Por Amylkar Acosta M.- Según lo denunció el cronista deportivo Iván Mejía, esta semana se jugó un partido entre el DIM y el Valledupar Futbol Club en la capital del Cesar y en lugar de los 90 minutos reglamentarios se tomó más de 3 horas por cuenta de 4 apagones en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, los cuales obligaron a interrumpir esas mismas veces el juego en la cancha. Hechos como estos se repiten a diario, hospitales, hoteles y restaurantes se abocados constantemente a esta contingencia de los cortes intempestivos, amén de las fluctuaciones de voltaje que estropean y dañan los equipos y electrodomésticos.

Lo más grave, además de la recurrencia, de esta anomalía es que la tendencia es a su agravamiento. Según Encuesta reciente sobre Calidad de vida del Programa Barranquilla cómo vamos, la satisfacción por el servicio de electricidad prestado por ELECTRICARIBE descendió del 77% en el 2009 al 40% (¡!) en el 2015. El promedio de horas de cortes de energía en los hogares en la región Caribe se elevó a las 90 horas/año (¡!), doblando el promedio nacional que ronda las 45.5 horas/año. Esto es una barbaridad!

Recién elegidos los gobernadores del Caribe se dieron cita el 17 de noviembre pasado en Barranquilla para exhortar al propio Presidente de la República Juan Manuel Santos para que se le buscara una solución urgente. En efecto, el Presidente Santos atendió sus súplicas y presidió una Cumbre energética el 14 de enero en Barranquilla y de allí salieron varias decisiones, que sólo han sido cumplidas a medias. Es como si estuviéramos en la época de la Colonia, cuando las leyes de Indias que promulgaba la Corona se obedecían pero no se cumplían.

Ahora bien, el Gobierno Nacional procedió a abrir las convocatorias y a adjudicar los proyectos correspondientes a subestaciones, compensadores, transformadores y redes del STN y del STR del Plan5Caribe. Es decir la Nación ha venido cumpliendo con lo suyo. No así ELECTRICARIBE, que tiene la responsabilidad de hacer las inversiones correspondientes a las redes del STL. Nos veremos, entonces, enfrentados a una situación muy delicada: se podrán concluir las obras ya contratadas a través de la UPME, pero no se podrá lograr el cometido de mejorar la calidad de la prestación del servicio por el “corto circuito” que significa no disponer de las redes a las cuales se conectan los usuarios finales. 

Pero la situación ha pasado de castaño a obscuro porque ELECTRICARIBE no sólo no ejecuta los proyectos a los que está obligada, alegando que no cuenta con los recursos para hacerlo, sino que tampoco es capaz de ejecutar los recursos provenientes del fondo PRONE, para la normalización de redes, que le transfiere el Ministerio de Minas y Energía. Lo delata la Contraloría General de la República al hacer público su hallazgo de un presunto detrimento patrimonial del orden de los $65.733 millones, girados para la normalización de redes por parte del Ministerio pero no invertidos. Con ello se demuestra que la incapacidad de ELECTRICARIBE para ejecutar los proyectos no es sólo atribuible al problema de “flujo de caja” que alega.

Lo peor está por venir y si no nos avispamos los 7 departamentos de la región Caribe a los cuales sirve están ante el riesgo inminente de un apagón general. Y no es para menos, la deuda de ELECTRICARIBE con los bancos se aproxima a los $2 billones y el vencimiento de la misma se concentra, en más de un 70%, en los años 2016 y 2017. Y, según ha trascendido, ELECTRICARIBE puede estar en el próximo mes de agosto ante la imposibilidad de servir su deuda y ante el impago de la misma esta podría bloquear los créditos a la empresa y esta a su vez se quedaría sin con qué pagar la factura de la energía que compra. Si se llega a materializarse este evento, inmediatamente XM, que es el operador del Sistema, procedería a ordenar la limitación de suministro y los generadores, que son sus acreedores podrían hacer efectivas las garantías.

A los problemas anteriores se viene a sumar un problema que a estas alturas se torna insalvable y es la pésima reputación de ELECTRICARIBE entre sus usuarios y entre las autoridades, lo cual ha llevado a estas a plantear como única salida un cambio de operador. Con tal fin le planteamos a los gobernadores de la región Caribe y fue acogida por parte de ellos la propuesta para estructurar a través de una Banca de inversión un nuevo esquema de un gestor – operador de la red que hoy opera ELECTRICARIBE. Esta propuesta le fue presentada el 27 de mayo al Ministro de Minas y Energía y dos meses después sólo hemos recibido la callada por respuesta. Mientras tanto, como dice el adagio popular, el que espera se desespera y estamos hablando de 2´600.000 usuarios y más de 10 millones de estoicos residentes afectados. Y tanto va el agua al cántaro hasta que al final se rompe!

Bogotá, julio 30 de 2016

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Por Jorge Enrique Robledo.-En medio de uno de los mayores escándalos de la historia de Colombia, en 2011, la Contraloría sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de 1,4 billones de pesos. Pero el Fiscal (e) Jorge Perdomo acaba de decir que la Fiscalía no ha acusado a nadie porque “se habla mucho de una gran situación de corrupción pero las pruebas no existen”. Agrega que el liquidador de la EPS reduce lo perdido al seis por ciento de los 1,4 billones y que Saludcoop –pobrecilla–, según el exsupersalud Gustavo Morales, fue víctima de funcionarios de la Contraloría. Y concluye que los temas legales de la salud “son muy discutidos” (http://bit.ly/2atxGC2). Mucho me temo que concluya –con el respaldo del Ministerio de Salud, por razones que se verán– que las tales corruptelas de Saludcoop no existieron.

De entrada, la teoría de la conspiración de la Contraloría se cae porque, en 2004, la Superintendencia de Salud sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de 195 mil millones de pesos, sanción que en 2010 y por las mismas razones elevó a 627 mil millones, al llevar los análisis hasta 2008. Y porque esta fue respaldada por sendas decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, a pesar de que el primer supersalud santista, Conrado Gómez, intentó revocarla. Y naufraga porque la sanción de la Contraloría por 1,4 billones de pesos –por el desfalco entre 1998 y 2010– se apoya en la misma línea argumental de ilegalidad, de manera de calcular la defraudación y de resarcirla, que usó la Superintendencia de Salud (http://bit.ly/2alhykf).

También contradice a la Fiscalía que estas no sean las únicas sanciones y denuncias contra Saludcoop. La Procuraduría inhabilitó a Carlos Palacino por estafa y por el incremento injustificado de su patrimonio. La Superintendencia de Industria la condenó por crear un “cartel” con otras EPS –el calificativo es de la Superindustria– para, entre otros delitos, pagarse dos veces por el mismo servicio, con la plata de la UPC y con la del Fosyga (http://bit.ly/2armzeR). En la Fiscalía tampoco avanza el caso en el que esta EPS le robó al Fosyga 27 mil millones de pesos al cobrarle por lo que no había gastado, mediante el truco de girar 8.021 cheques que nunca se hicieron efectivos (http://bit.ly/2a5cAHL). Ni en el otro de 2009 en el que el Grupo Saludcoop –con Cruz Blanca EPS y Cafesalud EPS– infló en 825 mil millones de pesos sus gastos en medicamentos, según los análisis del CID de la Universidad Nacional de Colombia (http://bit.ly/2aeP2RE).

Para agravar esta historia, con el conocimiento del ministro Alejandro Gaviria y del Superintendente de Salud Gustavo Morales, los interventores del gobierno en Saludcoop, incluido Guillermo Grosso, siguieron tomando el mismo tipo de decisiones ilegales sancionadas y prohibidas por la Supersalud y la Contraloría, de manera que entre 2011 y 2013 pasaron al patrimonio de la EPS 708 mil millones de pesos de la plata de la salud de los colombianos, mientras que sus usuarios –hoy en el desastre de Cafesalud– padecen y mueren por males que la medicina sabe curar.

El gran monumento a la impunidad que puede estarse erigiendo nos da la razón a quienes reclamamos cuando Juan Manuel Santos se atrevió a convertir en Fiscal a Eduardo Montealegre, que venía de tener contratos con Saludcoop por 2.746 millones de pesos, y por los fuertes vínculos de Enrique Vargas Lleras con dicha EPS, al ser abogado defensor de Palacino en el Cartel de la Salud y miembro de la junta directiva de Cafesalud prepagada. Y porque en 2004 Montealegre produjo un concepto contratado por Saludcoop que sostiene que la plata de la salud puede pasarse al patrimonio de las EPS, para que estas se la gasten, literalmente, en lo que se les dé la gana, en Colombia o en el exterior. Tan insostenible es su doctrina –que podría llamarse Montealegre-Palacino-Perdomo-Gaviria–, que la rechazaron la Supersalud, el Tribunal Superior de Cundinamarca, el Consejo de Estado, la Contraloría y la Procuraduría. De paso, fracasó el cuento de que el fiscal ad hoc de esta historia efectivamente reemplazaría al Fiscal en propiedad.

¿Cómo actuará en este proceso el Fiscal Néstor Humberto Martínez? Toca esperar por sus actos. Pero no hay que hacerse ilusiones, pues en las ilegalidades de la Altillanura respaldó a Carlos Urrutia y a sus abogados “sofisticados”, los cuales, como en Saludcoop, interpretaron la ley torciéndole el pescuezo. Ojalá la opinión pública y siquiera una parte de quienes le forman su pensamiento salgan en defensa de los recursos de la salud de los colombianos. En lo que a mí respecta, no guardaré silencio y espero poder debatir este horror en el Senado.

Bogotá, 29 de julio de 2016.

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Por Jairo Gómez.-Varios acontecimientos  plasmados en consultas y elecciones en el contexto internacional han puesto a prueba el sistema político que hoy se defiende en el mundo occidental como alternativa para gobernar: la democracia.

Dos convocatorias a votar ya han concurrido a las urnas, una en España y la otra en el Reino Unido, y dos de ellas, la elección presidencial en los Estados Unidos y el plebiscito por la paz en Colombia, están por venir.

Esos acontecimientos electorales tienen, a pesar de la distancia, un común denominador: el uso del miedo por ciertas campañas como alternativa para direccionar el voto de los ciudadanos. Se quiere, con el discurso del miedo, desplazar la racionalidad, la sensatez y la necesidad del cambio, tan necesarios para el correcto funcionamiento de la democracia.

Vamos por partes: ante el surgimiento inesperado en las encuestas del movimiento de izquierdas Unidos-Podemos, los partidos tradicionales –Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, incluido el recién creado Ciudadanos, de centro derecha- optaron por la estrategia de inculcar el miedo a los españoles ante el inminente triunfo de la formación de Pablo Iglesias. Los argumentos fueron Venezuela y Grecia: no dudaron en extrapolar sus crisis internas para desvirtuar la arremetida electoral del novel movimiento de izquierdas.

Por el lado del Reino Unido, el Primer Ministro David Cameron, culpable de haber cometido una gran torpeza política, y los defensores de la permanencia en la Unión Europea sucumbieron en las urnas en gran medida por el uso amplio y efectivo que la campaña por el Brexit hizo del miedo. El miedo a los compromisos financieros europeos representados en  las erogaciones mensuales necesarias para permanecer en la Unión, calculadas en 350 millones de libras esterlinas; el miedo a la política europea y a la pérdida de autonomía de los entes judiciales ante las decisiones de Bruselas; etc. 

Y es que el miedo, como estrategia política, se está moviendo por el mundo como un fantasma y es un gran aliado para múltiples campañas.

En la convención del Partido Republicano la presencia fantasmal llegó de la mano de los discursos de los representantes de esa formación, y el hoy candidato oficial a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, lo capitalizó. De la hora y 17 minutos que duró su discurso, 60 fueron específicamente premeditados para que los estadounidenses sintieran miedo de su propio país.

Su estrategia de seguridad basada en la “ley y el orden” la atizó con los ataques terroristas y la inseguridad en las calles. Avivó su visión apocalíptica con la imagen del muro en la frontera con México como solución indispensable al problema migratorio, y remató con la promesa de defender la segunda enmienda de la constitución para que los ciudadanos nunca se sientan desprotegidos ante los enemigos del Estado norteamericano.

Y ese fantasma también está haciendo presencia en Colombia. Ahora que la Corte Constitucional avaló el Plebiscito para que sea el pueblo quien apruebe los acuerdos de paz, le llegó el turno del miedo a nuestro país.

El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, buceando en los odios y rencores contra Santos y sus archienemigas FARC, se propone adelantar una campaña contra los acuerdos de paz metiéndole miedo a la gente, y para ello recurre a los mejores aliados del miedo: la mentira y la desinformación.

Con un discurso lleno de disparates, el expresidente se sostiene en la impunidad, la entrega del país al “castro-chavismo” y una negociación que conduce a un modelo económico y político cercano a los postulados comunistas. Esos disparates sólo tienen sentido político cuando incorpora el miedo como estrategia.

Hoy la paz nos sonríe. Luego de muchos intentos el país se encamina hacia la reconciliación. Lo importante, ahora, es oponer palabras claras a las confusiones que generan la mentira y la desinformación. ¡Mucha pedagogía, señores del gobierno!

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Por Amylkar Acosta M.- Desde mediados del año pasado a la preocupación de la Junta directiva del Banco Emisor por la devaluación galopante que acusaba el peso colombiano frente a la divisa americana se vinieron a sumar los brotes inflacionarios. Como es bien sabido la Constitución de 1991, que ahora cumple 25 años, le atribuyó al Banco de la República la política cambiaria y la política monetaria y esta última debe de estar encaminada a preservar el poder adquisitivo de la moneda. Con tal fin la Junta se impuso como meta alcanzar una Inflación – objetivo cada año, metiendo en cintura el índice de precios al consumidor (IPC) y a fe que lo logró. En todo caso, el éxito del Banco al mantener a raya la inflación fue uno de los pocos factores que contribuyeron a mejorar la competitividad de la economía colombiana, sobre todo porque el mismo sirvió de ancla de la estabilidad macroeconómica.

Son varios los factores que vienen gravitando sobre el comportamiento de los precios internos en Colombia. Podrían resumirse en dos fundamentales: el fenómeno de el Niño, que ha afectado enormemente los precios de los alimentos, que tienen un peso del 28.2% en la canasta familiar y ya acumula una inflación del 14.3%. Adicionalmente se afectaron también los precios de la energía y el gas, a consecuencia de la sequía. A ello se ha venido a añadir tanto el paro agrario reciente como el paro camionero y ahora se avizora el fenómeno de la Niña, cuyo ocurrencia podría darse en el último trimestre de este año.

De otra parte, tenemos la devaluación del peso frente al dólar (15 – 20%), la cual se ha traducido en un incremento de los precios de los bienes transables y de los insumos importados y de contera, por el efecto contagio se transmite vía precios a los no transables, así como a los precios y tarifas de los bienes y servicios regulados. Y, para rematar, muchos precios y tarifas (arriendos, servicios de educación y salud, entre otros), amén del salario mínimo, están atados al IPC y por lo tanto se ven arrastrados al alza debido a la indexación de los mismos.

La inflación se trepó al cierre de junio al 8.6% anual, la inflación más alta en lo corrido de este siglo; en menos de un año se triplicó, superando con creces el límite del rango meta del 2 – 4%. La inflación, entonces, se convirtió de la noche a la mañana  en la mayor amenaza para la estabilidad macroeconómica del país, que le resta competitividad al tiempo que erosiona la confianza tanto de los consumidores, los industriales y los inversionistas. La tasa de interés de intervención ha subido desde 4.5% a 7.5%, postura monetaria esta  que todavía luce expansiva en la medida que  la tasa de interés real sigue siendo negativa.

Con sobrada razón el experto analista económico Mauricio Cabrera cuestiona las decisiones de la Junta directiva del Banco, porque sabiendo que “la inflación es de costos y no de exceso de demanda, se empeñan en subir las tasas de interés, que es un instrumento que sólo sirve para frenar el consumo y la inversión, es decir disminuir la demanda”. Y añade, “por qué aceptar el costo de frenar el crecimiento y aumentar el desempleo en aras de contener una inflación” que el propio banco atribuye a factores transitorios, como lo son el fenómeno del Niño y la devaluación. Remembranzas del poema del Maestro Valencia, este es el típico caso en el que “se sacrifica un mundo para pulir un verso”.  

Pero, la Junta no puede perder de vista que, como lo sentenció la Corte Constitucional en su oportunidad, justamente en el filo de la gran crisis de la economía colombiana, que “la finalidad del Banco de la República no es exclusivamente luchar contra la inflación. Esa es la función básica del Banco, pero la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos, pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano…La Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos del desarrollo económico y social previstos por la Carta”. Así de sencillo y claro!

Barranquilla, julio 23 de 2016

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Por J. Bradford DeLong.- Hace varios años, se me ocurrió plantear que todos los politólogos contemporáneos están parados sobre los hombros de gigantes como Nicolás Maquiavelo, John Locke, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Max Weber y Émile Durkheim. Algo que todos ellos tienen en común es que su principal foco era la composición social, política y económica del mundo europeo occidental entre 1450 y 1900. Lo que equivale a decir que ofrecen un kit de herramientas intelectuales para analizar, digamos, el mundo occidental de 1840, pero no necesariamente el mundo occidental de 2016.

¿Qué se enseñará en los cursos de teoría social de 2070, por ejemplo? ¿Qué canon –ya escrito o por escribirse– desearán haber utilizado al inicio de sus carreras profesionales, a fines de la década de 2010, quienes las estén terminando en los años 2070?

Después de darle vueltas a este interrogante en los últimos años, reduje mi elección a los escritos de tres personas: Tocqueville, que escribió en los años 1830 y 1840, John Maynard Keynes, que escribió en los años 1920 y 1930, y Karl Polanyi, que escribió en los años 1930 y 1940.

Las preocupaciones centrales de Keynes para su época hoy suenan sinceras. Le preocupaba la fragilidad de nuestra prosperidad colectiva y las graves tensiones entre el nacionalismo y las actitudes cosmopolitas desarraigadas que apuntalan una sociedad global pacífica y floreciente. Se centraba en cómo organizar nuestras actividades y usar nuestra prosperidad para crear un mundo apto para la buena vida. Quería exponer la bancarrota de panaceas ideológicas en ascenso: el laissez-faire, el orden espontáneo, la cooperación colectiva, la planificación central. Y pensaba profundamente en los problemas tecnocráticos de la gestión económica –y en los desastres sociales, morales y políticos que resultarían si no se intentaba resolverlos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los problemas que preocupaban a Keynes pasaron a segundo plano, en tanto una prosperidad renovada en Occidente llevó a muchos a creer que se habían solucionado de manera permanente. Inclusive durante la estanflación (crecimiento lento y precios en aumento) en los años 1970, se decía que el problema era una extralimitación socialdemócrata, no algún defecto fundamental en la economía política de Occidente.

Ese argumento allanó el camino para que la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente norteamericano Ronald Reagan redujeran el papel económico del Estado y dieran rienda suelta a las fuerzas de mercado. La corrección de Thatcher-Reagan fue un éxito incuestionado entre las clases adineradas que prosperaron a partir de ahí. Creó un consenso ideológico que dominaría la esfera pública de 1980 a 2010.

La prosperidad de posguerra también eclipsó los problemas centrales que Polanyi trataba de resolver en los años 1930 y 1940. Polanyi aceptaba que una sociedad de mercado podía en verdad generar mucha prosperidad material, pero le preocupaba que sólo pudiera hacerlo si convertía a las personas en marionetas y juguetes de fuerzas de mercado irracionales. También le preocupaba que la gente no se adaptara bien a este nuevo rol. El objetivo, para Polanyi, era alcanzar la prosperidad que genera una economía de mercado, sin sufrir los riesgos de pobreza, destrucción creativa y erosión comunitaria que conlleva la operación de las fuerzas de mercado.

Polanyi esencialmente advertía que si el orden burgués moderno fracasaba en esta tarea, los movimientos políticos autoritarios y totalitarios resultarían beneficiados. Durante el período de posguerra, el argumento de tiempos de vacas gordas, según el cual la prosperidad impulsada por el mercado justifica cualquier sufrimiento social colateral, fue dado como un hecho. También llegó a definir la opinión consensuada entre la clase adinerada y sus partidarios ideológicos.

Esto nos lleva a Tocqueville, que escribió hace casi dos siglos, pero cuyas preocupaciones centrales nunca desaparecieron. Tocqueville se centraba en las consecuencias de la destrucción de la casta como un principio de orden social y político. Todas las grandes castas –desde los nobles de la espada y los nobles de la toga, supuestamente fráncicos, hasta los comerciantes protoburgueses y los villanos galo-romanos– conferían a sus miembros pequeñas libertades y una dosis de autonomía personal a cambio de obligaciones para con el Estado. (Y, por supuesto, cuanto más baja la condición social, mayores las obligaciones).

Tocqueville veía que este mundo ordenado de manera estricta estaba siendo reemplazado por la democracia y una igualdad social formal, en la que todos serían igualmente libres, pero también estarían a merced de la sociedad por igual. En este nuevo contexto, ningún privilegio o libertad servía de protección si uno no encontraba una contraparte en el mercado o se enfrentaba a la tiranía de la mayoría, o simplemente buscaba alguna suerte de dirección en su intento por decidir quién se suponía que era.

En el mundo de Tocqueville, la destrucción de la casta era sólo parcial. El escribía para hombres blancos que conocían su nacionalidad, que sabían lo que significaba pertenecer a una casta y que conocían los privilegios de esa pertenencia.

En nuestro tiempo, la destrucción de la casta y el privilegio de las castas están dando otro paso hacia adelante. El período del dominio político de los machos blancos en las democracias occidentales está llegando a su fin. Y lo hace en un momento en el que el populismo económico está sustituyendo a la gestión tecnocrática, y en el que muchas veces los machos blancos se vuelcan al nativismo en respuesta a la destrucción de sus empleos y estilos de vida a manos de las fuerzas impersonales de la globalización.

 

Como podemos ver siglo tras siglo, el antiguo orden no se rendirá sin presentar pelea. Ningún antiguo orden lo hace. Pero el privilegio de casta de los machos blancos está predestinado al fracaso. El desafío al que nos enfrentamos ahora es cómo materializar mejor las nuevas oportunidades a nuestro alcance para el mejoramiento humano, en beneficio de todos. No se me ocurren muchas guías más útiles para ese desafío que Keynes, Polanyi y Tocqueville.

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Como liberal y convencido demócrata estimo que el actual momento histórico requiere de posiciones coherentes y visionarias, que traduzcan ideales colectivos, no conveniencias individuales.

Colombia y su gobierno han asumido con coraje y determinación enfrentar la mayor amenaza a su futuro, el conflicto armado. Han decidido pagar el alto costo ético y político de sentarse a la mesa de negociación con los insurgentes y no sólo comprometerse para lograr un acuerdo, sino indagar lo que tenían en común y poder proyectar un país para ambos bandos, en uno solo.

Solamente ese esfuerzo titánico de los negociadores de la Paz, que rompió los paradigmas del conflicto, merece una ratificación contundente. De hecho, el Presidente Santos podía haber planteado un referéndum consultivo vinculante, una solución no traumática, pero exigió posiciones y el poder de la decisión del pueblo, se expresará a través de un Sí o un No, sin medias tintas.

Desde otra dimensión de los hechos, como Senador, creo que la Paz es ya una condición definitiva para construir un futuro mejor. No se podrá edificar un país sin diferencias teniendo la amenaza de la guerra, ni se podrán desarrollar las regiones sin su integración al mapa de los proyectos y programas de un estado social de derecho, como lo establece nuestra constitución.

Aun cuando hemos estado en conflicto,  la energía de los colombianos nos ha llevado a ser la cuarta economía de América. La violencia es un ancla que nos detiene en un pasado de exclusión, inequidad e injusticia.

Cómo vamos a hacer sinergia si los departamentos tienen desigualdades y desequilibrios que los conducen a la miseria, si la debilidad institucional es uno de los factores de la inequidad, si no existe siquiera la vialidad requerida como ingrediente de inclusión y productividad.

El departamento que represento y donde nací, Santander, es uno de las regiones con más futuro, por su biodiversidad, capacidad productiva de sus habitantes y ubicación geopolítica. Pero tiene la gran debilidad, como otros departamentos y municipios del país, de carecer de vías, que no sólo intercomuniquen sus ciudades y pueblos de forma eficaz, con otras zonas del país, sino que sus campesinos no cuentan con el soporte de las vías terciarias, que articulen a los productores con los centros de consumo.

La Paz para Colombia es un activo. Una herramienta para superar las condiciones que la amarra a la desigualdad y la exclusión y la mejor estrategia para construir un futuro mejor.

Por ello digo Sí al Plebiscito de la Paz e invito a todos los colombianos sin distingo político, etnia, religión, credo, para que participen votando por el futuro: La Paz de Colombia.

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Por José Gregorio Hernández.-Diariamente -y eso es lo que se sabe, pues no conocemos la mayoría de los casos- los medios de radio y televisión registran acontecimientos dolorosos, causados por la indolencia de las EPS e IPS, generalmente a raíz de la tendencia a no asumir los costos del servicio. Un servicio que no es gratuito. Que pagan los trabajadores y las empresas. Un servicio público esencial.

Los médicos se ven precisados a recetar lo más barato. Se niegan medicamentos e intervenciones y tratamientos urgentes y necesarios, alegando su excesivo costo, aunque estén en el POS (Plan Obligatorio de Salud).

Veíamos asombrados -sirvan como ejemplo apenas- dos casos conmovedores:

- Una mujer con cáncer no atendido, cuyo diagnóstico fue equivocado, ya que, según los medios, lo confundieron con gastritis o embarazo, clama en un video pidiendo que se le brinde la atención médica especializada que necesita con urgencia, dado su evidente peligro de muerte. Las instituciones prestadoras de los servicios de salud no se conmueven, y la mujer fallece, dejando en el más absoluto abandono a dos niñas de cinco y siete años.

- Una niña de tres años, afectada por una enfermedad denominada "huesos de cristal" -el solo nombre ya nos indica de qué se trata-, afección que implica que la niña no puede caminar ni mantenerse en pie, y cuyos miembros son frágiles en extremo, requiere una intervención quirúrgica que la podría salvar. Se la niegan. No se la practican, por cuanto a los intermediarios de la salud les parece muy costosa.

Pero la Constitución, que consagra el Estado Social de Derecho, y uno de cuyos fundamentos reside en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, señala que los niños tienen derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal física y mental, a la seguridad social, a un desarrollo armónico e integral, a una vida digna, a tener una familia (a la supervivencia de su madre, diríamos en el caso mencionado)...Y señala que esos derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. E inclusive, al hablar de la famosa "sostenibilidad fiscal", el artículo 334 de la Carta Política establece que no podrán ser desconocidos los derechos fundamentales.

Pura teoría. Ni siquiera habiendo obtenido protección mediante fallos de tutela -por supuesto desacatados- se conmueven quienes tienen a la salud como un negocio y no como un servicio público esencial por el cual los particulares que lo presten deben responder ante el Estado. Pero el Estado hace "mutis por el foro". Guarda silencio. Un silencio cómplice, aunque, como expresó la Defensoría del Pueblo, deberían ser ejercidas las pertinentes acciones penales.

A los intermediarios nada los sobresalta. Ni el dolor de muchas familias, ni las muertes, ni las condiciones indignas en que viven algunos pacientes. Nada les importa el interés colectivo ni los derechos. Su única meta empresarial es la ganancia. No gastar, salvo en aquellos lujos hacia los cuales se desviaron los recursos en el caso de Saludcoop.

De nada sirvió la Ley Estatutaria que tanto pregonó el Gobierno como el más alto logro en materia de salud. Y quieren desalentar la tutela, o hacerla ineficaz.

Las cosas en este campo siguen iguales, o peores. El sistema es inhumano.

 

Nos preguntamos: ¿Este es un Estado Social de Derecho, que así celebra los 25 años de una Constitución democrática?

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Por Gabriel Ortiz.- Difícil la escogencia del nuevo Fiscal, de tan brillante terna presentada por el Presidente Santos. Finalmente salió elegido Néstor Humberto Martínez Neira, un valioso profesional que ha desempeñado cargos oficiales ministeriales, diplomáticos y financieros, amén del recorrido ético y sobresaliente en la rama del derecho.

Algunos círculos censuraron sus actuaciones, públicas y privadas, de pronto por sus éxitos en ambos sectores. Pero no puede ser válida esa tesis, ya que cuando se es bueno, se desempeña como tal en todas las áreas. Seguramente Néstor haya sido objeto de fustigaciones por el odio que está de moda en Colombia, introducido por el ex presidente-senador. Allá los críticos, porque la realidad es que el país ha conseguido un fiscal de lujo… ya lo veremos. Humberto, su padre y doña Aleida, su progenitora, le imprimieron lo mejor de sus cualidades a quien nos fiscalizará.

No caminará por lecho de rosas, en un país tan endemoniado, en el que reina el delito y florecen las mafias, el narco, la minería ilegal y en donde la justicia está desacreditada y corrupta, porque la dañaron, cuando la convirtieron en nominadora, electora, política.

En donde se ofrecen puestos para llegar a órganos de control, como es el caso de un Procurador, que dilata el proceso que se le sigue por haber violado la Constitución para hacerse reelegir –igual lo hizo su padrino Uribe- y, sin sonrojo alguno, adelanta campaña presidencial. Y qué decir del magistrado Pretelt, que permanece “atornillado” a la silla, pese a haber recibido dinero a cambio de un fallo.

Se enfrenta el nuevo fiscal a una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente en la política. Ejemplo claro el paro de los camioneros, con el que atropellan a una población inerme. Que corrompen, chantajean y delinquen para mantener el país a sus pies. Que son los culpables de la inflación y la carestía que golpean a las clases populares y que con unas tarifas irracionales, impiden que Colombia pueda sostener y conseguir nuevos mercados internacionales.

Pero ahí está este nuevo fiscal que llega a aplicar justicia y a trabajar en procura de un saneamiento de la misma, en aplicar la ley, al tiempo que garantizar a los ciudadanos confianza, optimismo, esperanza y ánimo.

BLANCO: La Ley Barguil que pone bajo control a los bancos.

NEGRO: La división racial atizada por Trump en Estados Unidos.

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Por Amylkar Acosta M.-Como lo acota la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas, “vemos que, en general, hay un estancamiento. Casi todas las economías se han ido desacelerando y aquellas dependientes de recursos naturales como el petróleo son las que más han sufrido”. Según el FMI, “América Latina no encuentra salida al túnel” y resalta el hecho de que este desplome “no se veía desde la crisis de la deuda de 1982 – 1983”. El lastre mayor que arrastra la economía regional lo constituyen Brasil, Venezuela y Ecuador, con sus economías deprimidas, las cuales entraron a formar parte del que ha dado en llamar el FMI el “club de la tristeza”.

Durante la década 2003 – 2013 la economía Latinoamérica creció en promedio el 4% anual; en el caso de Colombia, el PIB creció por encima de su promedio histórico durante el largo ciclo de precios altos de sus materias primas. Pero, luego vino la destorcida de los precios, de los cuales el último en caer fue el petróleo, que se derrumbaron después de superar la barrera de los US $100 el barril en 2014 hasta bordear los US $30 a comienzos de este año, repuntando recientemente, pero sin rebasar los  US $50. Y, según el Gerente del B de la R José Darío Uribe, una “caída del 40% en el precio del petróleo significa más de 2 puntos del PIB”, he allí una de las causas de la desaceleración del crecimiento del PIB, que se acentúa cada vez más.

Después de un crecimiento del PIB del 6.6% en 2011, este se vino en picada hasta el 4% de crecimiento en 2012, tuvo un ligero repunte en 2013 con el 4.9%, para seguir cayendo en el 2014 con el 4% nuevamente, el año anterior el 3.1% y la proyección del Gobierno para el 2016 es de un 3%, asaz difícil de alcanzar. Estamos más cerca del 2.5% que pronostican Fedesarrollo, ANIF y hasta el propio B de la R, que de la ansiada meta gubernamental.

No sólo la caída de los precios del petróleo y también de su producción contribuyen a la ralentización del crecimiento de la economía colombiana sino la de los demás commodities de los cuales depende, que tienen en China el principal destino de sus exportaciones. Según cálculos del BID, cada punto porcentual de menor crecimiento del PIB del gigante asiático impacta el crecimiento de la economía de América Latina y el Caribe en 0.6 puntos porcentuales. Con la caída de los precios de los commodities, decayó también la afluencia de la inversión extranjera directa, repercutiendo en una reducción del crecimiento potencial de la economía colombiana desde 4.5% anual hasta el rango 3.5% - 4%, situándose en el 3.7%, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que dio a conocer recientemente el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Dicho sea de paso, como lo afirma el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, al cotejarlo con el 4.3%  del MFMP de hace apenas un año, “bajar en 0.6 puntos porcentuales la tasa de crecimiento potencial para siempre tiene consecuencias fiscales de enorme calado”.

Por lo pronto, el FMI prevé un anémico crecimiento de la economía global y luego de recortar su pronóstico anterior en 0.2 puntos porcentuales lo ubicó en 3.2%, similar al año anterior. Ello influirá en el comercio mundial que, según sus pronósticos, crecerá el 3.15, ligeramente superior al 2015 que fue del 2.8%. De allí que no sea dable esperar que el sector exportador impulse mayormente el crecimiento del PIB, máxime cuando no obstante que la tasa de cambio que se ha tornado más competitiva gracias a la maxidevaluación de los últimos dos años, no ha mejorado la competitividad de las exportaciones habida cuenta que las divisas de los competidores también se devaluaron. Además, los precios de los commodities siguen a la baja y por ello no es previsible en el corto ni en el mediano plazo mejoren los términos de intercambio

Es difícil, entonces, que la economía colombiana crezca al 3%, como lo proyecta el Gobierno, toda vez que no cuenta con fuentes dinámicas de demanda que sirvan de galvanizador. Tanto la demanda externa como la interna se han debilitado tremendamente; tanto el consumo privado como el gasto público se han visto golpeados últimamente, el primero por el encarecimiento del crédito y por la pérdida del poder adquisitivo y la segunda por la sensible caída de sus ingresos a consecuencia de la crisis del sector minero – energético. Sectores como el agropecuario y el minero se contrajeron en el primer trimestre de este año en -3.1% y -0.9%, respectivamente; por su parte la industria creció en los primeros cinco meses del año 5.8%, pero cuando le sustraemos a REFICAR se reduce a sólo 2.8%.

Medellín, julio 16 de 2016

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Por Alexander Kudascheff. * Foto: DW.- Hace tiempo que el terrorismo, el terrorismo Islámico, se convirtió en una pesadilla. Ataca a las sociedades libres por todas partes: en restaurantes, aeropuertos, hoteles, estadios de fútbol, clubs, trenes, playas, escuelas y ahora también en la calle. El terrorismo está en todas partes y el miedo avanza en las sociedades libres, y también en otras. El peligro se intuye y se siente. La amenaza está en todas partes, en el día a día y en las vacaciones. El terrorismo reta a las democracias, sobre todo a Francia, que ha sufrido el tercer horrible atentado. Es una guerra asimétrica. De terroristas en solitario o pequeños grupos que, sin excesivos recursos logísticos, asesinan sin piedad mientras los demócratas tienen que temer por su libertad.

Un terror omnipresente

Parece que el Estado ya no pudiese cumplir con su tarea más importantes. Pese a los organismos de investigación, los servicios secretos, el aumento de la vigilancia del ciudadano y el inmenso despliegue policial, el Estado no puede proteger a sus ciudadanos. El terror es omnipresente porque procede de la misma sociedad. Fascinados por la fuerza del islamismo e impulsados por la yihad, jóvenes, en su mayoría hombres, parten para enfrentarse a nuestra sociedad que también es la suya. Masacran sin piedad y quieren cumplir un objetivo. Quieren perturbar la sociedad libre y lo están consiguiendo. Mientras las fuerzas de seguridad tradicionales no sean capaces de proteger al ciudadano, los propios ciudadanos irán perdiendo esa serenidad que hasta ahora fue ejemplar. Amenazan fenómenos sociales en los que triunfarán el odio, el rechazo y el racismo. Toda una pesadilla para una sociedad abierta.

Terminar con el Estado Islámico

Ahora está claro que hay que emprender una guerra, una guerra contra el Estado Islámico. Es políticamente necesario, pero también es un tema delicado porque habrá que estar al lado de los rusos y del asesino sirio Bashar al Assad. Pero no hay otro camino posible. Hay que conquistar Rakka, vencer al Estado Islámico, juzgar a los combatientes supervivientes y terminar con la pesadilla del Califato Islámico. Aunque no sea política ni diplomáticamente atractivo, habrá que colaborar con todas las potencias. Después habría que preguntarse por qué tantos jóvenes musulmanes son seducidos por un islam violento, no solo en la Europa secular, sino también en la América de la diversidad religiosa. ¿Qué quiebra con su identidad al punto de que sigan a los autodenominados califas de Rakka o enaltezcan a terroristas suicidas en la red como si fuesen héroes?

En cualquier caso, se trata de un proceso social más largo. Las sociedades libres tendrían que aprender antes a superar su indefensión. Hay que aumentar la presión sobre la escena de los simpatizantes. Hay que hacerlo con rigor. Los musulmanes tienen que deshacerse de secretas simpatías hacia los predicadores del odio y echarlos de las mezquitas. Es necesario acabar con la tolerancia pasiva para defender la libertad y nuestro estilo de vida libre. De lo contrario, las sociedades cambiarán y se irán distanciando de la democracia. El Frente Nacional de Francia se saldría con la suya.

*Redactor en Jefe de DW.

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Por Amylkar Acosta M.- Según lo denunció el cronista deportivo Iván Mejía, esta semana se jugó un partido entre el DIM y el Valledupar Futbol Club en la capital del Cesar y en lugar de los 90 minutos reglamentarios se tomó más de 3 horas por cuenta de 4 apagones en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, los cuales obligaron a interrumpir esas mismas veces el juego en la cancha. Hechos como estos se repiten a diario, hospitales, hoteles y restaurantes se abocados constantemente a esta contingencia de los cortes intempestivos, amén de las fluctuaciones de voltaje que estropean y dañan los equipos y electrodomésticos.

Lo más grave, además de la recurrencia, de esta anomalía es que la tendencia es a su agravamiento. Según Encuesta reciente sobre Calidad de vida del Programa Barranquilla cómo vamos, la satisfacción por el servicio de electricidad prestado por ELECTRICARIBE descendió del 77% en el 2009 al 40% (¡!) en el 2015. El promedio de horas de cortes de energía en los hogares en la región Caribe se elevó a las 90 horas/año (¡!), doblando el promedio nacional que ronda las 45.5 horas/año. Esto es una barbaridad!

Recién elegidos los gobernadores del Caribe se dieron cita el 17 de noviembre pasado en Barranquilla para exhortar al propio Presidente de la República Juan Manuel Santos para que se le buscara una solución urgente. En efecto, el Presidente Santos atendió sus súplicas y presidió una Cumbre energética el 14 de enero en Barranquilla y de allí salieron varias decisiones, que sólo han sido cumplidas a medias. Es como si estuviéramos en la época de la Colonia, cuando las leyes de Indias que promulgaba la Corona se obedecían pero no se cumplían.

Ahora bien, el Gobierno Nacional procedió a abrir las convocatorias y a adjudicar los proyectos correspondientes a subestaciones, compensadores, transformadores y redes del STN y del STR del Plan5Caribe. Es decir la Nación ha venido cumpliendo con lo suyo. No así ELECTRICARIBE, que tiene la responsabilidad de hacer las inversiones correspondientes a las redes del STL. Nos veremos, entonces, enfrentados a una situación muy delicada: se podrán concluir las obras ya contratadas a través de la UPME, pero no se podrá lograr el cometido de mejorar la calidad de la prestación del servicio por el “corto circuito” que significa no disponer de las redes a las cuales se conectan los usuarios finales. 

Pero la situación ha pasado de castaño a obscuro porque ELECTRICARIBE no sólo no ejecuta los proyectos a los que está obligada, alegando que no cuenta con los recursos para hacerlo, sino que tampoco es capaz de ejecutar los recursos provenientes del fondo PRONE, para la normalización de redes, que le transfiere el Ministerio de Minas y Energía. Lo delata la Contraloría General de la República al hacer público su hallazgo de un presunto detrimento patrimonial del orden de los $65.733 millones, girados para la normalización de redes por parte del Ministerio pero no invertidos. Con ello se demuestra que la incapacidad de ELECTRICARIBE para ejecutar los proyectos no es sólo atribuible al problema de “flujo de caja” que alega.

Lo peor está por venir y si no nos avispamos los 7 departamentos de la región Caribe a los cuales sirve están ante el riesgo inminente de un apagón general. Y no es para menos, la deuda de ELECTRICARIBE con los bancos se aproxima a los $2 billones y el vencimiento de la misma se concentra, en más de un 70%, en los años 2016 y 2017. Y, según ha trascendido, ELECTRICARIBE puede estar en el próximo mes de agosto ante la imposibilidad de servir su deuda y ante el impago de la misma esta podría bloquear los créditos a la empresa y esta a su vez se quedaría sin con qué pagar la factura de la energía que compra. Si se llega a materializarse este evento, inmediatamente XM, que es el operador del Sistema, procedería a ordenar la limitación de suministro y los generadores, que son sus acreedores podrían hacer efectivas las garantías.

A los problemas anteriores se viene a sumar un problema que a estas alturas se torna insalvable y es la pésima reputación de ELECTRICARIBE entre sus usuarios y entre las autoridades, lo cual ha llevado a estas a plantear como única salida un cambio de operador. Con tal fin le planteamos a los gobernadores de la región Caribe y fue acogida por parte de ellos la propuesta para estructurar a través de una Banca de inversión un nuevo esquema de un gestor – operador de la red que hoy opera ELECTRICARIBE. Esta propuesta le fue presentada el 27 de mayo al Ministro de Minas y Energía y dos meses después sólo hemos recibido la callada por respuesta. Mientras tanto, como dice el adagio popular, el que espera se desespera y estamos hablando de 2´600.000 usuarios y más de 10 millones de estoicos residentes afectados. Y tanto va el agua al cántaro hasta que al final se rompe!

Bogotá, julio 30 de 2016

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Por Jorge Enrique Robledo.-En medio de uno de los mayores escándalos de la historia de Colombia, en 2011, la Contraloría sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de 1,4 billones de pesos. Pero el Fiscal (e) Jorge Perdomo acaba de decir que la Fiscalía no ha acusado a nadie porque “se habla mucho de una gran situación de corrupción pero las pruebas no existen”. Agrega que el liquidador de la EPS reduce lo perdido al seis por ciento de los 1,4 billones y que Saludcoop –pobrecilla–, según el exsupersalud Gustavo Morales, fue víctima de funcionarios de la Contraloría. Y concluye que los temas legales de la salud “son muy discutidos” (http://bit.ly/2atxGC2). Mucho me temo que concluya –con el respaldo del Ministerio de Salud, por razones que se verán– que las tales corruptelas de Saludcoop no existieron.

De entrada, la teoría de la conspiración de la Contraloría se cae porque, en 2004, la Superintendencia de Salud sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de 195 mil millones de pesos, sanción que en 2010 y por las mismas razones elevó a 627 mil millones, al llevar los análisis hasta 2008. Y porque esta fue respaldada por sendas decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, a pesar de que el primer supersalud santista, Conrado Gómez, intentó revocarla. Y naufraga porque la sanción de la Contraloría por 1,4 billones de pesos –por el desfalco entre 1998 y 2010– se apoya en la misma línea argumental de ilegalidad, de manera de calcular la defraudación y de resarcirla, que usó la Superintendencia de Salud (http://bit.ly/2alhykf).

También contradice a la Fiscalía que estas no sean las únicas sanciones y denuncias contra Saludcoop. La Procuraduría inhabilitó a Carlos Palacino por estafa y por el incremento injustificado de su patrimonio. La Superintendencia de Industria la condenó por crear un “cartel” con otras EPS –el calificativo es de la Superindustria– para, entre otros delitos, pagarse dos veces por el mismo servicio, con la plata de la UPC y con la del Fosyga (http://bit.ly/2armzeR). En la Fiscalía tampoco avanza el caso en el que esta EPS le robó al Fosyga 27 mil millones de pesos al cobrarle por lo que no había gastado, mediante el truco de girar 8.021 cheques que nunca se hicieron efectivos (http://bit.ly/2a5cAHL). Ni en el otro de 2009 en el que el Grupo Saludcoop –con Cruz Blanca EPS y Cafesalud EPS– infló en 825 mil millones de pesos sus gastos en medicamentos, según los análisis del CID de la Universidad Nacional de Colombia (http://bit.ly/2aeP2RE).

Para agravar esta historia, con el conocimiento del ministro Alejandro Gaviria y del Superintendente de Salud Gustavo Morales, los interventores del gobierno en Saludcoop, incluido Guillermo Grosso, siguieron tomando el mismo tipo de decisiones ilegales sancionadas y prohibidas por la Supersalud y la Contraloría, de manera que entre 2011 y 2013 pasaron al patrimonio de la EPS 708 mil millones de pesos de la plata de la salud de los colombianos, mientras que sus usuarios –hoy en el desastre de Cafesalud– padecen y mueren por males que la medicina sabe curar.

El gran monumento a la impunidad que puede estarse erigiendo nos da la razón a quienes reclamamos cuando Juan Manuel Santos se atrevió a convertir en Fiscal a Eduardo Montealegre, que venía de tener contratos con Saludcoop por 2.746 millones de pesos, y por los fuertes vínculos de Enrique Vargas Lleras con dicha EPS, al ser abogado defensor de Palacino en el Cartel de la Salud y miembro de la junta directiva de Cafesalud prepagada. Y porque en 2004 Montealegre produjo un concepto contratado por Saludcoop que sostiene que la plata de la salud puede pasarse al patrimonio de las EPS, para que estas se la gasten, literalmente, en lo que se les dé la gana, en Colombia o en el exterior. Tan insostenible es su doctrina –que podría llamarse Montealegre-Palacino-Perdomo-Gaviria–, que la rechazaron la Supersalud, el Tribunal Superior de Cundinamarca, el Consejo de Estado, la Contraloría y la Procuraduría. De paso, fracasó el cuento de que el fiscal ad hoc de esta historia efectivamente reemplazaría al Fiscal en propiedad.

¿Cómo actuará en este proceso el Fiscal Néstor Humberto Martínez? Toca esperar por sus actos. Pero no hay que hacerse ilusiones, pues en las ilegalidades de la Altillanura respaldó a Carlos Urrutia y a sus abogados “sofisticados”, los cuales, como en Saludcoop, interpretaron la ley torciéndole el pescuezo. Ojalá la opinión pública y siquiera una parte de quienes le forman su pensamiento salgan en defensa de los recursos de la salud de los colombianos. En lo que a mí respecta, no guardaré silencio y espero poder debatir este horror en el Senado.

Bogotá, 29 de julio de 2016.

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Por Jairo Gómez.-Varios acontecimientos  plasmados en consultas y elecciones en el contexto internacional han puesto a prueba el sistema político que hoy se defiende en el mundo occidental como alternativa para gobernar: la democracia.

Dos convocatorias a votar ya han concurrido a las urnas, una en España y la otra en el Reino Unido, y dos de ellas, la elección presidencial en los Estados Unidos y el plebiscito por la paz en Colombia, están por venir.

Esos acontecimientos electorales tienen, a pesar de la distancia, un común denominador: el uso del miedo por ciertas campañas como alternativa para direccionar el voto de los ciudadanos. Se quiere, con el discurso del miedo, desplazar la racionalidad, la sensatez y la necesidad del cambio, tan necesarios para el correcto funcionamiento de la democracia.

Vamos por partes: ante el surgimiento inesperado en las encuestas del movimiento de izquierdas Unidos-Podemos, los partidos tradicionales –Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, incluido el recién creado Ciudadanos, de centro derecha- optaron por la estrategia de inculcar el miedo a los españoles ante el inminente triunfo de la formación de Pablo Iglesias. Los argumentos fueron Venezuela y Grecia: no dudaron en extrapolar sus crisis internas para desvirtuar la arremetida electoral del novel movimiento de izquierdas.

Por el lado del Reino Unido, el Primer Ministro David Cameron, culpable de haber cometido una gran torpeza política, y los defensores de la permanencia en la Unión Europea sucumbieron en las urnas en gran medida por el uso amplio y efectivo que la campaña por el Brexit hizo del miedo. El miedo a los compromisos financieros europeos representados en  las erogaciones mensuales necesarias para permanecer en la Unión, calculadas en 350 millones de libras esterlinas; el miedo a la política europea y a la pérdida de autonomía de los entes judiciales ante las decisiones de Bruselas; etc. 

Y es que el miedo, como estrategia política, se está moviendo por el mundo como un fantasma y es un gran aliado para múltiples campañas.

En la convención del Partido Republicano la presencia fantasmal llegó de la mano de los discursos de los representantes de esa formación, y el hoy candidato oficial a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, lo capitalizó. De la hora y 17 minutos que duró su discurso, 60 fueron específicamente premeditados para que los estadounidenses sintieran miedo de su propio país.

Su estrategia de seguridad basada en la “ley y el orden” la atizó con los ataques terroristas y la inseguridad en las calles. Avivó su visión apocalíptica con la imagen del muro en la frontera con México como solución indispensable al problema migratorio, y remató con la promesa de defender la segunda enmienda de la constitución para que los ciudadanos nunca se sientan desprotegidos ante los enemigos del Estado norteamericano.

Y ese fantasma también está haciendo presencia en Colombia. Ahora que la Corte Constitucional avaló el Plebiscito para que sea el pueblo quien apruebe los acuerdos de paz, le llegó el turno del miedo a nuestro país.

El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, buceando en los odios y rencores contra Santos y sus archienemigas FARC, se propone adelantar una campaña contra los acuerdos de paz metiéndole miedo a la gente, y para ello recurre a los mejores aliados del miedo: la mentira y la desinformación.

Con un discurso lleno de disparates, el expresidente se sostiene en la impunidad, la entrega del país al “castro-chavismo” y una negociación que conduce a un modelo económico y político cercano a los postulados comunistas. Esos disparates sólo tienen sentido político cuando incorpora el miedo como estrategia.

Hoy la paz nos sonríe. Luego de muchos intentos el país se encamina hacia la reconciliación. Lo importante, ahora, es oponer palabras claras a las confusiones que generan la mentira y la desinformación. ¡Mucha pedagogía, señores del gobierno!

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Por Amylkar Acosta M.- Desde mediados del año pasado a la preocupación de la Junta directiva del Banco Emisor por la devaluación galopante que acusaba el peso colombiano frente a la divisa americana se vinieron a sumar los brotes inflacionarios. Como es bien sabido la Constitución de 1991, que ahora cumple 25 años, le atribuyó al Banco de la República la política cambiaria y la política monetaria y esta última debe de estar encaminada a preservar el poder adquisitivo de la moneda. Con tal fin la Junta se impuso como meta alcanzar una Inflación – objetivo cada año, metiendo en cintura el índice de precios al consumidor (IPC) y a fe que lo logró. En todo caso, el éxito del Banco al mantener a raya la inflación fue uno de los pocos factores que contribuyeron a mejorar la competitividad de la economía colombiana, sobre todo porque el mismo sirvió de ancla de la estabilidad macroeconómica.

Son varios los factores que vienen gravitando sobre el comportamiento de los precios internos en Colombia. Podrían resumirse en dos fundamentales: el fenómeno de el Niño, que ha afectado enormemente los precios de los alimentos, que tienen un peso del 28.2% en la canasta familiar y ya acumula una inflación del 14.3%. Adicionalmente se afectaron también los precios de la energía y el gas, a consecuencia de la sequía. A ello se ha venido a añadir tanto el paro agrario reciente como el paro camionero y ahora se avizora el fenómeno de la Niña, cuyo ocurrencia podría darse en el último trimestre de este año.

De otra parte, tenemos la devaluación del peso frente al dólar (15 – 20%), la cual se ha traducido en un incremento de los precios de los bienes transables y de los insumos importados y de contera, por el efecto contagio se transmite vía precios a los no transables, así como a los precios y tarifas de los bienes y servicios regulados. Y, para rematar, muchos precios y tarifas (arriendos, servicios de educación y salud, entre otros), amén del salario mínimo, están atados al IPC y por lo tanto se ven arrastrados al alza debido a la indexación de los mismos.

La inflación se trepó al cierre de junio al 8.6% anual, la inflación más alta en lo corrido de este siglo; en menos de un año se triplicó, superando con creces el límite del rango meta del 2 – 4%. La inflación, entonces, se convirtió de la noche a la mañana  en la mayor amenaza para la estabilidad macroeconómica del país, que le resta competitividad al tiempo que erosiona la confianza tanto de los consumidores, los industriales y los inversionistas. La tasa de interés de intervención ha subido desde 4.5% a 7.5%, postura monetaria esta  que todavía luce expansiva en la medida que  la tasa de interés real sigue siendo negativa.

Con sobrada razón el experto analista económico Mauricio Cabrera cuestiona las decisiones de la Junta directiva del Banco, porque sabiendo que “la inflación es de costos y no de exceso de demanda, se empeñan en subir las tasas de interés, que es un instrumento que sólo sirve para frenar el consumo y la inversión, es decir disminuir la demanda”. Y añade, “por qué aceptar el costo de frenar el crecimiento y aumentar el desempleo en aras de contener una inflación” que el propio banco atribuye a factores transitorios, como lo son el fenómeno del Niño y la devaluación. Remembranzas del poema del Maestro Valencia, este es el típico caso en el que “se sacrifica un mundo para pulir un verso”.  

Pero, la Junta no puede perder de vista que, como lo sentenció la Corte Constitucional en su oportunidad, justamente en el filo de la gran crisis de la economía colombiana, que “la finalidad del Banco de la República no es exclusivamente luchar contra la inflación. Esa es la función básica del Banco, pero la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos, pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano…La Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos del desarrollo económico y social previstos por la Carta”. Así de sencillo y claro!

Barranquilla, julio 23 de 2016

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Por J. Bradford DeLong.- Hace varios años, se me ocurrió plantear que todos los politólogos contemporáneos están parados sobre los hombros de gigantes como Nicolás Maquiavelo, John Locke, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Max Weber y Émile Durkheim. Algo que todos ellos tienen en común es que su principal foco era la composición social, política y económica del mundo europeo occidental entre 1450 y 1900. Lo que equivale a decir que ofrecen un kit de herramientas intelectuales para analizar, digamos, el mundo occidental de 1840, pero no necesariamente el mundo occidental de 2016.

¿Qué se enseñará en los cursos de teoría social de 2070, por ejemplo? ¿Qué canon –ya escrito o por escribirse– desearán haber utilizado al inicio de sus carreras profesionales, a fines de la década de 2010, quienes las estén terminando en los años 2070?

Después de darle vueltas a este interrogante en los últimos años, reduje mi elección a los escritos de tres personas: Tocqueville, que escribió en los años 1830 y 1840, John Maynard Keynes, que escribió en los años 1920 y 1930, y Karl Polanyi, que escribió en los años 1930 y 1940.

Las preocupaciones centrales de Keynes para su época hoy suenan sinceras. Le preocupaba la fragilidad de nuestra prosperidad colectiva y las graves tensiones entre el nacionalismo y las actitudes cosmopolitas desarraigadas que apuntalan una sociedad global pacífica y floreciente. Se centraba en cómo organizar nuestras actividades y usar nuestra prosperidad para crear un mundo apto para la buena vida. Quería exponer la bancarrota de panaceas ideológicas en ascenso: el laissez-faire, el orden espontáneo, la cooperación colectiva, la planificación central. Y pensaba profundamente en los problemas tecnocráticos de la gestión económica –y en los desastres sociales, morales y políticos que resultarían si no se intentaba resolverlos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los problemas que preocupaban a Keynes pasaron a segundo plano, en tanto una prosperidad renovada en Occidente llevó a muchos a creer que se habían solucionado de manera permanente. Inclusive durante la estanflación (crecimiento lento y precios en aumento) en los años 1970, se decía que el problema era una extralimitación socialdemócrata, no algún defecto fundamental en la economía política de Occidente.

Ese argumento allanó el camino para que la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente norteamericano Ronald Reagan redujeran el papel económico del Estado y dieran rienda suelta a las fuerzas de mercado. La corrección de Thatcher-Reagan fue un éxito incuestionado entre las clases adineradas que prosperaron a partir de ahí. Creó un consenso ideológico que dominaría la esfera pública de 1980 a 2010.

La prosperidad de posguerra también eclipsó los problemas centrales que Polanyi trataba de resolver en los años 1930 y 1940. Polanyi aceptaba que una sociedad de mercado podía en verdad generar mucha prosperidad material, pero le preocupaba que sólo pudiera hacerlo si convertía a las personas en marionetas y juguetes de fuerzas de mercado irracionales. También le preocupaba que la gente no se adaptara bien a este nuevo rol. El objetivo, para Polanyi, era alcanzar la prosperidad que genera una economía de mercado, sin sufrir los riesgos de pobreza, destrucción creativa y erosión comunitaria que conlleva la operación de las fuerzas de mercado.

Polanyi esencialmente advertía que si el orden burgués moderno fracasaba en esta tarea, los movimientos políticos autoritarios y totalitarios resultarían beneficiados. Durante el período de posguerra, el argumento de tiempos de vacas gordas, según el cual la prosperidad impulsada por el mercado justifica cualquier sufrimiento social colateral, fue dado como un hecho. También llegó a definir la opinión consensuada entre la clase adinerada y sus partidarios ideológicos.

Esto nos lleva a Tocqueville, que escribió hace casi dos siglos, pero cuyas preocupaciones centrales nunca desaparecieron. Tocqueville se centraba en las consecuencias de la destrucción de la casta como un principio de orden social y político. Todas las grandes castas –desde los nobles de la espada y los nobles de la toga, supuestamente fráncicos, hasta los comerciantes protoburgueses y los villanos galo-romanos– conferían a sus miembros pequeñas libertades y una dosis de autonomía personal a cambio de obligaciones para con el Estado. (Y, por supuesto, cuanto más baja la condición social, mayores las obligaciones).

Tocqueville veía que este mundo ordenado de manera estricta estaba siendo reemplazado por la democracia y una igualdad social formal, en la que todos serían igualmente libres, pero también estarían a merced de la sociedad por igual. En este nuevo contexto, ningún privilegio o libertad servía de protección si uno no encontraba una contraparte en el mercado o se enfrentaba a la tiranía de la mayoría, o simplemente buscaba alguna suerte de dirección en su intento por decidir quién se suponía que era.

En el mundo de Tocqueville, la destrucción de la casta era sólo parcial. El escribía para hombres blancos que conocían su nacionalidad, que sabían lo que significaba pertenecer a una casta y que conocían los privilegios de esa pertenencia.

En nuestro tiempo, la destrucción de la casta y el privilegio de las castas están dando otro paso hacia adelante. El período del dominio político de los machos blancos en las democracias occidentales está llegando a su fin. Y lo hace en un momento en el que el populismo económico está sustituyendo a la gestión tecnocrática, y en el que muchas veces los machos blancos se vuelcan al nativismo en respuesta a la destrucción de sus empleos y estilos de vida a manos de las fuerzas impersonales de la globalización.

 

Como podemos ver siglo tras siglo, el antiguo orden no se rendirá sin presentar pelea. Ningún antiguo orden lo hace. Pero el privilegio de casta de los machos blancos está predestinado al fracaso. El desafío al que nos enfrentamos ahora es cómo materializar mejor las nuevas oportunidades a nuestro alcance para el mejoramiento humano, en beneficio de todos. No se me ocurren muchas guías más útiles para ese desafío que Keynes, Polanyi y Tocqueville.

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Como liberal y convencido demócrata estimo que el actual momento histórico requiere de posiciones coherentes y visionarias, que traduzcan ideales colectivos, no conveniencias individuales.

Colombia y su gobierno han asumido con coraje y determinación enfrentar la mayor amenaza a su futuro, el conflicto armado. Han decidido pagar el alto costo ético y político de sentarse a la mesa de negociación con los insurgentes y no sólo comprometerse para lograr un acuerdo, sino indagar lo que tenían en común y poder proyectar un país para ambos bandos, en uno solo.

Solamente ese esfuerzo titánico de los negociadores de la Paz, que rompió los paradigmas del conflicto, merece una ratificación contundente. De hecho, el Presidente Santos podía haber planteado un referéndum consultivo vinculante, una solución no traumática, pero exigió posiciones y el poder de la decisión del pueblo, se expresará a través de un Sí o un No, sin medias tintas.

Desde otra dimensión de los hechos, como Senador, creo que la Paz es ya una condición definitiva para construir un futuro mejor. No se podrá edificar un país sin diferencias teniendo la amenaza de la guerra, ni se podrán desarrollar las regiones sin su integración al mapa de los proyectos y programas de un estado social de derecho, como lo establece nuestra constitución.

Aun cuando hemos estado en conflicto,  la energía de los colombianos nos ha llevado a ser la cuarta economía de América. La violencia es un ancla que nos detiene en un pasado de exclusión, inequidad e injusticia.

Cómo vamos a hacer sinergia si los departamentos tienen desigualdades y desequilibrios que los conducen a la miseria, si la debilidad institucional es uno de los factores de la inequidad, si no existe siquiera la vialidad requerida como ingrediente de inclusión y productividad.

El departamento que represento y donde nací, Santander, es uno de las regiones con más futuro, por su biodiversidad, capacidad productiva de sus habitantes y ubicación geopolítica. Pero tiene la gran debilidad, como otros departamentos y municipios del país, de carecer de vías, que no sólo intercomuniquen sus ciudades y pueblos de forma eficaz, con otras zonas del país, sino que sus campesinos no cuentan con el soporte de las vías terciarias, que articulen a los productores con los centros de consumo.

La Paz para Colombia es un activo. Una herramienta para superar las condiciones que la amarra a la desigualdad y la exclusión y la mejor estrategia para construir un futuro mejor.

Por ello digo Sí al Plebiscito de la Paz e invito a todos los colombianos sin distingo político, etnia, religión, credo, para que participen votando por el futuro: La Paz de Colombia.

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Por José Gregorio Hernández.-Diariamente -y eso es lo que se sabe, pues no conocemos la mayoría de los casos- los medios de radio y televisión registran acontecimientos dolorosos, causados por la indolencia de las EPS e IPS, generalmente a raíz de la tendencia a no asumir los costos del servicio. Un servicio que no es gratuito. Que pagan los trabajadores y las empresas. Un servicio público esencial.

Los médicos se ven precisados a recetar lo más barato. Se niegan medicamentos e intervenciones y tratamientos urgentes y necesarios, alegando su excesivo costo, aunque estén en el POS (Plan Obligatorio de Salud).

Veíamos asombrados -sirvan como ejemplo apenas- dos casos conmovedores:

- Una mujer con cáncer no atendido, cuyo diagnóstico fue equivocado, ya que, según los medios, lo confundieron con gastritis o embarazo, clama en un video pidiendo que se le brinde la atención médica especializada que necesita con urgencia, dado su evidente peligro de muerte. Las instituciones prestadoras de los servicios de salud no se conmueven, y la mujer fallece, dejando en el más absoluto abandono a dos niñas de cinco y siete años.

- Una niña de tres años, afectada por una enfermedad denominada "huesos de cristal" -el solo nombre ya nos indica de qué se trata-, afección que implica que la niña no puede caminar ni mantenerse en pie, y cuyos miembros son frágiles en extremo, requiere una intervención quirúrgica que la podría salvar. Se la niegan. No se la practican, por cuanto a los intermediarios de la salud les parece muy costosa.

Pero la Constitución, que consagra el Estado Social de Derecho, y uno de cuyos fundamentos reside en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, señala que los niños tienen derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal física y mental, a la seguridad social, a un desarrollo armónico e integral, a una vida digna, a tener una familia (a la supervivencia de su madre, diríamos en el caso mencionado)...Y señala que esos derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. E inclusive, al hablar de la famosa "sostenibilidad fiscal", el artículo 334 de la Carta Política establece que no podrán ser desconocidos los derechos fundamentales.

Pura teoría. Ni siquiera habiendo obtenido protección mediante fallos de tutela -por supuesto desacatados- se conmueven quienes tienen a la salud como un negocio y no como un servicio público esencial por el cual los particulares que lo presten deben responder ante el Estado. Pero el Estado hace "mutis por el foro". Guarda silencio. Un silencio cómplice, aunque, como expresó la Defensoría del Pueblo, deberían ser ejercidas las pertinentes acciones penales.

A los intermediarios nada los sobresalta. Ni el dolor de muchas familias, ni las muertes, ni las condiciones indignas en que viven algunos pacientes. Nada les importa el interés colectivo ni los derechos. Su única meta empresarial es la ganancia. No gastar, salvo en aquellos lujos hacia los cuales se desviaron los recursos en el caso de Saludcoop.

De nada sirvió la Ley Estatutaria que tanto pregonó el Gobierno como el más alto logro en materia de salud. Y quieren desalentar la tutela, o hacerla ineficaz.

Las cosas en este campo siguen iguales, o peores. El sistema es inhumano.

 

Nos preguntamos: ¿Este es un Estado Social de Derecho, que así celebra los 25 años de una Constitución democrática?

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Por Gabriel Ortiz.- Difícil la escogencia del nuevo Fiscal, de tan brillante terna presentada por el Presidente Santos. Finalmente salió elegido Néstor Humberto Martínez Neira, un valioso profesional que ha desempeñado cargos oficiales ministeriales, diplomáticos y financieros, amén del recorrido ético y sobresaliente en la rama del derecho.

Algunos círculos censuraron sus actuaciones, públicas y privadas, de pronto por sus éxitos en ambos sectores. Pero no puede ser válida esa tesis, ya que cuando se es bueno, se desempeña como tal en todas las áreas. Seguramente Néstor haya sido objeto de fustigaciones por el odio que está de moda en Colombia, introducido por el ex presidente-senador. Allá los críticos, porque la realidad es que el país ha conseguido un fiscal de lujo… ya lo veremos. Humberto, su padre y doña Aleida, su progenitora, le imprimieron lo mejor de sus cualidades a quien nos fiscalizará.

No caminará por lecho de rosas, en un país tan endemoniado, en el que reina el delito y florecen las mafias, el narco, la minería ilegal y en donde la justicia está desacreditada y corrupta, porque la dañaron, cuando la convirtieron en nominadora, electora, política.

En donde se ofrecen puestos para llegar a órganos de control, como es el caso de un Procurador, que dilata el proceso que se le sigue por haber violado la Constitución para hacerse reelegir –igual lo hizo su padrino Uribe- y, sin sonrojo alguno, adelanta campaña presidencial. Y qué decir del magistrado Pretelt, que permanece “atornillado” a la silla, pese a haber recibido dinero a cambio de un fallo.

Se enfrenta el nuevo fiscal a una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente en la política. Ejemplo claro el paro de los camioneros, con el que atropellan a una población inerme. Que corrompen, chantajean y delinquen para mantener el país a sus pies. Que son los culpables de la inflación y la carestía que golpean a las clases populares y que con unas tarifas irracionales, impiden que Colombia pueda sostener y conseguir nuevos mercados internacionales.

Pero ahí está este nuevo fiscal que llega a aplicar justicia y a trabajar en procura de un saneamiento de la misma, en aplicar la ley, al tiempo que garantizar a los ciudadanos confianza, optimismo, esperanza y ánimo.

BLANCO: La Ley Barguil que pone bajo control a los bancos.

NEGRO: La división racial atizada por Trump en Estados Unidos.

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Por Amylkar Acosta M.-Como lo acota la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas, “vemos que, en general, hay un estancamiento. Casi todas las economías se han ido desacelerando y aquellas dependientes de recursos naturales como el petróleo son las que más han sufrido”. Según el FMI, “América Latina no encuentra salida al túnel” y resalta el hecho de que este desplome “no se veía desde la crisis de la deuda de 1982 – 1983”. El lastre mayor que arrastra la economía regional lo constituyen Brasil, Venezuela y Ecuador, con sus economías deprimidas, las cuales entraron a formar parte del que ha dado en llamar el FMI el “club de la tristeza”.

Durante la década 2003 – 2013 la economía Latinoamérica creció en promedio el 4% anual; en el caso de Colombia, el PIB creció por encima de su promedio histórico durante el largo ciclo de precios altos de sus materias primas. Pero, luego vino la destorcida de los precios, de los cuales el último en caer fue el petróleo, que se derrumbaron después de superar la barrera de los US $100 el barril en 2014 hasta bordear los US $30 a comienzos de este año, repuntando recientemente, pero sin rebasar los  US $50. Y, según el Gerente del B de la R José Darío Uribe, una “caída del 40% en el precio del petróleo significa más de 2 puntos del PIB”, he allí una de las causas de la desaceleración del crecimiento del PIB, que se acentúa cada vez más.

Después de un crecimiento del PIB del 6.6% en 2011, este se vino en picada hasta el 4% de crecimiento en 2012, tuvo un ligero repunte en 2013 con el 4.9%, para seguir cayendo en el 2014 con el 4% nuevamente, el año anterior el 3.1% y la proyección del Gobierno para el 2016 es de un 3%, asaz difícil de alcanzar. Estamos más cerca del 2.5% que pronostican Fedesarrollo, ANIF y hasta el propio B de la R, que de la ansiada meta gubernamental.

No sólo la caída de los precios del petróleo y también de su producción contribuyen a la ralentización del crecimiento de la economía colombiana sino la de los demás commodities de los cuales depende, que tienen en China el principal destino de sus exportaciones. Según cálculos del BID, cada punto porcentual de menor crecimiento del PIB del gigante asiático impacta el crecimiento de la economía de América Latina y el Caribe en 0.6 puntos porcentuales. Con la caída de los precios de los commodities, decayó también la afluencia de la inversión extranjera directa, repercutiendo en una reducción del crecimiento potencial de la economía colombiana desde 4.5% anual hasta el rango 3.5% - 4%, situándose en el 3.7%, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que dio a conocer recientemente el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Dicho sea de paso, como lo afirma el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, al cotejarlo con el 4.3%  del MFMP de hace apenas un año, “bajar en 0.6 puntos porcentuales la tasa de crecimiento potencial para siempre tiene consecuencias fiscales de enorme calado”.

Por lo pronto, el FMI prevé un anémico crecimiento de la economía global y luego de recortar su pronóstico anterior en 0.2 puntos porcentuales lo ubicó en 3.2%, similar al año anterior. Ello influirá en el comercio mundial que, según sus pronósticos, crecerá el 3.15, ligeramente superior al 2015 que fue del 2.8%. De allí que no sea dable esperar que el sector exportador impulse mayormente el crecimiento del PIB, máxime cuando no obstante que la tasa de cambio que se ha tornado más competitiva gracias a la maxidevaluación de los últimos dos años, no ha mejorado la competitividad de las exportaciones habida cuenta que las divisas de los competidores también se devaluaron. Además, los precios de los commodities siguen a la baja y por ello no es previsible en el corto ni en el mediano plazo mejoren los términos de intercambio

Es difícil, entonces, que la economía colombiana crezca al 3%, como lo proyecta el Gobierno, toda vez que no cuenta con fuentes dinámicas de demanda que sirvan de galvanizador. Tanto la demanda externa como la interna se han debilitado tremendamente; tanto el consumo privado como el gasto público se han visto golpeados últimamente, el primero por el encarecimiento del crédito y por la pérdida del poder adquisitivo y la segunda por la sensible caída de sus ingresos a consecuencia de la crisis del sector minero – energético. Sectores como el agropecuario y el minero se contrajeron en el primer trimestre de este año en -3.1% y -0.9%, respectivamente; por su parte la industria creció en los primeros cinco meses del año 5.8%, pero cuando le sustraemos a REFICAR se reduce a sólo 2.8%.

Medellín, julio 16 de 2016

www.fnd.org.co

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Por Alexander Kudascheff. * Foto: DW.- Hace tiempo que el terrorismo, el terrorismo Islámico, se convirtió en una pesadilla. Ataca a las sociedades libres por todas partes: en restaurantes, aeropuertos, hoteles, estadios de fútbol, clubs, trenes, playas, escuelas y ahora también en la calle. El terrorismo está en todas partes y el miedo avanza en las sociedades libres, y también en otras. El peligro se intuye y se siente. La amenaza está en todas partes, en el día a día y en las vacaciones. El terrorismo reta a las democracias, sobre todo a Francia, que ha sufrido el tercer horrible atentado. Es una guerra asimétrica. De terroristas en solitario o pequeños grupos que, sin excesivos recursos logísticos, asesinan sin piedad mientras los demócratas tienen que temer por su libertad.

Un terror omnipresente

Parece que el Estado ya no pudiese cumplir con su tarea más importantes. Pese a los organismos de investigación, los servicios secretos, el aumento de la vigilancia del ciudadano y el inmenso despliegue policial, el Estado no puede proteger a sus ciudadanos. El terror es omnipresente porque procede de la misma sociedad. Fascinados por la fuerza del islamismo e impulsados por la yihad, jóvenes, en su mayoría hombres, parten para enfrentarse a nuestra sociedad que también es la suya. Masacran sin piedad y quieren cumplir un objetivo. Quieren perturbar la sociedad libre y lo están consiguiendo. Mientras las fuerzas de seguridad tradicionales no sean capaces de proteger al ciudadano, los propios ciudadanos irán perdiendo esa serenidad que hasta ahora fue ejemplar. Amenazan fenómenos sociales en los que triunfarán el odio, el rechazo y el racismo. Toda una pesadilla para una sociedad abierta.

Terminar con el Estado Islámico

Ahora está claro que hay que emprender una guerra, una guerra contra el Estado Islámico. Es políticamente necesario, pero también es un tema delicado porque habrá que estar al lado de los rusos y del asesino sirio Bashar al Assad. Pero no hay otro camino posible. Hay que conquistar Rakka, vencer al Estado Islámico, juzgar a los combatientes supervivientes y terminar con la pesadilla del Califato Islámico. Aunque no sea política ni diplomáticamente atractivo, habrá que colaborar con todas las potencias. Después habría que preguntarse por qué tantos jóvenes musulmanes son seducidos por un islam violento, no solo en la Europa secular, sino también en la América de la diversidad religiosa. ¿Qué quiebra con su identidad al punto de que sigan a los autodenominados califas de Rakka o enaltezcan a terroristas suicidas en la red como si fuesen héroes?

En cualquier caso, se trata de un proceso social más largo. Las sociedades libres tendrían que aprender antes a superar su indefensión. Hay que aumentar la presión sobre la escena de los simpatizantes. Hay que hacerlo con rigor. Los musulmanes tienen que deshacerse de secretas simpatías hacia los predicadores del odio y echarlos de las mezquitas. Es necesario acabar con la tolerancia pasiva para defender la libertad y nuestro estilo de vida libre. De lo contrario, las sociedades cambiarán y se irán distanciando de la democracia. El Frente Nacional de Francia se saldría con la suya.

*Redactor en Jefe de DW.

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