Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.-Una de las mayores causas de la corrupción de una democracia es que los gobernantes usen sus cargos y su poder político para beneficiar sus propios negocios y enriquecerse. Es una forma más sofisticada que la corrupción tradicional que es la apropiación de los recursos públicos para beneficio propio, y fue una de las peores lacras del gobierno de ahora expresidente Trump (¡que alivio se siente al poder escribir expresidente!).

Más aun, con la información que poco a poco va saliendo a la luz pública se llega a pensar que todo el montaje legal e ilegal que armó Trump para desconocer la contundente victoria de Biden y quedarse en la presidencia no tenía solo motivos políticos y psicológicos por su megalomanía, sino además un profundo interés económico: salvar de la quiebra su imperio económico afectado por la pandemia.

Desde que entró a competir en las elecciones primarias del partido republicano, se decía que el interés de Trump no era tanto llegar a la presidencia –objetivo que veía muy lejano- sino promocionar su marca personal para valorizarla y hacer más negocios. Para sorpresa de muchos, fue elegido candidato republicano y después ganó la presidencia, pero eso no le implicó abandonar sus intereses económicos, sino que por el contrario le abrió el apetito para poner el inmenso poder de la presidencia a su servicio y el de su familia.

La primera señal de menospreciar el evidente conflicto de interés se dio cuando al iniciar su mandato no aceptó dejar la administración de sus negocios en un fideicomiso independiente, sino que la entregó a sus dos hijos Eric y Donald, quienes siguieron promocionando la marca Trump y haciendo negocios con ella.

Otro de los muchos ejemplos de esta mezcla del poder político y los negocios son los millones de dólares de ingresos que los hoteles y las propiedades de la organización Trump recibieron de agencias gubernamentales, empresarios y también gobiernos extranjeros deseosos de hacer negocios con el gobierno americano.

La revista Forbes –que no es propiamente una publicación de los comunistas norteamericanos- reporta que en la última campaña presidencial la organización Trump recibió 6.9 millones de dólares de recursos que se recibieron de donantes para financiar la campaña. Existe, además la gran duda de que va a hacer Trump con los cerca de 200 millones de dólares que recogió para defender el supuesto robo de las elecciones.

Los hijos de Trump han seguido las enseñanzas de su padre. Por ejemplo, la promoción en los actos oficiales, y por funcionarios del gobierno de las prendas y accesorios vendidos por Ivanka Trump, o sus negociaciones con el gobierno chino para vender sus productos en ese país. O la ley de 2017 que dio beneficios tributarios a las áreas conocidas como “opportunity zones”, 13 de las cuales eran propiedad de la familia Kushner del yerno de Trump. Parece que hubieran copiado el modelo de los terrenos para zonas francas en Colombia.

El problema para la familia Trump es que, a pesar de todos estos beneficios, la pandemia disminuyó sus ingresos en unos USD 150 millones el año pasado, lo que les va a dificultar pagar los créditos que por USD 300 millones se les vencen el año entrante. Para salvar el negocio era urgente mantener la presidencia y tal vez explica la reticencia a cerrar la economía a pesar de los 400.000 muertos.

Cali 23 de enero de 2021

Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Este año se va a realizar el censo de las empresas formales e informales que existen en Colombia. El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, no ha dudado en catalogar este inventario empresarial como el “hito más importante del año que está comenzando”. Y en realidad lo será.

Así como el censo rural que se hizo en el pasado gobierno nos brindó una fotografía actualizada del sector rural colombiano, que tenía un atraso de cuarenta año, éste, el empresarial, nos debe suministrar información invaluable sobre cómo están las unidades empresariales a nivel urbano y rural, formales o no, que existen en Colombia. Información esencial, entre otras cosas, para cuando se pongan en marcha las estrategias que habrán de reparar los estragos empresariales que dejará la pandemia. Una de cuyas nefastas secuelas es haber dejado tendidas en el campo de batalla a muchas unidades productivas. Este tipo de censo hace treinta años no se realiza en Colombia.

Las empresas de todos los tamaños son el nervio de la actividad económica y social. Si bien es cierto las medianas y pequeñas son las que más empleo generan, las de tamaño mayor son claves en las exportaciones y en la asimilación tecnológica. Todas son importantes. Y todas van a ser inventariadas con este censo que debe arrojar una formidable radiografía de esa red de empresas que mueven al país.

 ¿Cuántas son? ¿A cuanta gente emplean? ¿Qué penurias han sufrido durante la pandemia? ¿Cuánto les pesan las cargas laborales y tributarias? ¿Cómo son exactamente las unidades empresariales informales de las que tanto se habla, pero de cuyos perfiles socio económicos poco se sabe? ¿Cómo es la formación profesional que tienen o del que carecen sus empleados? ¿Cómo se podría visualizar una política eficaz de formalización? ¿Dónde están ubicadas geográficamente las empresas? ¿Cuáles son sus vínculos con la generación de empleo? Todas estas informaciones y muchas otras deberá suministrarlas este censo cuyos resultados -según el director del Dane- estarán listos para el tercer trimestre del 2021. Preocupa sí que los recursos necesarios para realizarlo no los ha entregado todavía en cuantía suficiente el ministerio de Hacienda. Se repite la misma historia que con el censo rural: hubo que sacarle con tirabuzón al Ministro  de entonces la plata para realizarlo.

En el año 2021 se supone que deberán realizarse en el país dos importantes reformas: la tributaria que ahora piadosamente se le llama reforma fiscal y la de asuntos laborales. Para ambas el censo empresarial suministrará insumos de gran utilidad.

La recuperación de la economía en este año va a ser más lenta de lo que estaba previsto. Se pensaba que el 2021 sería el año del gran salto adelante. Algunos pronósticos anticipaban, quizás con más optimismo que realismo, que a finales del 2020 tendríamos una contracción en el PIB que rondaría entre -8% o -10%, pero que en el año en curso tendríamos crecimientos del PIB positivos entre + 5% y +6%. Hoy sabemos que las cosas no van a ser tan sencillas. Los nuevos confinamientos que ha sido preciso decretar, la tardanza en la campaña de vacunación, el difícil contorno internacional que se ha agravado durante las últimas semanas, son indicios todos que este año -si bien debe ser mejor que el pasado- va a arrojar resultados mucho más discretos de lo que se esperaba.

El censo empresarial que inicia el Dane nos servirá entonces para saber mejor y más documentadamente dónde estamos parados. Y en qué condiciones dejará al tejido empresarial del país la terrible pandemia.

Bogotá, D. C, 23 de enero de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Según el Índice de desempeño de su arquitectura del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia cuenta con un sector energético de clase mundial, ocupa el 10º entre 127 países evaluados, constituyéndose en el único país fuera del antiguo continente que figura en el top 10. La ley 143 de 1994 que lo rige se ha visto fortalecida y robustecida con la expedición de la Ley 1715 de 2014, la cual promueve, incentiva y estimula las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), así como el uso racional y eficiente de la energía.

Por su parte la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha sido diligente y asertiva a la hora de expedir las normas regulatorias a las cuales deben ceñirse los diferentes agentes de la cadena. No obstante, hacia el futuro tiene el reto de adecuar su estructura y funcionamiento a las nuevas exigencias que se derivan de la modernización del sector de cara a la Transición energética en curso. Como es bien sabido esta pasa por las conocidas 4D: la digitalización, la democratización, la descentralización y la democratización.

Por ello consideramos de la mayor importancia que la CREG cuente con una plataforma tecnológica y con las aplicaciones requeridas para el cumplimiento de sus funciones y competencias. Deberá disponer hacia el futuro con una Unidad de analítica soportada en la Inteligencia artificial (IA), la Big data y los algoritmos, que le permita procesar todo el cúmulo de información que genera la gestión y operación del Sistema, con miras a tomar mejores y más oportunas decisiones.

Sería deseable que la CREG al momento de expedir sus resoluciones para comentarios evalúe con tales herramientas a su disposición el impacto esperado de las mismas, para evitar sorpresas desagradables y señales inapropiadas a los agentes del mercado. Además, convendría que al término del plazo para los comentarios se concluyera propiciando un espacio, a manera de panel, en el que interactúen los expertos comisionados y los agentes incumbentes, lo cual contribuiría a que los primeros dispongan de más y mejores elementos de juicio en la toma de sus decisiones. Todo ello antes de dejar en firme el texto definitivo de la Resolución objeto de análisis.

Como es bien sabido el Congreso de la República facultó al Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, para crear una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada el 2 de mayo de 2019 con 20 expertos nacionales y extranjeros y tuvo por objeto fundamental delinear la hoja de ruta para la energía del futuro en Colombia. Dicha Misión se propuso como objetivos fundamentales: 1) el cierre de brechas y la corrección de fallas de mercado 2) La desregulación y descentralización 3) el establecimiento de los protocolos e infraestructura de uso común y finalmente 4) la sostenibilidad.

El mayor desafío que encara el Ministerio de Minas y Energía es poner en práctica las recomendaciones de la Misión, que su informe no se quede en los anaqueles oficiales, pues las mismas propenden por la modernización y adecuación tanto del marco institucional como el regulatorio, de modo que se encauce apropiadamente la Transición energética, facilitando la incorporación de nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales en el mercado energético. Se trata, además, de poner al usuario en el centro, ahora que su empoderamiento le va a permitir cumplir su doble papel de productor y consumidor (prosumidor) de energía.

En este orden de ideas, nos parece de la mayor importancia la recomendación por parte de la Misión de fortalecer aún más a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la cual deberá dotar al sector de una planeación más prospectiva, moderna e integral, incorporando a la misma lo concerniente a redes, microredes, medición inteligente, almacenamiento de energía, así como la habilitación de nuevos modelos de negocio. También aconseja la Misión reformar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de modo tal que tenga una instancia de decisión (Consejo) para los temas macro presidida por el Ministro de Energía, sustrayéndolo del día a día de la gestión del órgano regulador.

En última instancia lo que está en juego es la seguridad energética del país, piedra miliar del desarrollo económico y social del país, en los términos planteados en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a los que ahora, merced a la crisis pandémica habrá que agregar el cierre de la brecha digital. El 7º de los objetivos, la asequibilidad al servicio esencial de la energía y la integración a la matriz energética de las FNCER es la meta de corto, mediano y largo plazo. La mayor diversificación de dicha matriz y la mixtura, las soluciones híbridas, que combinen las fuentes de energías convencionales y no convencionales, las cuales se respaldan mutuamente, ofrecen una mayor resiliencia de la misma frente a los avatares del cambio climático.

Santa Marta, enero 23 de 2021

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Nos duelen todos los muertos de la pandemia, aunque la muerte es anónima y nos es indiferente cuando no está cerca, pero es dolorosísima cuando se nos arrima, cuando se viste de nombre conocido; el de un familiar, el de un compañero de viaje…, el de un amigo.

Se acaba de llevar a Alejandro Galvis Ramírez, un ser humano con mayúsculas, un ganadero con mayúsculas, un periodista con mayúsculas; un inmenso santandereano y un colombiano de esos que no se deberían ir porque hay muy pocos. Un gigante, sí, no solo por su estatura, sino por su talla moral, su “talante”, por su espíritu visionario y su capacidad para “emprender”, para construir, para convertir sus visiones en realidades contundentes.

En plan ganadero recorrimos mucho mundo, observando, aprendiendo, asimilando, porque Alejandro era, literalmente, una esponja que recogía conocimientos, experiencias y nuevas tecnologías, para trasplantarlas en su hacienda El Madrigal, en la Mesa de los Santos, un erial convertido en edén, un ejemplo de la sostenibilidad que hoy pregonamos, levantado por Alejandro con disciplina, con rigor técnico y, sobre todo, con pasión por la ganadería.

En esas Giras Técnicas Internacionales de Fedegán, en amenas charlas compartimos en muchas ocasiones el horizonte visionario de las grandes posibilidades de la ganadería para Colombia, país pródigo en riquezas y hambriento de oportunidades. Lo entusiasmaban las fortalezas de la lechería nacional; lo angustiaba que los gobiernos no parecían verlas, y lo indignaba la miopía dominante de la industria contra quien, por el contrario, debería ser su aliado estratégico: el ganadero. Esa fue su lucha de los últimos años, como representante de los productores de leche en la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado.

Si la ganadería le debe mucho a Alejandro Galvis, el periodismo no le debe menos. Digno hijo de su padre, el patriarca Alejandro Galvis Galvis, gobernador, ministro, embajador y fundador de Vanguardia Liberal –su gran legado–, cuando hacer periodismo era difícil y periodismo regional quijotesco, al punto de que –me contaba Alejandro hijo– le tocaba ayudar a los gastos con su dieta parlamentaria.

Alejandro recibió ese testigo del emprendimiento periodístico de su padre y lo llevó, meta tras meta, hasta convertirlo no solo en paradigma del periodismo regional y orgullo de la “santandereaneidad”, sino en un consolidado grupo empresarial de medios.

Estas últimas letras las reservo para el amigo. “Ajá, viejo Pepé”, era siempre su saludo. Él, santandereano hasta el tuétano, no reparaba en regalarme ese saludo costeño con la generosidad que era otra de sus improntas. Él, ganadero de excelencia y poderoso empresario de medios, sabía de profesionalismo y verticalidad en sus convicciones, pero no de arrogancia. Alejandro inspiraba respeto porque era respetuoso; su amabilidad y sencillez eran casi inesperadas y, por eso, se le daban fácil el consejo oportuno, el ánimo conciliador y la actitud asertiva, que le permitían avanzar sin entregar sus principios.

Como muchos santandereanos, Alejandro gustaba del vallenato, algo en lo que éramos “primos”. Varias veces me acompañó al “Cuna de Acordeones” en Villanueva, y en sus cumpleaños no faltaban el médico Meneses, compositor del Binomio de Oro, el maestro Adolfo Pacheco y otras figuras vallenatas. ¡Ah parrandas aquellas!, de música compartida, de aguardiente Superior, de alegría sin excesos, de hospitalidad sin artificio..., de sentirse como en casa.

La ganadería y Fedegán perdieron uno de sus bastiones regionales; el periodismo a uno de los últimos “grandes”; Santander a uno de sus mejores santandereanos…, Yo perdí un amigo; el país perdió a un gigante. Consuelo a su familia y paz en su tumba.

Bogotá, D. C, 23 de enero de 2021

*Presidente de FEDEGAN.

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Mientras en los Estados Unidos se conforma y se posesiona un nuevo gobierno elegido democráticamente, con pesos y contrapesos y un Congreso equilibrado, nosotros avanzamos hacia la hegemonía.

Biden llegó a la Casa Blanca con una halagüeña propuesta de unidad que haga germinar las semillas de la convivencia, para rescatar la democracia más fuerte del mundo. Un magnate trató de imponer allí una funesta dictadura de extrema derecha. El Congreso estuvo en vilo y la vida de los parlamentarios seriamente amenazada.

Los demócratas lograron frenar el apetito del poder y del desastre que quiso imponer Donald Trump. Los aguaceros de embustes, falsas noticias, engaños y patrañas, fueron su arma mortal durante 4 años. Quiso embolsarse todos los poderes, como es el férvido propósito de gobernantes de repúblicas bananeras.

El hoy huésped de “Mar a Lago” perdió las elecciones. Ni los votos directos, ni los electorales le alcanzaron. Pero su arrogancia le impedía admitir la derrota. Armó un zafarrancho que el mundo entero repudió. Cada día denunciaba fraude, sin prueba alguna, mientras crecía estruendosamente la ventaja de Biden. Los “trumpistas” norteamericanos y los colombianos, que intervinieron con los mismos argumentos tramposos que esgrimieron en nuestras últimas elecciones, lloran su derrota.

En Estados Unidos, por fortuna, lograron nivelar la barca, realizando conteos y reconteos que al final permitieron, en franca lid, elegir al verdadero ganador. Un hombre que no elude la división de los poderes ni teme a los contrapesos que garantizan gobiernos dignos e incorruptos.

Lo que sucede en el norte nos pone a pensar en esas palabras del exvicepresidente Pence, al que Trump quiso obligar a mentir para falsear los resultados electorales. Fue claro y categórico, al señalar que los “fundadores de la patria norteamericana, repudiaron siempre la concentración de poderes”.

En nuestro medio, el Presidente Duque ha adoptado un tono arrogante y camorrista cuando las cosas no le salen. Así se comportó cuando posesionaba la nueva Procuradora, al referirse al ex Fernando Carrillo, por haber tenido el valor de criticar la tardanza de nuestro país en la compra de las vacunas. Lo acusó de “buscar halagos o aplausos ocasionales, tratando de moverse cual veleta y no con el camino recto”. Hubo otras descalificaciones. Entre tanto, la nueva procuradora, se comprometió a todo con “su presidente” que la posesionaba. Solo hablaba de “nuestro gobierno”, cuando se refería al de Duque. Con esa expresión quedó depositada la concentración de todas las entidades encargadas del control del Estado, en las manos del Presidente Duque. Todos en el mismo redil. El Fiscal, El Contralor, la Secretaría de Transparencia y ahora la Procuradora son de “nuestro gobierno”. Por eso todos elogian el manejo a la pandemia y plan de vacunación que nadie sabe cuándo empezará, ni a quienes beneficiará, mientras millares de colombianos mueren y el país se arruina.

BLANCO: La ausencia de Trump en la posesión de Biden.

NEGRO: Increíble impedir las tutelas para defenderse del mal manejo de las vacunas.

Bogotá, D. C, 23 de enero de 2021

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper

Por Óscar Villamizar Meneses*.- La crisis del sector agropecuario en Colombia no es un tema que viene de hace poco; este sector vive una crisis permanente debido a los altos precios de insumos agrícolas, la falta de acceso a créditos y la importación de productos agropecuarios, entre otras razones. Los campesinos necesitan una solución ¡YA!

Ver a los campesinos a la orilla de las carreteras nacionales vendiendo sus productos es una escena nefasta que alertó a todo un país frente a la crisis que vive el sector agro, atender esta crisis es fundamental para encontrar una pronta solución.

El 90,4% de los productores manifiestan no recibir asistencia técnica, y debido a esto, utilizan más de 744 kilos de fertilizante por hectárea, mientras que en Chile y Brasil no se usan más de 200 kilos; esto incrementa los costos de producción agrícola.[1]

Seguido de esto, solo el 16,7% de los productores agrícolas cuentan con maquinaría lo cual no permite una producción eficaz ni mejorar las técnicas de cultivo. Además, de las 7,6 millones de hectáreas que son aptas para riego, solo 1,1 millones de hectáreas está en condiciones adecuadas, lo que significa que nuestros campesinos no cuentan con infraestructura.[2]

Y lo que aún es más preocupante es que en agosto del 2020, cuando la crisis del sector agrícola se ve agudizada por la Pandemia, el precio de los insumos agrícolas sube en un 48%.[3] Haciendo estos productos inasequibles para los campesinos.

El sector agropecuario necesita una reestructuración en términos de asistencia técnica, provisión de maquinaria, acceso a infraestructura, regulación de los precios de insumos agrícolas, mejoramiento de vías terciarias y facilitar el acceso a créditos, así como refinanciar las deudas de pequeños productores y disminuir el interés de las mismas.

Por eso, propuse una Comisión Accidental para que se conforme una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Representantes a la Cámara para encontrar una solución a la crisis que vive nuestro campo colombiano.

El sector agro es fundamental para la economía de nuestro país, para disminuir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria; no podemos esperar más para crear garantías a los productores y campesinos de nuestro país, ¡es ahora!

Bucaramanga

*Representante a la Cámara por Santander

Por Paloma Valencia*.- La “tecnología” mediante la cual las sociedades construyen las “verdades” se ha ido desvaneciendo. Esa diferencia clara entre los “hechos” y las “opiniones” se ha ido borrando. Hoy cualquiera se siente con los recursos suficientes para desafiar un resultado de una investigación técnicamente bien hecha. Hoy cualquiera sostiene que es verdadera su opinión, e incluso tacha de mentiroso a quien lo contradiga, pese a no tener un sustento sólido para respaldarse. A continuación examino lo que ha ocurrido con nuestra capacidad colectiva para establecer verdades científicas o verdades argumentativas.

Las verdades científicas se sustentaban en la confianza colectiva en lo que hacían los investigadores,  es decir, en el método científico, en la revisión de pares y en las prácticas de difusión de los hallazgos. No porque cada quien entendiera a fondo estos tres componentes, sino simplemente porque confiaba en “la ciencia”  como un todo.  Dos ejemplos dramáticos de la pérdida de credibilidad de la ciencia en partes de la población son las crecientes teorías conspirativas sobre los propósitos de las vacunas, y la negación del cambio climático.

Las verdades argumentativas surgían naturalmente de los debates. Era claro cuando un argumento era más fuerte que otro. Hoy nadie escucha los argumentos que desafían sus ideas, busca, simplemente, desacreditar al portador para sentirse tranquilo al desoírlo. Nadie acepta la superioridad de un argumento.

Las motivaciones de los otros se inferían por sus acciones. Hoy en cambio, se establecen según si comparten o no mi visión del mundo. Se clasifican los otros como malos o indeseables porque contradicen mis propias opiniones. Es claro que las redes sociales y la polarización política mucho tienen que ver en esta nueva configuración de la verdad.

La polarización  llevó a que se acrecentaran las dificultades de empatía con los otros. Los individuos se han venido haciendo cada vez más tribales e intolerantes con las ideas disímiles. Ver al otro tal y como es, aceptarlo y respetarlo, hacer de él la mejor lectura posible parece imposible. Nos parece más fácil convertirlo en caricatura y poder desconocerlo. Como no se empatiza, se  juzga al otro como diferente e indeseable, y en consecuencia se rechazan sus argumentos, aun sin oírlos, se desconfía de sus intenciones y se presupone mala fe o mala voluntad.

Las redes sociales permiten que esa percepción del otro, el juicio sobre sus argumentos, la desconfianza sobre sus motivaciones se transmita rápidamente. La polarización crea múltiples verdades y las redes sociales las contagian. En muchos sentidos, estamos frente a un virus de “múltiples verdades” (que por múltiples, son falsas) que tiene una rápida velocidad de contagio por las redes sociales. Es una pandemia.

No nos gusta la incomodidad de sentirnos equivocados, ni convivimos bien con asuntos que puedan estar en duda. Es una sociedad emotiva, movida por sentimientos o intuiciones más que por la razón,  a la que no le gustan los grises sino las certidumbres y las categorizaciones fáciles. Hay una pérdida de confianza en la ciencia y la investigación. Hay suspicacia frente a todo lo que es ajeno. Y el juego de la polarización impide que podamos salirnos. Y esta polarización que se contagia, se pasa de unos a otros, sin que sea posible evitarlo. Por eso, la pregunta para muchas sociedades del mundo actual es cómo superar la polarización y no parece haber respuestas fáciles.

Un deber central de quienes estamos en política es hacer  la mejor interpretación posible del otro y contribuir así a que podamos volver a tener verdaderos debates.

Bogotá, D. E, 21 de enero de 2020

*Senadora del Centro Democrático

Por Jairo Gómez*.- Pocas respuestas serias se han oído para desmentir al periodista Alberto Donadío sobre el artículo: “Virgilio Barco y el exterminio de la UP”. Cómo duele la verdad en este país y qué pocos argumentos tienen quienes quieren desmentir esta historia.

No es con vaguedades y generalizaciones que se desmienten acciones de gobierno que, como en el caso de Barco Vargas, existen evidencias enormes que ameritan ser investigadas pues para nadie es un secreto que en su gobierno el genocidio contra la Unión Patriótica fue sistemático y obedeció a un macabro plan diseñado desde la institucionalidad colombiana.

Como si se tratara de purificadores de la política, durante ese exterminio asesinaban a un militante, alcalde, representante, senador o candidato presidencial de la UP y, por supuesto, tenían un responsable: “las Fuerzas Oscuras” que querían desestabilizar la democracia colombiana. (El contexto histórico es diferente pero la estrategia parece ser la misma, hoy se llaman “Águilas Negras” las que están detrás del asesinato de líderes sociales, ambientalistas, firmantes del acuerdo de paz, indígenas, afros y campesinos anónimos).

Lo que se hereda no se hurta, dicen por ahí, y Barco Vargas, coherente con ese pasado que imprimió en su personalidad su padre el general Virgilio Barco Martínez, el de la famosa Concesión Barco, actuó en consecuencia, por ello la versión del periodista es creíble, tan creíble como la presencia del mercenario y amigo personal israelí Rafi Eitan y su criminal propuesta que hoy, de un plumazo, nos la quieren borrar de los anales de nuestra historia reciente.

Tan contundente es la versión que el propio Carlos Ossa Escobar, entonces director del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), exteriorizó su preocupación cuando dijo ante notario que “la preconcepción ideológica de nuestras fuerzas armadas y la desconfianza entre algunos sectores del establecimiento político y económico (del cual Barco era un fiel representante), crearon entonces las condiciones para que se concretara lo que hoy todo el mundo acepta como el genocidio del partido político la Unión Patriótica; en aquella época el país cayó en una especie de esquizofrenia”.

El testimonio de Ossa Escobar hay que analizarlo con pinzas, pues sin duda hizo una fiel descripción de cómo funciona el régimen que ha gobernado Colombia durante muchas décadas: para afuera el discurso de lucha frontal, en este caso, contra las tales “Fuerzas Oscuras” y por debajo de la mesa utilizar el gatillo como lo sugirió el mercenario. Dijo en su momento el consejero ante notario que mientras el gobierno civil luchaba por garantizar la vida de los integrantes de la UP, “en algunos sectores de las fuerzas armadas asociados con paramilitares y narcotraficantes, por otro lado, se instrumentaba de manera eficiente la estrategia de eliminación de la Unión Patriótica”.

Esa es la lógica que ha caracterizado el poder en Colombia y Ossa Escobar lo corrobora cuando hace manifiesta su preocupación al entonces ministro de Defensa, general Zamudio Molina, por el sistemático asesinato de miembros de la UP y este cínicamente le responde: “…Carlos, a ese ritmo no van a acabar nunca, sobran los comentarios”.

Creo no estar equivocado al interpretar que Ossa Escobar, como buen conocedor de la historia y del perverso régimen que experimentó por dentro, quiso dejar un testimonio para el debate tras revelar que pese a “los esfuerzos del gobierno civil de garantizarle la vida a los miembros de la UP”, la estrategia sugerida por el mercenario Eitan, que no conoció, la compró ese establecimiento representado en Barco Vargas, estrategia que se cumplió finalmente y que se sustenta en el asesinato de más de seis mil militantes de la UP, es decir todo un partido político aniquilado tiro a tiro.

La historia del genocidio de la UP apenas comienza a contarse; una historia en la que la totalidad de la institucionalidad fue cómplice por acción o por omisión como se constata, por ejemplo, en las nefastas declaraciones del entonces ministro de gobierno de Barco Vargas, Carlos Lemos Simonds, que no dudó en asegurar que “la UP es el brazo político de las farc”; cinco días después de esas declaraciones fue asesinado el candidato presidencial, Bernardo Jaramillo Ossa. Nos colgaron la lápida al cuello, había dicho.

Así fue el exterminio deliberado de un partido político de izquierda, la Unión Patriótica; exterminio que no se dio en las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, pero sí en la democracia más antigua de América Latina: Colombia.

Bogotá, D. C, 21 de enero de 2021

Periodista. Analista Político.

@jairotevi   

Por José G. Hernández*.- Este año se cumplen treinta de la aprobación, expedición y promulgación de la Constitución Política de 1991. Vale la pena que este aniversario no pase inadvertido y que, por el contrario, además del homenaje que merecen quienes fueron sus impulsores y artífices -algunos de los cuales, como los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, ya no están con nosotros-, se proceda a una labor pedagógica dirigida a las nuevas generaciones, con el objeto de hacer que conozcan el origen histórico de la Carta, el proceso que precedió a su establecimiento, su contenido, los valores y postulados en que se funda, las mutaciones que ha sufrido y las características del Estado colombiano y de nuestra democracia.

Al respecto, nuestros gobernantes y autoridades no deberían olvidar que el artículo 41 de la misma Constitución dispone: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

Los juristas y académicos, en especial quienes tenemos acceso a medios e instituciones educativas y de comunicación, tenemos el deber de contribuir con nuestros estudios, análisis, crítica y divulgación, a la celebración de esos treinta años. En particular, conviene que, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, la Ciencia Política y los Derechos Humanos, nos empeñemos en un balance objetivo e imparcial acerca de lo que ha ocurrido en estas tres décadas; en torno a la manera en que ha sido cumplida -o incumplida-, desarrollada -o ignorada- la preceptiva constitucional; sobre el impacto de las cincuenta y cinco modificaciones que hasta ahora le han sido introducidas en ejercicio de la competencia de reforma en cabeza del Congreso; sobre la actividad de las ramas y órganos del poder público en este tiempo; y en relación con el significado y alcance de sus más importantes instituciones -la acción de tutela, por ejemplo-, así como en lo referente al desenvolvimiento de la jurisprudencia de los altos tribunales de justicia, en especial la Corte Constitucional.

Sin duda, encontraremos avances, retrocesos, estancamientos, vacíos, frustraciones. De eso se trata: más que de discursos, palabras y lugares comunes, se hace preciso entrar en el fondo, reflexionar y, ante todo, confrontar: ver si en realidad el comportamiento y la actividad de las instituciones colombianas se ajusta a los propósitos que quisimos alcanzar en 1991.

También es muy importante -ojalá pudiéramos lograrlo- que nuestros gobernantes, legisladores, jueces y órganos independientes aprovechen ese balance para un auto examen acerca de si en realidad ese Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución está siendo realizado. ¿Han sido respetadas y observadas exigencias de la Carta como el respeto a la vida y a la dignidad de la persona humana, los derechos y deberes, las garantías y libertades, el trabajo, el sistema de frenos y contrapesos, la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, la responsabilidad de los servidores públicos, la solidaridad, la justicia social, la prevalencia del Derecho sustancial, la efectividad del control de constitucionalidad, la acción pública, la transparencia en el ejercicio del poder público?

Bogotá, D. C, 21 de enero de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional   

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las fracasadas negociaciones tripartitas sobre el salario mínimo en diciembre pasado, que antecedieron a su fijación por decreto oficial, mostraron un cambio en los discursos del Gobierno y los empresarios para justificar el mínimo aumento del salario mínimo –escasos $30,000 mensuales-. En lugar del argumento tradicional, nunca demostrado, de que el aumento de ese salario aumentaba el desempleo, esta vez se insistió en que su impacto era sobre el aumento del empleo informal, en detrimento del empleo formal.

Es un avance el reconocimiento de que los incrementos en el salario mínimo no tienen un impacto significativo sobre el nivel general de empleo. En la jerga de economistas y viendo el trabajo solo como una mercancía, se dice que es muy baja la elasticidad-precio de la demanda de trabajo, y hay suficiente evidencia empírica al respecto. En la práctica cotidiana de los empresarios de todos los tamaños, (aún los informales), la principal razón para contratar o despedir trabajadores no es el salario mínimo sino la situación de las ventas de sus productos: si crece la demanda y tienen que producir más, contratan más trabajadores; por el contrario, tratan de reducir la nómina si ven que las ventas bajan.

Los economistas dicen que la demanda de trabajo está en función de la demanda de bienes y servicios. Superado ese argumento, y ante la necesidad de aumentar muy poco el salario mínimo para, como bien dice Salomón Kalmanovitz, “garantizar la rentabilidad del sector formal de la economía” se recurrió a otro argumento: ahora se dice que el aumento “exagerado” del salario mínimo desplaza trabajadores del sector formal de la economía al informal y, por lo tanto, va en perjuicio de los mismos trabajadores porque deteriora las condiciones laborales. Son escasos los estudios académicos sobre esta supuesta relación, pero las estadísticas básicas no la confirman, antes bien lo que muestran es una realidad contraria.

Entre el 2000 y el 2019 el SMLV real se incrementó en 26,7%, mientras que la tasa de informalidad se redujo de 54,5% a 47,9%. Además los únicos años de este período en los que aumentó la informalidad –entre 2007 y 2010-, fueron los años de menor aumento del SMLV. En efecto en estos años en porcentaje la informalidad subió de 51,4% a 53,3%, y el de trabajadores informales pasó de 4.7 a 5.6 millones, mientras que el aumento anual promedio del SMLV fue de 0,8%.

Desde el 2010 hasta antes de la pandemia la informalidad se redujo hasta 47,4% y el número de informales se ha mantenido fluctuando alrededor de 5.7 millones, mientras que el aumento anual promedio del SMLV fue de 1,6%. Por eso el coeficiente de correlación entre las variaciones del SMLV y la tasa de informalidad es negativo aunque muy pequeño (-0,03).

Los períodos de aumento de la informalidad coinciden con los de desaceleración de la economía –eso fue lo que pasó con la crisis financiera mundial del 2008-, mientras que su disminución va aparejada a bonanzas como la petrolera de principios de la década pasada.

Es una demostración adicional de que la generación de empleo (que es lo mismo que la demanda de trabajo) depende mucho más del ritmo de crecimiento de la economía, el cual su vez está determinado en el corto plazo por la demanda agregada, es decir por el consumo de los hogares, la inversión y el gasto público.

Cali, 18 de enero de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.