Por Luis Fernando Rosas Londoño.- Gracias a la Representante a la Cámara  María Fernanda Cabal, los Senadores  Alfredo Ramos, Paola Holguín, Paloma Valencia y el Concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez,  la demanda impetrada por ellos sobre el plebiscito, le entrega oxigeno más al gobierno que a la oposición; dicen los demandantes: “La pregunta no fue clara, fue compuesta, sugestiva y confusa”.

Queda claro, que nunca pensó  el Gobierno en perder el plebiscito y sí que menos la oposición, que es diversa, en ganarlo; pero estos resultados  servirán para encauzar aún más el éxito de las negociaciones por difíciles que parezcan. Lo que observo es que los demandantes se “autodestruyeron con dicha acción” ni el Gobierno estaba preparado para perderlo y la oposición ni se imaginaba ganarlo.

Se le apareció la “Virgen del Carmen” al gobierno con la demanda del Centro Democrático ya que por competencia la Corte Constitucional debe estudiarla y respondernos rápidamente a los colombianos pues esta por norma  no se puede retirar.

El primer error en su presentación fue que se hizo ante el Consejo de Estado y por competencia es de la Corte Constitucional, por ser de control especial, además esta es una acción pública, cuando es sobre la validez de un mecanismo de participación no se puede retirar ni desistir ya que una vez iniciado su estudio debe terminarse. Lo que en conclusión por sustracción de materia la pregunta que convocó al plebiscito y que fue demandado por el Centro Democrático se debe caer, se queda sin peso legal por la demanda instaurada por los Congresistas y el  Concejal este último en conversaciones para pertenecer a este partido.

Comete un error la Congresista Cabal   al pretender retirar su demanda en contra del decreto que estableció la pregunta del plebiscito por la Paz, ya lo explique pero lo repito, no se puede retirar porque es una acción pública y la Corte Constitucional debe estudiarla a fondo. Al caerse el decreto, con su pregunta en términos legales, me cuestiono que debió haber hecho el Centro Democrático?

Por diferentes voces, hace tiempo, el propio Presidente Juan Manuel Santos los invitó a dialogar, se debe recordar la carta del paisano Timochenko al Ex Presidente Uribe, las múltiples invitaciones de voceros autorizados al Centro Democrático hasta este humilde columnista renunció a un cargo en Bogotá, la dirección del Instituto Distrital de Turismo, con la tesis “La Paz es Con Uribe”, pero fue tal la brutalidad política que por invitarlos y para “blindar” la paz desde la sociedad civil si ganaba Zuluaga, lo único que recibí fue señalamientos por hablar de Paz.

¡Es lógico, como muchos no saben “leer el vuelo de las aves”!

En conclusión llegó la hora de la Paz y todos los Colombianos rodeamos la decisión que asuma el Presidente Juan Manuel Santos, es una negociación entre él y las Farc. La Constitución le entrega todo, bienvenidos los aportes del No pero jamás sobre la base de no elegibilidad ni cárcel, en ningún proceso de resolución de un conflicto se actúa con odio y revanchismo. Además se hace urgente que salidas como un segundo plebiscito, y hasta una Asamblea Nacional Constituyente no se descarten, todo ello teniendo como soporte la demanda del Centro Democrático a la pregunta del plebiscito….

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Por Jorge Enrique Robledo.- Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, decía que las reformas tributarias eran el arte de desplumar al ganso sin que chillara demasiado. Y en eso andan Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas, intentando dejar a los sectores populares y a las clases medias sin una pluma, pero que a punta de demagogia les queden agradecidos, mientras que a las trasnacionales, a los superricos del mundo, les reducirán los impuestos, haciendo de su reforma la peor que pueda concebirse.

La reforma tiene tres pilares. Primero. Aumenta los impuestos indirectos en nueve billones de pesos –IVA, consumo, combustibles y bebidas azucaradas–, que, como se sabe, golpean muy duro a los sectores populares y a las clases medias y nada a los magnates, con este agravante: es falso que los impuestos nacionales los paguen solo las trasnacionales y unas pocas empresas más. Porque el cincuenta por ciento lo aportan los indirectos, contando a los citados y al cuatro por mil y los aranceles, y otra gran parte corre por cuenta de la clase media empresarial, los trabajadores por cuenta propia y los empleados. El carácter regresivo de los impuestos indirectos no ofrece dudas. Porque castigan por igual al que tiene mucho que al que tiene bastante menos o casi nada y porque casi todos los ciudadanos son pobres y clases medias, en tanto hay poquísimos Carlos Slim y Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Segundo. También castigará más a la clase media el monoimpuesto a los tenderos, que se cobre retención en la fuente a partir de los 1.5 millones de pesos y reducir de 3.4 a 2.7 millones los ingresos mensuales desde los que se tiene que declarar renta, para poner a tributar más a otras 500 mil familias.

Tercero. En contraste, el impuesto de renta disminuirá en 1.89 billones de pesos –y eso que aumenta el de la clase media–, porque, principalmente, a los más poderosos, trasnacionales y banqueros, se los reduce de 43 a 32 por ciento. Y enfatizo en estos porque a las empresas pequeñas y medianas apenas les baja del 34 al 32 por ciento, cuando deberían pagar una tasa bastante menor que las enormes. El carácter regresivo de la tributación colombiana no lo define solo el peso de los impuestos indirectos en el total sino que el Gini de empresas sea altísimo, 0.82 –el de personas es 0.53–, y que todas paguen igual tasa de renta, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se escalonan según las ganancias, entre el 15 y el 39 por ciento (Dian. Lo nuevo que se pagará por sectores 2017-2022: http://bit.ly/2dHAXjc).

Lo muy regresivo de la reforma y que la ordene la OCDE no significa una coincidencia. Porque su principal objetivo es servirles a las trasnacionales, empezando por las norteamericanas y europeas.

Coletilla larga: No digo que el estrellón de la Unidad Nacional y el Centro Democrático por el proceso de paz obedezca a un acuerdo, pero que parece, parece, en razón de que políticamente les conviene a las dos fuerzas que aspiran a repartirse a Colombia, y lo hacen con tanta agresividad que obligan a pensar en la confrontación liberal-conservadora de hace décadas, cuando a cada colombiano, enceguecido por los odios que le inyectaron desde arriba, lo obligaron a ser liberal o conservador, mientras que sus jefes políticos promovían en el país el mismo pésimo modelo económico, social y político.

¿Cómo no tener presente que Santos y Uribe, con sus aliados y coroneles políticos, por 26 años, han compartido el poder y se han acordado en todo lo negativo para el país –neoliberalismo, apertura, privatizaciones, TLC, Consenso de Washington, etc.–, pero no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cómo desarmar a las Farc, algo que sin duda nos conviene a cada uno de los colombianos? ¿O cómo olvidar que Santos fue ministro de Pastrana, que a Santos I lo escogió Uribe y que a Alejandro Ordóñez lo eligieron primero los uribistas y luego los santistas, así como que los dos trabajaron con Montealegre y respaldan al fiscal Martínez? ¿Y no es cierto que con suma frecuencia un congresista santista es un ex uribista? Quien se deje obnubilar por cualquier tema, por noble que lo considere, en este caso propicia que Colombia se quede anclada en una situación indeseable (http://bit.ly/2f0wHNZ).

Bogotá, 21 de octubre de 2016.

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Por Amylkar D Acosta M.-De acuerdo con el más reciente Informe sobre el desempeño fiscal de los departamentos sus ingresos propios alcanzaron los $8,1 billones en 2015, de los cuales $6,7 billones corresponden a ingresos tributarios y $1,4 a ingresos no tributarios. Por su parte los ingresos tributarios tuvieron una dinámica importante, con un crecimiento real cercano al 13,6% de 2012 a 2015. No obstante, este crecimiento se basó en un aumento generalizado de las estampillas, que pasaron a convertirse en el segundo ingreso más importante de los departamentos con un recaudo de $1,1 billones en 2015. En contraposición, tanto el recaudo del impuesto al consumo de licores como de cigarrillos, tuvo un retroceso en términos reales cercano al 14%, afectado principalmente por el contrabando.

La evidencia en la ejecución de ingresos tributarios de los departamentos, muestra una estructura tributaria agotada, poco representativa y de bajo crecimiento, que busca opciones de expansión en gravámenes como las estampillas, que son considerados antitécnicos y que significan en sí una reasignación del gasto más que un ingreso, porque es pasar dinero de un bolsillo para el otro. Esto hace pensar en la pertinencia de una modernización de los impuestos departamentales que deberá incluirse en la reforma tributaria estructural que acaba de radicar en el Congreso de la República el Gobierno Nacional. Esta necesidad también se hace evidente en términos de la dependencia de los ingresos departamentales con respecto a los recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanza a ser en promedio de 36%  (¡!) del total de ingresos.

Por el lado de los ingresos departamentales provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), estos tienen también una tendencia decreciente, ya que pasaron de $9,3 billones para el bienio 2013-2014 a $8,9 billones para el 2015-2016 y se prevee una caída mayor para el bienio 2017 - 2018. El desplome de los precios de los comoditties y la caida de la producción de petróleo están impactando de manera directa la generación de regalías. Para contrarestarlo se creó en su momento el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) dentro del SGR, que actualmente maneja más de $10 billones. Dado que el sentido y la finalidad de este es ahorrar en la época de las vacas gordas para cuando llegue la época de las vacas flacas y en las vacas flacas estamos, los departamentos han propuesto que se haga efectivo el año entrante el desahorro de los recursos del FAE y además reformar la ley para establecer que el desahorro del Fondo pueda alcanzar un porcentaje superior al 10% definido actualmente.

Otro de los avances en los ingresos departamentales y que beneficia la inversión territorial, se ha dado con base en la depuración del pasivo pensional que implica un mayor desahorro del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Ello se posibilita a partir del momento en que sus recursos superan el 125% del cálculo actuarial del pasivo pensional de cada Departamento. Este desahorro pasó de $115 mil millones en 2012 a $465 mil millones en 2016, además en un contexto en el que del total de las administraciones centrales territoriales, el 67% de ellas dejaron cubierto su pasivo pensional al cierre de 2015. En este sentido, desde hace un tiempo se viene promoviendo la idea de reasignar algunas de las fuentes territoriales direccionadas al FONPET y que ya han cumplido su finalidad primigenia, como el caso de la partida del SGP destinada para este fin.

En cuanto al análisis del gasto departamental la inversión continúa siendo la más representativa, con una participación promedio del 82% del gasto total (sin tener en cuenta el SGR), seguida por el funcionamiento y servicio de la deuda. Los gastos de funcionamiento departamental alcanzaron los $3,9 billones de pesos, y dentro de estos, los gastos pensionales representan cerca del 38%.

Así mismo, se está planteando la necesidad del fortalecimiento del fisco territorial, dado que en los últimos años se ha venido imponiendo una descentralización disfuncional, delegándole más funciones a las entidades territoriales pero sin transferirles los recursos necesarios y suficientes para asumirlas. En este contexto, el Proyecto de reforma tributaria y los ajustes que demanda el SGP, ahora que se retrotrae al Acto legislativo 01 de 2001, se convierten en dos ventanas de oportunidad para los departamentos que no se deben desaprovechar.

Bogotá, octubre 22 de 2016

www.fnd.org.co

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Por Julio María Sanguinetti. Tomado de El País.- Tiempo extraño este que estamos viviendo. Por un lado, una revolución científica lleva al saber humano a fronteras cada vez más audaces, cambiando modos de producción y hasta expectativas de vida; al mismo tiempo, se adolece de fundamentalismos anacrónicos que, como fantasmas de un pasado que se niega a morir, invaden las sociedades con su carga de irracionalidad y fanatismo.

La reaparición de las guerras de religión, luego de dos siglos de larga y exitosa secularización, es una contramarcha histórica muy profunda. El islam radical agrede los valores de la civilización occidental con acciones terroristas y se divide con encono, a su vez, entre sus diversas tendencias. Sus agresiones han producido, en nuestro mundo, reacciones tan desproporcionadas y sin objetivo claro como lo han sido las guerras de Afganistán e Irak. Al amparo de ambigüedades y dudas de los gobiernos democráticos, crecen los demagogos xenófobos con su carga de fanatismo. El miedo es un mal consejero y allí están la señora Marine Le Pen y el extravagante Donald Trump para testimoniarlo, con una respuesta popular particularmente preocupante.

Al coincidir en el tiempo este terrorismo religioso con un mundo de migraciones, las pasiones nacionalistas se excitan, contradiciendo un proceso de globalización que, a través de la aceptación de las libertades democráticas, la economía de mercado y los nuevos medios de comunicación, expande los bienes de la técnica, del arte, del entretenimiento, incluso uniformando gustos y hábitos de comportamiento. El reciente Brexit británico, tan distante de su flemática racionalidad histórica, ha sido hijo de un nacionalismo aldeano, de arcaica psicología isleña, en que los viejos de los pueblitos, los nostálgicos del Imperio y los veteranos de innúmeras guerras, le han negado a los jóvenes la permanencia en una amplia Europa que había erigido a Londres en su capital financiera. Muros se levantan por doquier como expresión material del abroquelarse nacionalista.

No faltan tampoco los fundamentalismos democráticos, que asumen que una mayoría electoral les atribuye el poder absoluto para atropellar la separación de poderes y perpetuarse en el gobierno. Los populismos latinoamericanos son un cumplido ejemplo de cómo una elección se transforma en un mito refundacional que termina con las instituciones de las que nació. El chavismo es un enfermizo paradigma.

En otra dimensión política del mismo fenómeno fundamentalista, nos encontramos con la iracundia identitaria que impide toda negociación. Es otra resurrección del pasado. Ya Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, nos decía que “la causa de todos los males era el deseo de poder inspirado por la codicia y la ambición y de estas dos pasiones, cuando estallaban las rivalidades de partido, surgía el fanatismo”. A lo que agregaba: “[...]Así fue como la perversidad en todas sus formas se instaló en el mundo griego, a raíz de las luchas civiles, y cómo la ingenuidad, con la que tanto comulga la nobleza de espíritu, desapareció víctima del escarnio”.

No faltan tampoco los fundamentalistas ecológicos, con sus utopías románticas, que —desbordadas más allá de su benéfica alerta— nos llevan a tiempos mitológicos, como aquella edad de oro que evocaba el Caballero de La Mancha. Y ni hablar de los económicos, curiosamente provenientes tanto de la izquierda materialista como de la derecha ultraliberal, convencidas ambas de que la economía predomina sobre todas las otras dimensiones de la sociedad y el espíritu.

La racionalidad científica también tiene su patología, históricamente simbolizada en el monstruo engendrado por la ambición del doctor Frankenstein. Hoy los monstruos aparecen, en ocasiones, en Corea del Norte, con un pequeño maniático que sueña con bombas atómicas, o bien —más sofisticadamente— en el pensamiento occidental, en las construcciones teóricas de quienes creen —como lo decía Saint-Simon— que “en el nuevo orden político las decisiones deben ser el resultado de demostraciones científicas totalmente independientes de la voluntad humana”. En una palabra, terminamos con la política y los políticos, sin advertir que la conducción de las sociedades no es reductible a ecuaciones.

 

De todo lo cual resulta, paradójicamente, que, en medio de una explosión científica, la razón ha de seguir en combate. Y que el proyecto de los Iluministas, inspirador de las grandes revoluciones liberadoras, no se ha consolidado tanto como en algún momento creímos alcanzar.

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Por Juan Fernando Londoño.- Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral.

El documento presentado por el Centro Democrático con el título de “Bases de un acuerdo nacional de paz” contiene propuestas nunca antes mencionadas para criticar los acuerdos de La Habana en materia de participación política, pero que resultan clarificadoras sobre la posición de ese partido sobre la democracia, que claramente puede ser mejor calificada de antidemocrática. Vale la pena revisar los aspectos más relevantes y lo que significan.

En primer lugar, el Centro Democrático (CD) critica que exista un compromiso en los acuerdos para sacar adelante un Estatuto de la Oposición. No está claro cuál es el problema con el hecho de que según ellos, el Acuerdo “gradúa a las FARC como legítimo opositor del gobierno”, pues de lo que se trata es justamente de eso. Un proceso de paz supone dar garantías a quienes usaron las armas para que puedan seguir defendiendo sus ideas sin apelar la violencia. En nuestro caso para que las FARC transiten a la vida política electoral con el propósito de oponerse al actual orden de cosas, y no de compartir el gobierno (como sucedió entre liberales y conservadores durante el Frente Nacional).

El uribismo parece no aceptar que la democracia colombiana pueda acoger una organización que deja las armas y pasa a la oposición sometiéndose a las reglas establecidas. Si ellos no aceptan eso cabe preguntarse entonces cuál es el papel que se espera de una organización que abandona la lucha armada. Y recordar también si acaso no ha sido bueno para el país que antiguos miembros del M-19 enriquezcan la vida política colombiana. Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral. No sobra entonces recordar el tratamiento despectivo y criminalizante que el expresidente Uribe le dio a sus opositores durante el tiempo que ejerció la presidencia para enfatizar la importancia de que se tramite dicho Estatuto.

El siguiente argumento en contra de los acuerdos consiste en hacer una defensa clara de nuestro status quo. El ‘Centro Antidemocrático‘ propone que no se modifiquen las normas relativas a los umbrales para acceder al congreso, esto significa en plata blanca que solo quienes hacen política hoy en día pueden hacerlo en el futuro. Según esta interpretación nuestro sistema de partidos debe quedar congelado y la paz no debe implicar que nuevas fuerzas políticas aparezcan en el escenario nacional. Los acuerdos de La Habana reconocen que la construcción de la paz debe permitir una nueva “Apertura Democrática” que refresque con nuevas voces y expresiones nuestro espectro político, no restringidas a la organización política que surja de las FARC, sino abierta a voces y opciones resultantes de la nueva situación de vigencia y garantías para el ejercicio de los derechos políticos.

Lo que resulta más revelador de esta posición de defensa del status quo es que el Centro Democrático propone que las curules transitorias de las circunscripciones de paz sean para los mismos partidos tradicionales. Si esto se aceptara tendríamos la paradoja de que las nuevas curules destinadas a las víctimas quedaran al servicio de las bancadas de los partidos tradicionales. ¿Vamos a recompensar entonces a los partidos políticos tradicionales por el dolor que han sufrido las víctimas en las zonas de conflicto? La propuesta sería graciosa, de no ser tan cínica y reveladora de la falta de respeto de ese partido con las víctimas en Colombia. Vale la pena recordar que el propósito de esas circunscripciones transitorias es reparar el socavamiento de los derechos que comunidades enteras han sufrido por la mala fortuna de haber vivido en medio del conflicto.

Esos colombianos no han podido ejercer en forma real los derechos asociados al concepto de ciudadanía que se supone garantiza la Constitución Política. Para compensar su abandono se requiere que sean ellos mismos, a través de las organizaciones que constituyan los que recuperen su sentido de pertenencia a una Colombia que poco ha hecho por ellos. Y por esa vía conseguir también que el Estado haga presencia legitima en esos territorios mediante la representación política que los vincula a la nación. Entregarle esas circunscripciones a los partidos tradicionales –que en todo caso podrán hacer campaña en esos territorios– es desvirtuar totalmente el propósito de la iniciativa.

Pero en donde más antidemocrática resulta la visión del grupo uribista es en su aversión a la participación ciudadana. Tanto en sus críticas al punto de participación política, como al punto de Reforma Rural Integral, se percibe un desprecio por toda opción de los ciudadanos organizados para atender los asuntos públicos. De hecho, despectivamente lo califican de “comunitarismo”, olvidando quizás los propios intentos del uribismo de crear aquel engendro de populismo y autoritarismo que en su momento propusieron como “Estado comunitario”.

El mensaje es claro, si la gente participa para apoyar al líder en escenarios manipulados (los consejos comunitarios del gobierno de Uribe), constituye una buena forma de acción colectiva y una forma aceptable de gestión pública, pero si lo hacen por iniciativa propia y en torno a sus propios intereses, es una transgresión del deber de las comunidades de “respetar la capacidad propositiva de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías y preservar el voto programático”, es decir, traspasar los límites de la democracia representativa que con tanto ahínco defienden.

En su conjunto, la propuesta del Centro Democrático revela su idea de la democracia para el país, que puede resumirse de la siguiente manera: la política colombiana funciona bien, y debemos garantizar que los mismos y las mismas sigan gobernando.

* Exviceministro del Interior - director Centro de Análisis y Asuntos Públicos - En Twitter: @JuanFdoLondono

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Por Jairo Gómez.- ¿Dónde está la mente brillante que nos saque de este atolladero de la guerra o la paz? Todos opinamos y nadie tiene la fórmula mágica.

Pero intentemos algo: el sentido común dice que hacer política es darle forma a la realidad. ¿Por qué no hacerlo? Colombia pretende ser una nación sofisticada políticamente y no lo es, nunca lo ha sido. Al no existir un proyecto de país, aquí todo se resuelve dependiendo de la coyuntura y son muchos los ejemplos. Hagamos un repaso por nuestra historia reciente.

Se inventaron el Frente Nacional y zanjaron la violencia bipartidista, se repartieron el poder, excluyeron el movimiento social, las víctimas nunca fueron reconocidas, le echaron tierra a la verdad y provocaron un conflicto peor.

En el Gobierno de Lleras Restrepo, se buscó resolver el inveterado problema de la propiedad de la tierra a través de una reforma agraria, pero llegó Pastrana Borrero al poder, después de unos cuestionados escrutinios, y en connivencia con los terratenientes se inventó el pacto de “Chicoral” y anuló, de un tajo, los vientos reformadores que beneficiaban a los campesinos. Y de ñapa, creó el inolvidable UPAC.

Los vientos marimberos le proporcionaron al país importantes e inesperados ingresos, mayores o iguales al Café. ¿Cómo asimilar esos dólares de más en la economía? López Michelsen, sin pensarlo dos veces, se inventó la “Ventanilla Siniestra” en el Banco de la República para capturar esos verdes que inundaban el sistema. Hoy, eso se llama “lavado de activos” y es un delito penal.

Todos los presidentes a su manera gobiernan y Turbay Ayala agobiado por la escalada violenta de los grupos guerrilleros, optó por el célebre “Estatuto de Seguridad” para perseguir a la izquierda armada, pero fueron los civiles quienes pagaron el pato; muchos fueron los torturados y otros los desaparecidos.

Al conservador Betancur, le tocó bailar con la más fea: tras el fracaso del proceso de paz con las FARC, después el M-19 le quiso hacer un “juicio”, y se tomó el Palacio de Justicia. Vino la retoma por decisión suya (¿o de los militares?) y a sangre y fuego se superó esa tragedia nacional.

Barco, con las fuerzas del Estado combatió el narcoterrorismo de Pablo Escobar, que un su estrategia desestabilizadora asesinó a Galán; afrontó el genocidio de dos candidatos presidenciales de la izquierda por las llamadas “fuerzas oscuras”. Fueron cuatro años caóticos que Cesar Gaviria, su sucesor, capitalizó convocando a una Asamblea Nacional Constituyente.

Y así ha transcurrido la historia reciente del país. Por ejemplo Samper, logró, con triquiñuelas presidencialistas, que la Cámara lo absolviera de los pecados financiadores del “Cartel de Cali”. Pastrana Arango, con la Constitución en la mano, despejó 42 mil kilómetros para hacer la paz con la FARC. Álvaro Uribe, hoy senador, determinó que cuatro años no eran suficientes y decidió comprar apoyos para hacerse reelegir. Con su “Seguridad Democrática” quiso acabar a las FARC y no pudo. Terminó enfrascado en los llamados “Falso Positivos”.

Los presidentes en democracia gobiernan y adoptan medidas impopulares o antipopulares para recomponer el camino. Hoy le tocó el turno a Santos, premio Nobel de Paz, asumir con decisión encausar los acuerdos de La Habana y la Constitución le da los instrumentos para hacerlo, dicen connotados juristas; hágalo presidente, si quiere pasar a la historia.

 

* Periodista - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Por Diego González.- En el entorno del sistema político Colombiano ha sido frecuente advertir la hegemonía del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo como una de las causas de los límites de la democracia en nuestro país, la debilidad del Poder Legislativo Colombiano ha impedido una efectiva facultad de control del Legislativo sobre el Ejecutivo que involucre a toda la administración pública.

Controlar el proceder gubernamental es una de las funciones primordiales de cualquier Congreso en un Estado constitucional, precisamente porque este tipo de Estado no sólo encuentra uno de sus fundamentos más importantes en la división de poderes, sino también en el equilibrio entre ellos, es decir, la existencia de controles recíprocos, de pesos y contrapesos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable de las actividades públicas.

En la labor del fortalecimiento del Poder Legislativo deben contribuir todos los órganos del Congreso, principalmente los instrumentos que con fundamento en nuestra Constitución han sido diseñados para ejercer un control legislativo más detallado de las actividades del Ejecutivo.

Uno de estos instrumentos es la denominada irresponsabilidad de los congresistas, es decir, que los representantes del pueblo puedan emitir de manera libre sus votos y opiniones, sin temor a que éstos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de cualquier índole, con lo cual se garantiza la plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva del Congreso.

La doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta prerrogativa es una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia y no un privilegio personal para senadores o representantes, de otro lado, la inviolabilidad es perpetua, es decir, el congresista escapa a cualquier persecución judicial por sus votos y opiniones, incluso después de que ha cesado en el ejercicio de sus funciones.

Nuestra Constitución Política faculta al Congreso para enjuiciar a los altos dignatarios del Estado fundamentalmente al  Presidente de la República, porque la  remoción de su cargo es un hecho que tiene consecuencias políticas inevitables y profundas, por lo cual debe atribuírsele esa decisión a los representantes del pueblo, a fin de que puedan considerar la dimensión política que tiene todo proceso en contra de un Presidente y decidir si procede o no su enjuiciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, principalmente porque sólo amparados por la inviolabilidad, pueden los senadores y representantes gozar de la suficiente independencia para ejercer esta importante labor de control, sin temor a represalias.

El control parlamentario es un control de carácter político cuyo agente es el Congreso y cuyo objeto es la acción general del gobierno y, por extensión, también la acción de toda entidad pública, por esta razón, el reto al que está llamado nuestro Congreso es el de la adaptación a las tendencias modernas democratizadoras, lo cual no será nada fácil, pero es necesario emprenderlo si queremos que éste siga siendo la llave de nuestro sistema representativo y el principal pilar de nuestro sistema democrático.

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Por Humberto de la Calle.- De manera falsa se ha venido difundiendo la información de que el Acuerdo de La Habana contiene elementos de la llamada ideología de género. No es cierto. Se trata de una maniobra para atacar el Acuerdo como un todo. Lo que hicimos en La Habana fue adoptar un enfoque de género que tuviera en cuenta las diferencias en las consecuencias dañinas del conflicto, reconociendo que la mujer ha sufrido un impacto enorme, no solo como víctima directa de graves crímenes, la violencia sexual entre ellos, sino también en su condición de hija, madre, esposa y, en muchos casos, responsable solitaria de la preservación del hogar. Este punto de partida implica el compromiso de acentuar en la mujer el proceso de reparación, así como instaurar políticas y herramientas concretas que atenúen, y a la larga supriman, la discriminación ancestral que ha sufrido la mujer.

Vamos al texto y dejemos la especulación. En la página 10 del Acuerdo se lee: “Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derecho que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas... teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades”.

Y dentro del amplio marco de la no discriminación, la mención de la comunidad LGBTI busca un compromiso dirigido a evitar el gueto cultural que han padecido, en menoscabo de derechos fundamentales a toda persona.

El Acuerdo no toca los temas del matrimonio, la familia, las parejas del mismo sexo ni nada de lo que uno pudiera imaginar como ingrediente de la llamada ideología de género. Entendemos y respetamos la sensibilidad de estas disyuntivas morales. El enfoque de género corresponde exactamente a los principios constitucionales vigentes. Su única ideología es la Constitución.

Para quienes se oponen al Acuerdo en este punto, hay dos caminos: o entienden que han sido informados de manera sesgada, o aceptan que su verdadero propósito es mantener a la mujer confinada a patrones discriminatorios y a la población LGBTI presa de la homofobia.

Esa es la verdadera discusión.

Apostilla: circula en redes sociales una intervención mía sobre este tema, la cual ha sido recortada y malinterpretada. Mis expresiones incluyeron una cita literaria, cuyo propósito no era desconocer realidades anatómicas y fisiológicas de hombres y mujeres. No cometería esa tontería. El propósito era señalar que el rol asignado a ellos, si bien parte de realidades genéticas, se alimenta también de patrones sociales. De allí surge el machismo, por ejemplo, que ha menospreciado el papel de la mujer y ha dificultado su desarrollo pleno.

Un enfoque de género busca obtener la integralidad del reconocimiento de los derechos de la mujer en la vida social. Y en cuanto a la población LGBTI, me inspiré en las palabras del papa Francisco: los miembros de la población LGBTI “no deben ser objeto de discriminación y deben ser respetados y acompañados espiritualmente”.

 

HUMBERTO DE LA CALLE

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Por Carlos Ibañez Muñoz.- Título coloquial para explicar la adopción de medidas punibles por las autoridades de tránsito a quienes infrinjan las normas de tránsito en cuanto a sobrepasar mínimos de velocidad en la ciudad. Por ahí no se empieza, un pueblo no se culturiza a punta de represión con penas y sanciones. Si queremos construir un nuevo hombre  eduquémoslo primero, iniciemos el proceso desde la casa con el buen ejemplo de los padres y desde la escuela con la formación e instrucción que impartan los maestros como con cariño los llamábamos.

Independientemente de la ausencia de una buena infraestructura vial , de semaforización moderna, de señalizaciones adecuadas, del excesivo incremento del parque automotor;  vehículos y motos, de ausencia de autoridad; nosotros somos los actores del caos vial de la ciudad. SI,  nuestro desconocimiento de la normatividad de tránsito, nuestro ánimo pendenciero, nuestro comportamiento soportado en que todo se vale, el del mas avispado, el del mas abeja en términos populares, el del atarvan el de por aquí me meto, el del dicho de malas, son conductas deplorables que hacen parte de la cotidianidad de la vida del peatón y conductor en la ciudad que la "justifican "  para sobrevivir ante el desorden, caos vial y ausencia de autoridad.

Todas estos comportamientos deben ser conjurados por las autoridades sean policiales o de tránsito ; pero , insisto,  las sanciones que deben aplicarse tienen que ser precedidas por un mayúsculo esfuerzo de CULTURIZACION VIAL diseñado por la administración municipal donde participen todas las fuerzas vivas de la ciudad empezando por las escuelas , colegios y universidades a través de simposios pedagógicos ; con charlas especializadas de las oficinas de recursos humanos en las empresas en ciertas horas de receso laboral con acompañamiento de los gremios económicos y las compañías aseguradoras, sobre todo en aquellas donde sus trabajadores utilizan la moto como medio de transporte; convocatorias pedagógicas en las comunas a través de sus JAC y JAL ; estrategia mediática donde participen los medios de comunicación masivos de la ciudad , prensa , radio , cines ,  redes sociales etc ; toma de parques por las autoridades de tránsito y policía impartiendo instrucciones sobre buen comportamiento vial, en fin insertar en la ciudad una cultura de movilidad y respeto a las autoridades y las disposiciones de tránsito.

Una vez abordada esta política en forma masiva , y si esta no prospera , pues se hace necesario como sucede en la mayor parte de las grandes capitales del mundo, colocar dispositivos tecnológicos que permitan controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y así coadyuvar a los agentes viales que nunca y en ningún país serán suficientes para controlar la movilidad y el cumplimiento de normas .

Por eso me parece que acá comenzamos al revés, primero los dispositivos electrónicos y las penas sancionatorias y luego la pedagogía. Aunque auguro de entrada precarios resultados; Control exceso de velocidad? Y cómo? si acá el represamiento vial o trancones no nos permiten movernos a más de 10 kmts por hora si nos va bien.

Empecemos a cambiar la mentalidad del ciudadano, nos ahorramos el castigo y aliviamos el bolsillo.

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Por Paul Krugman. Esto todavía está lejos de acabarse, pero, como dicen los analistas especializados en temas de información secreta, es muy probable que Hillary Clinton gane estas elecciones. Los modelos basados en sondeos situaban sus opciones en torno al 90 % a principios de esta semana (y eso, antes de que la campaña se volviese no apta para menores).

Pero ¿qué será capaz de lograr realmente nuestra primera mujer presidenta? Eso depende de lo grande que sea la victoria que obtenga. No me refiero a la magnitud de su “misión”, que no significa nada: a juzgar por los años de gobierno de Obama, los republicanos se opondrán a todo lo que Clinton proponga, por muy derrotados que salgan. La pregunta, más bien, es qué pasará con el Congreso.

Piensen, primero, en las consecuencias de una victoria por la mínima: Clinton se convierte en presidenta, pero los republicanos se aferran a ambas cámaras del Congreso. Una victoria así no sería insignificante. Evitaría la pesadilla de una presidencia de Trump y también bloquearía el programa radical de privatización y bajada de impuestos que Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, ha dejado claro que impondrá si Trump se las arregla para ganar. Pero dejaría poco margen para acciones positivas.

Las cosas serían muy distintas si los demócratas reconquistaran el Senado. Según los modelos basados en sondeos, la probabilidad de que eso ocurra es de solo el 50 %, pero quienes apuestan sobre las elecciones les dan muchas más posibilidades, dos o tres contra uno. Ahora bien, ni siquiera un Senado demócrata posibilitaría que Clinton aprobase leyes si en la Cámara se topa con una mayoría republicana de un obstruccionismo implacable. No obstante, le permitiría colocar a alguien en el puesto del Tribunal Supremo que quedó vacante tras la muerte de Antonin Scalia.

Si piensan quedarse en casa el día de las elecciones porque el resultado está asegurado, no lo hagan

Esto tendría enormes consecuencias, en especial para la política ambiental. Durante sus últimos años en el cargo, el presidente Obama ha dado un gran impulso a las medidas medioambientales recurriendo a sus poderes normativos; por ejemplo, haciendo mucho más estrictas las normas de emisiones de los camiones pesados. Pero la pieza más importante de su programa —el Plan de Energía Limpia, que reduciría en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas que funcionan con carbón— está parada actualmente, a causa de una suspensión impuesta por el Tribunal Supremo. La conquista demócrata del Senado eliminaría ese obstáculo.

Y tengan presente que el cambio climático es, con creces, el problema más importante al que se enfrentan Estados Unidos y el mundo, aunque por alguna razón, la gente que escoge las preguntas de los debates presidenciales se niegue a sacarlo a colación. Dicho de forma bastante simple: si los demócratas conquistan el Senado, tal vez tomemos las medidas mínimas necesarias para evitar una catástrofe; si no lo logran, no las tomaremos. ¿Y qué hay de la Cámara de Representantes? Todos, y subrayo lo de todos, los logros legislativos del Gobierno de Obama tuvieron lugar durante el periodo de dos años en el que los demócratas controlaron las dos cámaras del Congreso. ¿Puede volver a suceder?

Hasta hace unos días, la probabilidad de que la Cámara cambiase de manos parecía baja, aun cuando, como ahora parece casi seguro, los candidatos demócratas obtengan en total más votos que los republicanos. Ello se debe, en parte, a que los gobiernos estatales controlados por el Partido Republicano han emprendido una campaña de manipulación de las circunscripciones generalizada y, en parte, a que las minorías, que votan mayoritariamente al Partido Demócrata, se encuentran agrupadas en un número relativamente pequeño de distritos urbanos.

Pero una victoria de Clinton lo bastante amplia podría cambiar la situación, sobre todo si las mujeres de clase acomodada dan la espalda a un Partido Republicano que se ha convertido en el partido de los sobones. Y eso permitiría a Clinton sacar adelante un programa mucho más ambicioso. En qué consistiría ese programa no tiene mucho misterio. No sé por qué hay tantos expertos que afirman que Clinton carece de una visión para Estados Unidos, cuando de hecho ha proporcionado una cantidad poco habitual de detalles en su página web y en sus discursos.

En términos generales, reforzaría considerablemente la red de seguridad social, sobre todo en el caso de los niños y las personas muy pobres, haciendo hincapié en asuntos relacionados con la familia como la baja por maternidad o paternidad. Esos programas costarán dinero, aunque no tanto como afirman los detractores; Clinton propone, y es verosímil, recaudar ese dinero subiendo los impuestos a las rentas más altas, de modo que el resultado general sería una reducción de la desigualdad.

El control demócrata de la Cámara también abriría la puerta a las inversiones a gran escala en infraestructura. Si resultase factible, sé que muchos economistas progresistas —entre los que me incluyo— instaríamos a Clinton a ir mucho más allá de lo que ahora propone.

Si todo esto les suena a una segunda ronda de lo que hizo el presidente Obama en 2009-2010, es porque lo es. ¿Y por qué no? A pesar del obstruccionismo republicano, durante el mandato de Obama ha aumentado notablemente el número de estadounidenses con seguro médico, se ha reducido considerablemente la pobreza y se han creado más de 11 millones de puestos de trabajo en el sector privado.

 

En cualquier caso, la conclusión es que, si piensan quedarse en casa el día de las elecciones porque el resultado está asegurado, no lo hagan. Salvo una catástrofe política equivalente al impacto de un meteorito, Hillary Clinton será la próxima presidenta, pero la magnitud de su victoria determinará la clase de presidenta que pueda ser.

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Por Luis Fernando Rosas Londoño.- Gracias a la Representante a la Cámara  María Fernanda Cabal, los Senadores  Alfredo Ramos, Paola Holguín, Paloma Valencia y el Concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez,  la demanda impetrada por ellos sobre el plebiscito, le entrega oxigeno más al gobierno que a la oposición; dicen los demandantes: “La pregunta no fue clara, fue compuesta, sugestiva y confusa”.

Queda claro, que nunca pensó  el Gobierno en perder el plebiscito y sí que menos la oposición, que es diversa, en ganarlo; pero estos resultados  servirán para encauzar aún más el éxito de las negociaciones por difíciles que parezcan. Lo que observo es que los demandantes se “autodestruyeron con dicha acción” ni el Gobierno estaba preparado para perderlo y la oposición ni se imaginaba ganarlo.

Se le apareció la “Virgen del Carmen” al gobierno con la demanda del Centro Democrático ya que por competencia la Corte Constitucional debe estudiarla y respondernos rápidamente a los colombianos pues esta por norma  no se puede retirar.

El primer error en su presentación fue que se hizo ante el Consejo de Estado y por competencia es de la Corte Constitucional, por ser de control especial, además esta es una acción pública, cuando es sobre la validez de un mecanismo de participación no se puede retirar ni desistir ya que una vez iniciado su estudio debe terminarse. Lo que en conclusión por sustracción de materia la pregunta que convocó al plebiscito y que fue demandado por el Centro Democrático se debe caer, se queda sin peso legal por la demanda instaurada por los Congresistas y el  Concejal este último en conversaciones para pertenecer a este partido.

Comete un error la Congresista Cabal   al pretender retirar su demanda en contra del decreto que estableció la pregunta del plebiscito por la Paz, ya lo explique pero lo repito, no se puede retirar porque es una acción pública y la Corte Constitucional debe estudiarla a fondo. Al caerse el decreto, con su pregunta en términos legales, me cuestiono que debió haber hecho el Centro Democrático?

Por diferentes voces, hace tiempo, el propio Presidente Juan Manuel Santos los invitó a dialogar, se debe recordar la carta del paisano Timochenko al Ex Presidente Uribe, las múltiples invitaciones de voceros autorizados al Centro Democrático hasta este humilde columnista renunció a un cargo en Bogotá, la dirección del Instituto Distrital de Turismo, con la tesis “La Paz es Con Uribe”, pero fue tal la brutalidad política que por invitarlos y para “blindar” la paz desde la sociedad civil si ganaba Zuluaga, lo único que recibí fue señalamientos por hablar de Paz.

¡Es lógico, como muchos no saben “leer el vuelo de las aves”!

En conclusión llegó la hora de la Paz y todos los Colombianos rodeamos la decisión que asuma el Presidente Juan Manuel Santos, es una negociación entre él y las Farc. La Constitución le entrega todo, bienvenidos los aportes del No pero jamás sobre la base de no elegibilidad ni cárcel, en ningún proceso de resolución de un conflicto se actúa con odio y revanchismo. Además se hace urgente que salidas como un segundo plebiscito, y hasta una Asamblea Nacional Constituyente no se descarten, todo ello teniendo como soporte la demanda del Centro Democrático a la pregunta del plebiscito….

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Por Jorge Enrique Robledo.- Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, decía que las reformas tributarias eran el arte de desplumar al ganso sin que chillara demasiado. Y en eso andan Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas, intentando dejar a los sectores populares y a las clases medias sin una pluma, pero que a punta de demagogia les queden agradecidos, mientras que a las trasnacionales, a los superricos del mundo, les reducirán los impuestos, haciendo de su reforma la peor que pueda concebirse.

La reforma tiene tres pilares. Primero. Aumenta los impuestos indirectos en nueve billones de pesos –IVA, consumo, combustibles y bebidas azucaradas–, que, como se sabe, golpean muy duro a los sectores populares y a las clases medias y nada a los magnates, con este agravante: es falso que los impuestos nacionales los paguen solo las trasnacionales y unas pocas empresas más. Porque el cincuenta por ciento lo aportan los indirectos, contando a los citados y al cuatro por mil y los aranceles, y otra gran parte corre por cuenta de la clase media empresarial, los trabajadores por cuenta propia y los empleados. El carácter regresivo de los impuestos indirectos no ofrece dudas. Porque castigan por igual al que tiene mucho que al que tiene bastante menos o casi nada y porque casi todos los ciudadanos son pobres y clases medias, en tanto hay poquísimos Carlos Slim y Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Segundo. También castigará más a la clase media el monoimpuesto a los tenderos, que se cobre retención en la fuente a partir de los 1.5 millones de pesos y reducir de 3.4 a 2.7 millones los ingresos mensuales desde los que se tiene que declarar renta, para poner a tributar más a otras 500 mil familias.

Tercero. En contraste, el impuesto de renta disminuirá en 1.89 billones de pesos –y eso que aumenta el de la clase media–, porque, principalmente, a los más poderosos, trasnacionales y banqueros, se los reduce de 43 a 32 por ciento. Y enfatizo en estos porque a las empresas pequeñas y medianas apenas les baja del 34 al 32 por ciento, cuando deberían pagar una tasa bastante menor que las enormes. El carácter regresivo de la tributación colombiana no lo define solo el peso de los impuestos indirectos en el total sino que el Gini de empresas sea altísimo, 0.82 –el de personas es 0.53–, y que todas paguen igual tasa de renta, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se escalonan según las ganancias, entre el 15 y el 39 por ciento (Dian. Lo nuevo que se pagará por sectores 2017-2022: http://bit.ly/2dHAXjc).

Lo muy regresivo de la reforma y que la ordene la OCDE no significa una coincidencia. Porque su principal objetivo es servirles a las trasnacionales, empezando por las norteamericanas y europeas.

Coletilla larga: No digo que el estrellón de la Unidad Nacional y el Centro Democrático por el proceso de paz obedezca a un acuerdo, pero que parece, parece, en razón de que políticamente les conviene a las dos fuerzas que aspiran a repartirse a Colombia, y lo hacen con tanta agresividad que obligan a pensar en la confrontación liberal-conservadora de hace décadas, cuando a cada colombiano, enceguecido por los odios que le inyectaron desde arriba, lo obligaron a ser liberal o conservador, mientras que sus jefes políticos promovían en el país el mismo pésimo modelo económico, social y político.

¿Cómo no tener presente que Santos y Uribe, con sus aliados y coroneles políticos, por 26 años, han compartido el poder y se han acordado en todo lo negativo para el país –neoliberalismo, apertura, privatizaciones, TLC, Consenso de Washington, etc.–, pero no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cómo desarmar a las Farc, algo que sin duda nos conviene a cada uno de los colombianos? ¿O cómo olvidar que Santos fue ministro de Pastrana, que a Santos I lo escogió Uribe y que a Alejandro Ordóñez lo eligieron primero los uribistas y luego los santistas, así como que los dos trabajaron con Montealegre y respaldan al fiscal Martínez? ¿Y no es cierto que con suma frecuencia un congresista santista es un ex uribista? Quien se deje obnubilar por cualquier tema, por noble que lo considere, en este caso propicia que Colombia se quede anclada en una situación indeseable (http://bit.ly/2f0wHNZ).

Bogotá, 21 de octubre de 2016.

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Por Amylkar D Acosta M.-De acuerdo con el más reciente Informe sobre el desempeño fiscal de los departamentos sus ingresos propios alcanzaron los $8,1 billones en 2015, de los cuales $6,7 billones corresponden a ingresos tributarios y $1,4 a ingresos no tributarios. Por su parte los ingresos tributarios tuvieron una dinámica importante, con un crecimiento real cercano al 13,6% de 2012 a 2015. No obstante, este crecimiento se basó en un aumento generalizado de las estampillas, que pasaron a convertirse en el segundo ingreso más importante de los departamentos con un recaudo de $1,1 billones en 2015. En contraposición, tanto el recaudo del impuesto al consumo de licores como de cigarrillos, tuvo un retroceso en términos reales cercano al 14%, afectado principalmente por el contrabando.

La evidencia en la ejecución de ingresos tributarios de los departamentos, muestra una estructura tributaria agotada, poco representativa y de bajo crecimiento, que busca opciones de expansión en gravámenes como las estampillas, que son considerados antitécnicos y que significan en sí una reasignación del gasto más que un ingreso, porque es pasar dinero de un bolsillo para el otro. Esto hace pensar en la pertinencia de una modernización de los impuestos departamentales que deberá incluirse en la reforma tributaria estructural que acaba de radicar en el Congreso de la República el Gobierno Nacional. Esta necesidad también se hace evidente en términos de la dependencia de los ingresos departamentales con respecto a los recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanza a ser en promedio de 36%  (¡!) del total de ingresos.

Por el lado de los ingresos departamentales provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), estos tienen también una tendencia decreciente, ya que pasaron de $9,3 billones para el bienio 2013-2014 a $8,9 billones para el 2015-2016 y se prevee una caída mayor para el bienio 2017 - 2018. El desplome de los precios de los comoditties y la caida de la producción de petróleo están impactando de manera directa la generación de regalías. Para contrarestarlo se creó en su momento el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) dentro del SGR, que actualmente maneja más de $10 billones. Dado que el sentido y la finalidad de este es ahorrar en la época de las vacas gordas para cuando llegue la época de las vacas flacas y en las vacas flacas estamos, los departamentos han propuesto que se haga efectivo el año entrante el desahorro de los recursos del FAE y además reformar la ley para establecer que el desahorro del Fondo pueda alcanzar un porcentaje superior al 10% definido actualmente.

Otro de los avances en los ingresos departamentales y que beneficia la inversión territorial, se ha dado con base en la depuración del pasivo pensional que implica un mayor desahorro del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Ello se posibilita a partir del momento en que sus recursos superan el 125% del cálculo actuarial del pasivo pensional de cada Departamento. Este desahorro pasó de $115 mil millones en 2012 a $465 mil millones en 2016, además en un contexto en el que del total de las administraciones centrales territoriales, el 67% de ellas dejaron cubierto su pasivo pensional al cierre de 2015. En este sentido, desde hace un tiempo se viene promoviendo la idea de reasignar algunas de las fuentes territoriales direccionadas al FONPET y que ya han cumplido su finalidad primigenia, como el caso de la partida del SGP destinada para este fin.

En cuanto al análisis del gasto departamental la inversión continúa siendo la más representativa, con una participación promedio del 82% del gasto total (sin tener en cuenta el SGR), seguida por el funcionamiento y servicio de la deuda. Los gastos de funcionamiento departamental alcanzaron los $3,9 billones de pesos, y dentro de estos, los gastos pensionales representan cerca del 38%.

Así mismo, se está planteando la necesidad del fortalecimiento del fisco territorial, dado que en los últimos años se ha venido imponiendo una descentralización disfuncional, delegándole más funciones a las entidades territoriales pero sin transferirles los recursos necesarios y suficientes para asumirlas. En este contexto, el Proyecto de reforma tributaria y los ajustes que demanda el SGP, ahora que se retrotrae al Acto legislativo 01 de 2001, se convierten en dos ventanas de oportunidad para los departamentos que no se deben desaprovechar.

Bogotá, octubre 22 de 2016

www.fnd.org.co

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Por Julio María Sanguinetti. Tomado de El País.- Tiempo extraño este que estamos viviendo. Por un lado, una revolución científica lleva al saber humano a fronteras cada vez más audaces, cambiando modos de producción y hasta expectativas de vida; al mismo tiempo, se adolece de fundamentalismos anacrónicos que, como fantasmas de un pasado que se niega a morir, invaden las sociedades con su carga de irracionalidad y fanatismo.

La reaparición de las guerras de religión, luego de dos siglos de larga y exitosa secularización, es una contramarcha histórica muy profunda. El islam radical agrede los valores de la civilización occidental con acciones terroristas y se divide con encono, a su vez, entre sus diversas tendencias. Sus agresiones han producido, en nuestro mundo, reacciones tan desproporcionadas y sin objetivo claro como lo han sido las guerras de Afganistán e Irak. Al amparo de ambigüedades y dudas de los gobiernos democráticos, crecen los demagogos xenófobos con su carga de fanatismo. El miedo es un mal consejero y allí están la señora Marine Le Pen y el extravagante Donald Trump para testimoniarlo, con una respuesta popular particularmente preocupante.

Al coincidir en el tiempo este terrorismo religioso con un mundo de migraciones, las pasiones nacionalistas se excitan, contradiciendo un proceso de globalización que, a través de la aceptación de las libertades democráticas, la economía de mercado y los nuevos medios de comunicación, expande los bienes de la técnica, del arte, del entretenimiento, incluso uniformando gustos y hábitos de comportamiento. El reciente Brexit británico, tan distante de su flemática racionalidad histórica, ha sido hijo de un nacionalismo aldeano, de arcaica psicología isleña, en que los viejos de los pueblitos, los nostálgicos del Imperio y los veteranos de innúmeras guerras, le han negado a los jóvenes la permanencia en una amplia Europa que había erigido a Londres en su capital financiera. Muros se levantan por doquier como expresión material del abroquelarse nacionalista.

No faltan tampoco los fundamentalismos democráticos, que asumen que una mayoría electoral les atribuye el poder absoluto para atropellar la separación de poderes y perpetuarse en el gobierno. Los populismos latinoamericanos son un cumplido ejemplo de cómo una elección se transforma en un mito refundacional que termina con las instituciones de las que nació. El chavismo es un enfermizo paradigma.

En otra dimensión política del mismo fenómeno fundamentalista, nos encontramos con la iracundia identitaria que impide toda negociación. Es otra resurrección del pasado. Ya Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, nos decía que “la causa de todos los males era el deseo de poder inspirado por la codicia y la ambición y de estas dos pasiones, cuando estallaban las rivalidades de partido, surgía el fanatismo”. A lo que agregaba: “[...]Así fue como la perversidad en todas sus formas se instaló en el mundo griego, a raíz de las luchas civiles, y cómo la ingenuidad, con la que tanto comulga la nobleza de espíritu, desapareció víctima del escarnio”.

No faltan tampoco los fundamentalistas ecológicos, con sus utopías románticas, que —desbordadas más allá de su benéfica alerta— nos llevan a tiempos mitológicos, como aquella edad de oro que evocaba el Caballero de La Mancha. Y ni hablar de los económicos, curiosamente provenientes tanto de la izquierda materialista como de la derecha ultraliberal, convencidas ambas de que la economía predomina sobre todas las otras dimensiones de la sociedad y el espíritu.

La racionalidad científica también tiene su patología, históricamente simbolizada en el monstruo engendrado por la ambición del doctor Frankenstein. Hoy los monstruos aparecen, en ocasiones, en Corea del Norte, con un pequeño maniático que sueña con bombas atómicas, o bien —más sofisticadamente— en el pensamiento occidental, en las construcciones teóricas de quienes creen —como lo decía Saint-Simon— que “en el nuevo orden político las decisiones deben ser el resultado de demostraciones científicas totalmente independientes de la voluntad humana”. En una palabra, terminamos con la política y los políticos, sin advertir que la conducción de las sociedades no es reductible a ecuaciones.

 

De todo lo cual resulta, paradójicamente, que, en medio de una explosión científica, la razón ha de seguir en combate. Y que el proyecto de los Iluministas, inspirador de las grandes revoluciones liberadoras, no se ha consolidado tanto como en algún momento creímos alcanzar.

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Por Juan Fernando Londoño.- Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral.

El documento presentado por el Centro Democrático con el título de “Bases de un acuerdo nacional de paz” contiene propuestas nunca antes mencionadas para criticar los acuerdos de La Habana en materia de participación política, pero que resultan clarificadoras sobre la posición de ese partido sobre la democracia, que claramente puede ser mejor calificada de antidemocrática. Vale la pena revisar los aspectos más relevantes y lo que significan.

En primer lugar, el Centro Democrático (CD) critica que exista un compromiso en los acuerdos para sacar adelante un Estatuto de la Oposición. No está claro cuál es el problema con el hecho de que según ellos, el Acuerdo “gradúa a las FARC como legítimo opositor del gobierno”, pues de lo que se trata es justamente de eso. Un proceso de paz supone dar garantías a quienes usaron las armas para que puedan seguir defendiendo sus ideas sin apelar la violencia. En nuestro caso para que las FARC transiten a la vida política electoral con el propósito de oponerse al actual orden de cosas, y no de compartir el gobierno (como sucedió entre liberales y conservadores durante el Frente Nacional).

El uribismo parece no aceptar que la democracia colombiana pueda acoger una organización que deja las armas y pasa a la oposición sometiéndose a las reglas establecidas. Si ellos no aceptan eso cabe preguntarse entonces cuál es el papel que se espera de una organización que abandona la lucha armada. Y recordar también si acaso no ha sido bueno para el país que antiguos miembros del M-19 enriquezcan la vida política colombiana. Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral. No sobra entonces recordar el tratamiento despectivo y criminalizante que el expresidente Uribe le dio a sus opositores durante el tiempo que ejerció la presidencia para enfatizar la importancia de que se tramite dicho Estatuto.

El siguiente argumento en contra de los acuerdos consiste en hacer una defensa clara de nuestro status quo. El ‘Centro Antidemocrático‘ propone que no se modifiquen las normas relativas a los umbrales para acceder al congreso, esto significa en plata blanca que solo quienes hacen política hoy en día pueden hacerlo en el futuro. Según esta interpretación nuestro sistema de partidos debe quedar congelado y la paz no debe implicar que nuevas fuerzas políticas aparezcan en el escenario nacional. Los acuerdos de La Habana reconocen que la construcción de la paz debe permitir una nueva “Apertura Democrática” que refresque con nuevas voces y expresiones nuestro espectro político, no restringidas a la organización política que surja de las FARC, sino abierta a voces y opciones resultantes de la nueva situación de vigencia y garantías para el ejercicio de los derechos políticos.

Lo que resulta más revelador de esta posición de defensa del status quo es que el Centro Democrático propone que las curules transitorias de las circunscripciones de paz sean para los mismos partidos tradicionales. Si esto se aceptara tendríamos la paradoja de que las nuevas curules destinadas a las víctimas quedaran al servicio de las bancadas de los partidos tradicionales. ¿Vamos a recompensar entonces a los partidos políticos tradicionales por el dolor que han sufrido las víctimas en las zonas de conflicto? La propuesta sería graciosa, de no ser tan cínica y reveladora de la falta de respeto de ese partido con las víctimas en Colombia. Vale la pena recordar que el propósito de esas circunscripciones transitorias es reparar el socavamiento de los derechos que comunidades enteras han sufrido por la mala fortuna de haber vivido en medio del conflicto.

Esos colombianos no han podido ejercer en forma real los derechos asociados al concepto de ciudadanía que se supone garantiza la Constitución Política. Para compensar su abandono se requiere que sean ellos mismos, a través de las organizaciones que constituyan los que recuperen su sentido de pertenencia a una Colombia que poco ha hecho por ellos. Y por esa vía conseguir también que el Estado haga presencia legitima en esos territorios mediante la representación política que los vincula a la nación. Entregarle esas circunscripciones a los partidos tradicionales –que en todo caso podrán hacer campaña en esos territorios– es desvirtuar totalmente el propósito de la iniciativa.

Pero en donde más antidemocrática resulta la visión del grupo uribista es en su aversión a la participación ciudadana. Tanto en sus críticas al punto de participación política, como al punto de Reforma Rural Integral, se percibe un desprecio por toda opción de los ciudadanos organizados para atender los asuntos públicos. De hecho, despectivamente lo califican de “comunitarismo”, olvidando quizás los propios intentos del uribismo de crear aquel engendro de populismo y autoritarismo que en su momento propusieron como “Estado comunitario”.

El mensaje es claro, si la gente participa para apoyar al líder en escenarios manipulados (los consejos comunitarios del gobierno de Uribe), constituye una buena forma de acción colectiva y una forma aceptable de gestión pública, pero si lo hacen por iniciativa propia y en torno a sus propios intereses, es una transgresión del deber de las comunidades de “respetar la capacidad propositiva de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías y preservar el voto programático”, es decir, traspasar los límites de la democracia representativa que con tanto ahínco defienden.

En su conjunto, la propuesta del Centro Democrático revela su idea de la democracia para el país, que puede resumirse de la siguiente manera: la política colombiana funciona bien, y debemos garantizar que los mismos y las mismas sigan gobernando.

* Exviceministro del Interior - director Centro de Análisis y Asuntos Públicos - En Twitter: @JuanFdoLondono

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Por Jairo Gómez.- ¿Dónde está la mente brillante que nos saque de este atolladero de la guerra o la paz? Todos opinamos y nadie tiene la fórmula mágica.

Pero intentemos algo: el sentido común dice que hacer política es darle forma a la realidad. ¿Por qué no hacerlo? Colombia pretende ser una nación sofisticada políticamente y no lo es, nunca lo ha sido. Al no existir un proyecto de país, aquí todo se resuelve dependiendo de la coyuntura y son muchos los ejemplos. Hagamos un repaso por nuestra historia reciente.

Se inventaron el Frente Nacional y zanjaron la violencia bipartidista, se repartieron el poder, excluyeron el movimiento social, las víctimas nunca fueron reconocidas, le echaron tierra a la verdad y provocaron un conflicto peor.

En el Gobierno de Lleras Restrepo, se buscó resolver el inveterado problema de la propiedad de la tierra a través de una reforma agraria, pero llegó Pastrana Borrero al poder, después de unos cuestionados escrutinios, y en connivencia con los terratenientes se inventó el pacto de “Chicoral” y anuló, de un tajo, los vientos reformadores que beneficiaban a los campesinos. Y de ñapa, creó el inolvidable UPAC.

Los vientos marimberos le proporcionaron al país importantes e inesperados ingresos, mayores o iguales al Café. ¿Cómo asimilar esos dólares de más en la economía? López Michelsen, sin pensarlo dos veces, se inventó la “Ventanilla Siniestra” en el Banco de la República para capturar esos verdes que inundaban el sistema. Hoy, eso se llama “lavado de activos” y es un delito penal.

Todos los presidentes a su manera gobiernan y Turbay Ayala agobiado por la escalada violenta de los grupos guerrilleros, optó por el célebre “Estatuto de Seguridad” para perseguir a la izquierda armada, pero fueron los civiles quienes pagaron el pato; muchos fueron los torturados y otros los desaparecidos.

Al conservador Betancur, le tocó bailar con la más fea: tras el fracaso del proceso de paz con las FARC, después el M-19 le quiso hacer un “juicio”, y se tomó el Palacio de Justicia. Vino la retoma por decisión suya (¿o de los militares?) y a sangre y fuego se superó esa tragedia nacional.

Barco, con las fuerzas del Estado combatió el narcoterrorismo de Pablo Escobar, que un su estrategia desestabilizadora asesinó a Galán; afrontó el genocidio de dos candidatos presidenciales de la izquierda por las llamadas “fuerzas oscuras”. Fueron cuatro años caóticos que Cesar Gaviria, su sucesor, capitalizó convocando a una Asamblea Nacional Constituyente.

Y así ha transcurrido la historia reciente del país. Por ejemplo Samper, logró, con triquiñuelas presidencialistas, que la Cámara lo absolviera de los pecados financiadores del “Cartel de Cali”. Pastrana Arango, con la Constitución en la mano, despejó 42 mil kilómetros para hacer la paz con la FARC. Álvaro Uribe, hoy senador, determinó que cuatro años no eran suficientes y decidió comprar apoyos para hacerse reelegir. Con su “Seguridad Democrática” quiso acabar a las FARC y no pudo. Terminó enfrascado en los llamados “Falso Positivos”.

Los presidentes en democracia gobiernan y adoptan medidas impopulares o antipopulares para recomponer el camino. Hoy le tocó el turno a Santos, premio Nobel de Paz, asumir con decisión encausar los acuerdos de La Habana y la Constitución le da los instrumentos para hacerlo, dicen connotados juristas; hágalo presidente, si quiere pasar a la historia.

 

* Periodista - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Por Diego González.- En el entorno del sistema político Colombiano ha sido frecuente advertir la hegemonía del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo como una de las causas de los límites de la democracia en nuestro país, la debilidad del Poder Legislativo Colombiano ha impedido una efectiva facultad de control del Legislativo sobre el Ejecutivo que involucre a toda la administración pública.

Controlar el proceder gubernamental es una de las funciones primordiales de cualquier Congreso en un Estado constitucional, precisamente porque este tipo de Estado no sólo encuentra uno de sus fundamentos más importantes en la división de poderes, sino también en el equilibrio entre ellos, es decir, la existencia de controles recíprocos, de pesos y contrapesos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable de las actividades públicas.

En la labor del fortalecimiento del Poder Legislativo deben contribuir todos los órganos del Congreso, principalmente los instrumentos que con fundamento en nuestra Constitución han sido diseñados para ejercer un control legislativo más detallado de las actividades del Ejecutivo.

Uno de estos instrumentos es la denominada irresponsabilidad de los congresistas, es decir, que los representantes del pueblo puedan emitir de manera libre sus votos y opiniones, sin temor a que éstos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de cualquier índole, con lo cual se garantiza la plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva del Congreso.

La doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta prerrogativa es una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia y no un privilegio personal para senadores o representantes, de otro lado, la inviolabilidad es perpetua, es decir, el congresista escapa a cualquier persecución judicial por sus votos y opiniones, incluso después de que ha cesado en el ejercicio de sus funciones.

Nuestra Constitución Política faculta al Congreso para enjuiciar a los altos dignatarios del Estado fundamentalmente al  Presidente de la República, porque la  remoción de su cargo es un hecho que tiene consecuencias políticas inevitables y profundas, por lo cual debe atribuírsele esa decisión a los representantes del pueblo, a fin de que puedan considerar la dimensión política que tiene todo proceso en contra de un Presidente y decidir si procede o no su enjuiciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, principalmente porque sólo amparados por la inviolabilidad, pueden los senadores y representantes gozar de la suficiente independencia para ejercer esta importante labor de control, sin temor a represalias.

El control parlamentario es un control de carácter político cuyo agente es el Congreso y cuyo objeto es la acción general del gobierno y, por extensión, también la acción de toda entidad pública, por esta razón, el reto al que está llamado nuestro Congreso es el de la adaptación a las tendencias modernas democratizadoras, lo cual no será nada fácil, pero es necesario emprenderlo si queremos que éste siga siendo la llave de nuestro sistema representativo y el principal pilar de nuestro sistema democrático.

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Por Humberto de la Calle.- De manera falsa se ha venido difundiendo la información de que el Acuerdo de La Habana contiene elementos de la llamada ideología de género. No es cierto. Se trata de una maniobra para atacar el Acuerdo como un todo. Lo que hicimos en La Habana fue adoptar un enfoque de género que tuviera en cuenta las diferencias en las consecuencias dañinas del conflicto, reconociendo que la mujer ha sufrido un impacto enorme, no solo como víctima directa de graves crímenes, la violencia sexual entre ellos, sino también en su condición de hija, madre, esposa y, en muchos casos, responsable solitaria de la preservación del hogar. Este punto de partida implica el compromiso de acentuar en la mujer el proceso de reparación, así como instaurar políticas y herramientas concretas que atenúen, y a la larga supriman, la discriminación ancestral que ha sufrido la mujer.

Vamos al texto y dejemos la especulación. En la página 10 del Acuerdo se lee: “Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derecho que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas... teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades”.

Y dentro del amplio marco de la no discriminación, la mención de la comunidad LGBTI busca un compromiso dirigido a evitar el gueto cultural que han padecido, en menoscabo de derechos fundamentales a toda persona.

El Acuerdo no toca los temas del matrimonio, la familia, las parejas del mismo sexo ni nada de lo que uno pudiera imaginar como ingrediente de la llamada ideología de género. Entendemos y respetamos la sensibilidad de estas disyuntivas morales. El enfoque de género corresponde exactamente a los principios constitucionales vigentes. Su única ideología es la Constitución.

Para quienes se oponen al Acuerdo en este punto, hay dos caminos: o entienden que han sido informados de manera sesgada, o aceptan que su verdadero propósito es mantener a la mujer confinada a patrones discriminatorios y a la población LGBTI presa de la homofobia.

Esa es la verdadera discusión.

Apostilla: circula en redes sociales una intervención mía sobre este tema, la cual ha sido recortada y malinterpretada. Mis expresiones incluyeron una cita literaria, cuyo propósito no era desconocer realidades anatómicas y fisiológicas de hombres y mujeres. No cometería esa tontería. El propósito era señalar que el rol asignado a ellos, si bien parte de realidades genéticas, se alimenta también de patrones sociales. De allí surge el machismo, por ejemplo, que ha menospreciado el papel de la mujer y ha dificultado su desarrollo pleno.

Un enfoque de género busca obtener la integralidad del reconocimiento de los derechos de la mujer en la vida social. Y en cuanto a la población LGBTI, me inspiré en las palabras del papa Francisco: los miembros de la población LGBTI “no deben ser objeto de discriminación y deben ser respetados y acompañados espiritualmente”.

 

HUMBERTO DE LA CALLE

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Por Carlos Ibañez Muñoz.- Título coloquial para explicar la adopción de medidas punibles por las autoridades de tránsito a quienes infrinjan las normas de tránsito en cuanto a sobrepasar mínimos de velocidad en la ciudad. Por ahí no se empieza, un pueblo no se culturiza a punta de represión con penas y sanciones. Si queremos construir un nuevo hombre  eduquémoslo primero, iniciemos el proceso desde la casa con el buen ejemplo de los padres y desde la escuela con la formación e instrucción que impartan los maestros como con cariño los llamábamos.

Independientemente de la ausencia de una buena infraestructura vial , de semaforización moderna, de señalizaciones adecuadas, del excesivo incremento del parque automotor;  vehículos y motos, de ausencia de autoridad; nosotros somos los actores del caos vial de la ciudad. SI,  nuestro desconocimiento de la normatividad de tránsito, nuestro ánimo pendenciero, nuestro comportamiento soportado en que todo se vale, el del mas avispado, el del mas abeja en términos populares, el del atarvan el de por aquí me meto, el del dicho de malas, son conductas deplorables que hacen parte de la cotidianidad de la vida del peatón y conductor en la ciudad que la "justifican "  para sobrevivir ante el desorden, caos vial y ausencia de autoridad.

Todas estos comportamientos deben ser conjurados por las autoridades sean policiales o de tránsito ; pero , insisto,  las sanciones que deben aplicarse tienen que ser precedidas por un mayúsculo esfuerzo de CULTURIZACION VIAL diseñado por la administración municipal donde participen todas las fuerzas vivas de la ciudad empezando por las escuelas , colegios y universidades a través de simposios pedagógicos ; con charlas especializadas de las oficinas de recursos humanos en las empresas en ciertas horas de receso laboral con acompañamiento de los gremios económicos y las compañías aseguradoras, sobre todo en aquellas donde sus trabajadores utilizan la moto como medio de transporte; convocatorias pedagógicas en las comunas a través de sus JAC y JAL ; estrategia mediática donde participen los medios de comunicación masivos de la ciudad , prensa , radio , cines ,  redes sociales etc ; toma de parques por las autoridades de tránsito y policía impartiendo instrucciones sobre buen comportamiento vial, en fin insertar en la ciudad una cultura de movilidad y respeto a las autoridades y las disposiciones de tránsito.

Una vez abordada esta política en forma masiva , y si esta no prospera , pues se hace necesario como sucede en la mayor parte de las grandes capitales del mundo, colocar dispositivos tecnológicos que permitan controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y así coadyuvar a los agentes viales que nunca y en ningún país serán suficientes para controlar la movilidad y el cumplimiento de normas .

Por eso me parece que acá comenzamos al revés, primero los dispositivos electrónicos y las penas sancionatorias y luego la pedagogía. Aunque auguro de entrada precarios resultados; Control exceso de velocidad? Y cómo? si acá el represamiento vial o trancones no nos permiten movernos a más de 10 kmts por hora si nos va bien.

Empecemos a cambiar la mentalidad del ciudadano, nos ahorramos el castigo y aliviamos el bolsillo.

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Por Paul Krugman. Esto todavía está lejos de acabarse, pero, como dicen los analistas especializados en temas de información secreta, es muy probable que Hillary Clinton gane estas elecciones. Los modelos basados en sondeos situaban sus opciones en torno al 90 % a principios de esta semana (y eso, antes de que la campaña se volviese no apta para menores).

Pero ¿qué será capaz de lograr realmente nuestra primera mujer presidenta? Eso depende de lo grande que sea la victoria que obtenga. No me refiero a la magnitud de su “misión”, que no significa nada: a juzgar por los años de gobierno de Obama, los republicanos se opondrán a todo lo que Clinton proponga, por muy derrotados que salgan. La pregunta, más bien, es qué pasará con el Congreso.

Piensen, primero, en las consecuencias de una victoria por la mínima: Clinton se convierte en presidenta, pero los republicanos se aferran a ambas cámaras del Congreso. Una victoria así no sería insignificante. Evitaría la pesadilla de una presidencia de Trump y también bloquearía el programa radical de privatización y bajada de impuestos que Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, ha dejado claro que impondrá si Trump se las arregla para ganar. Pero dejaría poco margen para acciones positivas.

Las cosas serían muy distintas si los demócratas reconquistaran el Senado. Según los modelos basados en sondeos, la probabilidad de que eso ocurra es de solo el 50 %, pero quienes apuestan sobre las elecciones les dan muchas más posibilidades, dos o tres contra uno. Ahora bien, ni siquiera un Senado demócrata posibilitaría que Clinton aprobase leyes si en la Cámara se topa con una mayoría republicana de un obstruccionismo implacable. No obstante, le permitiría colocar a alguien en el puesto del Tribunal Supremo que quedó vacante tras la muerte de Antonin Scalia.

Si piensan quedarse en casa el día de las elecciones porque el resultado está asegurado, no lo hagan

Esto tendría enormes consecuencias, en especial para la política ambiental. Durante sus últimos años en el cargo, el presidente Obama ha dado un gran impulso a las medidas medioambientales recurriendo a sus poderes normativos; por ejemplo, haciendo mucho más estrictas las normas de emisiones de los camiones pesados. Pero la pieza más importante de su programa —el Plan de Energía Limpia, que reduciría en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas que funcionan con carbón— está parada actualmente, a causa de una suspensión impuesta por el Tribunal Supremo. La conquista demócrata del Senado eliminaría ese obstáculo.

Y tengan presente que el cambio climático es, con creces, el problema más importante al que se enfrentan Estados Unidos y el mundo, aunque por alguna razón, la gente que escoge las preguntas de los debates presidenciales se niegue a sacarlo a colación. Dicho de forma bastante simple: si los demócratas conquistan el Senado, tal vez tomemos las medidas mínimas necesarias para evitar una catástrofe; si no lo logran, no las tomaremos. ¿Y qué hay de la Cámara de Representantes? Todos, y subrayo lo de todos, los logros legislativos del Gobierno de Obama tuvieron lugar durante el periodo de dos años en el que los demócratas controlaron las dos cámaras del Congreso. ¿Puede volver a suceder?

Hasta hace unos días, la probabilidad de que la Cámara cambiase de manos parecía baja, aun cuando, como ahora parece casi seguro, los candidatos demócratas obtengan en total más votos que los republicanos. Ello se debe, en parte, a que los gobiernos estatales controlados por el Partido Republicano han emprendido una campaña de manipulación de las circunscripciones generalizada y, en parte, a que las minorías, que votan mayoritariamente al Partido Demócrata, se encuentran agrupadas en un número relativamente pequeño de distritos urbanos.

Pero una victoria de Clinton lo bastante amplia podría cambiar la situación, sobre todo si las mujeres de clase acomodada dan la espalda a un Partido Republicano que se ha convertido en el partido de los sobones. Y eso permitiría a Clinton sacar adelante un programa mucho más ambicioso. En qué consistiría ese programa no tiene mucho misterio. No sé por qué hay tantos expertos que afirman que Clinton carece de una visión para Estados Unidos, cuando de hecho ha proporcionado una cantidad poco habitual de detalles en su página web y en sus discursos.

En términos generales, reforzaría considerablemente la red de seguridad social, sobre todo en el caso de los niños y las personas muy pobres, haciendo hincapié en asuntos relacionados con la familia como la baja por maternidad o paternidad. Esos programas costarán dinero, aunque no tanto como afirman los detractores; Clinton propone, y es verosímil, recaudar ese dinero subiendo los impuestos a las rentas más altas, de modo que el resultado general sería una reducción de la desigualdad.

El control demócrata de la Cámara también abriría la puerta a las inversiones a gran escala en infraestructura. Si resultase factible, sé que muchos economistas progresistas —entre los que me incluyo— instaríamos a Clinton a ir mucho más allá de lo que ahora propone.

Si todo esto les suena a una segunda ronda de lo que hizo el presidente Obama en 2009-2010, es porque lo es. ¿Y por qué no? A pesar del obstruccionismo republicano, durante el mandato de Obama ha aumentado notablemente el número de estadounidenses con seguro médico, se ha reducido considerablemente la pobreza y se han creado más de 11 millones de puestos de trabajo en el sector privado.

 

En cualquier caso, la conclusión es que, si piensan quedarse en casa el día de las elecciones porque el resultado está asegurado, no lo hagan. Salvo una catástrofe política equivalente al impacto de un meteorito, Hillary Clinton será la próxima presidenta, pero la magnitud de su victoria determinará la clase de presidenta que pueda ser.

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