; democracia en la que hubo, en estos 50 años de guerra, además de los cientos de miles de muertos, más de 60.000 desaparecidos, un número superior a los aniquilados en las dictaduras militares de Argentina y Chile juntas.

Por eso, alienta saber que hay cambios en la forma y la sintonía con que la sociedad colombiana y sobre todo las víctimas quieren asumir esta etapa que busca enterrar el horror; no hay argumento sensato que valga para que no se conozca la verdad.

Lo anterior da pie para saludar con positiva incumbencia el acuerdo a que llegaron tres exjefes de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y otros tres miembros del Secretariado de las Farc de comprometerse a contar la verdad de cuanto sucedió en la aterradora confrontación colombiana. Es una catarsis necesaria porque como lo dice el exconstituyente Álvaro Leyva Durán: “El día que los colombianos sepamos toda la verdad de esta guerra, vamos a ser un país mejor”.

Claro, seremos un país mejor por muy duro que resulte develar el evangelio de la guerra. Según se dijo en la cumbre, la cifra que el Centro de Memoria Histórica reveló en su informe ‘Basta Ya‘ de 220.000 muertos producto del conflicto armado, se quedó corta. Se calcula, comentaban, que los muertos producto de la violencia pueden estar cerca del millón. Y no es una cifra fuera de foco si partimos de la inocultable realidad de recordar que muchos cadáveres fueron desmembrados y tirados al río, y de que en muchos casos los cuerpos terminaron en hornos crematorios o enterrados en las agrestes montañas que cobijan al país.

“Nos utilizaron, ahora el país debe saber la verdad”, dijo uno de los contertulios de las AUC tras dejar expuesta la sensación de sentirse traicionado, cuentan algunos testigos de la crucial reunión.

Todo parece indicar que esta es la primera de varias reuniones a realizar en el inmediato futuro y esperan, según lo manifestaron varios de los protagonistas del histórico encuentro, que en las próximas conferencias los exmilitares, implicados en esta atroz violencia, también reciten su versión sobre la guerra. Justamente esa es la intención: contar la verdad sin límites. 

@jairotevi

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Por Amylkar D. Acosta M.-Como se suele decir a menudo coloquialmente, esta sí es la tapa, por no decir el colmo. De ELECTRICARIBE, empresa esta operadora de red de la región Caribe, se sabía hace rato que venía prestando un pésimo servicio de energía eléctrica a sus 2´565.855 usuarios, caracterizado por las continuas y prolongadas interrupciones, por los recurrentes racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento” a las redes, los altibajos en el voltaje y la consiguiente avería de los electrodomésticos y más recientemente los frecuentes amagos de “limitación de suministro”, esto es racionamientos programados por parte del operador de red, XM, por mora e impago de la energía suministrada por los generadores para ella distribuirla, que estuvo a punto de apagar a la región. Se sabía, además, que ELECTRICARIBE, en los 7 años que lleva bajo el control de Gas Natural Fenosa (GNF) no había hecho las inversiones requeridas, lo cual había llevado a la obsolescencia de redes, transformadores, herrajes e instalaciones, lo cual se ha traducido en la calamidad pública que agobia a sus usuarios, convirtiéndose en la empresa más abominada en la región.

Todo eso se sabía, lo que nadie sospechaba es que ELECTRICARIBE, mientras estuvo en manos de GNF, se quedaba con los subsidios al consumo de energía de la población más vulnerable, que se financian con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Sólo ahora, en momentos en los que ELECTRICARIBE, ha estado intervenida con fines de liquidación desde el pasado 15 de noviembre, gracias a la actuación especial por parte de la Contraloría General de la República, se ha podido establecer que “la gestión adelantada por ELECTRICARIBE, respecto a la administración de los recursos FOES es ineficaz, por cuanto no cumplió con el propósito de los recursos y los fines esenciales del Estado al no aplicar la totalidad del beneficio FOES a que tenían derecho usuarios identificados en el cuerpo del informe”. 

El calificativo que le da la Contraloría General de “ineficaz”  a la administración de los recursos FOES nos parece demasiado eufemístico y veamos por qué. Primero, expliquemos qué es el FOES. El Fondo de Energía Social (FOES) fue creado mediante el artículo 118 de la Ley 812 de 2003, como un Fondo especial del orden nacional, el cual se alimentaba inicialmente del 80% de las llamadas “rentas de congestión” y sus recursos tienen como destinación específica el descuento de hasta $40 por kilovatio-hora, que posteriormente se incremento a $46 del consumo de subsistencia establecido por la UPME de la energía facturada a los usuarios ubicados en las zonas de difícil acceso, áreas rurales de menor desarrollo y en zonas subnormales urbanas. Es de anotar que, por las características peculiares del mercado al cual sirve ELECTRICARIBE, más del 80% de los mismos se asignan a través de esta empresa. Huelga decir, que los recursos del FOES son públicos y con ellos se pagan por parte de la Nación los subsidios  a las personas de menores ingresos, para que estas “puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios”, en este caso el de la energía eléctrica, tal como lo dispone el artículo 368 de la Constitución Política. 

El Ministerio de Hacienda le gira al Operador, en este caso a ELECTRICARIBE, para que esta le traslade y le aplique el beneficio a los usuarios que son objeto del mismo y el valor del subsidio se debe reflejar en la factura del usuario a manera de un descuento, “como un menor valor a pagar” por parte del mismo. Y aquí fue donde saltó la liebre. Se quedó corta la Contraloría cuando al término de su auditoría termina calificando de “incorrecta aplicación del subsidio FOES”, pues lo que realmente sucedió, dicho en buen romance, fue que de los $46 sólo se le abonaron a los usuarios $0.46 (¡!), o sea, que se quedaron con el 99% del monto de los subsidios que le giró el Ministerio de Hacienda, que ascienden, aproximadamente a la suma de $4.000 millones/mes. 

Después del análisis efectuado por parte de la Contraloría General, esta arrojó como resultado un “hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517,59 millones para las vigencias 2015 y 2016”. Y como esta práctica tan detestable como descarada por parte de ELECTRICARIBE, de quitarle a los más pobres de los pobres “para enjugar parte de sus pérdidas” era consuetudinaria, desde 2012 según la Superintendencia de Servicios Públicos, está por establecerse cuánto se embolsillaron en los años anteriores a estos.

Esto es escandaloso y no deja de ser irónico que los señores de GNF, que llevaron al Estado colombiano hasta un Tribunal de Arbitramento Internacional para dirimir la controversia que planteó, alegando que se les está expropiando, cuando en realidad son ellos los que se han venido apropiando de recursos que no son suyos, los cuales tendrán que reintegrar y de paso tendrán que resarcir a sus resignados usuarios, que fueron esquilmados por ella. Increíble, pero cierto, ha terminado el Estado subsidiando a GNF, porque los recursos del FOES han ido a parar a sus faltriquera, en lugar de aliviar el costo de la factura a sus usuarios de más bajos ingresos, como lo manda la Constitución y la Ley.  Su avilantez no conoce limites! 

Bogotá, julio 21 de 2017

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Por Felicia Saturno Hartt.- El 2018 es un año clave para muchos países de América Latina, en un contexto signado por la corrupción, la tendencias autoritarias y una creciente desigualdad y exclusión.

Las diferentes crisis financieras han generado una realidad oculta. Puede crecer el PIB, las cifras de consumo e incluso industrias tan exigentes como el turismo, pero existen unas cifras disimuladas en los documentos que hablan de recuperación.

La pobreza, la desigualdad y la exclusión caminan por la calle, van al mercado, alejan a los niños y adolescentes de los centros educativos y al pensionado de la atención pagada a los sistemas de salud, entre otras muchas evidencias.

La realidad de la pobreza y de sus generadoras, la desigualdad y la exclusión, es visible, porque ya no son pobres solo los de escasos recursos, sino aquellos que han visto menguado sus ingresos por la crisis financiera, los que han perdido sus empleos y aquellos (o todos) los que sus entradas económicas no pueden equipararse a las reformas tributarias.

Para muchos políticos de oficio o de beneficio, el tema de la pobreza es complicado. Indudablemente lo es. Sobre todo porque la gente ya no cree en el voto. Las continuas imágenes del peculado, la corrupción, el tráfico de influencias y las decisiones políticas tomadas o no, hacen más escéptico al elector promedio.

La pobreza es, definitivamente, en la Agenda Política de América Latina, un desafío en la defensa de los DD.HH. Es una cuestión de estado, el académico y exacto término político de O´Donnell, quieran o no, porque ya no es maquillable, ya no es ocultable y mucho menos aprovechable en términos estadísticos.

La pobreza tiene mil caras y los políticos que quieran asumir cargos dirigentes, directivos y de representación tienen, por ética y por estrategia, no sólo que contratar a los que les pulen la imagen, sino aquellos profesionales que afinen sus propuestas a la realidad de los espacios humanos donde les toca vivir y gobernar.

Tan auditable como un programa financiero, es un programa de inclusión social, o educativo o de pensiones. Queda ir más allá de la oferta imposible al abordaje de la realidad cotidiana de la gente.

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Por: José Gregorio Hernández.-  En Colombia y en otros países se corrompió la sal, y la sociedad se pregunta el porqué del auge de este cáncer, que en los últimos años se ha extendido de manera alarmante y que golpea fuertemente no solo a las ramas y órganos del poder público en todos los niveles sino al sector privado.

Es urgente que se adelanten al respecto, y con toda seriedad y sinceridad, los debates a que haya lugar, y poner en práctica mecanismos efectivos que permitan, en el más corto plazo sanear las costumbres, reparar los muchos daños ya causados y sobre todo, prevenir. Un examen de conciencia colectivo, en busca de razones, causas y correctivos, en los diferentes ámbitos de la vida social.

Erradicar las distintas modalidades de corrupción y castigar con rigor a los corruptos, son hoy imperativos ineludibles, en especial para gobiernos, jueces, fiscales  y órganos de control, para no seguirnos moviendo indefinidamente en un mar de suciedad y delincuencia.

La corrupción no es nueva -al punto de haber derribado imperios-, aunque renovadas modalidades de ella han surgido y se han desarrollado en la vida moderna, y por paradoja, al amparo o por mal diseño de los controles legislativos y judiciales, o  por indebido aprovechamiento de los sistemas jurídicos que proclaman y propician la efectividad de derechos y libertades.

No es extraño que ordenamientos legales que buscan supervisar el cumplimiento de normas vigentes, por ejemplo en materia de tributos en los mismos procedimientos que buscan esclarecer los hechos en casos de delitos o contravenciones, se presten -infortunadamente- para lo contrario, y estimulen las prácticas corruptas. Acabamos de ver,  en Colombia, cómo funcionarios designados en cargos con gran poder, justamente  para perseguir y sancionar la corrupción,  han caído -y de qué manera-  en ella, aprovechando y pervirtiendo esos mismos poderes que les fueron otorgados.

Disposiciones establecidas en las reformas tributarias de marcada orientación fiscalista y sancionatoria, que desesperan a los contribuyentes y dotan de amplias facultades y gran credibilidad a visitadores, inspectores y contralores,  multiplican las causas de corrupción porque abren o incrementan las posibilidades de extorsión, concusión, cohecho, coimas y compra de conciencias.

Lo propio ocurre con la permanente creación de nuevos delitos  o infracciones penales y disciplinarias. Y ello porque, cometidas las faltas y para evitar la cárcel o la sanción, muchos  prefieren comprar a funcionarios y empleados (desde luego, de aquellos que se dejan comprar) que enfrentar los procesos con argumentos jurídicos, alegatos y pruebas. Unos y otros -los que compran y los que venden la conciencia y manipulan las normas- son corruptos.

El espacio de esta columna no nos permite explayarnos en otras muchas causas, entre ellas la palpable y progresiva pérdida de valores, principios y auto control; la búsqueda del dinero fácil; el fatal “efecto demostración”;  la obsesión por el lujo;  el desbarajuste de la moral pública; la contemporización con corruptos y delincuentes dentro del erróneo concepto del “todo vale” con tal de alcanzar los fines buscados.

 

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Por: Jorge Enrique Robledo / @JERobledo.- El martes iré a la Corte Suprema de Justicia a decir que no tengo nada que conciliar con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien debe retractarse de su acusación embaucadora e ilegal. Primero, porque he probado mis acusaciones en su contra, incluidos sus contratos con Navelena-Odebrecht y la Ruta del Sol (Odebrecht y Grupo Aval). Tan cogido se encuentra, que él mismo tuvo que declararse impedido con respecto a Gina Parody por el Conpes 3817 de 2014 para la vía Ocaña-Gamarra, hecho que, en la práctica, me da la razón. 

Pero su bárbara agresión en mi contra se agrava por otras razones. Con su denuncia penal pretende la desproporción antidemocrática de borrarme del mapa, condenándome a ocho años de cárcel, multa de mil millones de pesos, pérdida de la investidura de congresista y no poder ser candidato a la Presidencia. ¿El gravísimo crimen de este senador? Haber demostrado que Martínez Neira no era el fiscal idóneo para establecer la verdad total sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia. Y constituye también un abuso su pretensión de que me juzgue y condene la Corte Suprema de Justicia, la misma que lo eligió Fiscal General y a la que asistirá en la investigación en mi contra el CTI de la Fiscalía, cuerpo bajo las órdenes de Martínez Neira. 

Además, y este argumento prueba que al Fiscal Martínez le importan un pepino la legalidad y los criterios democráticos, al agredirme atropella la inviolabilidad de todos los parlamentarios y partidos por sus opiniones, principio en el que reposa la separación de los poderes y la independencia del Legislativo, es decir, la más elemental idea de la democracia que se supone se practica en Colombia, cuya Constitución establece el deber y el derecho de los congresistas a “ejercer control político sobre el gobierno y la administración” (Art. 114) y que “serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo” (Art. 185). 

Dichos derechos fueron confirmados por la Corte Constitucional en su importante Sentencia de Unificación SU 047 de 1999 (http://bit.ly/2tc5iep), que los valora al máximo al decir que “solo por medio de la figura de la inviolabilidad, es posible que se cumpla el mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar ‘consultando el bien común’, y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas”. 

Tan son pilares de lo democrático estos criterios, que se remontan al inicio de la lucha universal contra todos los despotismos, razón por la cual aparecieron en la Declaración de Derechos de 1689: “Que la libertad de palabra y de debates o de actuaciones en el Parlamento no pueda ser impedida o puesta en cuestión ante tribunal alguno, y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo” y en las Constituciones de Estados Unidos (1787) y Francia (1791): “los Senadores y Representantes (…) no podrán ser objeto de inquisición alguna con motivo de discusión alguna o debate en una de las Cámaras o en ningún otro sitio” y “los representantes de la Nación son inviolables; no podrán ser buscados, acusados ni juzgados por lo que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes”. 

En otro país, esta agresión del Fiscal Martínez contra la democracia, al igual que su papel en el caso Odebrecht y ocultar las razones que lo llevaron a la irresponsabilidad de nombrar a un Fiscal anticorrupción corrupto, lo habrían sacado de su cargo en un instante. Pero en la Colombia aletargada por “los mismos con las mismas” ello no ha ocurrido, como podría no pasar nada tampoco porque el Consejo Electoral y la Fiscalía logren coronar la impunidad por la financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos-Vargas Lleras y Zuluaga-Trujillo. 

La impunidad del Fiscal, incluida la justicia espectáculo en la que actúa como acusador y juez, no sería posible sin el respaldo de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe (Unidad Nacional y Centro Democrático), de su copartidario y candidato Germán Vargas Lleras, del primer banquero de Colombia, de DLA Piper, la mayor trasnacional de abogados del mundo, con José María Aznar entre sus cabezas, y de casi todos los formadores de opinión del país. Nada bueno puede salir, les digo a sus sostenedores, al igual que a los todos los colombianos, de mantener a Néstor Humberto Martínez Neira abusando de tanto poder. 

Bogotá, 14 de julio de 2017

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Por Amylkar D. Acosta M.-Se anuncia por parte del Gobierno la presentación de un proyecto de Ley para reglamentar las consultas que proliferan en este momento en el país, pero ya es tarde, son 7 municipios en los que a través de consultas populares le han dicho no a la actividad extractiva. Según la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) vienen en camino otras 20 iniciativas de convocatorias de consultas a lo largo y ancho del país para prohibir la actividad petrolera en diferentes municipios del país, que pondrían en riesgo la producción de más de 80.000 barriles/diarios e inversiones que se podrían aproximar a los US $5.000 millones.  A estas se vienen a sumar 23 más, tendientes a la prohibición de la actividad minera. 

El trámite de dicho proyecto no es de buen pronóstico, toda vez que las sesiones del Congreso de la República en esta última legislatura que se inicia el 20 de julio estará interferida por el debate electoral, que ya arrancó y por lo tanto se impondrá el ausentismo en sus sesiones. Adicionalmente, por esa misma circunstancia, es dudoso que una mayoría de parlamentarios, en pleno proselitismo electoral para reelegirse, vaya a darse la pela aprobando un proyecto que le ponga cortapisas a las consultas populares, ello sería políticamente incorrecto. Y, para rematar, las leyes que regulen lo relativo a la participación ciudadana tienen carácter estatutario y por ello mismo son objeto de control previo constitucional, circunstancia esta que tardaría aún más su entrada en vigencia, en el evento de ser aprobada. Y mientras tanto a la seguidilla de consultas populares en curso se han venido a sumar los acuerdos municipales a través de los cuales también se ha venido vetando la actividad extractiva, como ya ocurrió en los municipios antioqueños de Támesis y Jericó. 

La otra observación a la bien intencionada iniciativa del Gobierno Nacional es que, si en gracia de discusión llegara a aprobarse dicho proyecto, servirá de muy poco pues esta racha de consultas anunciadas y otras por anunciarse se habrán realizado y estaríamos ya ante hechos cumplidos. Y, como si lo anterior fuera poco, resulta que ahora los concejos municipales han dado en la flor de aprobar mediante acuerdos municipales la prohibición de la actividad extractiva en sus jurisdicciones, de tal modo que cuando se reglamenten las consultas, si es que se reglamentan, el problema ya es otro, la seguidilla de acuerdos municipales en tal sentido, hasta ahora imparables. 

Llama poderosamente la atención el hecho de que quienes promueven tanto las consultas populares como los acuerdos municipales proscribiendo la actividad extractiva en sus territorios no se han detenido a pensar ni a explicar qué otra actividad distinta a esa va a suplirla como fuente generadora de los recursos con los cuales se financian tanto el Presupuesto General de la Nación (24% de sus ingresos corrientes dependen de la actividad extractiva) y de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) los únicos recursos ciertos y casi su única fuente de recursos para financiar sus proyectos de inversión. 

Finalmente, queremos decir que la incertidumbre y la inseguridad jurídica que se ha sembrado con el expediente de las consultas populares y ahora con las decisiones que vienen tomando los consejos municipales, no se limita sólo a la al sector minero y petrolero, puesto que otros sectores como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, están también en ascuas, pues como dice el adagio cuando las barbas de tu vecino veas arder pon a remojar las tuyas. Recordemos que un proyecto muy importante para el Sistema eléctrico a nivel nacional como el de Porce IV se frustró por decisiones de este tenor. Y cuánto no tardó la Estación eléctrica Nueva Esperanza, poniendo en riesgo la confiabilidad, estabilidad y firmeza de la prestación del servicio de energía eléctrica los departamentos de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el Norte del Tolima. Lo propio vienen acaeciendo con las Concesiones de infraestructura de cuarta generación, cuya ejecución se está viendo interferida y diferida, esta vez por cuenta de las consultas previas, que tampoco han sido reglamentadas. 

Ya va siendo hora de propiciar un gran debate en torno a este verdadero tsunami que amenaza con llevarse de calle a la economía nacional y con desarbolar las finanzas públicas, antes de que sea demasiado tarde. Este es un asunto que demanda una Política de Estado y no de gobierno, amén de involucrar en su concepción y estructuración a las organizaciones sociales. Pero, ojo, se tiende a confundir la Política de Estado con el hecho de que se plasme a través de una Ley de la República y eso no es Política de Estado. Esta debe comportar tres prerrequisitos: primero, que las fuerzas políticas comprometidas con la misma dispongan de toda la información pertinente, la cual, además, debe ser fidedigna y confiable. Segundo, todas ellas deben participar activamente del análisis de las directrices y de las decisiones que se derivan de la misma. Y tercero, las fuerzas políticas concurrentes e incumbentes debe de estar, igualmente, comprometidas en las estrategias y acciones que se definan para su implementación. 

Bogotá, julio 15 de 2017 

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Por Mauricio Cabrera Galvis.-Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) el área sembrada de coca en Colombia llegó a 146.000 hectáreas. Es un hecho preocupante, pero debe ser analizado con cuidado para no sacar conclusiones de que al país se lo tomó el narcotráfico como resultado de la debilidad del gobierno y del Acuerdo de Paz con la guerrilla. Algunos hechos para tener en cuenta.

Primero, la causa del aumento de los cultivos ilícitos no es que el gobierno hubiera suspendido las fumigaciones con glifosato, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. La experiencia demostró que esas fumigaciones no sirven para controlar la producción de hoja de coca y solo logran que los cultivos se desplacen a nuevos sitios, aumentando la deforestación.

Entre 2005 y 2007 se fumigaron 470.000 Has. y el área cultivada de coca aumentó de 83.000 a 100.000 Has. entre 2005 y 2014 se fumigaron 1.2 millones de Has., y el área cultivada solo se redujo en 14.000 Has. Dejar de usar glifosato no tuvo la culpa.

Segundo, hay evidentes factores económicos que si explican el aumento de los cultivos ilícitos. Ante todo la devaluación del peso frente al dólar. Al pasar el precio del dólar de $1.800 a $3.000 los cultivos de coca se hacen mucho más rentables pues, según el mismo SIMCI, el precio del kilo de hoja de coca subió 40%. Con un incentivo de estas magnitudes es apenas lógico que aumente la producción.

Oro factor económico ha sido la caída del precio del oro que hizo menos rentable la minería ilegal llevando a que muchos mineros se fueran a cultivar coca. Estudios de Daniel Rico de la Fundacion Ideas para la Paz (FIP) han demostrado la estrecha correlación inversa entre precio del oro y área de cultivos ilícitos. 

Tercero, No es cierto que por el Acuerdo de Paz se haya abandonado la lucha contra el narcotráfico. lo que ha habido es un cambio de estrategia que ya no se concentra contra el campesino cocalero –que es más una víctima que un delincuente- sino contra los otros eslabones de la cadena como los laboratorios de producción de cocaína y los distribuidores. Las mismas Farc están colaborando en esta tarea. Por eso en dos años las incautaciones de cocaína crecieron 156% al pasar de 147 a 378 toneladas, y el número de laboratorios desmantelados en un año pasó de 2.172 a 4.513.

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Por Rodrigo Villalba Mosquera.-Por estrategia de la oposición, con polarización política incluida, y el acostumbrarnos las presentes generaciones por haber vivido siempre alrededor de los efectos de la violencia y el conflicto armado, donde este entorno nos pareciera “normal”, hoy cuando se silencian los fusiles que causaron muerte al entregar las FARC su armamento a la ONU, y dar el paso hacia la inserción en la sociedad, acatando el Estado Social de Derecho, obedeciendo a nuestras instituciones y nuestras autoridades, pareciera como si eso no fuera trascendente, o se tratara de algo marginal, lo que nos lleva hacer un análisis sociológico de nuestro comportamiento, pero por encima de cualquier consideración hay que ser claros, de que el 27 de junio de 2017 la historia de Colombia y el mundo lo recordará  como una  fecha transcendente, y el desarme como un hecho histórico, así muchos lo soslayen. Ese día terminó el conflicto armado más largo del continente y el último del hemisferio occidental, el mismo que en 53 años de lucha armada dejó algo más de siete millones de desplazados, alrededor de 215.000 muertos y cerca de 80.000 desaparecidos.

Las Farc, así no la quieran y contra todos los pronósticos, le cumplieron al país y eso es un hecho innegable. Firmaron el acuerdo de La Habana, se concentraron en las 26 zonas veredales, entregaron las armas y ahora se preparan para saltar a la arena política.

El Gobierno también les ha cumplido.

Los colombianos no podemos ser miopes ni dejarnos contaminar por los que le sacan jugo a la guerra. Es innegable que las Farc en su accionar armado dejó muchas heridas abiertas, pero no podemos seguir en el pasado sino pensar en  las futuras generaciones.

Reconozcamos con regocijo la dejación de las armas, recuperando el optimismo hacia el nacimiento de la Nueva Colombia, donde focalicemos los esfuerzos estratégicos y fiscales y la voluntad política para hacer justicia con las principales víctimas que son los campesinos y el campo colombiano, sinónimo de atraso y de la Colombia profunda, la ruralidad que tiene tantas ventajas comparativas como lo reconoce la FAO, al afirmar que nos  podemos convertir en uno de los siete países proveedores de alimentos frente a las necesidades de consumo de la creciente población del planeta hacia el 2050. Soñemos con un nuevo país plantado de verde esperanza, con agroindustria y una economía llamativa para la inversión, donde caminemos hacia la productividad y competitividad. Si Colombia crece en medio de la guerra cómo no será en condiciones de normalidad. Seriamos una potencia mundial, donde nuestros mayores esfuerzos se lo podamos dedicar a la felicidad de los niños, a la educación de calidad, a lo social. 

Nada es perfecto. Lo único perfecto es la creación divina. Pero vamos en la dirección correcta.

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Por Amylkar D. Acosta M.-La profusión de leyes expedidas y de reformas a la Constitución tienen su costo, pues a través de muchas de ellas se comprometen recursos del Presupuesto General de la Nación y en no pocos casos de los presupuestos de las entidades territoriales. En efecto, muchas de las leyes expedidas al entrar en vigencia conllevan un costo fiscal, en la mayoría de los casos permanente y en otros transitorio, aunque hablando de transitoriedad no hay nada más permanente que las normas transitorias.

El impacto fiscal de estas leyes ha venido creciendo de manera sostenida, las del 2013 le significaron al fisco, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) $372.000 millones, las del 2014 $2.5 billones, las del 2015 $522.000 millones y las del 2016 $3.184.000 millones, de los cuales sólo $384.000 corresponden a gasto temporal, el resto es para cubrir gastos recurrentes, esto es permanentes. Y está por establecerse el costo de las que pasan esta vez a sanción presidencial, de lo que sí podemos estar seguros es que el costo fiscal de las mismas no será inferior a las del año anterior.

Conviene dejar establecido que, de conformidad con la Constitución Política la última palabra en materia de gasto público la tiene el ejecutivo, de modo que todas aquellas iniciativas de los parlamentarios que no cuentan con el aval del Ministro de Hacienda nacen muertas. Este año se presentaron a la consideración del Congreso, a través de las comisiones económicas, 31 proyectos de ley, entre ellos el que sometió a su consideración el Gobierno Nacional para adicionar al Presupuesto General de la Nación de la actual vigencia, con el fin de incorporar el mayor recaudo esperado de la reforma tributaria que se aprobó el año anterior, en un monto de $8.5 billones, el cual fue aprobado sin mayores inconvenientes. También se aprobó el proyecto que reforma el Acto legislativo 05 de 2011, a través del cual se dispone del 7% de la totalidad de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) durante los próximos 20 años para ser invertidos en las zonas del país más afectadas por el conflicto.

Como lo advirtió el Ministro del Interior Guillermo Rivera, el Gobierno va “a objetar aquellas leyes aprobadas con violación del reglamento del Congreso y vamos a poner de presente que toda obligación para el Gobierno derivada de una Ley, debe tener garantizada su financiación”.

Primero fue la Ley 819 de 2003, la que estableció la obligación por parte del Ministerio de Hacienda de presentarle al Congreso de la República a mediados de año el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es como su hoja de ruta, posteriormente, en el 2011 se incorporó a la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal (artículo 334 de la Constitución Política) y, a renglón seguido, se expidió la Ley 1473 de 2011, que consagra la Regla fiscal, que es como una camisa de fuerza que se le impone al gasto público. De allí la advertencia del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en el sentido que “durante el trámite de los proyectos de ley se debe consultar la sostenibilidad de las finanzas públicas, teniendo como referencia las metas fiscales”, que en este momento están fincadas en el propósito de reducir este año el déficit fiscal al 3.3%.

Por esta razón y por haberle negado el aval tanto al proyecto que rebaja las semanas de cotización a pensión a las mujeres que ganen hasta dos salarios mínimos y que cumplan con la edad de 57 años, a la del “tamizaje neonatal y la que incorpora el tratamiento de fertilización al POS, así como al que rebaja del 12% al 4% los aportes de los pensionados a salud, al que se comprometió el Presidente Santos con los pensionados de Colombia durante su campaña, es previsible, como ya se ha anunciado, que sean objetados por parte del ejecutivo, alegando que no hay espacio fiscal para cubrir su financiamiento. En caso dado que sus objeciones sean rechazadas por parte del Congreso de la República, muy seguramente el Gobierno apelará al instrumento que le da la Constitución y la Ley y presentará ante la Corte Constitucional un “incidente de impacto fiscal” contra tales leyes para tumbarlas.

Cayó muy mal entre los parlamentarios las declaraciones del Ministro Cárdenas afirmando que estas son “leyes populistas”, pero más allá de calificar como populistas iniciativas como estas, los reparos del Ministro ponen en evidencia una vez más el aserto según el cual se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa!

Riohacha, julio 8 de 2017 

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Por Juan Manuel Galán.-La pasada cumbre de la Alianza del Pacífico concentró en Cali no solo a dignatarios públicos sino académicos y empresarios, interesados en este nuevo proceso de integración. Muchos de ellos imaginaban su plan de vida a partir de las oportunidades que pudieran salir de esta alianza, otros llevaban nuevas ilusiones de expansión comercial y algunos también traían frustraciones al conocer a fondo las dificultades del emprendimiento en Colombia.

Estos sentimientos y pensamientos encontrados son un llamado de atención. La nueva Alianza no puede verse meramente como una plataforma de integración entre países, sino como una verdadera oportunidad de asociación que nos permita lograr un desarrollo sostenible en la actual coyuntura que nos impone el posconflicto. Para eso, este tipo de alianzas deben partir de la identificación real de fortalezas y debilidades internas con el fin de que el libre comercio y la integración regional, promuevan un crecimiento sostenido e inclusivo. En esta misma línea es fundamental mantener canales de comunicación abiertos con empresarios líderes de la región que generen oportunidades para las empresas de todos los tamaños, sobre todo, para las Mipymes que representan el 99% de las empresas en Colombia.

Dicho de otra manera y de forma concreta, es necesario que esfuerzos como los de la Alianza del Pacífico se traduzcan, por ejemplo, en el establecimiento de un fondo común para financiar Mipymes o en acuerdos de intercambio de conocimiento y personal dirigidos a mejorar la productividad de estas empresas, o en reducciones a barreras del comercio intraregional (aranceles, trámites). 

Mejor aún, es necesario que, desde el más alto nivel se tomen decisiones dirigidas a apoyar la creación de centros de información y clúster comunes entre países para resolver problemas de coordinación y generar cadenas de valor regionales de Mipymes. De esa manera, se puede incrementar el comercio entre sus miembros y con el mundo.

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Por Jairo Gómez.-¿Qué vamos a hacer el día que sepamos la verdad? ¿Usted lo sabe? Yo no, pero lo quiero saber porque creo que es el camino para volvernos un país mejor, mucho mejor. No es bueno para la sociedad colombiana negociar la paz, y hacer como el avestruz: meter la cabeza bajo tierra, como si nada hubiera ocurrido, como si nada hubiera pasado.

La fotografía de esta nueva etapa preocupa mucho a ciertos grupos sociales que no quieren que se sepa la verdad, consecuencia del acuerdo de paz que se negoció. No se puede seguir esgrimiendo el peregrino argumento de que en Colombia “no existió un conflicto interno, sino un ataque terrorista contra la democracia” para desvirtuar el derecho que tiene cada colombiano de conocer qué sucedió y quiénes apadrinaron durante décadas esta abominable confrontación.

Hay quienes insisten en relegar al pabellón del olvido los violentos hechos que mancillaron la democracia colombiana, considerada la más sólida y antigua de América Latina; democracia en la que hubo, en estos 50 años de guerra, además de los cientos de miles de muertos, más de 60.000 desaparecidos, un número superior a los aniquilados en las dictaduras militares de Argentina y Chile juntas.

Por eso, alienta saber que hay cambios en la forma y la sintonía con que la sociedad colombiana y sobre todo las víctimas quieren asumir esta etapa que busca enterrar el horror; no hay argumento sensato que valga para que no se conozca la verdad.

Lo anterior da pie para saludar con positiva incumbencia el acuerdo a que llegaron tres exjefes de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y otros tres miembros del Secretariado de las Farc de comprometerse a contar la verdad de cuanto sucedió en la aterradora confrontación colombiana. Es una catarsis necesaria porque como lo dice el exconstituyente Álvaro Leyva Durán: “El día que los colombianos sepamos toda la verdad de esta guerra, vamos a ser un país mejor”.

Claro, seremos un país mejor por muy duro que resulte develar el evangelio de la guerra. Según se dijo en la cumbre, la cifra que el Centro de Memoria Histórica reveló en su informe ‘Basta Ya‘ de 220.000 muertos producto del conflicto armado, se quedó corta. Se calcula, comentaban, que los muertos producto de la violencia pueden estar cerca del millón. Y no es una cifra fuera de foco si partimos de la inocultable realidad de recordar que muchos cadáveres fueron desmembrados y tirados al río, y de que en muchos casos los cuerpos terminaron en hornos crematorios o enterrados en las agrestes montañas que cobijan al país.

“Nos utilizaron, ahora el país debe saber la verdad”, dijo uno de los contertulios de las AUC tras dejar expuesta la sensación de sentirse traicionado, cuentan algunos testigos de la crucial reunión.

Todo parece indicar que esta es la primera de varias reuniones a realizar en el inmediato futuro y esperan, según lo manifestaron varios de los protagonistas del histórico encuentro, que en las próximas conferencias los exmilitares, implicados en esta atroz violencia, también reciten su versión sobre la guerra. Justamente esa es la intención: contar la verdad sin límites. 

@jairotevi

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Por Amylkar D. Acosta M.-Como se suele decir a menudo coloquialmente, esta sí es la tapa, por no decir el colmo. De ELECTRICARIBE, empresa esta operadora de red de la región Caribe, se sabía hace rato que venía prestando un pésimo servicio de energía eléctrica a sus 2´565.855 usuarios, caracterizado por las continuas y prolongadas interrupciones, por los recurrentes racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento” a las redes, los altibajos en el voltaje y la consiguiente avería de los electrodomésticos y más recientemente los frecuentes amagos de “limitación de suministro”, esto es racionamientos programados por parte del operador de red, XM, por mora e impago de la energía suministrada por los generadores para ella distribuirla, que estuvo a punto de apagar a la región. Se sabía, además, que ELECTRICARIBE, en los 7 años que lleva bajo el control de Gas Natural Fenosa (GNF) no había hecho las inversiones requeridas, lo cual había llevado a la obsolescencia de redes, transformadores, herrajes e instalaciones, lo cual se ha traducido en la calamidad pública que agobia a sus usuarios, convirtiéndose en la empresa más abominada en la región.

Todo eso se sabía, lo que nadie sospechaba es que ELECTRICARIBE, mientras estuvo en manos de GNF, se quedaba con los subsidios al consumo de energía de la población más vulnerable, que se financian con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Sólo ahora, en momentos en los que ELECTRICARIBE, ha estado intervenida con fines de liquidación desde el pasado 15 de noviembre, gracias a la actuación especial por parte de la Contraloría General de la República, se ha podido establecer que “la gestión adelantada por ELECTRICARIBE, respecto a la administración de los recursos FOES es ineficaz, por cuanto no cumplió con el propósito de los recursos y los fines esenciales del Estado al no aplicar la totalidad del beneficio FOES a que tenían derecho usuarios identificados en el cuerpo del informe”. 

El calificativo que le da la Contraloría General de “ineficaz”  a la administración de los recursos FOES nos parece demasiado eufemístico y veamos por qué. Primero, expliquemos qué es el FOES. El Fondo de Energía Social (FOES) fue creado mediante el artículo 118 de la Ley 812 de 2003, como un Fondo especial del orden nacional, el cual se alimentaba inicialmente del 80% de las llamadas “rentas de congestión” y sus recursos tienen como destinación específica el descuento de hasta $40 por kilovatio-hora, que posteriormente se incremento a $46 del consumo de subsistencia establecido por la UPME de la energía facturada a los usuarios ubicados en las zonas de difícil acceso, áreas rurales de menor desarrollo y en zonas subnormales urbanas. Es de anotar que, por las características peculiares del mercado al cual sirve ELECTRICARIBE, más del 80% de los mismos se asignan a través de esta empresa. Huelga decir, que los recursos del FOES son públicos y con ellos se pagan por parte de la Nación los subsidios  a las personas de menores ingresos, para que estas “puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios”, en este caso el de la energía eléctrica, tal como lo dispone el artículo 368 de la Constitución Política. 

El Ministerio de Hacienda le gira al Operador, en este caso a ELECTRICARIBE, para que esta le traslade y le aplique el beneficio a los usuarios que son objeto del mismo y el valor del subsidio se debe reflejar en la factura del usuario a manera de un descuento, “como un menor valor a pagar” por parte del mismo. Y aquí fue donde saltó la liebre. Se quedó corta la Contraloría cuando al término de su auditoría termina calificando de “incorrecta aplicación del subsidio FOES”, pues lo que realmente sucedió, dicho en buen romance, fue que de los $46 sólo se le abonaron a los usuarios $0.46 (¡!), o sea, que se quedaron con el 99% del monto de los subsidios que le giró el Ministerio de Hacienda, que ascienden, aproximadamente a la suma de $4.000 millones/mes. 

Después del análisis efectuado por parte de la Contraloría General, esta arrojó como resultado un “hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517,59 millones para las vigencias 2015 y 2016”. Y como esta práctica tan detestable como descarada por parte de ELECTRICARIBE, de quitarle a los más pobres de los pobres “para enjugar parte de sus pérdidas” era consuetudinaria, desde 2012 según la Superintendencia de Servicios Públicos, está por establecerse cuánto se embolsillaron en los años anteriores a estos.

Esto es escandaloso y no deja de ser irónico que los señores de GNF, que llevaron al Estado colombiano hasta un Tribunal de Arbitramento Internacional para dirimir la controversia que planteó, alegando que se les está expropiando, cuando en realidad son ellos los que se han venido apropiando de recursos que no son suyos, los cuales tendrán que reintegrar y de paso tendrán que resarcir a sus resignados usuarios, que fueron esquilmados por ella. Increíble, pero cierto, ha terminado el Estado subsidiando a GNF, porque los recursos del FOES han ido a parar a sus faltriquera, en lugar de aliviar el costo de la factura a sus usuarios de más bajos ingresos, como lo manda la Constitución y la Ley.  Su avilantez no conoce limites! 

Bogotá, julio 21 de 2017

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Por Felicia Saturno Hartt.- El 2018 es un año clave para muchos países de América Latina, en un contexto signado por la corrupción, la tendencias autoritarias y una creciente desigualdad y exclusión.

Las diferentes crisis financieras han generado una realidad oculta. Puede crecer el PIB, las cifras de consumo e incluso industrias tan exigentes como el turismo, pero existen unas cifras disimuladas en los documentos que hablan de recuperación.

La pobreza, la desigualdad y la exclusión caminan por la calle, van al mercado, alejan a los niños y adolescentes de los centros educativos y al pensionado de la atención pagada a los sistemas de salud, entre otras muchas evidencias.

La realidad de la pobreza y de sus generadoras, la desigualdad y la exclusión, es visible, porque ya no son pobres solo los de escasos recursos, sino aquellos que han visto menguado sus ingresos por la crisis financiera, los que han perdido sus empleos y aquellos (o todos) los que sus entradas económicas no pueden equipararse a las reformas tributarias.

Para muchos políticos de oficio o de beneficio, el tema de la pobreza es complicado. Indudablemente lo es. Sobre todo porque la gente ya no cree en el voto. Las continuas imágenes del peculado, la corrupción, el tráfico de influencias y las decisiones políticas tomadas o no, hacen más escéptico al elector promedio.

La pobreza es, definitivamente, en la Agenda Política de América Latina, un desafío en la defensa de los DD.HH. Es una cuestión de estado, el académico y exacto término político de O´Donnell, quieran o no, porque ya no es maquillable, ya no es ocultable y mucho menos aprovechable en términos estadísticos.

La pobreza tiene mil caras y los políticos que quieran asumir cargos dirigentes, directivos y de representación tienen, por ética y por estrategia, no sólo que contratar a los que les pulen la imagen, sino aquellos profesionales que afinen sus propuestas a la realidad de los espacios humanos donde les toca vivir y gobernar.

Tan auditable como un programa financiero, es un programa de inclusión social, o educativo o de pensiones. Queda ir más allá de la oferta imposible al abordaje de la realidad cotidiana de la gente.

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Por: José Gregorio Hernández.-  En Colombia y en otros países se corrompió la sal, y la sociedad se pregunta el porqué del auge de este cáncer, que en los últimos años se ha extendido de manera alarmante y que golpea fuertemente no solo a las ramas y órganos del poder público en todos los niveles sino al sector privado.

Es urgente que se adelanten al respecto, y con toda seriedad y sinceridad, los debates a que haya lugar, y poner en práctica mecanismos efectivos que permitan, en el más corto plazo sanear las costumbres, reparar los muchos daños ya causados y sobre todo, prevenir. Un examen de conciencia colectivo, en busca de razones, causas y correctivos, en los diferentes ámbitos de la vida social.

Erradicar las distintas modalidades de corrupción y castigar con rigor a los corruptos, son hoy imperativos ineludibles, en especial para gobiernos, jueces, fiscales  y órganos de control, para no seguirnos moviendo indefinidamente en un mar de suciedad y delincuencia.

La corrupción no es nueva -al punto de haber derribado imperios-, aunque renovadas modalidades de ella han surgido y se han desarrollado en la vida moderna, y por paradoja, al amparo o por mal diseño de los controles legislativos y judiciales, o  por indebido aprovechamiento de los sistemas jurídicos que proclaman y propician la efectividad de derechos y libertades.

No es extraño que ordenamientos legales que buscan supervisar el cumplimiento de normas vigentes, por ejemplo en materia de tributos en los mismos procedimientos que buscan esclarecer los hechos en casos de delitos o contravenciones, se presten -infortunadamente- para lo contrario, y estimulen las prácticas corruptas. Acabamos de ver,  en Colombia, cómo funcionarios designados en cargos con gran poder, justamente  para perseguir y sancionar la corrupción,  han caído -y de qué manera-  en ella, aprovechando y pervirtiendo esos mismos poderes que les fueron otorgados.

Disposiciones establecidas en las reformas tributarias de marcada orientación fiscalista y sancionatoria, que desesperan a los contribuyentes y dotan de amplias facultades y gran credibilidad a visitadores, inspectores y contralores,  multiplican las causas de corrupción porque abren o incrementan las posibilidades de extorsión, concusión, cohecho, coimas y compra de conciencias.

Lo propio ocurre con la permanente creación de nuevos delitos  o infracciones penales y disciplinarias. Y ello porque, cometidas las faltas y para evitar la cárcel o la sanción, muchos  prefieren comprar a funcionarios y empleados (desde luego, de aquellos que se dejan comprar) que enfrentar los procesos con argumentos jurídicos, alegatos y pruebas. Unos y otros -los que compran y los que venden la conciencia y manipulan las normas- son corruptos.

El espacio de esta columna no nos permite explayarnos en otras muchas causas, entre ellas la palpable y progresiva pérdida de valores, principios y auto control; la búsqueda del dinero fácil; el fatal “efecto demostración”;  la obsesión por el lujo;  el desbarajuste de la moral pública; la contemporización con corruptos y delincuentes dentro del erróneo concepto del “todo vale” con tal de alcanzar los fines buscados.

 

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Por: Jorge Enrique Robledo / @JERobledo.- El martes iré a la Corte Suprema de Justicia a decir que no tengo nada que conciliar con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien debe retractarse de su acusación embaucadora e ilegal. Primero, porque he probado mis acusaciones en su contra, incluidos sus contratos con Navelena-Odebrecht y la Ruta del Sol (Odebrecht y Grupo Aval). Tan cogido se encuentra, que él mismo tuvo que declararse impedido con respecto a Gina Parody por el Conpes 3817 de 2014 para la vía Ocaña-Gamarra, hecho que, en la práctica, me da la razón. 

Pero su bárbara agresión en mi contra se agrava por otras razones. Con su denuncia penal pretende la desproporción antidemocrática de borrarme del mapa, condenándome a ocho años de cárcel, multa de mil millones de pesos, pérdida de la investidura de congresista y no poder ser candidato a la Presidencia. ¿El gravísimo crimen de este senador? Haber demostrado que Martínez Neira no era el fiscal idóneo para establecer la verdad total sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia. Y constituye también un abuso su pretensión de que me juzgue y condene la Corte Suprema de Justicia, la misma que lo eligió Fiscal General y a la que asistirá en la investigación en mi contra el CTI de la Fiscalía, cuerpo bajo las órdenes de Martínez Neira. 

Además, y este argumento prueba que al Fiscal Martínez le importan un pepino la legalidad y los criterios democráticos, al agredirme atropella la inviolabilidad de todos los parlamentarios y partidos por sus opiniones, principio en el que reposa la separación de los poderes y la independencia del Legislativo, es decir, la más elemental idea de la democracia que se supone se practica en Colombia, cuya Constitución establece el deber y el derecho de los congresistas a “ejercer control político sobre el gobierno y la administración” (Art. 114) y que “serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo” (Art. 185). 

Dichos derechos fueron confirmados por la Corte Constitucional en su importante Sentencia de Unificación SU 047 de 1999 (http://bit.ly/2tc5iep), que los valora al máximo al decir que “solo por medio de la figura de la inviolabilidad, es posible que se cumpla el mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar ‘consultando el bien común’, y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas”. 

Tan son pilares de lo democrático estos criterios, que se remontan al inicio de la lucha universal contra todos los despotismos, razón por la cual aparecieron en la Declaración de Derechos de 1689: “Que la libertad de palabra y de debates o de actuaciones en el Parlamento no pueda ser impedida o puesta en cuestión ante tribunal alguno, y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo” y en las Constituciones de Estados Unidos (1787) y Francia (1791): “los Senadores y Representantes (…) no podrán ser objeto de inquisición alguna con motivo de discusión alguna o debate en una de las Cámaras o en ningún otro sitio” y “los representantes de la Nación son inviolables; no podrán ser buscados, acusados ni juzgados por lo que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes”. 

En otro país, esta agresión del Fiscal Martínez contra la democracia, al igual que su papel en el caso Odebrecht y ocultar las razones que lo llevaron a la irresponsabilidad de nombrar a un Fiscal anticorrupción corrupto, lo habrían sacado de su cargo en un instante. Pero en la Colombia aletargada por “los mismos con las mismas” ello no ha ocurrido, como podría no pasar nada tampoco porque el Consejo Electoral y la Fiscalía logren coronar la impunidad por la financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos-Vargas Lleras y Zuluaga-Trujillo. 

La impunidad del Fiscal, incluida la justicia espectáculo en la que actúa como acusador y juez, no sería posible sin el respaldo de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe (Unidad Nacional y Centro Democrático), de su copartidario y candidato Germán Vargas Lleras, del primer banquero de Colombia, de DLA Piper, la mayor trasnacional de abogados del mundo, con José María Aznar entre sus cabezas, y de casi todos los formadores de opinión del país. Nada bueno puede salir, les digo a sus sostenedores, al igual que a los todos los colombianos, de mantener a Néstor Humberto Martínez Neira abusando de tanto poder. 

Bogotá, 14 de julio de 2017

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Por Amylkar D. Acosta M.-Se anuncia por parte del Gobierno la presentación de un proyecto de Ley para reglamentar las consultas que proliferan en este momento en el país, pero ya es tarde, son 7 municipios en los que a través de consultas populares le han dicho no a la actividad extractiva. Según la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) vienen en camino otras 20 iniciativas de convocatorias de consultas a lo largo y ancho del país para prohibir la actividad petrolera en diferentes municipios del país, que pondrían en riesgo la producción de más de 80.000 barriles/diarios e inversiones que se podrían aproximar a los US $5.000 millones.  A estas se vienen a sumar 23 más, tendientes a la prohibición de la actividad minera. 

El trámite de dicho proyecto no es de buen pronóstico, toda vez que las sesiones del Congreso de la República en esta última legislatura que se inicia el 20 de julio estará interferida por el debate electoral, que ya arrancó y por lo tanto se impondrá el ausentismo en sus sesiones. Adicionalmente, por esa misma circunstancia, es dudoso que una mayoría de parlamentarios, en pleno proselitismo electoral para reelegirse, vaya a darse la pela aprobando un proyecto que le ponga cortapisas a las consultas populares, ello sería políticamente incorrecto. Y, para rematar, las leyes que regulen lo relativo a la participación ciudadana tienen carácter estatutario y por ello mismo son objeto de control previo constitucional, circunstancia esta que tardaría aún más su entrada en vigencia, en el evento de ser aprobada. Y mientras tanto a la seguidilla de consultas populares en curso se han venido a sumar los acuerdos municipales a través de los cuales también se ha venido vetando la actividad extractiva, como ya ocurrió en los municipios antioqueños de Támesis y Jericó. 

La otra observación a la bien intencionada iniciativa del Gobierno Nacional es que, si en gracia de discusión llegara a aprobarse dicho proyecto, servirá de muy poco pues esta racha de consultas anunciadas y otras por anunciarse se habrán realizado y estaríamos ya ante hechos cumplidos. Y, como si lo anterior fuera poco, resulta que ahora los concejos municipales han dado en la flor de aprobar mediante acuerdos municipales la prohibición de la actividad extractiva en sus jurisdicciones, de tal modo que cuando se reglamenten las consultas, si es que se reglamentan, el problema ya es otro, la seguidilla de acuerdos municipales en tal sentido, hasta ahora imparables. 

Llama poderosamente la atención el hecho de que quienes promueven tanto las consultas populares como los acuerdos municipales proscribiendo la actividad extractiva en sus territorios no se han detenido a pensar ni a explicar qué otra actividad distinta a esa va a suplirla como fuente generadora de los recursos con los cuales se financian tanto el Presupuesto General de la Nación (24% de sus ingresos corrientes dependen de la actividad extractiva) y de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) los únicos recursos ciertos y casi su única fuente de recursos para financiar sus proyectos de inversión. 

Finalmente, queremos decir que la incertidumbre y la inseguridad jurídica que se ha sembrado con el expediente de las consultas populares y ahora con las decisiones que vienen tomando los consejos municipales, no se limita sólo a la al sector minero y petrolero, puesto que otros sectores como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, están también en ascuas, pues como dice el adagio cuando las barbas de tu vecino veas arder pon a remojar las tuyas. Recordemos que un proyecto muy importante para el Sistema eléctrico a nivel nacional como el de Porce IV se frustró por decisiones de este tenor. Y cuánto no tardó la Estación eléctrica Nueva Esperanza, poniendo en riesgo la confiabilidad, estabilidad y firmeza de la prestación del servicio de energía eléctrica los departamentos de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el Norte del Tolima. Lo propio vienen acaeciendo con las Concesiones de infraestructura de cuarta generación, cuya ejecución se está viendo interferida y diferida, esta vez por cuenta de las consultas previas, que tampoco han sido reglamentadas. 

Ya va siendo hora de propiciar un gran debate en torno a este verdadero tsunami que amenaza con llevarse de calle a la economía nacional y con desarbolar las finanzas públicas, antes de que sea demasiado tarde. Este es un asunto que demanda una Política de Estado y no de gobierno, amén de involucrar en su concepción y estructuración a las organizaciones sociales. Pero, ojo, se tiende a confundir la Política de Estado con el hecho de que se plasme a través de una Ley de la República y eso no es Política de Estado. Esta debe comportar tres prerrequisitos: primero, que las fuerzas políticas comprometidas con la misma dispongan de toda la información pertinente, la cual, además, debe ser fidedigna y confiable. Segundo, todas ellas deben participar activamente del análisis de las directrices y de las decisiones que se derivan de la misma. Y tercero, las fuerzas políticas concurrentes e incumbentes debe de estar, igualmente, comprometidas en las estrategias y acciones que se definan para su implementación. 

Bogotá, julio 15 de 2017 

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Por Mauricio Cabrera Galvis.-Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) el área sembrada de coca en Colombia llegó a 146.000 hectáreas. Es un hecho preocupante, pero debe ser analizado con cuidado para no sacar conclusiones de que al país se lo tomó el narcotráfico como resultado de la debilidad del gobierno y del Acuerdo de Paz con la guerrilla. Algunos hechos para tener en cuenta.

Primero, la causa del aumento de los cultivos ilícitos no es que el gobierno hubiera suspendido las fumigaciones con glifosato, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. La experiencia demostró que esas fumigaciones no sirven para controlar la producción de hoja de coca y solo logran que los cultivos se desplacen a nuevos sitios, aumentando la deforestación.

Entre 2005 y 2007 se fumigaron 470.000 Has. y el área cultivada de coca aumentó de 83.000 a 100.000 Has. entre 2005 y 2014 se fumigaron 1.2 millones de Has., y el área cultivada solo se redujo en 14.000 Has. Dejar de usar glifosato no tuvo la culpa.

Segundo, hay evidentes factores económicos que si explican el aumento de los cultivos ilícitos. Ante todo la devaluación del peso frente al dólar. Al pasar el precio del dólar de $1.800 a $3.000 los cultivos de coca se hacen mucho más rentables pues, según el mismo SIMCI, el precio del kilo de hoja de coca subió 40%. Con un incentivo de estas magnitudes es apenas lógico que aumente la producción.

Oro factor económico ha sido la caída del precio del oro que hizo menos rentable la minería ilegal llevando a que muchos mineros se fueran a cultivar coca. Estudios de Daniel Rico de la Fundacion Ideas para la Paz (FIP) han demostrado la estrecha correlación inversa entre precio del oro y área de cultivos ilícitos. 

Tercero, No es cierto que por el Acuerdo de Paz se haya abandonado la lucha contra el narcotráfico. lo que ha habido es un cambio de estrategia que ya no se concentra contra el campesino cocalero –que es más una víctima que un delincuente- sino contra los otros eslabones de la cadena como los laboratorios de producción de cocaína y los distribuidores. Las mismas Farc están colaborando en esta tarea. Por eso en dos años las incautaciones de cocaína crecieron 156% al pasar de 147 a 378 toneladas, y el número de laboratorios desmantelados en un año pasó de 2.172 a 4.513.

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Por Rodrigo Villalba Mosquera.-Por estrategia de la oposición, con polarización política incluida, y el acostumbrarnos las presentes generaciones por haber vivido siempre alrededor de los efectos de la violencia y el conflicto armado, donde este entorno nos pareciera “normal”, hoy cuando se silencian los fusiles que causaron muerte al entregar las FARC su armamento a la ONU, y dar el paso hacia la inserción en la sociedad, acatando el Estado Social de Derecho, obedeciendo a nuestras instituciones y nuestras autoridades, pareciera como si eso no fuera trascendente, o se tratara de algo marginal, lo que nos lleva hacer un análisis sociológico de nuestro comportamiento, pero por encima de cualquier consideración hay que ser claros, de que el 27 de junio de 2017 la historia de Colombia y el mundo lo recordará  como una  fecha transcendente, y el desarme como un hecho histórico, así muchos lo soslayen. Ese día terminó el conflicto armado más largo del continente y el último del hemisferio occidental, el mismo que en 53 años de lucha armada dejó algo más de siete millones de desplazados, alrededor de 215.000 muertos y cerca de 80.000 desaparecidos.

Las Farc, así no la quieran y contra todos los pronósticos, le cumplieron al país y eso es un hecho innegable. Firmaron el acuerdo de La Habana, se concentraron en las 26 zonas veredales, entregaron las armas y ahora se preparan para saltar a la arena política.

El Gobierno también les ha cumplido.

Los colombianos no podemos ser miopes ni dejarnos contaminar por los que le sacan jugo a la guerra. Es innegable que las Farc en su accionar armado dejó muchas heridas abiertas, pero no podemos seguir en el pasado sino pensar en  las futuras generaciones.

Reconozcamos con regocijo la dejación de las armas, recuperando el optimismo hacia el nacimiento de la Nueva Colombia, donde focalicemos los esfuerzos estratégicos y fiscales y la voluntad política para hacer justicia con las principales víctimas que son los campesinos y el campo colombiano, sinónimo de atraso y de la Colombia profunda, la ruralidad que tiene tantas ventajas comparativas como lo reconoce la FAO, al afirmar que nos  podemos convertir en uno de los siete países proveedores de alimentos frente a las necesidades de consumo de la creciente población del planeta hacia el 2050. Soñemos con un nuevo país plantado de verde esperanza, con agroindustria y una economía llamativa para la inversión, donde caminemos hacia la productividad y competitividad. Si Colombia crece en medio de la guerra cómo no será en condiciones de normalidad. Seriamos una potencia mundial, donde nuestros mayores esfuerzos se lo podamos dedicar a la felicidad de los niños, a la educación de calidad, a lo social. 

Nada es perfecto. Lo único perfecto es la creación divina. Pero vamos en la dirección correcta.

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Por Amylkar D. Acosta M.-La profusión de leyes expedidas y de reformas a la Constitución tienen su costo, pues a través de muchas de ellas se comprometen recursos del Presupuesto General de la Nación y en no pocos casos de los presupuestos de las entidades territoriales. En efecto, muchas de las leyes expedidas al entrar en vigencia conllevan un costo fiscal, en la mayoría de los casos permanente y en otros transitorio, aunque hablando de transitoriedad no hay nada más permanente que las normas transitorias.

El impacto fiscal de estas leyes ha venido creciendo de manera sostenida, las del 2013 le significaron al fisco, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) $372.000 millones, las del 2014 $2.5 billones, las del 2015 $522.000 millones y las del 2016 $3.184.000 millones, de los cuales sólo $384.000 corresponden a gasto temporal, el resto es para cubrir gastos recurrentes, esto es permanentes. Y está por establecerse el costo de las que pasan esta vez a sanción presidencial, de lo que sí podemos estar seguros es que el costo fiscal de las mismas no será inferior a las del año anterior.

Conviene dejar establecido que, de conformidad con la Constitución Política la última palabra en materia de gasto público la tiene el ejecutivo, de modo que todas aquellas iniciativas de los parlamentarios que no cuentan con el aval del Ministro de Hacienda nacen muertas. Este año se presentaron a la consideración del Congreso, a través de las comisiones económicas, 31 proyectos de ley, entre ellos el que sometió a su consideración el Gobierno Nacional para adicionar al Presupuesto General de la Nación de la actual vigencia, con el fin de incorporar el mayor recaudo esperado de la reforma tributaria que se aprobó el año anterior, en un monto de $8.5 billones, el cual fue aprobado sin mayores inconvenientes. También se aprobó el proyecto que reforma el Acto legislativo 05 de 2011, a través del cual se dispone del 7% de la totalidad de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) durante los próximos 20 años para ser invertidos en las zonas del país más afectadas por el conflicto.

Como lo advirtió el Ministro del Interior Guillermo Rivera, el Gobierno va “a objetar aquellas leyes aprobadas con violación del reglamento del Congreso y vamos a poner de presente que toda obligación para el Gobierno derivada de una Ley, debe tener garantizada su financiación”.

Primero fue la Ley 819 de 2003, la que estableció la obligación por parte del Ministerio de Hacienda de presentarle al Congreso de la República a mediados de año el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es como su hoja de ruta, posteriormente, en el 2011 se incorporó a la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal (artículo 334 de la Constitución Política) y, a renglón seguido, se expidió la Ley 1473 de 2011, que consagra la Regla fiscal, que es como una camisa de fuerza que se le impone al gasto público. De allí la advertencia del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en el sentido que “durante el trámite de los proyectos de ley se debe consultar la sostenibilidad de las finanzas públicas, teniendo como referencia las metas fiscales”, que en este momento están fincadas en el propósito de reducir este año el déficit fiscal al 3.3%.

Por esta razón y por haberle negado el aval tanto al proyecto que rebaja las semanas de cotización a pensión a las mujeres que ganen hasta dos salarios mínimos y que cumplan con la edad de 57 años, a la del “tamizaje neonatal y la que incorpora el tratamiento de fertilización al POS, así como al que rebaja del 12% al 4% los aportes de los pensionados a salud, al que se comprometió el Presidente Santos con los pensionados de Colombia durante su campaña, es previsible, como ya se ha anunciado, que sean objetados por parte del ejecutivo, alegando que no hay espacio fiscal para cubrir su financiamiento. En caso dado que sus objeciones sean rechazadas por parte del Congreso de la República, muy seguramente el Gobierno apelará al instrumento que le da la Constitución y la Ley y presentará ante la Corte Constitucional un “incidente de impacto fiscal” contra tales leyes para tumbarlas.

Cayó muy mal entre los parlamentarios las declaraciones del Ministro Cárdenas afirmando que estas son “leyes populistas”, pero más allá de calificar como populistas iniciativas como estas, los reparos del Ministro ponen en evidencia una vez más el aserto según el cual se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa!

Riohacha, julio 8 de 2017 

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Por Juan Manuel Galán.-La pasada cumbre de la Alianza del Pacífico concentró en Cali no solo a dignatarios públicos sino académicos y empresarios, interesados en este nuevo proceso de integración. Muchos de ellos imaginaban su plan de vida a partir de las oportunidades que pudieran salir de esta alianza, otros llevaban nuevas ilusiones de expansión comercial y algunos también traían frustraciones al conocer a fondo las dificultades del emprendimiento en Colombia.

Estos sentimientos y pensamientos encontrados son un llamado de atención. La nueva Alianza no puede verse meramente como una plataforma de integración entre países, sino como una verdadera oportunidad de asociación que nos permita lograr un desarrollo sostenible en la actual coyuntura que nos impone el posconflicto. Para eso, este tipo de alianzas deben partir de la identificación real de fortalezas y debilidades internas con el fin de que el libre comercio y la integración regional, promuevan un crecimiento sostenido e inclusivo. En esta misma línea es fundamental mantener canales de comunicación abiertos con empresarios líderes de la región que generen oportunidades para las empresas de todos los tamaños, sobre todo, para las Mipymes que representan el 99% de las empresas en Colombia.

Dicho de otra manera y de forma concreta, es necesario que esfuerzos como los de la Alianza del Pacífico se traduzcan, por ejemplo, en el establecimiento de un fondo común para financiar Mipymes o en acuerdos de intercambio de conocimiento y personal dirigidos a mejorar la productividad de estas empresas, o en reducciones a barreras del comercio intraregional (aranceles, trámites). 

Mejor aún, es necesario que, desde el más alto nivel se tomen decisiones dirigidas a apoyar la creación de centros de información y clúster comunes entre países para resolver problemas de coordinación y generar cadenas de valor regionales de Mipymes. De esa manera, se puede incrementar el comercio entre sus miembros y con el mundo.

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