Por José Gregorio Hernández.-Hace veintiséis años  -el 7 de julio de 1991- fue promulgada la Constitución Política de Colombia. Hoy, tras cuarenta y cuatro actos reformatorios y aunque se trata de una Constitución escrita -cuyo texto y linderos son siempre definidos y terminantes-, nos encontramos con un esquema surrealista en el cual ya no es un conjunto ordenado y predeterminado de normas superiores -que todos sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba, tanto en su normatividad permanente como en sus disposiciones transitorias, y en su espíritu, por lo cual la Corte Constitucional conocía con exactitud cuál era la Constitución que debía guardar y cuyo imperio debía preservar-, sino un texto abierto, indefinido y gaseoso, al cual puede haber ingresado el Acuerdo Final firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016 -310 páginas- , con carácter superior y prevalente. O puede que no, pues hay diversas interpretaciones acerca del alcance de los más recientes actos legislativos aprobados por el Congreso.

En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2016, con el fin de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo de dicho pacto, dispuso que, una vez  firmado y en vigor, ingresaría “en estricto sentido” al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta “como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación”.

Después se aprobó, por el procedimiento abreviado, el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó un Título de disposiciones transitorias de la Constitución, introduciendo la Justicia Especial de Paz, modificando la estructura de la Rama Judicial.

Más tarde, el Congreso aprobó, también por el procedimiento breve, el Acto Legislativo 02 de 2017, que, para “blindar” el Acuerdo -darle “estabilidad y seguridad jurídica”, según su encabezamiento-, dispuso que los contenidos de dicho documento “que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales” serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final”,  aunque se advirtió que  ello tendría lugar “con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

Allí se ordenó a todos los órganos y autoridades del Estado “guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”, y se añadió que tal reforma constitucional “rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

En ese orden de ideas, se convirtió en discutible lo que menos debe prestarse a discusión en un Estado de Derecho: ¿Cuál es el contenido definitivo de la Constitución?

Constitucionalistas y politólogos, académicos, Congreso, Gobierno y Farc, profesores y estudiantes de Derecho, todos estamos hablando lenguajes diferentes. La Constitución ya no es fija. Parece estar en construcción, a sus veintiséis años. Y lo peor: tampoco concordamos en establecer si la Constitución prevalece sobre el Acuerdo Final -lo que piensa quien esto escribe-, o el Acuerdo Final sobre la Constitución -como dicen otros-. 

Tiene la palabra la Corte Constitucional, que decidirá si su función consiste en guardar la Constitución o en declarar exequibles, porque sí, todas las normas de implementación del Acuerdo Final.

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Por: Jorge Enrique Robledo. @JERobledo.-Luego de un larguísimo medio siglo, los colombianos pudimos celebrar que terminara el alzamiento armado de las Farc contra el Estado, levantamiento que no debió darse porque fue equivocado desde el momento en que lo concibieron y que no solucionó nada y lo empeoró todo. Lamentar que lo que debería ser un consenso nacional, el de saludar lo que sin duda constituye un suceso positivo para Colombia, no lo sea, en razón de que, enredando unas cosas con otras, sectores influyentes convencieron a muchos de negar lo que puede confirmarse como cierto hasta la saciedad.

Un proceso de paz con tantas complejidades, tras los horrores de una violencia tan larga, puede generar desacuerdos y hasta reacciones indignadas. Puede incluso entenderse la idea –aunque no la comparto– de que la confrontación armada debió mantenerse, por cualquier cantidad de tiempo y de costos, hasta liquidar a bala a las Farc. ¿Pero negar la entrega de las armas que se les traspasaron nada menos que a los representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿O negar que a fecha fija la ONU también recibirá las caletas de las Farc, cuyos sitios ya están identificados? ¿Y que esas armas llevan dos años sin utilizarse, evitándonos varios miles de muertos y heridos?

Por lo demás, como también está probado, el proceso de paz, incluso en lo relativo a las armas, cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de las demás potencias militares del mundo, al igual que de los restantes países. Y lo respaldan el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, que además participaron en su diseño. ¿Será que todos ellos son cómplices de una pantomima diseñada para engañar a los colombianos? ¿También son “castro-chavistas”?

Para negar estas verdades, se usan sofismas, es decir, afirmaciones ciertas con las que sustentan las falsas: como continuarán otras violencias, el proceso de paz es mentira; como se mantendrán el desempleo y la pobreza, para qué el proceso; como seguirá la gran corrupción nacional, para qué el acuerdo; como Santos es pésimo Presidente… Y así, ocultando que el proceso no se diseñó para resolver todos los problemas nacionales, sino uno específico, que no es el causante de otros y que además ha dificultado solucionarlos.

Parte de la confusión, y del uso que algunos le dan, tiene que ver con no reconocer que el problema de fondo no son las armas. Sino su uso. Porque las armas no se disparan solas, necesitan de una voluntad para dispararse. Y dicha voluntad fue la que cambió y la que explica el éxito del desarme, el aspecto principal del proceso de paz. Las Farc no se levantaron en armas como la inevitable respuesta a la pobreza, a la falta de condiciones democráticas y a otras lacras sociales y políticas, viejos males que no desaparecerán con los acuerdos de La Habana. Entraron en rebeldía militar porque adoptaron la decisión política de tomarse el poder a tiros. Y hoy las armas les estorban porque decidieron actuar en la sociedad de otra manera. Así de simple, según demuestra la experiencia.

Coletilla: el caso del supuesto gran fiscal anticorrupción corrupto avergüenza a los colombianos ante el mundo y nos convierte en reyes de burlas. Pero más nos deberían avergonzar e indignar otros dos hechos. Que se permita que el Fiscal General Martínez Neira no explique por qué nombró a Luis Gustavo Moreno en ese cargo. ¿Porque era su amigo, y él mismo le sirvió de fiador? ¿Porque alguien de su confianza se lo recomendó y avaló? Y que también se tolere la alcahuetería de tantos poderosos con el descaro y falta de criterio de Martínez para escoger a su subalterno.

Porque, según La Silla Vacía, José Luis Barceló, Vicepresidente de la Corte Suprema, alertó a Martínez Neira “acerca de las actitudes éticas de Luis Gustavo Moreno”, cuando se supo que lo iba a nombrar. Y le pregunta el mismo medio a Martínez, entre otros interrogantes, por los vínculos entre Moreno y Enrique Vargas Lleras, así como con los magistrados que fueron claves para escogerlo como Fiscal, en representación de Cambio Radical (http://bit.ly/2tabsgM). 

¿Hasta cuándo tolerarán los colombianos tantas corruptelas, cinismos y mediocridades del grupito de mandamases que gobierna al país de manera vitalicia?

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Por Amylkar D. Acosta M.- El pasado 27 de junio se protocolizó en la vereda Buenavista, del Municipio de Mesetas (Meta) dicha entrega, allí y ahora las FARC efectivamente dejaron de existir como guerrilla, como insurgencia, como grupo armado al margen de la Ley. Cuánto no se especuló en su momento por parte de los detractores del proceso de negociación con las FARC en torno al término “dejación de armas” que quedó consignado en el Acuerdo de la Habana, ratificado en el Acuerdo final del Teatro Colón, se llegó a afirmar que ese era un subterfugio de las FARC para no entregarlas. Pues, las entregó y el receptor de las armas, quien verifico y constató su entrega fue nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Las FARC han cumplido y entregaron todas sus armas individuales”, sentenció Jean Arnault, Jefe de la Misión de la ONU en Colombia. 

En efecto, recibió 7.132 armas, que ahora quedan bajo su custodia, caso único en el decurso de la historia de los conflictos armados en Colombia y en el mundo en donde al término de los mismos por la vía negociada el número de armas se corresponde con el número de los desmovilizados. Y no se trata de armas hechizas y fierros inútiles, como sucedió en la desmovilización de las AUC, sino, como lo dijo el vocero de las Naciones Unidas, “de alta calidad y operatividad”.   

A más tardar el 31 de julio se retirarán por parte de las Naciones Unidas desde las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) los contenedores en los cuales se depositaron dichas armas, las cuales, en cumplimiento del Acuerdo final, serán destruidas y fundidas para luego construir con ellas 3 monumentos, los cuales se instalarán en las Naciones Unidas, Cuba y Colombia, respectivamente. Entre tanto, se avanza en el proceso de identificación y destrucción de las 942 caletas con armas y municiones reportadas por las FARC a la Misión de las Naciones Unidas, de las cuales ya han sido verificadas 77 y al finalizar el mes de agosto de este año deberá haberse cumplido con el registro, la extracción, acopio y destrucción del pertrecho encontrado. 

Pero no faltarán las “narrativas obscuras”, como las denomina la periodista Juanita León, que intentarán de restarle importancia a este acontecimiento y tratarán de hacerle creer a muchos colombianos que todo ha sido y será una farsa. Dirán las aves de mal agüero que todo esto ha sido un montaje del castro-chavismo para hacer creer que las FARC se desarmaron, que son más las armas “enterradas” que las entregadas, que su incursión en la política, gracias también al Acuerdo final, es parte de su libreto de la combinación de las formas de lucha, en fin…Es que tanto los enemigos agazapados como los enemigos declarados de este proceso están en lo suyo, pues realmente ellos no es que no estén de acuerdo con lo negociado, ellos han estado y están en desacuerdo es con la negociación, que es diferente. Lo que ocurre es que les queda muy cuellón salir a decir que no están de acuerdo con la paz, porque ello sería políticamente incorrecto; pero, la real realidad es que no hay otra paz distinta a la que podemos alcanzar por esta vía, lo demás son sólo elucubraciones y cantos de sirena sobre lo que pudo ser y no fue. 

En Colombia, al contrario de lo que acontece en otras partes del mundo civilizado, en donde la paz y la guerra unen a sus países en torno a la defensa de la institucionalidad como patrimonio común, aquí, en cambio, como lo afirma el Cardenal Primado de Colombia Monseñor Ruben Salazar, “este proceso de paz ha generado una de las divisiones más dramáticas en la sociedad colombiana” y añade, “qué bueno que la visita den Santo Padre nos ayudara a vencer esta polarización política y principalmente ayudarnos a entender el verdadero sentido de la política, más allá del partidismo”. Y él acierta al caracterizar esta nefasta polarización en que está el país, “la confrontación política caníbal”, que es como él la llamó, en donde la contienda política más parece una corraleja, al señalar que en este país “no se reciben los mensajes de buena manera, todo se tergiversa y por lo tanto, es un diálogo imposible”. 

El lema de la visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre próximo  es “Demos el primer paso” y es ese primer paso y el más importante y decisivo es el que ha dado Colombia el día de hoy para alcanzar la anhelada paz. Con este paso que se dio hoy las FARC le dijeron Adiós a la guerra. Para que la paz sea estable y duradera, el paso que se acaba de dar era necesario, pero no suficiente,, se requiere además el desarme de los espíritus y desengatillar la lengua. 

Santa Marta, julio 1 de 2017

www.amylkaracosta.net

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Por Mauricio Cabrera.-Cuando se firma un Acuerdo de Paz que pone fin a un conflicto armado siempre quedan disidentes que quieren seguir en la guerra, porque no aceptan los términos de la negociación, porque piensan que significa rendirse, o simplemente porque la guerra es su negocio y les genera grandes utilidades. Eso está pasando acá con el Acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc.

Es un hecho conocido que del lado de la guerrilla la gran mayoría entregaron sus armas, pero quedaron unos pocos que no lo hicieron. En mucha menor escala que lo que sucedió con las AUC después de Ralito, cuando una gran parte de los reinsertados volvieron a la delincuencia y al narcotráfico conformando las “bacrim”, unos cuantos guerrilleros desconocieron la autoridad del secretariado, rechazaron las negociaciones de la Habana y decidieron seguir en sus negocios ilícitos.

Esos grupos de delincuentes –que ya no tienen justificación política ni ideológica– deben ser combatidos y derrotados por el Estado, y en este caso puede ser más temprano que tarde dado que las mismas Farc están dando información para combatirlos pues les interesa que desaparezcan.

Lo que es menos reconocido es que del lado del Estado colombiano también hay disidentes que rechazan la legitimidad del Acuerdo. No solo cuestionan la autoridad del Presidente –la rama Ejecutiva del Estado– para haberlo negociado y firmado, sino que quieren ignorar que las otras dos ramas del poder público, el Congreso y la Corte Constitucional, ratificaron y avalaron el texto del Acuerdo con las modificaciones sustanciales que se le introdujeron después del triunfo de las mentiras del No en el referendo.

Entre los disidentes que pretenden que el Estado incumpla los compromisos que adquirió al firmar el Acuerdo hay diferentes posiciones. Unos, los más extremistas, quieren continuar la guerra y están asesinando a líderes sociales y exguerrilleros. Otros son los que quieren volver trizas lo pactado e imponer a las Farc las condiciones de una victoria que no pudieron lograr en la batalla. Finalmente otros más moderados que plantean solo modificaciones al Acuerdo, pero son tan sustanciales que harían imposible su cumplimiento. 

El objetivo de todos estos disidentes es hacerle conejo a la Paz y a las Farc, ahora que estas ya han cumplido con el principal de sus compromisos que era desmovilizarse y entregar las armas.

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Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Este domingo 2 de julio se escenifica en Barrancabermeja una contienda que tiene a dos políticos como principales protagonistas: en una orilla el alcalde en propiedad, Darío Echeverri Serrano, de filiación liberal; y en la otra orilla la exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador Yidis Medina, quien hizo célebre a su ciudad natal cuando por deshonesta vendió su voto a cambio de una notaría para aprobar la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe.

Es un hecho político inocultable que la gobernabilidad de Darío Echeverri se encuentra golpeada, y al parecer obedece a que habría incumplido ciertos acuerdos políticos, frente a lo que según una fuente de la Alcaldía fueron “pretensiones inmanejables”. Ello habría dado lugar a que se conformara una especie de gavilla, en la que participan algunas personas que durante la campaña lo apoyaron pero hoy le quieren atravesar un precoz sucesor.

Si algo obra a favor del alcalde es la multitudinaria acogida que tuvo su convocatoria a una marcha el pasado 18 de mayo en defensa del Plan de Modernización de la Refinería (PMRB), con una asistencia superior a las 50.000 personas. (Ver foto). Ello indica que posee un importante margen de acción, pero a la vez es preocupante que el actual proceso de revocatoria se haya convertido en un palo en la rueda contra esos legítimos esfuerzos de presión que se venían ejerciendo sobre el Gobierno Nacional, orientados a impedir que ocurra lo que parece sobrevenir, la progresiva chatarrización o ‘descuido’ de la refinería para luego privatizarla.

Sin modernización habrá un evidente retroceso económico y social, pues se pierden los 40.000 nuevos empleos en sectores diferentes al petróleo que esta traería. Lo preocupante entonces es que en lugar de la unidad que durante el año y medio que lleva Echeverri se venía generando alrededor de este propósito, ahora se advierte una dañina división, solo favorable a los intereses mezquinos de quienes quieren revocar al alcalde, con Yidis Medina entre ellos.

Una clara manifestación de la cultura ‘traqueta’ que se impuso desde el gobierno Uribe es la notoriedad que adquirieron ciertos personajes condenados por la justicia, sobre los cuales no se ejerce ninguna sanción social, sino lo contrario: su prontuario pareciera darles reconocimiento, distinción y prestancia. A Yidis la acompaña en esta meritocracia el exministro Fernando Londoño, más conocido como ‘el ladrón de Invercolsa’, o un alias Popeye que, aprovechando lo célebre que lo volvieron los medios, asistió en su natal Medellín a una marcha uribista contra la corrupción (¡!) donde acusó en vivo y en directo al presidente Santos de ser “una rata”.

Medina tuvo una muy activa participación en la campaña que eligió a Darío Echeverri, a tal punto que bautizó su camioneta como la Yidis Móvil (ver camioneta), y se dice que los dos habrían pactado un acuerdo consistente en que el alcalde le daría cupos para meter a su gente como prestadores de servicios (OPS) de la Alcaldía. En este contexto, Yidis se estaría portando como la niña caprichosa que arma un berrinche porque no le dieron el juguete que esperaba, y es la demostración de que porta en sus genes un virus que debería ser desterrado, el de quienes asumen la política como una oportunidad para hacer negocios.

Según un barranqueño que trabajó con Yidis, “Darío le estaba cumpliendo, pero a medias. A su hermana Mayerlis le dio dos contratos como auxiliar de enfermería, pero no le aprobó un proyecto para víctimas”. Por eso ella grabó un video donde se despacha contra el alcalde, el cual parece producido por su peor enemiga, con la mirada perdida y tan pobre dicción que solo ve “oscuridá” y no logra pronunciar “ciudad” sino “la suidá que merecemos”. (Ver video).

Sumado a lo anterior, en su muro de Facebook anunció que se cambiaba de orilla y que “colocaré las denuncias de todas las irregularidades (…) ante la Fiscalía General de la Nación”, lo cual no hizo (ver publicación). Lo llamativo es que —pecando quizá de ingenua— aparece allí acompañada de Gustavo Duarte Ruiz, un reconocido contratista del anterior alcalde, Elkin Bueno, quien en sus cuatro años de gloria disoluta se dedicó a endeudar a la ciudad con tal desenfreno que al final de su administración hizo aprobar un empréstito por 170.000 millones de pesos para la ejecución de obras macondianas, como canchas de microfútbol con grama sintética que no pudieron ser usadas porque producían un calor insoportable. (Ver SOS por Barrancabermeja). 

Sin el menor atisbo de vergüenza propia, ese mismo contratista le confesó a La Silla Vacía, en artículo titulado La zancadilla de Yidis Medina al alcalde de Barranca, que Echeverri “se montó con un discurso de unir fuerzas, pero (…) solos les dan OPS a los de otros lados”.

Un segundo motivo por el cual Yidis se despegó de Echeverri es que quiso acomodarse en las filas de Jonathan Vásquez, un ‘pelado’ hijo de un concejal que por su pinta de galán comienza a tener acogida, sobre todo entre gente joven. Pero fue él mismo quien la puso a distancia, advirtiendo en su Facebook que “no existe razón alguna” para trabajar con ella. Y en lo que deja ver su verdadero talante, Yidis le responde ahí mismo pidiéndole cacao… (Ver publicación).

No es sano poner las manos en el fuego por un político —ni por nadie, incluidos parientes—, pero si me tocara escoger entre el alcalde Darío Echeverri y Yidis Medina, no dudaría un segundo en apoyar al que hoy rige los destinos de la ciudad que refina el 80 por ciento de la gasolina que consume el país. Urge no perder el impulso alcanzado en la lucha por obligar a Juan Manuel Santos a que cumpla la promesa que hizo cuando, en desarrollo de su campaña para hacerse reelegir, en el Hotel Pipatón nos dijo a los barranqueños que “tiene más reversa el río Magdalena que la modernización de la refinería”.

Presidente Santos, cúmplale a Barrancabermeja —y al país— lo que prometió. Solo así pasará a la Historia.

DE REMATE: Si votar la revocatoria es hacerlo a favor o en contra de Yidis, prefiero abstenerme.

En Twitter: @Jorgomezpinilla

 

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

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Por José Gregorio Hernández.-En las clases de Derecho Constitucional enseñamos que, en materia legislativa, la cláusula general de competencia reside en el Congreso, lo que significa que, si en algunas hipótesis -definidas por la Constitución- legisla el Presidente de la República, éste goza apenas de una comisión excepcional, y la debe cumplir dentro de los estrechos y exigentes linderos de la norma que lo habilita.

Así está previsto en la Carta de 1991: la función de hacer las leyes se radica en ese órgano, cuyos  miembros son escogidos por voto popular. Por tanto, cuando quiera que en la Constitución se hable de "la ley", o de “las leyes”, o del “legislador”,  a menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que se habla de leyes en sentido formal y orgánico, expedidas por el Congreso.

En casos excepcionales, como ocurre con los previstos en los artículos 150, numeral 10, 212, 213,  215 y 241 de la Constitución, el Presidente puede quedar extraordinariamente investido de facultades para expedir decretos con fuerza de ley, pero, como el poder de legislar no le compete, en los aludidos eventos el poder presidencial no se extiende a sustituir al Congreso, ni se trata de una investidura legislativa general, amplia, indefinida o implícita, sino que sus atribuciones están clara y precisamente delimitadas por la misma Constitución, y en el caso de las facultades extraordinarias, por la ley habilitante.

El artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 otorgó al Presidente facultades extraordinarias. Fueron, pues, unas facultades de origen constitucional y no simplemente legal. Sin embargo, mediante esa norma no se abrogó el postulado de la cláusula general de competencia, y por tanto, las atribuciones excepcionales de las que se trató tenían por objeto específico y estricto la implementación de lo expresamente pactado entre el Gobierno y las Farc en el Acuerdo de Paz del 24 de noviembre de 2016. Nada menos, pero -con arreglo a la Constitución- nada más.

De modo que esa habilitación legislativa, que ya venció -era de 180 días-  no debía ser entendida como investidura legislativa general, ni como poder omnímodo. Por el contrario, se estaba ante un ejercicio de poder relativo, restringido y doblemente controlado: por el Congreso en lo político y por la Corte Constitucional en lo jurídico. Un entendimiento  abierto, permisivo o  complaciente acerca del alcance de esas atribuciones llevaría necesariamente a un desbarajuste de la estructura constitucional de la República.

De allí que la Corte Constitucional, cuando examinó el precepto habilitante, haya sido enfática en afirmar su carácter delimitado y circunscrito a la materia en él enunciada. Lo que se espera, entonces, es que mantenga ese acertado criterio al estudiar, en ejercicio del control automático de constitucionalidad, el cúmulo de decretos leyes que lo desarrollan y que han sido llevados a su conocimiento. 

Así que, frente a las muchas y extensas disposiciones expedidas por el Presidente cuando ya expiraban las facultades extraordinarias que tuvo por seis meses, no podemos menos de recordar que el Gobierno carecía en ese momento, como carece hoy, de facultades indefinidas y de poder legislativo para sustituir al Congreso. Y confiar en fallos imparciales y estrictos, que -sabemos-  habrá de proferir la Corte Constitucional.

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Por: Guillermo García Realpe.- Recientemente junto a varios senadores de la Comisión Primera, el Ministro del Interior Guillermo Rivera, los viceministros de Defensa y Agricultura, autoridades militares, representantes del Gobierno departamental de Nariño y varios alcaldes del litoral pacífico nariñense, sostuvimos un importante encuentro en Tumaco, con el fin de abordar las múltiples problemáticas que hoy afronta no sólo la perla del pacífico, sino también los municipios adyacentes que comparten las mismas necesidades sociales y económicas. 

Se escucharon los planteamientos de los mandatarios locales, quienes reclamaron mayor presencia del Estado colombiano, para que a través del gobierno nacional se ejecuten programas y políticas públicas que permitan minimizar la brecha social que hoy  tiene esta región frente al resto del país.

En ese orden de ideas, se hizo una evaluación por parte de las entidades nacionales, regionales y locales sobre la temática de Tumaco, fundamentalmente, para seguir trabajando permanente e integralmente con enfoque territorial en este municipio, el segundo puerto en importancia sobre el Pacífico colombiano.

Tumaco, con una población que supera los 200 mil habitantes, es un municipio critico a nivel nacional y prácticamente de  lo que pase en Tumaco depende la Paz de Colombia, por lo tanto, salimos motivados de la sesión descentralizada de la Comisión Primera del Senado, pero, a seguir en la tarea de acompañar a sus alcaldes en las gestiones ante las entidades nacionales, para buscar gestiones que permitan la inversión de recursos significativos en todos los frentes.

Hay que reconocer que son muy complejos los problemas de Tumaco, entre ellos, la coca, el narcotráfico, la marginalidad, la pobreza, la presencia de bandas criminales, la debilidad institucional y la falta de oportunidades de ingreso para la gente, son factores que alimentan un conflicto social y que por ende no se deben ocultar, sino enfrentar con todo el apoyo del Gobierno.

La coca llegó al litoral pacífico nariñense a finales de la década de los noventa y con ella llegó la violencia y con la coca llegaron los actores armados, entonces acabar con la coca debe ser una prioridad para el Gobierno, pero acabar con esto, no significa desconocer el origen en las  precariedades socioeconómicas que se viven en esta zona del país para que este tipo de cultivos crecieran a la manera como han crecido, pues se estima que de las 30 mil hectáreas que hoy existen en Nariño, 18 mil están en territorio tumaqueño.

La inseguridad del puerto, es otro tema que preocupa a la ciudadanía, según cifras oficiales, en lo corrido del año ya van 86 homicidios frente a 54 ocurridos durante el 2016, hay 14 policías por estación, por ejemplo, municipios como Barbacoas, con 36 mil habitantes no llega  a veinte uniformados policiales.

Por eso, para contrarrestar este flagelo, el Ministro del Interior, anunció que ya se ha avanzado en la creación de un cuerpo élite para perseguir el crimen organizado, se va desarrollar un plan piloto de ese esfuerzo combinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en dos municipios de Colombia, uno Buenaventura y el otro Tumaco.

También se ha anunciado que ya está en marcha el plan de sustitución de cultivos, que según cálculos, tendría un costo de $720 mil millones. Así mismo, el proyecto de reforma al sistema general de regalías está a un debate de ser Ley de la República y permitirá invertir cerca de un billón y medio en vías terciarias, y a Tumaco y a los demás municipios les va a corresponder una proporción muy importante para ejecutar recursos en esta materia.

Las circunscripciones de Paz, en zonas con múltiples fenómenos como cultivos ilícitos, pobreza extrema, aislamiento por la ausencia de vías de comunicación, debilidad institucional y una serie de problemas más, va a permitir que estas comunidades tengan un Representante más a la Cámara, para que sea su vocero y el encargado de velar para que las inversiones del Estado lleguen a los territorios históricamente excluidos.

Por último el Plan Todos Somos Pacífico, con 400 millones de dólares se debe convertir en el vehículo para que todas estas inversiones sociales lleguen gradualmente no sólo a Tumaco, sino también a Buenaventura, al resto del litoral  pacífico y desde luego a los municipios de López de Micay, Santa Bárbara de Timbiquí y Guapi de la costa Pacífica caucana, los cuales ocupan el 28% del área total del departamento del Cauca.

El futuro en el corto y mediano plazo, será y debe ser mejor, el posconflicto tiene enormes retos por delante y esperamos que regiones olvidadas como estás tengan un mejor porvenir y en este propósito seremos un aliado incondicional.

@GGarciaRealpe     www.GuillermoGarciaRealpe.com

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Esta semana es crucial para Colombia y para el mundo. La Farc, el grupo guerrillero más viejo del continente, terminará de entregar las armas a la ONU. Más allá de sentir que este proceso es un paso tremendamente significativo en la construcción de la paz, es un hecho que enriquece la posibilidad de vivir en una sociedad menos violenta.

El conflicto armado de nuestro país, uno de los más complejos y terribles de la historia de la humanidad, tuvo un costo enorme, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo sociocultural y, desde una perspectiva íntima y cotidiana, en lo personal de varias generaciones.

Queramos o no, ese poder de fuego cedido a los garantes de la ONU, no entendido aún por completo por las mayorías, por el ataque mediático y desesperanzador de unas minorías viudas del conflicto armado, es un paso muy importante para instaurar una Cultura de la Paz en Colombia.

No solamente porque existe el control y la destrucción de ese armamento, como lo señalan los especialistas, sino porque van a construirse nuevas visiones del mundo, después de 52 años asfixiados por el discurso de la violencia.

De hecho, se escucha el balance de lo que significará este paso decisivo para todos los colombianos, donde se destacan las cuentas del horror: índices de homicidios, secuestros y emboscadas, el número de las víctimas y  desplazados, un tema triste, pero que es del pasado para que no vuelva a ocurrir y a cambio: el paso para organizar las instituciones, brindarle al campesino oportunidades en la producción de alimentos y así llegar al aumento del PIB, que es la nación que nos merecemos.

Claro está, este proceso es novísimo para todos los colombianos. Observar el país desde la perspectiva de la paz, desde el reto de ir más allá de lo político como negociación a lo político como realización, implica cambios, otros balances, otras perspectivas.

Pero desarmar ese contingente de guerreros es un cambio emblemático para los colombianos y el mundo entero. Ellos van a buscar su espacio en la sociedad política, desde el contexto de los consensos y los disensos, porque el postconflicto, desde el punto de vista político, no sólo representará la incorporación de este grupo a la sociedad desde ahora, sino el concurso de otras voces. Voces que ha silenciado, primero las desigualdades sociales, segundo la diversidad, que nos acerca y separa como ciudad y provincia y, luego, la inexistente presencia del estado, cuya deuda es tan grande como las consecuencias del más viejo conflicto armado de la región. 

Como colombiano celebro este significativo paso, sin dejar de estimar las críticas constructivas y las alabanzas innecesarias, porque no puede haber una Cultura de la Paz y menos de la Verdad, el Perdón y la Reconciliación, si lo que separa a un ser humano de otro, es su poder de fuego. 

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Por Rudolf Hommes.- Curiosamente a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales los consejeros de los aspirantes a la presidencia les están aconsejando que es prematuro declarar su candidatura y la mayoría de ellos les han hecho caso, a tal punto que todavía no tenemos una idea clara de qué piensan o qué proponen. El mismo Germán Vargas que es candidato desde hace más de cuatro años posa ahora de no serlo, más aún, de no tener partido, y se ha puesto misterioso sobre sus intenciones.

En ese ambiente de impostura y aparente indefinición resultó refrescante la entrevista que le concedió Humberto de la Calle a Hugo García y Lorena Arboleda de El Espectador el 17 de junio en la que sin declararse candidato, para no desentonar, dejó sentadas las bases de cuál sería su filosofía de gobierno. De la Calle es un precandidato singular porque está entre los primeros en las encuestas en términos de su aceptación y reconocimiento pero no en intención de voto.

Los políticos no creen o no quieren que sea candidato, pero sus posibles adversarios en los partidos de la coalición de gobierno le tiran mucho rayo, lo cual es indicación de que no les gustaría tenerlo como rival. Una de las razones de ese temor puede ser porque tiene cualidades que otros no tienen, entre las que se destaca su capacidad de mediar y obtener resultados. Esto no se refiere exclusivamente a su actuación reciente en las negociaciones con las Farc sino también al papel decisivo que desempeñó como representante del gobierno en la Asamblea Constituyente en 1991.

No solamente es una persona sensata, con capacidad para entender a otros, sino para tomar decisiones difíciles y valientes cuando es necesario. La entrevista también revela que tiene claridad política y es fácil prever qué haría De la Calle como gobernante. 

Esta es en pocas palabras una propuesta de gobierno abiertamente progresista y liderada por un dirigente al que le preocupa que “hay un exceso de odio en Colombia y una degradación de la reflexión política. Hemos reemplazado la reflexión por el insulto.” En lugar de refutar un argumento se trata de aniquilar a quien lo emite. Lo que se necesita es recuperar la sensatez y buscar una genuina reconciliación. La guerra con las Farc concluye con la entrega de las armas y lo que se debe emprender en un pacto de no violencia para no volver a caer en lo mismo.

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Por Mauricio Cabrera.- Asombra pero no sorprende el anuncio de los dos expresidentes de conformar una coalición para las elecciones presidenciales del 2018. Asombra ver juntos y deponiendo sus egos a dos antiguos enemigos políticos, que se atacaron e insultaron mutuamente con agresividad e inquina. No sorprende, porque ya se habían juntado en la campaña del no, y porque para ambos es más fuerte su envidia y odio contra Santos que sus propias rencillas personales.

En principio esta coalición no le aporta mayor cosa a la fuerza política del Centro Democrático, antes le podría restar, porque es muy exigua la cauda electoral del expresidente del Caguán y muy grande su desprestigio, pero su objetivo es conformar una coalición mucho más amplia con todos los grupos políticos y religiosos que se unieron en la campaña del no a la paz y llegar con un solo candidato a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

No les va a quedar fácil escoger al candidato único pues es muy amplio el abanico de precandidatos, y más si se integran a la coalición el destituido exprocurador o Marta Lucia Ramírez. Lo que les resultará mucho más fácil es nombrar al gerente de la campaña pues ahí tienen a Juan Carlos Velez para que intente repetir con el mismo éxito la estrategia de desinformación y mentiras con las que se provocó la indignación de la gente para que “saliera a votar verraca” por el no en el referendo.

De todas maneras el anuncio de esta santa alianza de la derecha colombiana empieza a aclarar un poco el todavía confuso panorama de las próximas elecciones y les exige a los demás partidos políticos definir sus estrategias y posturas para conformar sus respectivas coaliciones, pues lo que hace evidente es que ningún partido, ni siquiera el CD, tiene la fuerza suficiente para pasar solo a la segunda vuelta de las elecciones sino que es indispensable juntar fuerzas.

Frente a la derecha, son tres los sectores políticos que deben definir su estrategia de alianzas. El primero, los partidos de la coalición de gobierno, el Liberal y el de la U, que buscan posicionarse como la alternativa para defender el proceso de Paz y que necesitan aceptar una consulta interpartidista si quieren tener un candidato único. Segundo, Germán Vargas, que es la continuidad del gobierno, pero a quien no le gusta el proceso de Paz. Tercero, un heterogéneo grupo de líderes alternativos de centro izquierda (Clara y Claudia López, Fajardo, Robledo y Navarro) que también apoyan el proceso de Paz, pero que se oponen a muchas otras políticas del gobierno y tienen la bandera de la anticorrupción.

El que está en una posición más difícil para hacer alianzas es Vargas, pues su oposición al proceso de Paz lo aleja de los otros dos sectores del centro-izquierda, y su cercanía a Santos lo aleja de la coalición derechista del no. Si mantiene esa ambivalencia acabará yendo solo a la primera vuelta, lo que le reduce sus posibilidades de pasar a la segunda. 

Pero los otros dos sectores tampoco la tienen fácil: el de la coalición oficial por la bajísima popularidad del gobierno y la campaña de odio y desprestigio que ya ha montado la derecha, y el de los alternativos por las diferencias ideológicas y programáticas entre sus líderes. En la segunda vuelta seguramente se volverán a unir estos dos sectores para enfrentar la coalición de la derecha como lo hicieron en el referendo; si lo hicieran antes de la primera vuelta podrían incluso ganarla, pero esto es pensar con el deseo.

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Por José Gregorio Hernández.-Hace veintiséis años  -el 7 de julio de 1991- fue promulgada la Constitución Política de Colombia. Hoy, tras cuarenta y cuatro actos reformatorios y aunque se trata de una Constitución escrita -cuyo texto y linderos son siempre definidos y terminantes-, nos encontramos con un esquema surrealista en el cual ya no es un conjunto ordenado y predeterminado de normas superiores -que todos sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba, tanto en su normatividad permanente como en sus disposiciones transitorias, y en su espíritu, por lo cual la Corte Constitucional conocía con exactitud cuál era la Constitución que debía guardar y cuyo imperio debía preservar-, sino un texto abierto, indefinido y gaseoso, al cual puede haber ingresado el Acuerdo Final firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016 -310 páginas- , con carácter superior y prevalente. O puede que no, pues hay diversas interpretaciones acerca del alcance de los más recientes actos legislativos aprobados por el Congreso.

En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2016, con el fin de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo de dicho pacto, dispuso que, una vez  firmado y en vigor, ingresaría “en estricto sentido” al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta “como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación”.

Después se aprobó, por el procedimiento abreviado, el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó un Título de disposiciones transitorias de la Constitución, introduciendo la Justicia Especial de Paz, modificando la estructura de la Rama Judicial.

Más tarde, el Congreso aprobó, también por el procedimiento breve, el Acto Legislativo 02 de 2017, que, para “blindar” el Acuerdo -darle “estabilidad y seguridad jurídica”, según su encabezamiento-, dispuso que los contenidos de dicho documento “que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales” serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final”,  aunque se advirtió que  ello tendría lugar “con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

Allí se ordenó a todos los órganos y autoridades del Estado “guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”, y se añadió que tal reforma constitucional “rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

En ese orden de ideas, se convirtió en discutible lo que menos debe prestarse a discusión en un Estado de Derecho: ¿Cuál es el contenido definitivo de la Constitución?

Constitucionalistas y politólogos, académicos, Congreso, Gobierno y Farc, profesores y estudiantes de Derecho, todos estamos hablando lenguajes diferentes. La Constitución ya no es fija. Parece estar en construcción, a sus veintiséis años. Y lo peor: tampoco concordamos en establecer si la Constitución prevalece sobre el Acuerdo Final -lo que piensa quien esto escribe-, o el Acuerdo Final sobre la Constitución -como dicen otros-. 

Tiene la palabra la Corte Constitucional, que decidirá si su función consiste en guardar la Constitución o en declarar exequibles, porque sí, todas las normas de implementación del Acuerdo Final.

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Por: Jorge Enrique Robledo. @JERobledo.-Luego de un larguísimo medio siglo, los colombianos pudimos celebrar que terminara el alzamiento armado de las Farc contra el Estado, levantamiento que no debió darse porque fue equivocado desde el momento en que lo concibieron y que no solucionó nada y lo empeoró todo. Lamentar que lo que debería ser un consenso nacional, el de saludar lo que sin duda constituye un suceso positivo para Colombia, no lo sea, en razón de que, enredando unas cosas con otras, sectores influyentes convencieron a muchos de negar lo que puede confirmarse como cierto hasta la saciedad.

Un proceso de paz con tantas complejidades, tras los horrores de una violencia tan larga, puede generar desacuerdos y hasta reacciones indignadas. Puede incluso entenderse la idea –aunque no la comparto– de que la confrontación armada debió mantenerse, por cualquier cantidad de tiempo y de costos, hasta liquidar a bala a las Farc. ¿Pero negar la entrega de las armas que se les traspasaron nada menos que a los representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿O negar que a fecha fija la ONU también recibirá las caletas de las Farc, cuyos sitios ya están identificados? ¿Y que esas armas llevan dos años sin utilizarse, evitándonos varios miles de muertos y heridos?

Por lo demás, como también está probado, el proceso de paz, incluso en lo relativo a las armas, cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de las demás potencias militares del mundo, al igual que de los restantes países. Y lo respaldan el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, que además participaron en su diseño. ¿Será que todos ellos son cómplices de una pantomima diseñada para engañar a los colombianos? ¿También son “castro-chavistas”?

Para negar estas verdades, se usan sofismas, es decir, afirmaciones ciertas con las que sustentan las falsas: como continuarán otras violencias, el proceso de paz es mentira; como se mantendrán el desempleo y la pobreza, para qué el proceso; como seguirá la gran corrupción nacional, para qué el acuerdo; como Santos es pésimo Presidente… Y así, ocultando que el proceso no se diseñó para resolver todos los problemas nacionales, sino uno específico, que no es el causante de otros y que además ha dificultado solucionarlos.

Parte de la confusión, y del uso que algunos le dan, tiene que ver con no reconocer que el problema de fondo no son las armas. Sino su uso. Porque las armas no se disparan solas, necesitan de una voluntad para dispararse. Y dicha voluntad fue la que cambió y la que explica el éxito del desarme, el aspecto principal del proceso de paz. Las Farc no se levantaron en armas como la inevitable respuesta a la pobreza, a la falta de condiciones democráticas y a otras lacras sociales y políticas, viejos males que no desaparecerán con los acuerdos de La Habana. Entraron en rebeldía militar porque adoptaron la decisión política de tomarse el poder a tiros. Y hoy las armas les estorban porque decidieron actuar en la sociedad de otra manera. Así de simple, según demuestra la experiencia.

Coletilla: el caso del supuesto gran fiscal anticorrupción corrupto avergüenza a los colombianos ante el mundo y nos convierte en reyes de burlas. Pero más nos deberían avergonzar e indignar otros dos hechos. Que se permita que el Fiscal General Martínez Neira no explique por qué nombró a Luis Gustavo Moreno en ese cargo. ¿Porque era su amigo, y él mismo le sirvió de fiador? ¿Porque alguien de su confianza se lo recomendó y avaló? Y que también se tolere la alcahuetería de tantos poderosos con el descaro y falta de criterio de Martínez para escoger a su subalterno.

Porque, según La Silla Vacía, José Luis Barceló, Vicepresidente de la Corte Suprema, alertó a Martínez Neira “acerca de las actitudes éticas de Luis Gustavo Moreno”, cuando se supo que lo iba a nombrar. Y le pregunta el mismo medio a Martínez, entre otros interrogantes, por los vínculos entre Moreno y Enrique Vargas Lleras, así como con los magistrados que fueron claves para escogerlo como Fiscal, en representación de Cambio Radical (http://bit.ly/2tabsgM). 

¿Hasta cuándo tolerarán los colombianos tantas corruptelas, cinismos y mediocridades del grupito de mandamases que gobierna al país de manera vitalicia?

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Por Amylkar D. Acosta M.- El pasado 27 de junio se protocolizó en la vereda Buenavista, del Municipio de Mesetas (Meta) dicha entrega, allí y ahora las FARC efectivamente dejaron de existir como guerrilla, como insurgencia, como grupo armado al margen de la Ley. Cuánto no se especuló en su momento por parte de los detractores del proceso de negociación con las FARC en torno al término “dejación de armas” que quedó consignado en el Acuerdo de la Habana, ratificado en el Acuerdo final del Teatro Colón, se llegó a afirmar que ese era un subterfugio de las FARC para no entregarlas. Pues, las entregó y el receptor de las armas, quien verifico y constató su entrega fue nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Las FARC han cumplido y entregaron todas sus armas individuales”, sentenció Jean Arnault, Jefe de la Misión de la ONU en Colombia. 

En efecto, recibió 7.132 armas, que ahora quedan bajo su custodia, caso único en el decurso de la historia de los conflictos armados en Colombia y en el mundo en donde al término de los mismos por la vía negociada el número de armas se corresponde con el número de los desmovilizados. Y no se trata de armas hechizas y fierros inútiles, como sucedió en la desmovilización de las AUC, sino, como lo dijo el vocero de las Naciones Unidas, “de alta calidad y operatividad”.   

A más tardar el 31 de julio se retirarán por parte de las Naciones Unidas desde las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) los contenedores en los cuales se depositaron dichas armas, las cuales, en cumplimiento del Acuerdo final, serán destruidas y fundidas para luego construir con ellas 3 monumentos, los cuales se instalarán en las Naciones Unidas, Cuba y Colombia, respectivamente. Entre tanto, se avanza en el proceso de identificación y destrucción de las 942 caletas con armas y municiones reportadas por las FARC a la Misión de las Naciones Unidas, de las cuales ya han sido verificadas 77 y al finalizar el mes de agosto de este año deberá haberse cumplido con el registro, la extracción, acopio y destrucción del pertrecho encontrado. 

Pero no faltarán las “narrativas obscuras”, como las denomina la periodista Juanita León, que intentarán de restarle importancia a este acontecimiento y tratarán de hacerle creer a muchos colombianos que todo ha sido y será una farsa. Dirán las aves de mal agüero que todo esto ha sido un montaje del castro-chavismo para hacer creer que las FARC se desarmaron, que son más las armas “enterradas” que las entregadas, que su incursión en la política, gracias también al Acuerdo final, es parte de su libreto de la combinación de las formas de lucha, en fin…Es que tanto los enemigos agazapados como los enemigos declarados de este proceso están en lo suyo, pues realmente ellos no es que no estén de acuerdo con lo negociado, ellos han estado y están en desacuerdo es con la negociación, que es diferente. Lo que ocurre es que les queda muy cuellón salir a decir que no están de acuerdo con la paz, porque ello sería políticamente incorrecto; pero, la real realidad es que no hay otra paz distinta a la que podemos alcanzar por esta vía, lo demás son sólo elucubraciones y cantos de sirena sobre lo que pudo ser y no fue. 

En Colombia, al contrario de lo que acontece en otras partes del mundo civilizado, en donde la paz y la guerra unen a sus países en torno a la defensa de la institucionalidad como patrimonio común, aquí, en cambio, como lo afirma el Cardenal Primado de Colombia Monseñor Ruben Salazar, “este proceso de paz ha generado una de las divisiones más dramáticas en la sociedad colombiana” y añade, “qué bueno que la visita den Santo Padre nos ayudara a vencer esta polarización política y principalmente ayudarnos a entender el verdadero sentido de la política, más allá del partidismo”. Y él acierta al caracterizar esta nefasta polarización en que está el país, “la confrontación política caníbal”, que es como él la llamó, en donde la contienda política más parece una corraleja, al señalar que en este país “no se reciben los mensajes de buena manera, todo se tergiversa y por lo tanto, es un diálogo imposible”. 

El lema de la visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre próximo  es “Demos el primer paso” y es ese primer paso y el más importante y decisivo es el que ha dado Colombia el día de hoy para alcanzar la anhelada paz. Con este paso que se dio hoy las FARC le dijeron Adiós a la guerra. Para que la paz sea estable y duradera, el paso que se acaba de dar era necesario, pero no suficiente,, se requiere además el desarme de los espíritus y desengatillar la lengua. 

Santa Marta, julio 1 de 2017

www.amylkaracosta.net

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Por Mauricio Cabrera.-Cuando se firma un Acuerdo de Paz que pone fin a un conflicto armado siempre quedan disidentes que quieren seguir en la guerra, porque no aceptan los términos de la negociación, porque piensan que significa rendirse, o simplemente porque la guerra es su negocio y les genera grandes utilidades. Eso está pasando acá con el Acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc.

Es un hecho conocido que del lado de la guerrilla la gran mayoría entregaron sus armas, pero quedaron unos pocos que no lo hicieron. En mucha menor escala que lo que sucedió con las AUC después de Ralito, cuando una gran parte de los reinsertados volvieron a la delincuencia y al narcotráfico conformando las “bacrim”, unos cuantos guerrilleros desconocieron la autoridad del secretariado, rechazaron las negociaciones de la Habana y decidieron seguir en sus negocios ilícitos.

Esos grupos de delincuentes –que ya no tienen justificación política ni ideológica– deben ser combatidos y derrotados por el Estado, y en este caso puede ser más temprano que tarde dado que las mismas Farc están dando información para combatirlos pues les interesa que desaparezcan.

Lo que es menos reconocido es que del lado del Estado colombiano también hay disidentes que rechazan la legitimidad del Acuerdo. No solo cuestionan la autoridad del Presidente –la rama Ejecutiva del Estado– para haberlo negociado y firmado, sino que quieren ignorar que las otras dos ramas del poder público, el Congreso y la Corte Constitucional, ratificaron y avalaron el texto del Acuerdo con las modificaciones sustanciales que se le introdujeron después del triunfo de las mentiras del No en el referendo.

Entre los disidentes que pretenden que el Estado incumpla los compromisos que adquirió al firmar el Acuerdo hay diferentes posiciones. Unos, los más extremistas, quieren continuar la guerra y están asesinando a líderes sociales y exguerrilleros. Otros son los que quieren volver trizas lo pactado e imponer a las Farc las condiciones de una victoria que no pudieron lograr en la batalla. Finalmente otros más moderados que plantean solo modificaciones al Acuerdo, pero son tan sustanciales que harían imposible su cumplimiento. 

El objetivo de todos estos disidentes es hacerle conejo a la Paz y a las Farc, ahora que estas ya han cumplido con el principal de sus compromisos que era desmovilizarse y entregar las armas.

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Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Este domingo 2 de julio se escenifica en Barrancabermeja una contienda que tiene a dos políticos como principales protagonistas: en una orilla el alcalde en propiedad, Darío Echeverri Serrano, de filiación liberal; y en la otra orilla la exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador Yidis Medina, quien hizo célebre a su ciudad natal cuando por deshonesta vendió su voto a cambio de una notaría para aprobar la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe.

Es un hecho político inocultable que la gobernabilidad de Darío Echeverri se encuentra golpeada, y al parecer obedece a que habría incumplido ciertos acuerdos políticos, frente a lo que según una fuente de la Alcaldía fueron “pretensiones inmanejables”. Ello habría dado lugar a que se conformara una especie de gavilla, en la que participan algunas personas que durante la campaña lo apoyaron pero hoy le quieren atravesar un precoz sucesor.

Si algo obra a favor del alcalde es la multitudinaria acogida que tuvo su convocatoria a una marcha el pasado 18 de mayo en defensa del Plan de Modernización de la Refinería (PMRB), con una asistencia superior a las 50.000 personas. (Ver foto). Ello indica que posee un importante margen de acción, pero a la vez es preocupante que el actual proceso de revocatoria se haya convertido en un palo en la rueda contra esos legítimos esfuerzos de presión que se venían ejerciendo sobre el Gobierno Nacional, orientados a impedir que ocurra lo que parece sobrevenir, la progresiva chatarrización o ‘descuido’ de la refinería para luego privatizarla.

Sin modernización habrá un evidente retroceso económico y social, pues se pierden los 40.000 nuevos empleos en sectores diferentes al petróleo que esta traería. Lo preocupante entonces es que en lugar de la unidad que durante el año y medio que lleva Echeverri se venía generando alrededor de este propósito, ahora se advierte una dañina división, solo favorable a los intereses mezquinos de quienes quieren revocar al alcalde, con Yidis Medina entre ellos.

Una clara manifestación de la cultura ‘traqueta’ que se impuso desde el gobierno Uribe es la notoriedad que adquirieron ciertos personajes condenados por la justicia, sobre los cuales no se ejerce ninguna sanción social, sino lo contrario: su prontuario pareciera darles reconocimiento, distinción y prestancia. A Yidis la acompaña en esta meritocracia el exministro Fernando Londoño, más conocido como ‘el ladrón de Invercolsa’, o un alias Popeye que, aprovechando lo célebre que lo volvieron los medios, asistió en su natal Medellín a una marcha uribista contra la corrupción (¡!) donde acusó en vivo y en directo al presidente Santos de ser “una rata”.

Medina tuvo una muy activa participación en la campaña que eligió a Darío Echeverri, a tal punto que bautizó su camioneta como la Yidis Móvil (ver camioneta), y se dice que los dos habrían pactado un acuerdo consistente en que el alcalde le daría cupos para meter a su gente como prestadores de servicios (OPS) de la Alcaldía. En este contexto, Yidis se estaría portando como la niña caprichosa que arma un berrinche porque no le dieron el juguete que esperaba, y es la demostración de que porta en sus genes un virus que debería ser desterrado, el de quienes asumen la política como una oportunidad para hacer negocios.

Según un barranqueño que trabajó con Yidis, “Darío le estaba cumpliendo, pero a medias. A su hermana Mayerlis le dio dos contratos como auxiliar de enfermería, pero no le aprobó un proyecto para víctimas”. Por eso ella grabó un video donde se despacha contra el alcalde, el cual parece producido por su peor enemiga, con la mirada perdida y tan pobre dicción que solo ve “oscuridá” y no logra pronunciar “ciudad” sino “la suidá que merecemos”. (Ver video).

Sumado a lo anterior, en su muro de Facebook anunció que se cambiaba de orilla y que “colocaré las denuncias de todas las irregularidades (…) ante la Fiscalía General de la Nación”, lo cual no hizo (ver publicación). Lo llamativo es que —pecando quizá de ingenua— aparece allí acompañada de Gustavo Duarte Ruiz, un reconocido contratista del anterior alcalde, Elkin Bueno, quien en sus cuatro años de gloria disoluta se dedicó a endeudar a la ciudad con tal desenfreno que al final de su administración hizo aprobar un empréstito por 170.000 millones de pesos para la ejecución de obras macondianas, como canchas de microfútbol con grama sintética que no pudieron ser usadas porque producían un calor insoportable. (Ver SOS por Barrancabermeja). 

Sin el menor atisbo de vergüenza propia, ese mismo contratista le confesó a La Silla Vacía, en artículo titulado La zancadilla de Yidis Medina al alcalde de Barranca, que Echeverri “se montó con un discurso de unir fuerzas, pero (…) solos les dan OPS a los de otros lados”.

Un segundo motivo por el cual Yidis se despegó de Echeverri es que quiso acomodarse en las filas de Jonathan Vásquez, un ‘pelado’ hijo de un concejal que por su pinta de galán comienza a tener acogida, sobre todo entre gente joven. Pero fue él mismo quien la puso a distancia, advirtiendo en su Facebook que “no existe razón alguna” para trabajar con ella. Y en lo que deja ver su verdadero talante, Yidis le responde ahí mismo pidiéndole cacao… (Ver publicación).

No es sano poner las manos en el fuego por un político —ni por nadie, incluidos parientes—, pero si me tocara escoger entre el alcalde Darío Echeverri y Yidis Medina, no dudaría un segundo en apoyar al que hoy rige los destinos de la ciudad que refina el 80 por ciento de la gasolina que consume el país. Urge no perder el impulso alcanzado en la lucha por obligar a Juan Manuel Santos a que cumpla la promesa que hizo cuando, en desarrollo de su campaña para hacerse reelegir, en el Hotel Pipatón nos dijo a los barranqueños que “tiene más reversa el río Magdalena que la modernización de la refinería”.

Presidente Santos, cúmplale a Barrancabermeja —y al país— lo que prometió. Solo así pasará a la Historia.

DE REMATE: Si votar la revocatoria es hacerlo a favor o en contra de Yidis, prefiero abstenerme.

En Twitter: @Jorgomezpinilla

 

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

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Por José Gregorio Hernández.-En las clases de Derecho Constitucional enseñamos que, en materia legislativa, la cláusula general de competencia reside en el Congreso, lo que significa que, si en algunas hipótesis -definidas por la Constitución- legisla el Presidente de la República, éste goza apenas de una comisión excepcional, y la debe cumplir dentro de los estrechos y exigentes linderos de la norma que lo habilita.

Así está previsto en la Carta de 1991: la función de hacer las leyes se radica en ese órgano, cuyos  miembros son escogidos por voto popular. Por tanto, cuando quiera que en la Constitución se hable de "la ley", o de “las leyes”, o del “legislador”,  a menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que se habla de leyes en sentido formal y orgánico, expedidas por el Congreso.

En casos excepcionales, como ocurre con los previstos en los artículos 150, numeral 10, 212, 213,  215 y 241 de la Constitución, el Presidente puede quedar extraordinariamente investido de facultades para expedir decretos con fuerza de ley, pero, como el poder de legislar no le compete, en los aludidos eventos el poder presidencial no se extiende a sustituir al Congreso, ni se trata de una investidura legislativa general, amplia, indefinida o implícita, sino que sus atribuciones están clara y precisamente delimitadas por la misma Constitución, y en el caso de las facultades extraordinarias, por la ley habilitante.

El artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 otorgó al Presidente facultades extraordinarias. Fueron, pues, unas facultades de origen constitucional y no simplemente legal. Sin embargo, mediante esa norma no se abrogó el postulado de la cláusula general de competencia, y por tanto, las atribuciones excepcionales de las que se trató tenían por objeto específico y estricto la implementación de lo expresamente pactado entre el Gobierno y las Farc en el Acuerdo de Paz del 24 de noviembre de 2016. Nada menos, pero -con arreglo a la Constitución- nada más.

De modo que esa habilitación legislativa, que ya venció -era de 180 días-  no debía ser entendida como investidura legislativa general, ni como poder omnímodo. Por el contrario, se estaba ante un ejercicio de poder relativo, restringido y doblemente controlado: por el Congreso en lo político y por la Corte Constitucional en lo jurídico. Un entendimiento  abierto, permisivo o  complaciente acerca del alcance de esas atribuciones llevaría necesariamente a un desbarajuste de la estructura constitucional de la República.

De allí que la Corte Constitucional, cuando examinó el precepto habilitante, haya sido enfática en afirmar su carácter delimitado y circunscrito a la materia en él enunciada. Lo que se espera, entonces, es que mantenga ese acertado criterio al estudiar, en ejercicio del control automático de constitucionalidad, el cúmulo de decretos leyes que lo desarrollan y que han sido llevados a su conocimiento. 

Así que, frente a las muchas y extensas disposiciones expedidas por el Presidente cuando ya expiraban las facultades extraordinarias que tuvo por seis meses, no podemos menos de recordar que el Gobierno carecía en ese momento, como carece hoy, de facultades indefinidas y de poder legislativo para sustituir al Congreso. Y confiar en fallos imparciales y estrictos, que -sabemos-  habrá de proferir la Corte Constitucional.

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Por: Guillermo García Realpe.- Recientemente junto a varios senadores de la Comisión Primera, el Ministro del Interior Guillermo Rivera, los viceministros de Defensa y Agricultura, autoridades militares, representantes del Gobierno departamental de Nariño y varios alcaldes del litoral pacífico nariñense, sostuvimos un importante encuentro en Tumaco, con el fin de abordar las múltiples problemáticas que hoy afronta no sólo la perla del pacífico, sino también los municipios adyacentes que comparten las mismas necesidades sociales y económicas. 

Se escucharon los planteamientos de los mandatarios locales, quienes reclamaron mayor presencia del Estado colombiano, para que a través del gobierno nacional se ejecuten programas y políticas públicas que permitan minimizar la brecha social que hoy  tiene esta región frente al resto del país.

En ese orden de ideas, se hizo una evaluación por parte de las entidades nacionales, regionales y locales sobre la temática de Tumaco, fundamentalmente, para seguir trabajando permanente e integralmente con enfoque territorial en este municipio, el segundo puerto en importancia sobre el Pacífico colombiano.

Tumaco, con una población que supera los 200 mil habitantes, es un municipio critico a nivel nacional y prácticamente de  lo que pase en Tumaco depende la Paz de Colombia, por lo tanto, salimos motivados de la sesión descentralizada de la Comisión Primera del Senado, pero, a seguir en la tarea de acompañar a sus alcaldes en las gestiones ante las entidades nacionales, para buscar gestiones que permitan la inversión de recursos significativos en todos los frentes.

Hay que reconocer que son muy complejos los problemas de Tumaco, entre ellos, la coca, el narcotráfico, la marginalidad, la pobreza, la presencia de bandas criminales, la debilidad institucional y la falta de oportunidades de ingreso para la gente, son factores que alimentan un conflicto social y que por ende no se deben ocultar, sino enfrentar con todo el apoyo del Gobierno.

La coca llegó al litoral pacífico nariñense a finales de la década de los noventa y con ella llegó la violencia y con la coca llegaron los actores armados, entonces acabar con la coca debe ser una prioridad para el Gobierno, pero acabar con esto, no significa desconocer el origen en las  precariedades socioeconómicas que se viven en esta zona del país para que este tipo de cultivos crecieran a la manera como han crecido, pues se estima que de las 30 mil hectáreas que hoy existen en Nariño, 18 mil están en territorio tumaqueño.

La inseguridad del puerto, es otro tema que preocupa a la ciudadanía, según cifras oficiales, en lo corrido del año ya van 86 homicidios frente a 54 ocurridos durante el 2016, hay 14 policías por estación, por ejemplo, municipios como Barbacoas, con 36 mil habitantes no llega  a veinte uniformados policiales.

Por eso, para contrarrestar este flagelo, el Ministro del Interior, anunció que ya se ha avanzado en la creación de un cuerpo élite para perseguir el crimen organizado, se va desarrollar un plan piloto de ese esfuerzo combinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en dos municipios de Colombia, uno Buenaventura y el otro Tumaco.

También se ha anunciado que ya está en marcha el plan de sustitución de cultivos, que según cálculos, tendría un costo de $720 mil millones. Así mismo, el proyecto de reforma al sistema general de regalías está a un debate de ser Ley de la República y permitirá invertir cerca de un billón y medio en vías terciarias, y a Tumaco y a los demás municipios les va a corresponder una proporción muy importante para ejecutar recursos en esta materia.

Las circunscripciones de Paz, en zonas con múltiples fenómenos como cultivos ilícitos, pobreza extrema, aislamiento por la ausencia de vías de comunicación, debilidad institucional y una serie de problemas más, va a permitir que estas comunidades tengan un Representante más a la Cámara, para que sea su vocero y el encargado de velar para que las inversiones del Estado lleguen a los territorios históricamente excluidos.

Por último el Plan Todos Somos Pacífico, con 400 millones de dólares se debe convertir en el vehículo para que todas estas inversiones sociales lleguen gradualmente no sólo a Tumaco, sino también a Buenaventura, al resto del litoral  pacífico y desde luego a los municipios de López de Micay, Santa Bárbara de Timbiquí y Guapi de la costa Pacífica caucana, los cuales ocupan el 28% del área total del departamento del Cauca.

El futuro en el corto y mediano plazo, será y debe ser mejor, el posconflicto tiene enormes retos por delante y esperamos que regiones olvidadas como estás tengan un mejor porvenir y en este propósito seremos un aliado incondicional.

@GGarciaRealpe     www.GuillermoGarciaRealpe.com

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Esta semana es crucial para Colombia y para el mundo. La Farc, el grupo guerrillero más viejo del continente, terminará de entregar las armas a la ONU. Más allá de sentir que este proceso es un paso tremendamente significativo en la construcción de la paz, es un hecho que enriquece la posibilidad de vivir en una sociedad menos violenta.

El conflicto armado de nuestro país, uno de los más complejos y terribles de la historia de la humanidad, tuvo un costo enorme, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo sociocultural y, desde una perspectiva íntima y cotidiana, en lo personal de varias generaciones.

Queramos o no, ese poder de fuego cedido a los garantes de la ONU, no entendido aún por completo por las mayorías, por el ataque mediático y desesperanzador de unas minorías viudas del conflicto armado, es un paso muy importante para instaurar una Cultura de la Paz en Colombia.

No solamente porque existe el control y la destrucción de ese armamento, como lo señalan los especialistas, sino porque van a construirse nuevas visiones del mundo, después de 52 años asfixiados por el discurso de la violencia.

De hecho, se escucha el balance de lo que significará este paso decisivo para todos los colombianos, donde se destacan las cuentas del horror: índices de homicidios, secuestros y emboscadas, el número de las víctimas y  desplazados, un tema triste, pero que es del pasado para que no vuelva a ocurrir y a cambio: el paso para organizar las instituciones, brindarle al campesino oportunidades en la producción de alimentos y así llegar al aumento del PIB, que es la nación que nos merecemos.

Claro está, este proceso es novísimo para todos los colombianos. Observar el país desde la perspectiva de la paz, desde el reto de ir más allá de lo político como negociación a lo político como realización, implica cambios, otros balances, otras perspectivas.

Pero desarmar ese contingente de guerreros es un cambio emblemático para los colombianos y el mundo entero. Ellos van a buscar su espacio en la sociedad política, desde el contexto de los consensos y los disensos, porque el postconflicto, desde el punto de vista político, no sólo representará la incorporación de este grupo a la sociedad desde ahora, sino el concurso de otras voces. Voces que ha silenciado, primero las desigualdades sociales, segundo la diversidad, que nos acerca y separa como ciudad y provincia y, luego, la inexistente presencia del estado, cuya deuda es tan grande como las consecuencias del más viejo conflicto armado de la región. 

Como colombiano celebro este significativo paso, sin dejar de estimar las críticas constructivas y las alabanzas innecesarias, porque no puede haber una Cultura de la Paz y menos de la Verdad, el Perdón y la Reconciliación, si lo que separa a un ser humano de otro, es su poder de fuego. 

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Por Rudolf Hommes.- Curiosamente a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales los consejeros de los aspirantes a la presidencia les están aconsejando que es prematuro declarar su candidatura y la mayoría de ellos les han hecho caso, a tal punto que todavía no tenemos una idea clara de qué piensan o qué proponen. El mismo Germán Vargas que es candidato desde hace más de cuatro años posa ahora de no serlo, más aún, de no tener partido, y se ha puesto misterioso sobre sus intenciones.

En ese ambiente de impostura y aparente indefinición resultó refrescante la entrevista que le concedió Humberto de la Calle a Hugo García y Lorena Arboleda de El Espectador el 17 de junio en la que sin declararse candidato, para no desentonar, dejó sentadas las bases de cuál sería su filosofía de gobierno. De la Calle es un precandidato singular porque está entre los primeros en las encuestas en términos de su aceptación y reconocimiento pero no en intención de voto.

Los políticos no creen o no quieren que sea candidato, pero sus posibles adversarios en los partidos de la coalición de gobierno le tiran mucho rayo, lo cual es indicación de que no les gustaría tenerlo como rival. Una de las razones de ese temor puede ser porque tiene cualidades que otros no tienen, entre las que se destaca su capacidad de mediar y obtener resultados. Esto no se refiere exclusivamente a su actuación reciente en las negociaciones con las Farc sino también al papel decisivo que desempeñó como representante del gobierno en la Asamblea Constituyente en 1991.

No solamente es una persona sensata, con capacidad para entender a otros, sino para tomar decisiones difíciles y valientes cuando es necesario. La entrevista también revela que tiene claridad política y es fácil prever qué haría De la Calle como gobernante. 

Esta es en pocas palabras una propuesta de gobierno abiertamente progresista y liderada por un dirigente al que le preocupa que “hay un exceso de odio en Colombia y una degradación de la reflexión política. Hemos reemplazado la reflexión por el insulto.” En lugar de refutar un argumento se trata de aniquilar a quien lo emite. Lo que se necesita es recuperar la sensatez y buscar una genuina reconciliación. La guerra con las Farc concluye con la entrega de las armas y lo que se debe emprender en un pacto de no violencia para no volver a caer en lo mismo.

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Por Mauricio Cabrera.- Asombra pero no sorprende el anuncio de los dos expresidentes de conformar una coalición para las elecciones presidenciales del 2018. Asombra ver juntos y deponiendo sus egos a dos antiguos enemigos políticos, que se atacaron e insultaron mutuamente con agresividad e inquina. No sorprende, porque ya se habían juntado en la campaña del no, y porque para ambos es más fuerte su envidia y odio contra Santos que sus propias rencillas personales.

En principio esta coalición no le aporta mayor cosa a la fuerza política del Centro Democrático, antes le podría restar, porque es muy exigua la cauda electoral del expresidente del Caguán y muy grande su desprestigio, pero su objetivo es conformar una coalición mucho más amplia con todos los grupos políticos y religiosos que se unieron en la campaña del no a la paz y llegar con un solo candidato a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

No les va a quedar fácil escoger al candidato único pues es muy amplio el abanico de precandidatos, y más si se integran a la coalición el destituido exprocurador o Marta Lucia Ramírez. Lo que les resultará mucho más fácil es nombrar al gerente de la campaña pues ahí tienen a Juan Carlos Velez para que intente repetir con el mismo éxito la estrategia de desinformación y mentiras con las que se provocó la indignación de la gente para que “saliera a votar verraca” por el no en el referendo.

De todas maneras el anuncio de esta santa alianza de la derecha colombiana empieza a aclarar un poco el todavía confuso panorama de las próximas elecciones y les exige a los demás partidos políticos definir sus estrategias y posturas para conformar sus respectivas coaliciones, pues lo que hace evidente es que ningún partido, ni siquiera el CD, tiene la fuerza suficiente para pasar solo a la segunda vuelta de las elecciones sino que es indispensable juntar fuerzas.

Frente a la derecha, son tres los sectores políticos que deben definir su estrategia de alianzas. El primero, los partidos de la coalición de gobierno, el Liberal y el de la U, que buscan posicionarse como la alternativa para defender el proceso de Paz y que necesitan aceptar una consulta interpartidista si quieren tener un candidato único. Segundo, Germán Vargas, que es la continuidad del gobierno, pero a quien no le gusta el proceso de Paz. Tercero, un heterogéneo grupo de líderes alternativos de centro izquierda (Clara y Claudia López, Fajardo, Robledo y Navarro) que también apoyan el proceso de Paz, pero que se oponen a muchas otras políticas del gobierno y tienen la bandera de la anticorrupción.

El que está en una posición más difícil para hacer alianzas es Vargas, pues su oposición al proceso de Paz lo aleja de los otros dos sectores del centro-izquierda, y su cercanía a Santos lo aleja de la coalición derechista del no. Si mantiene esa ambivalencia acabará yendo solo a la primera vuelta, lo que le reduce sus posibilidades de pasar a la segunda. 

Pero los otros dos sectores tampoco la tienen fácil: el de la coalición oficial por la bajísima popularidad del gobierno y la campaña de odio y desprestigio que ya ha montado la derecha, y el de los alternativos por las diferencias ideológicas y programáticas entre sus líderes. En la segunda vuelta seguramente se volverán a unir estos dos sectores para enfrentar la coalición de la derecha como lo hicieron en el referendo; si lo hicieran antes de la primera vuelta podrían incluso ganarla, pero esto es pensar con el deseo.

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