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Alberto Aroch Mugrabi, el polémico empresario israelí señalado de realizar millonarias exportaciones ficticias a Venezuela e incluso, de hacer aportes a campañas políticas en Colombia, podría salvarse de la acción de la justicia.
La lentitud de los procesos penales por diversos delitos, podría garantizar una total impunidad en diciembre de 2025.
Mugrabi es investigado por varias conductas punibles, entre ellas, lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.
Lo cierto es que sus procesos cumplen cerca de 6 años en manos de la justicia. Precisamente esta semana está prevista la reanudación del juicio que tiene pendiente en el juzgado cuarto especializado de Bogotá por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
El caso llevó al Ministro de Justicia Néstor Osuna a plantear una reforma a la justicia para que casos como este no prescriban ni quede en la impunidad.
“Esperamos que no (prescriba) porque ese es un caso que amerita de manera urgente una reforma a la justicia que de celeridad a los procesos, a le extinción de dominio y ser mucho más eficaces en esos procesos”, sostuvo el alto funcionario.
Aplazamientos en caso Aroch
En octubre de 2018 el caso llegó al juzgado tercero especializado, sin embargo el proceso no ha avanzado hasta la fecha no se ha podido empezar el juicio, por lo que en respuesta a un derecho de petición el juzgado admitió los múltiples retrasos en el caso.
“Fue posible realizar audiencia preparatoria en los días antes mencionados, además de los días mencionados en el párrafo anterior por distintos factores, entre las calendas frustradas de plenario se extraen las siguientes: primero (1°) y dos (2) de abril, dieciocho (18), diecinueve (19), veinte (20), veintiuno (21) y veintidós (22) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); once (11) de marzo, tres (3), seis (6) y siete (7) de julio, catorce (14), quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020); dieciocho (18), diecinueve (19), veinte (20) y veintiuno (21) de enero, dos (2) de agosto, quince (15), dieciséis (16), veinticuatro (24) 2 y veintinueve (29) de septiembre, dos (2) y tres (3) de diciembre de dos mil veintiuno (2021); dos (2) de septiembre, veintiocho (28) de octubre y dos de noviembre de dos mil veintidós (2022)”.
Lo cierto es que a la fecha no se han concretado las pruebas para al juicio, según la fiscalía existen más de 100 testigos y documentos para probar su teoría del caso, lo cual hace imposible finalizar todo el juicio con una decisión de segunda instancia antes de diciembre de 2025.
El presidente del colegio de abogados penalistas, Francisco Bernate, indicó que “en este caso es evidente que va a ocurrir la prescripción” y agregó: “Queda un 1 año y medio en una diligencia que puede tomar hasta un año como es la audiencia preparatoria y un juicio oral como este tan complejo con más de 100 testigos, entonces es evidente que no se va a poder evacuar”, explicó.
Bernate sostiene que es clave para la justicia que los procesos de connotación nacional e internacional no se dilaten en el tiempo. “Uno de los grandes desafíos del sistema legal colombiano es dar una respuesta pronta y oportuna a los casos que concitan el interés de la rama judicial. Una solución pronta en los casos no solo beneficia a la justicia sino al propio interesado a quien se le define su situación para saber si es inocente o es culpable”, agregó Bernate quien fue contundente en afirmar que la prescripción es una burla a la justicia.
Investigado Aroch Mugrabi recobró su libertad en 2018 y, en marzo de 2023, un juez declaró improcedente la acción de extinción de dominio sobre parte de su fortuna la cual está en proceso de apelación por parte de Dian.
Bogotá, D. C, 15 de mayo 2024
Redacción Ecos Noticia
Carlos Felipe Córdoba no tendría problema en ser ternado para Procurador General de la Nación
La sala de consulta del Consejo de Estado avanza en el análisis de una solicitud del ministerio del interior para definir cuál es la interpretación de la norma que permite la convalidación de una doble titulación de estudios para acceder al cargo de Procurador General de la Nación.
En efecto, se trata de una de las elecciones más reñidas para definir el reemplazo de Margarita Cabello. La Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente de la republica deben enviar cada cual, un candidato.
Al respecto la Sala de Consulta del Consejo de Estado estudia una petición realizada por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia , Fernando Castillo en la que solicita se aclare el alcance de la Ley 2119 DE 2021 que permite la convalidación de doble titulación para que sea acreditada como experiencia para acceder a altos cargos del Estado.
La mencionada norma dice textualmente:
“ARTÍCULO 4 °. Adiciónese un parágrafo al Artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, el cual quedara así:
Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento”.
El presidente del Colegio de Abogados penalistas Francisco Bernate tiene una postura:
“Lo más importante es que el Consejo de Estado se pronuncie, y dejar de pensar que una decisión puede beneficiar o perjudicar a una persona determinada”, sostuvo.
“Lo importante es que gústenos o no, esta disposición existe, el Consejo de Estado debe determinar las circunstancias en las que debe interpretarse”, agregó Bernate.
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, lo más conveniente es una pronta decisión para tener claridad sobre la aplicación de la norma.
“En mi opinión es conveniente que la sala de consulta, vía concepto jurídico, precise los términos de acreditación de experiencia profesional por doble titulación. De esta manera se contribuye a tener mayor seguridad y certeza jurídica” indicó.
Caso Carlos Felipe Córdoba
Para nadie es un secreto el nombre del ex contralor Carlos Felipe Córdoba suena fuerte en esta carrera por la Procuraduría y tal y como están las cosas, podría aspirar al cargo sin ningún impedimento como lo menciona el abogado Bernate.
“No debemos llevar la discusión sobre a quién beneficia, a quien pretende beneficiar o quién se perjudica con una norma como esta, que permite la convalidación de la experiencia en eventos de doble titulación. Aquí lo cierto es que la regla existe y tiene que aplicarse. Lo que necesitamos es que el Consejo de Estado fije las pautas para su aplicación en este u otro caso”, subrayó.
Otro de los interrogantes frente a una eventual aspiración de Córdoba, es el tema de una supuesta titulación “expres” de su doctorado.
A este respecto se conocieron dos certificaciones expedidas por la Universidad de Jaén en las que se refiere específicamente al título obtenido por Carlos Felipe Córdoba y su autenticidad.
“Que uno de los requisitos reglamentados por la Universidad de Jaén para el depósito de la tesis, es un informe de coincidencias de cualquier programa informático reconocido. Este requisito fue cumplido por el trabajo de investigación realizado Doctor CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE, como objeto de su Tesis Doctoral. Como atestigua dicho informe, el porcentaje de coincidencias final cumplía con los requisitos fijados por la Universidad, por lo que se procedió al depósito de su tesis”.
Incluso el certificado va más allá destacando el trabajo desarrollado en la investigación para obtener dicho título.
“Por último, deseo hacer constar que el Tribunal que evaluó la Tesis Doctoral y su defensa por el interesado otorgó una valoración muy positiva, elogiando la profundidad de la investigación y la corrección en el uso en la citación de las fuentes empleadas, así como su originalidad y su aportación como transferencia de resultados, elemento con el que se otorga un plus de evaluación a los trabajos de Tesis Doctorales. Todos los méritos del mismo merecieron la máxima calificación por el Tribunal reflejado en el grado suma cum laude”
Se espera que estas inquietudes queden completamente despejadas con la decisión que alista el Consejo de Estado en su sala de consulta, que ratificarían la validez de los títulos de doctorado obtenidos por Córdoba Larrarte.
Bogotá, D, C, 14 de mayo de 2024
Redacción Ecos Noticia
El presidente del congreso, Iván Name, desmintió acusaciones en su contra en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) al asegurar no tener relación alguna con Sneyder Pinilla, exdirectivo de la entidad, que lo señalan de recibir $3.000 millones provenientes de un contrato para abastecer de agua La Guajira, a cambio de facilitar el trámite de reformas sociales impulsadas por el Gobierno.
“Se me ha señalado de manera directa como ejecutor de actos de corrupción. Me sostengo en la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señale. Estoy dispuesto a atravesar la plaza de Bolívar para acudir a mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Name en la plenaria del Senado.
Precisó que desde siempre ha estado en contra de las reformas planteadas por el Gobierno: “No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos”.
“Me defenderé de las acusaciones como me he defendido de todos los infundios de los que he sido objeto, esta infamia no habrá de derribarme”. Y aseguró que todo se trató de una “mentira, una calumnia que me hayan fletado”, Afirmó Name.
Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2024
Redacción Ecos Noticias
Bucaramanga será sede de los XXVIII Juegos Suramericanos Escolares, al superar las evaluaciones técnicas en materia de infraestructura deportiva, su capacidad hotelera y hospitalaria.
En la XVII Asamblea General del Consejo Centroamericano y del Caribe del Deporte (Concecade), adelantada en Washington, el país fue escogido por unanimidad como sede de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, anunció la ministra del deporte, Luz Cristina López, quien dijo además que en Bucaramanga se desarrollarán los XXVIII Juegos Suramericanos Escolares, entre el 2 y 8 de diciembre de 2024.
El anuncio de los dos eventos deportivos se realizó en el marco de la Cumbre Americana del Deporte, que tuvo lugar esta semana en la capital de Estados Unidos y donde la ministraLuz Cristina López, postuló a Colombia como sede de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, y la Asamblea en pleno, es decir, los 24 países participantes respaldaron la postulación.
A favor de Colombia votaron los representantes de Panamá, Belice, Cuba, Honduras, Nicaragua, México, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Aruba, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Barbados, Haití, Bahamas, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago.
La ministra del deporte, Luz Cristina López fue precisa en señalar que “Tenemos la posibilidad de aunar esfuerzos financieros para poder recibir un evento de esta magnitud en 2025. Existe en nuestro país la capacidad organizativa para desarrollar este acontecimiento multideportivo”.
Enfatizó que los juegos en mención son una oportunidad para reactivar el deporte escolar en Centroamérica y el Caribe y agregó que se quiere, dentro del programa deportivo, que se analice y se apruebe incluir la posibilidad de desarrollar deportes paralímpicos.
Los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe son un evento escolar multideportivo, que se realiza cada 2 años. Su primera edición se llevó a cabo en Salinas (Puerto Rico), del 8 al 14 de noviembre de 2007. Los juegos en Colombia se realizarán entre noviembre y diciembre del 2025, en sedes que serán objeto de un proceso de selección por parte del Ministerio.
Bucaramanga sede de los suramericanos
Además, durante la Asamblea Extraordinaria del Consejo Suramericano del Deporte (Consude), que también tuvo lugar en Washington, la ministra Luz Cristina López dio a conocer que Bucaramanga será sede de los XXVIII Juegos Suramericanos Escolares, al superar las evaluaciones técnicas en materia de infraestructura deportiva, su capacidad hotelera y hospitalaria.
Junto a la capital de Santander estaban postuladas como sedes las ciudades de Ibagué y Santa Marta.
El evento deportivo reunirá a por lo menos 3.000 deportistas de 12 países de la región: Argentina, Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Colombia.
El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu) destacó que las justas se desarrollarán en los siguientes escenarios deportivos: el estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa Rey, avalado por la World Athletics; el coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez, con reconocimientos internacionales de la FIBA, FIFA y la FIVB; las piscinas olímpicas, los coliseos Vicente Díaz Romero, de las universidades UIS y UNAB, y la villa olímpica de Floridablanca.
Bogotá, D. C, 27 de abril 2024
Redacción Ecos Noticia
En el fulgor de una investigación que ha sacudido los cimientos del mundo empresarial y político, un testigo clave emerge de las sombras para arrojar luz sobre un oscuro capítulo de corrupción y lavado de dinero. Salomón Bendayán, ciudadano de origen marroquí, ha destapado un entramado criminal que implica a destacadas figuras del empresariado y la política, en un juego siniestro de influencias y enriquecimiento ilícito.
Las revelaciones de Bendayán se suman a un caso de proporciones monumentales, en el cual el otrora magnate textil Alberto Aroch Mugrabi, una figura titánica en el mundo empresarial, ha sido condenado por delitos que van desde lavado de activos hasta evasión de impuestos. Sin embargo, lo que hace que este testimonio sea aún más sobrecogedor es la implicación directa de figuras políticas de alto calibre, incluyendo a un exfiscal general y prominentes líderes colombianos.
El modus operandi era tan ingenioso como cínico: bajo el manto de una red de exportaciones ficticias, Aroch Mugrabi y Bendayán tejieron una maraña de engaños para disfrazar el flujo de miles de millones de dólares, utilizando el mercado de divisas venezolano conocido como “Cadivi”. Con la complicidad del régimen chavista, y facilitado por figuras políticas como la fallecida senadora Piedad Córdoba, se movieron sumas colosales de dinero, alimentando así un sistema de corrupción que llegaba hasta las altas esferas del poder.
Pero el alcance de esta trama va mucho más allá. Bendayán detalla cómo Aroch Mugrabi canalizaba los fondos a cuentas en Panamá, evadiendo así los controles fiscales tanto en Colombia como en el extranjero. Y no se detiene ahí: el testimonio revela cómo se pagaban comisiones a intermediarios políticos, entre ellos Andrés Vásquez, asesor de Piedad Córdoba, para asegurar la continuidad de las operaciones ilícitas.
Lo que resulta aún más sorprendente es el encubrimiento que ha rodeado este caso. A pesar de la contundencia del testimonio de Bendayán, la fiscalía ha mostrado una extraña reticencia a investigar a fondo las conexiones políticas implicadas. La omisión de compulsar copias para investigaciones adicionales deja entrever un manto de impunidad que parece extenderse hasta las más altas esferas del poder judicial.
El texto íntegro de la declaración de Bendayán, que ha permanecido oculta durante más de nueve años en algún despacho judicial, plantea interrogantes inquietantes sobre el sistema de justicia y su capacidad para enfrentar la corrupción en todas sus manifestaciones. Aún queda por ver si las autoridades tendrán la voluntad política de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, interrogando no solo a los responsables empresariales, sino también a aquellos que se han beneficiado de su complicidad.
En un país donde la corrupción parece tejerse en los rincones más oscuros del poder, estas revelaciones podrían ser el catalizador de un despertar nacional contra la impunidad y la connivencia política. La pregunta que queda flotando en el aire es si habrá alguien dispuesto a levantar el velo de la corrupción y enfrentar las consecuencias, sin importar cuán altas sean las cabezas que puedan rodar.
Bogotá, D. C, 20 de abril de 2024
Por Carlos Castañeda. Impresa Mercosul
La decisión la tomó por decreto el Gobierno Nacional y entrará en vigor en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, a partir de las cero horas del miércoles 20 de marzo.
La suspensión del cese al fuego se determinó después del ataque perpetrado a una minga indígena en el departamento de Cauca, donde se reportaron tres heridos y donde se confirmó la muerte de la dirigente indígena, Carmelina Yule Paví, por la gravedad de las heridas.
El incidente ocurrió cuando la guardia indígena se movilizó para liberar al comunero y fueron sorprendidos por un ataque armado en la vereda El Manzano.
El Consejo Regional Indígena condenó el ataque y expresó preocupación por la persistencia de la violencia en medio de los intentos de diálogo entre grupos armados y el gobierno nacional.
El Cric hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a la Oficina de la ONU para Derechos Humanos en Colombia para que tomen acciones de protección a las comunidades indígenas del Cauca.
Una comisión de defensa de los derechos humanos se desplazó al territorio afectado para evaluar la situación y brindar apoyo a las víctimas, mientras que el Gobierno Nacional aún no se ha pronunciado al respecto.
Bogotá, D. E, 17 de marzo 2024
Redacción Ecos Noticia
El presidente de la república, Gustavo Petro, programó un encuentro con congresistas de la Comisión Séptima del Senado, con el objeto de viabilizar mecanismos de consensos que busquen salvar la reforma al sistema de salud, a punto de hundirse, debido a las mayorías que firman la ponencia para archivar dicho proyecto.
La convocatoria es en la Casa de Nariño, donde en un desayuno los legisladores escucharán al jefe de Estado respecto a qué va a plantear para definir el futuro del tema. Cita que contará con la presencia del ministro del interior, Luis Fernando Velasco, quien coordina la agenda legislativa del ejecutivo, acompañado del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entre otros integrantes del gabinete.
Se espera que también esté en la respectiva reunión el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien con sus posiciones sobre dicho proyecto, ha generado controversias no solo con la oposición sino con oros congresistas de diferentes colectividades política.
Ecos logró establecer que la bancada del Centro Democrático no asistirá a la cita gubernamental.
Con la reunión, el Gobierno busca superar las diferencias con quienes se oponen a la reforma, y tratar de concentrarse en los “beneficios colectivos” con una iniciativa mejor estructurada, no solo con la capacidad de lograr acuerdos inmediatos, sino, establecer una mejor comunicación entre los congresistas y los ministros, para avanzar conjuntamente en ese tema de trascendencia nacional.
Por ahora, lo único cierto, es que dicha iniciativa debe continuar su trámite y que en la agenda de la Comisión Séptima de la corporación, se debe establecer, de entrada, la votación de la ponencia de archivo del proyecto.
Bogotá, D. C, 17 de marzo de 2024
Ecos Noticia
En una sesión extraordinaria del martes 12 de marzo de 2024, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, eligió a la jurista, Luz Adriana Camargo, como la nueva Fiscal General de la Nación.
Con 18 votos a favor alcanzó la dignidad para dirigir el ente acusador, seguida por Ángela María Buitrago quien logró 2 votos y Amelia Pérez tuvo 1 voto, aunque esta última había renunciado, horas antes, a la terna enviada a la Corte Suprema de Justicia por el presidente Gustavo Petro.
Luz Adriana Camargo Garzón es abogada de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia.
Fue jueza de instrucción criminal (1987-1989), trabajó en la Fiscalía General de la Nación (1992-2004) y llegó a ser fiscal delegada ante la Corte Suprema. Trabajó en la misma Corte como magistrada auxiliar de la Sala Penal, donde investigó el denominado caso de la “parapolítca”.
Formó parte del grupo que estuvo con el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), específicamente como jefa de Investigación y Litigio.
Fue la última integrante de la terna, pues recordemos que el presidente Gustavo Petro envió en agosto del año pasado a la Corte Suprema de Justicia una nueva composición. La terna original estaba conformada por Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez Parra. Camargo entró a remplazar la plaza de Cerón, lo que ocasionó que esta última presentara un derecho de petición ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia indicando que ella no había renunciado a ser parte de la terna. El alto tribunal de justicia le respondió indicándole que el presidente Petro estaba facultado para remplazarla.
La elección fue un proceso lleno de dificultades que llevó incluso a protestas en la sede del Palacio de Justicia para que la Corte eligiera y la orden judicial al Alcalde de Bogotá para que cerrara las inmediaciones de la sede para proteger a los funcionarios de los altos tribunales.
El último episodio ocurrió en la mañana del día de la elección, cuando la candidata Amelia Pérez Parra presentó su renuncia irrevocable, por la divulgación de opiniones de su esposo en Twitter sobre diversos temas de la actualidad nacional.
Bogotá, D. C, 12 de marzo de 2024
Redacción Ecos Noticia
La iniciativa gubernamental beneficiaría a 500 mil adultos mayores en pobreza extrema y sin pensión, del programa Colombia Mayor, que pasarían de recibir $80.000 a $225.000 al mes.
El jefe de Estado colombiano aseguró que es un paso significativo para dignificar las vidas de los adultos mayores que superan los 80 años de edad y que no se pensionaron, por diferentes circunstancias durante el trayecto de su vida.
“Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano”, enfatizó el presidente, Gustavo Petro, en su intervención en el Congreso Nacional de Municipios 2024 que se lleva a cabo en Cartagena.
Agregó que “Quisiéramos bajar, bajar la edad para comenzar en 75, en 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional. Con ayuda de ustedes podríamos intentar que por lo menos los de 79, los de 78 años también puedan recibir el bono pensional”, añadió el Jefe de Estado.
Bogotá, D. E, 29 de febrero 2024.
Trece denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y una privación de la libertad, por orden de una juez de garantías, hacen parte del prontuario judicial del empresario Israelí Alberto Aroch Mugrabi, un textilero señalado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta amenazas contra terceros.
En el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía - SPOA - hay radicadas 13 denuncias por las conductas punibles de lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.
En 2016 al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General un juez de conocimiento, revocó la decisión de primera instancia y envió a la cárcel La Picota al empresario Aroch Mugrabi, procesado en ese momento por tres delitos: lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
En diligencia judicial en diciembre de 2015 el empresario aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, al tiempo que se declaró inocente frente a los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir.
El nombre del empresario Israelí estuvo vinculado al escándalo del multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación a la Contraloría General durante la administración de Sandra Morelli, en esa época se indicó que el inmueble pudo haber sido financiado con dineros ilegales.
En 2009 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó movimientos sospechosos en las cuentas y empresas de Aroch Mugrabi en especial con integrantes del clan Guberek una familia señalada por las autoridades estadounidenses de hacer parte de una red de lavado activos provenientes del narcotráfico.
En total, la Fiscalía dijo que el ilícito habría superado los 400.000 millones de pesos a través de diferentes empresas pertenecientes al señor Aroch Mugrabi.
El próximo 6 de marzo el empresario israelí dueño del centro comercial Gran Estación se presentará ante el juez 4 penal del circuito para responder ante la justicia.
Bogotá, D. E, 26 de febrero 2024.
