Por José Gregorio Hernández.-La crisis institucional, política y jurídica que vive Colombia es muy grave, no solamente por cuanto el propio Congreso, por iniciativa del Gobierno, ha sustituido la Constitución de 1991 -sin que la Corte Constitucional haya hecho nada en defensa de dicho Estatuto- sino porque se ha perdido por completo la independencia entre las ramas y órganos del poder público; el Congreso es un apéndice del Ejecutivo, y el sistema de frenos y contrapesos no funciona. Pero, además, la corrupción se ha adueñado del país, de las instituciones y de los partidos, como lo demuestra el cada día más grande  escándalo generado por los sobornos y las "coimas" de la firma brasileña Odebrecht a servidores públicos y a las campañas presidenciales de 2010 y 2014, y lo vemos también en el caso Reficar, entre otros.

Va a ser necesaria una Asamblea Constituyente para rehacer la Constitución, reafirmando sus postulados esenciales y tomando en cuenta los nuevos hechos, pero entre tanto, hay que cumplir sus mandatos.

Lo cierto es que se expiden reformas que no se cumplen, o que no se desarrollan, o que los organismos encargados de aplicar  no lo hacen, con cualquier pretexto, o con ladinas interpretaciones.

Por ejemplo, hay una norma constitucional introducida hace casi catorce años en relación con los topes de financiación a las campañas políticas, y ni en un solo caso ha sido aplicada.

Se trata del artículo 109, inciso 7, de la Constitución, proveniente de la reforma política consagrada en el Acto Legislativo 1 de 2003 y reiterado en el Acto Legislativo 1 de 2009, que está en pleno vigor y que dice:

“Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.

El precepto constitucional remite a la ley, pero no se ha dictado una ley específica con miras a desarrollarlo. Por tanto, debemos acudir a la propia Constitución.

En el caso de la pérdida de investidura, que es aplicable a senadores, representantes, diputados y concejales, comprobada que haya sido la violación de los topes máximos -lo que corresponde dictaminar al Consejo Nacional Electoral-, deberían compulsar copias con destino a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que, con base en esta causal constitucional, ya debidamente comprobada -como exige la norma-, se impusiera la sanción.

Si se tratara de la elección de un alcalde o de un gobernador, la sanción debería ser impuesta por quien tiene la facultad de destituirlos, es decir, correspondería a los gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá, el Presidente de la República, y a los alcaldes el respectivo Gobernador. Si se llagara a concluir que esa competencia no está claramente definida -en mi concepto sí lo está en la ley-, cabría entender que el competente sería el Procurador General de la Nación, a quien, según el artículo 277, numeral 1, de la Constitución, compete “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”.

 

Cuando se trate del Presidente de la República, una vez debidamente comprobada la violación de los topes, se tendría que aplicar el fuero constitucional. En consecuencia, por causas constitucionales, como dice el artículo 138, numeral 3, de la Carta Política -y esta es una causal de esa índole-, iniciaría el trámite la Comisión de Acusaciones de la Cámara; acusaría la Cámara de Representantes en pleno, y el Senado decidiría sobre la sanción de pérdida del cargo, que es  lo que  señala el precepto citado. 

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Por Horacio Serpa.-Durante quinientos años todos le dimos palo al gran rio de la Magdalena, majestuoso y rebelde, torrentoso y disperso, siempre erguido y viviente frente a los constantes y despiadados ataques de sus depredadores: los conquistadores de antaño, los taladores de bosques, los que destruyen sus afluentes,  los grupos humanos que depositan en sus aguas los detritos y las basuras, los que se roban las riveras para volverlas potreros, los que tapan sus caños, los que permiten los derrames de aceites, los que roban sus arenas, los que matan los peces en procedimientos ilegales, los que secan los humedales, todos enemigos del rio en trance de aprovecharlo al máximo hasta que se acabe.

¡Pero no se acaba! Siempre ha estado pendiente de una mano humanitaria, de un gobierno providente, de una Nación compasiva, de una sociedad responsable con visión de futuro, comprometida con la naturaleza y el medio ambiente, de un sector empresarial progresista que sepa promediar el monto de sus ganancias con la necesidad de auspiciar el bien común.

En Colombia no hay un bien que sea más común, más de todos, más solidario, más necesario, más útil, que el Rio Grande de la Magdalena, como lo llamaron antaño y decidió rebautizarlo la Asamblea Nacional Constituyente. El rio de los colombianos es belleza, es agua abundante para todos y para todo, riego para las siembras, es alimento esencial, es carne de pescado, es transporte, es generación de energía, es multiplicidad de humedales para el equilibrio ecológico, es fauna, es espacio insuperable para el deporte y la recreación.  En este país tan rico pero tan pobre, no hay mayor tesoro que el rio Magdalena.

¿Sabe el pueblo colombiano quien se acordó, por fin, del Rio Magdalena? El Presidente Juan Manuel Santos. Desde el comienzo de su primer mandato se pronunció favorablemente en favor del rio y de su recuperación. Este tema y el propósito de propiciar la expedición de una ley de tierras me hicieron prestar atención al mandatario, antes de que reconociera la existencia de un conflicto armado interno en el país, preámbulo al comienzo de negociaciones con las Farc. Lo del rio lo cumplió haciendo gestiones para que se estudiara un Plan para mejorar el rio y su navegabilidad todo el año. Los que queremos el rio, los que conocemos su importancia,  no lo podíamos creer.

Pero ahora se enredaron las obras. Los problemas que tuvo Navelena para la financiación y las trágicas actuaciones de Odebrecht, su principal socio, hirieron de muerte al más importante proyecto de recuperación del rio Magdalena, desde la conquista. ¡Eso sí es estar bien  de malas! El rio y todo lo bueno y útil que significa, reclaman soluciones.

Con nuevas licitaciones, con otras empresas, atendiendo con rigor lo que sea necesario y transparente, el rio y Colombia merecen que se cumpla el Plan acordado. El Presidente Santos no puede irse en Agosto de 2018 sin dejar su gran proyecto en ejecución.

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Por Juan Manuel Galán.-La pobreza es nuestra responsabilidad política. Los indicadores presentados en el Congreso de la República son una vergüenza: los colombianos en situación de pobreza multidimensional ascendieron a 4’068.000 en 2016; mientras que el 28% de la población nacional estuvo en condición de pobreza monetaria en el mismo año.

En materia de desigualdad los resultados son mediocres, el Coeficiente GINI cuya meta es estar más cerca a cero para mostrar un país menos desigual, estuvo en 0,517 en 2016. En nuestro país, la pobreza es el resultado de un modelo de organización social que produce una sociedad injusta y atrasada y que concentra todas sus vulnerabilidades en las áreas rurales.

En este sentido, me llamó profundamente la atención la estadística del Ministro de Agricultura sobre la concentración de la propiedad de la tierra en las áreas rurales. Afirmó que el 75% de los habitantes de las zonas rurales son propietarios de apenas el 5% de la tierra rural. En otras palabras, que de los 100 millones de hectáreas rurales que hay en nuestro país, los campesinos apenas logran ser propietarios del 5% de esta tierra.

Estos números muestran en donde está la injusticia, la exclusión social y la exagerada concentración de la tierra rural, agravada por el mal uso de ella y la marginalización del campesinado. El Banco Mundial ha insistido en la necesidad de elevar la productividad agrícola de las familias de bajos ingresos, como una manera de reducir la vulnerabilidad de los pequeños agricultores.

Esta estrategia no solo prioriza a la población rural sino al mismo tiempo garantiza una nutrición adecuada para ellos, que impacta directamente los indicadores de rendimiento y asistencia escolar de menores de edad.

Nuestra responsabilidad política es garantizar la inclusión de los pobres en la organización social que tenemos y permitir su acceso a la tierra, la educación de calidad, la salud, la vivienda digna y ahora, en el nuevo siglo, garantizar el acceso a servicios de conectividad y tecnología y acceder a mundo de información, conocimiento y oportunidades de desarrollo.

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Por Amylkar D. Acosta M. - “Los vaticinios apocalípticos ya no deben tomarse con ironía o desdén. Podríamos dejar a las generaciones venideras escombros, desolación y suciedad” Papa Francisco. Laudato sí.

Indudablemente la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), que tuvo lugar en París entre el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015[1], marcó un hito de la mayor importancia en la lucha contra el calentamiento global y el compromiso de la comunidad internacional para tomar las medidas tendientes a contrarrestarlo. La misma fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En esta Conferencia se alcanzó, por primera vez en la historia, un Acuerdo global, con la más amplia base de apoyo, habida cuenta de la activa participación de 195 jefes de Estado y de Gobierno. Además de haber sido aprobado por aclamación, una vez ratificado por lo menos por 55 países que representaran  al menos el 55% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), como en efecto se dio el 4 de noviembre del año anterior, adquiere poder vinculante.

Tres días después de la entrada en vigencia el Acuerdo de la COP21, ratificado por 109 países, se instaló la COP22, esta vez en Morrakech, Marruecos, la cual tuvo por objetivo fundamental definir el calendario y las reglas para su aplicación durante el período 2017 – 2019. Se trata, nada menos que de implementar mecanismos que permitan llevar un registro transparente de las emisiones a nivel mundial de los gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que se disponga de un indicador confiable de los esfuerzos realizados por cada país en cumplimiento del compromiso adquirido. Sólo de esta manera se puede garantizar que lo acordado no se vuelva agua de borrajas y así impedir que el aumento de la temperatura llegue a los 2 grados centígrados con respecto a la era pre-industrial o, como se acordó en París “en lo posible bajarlo a 1.5 grados”.

El reto no es menor si tenemos en cuenta que el 2016 fue el primer año completo con concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera por encima de la barrera psicológica de las 400 ppm. Según la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) para lograr mantener a raya la temperatura promedio global e impedir que aumente más de los fatídicos 2 grados Celsius al final de este siglo, el compromiso contraído por parte de los países de la reducción de las emisiones de GEI deberían duplicarse.

En la Proclamación de la Acción por el Clima y el Desarrollo Sostenible de Marrakech se consagró el compromiso de promover, antes del 2020, acciones concretas tendientes a frenar el calentamiento global y, particularmente, dar respuesta a los requerimientos en vías de desarrollo para que estos puedan hacer su parte. En el marco de la COP22 se dieron los primeros pasos en la redacción del Reglamento que regirá el Acuerdo de París y se convino convocar una nueva cita en Alemania el año entrante con el fin de evaluar el progreso en el cumplimiento de lo acordado y posteriormente se hará lo propio en Polonia en 2018. Ya, a partir de 2020 cada 5 años se hará un corte obligatorio y una evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes de reducción de las emisiones de GEI. Esta es la pieza cable para ponerle el freno de mano al calentamiento global

También se avanzó en esta Cumbre en lo atinente a la financiación de las acciones que se derivan de lo acordado, a la que todos los países habrán de concurrir, en particular los países desarrollados que son los mayores emisores de GEI. Entre China, que ocupa hoy el primer lugar, los EEUU que la secunda y la Unión Europea (UE) contribuyen con el 78% de la totalidad de las emisiones de GEI que día a día se concentran inexorablemente en la atmósfera, principal causa del calentamiento global como lo prueba la Curva de Keeling. De allí la importancia de la decisión que tomaron de avanzar en los esfuerzos para contar con una fuente segura de financiamiento, que permita trascender, ir más allá del 2020, que fue la meta volante que se estableció en la Cumbre de Paris, con el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto. Este, que expiraba en 2020, recibe esta bala de oxígeno, quedando incorporado al Acuerdo de París.

Desde luego, las delegaciones de los diferentes países se levantaron de la mesa pero con la misión de continuar negociando tanto lo relativo a la financiación como lo atinente al calendario del plan de acción, la transparencia de la lucha contra el cambio climático, así como todo lo que tiene que ver con los compromisos de transición energética y la transferencia de tecnologías. La idea es poder cerrar estas negociaciones “a mas tardar” en el 2018.

Bogotá, marzo 25 de 2017

www.amylkaracosta.net

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Por: Jorge Enrique Robledo.-Colombia aparece en las estadísticas como uno de los países más corruptos del mundo, deshonor que, como sabemos, tiene todo el asidero en la realidad. Ahí están los inmensos escándalos de Reficar y Odebrecht, que involucran a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, tanto por las fechas de las determinaciones como por los momentos en que se pagaron los sobornos, más las acusaciones de financiación ilegal a los dos candidatos presidenciales en 2014. Se sabe además que en la foto de la campaña Santos 2010, lubricada con dineros ilegales y de trasnacional, aparecen todos los dirigentes de todos los sectores de todos los partidos tradicionales que han gobernado al país desde hace, por lo menos, medio siglo. Y son incontables las corruptelas nacionales, departamentales y municipales, con actores del sector público y el privado, nacionales y extranjeros.

También se conoce que en las elecciones, en proporciones determinantes, no se compite con análisis, ideas y propuestas sino con inmensas sumas de dinero de todos los orígenes, con las que se arrea a votar a millones de empobrecidos compatriotas; que una corrupción salida de madre como esta hace inviable el progreso nacional; y que los colombianos, con razón hasta la coronilla, exigen correctivos inmediatos.

Ante la pregunta de cómo salir de desvergüenzas tan dañinas, lo primero es señalar que no hay solución a un problema si no se establecen sus causas y si no se toman, a partir de ellas, los correctivos acertados. Por ello se dice que no se va al médico a que nos diga dónde nos duele, lo que ya sabemos, sino a que nos señale las causas del dolor y la manera de curarlo, y que si se equivoca en el diagnóstico, fallará de seguro en el remedio. Luego también hay que empezar por establecer los orígenes de la pavorosa corrupción nacional, haciéndose la pregunta clave: ¿se trata de un problema de manzanas podridas, aisladas entre sí, o de una corrupción sistémica, general, en la que está conscientemente involucrada una porción determinante de quienes, en la esfera pública y privada, mandan en Colombia?

De acuerdo con Fernando Cepeda Ulloa, más que corrupción, “lo que hay en Colombia, es evidente, es crimen organizado para apropiarse de los recursos del Estado o (…) en el sector empresarial o donde ustedes quieran (…) Además se ha vuelto trasnacional, con connivencia nacional” (http://bit.ly/2o0txuz). Una buena manera de expresar lo que ocurre y de que no se trata, que es el punto clave a debatir, de manzanas podridas, para seguir con la imagen.

¿Cómo fue que llegamos a esta desgracia? Como lo he citado en otras ocasiones, según el ministro Alejandro Gaviria, desde el Frente Nacional, los partidos tradicionales y las élites económicas acordaron darle un determinado manejo a “la macroeconomía”, a sus negocios, y ganar las elecciones mediante el “clientelismo”, es decir, con el uso “de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos” (http://bit.ly/2o0dOM0), mecanismos que están en la base de la corrupción nacional. “El clientelismo, detalla Hommes, puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite y sus colaboradores” (http://bit.ly/2nlmGgY) y Guillermo Perry ha narrado la evolución clientelista (http://bit.ly/2o0v4AP). Y así se gobierna a Colombia, con el agravante de que las determinaciones, además de corruptas, están diseñadas para que la economía no prospere, en un juego en el que unos pocos divorcian sus intereses personales de los de la Nación, a la que arruinan o empobrecen con sus medidas, mientras ellos prosperan.

Entonces, a lo que asistimos hoy es al natural aumento de la descomposición de un sistema político al que hace mucho tiempo le inyectaron la corrupción en su ADN, y con el objetivo de poder gobernar de la peor manera y aun así ganar elección tras elección, sistema en el que lo único en verdad nuevo reside en que las corruptelas y el cinismo rompen récords mundiales y en que crecen los excluidos de la francachela. Porque las políticas neoliberales y su asalto a los recursos públicos, con su capitalismo raquítico y de extrema desigualdad social que corona como reyes a las trasnacionales, operan sobre esta perversidad.

Es obvio que con solo tomar medidas legales contra la corrupción, aunque deban tomarse, no cambiará el tétrico rumbo del país, si lo mangonean los cuarenta ladrones de Alí Babá. De ahí que la primera determinación para enfrentar en serio este problema consiste en que los colombianos de todos los orígenes nos unamos y derrotemos a todas y cada una de las fuerzas que han gobernado al país, hundiéndolo en este desastre.

Bogotá, 24 de marzo de 2017.

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Por Jairo Gómez.-Cambio Radical ya comenzó a hacer política electoral con el proceso de paz, su propuesta de acotar la presencia de terceros a un ejercicio voluntario y no obligatorio ante la Justicia Especial Para la paz (JEP), revela las intenciones de su candidato presidencial Vargas Lleras.

Ese partido, inmerso en una crisis de credibilidad por motivos ampliamente conocidos, junto con su Fiscal, van al amparo de quienes crearon grupos paramilitares dizque para salvaguardar sus intereses amenazados por la guerrilla.

Quieren atravesarle un palo a la rueda de la JEP que garantiza a las víctimas, centro del acuerdo de paz, Justicia, Reparación, No repetición y, por sobre todo, la verdad para que los millones de supervivientes logren superar lo efectos devastadores del conflicto.

Una y otra vez es necesario recordarle a quienes pretenden ponerle obstáculos a la JEP que la responsabilidad de terceros o civiles en muchos casos financiadores y determinadores del conflicto no se puede escudar, entre otras cosas, en el pretexto de la extorsión para evitar su comparecencia, y eso es lo que pretende Cambio Radical con su propuesta.

Los casos sobre financiadores de la guerra están ampliamente documentados y son materia de investigación por parte de la justicia. Para la muestra un botón: Chiquita Brands –la célebre empresa bananera representada en Colombia a través de su filial Banadex- y Drummond y Glencor (Prodeco) las mineras del Cesar; así como la Organización Ardila Lulle que ha sido mencionada en múltiples ocasiones por el paramilitar Salvatore Mancuso, como financiadora de grupos pertenecientes a las AUC.

De Chiquita Brands se sabe que durante 17 años, según investigaciones que reposan en la fiscalía, le dio dinero simultáneamente a guerrilleros y paramilitares para poder operar en la zona bananera de Urabá, y entre 1997 y 2004 decidió que sólo le pagarían a las autodefensas de Carlos Castaño.

Y cómo olvidar el caso de las mineras Drummond y Glencor (Prodeco) mencionadas por postulados en Justicia y Paz –El Samario, Tolemaida etc.- de haber sido financiados por estas multinacionales para crear el grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” que operó en el norte del departamento del Cesar entre los años 1996 y 2006, según investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda.

Flaco servicio se le hace al proceso de paz tratando de favorecer uno de los sectores responsables en el conflicto, como es el caso de terceros. De no tomarse en serio lo acordado, se abre la ventana para que la Corte Penal Internacional mañana asuma su papel por la inoperancia de la Justicia Transicional.

“Algunos de los congresistas actuaron en función de sus intereses (…) Para nosotros lo que ha ocurrido con la ley de amnistía y la JEP es que se han puesto a consideración intereses distintos a los derechos humanos (…) no se puede ver a la JEP como una feria de beneficios, no”, dijo visiblemente molesto el representante del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en Colombia Todd Howland.

Viene la etapa de conciliación entre Cámara y Senado y se espera que este “mico” anti JEP no prevalezca o de lo contrario se le está aplicando, el harakiri, a la columna vertebral del acuerdo de paz: el punto cinco sobre Víctimas que incluye la Justicia Transicional.

@jairotevi

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Por Jorge Gómez Pinilla.-Tomado de El Espectador.- Hay quienes creen que el retiro de la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga le despeja el camino a Iván Duque en el Centro Democrático. Es lo que parece cuando el dueño del letrero remplaza a su extítere por una señora cuyo apellido Guerra parece escogido con propósito subliminal, pero me atrevo a sospechar que ese movimiento de fichas es fuego artificial para distraer a la galería mediática, porque sus ojitos apuntan en otra dirección.

Apuntan hacia Alejandro Ordóñez, dibujado por Matador en una caricatura premonitoria donde se le ve como un caballo cabalgado por Álvaro Uribe, quien hala de sus tirantas. Ordóñez dice “¡Vamos a recuperar el país!” y Uribe le responde: “Para nosotros”. (Ver caricatura).

El asunto de todos modos no es para chiste, pues lo que se viene es una alianza ‘diabólica’ de las fuerzas más reaccionarias en busca de recuperar el terreno perdido con Juan Manuel Santos, a quien hicieron elegir bajo la premisa de que continuaría con el nefasto régimen de la Seguridad Democrática, pero les salió “traidor” y le dio por buscar la paz.

El problema de fondo es que en lugar de la paz acordada, ellos hubieran preferido la paz de los sepulcros sobre las FARC. Sea como fuere, hoy su verdadero enemigo no es la guerrilla sino el tribunal de justicia (JEP) que trae la implementación de los acuerdos, pues son muchas las verdades que saldrán a flote. Su ‘misión divina’, entonces, procura aglutinar los esfuerzos de todos los que se verán perjudicados, para impedir que esas verdades se conozcan.

¿Y cuál es la forma de lograrlo? Reconquistando la Presidencia de Colombia en 2018. ¿Y cómo? Uniendo fuerzas, como ya pide –casi suplica- Ordóñez cuando dice que “es necesaria una gran convergencia de las fuerzas políticas que triunfaron en el plebiscito”. (Ver noticia). Ordóñez es consciente de que él solito con firmas no es capaz de hacerse elegir, considerando que tiene una imagen favorable del 22% y una desfavorable del 35%, y por eso el pasado 4 de marzo se fue a hacerle ojitos a Uribe a su finca de Rionegro, mientras aprovecha el desprestigio del gobierno Santos para tratar de atraer a su redil al Partido Conservador.

En términos de conveniencia política, le sirve más a Uribe un Ordóñez con pinta de caballo discapacitado que un Iván Duque con porte de semental. Con este último no repetirá el error que ya cometió con Santos (Duque es demasiado de centro y demasiado decente para su gusto) pero no puede descalificarlo como hacen otros sectores de ultraderecha dentro de su partido, porque eso solo contribuiría a aumentar la división que amenaza con hacer trizas al CD.

Pero el punto donde se debe fijar la atención, es en la manera como Uribe y Ordóñez han venido cooptando (incluso comprando, no tengo duda) a los líderes de las iglesias evangélicas y cristianas. Esto comenzó a gestarse desde los días del plebiscito y fue la fórmula que condujo al triunfo del NO, sumado a la propaganda negra que diseminaron por las redes sociales y a la altísima abstención de los que no fueron a votar convencidos de que iba a ganar el SÍ.

Para ellos no existen ciudadanos sino feligreses, como plantea Germán Ayala en brillante columna. Ahora  quieren repetir la misma fórmula hacia el 2018, y es por eso que Ordóñez ha comenzado a hablar de “la fuerza del voto religioso”, y en consonancia está dedicado de nuevo a exacerbar las pasiones en defensa de la familia y de “los altares”, los cuales ve amenazados por los homosexuales, según confiesa en entrevista dentro de un carro con el supuesto pastor –en realidad embaucador- Oswaldo Ortiz, quien pasó de predicador a rabioso activista político del uribismo, hoy convertido además en el principal lamesuelas de Ordóñez. (Ver entrevista).

Lo cierto es que estamos frente a un peligro inminente, considerando que Colombia es un país religioso hasta los tuétanos, tal vez ya  no con mayorías católicas sino evangélicas y cristianas, pero en todo caso contaminado con el ‘temor a Dios’ desde la Colonia por una moral judeo-cristiana incorporada en las mentes a fuerza de púlpito y de cátedra escolar.

En columna publicada ocho días antes del plebiscito del 2 de octubre (Usan a Dios para seguir la guerra), advertí tardíamente que “la extrema derecha recurre a Dios como su caballito de batalla. Bajo la fachada de combatir el “lobby gay” quieren impedir que se consolide la paz, con un objetivo político embozado: llevar a la Presidencia de Colombia al ultra-católico, corrupto y clientelista exprocurador Alejandro Ordóñez”.

El inesperado triunfo del NO terminó por darme la razón, y ahora la alerta se extiende a advertir que ha comenzado la implementación de la segunda fase de dicho plan, consistente en un maridaje incestuoso entre Uribe y Ordóñez. Incestuoso porque comparten hermandad ideológica en su orientación ultraderechista, y peligroso porque no solo comprende la incorporación de católicos, evangélicos y cristianos –hasta la muy ‘liberal’ Viviane Morales tiene cabida ahí- sino porque podría desembocar en la fórmula Ordóñez presidente – Uribe vicepresidente.

La Corte Constitucional le impide a Uribe ser presidente de nuevo, pero no le impide ser candidato a vicepresidente. Y si esa fórmula saliera elegida, no habría forma de desacatarla: el constituyente primario no puede estar limitado, porque es la fuente de la Constitución. He ahí el peligro, y por eso se requiere de una muy amplia y sólida coalición de fuerzas de centro e izquierda que impida que semejantes exponentes de la más rancia caverna se apoderen del Estado.

DE REMATE: Respecto a la marcha “contra la corrupción” del 1 de abril, esto pienso: si sorprendieran a Uribe violando a una monjita, los uribistas marcharían contra la monja abusadora que lo hizo caer en el pecado.

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Por José Gregorio Hernández.-La Constitución colombiana de 1991 alcanzó a pasar del cuarto de siglo, pero el uso  irresponsable de las facultades reformatorias, en cabeza del Congreso, ha hecho que  su vigencia haya sido accidentada, y que en muchos aspectos hayan sido frustrados o se hayan quedado irrealizados sus objetivos.

 

No se permitió que rigiera en su integridad, al menos durante un tiempo, una Constitución innovadora, democrática, pluralista, participativa, rica en valores y principios, amplia y generosa en materia de derechos,  libertades y garantías, con todas las bases institucionales para la realización del Estado Social de Derecho. Comenzó a ser modificada a muy poco andar y desde 1993 ha sido evidente un afán reformista desordenado, que ha llevado a promulgar normas constitucionales  sin sentido alguno de coherencia y sin sustento en la necesidad o en la probada conveniencia de las enmiendas.

 

Como contrapeso a la incontinencia reformadora, la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional y la doctrina permitieron extraer de la Constitución numerosos efectos, con base en sus  valores y principios esenciales, y por tanto, la Carta Política de 1991 logró introducir cambios sustanciales en la concepción del Derecho Público, habiendo conformado una dogmática verdaderamente importante, reconocida y exaltada no solamente dentro del país sino fuera de él. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es citada y acogida como una de las más modernas y progresistas, y ha servido de ejemplo a otros tribunales constitucionales.

 

Pero lo cierto es que, a estas alturas, la Constitución colombiana de 1991 está deshecha. Durante este tiempo, a pesar de los inocultables progresos que significó, porque introdujo numerosos elementos renovadores en nuestro Derecho Público, se ha ido desvirtuando su espíritu original, democrático y participativo. Cuarenta y dos reformas aprobadas para distintas coyunturas, en una gran improvisación, han venido socavando el sistema, mediante una creciente pérdida de respeto a la intangibilidad constitucional. Se ha venido “manoseando” la Constitución, hasta convertirla en una verdadera "colcha de retazos".                     

 

Tras la culminación de los diálogos de paz en La Habana -que si bien sabíamos debían producir algún impacto en el ordenamiento superior y en la legislación, jamás pensamos que se tradujeran en un quiebre institucional-, ha ocurrido que el Congreso, por iniciativa del Gobierno y con la supuesta finalidad de desarrollar los acuerdos, ha venido a convertir la Constitución en un verdadero caos. En un manojo de normas, que hoy por hoy no sabemos cuántas ni cuáles son. Con notoria influencia extranjera, el Congreso simplificó, mediante el "fast track", los requisitos a él exigidos por el Constituyente para modificar la Carta Política; se ha introducido la Justicia Especial de Paz -JEP-, cambiando por completo la estructura de la rama judicial y el sistema de administración de justicia, incorporando el Acuerdo Final de Paz al bloque de constitucionalidad, y se avecinan otras reformas, tanto en la Constitución como en las leyes, además de que la Corte Constitucional ha relajado el sistema de control y defensa de la integridad y supremacía del Estatuto Fundamental.                     

 

Cuando las cosas están así -sin el orden, la coherencia y la razonabilidad que deben caracterizar a una Constitución política-, se precisa iniciar cuanto antes una reingeniería, en este caso  constitucional. Hay que volver a hacer la Constitución, retomando sus principios básicos y registrando los nuevos hechos, acabando de paso con la polarización hoy existente. Ante la crisis institucional, se necesita con urgencia convocar a una Asamblea Constituyente, claro está, siempre que se quiera restablecer un sistema jurídico y un legítimo Estado Social de Derecho.

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Por Horacio Serpa.-En Colombia muchos se dedicaron a las guerras. Las declararon, las lucharon, las ganaron o las perdieron, en un ejercicio que lleva dos siglos de muertes, ignominia y pobreza. De todos los que en ellas participaron, de todas y todos los que las vivieron y las sufrieron, los únicos que valen la pena, los únicos que el pueblo recuerda, son los que trataron de hacer la paz y buscaron maneras de lograr convivencia. Como en el mundo entero, aquí también se aprecia y respeta más a “las palomas” que a “los halcones”.

 

En nuestro País el hombre de la paz es Juan Manuel Santos. Aun cuando a muchos les duela, será Presidente de la República hasta el 7 de Agosto de 2018. También en el mundo el Presidente Santos es el hombre de la paz, por lo cual le concedieron el Premio Nobel.

 

El Partido Liberal recibió hace tres semanas a 354 líderes políticos progresistas del mundo, los cuales vinieron desde 104 Países a congratular a los colombianos por los adelantos logrados en la búsqueda de nuestra paz interna. Escucharon a Santos alelados y cuando terminó el discurso lo aplaudieron, de pie, durante 4 minutos. Fue un espectáculo emocionante en el Centro de Convenciones de Cartagena.

 

El mundo entero aclama a Colombia y al Presidente Santos. La ONU, la OEA, UNASUR, la Unión Europea, el Parlamento Africano, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Rusia, todas las naciones del orbe. Es maravilloso. También Su Santidad el Papa, Universidades, Intelectuales, deportistas, actores y actrices, el mundo Islámico, todos ven en lo nuestro un ejemplo extraordinario de convivencia.

 

En Colombia, sin embargo, hay sectores que por política, por egoísmo o por miopía desconocen la obra colosal que en beneficio de todos nuestros compatriotas está construyendo, ladrillo a ladrillo, el Presidente Nobel.

 

¡Increíble e injusto! No solo lo desconocen en su dimensión nacional e internacional, sino que lo critican por todo, lo insultan, le faltan al respeto con una estulticia sin límites. Son radicales, obcecados, sistemáticos en la diatriba, ciegos en extremo porque no quieren ver lo que, además de la paz,  se ha logrado en el actual gobierno. Ha sido bastante, en medio de las miserias, los desajustes y la corrupción que nos han azotado en las últimas décadas, como consecuencia de la guerra que se está acabando.

 

“No hay peor cuña que la del mismo palo”. Cuña inmerecida, cuña  injusta, cuña desalmada, proveniente no solo de la política sino de los medios de comunicación, de los empresarios, de los que, para no comprometerse, con cobardía se autodenominan neutrales, imparciales o independientes.

 

La hipocresía nos carcome, la envidia y la falta de carácter. Entre la guerra y la paz no puede existir neutralidad. Se está por la muerte o por la vida, entre la democracia y el autoritarismo, con la equidad o la discriminación. Quiérase que no, Santos encarna la vida, la democracia, la equidad y la paz. 

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Por Amylkar D. Acosta M.-La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito histórico, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del agua. Se trataba y se trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia del recurso hídrico, sobre la necesidad de protegerlo y hacer un uso más racional del mismo. Ello es cada día más apremiante, dada la severidad y recurrencia de la variabilidad climática con sus fenómenos extremos de sequías e inundaciones prolongadas. Tanto más, habida cuenta de que las distintas actividades humanas dependen de su disponibilidad, de tal suerte que no se puede prescindir del agua.

 

Como es bien sabido el agua dulce es un liquido vital e infaltable, que apenas representa el 3.5%, en contraste con el 96.5% de agua salada en el planeta tierra. El 30% de ella se encuentra en reservorios subterráneos y si descontamos los casquetes polares y los glaciales constituye el 95% del agua dulce líquida. Paradójicamente, el agua es un elemento que abunda en la naturaleza, toda vez que el 71% de la superficie de la tierra está cubierta de agua, pero a la vez escasea en muchos lugares, en donde se dificulta el acceso a la misma. Se estima que un tercio de los 7.505´452.038 de habitantes en el mundo están asentados en zonas en donde no es fácilmente asequible, al tiempo que el 20% de dicha población no cuenta con agua tratada para saciar su sed.

 

Por lo demás, el agua potable dejó de ser hace rato un bien libre para convertirse en un bien económico, después de considerarse un recurso natural renovable, por cuenta del cambio climático, se tornó en un recurso natural no renovable y por lo tanto expuesto a su agotamiento. Como bien lo plantea el experto Álvaro Sánchez “para que un recurso natural pueda ser considerado renovable sus ciclos de regeneración deberán ser superiores a su velocidad de extracción. Ahora, si bien se puede afirmar que el agua tiene un sistema de ciclos, también se puede afirmar que si se descompone o se contamina con determinados materiales, jamás volverá a ser recuperada por la naturaleza. El planeta no produce agua nueva, el agua es estable sobre la tierra”.

 

La presión de la demanda de agua es cada vez mayor, debido tanto al crecimiento vegetativo de la población como al uso más intensivo del preciado líquido. Según la FAO en los últimos 60 años se ha triplicado el consumo de agua en el mundo, siendo el sector industrial y agrícola los que acaparan el 92% del mismo. Hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió en el 2010 la Resolución 64/292 que reconoce “el derecho humano al agua potable y al saneamiento” y reafirmó lo ya dispuesto en el 2008, en el sentido que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. Inexplicablemente el Proyecto de ley que convertía el acceso al agua potable como un derecho fundamental en Colombia se hundió en el Congreso de la República en diciembre del año anterior.

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000 – 2015, con sus 40 indicadores, cedieron su lugar a los 17 objetivos y 169 metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2016 -2030. El agua, como tenía que ser, la defensa y protección, así como el acceso al agua potable y su gobernanza, están en el centro de los ODS. El Objetivo 6 (agua limpia y saneamiento) tiene entre otras metas: lograr el acceso  universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento, a un precio asequible para todos, la utilización eficiente del recurso hídrico. Se procura también  mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos. Se propone, así mismo, la reducción para el 2030 a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.

 

De allí que este año haya dispuesto las Naciones Unidas poner el foco en el agua residual o servida que se desecha después de su uso, propendiendo por su reducción, así como la posibilidad de su reciclaje y reutilización de la misma, desde luego después de ser tratada. Mucha de esa agua residual que se vierte a ríos, quebradas y afluentes, así como al sistema de alcantarillado, puede aprovecharse ya sea para usos industriales o en la agricultura. De esta manera se puede lograr que el ciclo del agua funcione de forma más satisfactoria y así optimizar su aprovechamiento.

 

Cota, marzo 18 de 2017

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Por José Gregorio Hernández.-La crisis institucional, política y jurídica que vive Colombia es muy grave, no solamente por cuanto el propio Congreso, por iniciativa del Gobierno, ha sustituido la Constitución de 1991 -sin que la Corte Constitucional haya hecho nada en defensa de dicho Estatuto- sino porque se ha perdido por completo la independencia entre las ramas y órganos del poder público; el Congreso es un apéndice del Ejecutivo, y el sistema de frenos y contrapesos no funciona. Pero, además, la corrupción se ha adueñado del país, de las instituciones y de los partidos, como lo demuestra el cada día más grande  escándalo generado por los sobornos y las "coimas" de la firma brasileña Odebrecht a servidores públicos y a las campañas presidenciales de 2010 y 2014, y lo vemos también en el caso Reficar, entre otros.

Va a ser necesaria una Asamblea Constituyente para rehacer la Constitución, reafirmando sus postulados esenciales y tomando en cuenta los nuevos hechos, pero entre tanto, hay que cumplir sus mandatos.

Lo cierto es que se expiden reformas que no se cumplen, o que no se desarrollan, o que los organismos encargados de aplicar  no lo hacen, con cualquier pretexto, o con ladinas interpretaciones.

Por ejemplo, hay una norma constitucional introducida hace casi catorce años en relación con los topes de financiación a las campañas políticas, y ni en un solo caso ha sido aplicada.

Se trata del artículo 109, inciso 7, de la Constitución, proveniente de la reforma política consagrada en el Acto Legislativo 1 de 2003 y reiterado en el Acto Legislativo 1 de 2009, que está en pleno vigor y que dice:

“Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.

El precepto constitucional remite a la ley, pero no se ha dictado una ley específica con miras a desarrollarlo. Por tanto, debemos acudir a la propia Constitución.

En el caso de la pérdida de investidura, que es aplicable a senadores, representantes, diputados y concejales, comprobada que haya sido la violación de los topes máximos -lo que corresponde dictaminar al Consejo Nacional Electoral-, deberían compulsar copias con destino a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que, con base en esta causal constitucional, ya debidamente comprobada -como exige la norma-, se impusiera la sanción.

Si se tratara de la elección de un alcalde o de un gobernador, la sanción debería ser impuesta por quien tiene la facultad de destituirlos, es decir, correspondería a los gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá, el Presidente de la República, y a los alcaldes el respectivo Gobernador. Si se llagara a concluir que esa competencia no está claramente definida -en mi concepto sí lo está en la ley-, cabría entender que el competente sería el Procurador General de la Nación, a quien, según el artículo 277, numeral 1, de la Constitución, compete “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”.

 

Cuando se trate del Presidente de la República, una vez debidamente comprobada la violación de los topes, se tendría que aplicar el fuero constitucional. En consecuencia, por causas constitucionales, como dice el artículo 138, numeral 3, de la Carta Política -y esta es una causal de esa índole-, iniciaría el trámite la Comisión de Acusaciones de la Cámara; acusaría la Cámara de Representantes en pleno, y el Senado decidiría sobre la sanción de pérdida del cargo, que es  lo que  señala el precepto citado. 

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Por Horacio Serpa.-Durante quinientos años todos le dimos palo al gran rio de la Magdalena, majestuoso y rebelde, torrentoso y disperso, siempre erguido y viviente frente a los constantes y despiadados ataques de sus depredadores: los conquistadores de antaño, los taladores de bosques, los que destruyen sus afluentes,  los grupos humanos que depositan en sus aguas los detritos y las basuras, los que se roban las riveras para volverlas potreros, los que tapan sus caños, los que permiten los derrames de aceites, los que roban sus arenas, los que matan los peces en procedimientos ilegales, los que secan los humedales, todos enemigos del rio en trance de aprovecharlo al máximo hasta que se acabe.

¡Pero no se acaba! Siempre ha estado pendiente de una mano humanitaria, de un gobierno providente, de una Nación compasiva, de una sociedad responsable con visión de futuro, comprometida con la naturaleza y el medio ambiente, de un sector empresarial progresista que sepa promediar el monto de sus ganancias con la necesidad de auspiciar el bien común.

En Colombia no hay un bien que sea más común, más de todos, más solidario, más necesario, más útil, que el Rio Grande de la Magdalena, como lo llamaron antaño y decidió rebautizarlo la Asamblea Nacional Constituyente. El rio de los colombianos es belleza, es agua abundante para todos y para todo, riego para las siembras, es alimento esencial, es carne de pescado, es transporte, es generación de energía, es multiplicidad de humedales para el equilibrio ecológico, es fauna, es espacio insuperable para el deporte y la recreación.  En este país tan rico pero tan pobre, no hay mayor tesoro que el rio Magdalena.

¿Sabe el pueblo colombiano quien se acordó, por fin, del Rio Magdalena? El Presidente Juan Manuel Santos. Desde el comienzo de su primer mandato se pronunció favorablemente en favor del rio y de su recuperación. Este tema y el propósito de propiciar la expedición de una ley de tierras me hicieron prestar atención al mandatario, antes de que reconociera la existencia de un conflicto armado interno en el país, preámbulo al comienzo de negociaciones con las Farc. Lo del rio lo cumplió haciendo gestiones para que se estudiara un Plan para mejorar el rio y su navegabilidad todo el año. Los que queremos el rio, los que conocemos su importancia,  no lo podíamos creer.

Pero ahora se enredaron las obras. Los problemas que tuvo Navelena para la financiación y las trágicas actuaciones de Odebrecht, su principal socio, hirieron de muerte al más importante proyecto de recuperación del rio Magdalena, desde la conquista. ¡Eso sí es estar bien  de malas! El rio y todo lo bueno y útil que significa, reclaman soluciones.

Con nuevas licitaciones, con otras empresas, atendiendo con rigor lo que sea necesario y transparente, el rio y Colombia merecen que se cumpla el Plan acordado. El Presidente Santos no puede irse en Agosto de 2018 sin dejar su gran proyecto en ejecución.

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Por Juan Manuel Galán.-La pobreza es nuestra responsabilidad política. Los indicadores presentados en el Congreso de la República son una vergüenza: los colombianos en situación de pobreza multidimensional ascendieron a 4’068.000 en 2016; mientras que el 28% de la población nacional estuvo en condición de pobreza monetaria en el mismo año.

En materia de desigualdad los resultados son mediocres, el Coeficiente GINI cuya meta es estar más cerca a cero para mostrar un país menos desigual, estuvo en 0,517 en 2016. En nuestro país, la pobreza es el resultado de un modelo de organización social que produce una sociedad injusta y atrasada y que concentra todas sus vulnerabilidades en las áreas rurales.

En este sentido, me llamó profundamente la atención la estadística del Ministro de Agricultura sobre la concentración de la propiedad de la tierra en las áreas rurales. Afirmó que el 75% de los habitantes de las zonas rurales son propietarios de apenas el 5% de la tierra rural. En otras palabras, que de los 100 millones de hectáreas rurales que hay en nuestro país, los campesinos apenas logran ser propietarios del 5% de esta tierra.

Estos números muestran en donde está la injusticia, la exclusión social y la exagerada concentración de la tierra rural, agravada por el mal uso de ella y la marginalización del campesinado. El Banco Mundial ha insistido en la necesidad de elevar la productividad agrícola de las familias de bajos ingresos, como una manera de reducir la vulnerabilidad de los pequeños agricultores.

Esta estrategia no solo prioriza a la población rural sino al mismo tiempo garantiza una nutrición adecuada para ellos, que impacta directamente los indicadores de rendimiento y asistencia escolar de menores de edad.

Nuestra responsabilidad política es garantizar la inclusión de los pobres en la organización social que tenemos y permitir su acceso a la tierra, la educación de calidad, la salud, la vivienda digna y ahora, en el nuevo siglo, garantizar el acceso a servicios de conectividad y tecnología y acceder a mundo de información, conocimiento y oportunidades de desarrollo.

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Por Amylkar D. Acosta M. - “Los vaticinios apocalípticos ya no deben tomarse con ironía o desdén. Podríamos dejar a las generaciones venideras escombros, desolación y suciedad” Papa Francisco. Laudato sí.

Indudablemente la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), que tuvo lugar en París entre el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015[1], marcó un hito de la mayor importancia en la lucha contra el calentamiento global y el compromiso de la comunidad internacional para tomar las medidas tendientes a contrarrestarlo. La misma fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En esta Conferencia se alcanzó, por primera vez en la historia, un Acuerdo global, con la más amplia base de apoyo, habida cuenta de la activa participación de 195 jefes de Estado y de Gobierno. Además de haber sido aprobado por aclamación, una vez ratificado por lo menos por 55 países que representaran  al menos el 55% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), como en efecto se dio el 4 de noviembre del año anterior, adquiere poder vinculante.

Tres días después de la entrada en vigencia el Acuerdo de la COP21, ratificado por 109 países, se instaló la COP22, esta vez en Morrakech, Marruecos, la cual tuvo por objetivo fundamental definir el calendario y las reglas para su aplicación durante el período 2017 – 2019. Se trata, nada menos que de implementar mecanismos que permitan llevar un registro transparente de las emisiones a nivel mundial de los gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que se disponga de un indicador confiable de los esfuerzos realizados por cada país en cumplimiento del compromiso adquirido. Sólo de esta manera se puede garantizar que lo acordado no se vuelva agua de borrajas y así impedir que el aumento de la temperatura llegue a los 2 grados centígrados con respecto a la era pre-industrial o, como se acordó en París “en lo posible bajarlo a 1.5 grados”.

El reto no es menor si tenemos en cuenta que el 2016 fue el primer año completo con concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera por encima de la barrera psicológica de las 400 ppm. Según la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) para lograr mantener a raya la temperatura promedio global e impedir que aumente más de los fatídicos 2 grados Celsius al final de este siglo, el compromiso contraído por parte de los países de la reducción de las emisiones de GEI deberían duplicarse.

En la Proclamación de la Acción por el Clima y el Desarrollo Sostenible de Marrakech se consagró el compromiso de promover, antes del 2020, acciones concretas tendientes a frenar el calentamiento global y, particularmente, dar respuesta a los requerimientos en vías de desarrollo para que estos puedan hacer su parte. En el marco de la COP22 se dieron los primeros pasos en la redacción del Reglamento que regirá el Acuerdo de París y se convino convocar una nueva cita en Alemania el año entrante con el fin de evaluar el progreso en el cumplimiento de lo acordado y posteriormente se hará lo propio en Polonia en 2018. Ya, a partir de 2020 cada 5 años se hará un corte obligatorio y una evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes de reducción de las emisiones de GEI. Esta es la pieza cable para ponerle el freno de mano al calentamiento global

También se avanzó en esta Cumbre en lo atinente a la financiación de las acciones que se derivan de lo acordado, a la que todos los países habrán de concurrir, en particular los países desarrollados que son los mayores emisores de GEI. Entre China, que ocupa hoy el primer lugar, los EEUU que la secunda y la Unión Europea (UE) contribuyen con el 78% de la totalidad de las emisiones de GEI que día a día se concentran inexorablemente en la atmósfera, principal causa del calentamiento global como lo prueba la Curva de Keeling. De allí la importancia de la decisión que tomaron de avanzar en los esfuerzos para contar con una fuente segura de financiamiento, que permita trascender, ir más allá del 2020, que fue la meta volante que se estableció en la Cumbre de Paris, con el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto. Este, que expiraba en 2020, recibe esta bala de oxígeno, quedando incorporado al Acuerdo de París.

Desde luego, las delegaciones de los diferentes países se levantaron de la mesa pero con la misión de continuar negociando tanto lo relativo a la financiación como lo atinente al calendario del plan de acción, la transparencia de la lucha contra el cambio climático, así como todo lo que tiene que ver con los compromisos de transición energética y la transferencia de tecnologías. La idea es poder cerrar estas negociaciones “a mas tardar” en el 2018.

Bogotá, marzo 25 de 2017

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Por: Jorge Enrique Robledo.-Colombia aparece en las estadísticas como uno de los países más corruptos del mundo, deshonor que, como sabemos, tiene todo el asidero en la realidad. Ahí están los inmensos escándalos de Reficar y Odebrecht, que involucran a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, tanto por las fechas de las determinaciones como por los momentos en que se pagaron los sobornos, más las acusaciones de financiación ilegal a los dos candidatos presidenciales en 2014. Se sabe además que en la foto de la campaña Santos 2010, lubricada con dineros ilegales y de trasnacional, aparecen todos los dirigentes de todos los sectores de todos los partidos tradicionales que han gobernado al país desde hace, por lo menos, medio siglo. Y son incontables las corruptelas nacionales, departamentales y municipales, con actores del sector público y el privado, nacionales y extranjeros.

También se conoce que en las elecciones, en proporciones determinantes, no se compite con análisis, ideas y propuestas sino con inmensas sumas de dinero de todos los orígenes, con las que se arrea a votar a millones de empobrecidos compatriotas; que una corrupción salida de madre como esta hace inviable el progreso nacional; y que los colombianos, con razón hasta la coronilla, exigen correctivos inmediatos.

Ante la pregunta de cómo salir de desvergüenzas tan dañinas, lo primero es señalar que no hay solución a un problema si no se establecen sus causas y si no se toman, a partir de ellas, los correctivos acertados. Por ello se dice que no se va al médico a que nos diga dónde nos duele, lo que ya sabemos, sino a que nos señale las causas del dolor y la manera de curarlo, y que si se equivoca en el diagnóstico, fallará de seguro en el remedio. Luego también hay que empezar por establecer los orígenes de la pavorosa corrupción nacional, haciéndose la pregunta clave: ¿se trata de un problema de manzanas podridas, aisladas entre sí, o de una corrupción sistémica, general, en la que está conscientemente involucrada una porción determinante de quienes, en la esfera pública y privada, mandan en Colombia?

De acuerdo con Fernando Cepeda Ulloa, más que corrupción, “lo que hay en Colombia, es evidente, es crimen organizado para apropiarse de los recursos del Estado o (…) en el sector empresarial o donde ustedes quieran (…) Además se ha vuelto trasnacional, con connivencia nacional” (http://bit.ly/2o0txuz). Una buena manera de expresar lo que ocurre y de que no se trata, que es el punto clave a debatir, de manzanas podridas, para seguir con la imagen.

¿Cómo fue que llegamos a esta desgracia? Como lo he citado en otras ocasiones, según el ministro Alejandro Gaviria, desde el Frente Nacional, los partidos tradicionales y las élites económicas acordaron darle un determinado manejo a “la macroeconomía”, a sus negocios, y ganar las elecciones mediante el “clientelismo”, es decir, con el uso “de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos” (http://bit.ly/2o0dOM0), mecanismos que están en la base de la corrupción nacional. “El clientelismo, detalla Hommes, puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite y sus colaboradores” (http://bit.ly/2nlmGgY) y Guillermo Perry ha narrado la evolución clientelista (http://bit.ly/2o0v4AP). Y así se gobierna a Colombia, con el agravante de que las determinaciones, además de corruptas, están diseñadas para que la economía no prospere, en un juego en el que unos pocos divorcian sus intereses personales de los de la Nación, a la que arruinan o empobrecen con sus medidas, mientras ellos prosperan.

Entonces, a lo que asistimos hoy es al natural aumento de la descomposición de un sistema político al que hace mucho tiempo le inyectaron la corrupción en su ADN, y con el objetivo de poder gobernar de la peor manera y aun así ganar elección tras elección, sistema en el que lo único en verdad nuevo reside en que las corruptelas y el cinismo rompen récords mundiales y en que crecen los excluidos de la francachela. Porque las políticas neoliberales y su asalto a los recursos públicos, con su capitalismo raquítico y de extrema desigualdad social que corona como reyes a las trasnacionales, operan sobre esta perversidad.

Es obvio que con solo tomar medidas legales contra la corrupción, aunque deban tomarse, no cambiará el tétrico rumbo del país, si lo mangonean los cuarenta ladrones de Alí Babá. De ahí que la primera determinación para enfrentar en serio este problema consiste en que los colombianos de todos los orígenes nos unamos y derrotemos a todas y cada una de las fuerzas que han gobernado al país, hundiéndolo en este desastre.

Bogotá, 24 de marzo de 2017.

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Por Jairo Gómez.-Cambio Radical ya comenzó a hacer política electoral con el proceso de paz, su propuesta de acotar la presencia de terceros a un ejercicio voluntario y no obligatorio ante la Justicia Especial Para la paz (JEP), revela las intenciones de su candidato presidencial Vargas Lleras.

Ese partido, inmerso en una crisis de credibilidad por motivos ampliamente conocidos, junto con su Fiscal, van al amparo de quienes crearon grupos paramilitares dizque para salvaguardar sus intereses amenazados por la guerrilla.

Quieren atravesarle un palo a la rueda de la JEP que garantiza a las víctimas, centro del acuerdo de paz, Justicia, Reparación, No repetición y, por sobre todo, la verdad para que los millones de supervivientes logren superar lo efectos devastadores del conflicto.

Una y otra vez es necesario recordarle a quienes pretenden ponerle obstáculos a la JEP que la responsabilidad de terceros o civiles en muchos casos financiadores y determinadores del conflicto no se puede escudar, entre otras cosas, en el pretexto de la extorsión para evitar su comparecencia, y eso es lo que pretende Cambio Radical con su propuesta.

Los casos sobre financiadores de la guerra están ampliamente documentados y son materia de investigación por parte de la justicia. Para la muestra un botón: Chiquita Brands –la célebre empresa bananera representada en Colombia a través de su filial Banadex- y Drummond y Glencor (Prodeco) las mineras del Cesar; así como la Organización Ardila Lulle que ha sido mencionada en múltiples ocasiones por el paramilitar Salvatore Mancuso, como financiadora de grupos pertenecientes a las AUC.

De Chiquita Brands se sabe que durante 17 años, según investigaciones que reposan en la fiscalía, le dio dinero simultáneamente a guerrilleros y paramilitares para poder operar en la zona bananera de Urabá, y entre 1997 y 2004 decidió que sólo le pagarían a las autodefensas de Carlos Castaño.

Y cómo olvidar el caso de las mineras Drummond y Glencor (Prodeco) mencionadas por postulados en Justicia y Paz –El Samario, Tolemaida etc.- de haber sido financiados por estas multinacionales para crear el grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” que operó en el norte del departamento del Cesar entre los años 1996 y 2006, según investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda.

Flaco servicio se le hace al proceso de paz tratando de favorecer uno de los sectores responsables en el conflicto, como es el caso de terceros. De no tomarse en serio lo acordado, se abre la ventana para que la Corte Penal Internacional mañana asuma su papel por la inoperancia de la Justicia Transicional.

“Algunos de los congresistas actuaron en función de sus intereses (…) Para nosotros lo que ha ocurrido con la ley de amnistía y la JEP es que se han puesto a consideración intereses distintos a los derechos humanos (…) no se puede ver a la JEP como una feria de beneficios, no”, dijo visiblemente molesto el representante del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en Colombia Todd Howland.

Viene la etapa de conciliación entre Cámara y Senado y se espera que este “mico” anti JEP no prevalezca o de lo contrario se le está aplicando, el harakiri, a la columna vertebral del acuerdo de paz: el punto cinco sobre Víctimas que incluye la Justicia Transicional.

@jairotevi

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Por Jorge Gómez Pinilla.-Tomado de El Espectador.- Hay quienes creen que el retiro de la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga le despeja el camino a Iván Duque en el Centro Democrático. Es lo que parece cuando el dueño del letrero remplaza a su extítere por una señora cuyo apellido Guerra parece escogido con propósito subliminal, pero me atrevo a sospechar que ese movimiento de fichas es fuego artificial para distraer a la galería mediática, porque sus ojitos apuntan en otra dirección.

Apuntan hacia Alejandro Ordóñez, dibujado por Matador en una caricatura premonitoria donde se le ve como un caballo cabalgado por Álvaro Uribe, quien hala de sus tirantas. Ordóñez dice “¡Vamos a recuperar el país!” y Uribe le responde: “Para nosotros”. (Ver caricatura).

El asunto de todos modos no es para chiste, pues lo que se viene es una alianza ‘diabólica’ de las fuerzas más reaccionarias en busca de recuperar el terreno perdido con Juan Manuel Santos, a quien hicieron elegir bajo la premisa de que continuaría con el nefasto régimen de la Seguridad Democrática, pero les salió “traidor” y le dio por buscar la paz.

El problema de fondo es que en lugar de la paz acordada, ellos hubieran preferido la paz de los sepulcros sobre las FARC. Sea como fuere, hoy su verdadero enemigo no es la guerrilla sino el tribunal de justicia (JEP) que trae la implementación de los acuerdos, pues son muchas las verdades que saldrán a flote. Su ‘misión divina’, entonces, procura aglutinar los esfuerzos de todos los que se verán perjudicados, para impedir que esas verdades se conozcan.

¿Y cuál es la forma de lograrlo? Reconquistando la Presidencia de Colombia en 2018. ¿Y cómo? Uniendo fuerzas, como ya pide –casi suplica- Ordóñez cuando dice que “es necesaria una gran convergencia de las fuerzas políticas que triunfaron en el plebiscito”. (Ver noticia). Ordóñez es consciente de que él solito con firmas no es capaz de hacerse elegir, considerando que tiene una imagen favorable del 22% y una desfavorable del 35%, y por eso el pasado 4 de marzo se fue a hacerle ojitos a Uribe a su finca de Rionegro, mientras aprovecha el desprestigio del gobierno Santos para tratar de atraer a su redil al Partido Conservador.

En términos de conveniencia política, le sirve más a Uribe un Ordóñez con pinta de caballo discapacitado que un Iván Duque con porte de semental. Con este último no repetirá el error que ya cometió con Santos (Duque es demasiado de centro y demasiado decente para su gusto) pero no puede descalificarlo como hacen otros sectores de ultraderecha dentro de su partido, porque eso solo contribuiría a aumentar la división que amenaza con hacer trizas al CD.

Pero el punto donde se debe fijar la atención, es en la manera como Uribe y Ordóñez han venido cooptando (incluso comprando, no tengo duda) a los líderes de las iglesias evangélicas y cristianas. Esto comenzó a gestarse desde los días del plebiscito y fue la fórmula que condujo al triunfo del NO, sumado a la propaganda negra que diseminaron por las redes sociales y a la altísima abstención de los que no fueron a votar convencidos de que iba a ganar el SÍ.

Para ellos no existen ciudadanos sino feligreses, como plantea Germán Ayala en brillante columna. Ahora  quieren repetir la misma fórmula hacia el 2018, y es por eso que Ordóñez ha comenzado a hablar de “la fuerza del voto religioso”, y en consonancia está dedicado de nuevo a exacerbar las pasiones en defensa de la familia y de “los altares”, los cuales ve amenazados por los homosexuales, según confiesa en entrevista dentro de un carro con el supuesto pastor –en realidad embaucador- Oswaldo Ortiz, quien pasó de predicador a rabioso activista político del uribismo, hoy convertido además en el principal lamesuelas de Ordóñez. (Ver entrevista).

Lo cierto es que estamos frente a un peligro inminente, considerando que Colombia es un país religioso hasta los tuétanos, tal vez ya  no con mayorías católicas sino evangélicas y cristianas, pero en todo caso contaminado con el ‘temor a Dios’ desde la Colonia por una moral judeo-cristiana incorporada en las mentes a fuerza de púlpito y de cátedra escolar.

En columna publicada ocho días antes del plebiscito del 2 de octubre (Usan a Dios para seguir la guerra), advertí tardíamente que “la extrema derecha recurre a Dios como su caballito de batalla. Bajo la fachada de combatir el “lobby gay” quieren impedir que se consolide la paz, con un objetivo político embozado: llevar a la Presidencia de Colombia al ultra-católico, corrupto y clientelista exprocurador Alejandro Ordóñez”.

El inesperado triunfo del NO terminó por darme la razón, y ahora la alerta se extiende a advertir que ha comenzado la implementación de la segunda fase de dicho plan, consistente en un maridaje incestuoso entre Uribe y Ordóñez. Incestuoso porque comparten hermandad ideológica en su orientación ultraderechista, y peligroso porque no solo comprende la incorporación de católicos, evangélicos y cristianos –hasta la muy ‘liberal’ Viviane Morales tiene cabida ahí- sino porque podría desembocar en la fórmula Ordóñez presidente – Uribe vicepresidente.

La Corte Constitucional le impide a Uribe ser presidente de nuevo, pero no le impide ser candidato a vicepresidente. Y si esa fórmula saliera elegida, no habría forma de desacatarla: el constituyente primario no puede estar limitado, porque es la fuente de la Constitución. He ahí el peligro, y por eso se requiere de una muy amplia y sólida coalición de fuerzas de centro e izquierda que impida que semejantes exponentes de la más rancia caverna se apoderen del Estado.

DE REMATE: Respecto a la marcha “contra la corrupción” del 1 de abril, esto pienso: si sorprendieran a Uribe violando a una monjita, los uribistas marcharían contra la monja abusadora que lo hizo caer en el pecado.

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Por José Gregorio Hernández.-La Constitución colombiana de 1991 alcanzó a pasar del cuarto de siglo, pero el uso  irresponsable de las facultades reformatorias, en cabeza del Congreso, ha hecho que  su vigencia haya sido accidentada, y que en muchos aspectos hayan sido frustrados o se hayan quedado irrealizados sus objetivos.

 

No se permitió que rigiera en su integridad, al menos durante un tiempo, una Constitución innovadora, democrática, pluralista, participativa, rica en valores y principios, amplia y generosa en materia de derechos,  libertades y garantías, con todas las bases institucionales para la realización del Estado Social de Derecho. Comenzó a ser modificada a muy poco andar y desde 1993 ha sido evidente un afán reformista desordenado, que ha llevado a promulgar normas constitucionales  sin sentido alguno de coherencia y sin sustento en la necesidad o en la probada conveniencia de las enmiendas.

 

Como contrapeso a la incontinencia reformadora, la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional y la doctrina permitieron extraer de la Constitución numerosos efectos, con base en sus  valores y principios esenciales, y por tanto, la Carta Política de 1991 logró introducir cambios sustanciales en la concepción del Derecho Público, habiendo conformado una dogmática verdaderamente importante, reconocida y exaltada no solamente dentro del país sino fuera de él. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es citada y acogida como una de las más modernas y progresistas, y ha servido de ejemplo a otros tribunales constitucionales.

 

Pero lo cierto es que, a estas alturas, la Constitución colombiana de 1991 está deshecha. Durante este tiempo, a pesar de los inocultables progresos que significó, porque introdujo numerosos elementos renovadores en nuestro Derecho Público, se ha ido desvirtuando su espíritu original, democrático y participativo. Cuarenta y dos reformas aprobadas para distintas coyunturas, en una gran improvisación, han venido socavando el sistema, mediante una creciente pérdida de respeto a la intangibilidad constitucional. Se ha venido “manoseando” la Constitución, hasta convertirla en una verdadera "colcha de retazos".                     

 

Tras la culminación de los diálogos de paz en La Habana -que si bien sabíamos debían producir algún impacto en el ordenamiento superior y en la legislación, jamás pensamos que se tradujeran en un quiebre institucional-, ha ocurrido que el Congreso, por iniciativa del Gobierno y con la supuesta finalidad de desarrollar los acuerdos, ha venido a convertir la Constitución en un verdadero caos. En un manojo de normas, que hoy por hoy no sabemos cuántas ni cuáles son. Con notoria influencia extranjera, el Congreso simplificó, mediante el "fast track", los requisitos a él exigidos por el Constituyente para modificar la Carta Política; se ha introducido la Justicia Especial de Paz -JEP-, cambiando por completo la estructura de la rama judicial y el sistema de administración de justicia, incorporando el Acuerdo Final de Paz al bloque de constitucionalidad, y se avecinan otras reformas, tanto en la Constitución como en las leyes, además de que la Corte Constitucional ha relajado el sistema de control y defensa de la integridad y supremacía del Estatuto Fundamental.                     

 

Cuando las cosas están así -sin el orden, la coherencia y la razonabilidad que deben caracterizar a una Constitución política-, se precisa iniciar cuanto antes una reingeniería, en este caso  constitucional. Hay que volver a hacer la Constitución, retomando sus principios básicos y registrando los nuevos hechos, acabando de paso con la polarización hoy existente. Ante la crisis institucional, se necesita con urgencia convocar a una Asamblea Constituyente, claro está, siempre que se quiera restablecer un sistema jurídico y un legítimo Estado Social de Derecho.

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Por Horacio Serpa.-En Colombia muchos se dedicaron a las guerras. Las declararon, las lucharon, las ganaron o las perdieron, en un ejercicio que lleva dos siglos de muertes, ignominia y pobreza. De todos los que en ellas participaron, de todas y todos los que las vivieron y las sufrieron, los únicos que valen la pena, los únicos que el pueblo recuerda, son los que trataron de hacer la paz y buscaron maneras de lograr convivencia. Como en el mundo entero, aquí también se aprecia y respeta más a “las palomas” que a “los halcones”.

 

En nuestro País el hombre de la paz es Juan Manuel Santos. Aun cuando a muchos les duela, será Presidente de la República hasta el 7 de Agosto de 2018. También en el mundo el Presidente Santos es el hombre de la paz, por lo cual le concedieron el Premio Nobel.

 

El Partido Liberal recibió hace tres semanas a 354 líderes políticos progresistas del mundo, los cuales vinieron desde 104 Países a congratular a los colombianos por los adelantos logrados en la búsqueda de nuestra paz interna. Escucharon a Santos alelados y cuando terminó el discurso lo aplaudieron, de pie, durante 4 minutos. Fue un espectáculo emocionante en el Centro de Convenciones de Cartagena.

 

El mundo entero aclama a Colombia y al Presidente Santos. La ONU, la OEA, UNASUR, la Unión Europea, el Parlamento Africano, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Rusia, todas las naciones del orbe. Es maravilloso. También Su Santidad el Papa, Universidades, Intelectuales, deportistas, actores y actrices, el mundo Islámico, todos ven en lo nuestro un ejemplo extraordinario de convivencia.

 

En Colombia, sin embargo, hay sectores que por política, por egoísmo o por miopía desconocen la obra colosal que en beneficio de todos nuestros compatriotas está construyendo, ladrillo a ladrillo, el Presidente Nobel.

 

¡Increíble e injusto! No solo lo desconocen en su dimensión nacional e internacional, sino que lo critican por todo, lo insultan, le faltan al respeto con una estulticia sin límites. Son radicales, obcecados, sistemáticos en la diatriba, ciegos en extremo porque no quieren ver lo que, además de la paz,  se ha logrado en el actual gobierno. Ha sido bastante, en medio de las miserias, los desajustes y la corrupción que nos han azotado en las últimas décadas, como consecuencia de la guerra que se está acabando.

 

“No hay peor cuña que la del mismo palo”. Cuña inmerecida, cuña  injusta, cuña desalmada, proveniente no solo de la política sino de los medios de comunicación, de los empresarios, de los que, para no comprometerse, con cobardía se autodenominan neutrales, imparciales o independientes.

 

La hipocresía nos carcome, la envidia y la falta de carácter. Entre la guerra y la paz no puede existir neutralidad. Se está por la muerte o por la vida, entre la democracia y el autoritarismo, con la equidad o la discriminación. Quiérase que no, Santos encarna la vida, la democracia, la equidad y la paz. 

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Por Amylkar D. Acosta M.-La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito histórico, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del agua. Se trataba y se trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia del recurso hídrico, sobre la necesidad de protegerlo y hacer un uso más racional del mismo. Ello es cada día más apremiante, dada la severidad y recurrencia de la variabilidad climática con sus fenómenos extremos de sequías e inundaciones prolongadas. Tanto más, habida cuenta de que las distintas actividades humanas dependen de su disponibilidad, de tal suerte que no se puede prescindir del agua.

 

Como es bien sabido el agua dulce es un liquido vital e infaltable, que apenas representa el 3.5%, en contraste con el 96.5% de agua salada en el planeta tierra. El 30% de ella se encuentra en reservorios subterráneos y si descontamos los casquetes polares y los glaciales constituye el 95% del agua dulce líquida. Paradójicamente, el agua es un elemento que abunda en la naturaleza, toda vez que el 71% de la superficie de la tierra está cubierta de agua, pero a la vez escasea en muchos lugares, en donde se dificulta el acceso a la misma. Se estima que un tercio de los 7.505´452.038 de habitantes en el mundo están asentados en zonas en donde no es fácilmente asequible, al tiempo que el 20% de dicha población no cuenta con agua tratada para saciar su sed.

 

Por lo demás, el agua potable dejó de ser hace rato un bien libre para convertirse en un bien económico, después de considerarse un recurso natural renovable, por cuenta del cambio climático, se tornó en un recurso natural no renovable y por lo tanto expuesto a su agotamiento. Como bien lo plantea el experto Álvaro Sánchez “para que un recurso natural pueda ser considerado renovable sus ciclos de regeneración deberán ser superiores a su velocidad de extracción. Ahora, si bien se puede afirmar que el agua tiene un sistema de ciclos, también se puede afirmar que si se descompone o se contamina con determinados materiales, jamás volverá a ser recuperada por la naturaleza. El planeta no produce agua nueva, el agua es estable sobre la tierra”.

 

La presión de la demanda de agua es cada vez mayor, debido tanto al crecimiento vegetativo de la población como al uso más intensivo del preciado líquido. Según la FAO en los últimos 60 años se ha triplicado el consumo de agua en el mundo, siendo el sector industrial y agrícola los que acaparan el 92% del mismo. Hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió en el 2010 la Resolución 64/292 que reconoce “el derecho humano al agua potable y al saneamiento” y reafirmó lo ya dispuesto en el 2008, en el sentido que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. Inexplicablemente el Proyecto de ley que convertía el acceso al agua potable como un derecho fundamental en Colombia se hundió en el Congreso de la República en diciembre del año anterior.

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000 – 2015, con sus 40 indicadores, cedieron su lugar a los 17 objetivos y 169 metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2016 -2030. El agua, como tenía que ser, la defensa y protección, así como el acceso al agua potable y su gobernanza, están en el centro de los ODS. El Objetivo 6 (agua limpia y saneamiento) tiene entre otras metas: lograr el acceso  universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento, a un precio asequible para todos, la utilización eficiente del recurso hídrico. Se procura también  mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos. Se propone, así mismo, la reducción para el 2030 a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.

 

De allí que este año haya dispuesto las Naciones Unidas poner el foco en el agua residual o servida que se desecha después de su uso, propendiendo por su reducción, así como la posibilidad de su reciclaje y reutilización de la misma, desde luego después de ser tratada. Mucha de esa agua residual que se vierte a ríos, quebradas y afluentes, así como al sistema de alcantarillado, puede aprovecharse ya sea para usos industriales o en la agricultura. De esta manera se puede lograr que el ciclo del agua funcione de forma más satisfactoria y así optimizar su aprovechamiento.

 

Cota, marzo 18 de 2017

www.amylkaracosta.net

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