Opinión

Por: Jorge Enrique Robledo @JERobledo.-Se pueden tener distintas valoraciones de la Alcaldía de Enrique Peñalosa. A unos les parecerá buena y a otros, mala; unos pueden desear que concluya su mandato y otros que sea reemplazado por otro, convocando a nuevas elecciones. Pero debería coincidirse en respetar los criterios democráticos y legales consagrados en la propia Constitución y que señalan que debe convocarse a los bogotanos a votar, sí o no, la revocatoria del alcalde.

Con el respaldo de esa legalidad numerosos ciudadanos de todos los orígenes le entregaron a la Registraduría 700 mil firmas para que se convoque a votar a favor o en contra de la revocatoria, el 260 por ciento más de las necesarias, a las que se les sumarán otras muchas antes de que termine el plazo para recogerlas. La gran facilidad de la recolección de las firmas se explica por un hecho indiscutible: según todas las encuestas, a Peñalosa lo rechaza entre el 75 y el 80 por ciento de los bogotanos, el alcalde colombiano peor calificado por la ciudadanía, a pesar de contar con el respaldo político de 35 de los 45 concejales del distrito, el 78 por ciento del total, incluidos todos los de la Unidad Nacional y el Centro Democrático que, para estos efectos, como para tantos otros, no tienen discrepancias. Cómo será de mala la gestión de Peñalosa, que no lo respaldan ni los electores de los concejales que disfrutan de su administración.

Pero una vez quedó en evidencia que Peñalosa sería derrotado si se vota la revocatoria, la élite política y de los grandes negocios que lo respalda, los mismos que han mangoneado en Colombia desde hace décadas, en vez de salir al debate en defensa del alcalde genio que, según ellos, tiene Bogotá, decidieron romper las reglas del juego legal y democrático, para lo que contrataron un abogado que le diera apariencia de legalidad a una decisión ilegal del Consejo Nacional Electoral. No es casual, por supuesto, que la engañifa se desarrolle sobre el cálculo de que el 90 por ciento de los consejeros electorales militan en los mismos grupos políticos que se reparten el presupuesto de Bogotá.

La primera y aberrante ilegalidad de la élite peñalosista consistió en cambiar las reglas del juego de la revocatoria en medio del proceso, porque este empezó en enero de 2017 y sus promotores ya cumplieron con los requisitos de ley. También es ilegal que un organismo técnico y operativo como el Consejo Nacional Electoral se arrogue el derecho reglamentario que el Artículo 152 de la Constitución le reserva al Legislativo, al señalar que “mediante leyes estatutarias el Congreso de la República regulará… (las) instituciones y mecanismos de participación ciudadana”. Luego a lo que aspiran es a que el Consejo Electoral se extralimite en las funciones que le son propias y usurpe las de otro organismo del Estado.

De otra parte, es falso que en la exposición de motivos del trámite de la revocatoria no se den las razones de ley para adelantarla. ¿No es manifiesta la “insatisfacción general de la ciudadanía”, que exige el Artículo 65 de Ley 160 de 1994? Y ese repudio, más el deseo de revocarlo, se explica porque la Alcaldía de Peñalosa le provocará daños gravísimos e irreparables a Bogotá, tales como destruir la reserva natural Van der Hammen para enriquecer a algunos, imponer el Transmilenio con los criterios de un vendedor de buses, disparar la valorización y los impuestos y ofrecer el peor metro imaginable para la ciudad. Y también son causales de revocatoria la privatización de la ETB y la EEB, porque eso no aparece en el programa de gobierno con el que ganó la Alcaldía, o no cumplir con varios de sus compromisos como candidato.

Con esta maniobra en contra de los derechos de los bogotanos, que viola la Constitución y la ley, y nada menos que sobre los derechos políticos ciudadanos, se confirma lo poco democráticos que son los mandamases de Colombia, aun cuando posen de lo contrario. Y es la aplicación de un truco que cada vez se utiliza más en el país: los funcionarios no interpretan las normas de buena fe y con descaro les espetan a quienes les reclaman: “Si no le gusta, demande –con todas la dificultades que ello implica–, pero mientras tanto me aplican la norma porque mis actos tienen presunción de legalidad”. He aquí otra manera de retar a la ciudadanía, a la que le violan sus derechos. Que esta nueva manguala se convierta en otro argumento para acrecentar la idea de cambio que recorre al país.

Coletilla: Calculados para el engaño han sido los balances de los neoliberales sobre los cinco años del TLC con Estados Unidos. Para la verdad total: http://bit.ly/2qn2Sdh. Y es falso que cerrar las listas a las corporaciones ataque la corrupción: porque si hay X indeseables en una lista abierta y esta se cierra, habrá el mismo número de indeseables ocultos en una lista cerrada. 

Bogotá, 19 de mayo de 2017.

Por Juan Manuel Galán.-Muchos han dicho que la política pública es “lo que hace el gobierno“. Otros, afirman que es únicamente aquello que está dirigido a la búsqueda de un bien general. La política pública debe ser el resultado de la intención de quien lidera un proyecto político nacional, de dar respuesta a un problema sentido por su electorado, a través de las agencias públicas de su gobierno.

El centro de esta definición, es que se debe responder a un problema percibido por el electorado, lo que implica que el gobierno debe ser sensible a las demandas sociales y en particular, que debe abrir canales de acceso para comunicarse con ciudadanos y votantes. Asuntos como estos, fueron abordados por el reciente Informe sobre desarrollo mundial 2017, del Banco Mundial, que analizó los procesos de gobernanza y el por qué algunas políticas dan buenos resultados y otras no.

Especial mención merece dentro del documento, asuntos como la distribución desigual del poder que obstaculiza la eficacia de las políticas y la ausencia de compromisos reales por parte de líderes políticos.

En relación con la desigualdad, ya tenemos varios diagnósticos en Colombia. Si se adopta el Gini, nuestro país es el segundo más desigual de América Latina, según cifras del Banco Mundial (2014). Este es un tema grave, porque muestra asimetrías en el poder, que son la razón por la que determinados grupos y personas quedan excluidos de los estímulos de la ley y de los beneficios de la participación en políticas públicas.

Necesitamos garantizar que las políticas se apliquen impersonalmente, no más proyectos con nombre propio. Para eso, hay que ampliar los canales de comunicación con los ciudadanos para diseñar y ejecutar políticas, en otras palabras, garantizar más ojos encima del diseño normativo.

Solo a través de la experiencia ciudadana, de su día a día, de su relato sobre los obstáculos con que se encuentra para acceder a la escuela, conseguir trabajo, recibir atención médica, entre otros, se asegurara que las políticas partan de la evidencia real y no de gaseosas o trasnochadas ideologías. 

Para terminar, es necesario aumentar la capacidad de los líderes políticos  para comprometerse con las demandas sociales. Esto va directamente relacionado con acabar prácticas políticas tradicionales  como la captura y el clientelismo en los procesos institucionales. Es necesario también, más ojos encima de cada candidato y que quienes menos influencia tienen en política, sean parte de ella.

Por Ariel Ávila.- La mayoría de los sectores políticos colombianos, incluido el que gobierna Colombia, toma las decisiones basado en lo que podría pensar la oposición del expresidente Álvaro Uribe. Esto no solo ha llevado a un bloqueo en materia legislativa y de política pública, sino sobre todo a la toma de decisiones contradictorias que han puesto en jaque asuntos claves de la vida nacional, entre ellos, la implementación del proceso de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos había tomado la decisión de liquidar políticamente al Centro Democrático, partido que agrupa a los seguidores del expresidente Uribe. Para ello creó un escenario en el cual la derrota se daba al tercer round. El primero, se produjo en las elecciones de 2014, en ese momento el candidato de Uribe fue derrotado en la segunda vuelta presidencial. El segundo, se desarrolló en 2015, en las elecciones locales y regionales. Allí el uribismo logró solo 56 alcaldías de las 1.122 que tiene el país, es decir, una derrota estruendosa.

El tercer round fue el 2 de octubre de 2016, es decir, el plebiscito por la paz. El presidente Santos quería asestarle el golpe definitivo al uribismo y mandarlo al baúl de los recuerdos. Sin embargo, una mala estrategia comunicativa, una desinformación inmensa, acompañada de la ausencia de pedagogía para la paz, llevaron a la derrota del Sí y con ello revivieron al uribismo. A un año de elecciones presidenciales la actual coalición de gobierno no sabe cómo tomar decisiones y su único cálculo es no molestar al uribismo para evitar confrontaciones públicas.

El expresidente Álvaro Uribe logró aglutinar alrededor de su proyecto político, a sectores radicales religiosos, que veían en los avances de minorías sexuales y derechos de la mujer una amenaza a sus principios de vida. El matrimonio entre parejas del mismo sexo, la posibilidad de la adopción para estas parejas, la equidad de género y hechos, como el nombramiento de dos ministras lesbianas durante la administración Santos provocó una reacción conservadora. Con la falacia de la ‘ideología de género’ que traería el proceso de paz, miles de miembros de iglesias protestantes y católicos votaron contra algo que no existía. Igualmente aglutinó elites locales, principalmente rurales, muchas de ellas ligadas a la ilegalidad, que se habían beneficiado del despojo de más de 7 millones de hectáreas cometido contra campesinos y que terminaron en manos de terceros, muchos de ellos políticos y ganaderos. Y también aglutinó sectores urbanos que detestaban a las FARC y no gustaban del proceso de paz.

Este acumulado político suma cerca de 6 millones de votantes, de los 18 que seguramente sufragarán en 2018. Una parte importante del pastel. El uribismo le apuesta al fracaso del proceso de paz, ya que será su bandera política. Mientras tanto el gobierno colombiano ha caído en el círculo vicioso, o la trampa que le han tendido. Muchas decisiones importantes y urgentes para la implementación del proceso de paz, no se toman por miedo a la reacción del uribismo, condenando, así al fracaso del proceso de paz y con ello contribuyendo a la victoria del Centro Democrático.

Tres ejemplos son importantes. El primero, es que el proceso de reincorporación de las FARC quedó mal negociado. A mandos medios de las FARC, que manejaron centenares de hombre y miles de millones de pesos, se les están ofreciendo cerca de 280 dólares mensuales por dos años y un proyecto productivo por 3.000 dólares por una sola vez. Algo absurdo para mandos que tuvieron mucho poder en épocas de conflicto. Las posibilidades de reincidencia son inmensas, y aunque los expertos lo han advertido y funcionarios del gobierno lo aceptan en privado, nadie toma una medida para corregir este error.

Igualmente el modelo de Justicia Transicional que se aprobó en el marco del proceso de paz, fue modificado. El uribismo y algunos partidos de la coalición de gobierno se aliaron para evitar que empresarios y políticos que patrocinaron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado entraran al modelo de justicia y por ende quedaran en la impunidad. Los denominados terceros lograron la impunidad gracias a una jugada política realizada casi a medianoche en el Congreso de la República.

Pero tal vez el ejemplo más visible del miedo que gobierna a Colombia tiene que ver con la reforma agraria. De la propuesta inicial no queda ni el recuerdo. Nuevamente el empresariado rural, con algunos beneficiados por el despojo de tierras a pequeños campesinos, arrinconó al gobierno y lo obligó a modificar el proyecto de decreto. Además lo poco que se salvó, será enviado al Congreso, donde seguramente no se aprobará nada. La elite rural, de mayoría uribista, obligó al gobierno a convertir la reforma agraria en una gran frustración política.

Por José Gregorio Hernández.- “Las normas existen y deben ser aplicadas por la Rama Judicial”. Como el Acuerdo de Paz se incorporó al bloque de constitucionalidad, y el Congreso ha venido aprobando, con gran rapidez -vía ‘fast track’- y sin deliberación ni estudio, toda una cascada de reformas constitucionales y de leyes, sin que los colombianos hayamos tenido oportunidad de estudiar y discutir los proyectos, ni de evaluar en toda su dimensión las reformas introducidas, y como además la última palabra la tiene siempre la famosa Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz, lo cierto es que en este momento existen nubes grises que impiden establecer con claridad cuáles normas de la Constitución de 1991 están vigentes y cuáles no, o cuáles han sido adicionadas  o condicionadas por todas esas disposiciones y “micos” que vienen siendo pasados sin debate. 

No obstante, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, es claro que los derechos fundamentales y sus garantías -que hacen parte de la esencia de la Constitución- no pueden ser afectados por el Acuerdo de Paz, ni cabe tramitar en esa materia reformas a la Constitución por la el procedimiento ‘fast track’. Ello excedería el campo restringido que el Acto Legislativo 1 de 2016 atribuyó a ese trámite expedito, únicamente alusivo al desarrollo de dicho Acuerdo. Por esa razón, el artículo 1 del Acto Legislativo señaló que el Procedimiento que han denominado ‘fast track’ se plasmó únicamente  “con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria…”. 

Ocurre que al Ejecutivo, en especial al Ministro del Interior -en algún momento desautorizado al respecto por el Presidente de la República-, le parece que en el ‘fast track’ todo cabe, aunque la Corte Constitucional ha dicho lo contrario. Ahora se informa, por ejemplo, que el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de reforma política que incluye varias disposiciones que en nada guardan relación con el Acuerdo de Paz. 

Entre las normas proyectadas se encuentra una que autoriza al Consejo Nacional Electoral que se creará -autónomo frente a la Rama Judicial- para ejercer funciones de policía judicial, vigilar las campañas, ordenar interceptaciones telefónicas, intervenir cuentas bancarias y hacer un control en tiempo real de las elecciones para evitar fraudes. 

El fraude electoral es, desde luego, una conducta corrupta que ha causado mucho daño a la política colombiana y que, por tanto, debe ser investigada y sancionada con todo rigor, aplicando las normas penales vigentes. Pero es la jurisdicción ordinaria -la Fiscalía General y los jueces penales- la llamada a investigar y juzgar a quienes resulten involucrados en aquella, en cualquier elección. Las normas existen y deben ser aplicadas por la Rama Judicial. Confiar esas funciones a un órgano como el Consejo Electoral, que no tiene función judicial, sería violatorio de los principios constitucionales vigentes, que, para las interceptaciones de comunicaciones, exige orden judicial, motivos y procedimientos señalados por la ley. Si semejantes disposiciones fueran incluidas en Acto Legislativo, implicarían una sustitución de la Constitución, y tendrían que ser declaradas inexequibles. 

Pero, además, no se ve la relación de esas disposiciones con el Acuerdo Final, ni la razón para sustraer la función de las que corresponden constitucionalmente a la jurisdicción ordinaria; ni hay motivo válido para romper la unidad que debe existir en materia judicial; y menos para tramitar las reformas por la vía del ‘fast track’, excediendo su campo propio y vulnerando el Acto Legislativo 1 de 2016.

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Cualquier persona que se informe acerca de la política de Estados Unidos a través de los más respetados periódicos y medios internacionales ha visto abundantes noticias que llevan a la conclusión de que los 100 primeros días de la presidencia de Trump han sido caóticos, plagados de errores y contradicciones, que son enormes las mentiras que se propagan desde la Casa Blanca y que el presidente no ha cumplido sus promesas de campaña.

Unos cuantos ejemplos de las mentiras de Trump: que el número de personas en su inauguración fue el más grande de la historia, que Obama hizo chuzar sus teléfonos, que hubo fraude electoral por millones de votos de inmigrantes ilegales, o que su campaña no tuvo relaciones con los espías rusos. El más reciente y grave de todos, el despido del director del FBI por ser incompetente, cuando la razón real era que estaba investigando sus relaciones con los rusos.

Cuando fotos, videos y estadísticas han demostrado la falsedad de las afirmaciones del presidente y sus voceros, la respuesta no ha sido aceptar el error sino afirmar que ellos tienen “hechos alternativos”, y que se mantienen en sus opiniones.

En cuanto a sus promesas de campaña, en particular la de proteger y ayudar a los trabajadores blancos perjudicados por los inmigrantes, China y el libre comercio, la verdad es que la orientación de su gobierno es mucho más pro-ricos en contra de los intereses de los trabajadores. Una ley de salud, para reemplazar el Obamacare, que dejará sin protección a 24 millones de los más pobres; una reforma tributaria para reducir los impuestos del 1% más rico, incluyéndose a él mismo.

Y están los conflictos de interés y los escándalos éticos por promover sus negocios y los de sus hijos desde la Casa Blanca, o permitir que sus hijas y yernos aprovechen sus nexos familiares para hacer negocios con inversionistas extranjeros. Eso sí, hasta ahora ninguno ha promovido una zona franca.

Sin embargo, a pesar de toda la evidencia presentada y de los hechos incuestionables publicados en los medios, la popularidad de Trump sigue intacta, solo ha perdido unos cuantos puntos en las encuestas de opinión, e inclusive algunas indican que si las elecciones se repitieran hoy, Trump no solo las ganaría sino que conseguiría más votos. ¿Cómo explicar que los hechos y las percepciones vayan en direcciones tan diferentes?

La explicación superficial es que los grandes medios han perdido influencia en la opinión pública, pero hay razones más de fondo que son motivo de análisis entre politólogos y sicólogos. Una, que la fe y las creencias no se cuestionan con hechos que las contradicen y dos, que la repetición de mentiras las convierte en verdades, porque el gran enemigo de la verdad no es la ignorancia sino la ilusión de tener la verdad.

Son fenómenos antiguos, pero en la era de la posverdad se han vuelto más relevantes y por eso los partidarios de Trump prefieren creer lo que se repite muchas veces en los tweets y no los análisis y reportajes de los medios tradicionales.

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ADENDA: Se cumplen 20 años de impunidad por el atroz asesinato de Mario Calderón y su esposa Elsa, lideres ambientalistas y defensores de derechos humanos. Fueron ellos parte de los miles de caídos dentro el plan sistemático y generalizado de los paramilitares y la extrema derecha contra la población civil. Por eso la Fiscalía acaba de declararlo crímen de lesa humanidad y se mantiene la esperanza de que haya justicia pues no prescribirán.

Por Horacio Serpa.-Podemos ser Católicos, Evangélicos o ateos. También podemos ser liberales o conservadores, en el sentido genérico de las palabras. Según la Constitución somos un Estado laico, con libertad religiosa y tenemos un sistema político democrático. Pero una cosa es la religión y otra bien distinta es la política.

Con ocasión del debate sobre el referendo para definir aspectos de la adopción de niñas y niños abandonados, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, surgieron conceptos que dividieron la opinión de los miembros de esta célula legislativa y los criterios partidistas. Lo mismo pasó entre los ciudadanos, que asumieron posturas diversas y contradictorias posiciones. La discusión del asunto se volvió debate de interés nacional, como pocas veces, lo cual permitió identificar a Tirios y a Troyanos más allá de su filiación política o de su indoctrinarismo.

Lo democrático y constitucional es rechazar la discriminación. Por eso no es viable permitir a unos adoptar y a otros no. Pero, como lo dije en el debate general del Senado, no resulta dable convocar a las mayorías para que opinen sobre los derechos de las minorías. De ahí lo sofístico del argumento del Centro Democrático cuando manifestó que apoyaban la  realización del referendo porque es un instrumento de participación ciudadana, pero de realizarse irían en contra de la pregunta.

A veces el debate llegó a la intolerancia y se tornó religioso, lo que es absurdo. La Biblia es el Libro que inspira a toda la cristiandad y sus enseñanzas y principios son directrices para el buen vivir y elementos prácticos para la convivencia, aún en la diferencia. Cuando fui Gobernador de Santander firmé una ordenanza por medio de la cual se adoptó la celebración del Día de la Biblia, que ha tenido continuo cumplimiento y ofrecido excelentes resultados en materia de libertad e igualdad religiosa.

Es peligroso exacerbar el radicalismo religioso, como ocurrió en la época de la violencia durante el siglo pasado, con catastróficas consecuencias que seguimos sufriendo. Jesús no discriminaba, era amable, paciente y tolerante y, como lo dijera Juan, no juzgaba a la gente sino que quería ayudarla a conocer a Dios y todo lo que hacía era porque amaba a las personas.

Viudos y viudas, solteros, divorciadas, que todos puedan adoptar. Lo mismo las parejas homosexuales que han sido reconocidas por el constitucionalismo y cada día tienen mayor aceptación social, como debe ser. Todas y todos pueden ofrecer amor y dar bienestar a miles de niñas y niños desamparados, lo cual es democrático, liberal y cristiano.

No es conveniente avanzar en las rencillas teológicas ni utilizar a  Jesús para enfrentar a los colombianos. “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen”. 

En la política confrontemos tesis, busquemos sanamente el apoyo ciudadano, abramos espacios de tolerancia, propiciemos la paz y veamos la mejor manera, cada quien con su camiseta y sus propuestas, de darle a todas las familia un mínimo digno de confort,  bienestar y convivencia. Es obligación de todos.

Por Jorge Gómez Pinilla.- ¿Qué pasaba por la cabeza del coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo cuando en 2002 le confesó a una productora del Grupo Prisa de España que estando frente al cadáver de Pablo Escobar robó su pistola, según reveló Daniel Coronell en su columna del domingo pasado? Sin ánimo de ofender, solo encuentro una explicación posible: se requiere tener mentalidad de ‘traqueto’ para alardear ante una mujer de haber cometido un delito.

Esa misma mentalidad de traqueto habría sido la que utilizó para conquistar en 2004 la gobernación de Santander en estrecha alianza con el bloque Central Bolívar de las AUC, si hemos de creerle a la condena a nueve años de prisión que le impuso la Corte Suprema, y a las cosas que contó el coronel Juan Carlos Prieto en Los Informantes de Caracol (“los paramilitares presionaban a la población para que votaran por él”), con el saldo ya conocido: se le acabó la carrera militar a Prieto, mientras a Aguilar se le abrieron las compuertas de la política y la riqueza material, y hoy se expresa como si fuera un prócer de la patria, al mejor estilo ‘Popeye’.

Es pertinente preguntarse por qué en la campaña electoral anterior Hugo Aguilar lanzó candidato propio a la gobernación (Carlos Fernando Sánchez) y se desplazaba por todo Santander con nutrida escolta de la Policía Nacional, siendo que no había acabado de pagar la totalidad de la pena pues se hallaba en libertad condicional, o sea que seguía en calidad de interdicto y en tal medida estaba inhabilitado para el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Ahora no solo tiene que dar más de una explicación, sino acabar de rendir sus cuentas ante la justicia, en consideración a que la Procuraduría General de la Nación –a raíz de una primera publicación hecha por la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo-  pidió revocar la libertad condicional del reo al considerar que violó el deber de buena conducta cuando mintió al decir que carecía de capacidad económica para pagar una multa. (Ver noticia).

Alguna forzada explicación intentó dar el coronel en entrevista al periódico conservador El Frente, donde afirmó que manejaba un lujoso Porsche de 300 millones porque se lo llevaba al tipo que se lo compró el año anterior, pero no había acabado de secarse la tinta de ese diario cuando Leszli Kálli mostró fotos de una casa de 4.500 millones de pesos que su cónyuge, Mónica María Barrera Carreño, construye en Ruitoque sobre un lote de 1.084 metros cuadrados, cuyo avalúo está en 1.600 millones. No sobra aclarar que es su tercera esposa, quien nunca ha trabajado o adelantado una actividad económica que le permita justificar semejante capital.

Esto demuestra a las claras que el coronel Aguilar sí dispone de bienes para pagar la multa de 6.400 millones que la justicia le impuso. Como se sabe, él hizo un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas para abonar 500.000 pesos mensuales, lo cual se traduce en que solo le faltan 1.056 años para acabar de cubrir la deuda. Se trata de una burla descarada, tanto a la justicia como a las víctimas, y es cuando el espectador desprevenido se pregunta cómo hizo una persona condenada por paramilitarismo para acumular tanto poder político y tan cuantiosa fortuna económica, primero con su sueldo como oficial de policía y luego como gobernador de Santander.

Con motivo de la publicación arriba aludida le envié por Twitter un DM a Diana Giraldo, donde la felicité por las fotos que encarrilaron tan contundente investigación y le pregunté si creía que eso tendría algún efecto jurídico, en cuanto a lograr que el hombre pagara al menos parte de la multa y así contribuyera a indemnizar a las víctimas. La respuesta de Diana fue escueta y demoledora: “¡Gracias Jorge! Ojalá pase algo. Pero lo dudo”.

Ese “lo dudo” es fiel reflejo del pesimismo que cunde frente a una justicia que no tiene manos –y menos garras- sino guantes de seda para juzgar a tanto malhechor que por el simple hecho de haber conquistado determinada cantidad de votos (sin importar el método que hubiere empleado…), adquiere un prestigio que le sirve en parte para forjar alianzas con grupos criminales y en parte para tomarse fotos como esta (ver foto), de la que según fuentes bien enteradas Germán Vargas Lleras dijo que “es para que se la envíen a Serpa y vea el nuevo equipo de Santander”. Para entender el contexto de esa noticia, está este artículo de La Silla Santandereana.

Al día presente no sabemos si Vargas Lleras persistirá en mantener dicha alianza con el clan Aguilar, en función del mismo único objetivo por el que se alió con Kiko Gómez en Guajira: votos.

Sea como fuere, en este escenario de arenas movedizas adquiere carácter de urgencia hacer un llamado a la sociedad santandereana y a su dirigencia política, para alertar sobre la prestancia o el buen nombre adquiridos a punta de ‘pistola’. Venimos nadando en un mar contaminado por la presencia de mucho charlatán, delincuente o estafador con pose de caudillo. Es por eso que desde los linderos de la decencia ya es hora de asumir fortaleza jurídica y conciencia ética, hacia el noble propósito de sanear el ejercicio de la actividad política.

Para el caso que nos ocupa, se mantiene entonces el interrogante planteado desde el titular de esta columna: ¿quién le pone el cascabel al susodicho coronel®? 

DE REMATE: El senador Álvaro Uribe es tan de buenas que con motivo de la convención de su Centro Democrático –donde Fernando Londoño aclaró que no son centro sino histérica derecha- nadie le recordó que tiene un hermano preso por múltiples homicidios, paramilitarismo y concierto para delinquir. Por cierto: ¿resulta atrevido pensar que el apóstol Santiago estuviera también pensando en acogerse a la JEP…?

Por José Gregorio Hernández.-Que la Corte Constitucional tenga a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución tiene un profundo significado que a veces  pierden de vista las autoridades llamadas a cumplir sus fallos y, en algunos casos, hasta los mismos integrantes de la Corporación. Por eso es necesario, en especial cuando nuevos magistrados ingresarán a ella, recordar conceptos elementales sobre el sistema y acerca del papel que juega en nuestra democracia el control de constitucionalidad.

La existencia de un tribunal encargado de defender la Constitución, como se enseñó en Austria desde la época de Hans Kelsen -y como también se dijo desde las primeras constituciones colombianas del siglo XIX- se explica por la necesidad de sostener la vigencia efectiva de los fundamentos institucionales, políticos y jurídicos del Estado; los valores y principios en que se basaron los constituyentes; los derechos, garantías y libertades de los asociados.

Desde el Acto Legislativo 3 de 1910 ejerció tal función, hasta 1991, la Corte Suprema de Justicia, que dictaba sus sentencias de constitucionalidad en Sala Plena, con participación de los magistrados integrantes de las salas de casación civil, penal y laboral, sobre ponencias que elaboraba desde 1968 la Sala Constitucional, integrada por especialistas en Derecho Público. Además de este sistema de control abstracto -que recaía sobre las leyes y los decretos con fuerza de ley (decretos leyes, en ejercicio de facultades extraordinarias, o decretos legislativos, en desarrollo de las atribuciones propias de los estados de excepción) dictados por el Presidente de la República-, la reforma de 1910 había contemplado la excepción de inconstitucionalidad, prevista para casos concretos de incompatibilidad entre una norma inferior y la Constitución.

En la Carta del 91 se mantuvo en esencia el sistema de defensa judicial de la Constitución, si bien la función se sustrajo de la Corte Suprema y se confió a la Corte Constitucional, que ha venido actuando durante estos veinticinco años. La norma del artículo 241 de la Carta Política incluyó dentro de aquellos actos sujetos a control abstracto, además de las leyes y decretos con fuerza de ley, los reformatorios de la Constitución, los proyectos de leyes estatutarias, los tratados internacionales y las leyes aprobatorias de los mismos, cuya sujeción a la jurisdicción constitucional había sido objeto de permanente controversia. Y, frente a la recién creada acción de tutela, para la protección de los derechos fundamentales, se estatuyó la figura de revisión eventual de los fallos dictados en la materia por jueces y tribunales, con las finalidades de unificar la jurisprudencia y estructurar la doctrina constitucional, resguardando la dignidad de la persona y la vigencia de los derechos humanos.

Pues bien, para cumplir estas trascendentales tareas, el país requiere una Corte Constitucional cuyos integrantes, además de una muy exigente y sólida formación jurídica y de una gran experiencia, se distingan por su credibilidad y respetabilidad, por sus antecedentes sin mancha, por su compromiso con el imperio y la vigencia de la Constitución, por su comportamiento ceñido a los principios jurídicos, éticos y morales, y ante todo, por su independencia e imparcialidad. Ellos no son voceros de partido o corriente alguna; ni representantes del Gobierno, ni de quienes los postularon, ni de quienes los eligieron, ni de los bancos, ni de las empresas, ni de los sindicatos, ni de las iglesias.

Prestan juramento de defender la Constitución de 1991, y no deben dictar sus fallos por conveniencia ni oportunidad, ni para complacer al Ejecutivo o ignorando los derechos con el objeto de cuidar las finanzas públicas, que no es su función, y menos todavía las privadas. 

En fin, son magistrados de la más alta corporación de justicia, y están obligados a preservar con rectitud y constancia, en cada uno de sus votos y ponencias, los valores y principios democráticos  que inspiran nuestro sistema jurídico constitucional.

Por Horacio Serpa.- Juan Fernando Cristo es un liberal de tiempo completo. Conoce y comparte la filosofía del liberalismo, su doctrina, los planteamientos programáticos, su historia y sus perfiles, la trayectoria del Partido, su “vida y milagros” a lo largo de 168 años de existencia, desde el famoso documento de Rojas Garrido. Es, además, hombre de Partido, formado en un hogar de liberales, María Eugenia Bustos, una matrona respetable que sigue siendo la luz de la familia, y Jorge Cristo Sahium, médico, juicioso analista de la vida con gran sensibilidad social, quien se alejó de su exitosa carrera como traumatólogo para servirle con devoción y honradez a los Nortesantandereanos.

El Papá de Juancho era socialista de recias convicciones y en el Partido  rojo lideraba el ala más progresista. Fue Representante a la Cámara y Senador. Recuerdo que en el Salón Elíptico existían unos pupitres de tres puestos, que en 1978 ocupamos Jorge, Aurelio Iragorri y yo, quienes entre grandes afectos y solidaridades nos convertimos en tres mosqueteros que éramos  “uno para todos y todos para uno”. Entre otras cosas, fuimos fundadores del Poder Popular con Ernesto Samper Pizano y Álvaro Uribe Vélez.

Un día desgraciado, este Senador médico de recto comportamiento, honrado y generoso, quien en 1990 se escapaba conmigo de las sesiones para, en la enfermería de la Corporación, curarme una herida de bala ocasionada en un accidente, fue vilmente asesinado por el Ejército de Liberación Nacional en su consultorio, que especialmente utilizaba para atender a los humildes de su Departamento. Muchos lloramos el crimen del hombre pacífico y altruista que nunca olvidaremos.

Años después, en el gobierno de Pastrana, buscando la paz se organizó una reunión con los elenos en el sur de Bolivar. Recuerdo que fueron Vivián Morales y Germán Vargas. Le insistí al Senador Cristo que nos acompañara, a pesar de su dolor, sabiendo que como su padre anhelaba la paz. Asistió y participó de la reunión, cuando al despedirnos les preguntó, “¿por qué mataron a mi papá?”. Después de un silencio de miedo le contestaron: “Fue una grave equivocación; a usted y a su familia les pedimos perdón”.

Nuestro Ministro del Interior es un autorizado vocero de las víctimas del conflicto, a las que representa con coraje y las ha defendido hasta lograr la expedición de la Ley de Víctimas. Más que abanderado, es un apóstol del perdón y la reconciliación.

Juancho ha sido el mejor Ministro de Gobierno y del Interior que ha tenido Colombia. Serio, responsable, juicioso, convincente, eficaz, polémico cuando ha sido necesario, ha triunfado en todos los compromisos legislativos. Increíble su labor, en esta época llena de contradicciones. Su palmarés no tiene comparación. 

Hoy este acucioso Ministro, bueno y sano, está en medio de un conflicto interior intenso, como el que ayudó a terminar para la paz. Renuncia al cargo como su Partido lo ha pedido para aspirar  a la candidatura presidencial, o continúa hasta que termine el gobierno, como se lo solicita el Presidente Santos. ¡Difícil situación! Cualquiera que sea la decisión,  este hombre sano y exitoso no puede resultar crucificado.    

Por Amylkar D. Acosta M.- Con todo éxito se clausura la 30ª versión de la Feria Internacional del Libro (Filbo) en Bogotá, que vuelve a ser la Atenas de Suramérica, la cual convocó a más de 500 expositores y una muestra de no menos de 150 mil títulos. Dos premios Nobel de Literatura V.S Naipaul (2001) y Maxwel Coetzee (2003), así como el premio Goncourt (2013) Pierre Lemaitre fueron las figuras centrales y Francia el país invitado, país este que al decir del Presidente de la Cámara Colombiana del Libro Enrique González es el “que más traduce obras en el mundo”.

En el marco de la Feria se realizó el IX Encuentro Internacional de periodismo y, cómo no, el tema central de sus deliberaciones fue el fenómeno “viral” de la post-verdad (post-Truth) que ha venido haciendo carrera en la política y en la sociedad, al punto que se convirtió en la palabra del año 2016 para el Diccionario Oxford. Este neologismo describe la impostura de quienes asumen como “verdades” los llamados eufemísticamente “hechos alternativos” que se apartan de la realidad y en consecuencia no tienen empacho al darse la licencia para “no estar de acuerdo con los hechos”, como lo expresó nada menos que el Secretario de prensa  de la Casa blanca Sean Spicer. Este endriago y sus estragos merecían la atención prestada por este evento, tanto por su relevancia como por su actualidad.

También fue propicia esta ocasión para celebrar los primeros 50 años de la primera edición de Cien años de soledad (1987), la obra cumbre de nuestro laureado con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. De ella dijo en su momento Gabo: “nunca me he cansado de decir que Cien años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas”. También se celebraron los 150 años de la primera vez que se publicó La María, obra icónica de la novelística colombiana, al tiempo que se contó con un stand especial para dar a conocer la obra de su autor, el novelista y poeta vallecaucano Jorge Isaac.

Entre las novedades de esta Feria se destaca el anuncio por parte de Amazon, la compañía estadounidense de comercio electrónico, con sede en Seattle, la tienda virtual de libros digitales más grande del mundo, de la “impresión  por demanda” de libros de autores colombianos. Esta vez la tecnología se pondrá al servicio de la edición impresa de libros ordenada, desde un ejemplar hasta miles de ellos, ya sea por sus autores, por los editores o por las librerías a través del internet. El libro impreso se resiste a desaparecer y así como el acetato en la música vuelve por sus fueros, con esta decisión de Amazon se le da un renovado impulso.

Otra novedad en esta Feria fue la incursión del reputado escritor Hector Abad Faciolince, el autor de La oculta y de El olvido que seremos, como Editor, con la Editorial Angosta. El ya había sido, además de brillante escritor, bibliotecario, corrector de estilo, librero y, como dice él “Editor de editoriales ajenas”, ahora hace esta apuesta literaria que lo habrá de consagrar como literato integral.

En esta ocasión, como en las anteriores se dio cita toda una pléyade de escritores colombianos entre los cuales descollan Daniel Samper Pizano, Roberto Burgos, Conrado Zuluaga, Yolanda Reyes, William Ospina, Juan Esteban Constaín, Ricardo Silva, Diana Uribe, Federico Díaz-granados, Celso Román, Mario Mendoza y Fernando Vallejo, entre otros. Estos dos últimos aprovecharon la ocasión para lanzar su más reciente producción literaria, el primero El libro de las revelaciones y el segundo Las bolas de Cavendish, cuya edición se agotaba al cierre de la Feria.

En la Feria del año anterior los Youtuber fueron la novedad, uno de ellos, el chileno Germán Garmedio, con más de 27 millones de suscriptores, fue la sensación. La presentación de su obra opacó hasta la presentación de Holanda como país invitado y la conmemoración de los 400 años de la muerte de William Shakespeare. Los organizadores de la Feria se vieron a gatas para contener la turba de jóvenes que se arremolinaron para tener de cerca al autor de la obra cuyo título habla por sí solo, Chupa el perro. Su video promocional tuvo 6 millones de visitas. Afortunadamente ello fue flor de un día, que, como toda moda pasó de moda; este año tuvimos una Feria que no se vio deslucida por este tipo de fenómenos que fueron magistralmente expuestos en la obra de Mario Vargas Llosa La civilización del espectáculo.

El mayor éxito de la Feria debe ser lograr que los colombianos leamos más, dado que 1.9 libros en promedio por habitante al año es demasiado bajo cuando se compara con otros países de la región. Chile y Argentina, por ejemplo, encabezan la lista de cantidad de libros leídos al año por habitante y nos llevan muchos codos con 5.4 y 4.6, respectivamente, para no hablar de España en donde ese índice es de 10.2. Tenemos que convencernos del aserto de Norberto Vallejo, quien conduce el programa Club de lectores de CARACOL, cuando dice que “quien lee un libro no vuelve a ser el mismo” y el del gran escritor José Ortega y Gasset cuando atinó al decir que “quien lee vive dos veces”. El día que en Colombia se trine menos y se lea más tendremos un país distinto! 

Bogotá, mayo 7 de 2017 

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