La expropiación es ilegal ya que no se cumple con ninguna de las excepciones de ley, el ente público tendría que pagar millonarios daños y perjuicios a ciudadano español. El próximo 5 de octubre se llevará a cabo audiencia de conciliación en Supernotariado.

La expropiación es ilegal ya que no se cumple con ninguna de las excepciones de ley, el ente público tendría que pagar millonarios daños y perjuicios a ciudadano español. El próximo 5 de octubre se llevará a cabo audiencia de conciliación en Supernotariado.

Por Alejandra Buitrago*.- La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, ORIP, de Cartagena y la Superintendencia de Notariado y Registro habrían vulnerado los derechos de un inversionista extranjero al expropiarlo por vía administrativa y generado daños y perjuicios por más de 18.000 millones de pesos al revocar los efectos de una sentencia judicial en firme basada en información ratificada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Este evento podría generar el pago de una multimillonaria cifra al inversionista extranjero afectado, el ciudadano español Juan José Santaolalla Milla, por daños y perjuicios, de no lograr resolver en la etapa de conciliación la solicitud de un proceso contra la entidad de control por desconocer su derecho legal sobre una propiedad en la ciudad de Cartagena, un caso sin precedentes.

El hecho, en investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Jefe de Control Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, afectó gravemente al ciudadano español, quien ha debido defenderse de las resoluciones de la ORIP Cartagena No. 163 del 26 de octubre de 2.017, confirmada por medio de la Resolución de la SNR No. 9547 del 31 de julio de 2.019.

En esas resoluciones cancelaron los folios de matrícula inmobiliaria donde consta que el propietario del predio es el señor Santaolalla, por lo cual el líder del grupo de abogados del extranjero, Alfonso Martínez Ferrer, manifestó que “estamos ante una vía de hecho administrativa, atribución que únicamente le compete a un Juez de la República”.

Martínez agregó que “la decisión unilateral del ente público toma de sorpresa al afectado, introduce inseguridad y desconfianza en la actividad administrativa, quebranta el principio de buena fe y delata indebido aprovechamiento del poder sobre la base de la debilidad del administrado”.

“No es posible que un particular, un inversionista extranjero, sea expropiado por vía administrativa de manera arbitraria por manos de funcionarios de entes estatales que manipulan las normas. La única forma que pudieran quitarle sus derechos a la propiedad privada que tenía era que un juez de la República lo manifestara; que las entidades dijeran que lo habría adquirido de manera fraudulenta, por suplantación o ilegal, y en este caso no se dio ninguna de esas circunstancias”, agregó Martínez.

Juan José Santaolalla adquirió ese predio tras un proceso ejecutivo que se originó en el año 2.000 que concluyó con una sentencia del Juzgado Civil Segundo del Circuito de Cartagena, amparado por una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que ratificó la información de la oficina de instrumentos públicos, en el cual todo estaba conforme a derecho. En último momento sale la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, ORIP, de Cartagena a generar la primera resolución.

Las resoluciones cancelaron lo actuado por el Juzgado que embargó el inmueble lote de 3.864 mts², ubicado en la ciudad de Cartagena, Barrio Buenos Aires, Sector Zaragocilla, Transversal 54 No. 47-605, según la ORIP de Cartagena, y lo adjudicó en remate a Juan José Santaolalla Milla.

Los registradores de instrumentos públicos no tienen la facultad jurídico administrativa de cancelar folios de matrícula o anotaciones contenidas de registro de títulos de dominio. “La decisión violó el Decreto 1579 de 2.012”, indicó el jurista.

La ORIP Cartagena justificó que unificó los folios de matrículas inmobiliarias porque corresponden a un mismo inmueble, “lo que no es cierto; pues en la casilla o campo de descripción del Folio 060-47001, aparecen cuatro (4) inmuebles distintos entre sí y distintos cada uno respecto del predio del folio 060-34231”, aclaró la parte afectada.

El inversionista extranjero le ha pedido a la Supernotariado y registro que subsane el error en una audiencia de conciliación y asuma los daños y perjuicios ocasionados por las ilegalidades cometidas por sus funcionarios César Taffur Peña, Registrador de Instrumentos Públicos de Cartagena (e), y de segunda instancia Archibaldo José Villanueva Perruelo, este último recientemente desvinculado de la entidad por estar al parecer involucrado en actos de corrupción.

Santaolalla sostiene que ha sido perjudicado por reembolsos de capital, daño emergente, lucro cesante. “Pido se declare a las autoridades convocadas: Nación, Superintendencia de Notariado y Registro, y ORIP Cartagena, administrativa y extracontractualmente responsables de pagar todos los perjuicios materiales ocasionados que pueden supercar los 18.000 millones de pesos”. Asegura que sólo en su defensa ha debido pagar servicios jurídicos por sumas superiores a los 2.000 millones de pesos tras la serie de maniobras dilatorias de la contraparte.

Dice que la autoridad quiere obligar al particular a que se someta a un nuevo juicio largo, tenso, demorado, que afecta su patrimonio aún más.

“El Estado procedió con retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia; teniendo el deber legal de prestar el servicio no actuó y así desamparó al ciudadano usuario, violaron las normas y prevaricaron flagrantemente, con dolo”, dijo Martínez quien el próximo 5 de octubre tendrá la audiencia de conciliación en la Supernotariado.

El documento sostiene que la ORIP Cartagena “se saltó, sin escrúpulos jurídicos, la aplicación obligada de la norma 97 del Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, no podía decretar su revocatoria, o cancelación ni dejarla sin efectos”.

Un hecho relevante fue que la Supernotariado en su página oficial el 3 de noviembre de 2.017, publicó un comunicado de prensa celebrando la cancelación del derecho a la propiedad del ciudadano español.

“El proceso no había pasado de la primera instancia y era la Supernotariado la que debía surtir las siguientes instancias y, si ya prejuzga en su página oficial, ¿dónde están esas garantías básicas de trasparencia e imparcialidad constitucionales que proporcionen seguridad jurídica e igualdad?”, dijeron.

Este no es un caso aislado, la SNR responde procesos por múltiples actos arbitrarios en el país en investigaciones ante los organismos de control y justicia, por corrupción al desconocer el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, CPACA, frente a actos de carácter particular.

La Contraloría General de la República ha dicho que todas las actuaciones administrativas deben ajustarse a ese marco administrativo general, ratificada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2021

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Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal del 2022, donde se destaca que el monto asciende a $350.4 billones y donde se incluyeron iniciativas que permite el traslado espress de las pensiones de los fondos privados a Colpensiones y la eliminación de la ley de garantías.

Las comisiones económicas del congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2022, cuyo monto asciende a $350,4 billones y donde incluye iniciativas que permiten el traslado espress de las pensiones de los fondos privados a Colpenesiones y la eliminación de la ley de garantías, entre otras. 

Del monto total aprobado en su primer debate por el senado y la cámara de representantes, $72,8 billones se destinan al servicio de la deuda, entre tanto $68,2 billones serán recursos de inversión con el objeto de impulsar la recuperación económica que está afectada por la pendemia del COVID 19, mientras que los gastos de funcionamiento alcanzan $209,4 billones.

La educación se llevó el premio con más recursos: $49,4 billones, reconocimiento del legislador y el Gobierno en torno a los reclamos de los jóvenes que han salido a las calles a exigir sus derechos.

El segundo sector en recursos, en la iniciativa presupuestal, es el de defensa que se le asignan $41,9 billones, dineros que se utilizarán para contrarrestar la ola de violencia y de inseguridad que aquejan a millones de ciudadanos en las principales urbes y zonas rurales del territorio nacional. La salud, que quedó de tercera dentro de las prioridades, tendrá recursos por $41,2 billones.

Según lo aprobado, se le dio luz verde al traslado de 19.000 ciudadanos que están en los fondos privados para que pasen a Colpensiones, del régimen de prima media, siempre y cuando hayan cotizado 750 semanas.

La medida aplicará a los hombres con 52 años y a las mujeres que hayan cumplido los 47. Una iniciativa que tiene un gran número de respaldo por parte de los legisladores.

En el proyecto, que pasa ahora a la plenaria de las dos corporaciones, se aprobó el inciso de la Ley de Garantías que permite a departamentos, municipios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, entre otros, celebrar convenios interadministrativos con recursos públicos hasta cuatro meses antes de las elecciones.

La decisión es apoyada por el Gobierno al señalar que es necesaria para darle un impulso a la reactivación económica que requieren la mayoría de regiones y localidades del territorio nacional.

Bogotá, D. C, 22 de septiembre de 2021

Redacción Ecos Noticia.

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El Jefe de Estado colombiano Iván Duque Márquez, al comenzar una Visita Oficial de cuatro días a España, dijo que esa nación europea se ha consolidado como uno de los países que más está invirtiendo en Colombia y agregó que “estamos buscando más de $7 billones de inversión española en los próximos años en nuestro país”

El Jefe de Estado colombiano Iván Duque Márquez, al comenzar una Visita Oficial de cuatro días a España, dijo que esa nación europea se ha consolidado como uno de los países que más está invirtiendo en Colombia y agregó que “estamos buscando más de $7 billones de inversión española en los próximos años en nuestro país”

Dijo además que llegó a esa nación con varios objetivos: “Primero, objetivos gubernamentales. Fortalecer toda la agenda de cooperación internacional. Vamos a firmar seis memorandos de entendimiento con el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Entre ellos, un nuevo marco de relacionamiento estratégico, que para Colombia es muy importante”, expresó el Mandatario.

Destacó el jefe de Estado que ese tipo de intercambio lo tenían solo México y Brasil en la región, y dijo que “ahora Colombia es el tercer país que tiene un marco estratégico de cooperación con España. Vamos a fortalecer los temas de cooperación en materia de turismo, en materia de comercio, también en materia de seguridad”.

El Presidente Duque indicó que también se buscará seguir fortaleciendo los lazos con España en la lucha contra el covid-19, tanto en la estrategia Covax como en negociaciones directas de vacunas, y reiterar la gratitud de Colombia por la donación de más de un millón de dosis.

“España es un país que ha estado participando en todas las mesas y ha estado coordinando los grupos de ayuda para la situación de los migrantes venezolanos en América Latina y particularmente en Colombia”, afirmó el presidente Duque al referirse a las acciones frente a la crisis migratoria venezolana.

Bogotá D. C, 15 de septiembre de 2021

Redacción Ecos Noticia

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El Colectivo José Alvear Restrepo, Cajar, advirtió que en el trámite final del proyecto de Reforma Tributaria las presiones de la industria se siguen oponiendo al impuesto a las bebidas endulzadas

El Colectivo José Alvear Restrepo, Cajar, advirtió que en el trámite final del proyecto de Reforma Tributaria las presiones de la industria se siguen oponiendo al impuesto a las bebidas endulzadas como gaseosas, jugos, energizantes, bebidas lácteas, cuyo aporte calórico proveniente del azúcar sea superior al 10.

Yessika Hoyos, abogada del Cajar y vocera de la campaña “Dulce Veneno: el antídoto es la verdad”, hizo un llamado a los congresistas para que aprueben esta iniciativa debido a que se trata de un asunto de interés público nacional.

“Los padres de familia han pedido al Congreso de la República que atienda el clamor de la ciudadanía y que no se dejen influenciar por la industria. Es importante dejar a un lado los conflictos de intereses de los congresistas”, enfatizó Hoyos.

El Cajar también lanzó un SOS sobre el etiquetado frontal de advertencia en comestibles ultraprocesados y conminó al Gobierno a decir con transparencia a los colombianos sobre este particular.

“Estamos esperando aún el pronunciamiento del Minsalud para que nos digan si los sellos frontales serán octogonales o circulares, aclarar esta duda al país, es indispensable”.

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2021

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El Presidente Iván Duque hizo el lanzamiento oficial de la plataforma en la que los ciudadanos podrán diligenciar este documento para certificar su esquema de inmunización.

El Presidente Iván Duque hizo el lanzamiento oficial de la plataforma en la que los ciudadanos podrán diligenciar este documento para certificar su esquema de inmunización.

El jefe de Estado hizo un llamado a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para ponerse al día en la entrega de datos sobre el proceso de vacunación que adelantan para que todas las personas puedan contar con esa información.

Desde la Casa de Nariño el presidente Duque precisó que el documento es privado y “pone a Colombia a tono con otros países del mundo que también tienen ya esa tecnología”.

El certificado acreditará si la persona ha recibido una o dos dosis de la vacuna contra el coronavirus ante entidades que lo requieran, lo mismo que en espacios de convivencia que decidan requerir ese documento para hacer uso de determinados servicios.

“Es muy importante que para que esta vacunación masiva avance, también tengamos el apoyo de la tecnología y que podamos facilitarles a los ciudadanos, a través de la tecnología, tener la información de sus certificados de vacunación”, añadió.

Actualización de datos

El mandatario colombiano hizo un llamado a los hospitales y demás Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para ponerse al día en la entrega de datos sobre el proceso de vacunación que adelantan, para que todas las personas puedan contar con esa información.

“Sabemos que en el sistema de PAIWEB hay un rezago del 37% de certificados que faltan por cargar al sistema. Entonces el mensaje que queremos enviarles a las IPS es la urgencia de cargar esta información, de tal manera que todas las personas que ya han sido vacunadas tengan esta información en sus dispositivos móviles”, indicó.

En ese sentido, señaló que más del 60% de las personas que se han vacunado ya cuentan ese registro y podrán descargarlo en cualquier momento.

Igualmente, invitó a los ciudadanos ya vacunados y que aún no están registrados en las bases de datos, solicitar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que para cargar la información.

“Este es un avance importante; obviamente, mientras logramos llenar ese rezago habrá una gradualidad, pero lo cierto es que Colombia ya entra en estas tecnologías, no solamente que son modernas, sino que también se están aplicando en muchos lugares del mundo”, puntualizó el Presidente Duque.

Características del certificado

Es gratuito, descargable imprimible y contiene código QR, que garantiza su veracidad y confiabilidad. Además, podrá ser generado en idioma inglés o español.

El documento digital tendrá acreditada la siguiente información:

Nombres y apellidos de la persona vacunada, tipo de identificación, número de identificación, fecha de nacimiento, país, número de contacto, correo electrónico, dosis recibida, lote de vacuna aplicada, tipo de vacuna, centro vacunador, fecha de aplicación, país de vacunación, sello digital, fecha de emisión del documento y el código QR, con la información encriptada que tiene información del ciudadano y del proceso de autenticación del certificado.

Este documento podrá ser descargado en los sitios web https://mivacuna.sispro.gov.co/, el Servicio Nacional de Carpeta Ciudadana y la aplicación móvil CoronApp, las veces que sea necesario.

Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2021

Fuente: Presidencia de la República.

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Los cinco deportistas que recibieron medallas en representación de Colombia en las Olimpiadas de Tokio 2020, instaron al Congreso de la República para que aprueben el proyecto que establece la Ley del Deporte.

Los cinco deportistas que recibieron medallas en representación de Colombia en las Olimpiadas de Tokio 2020, instaron al Congreso de la República para que aprueben el proyecto que establece la Ley del Deporte.

Al recibir la condecoración Orden de Caballero Mariana Pajón, Luis Javier Mosquera, Anthony Zambrano, Sandra Lorena Arenas y Carlos Ramírez, el presidente del Congreso Juan Diego Gómez Jiménez, dijo que es un reconocimiento al esfuerzo por conquistar dichas preseas a nombre de Colombia.

“Sobre sus triunfos cabalgan el esfuerzo, la voluntad, la disciplina y la fe que les mueve para ondear la bandera nacional con mucho orgullo. La competencia les convoca para dar lo mejor de ustedes y salir airosos”, dijo el presidente del senado, Juan Diego Gómez Jiménez.

Ante la presencia de los congresistas y de la viceministra del deporte Lina Barrera, el presidente del senado Juan Diego Gómez Jiménez señaló que “Esos valores que los identifican como un ADN natural, son precisamente los mismos que desde este Congreso invocamos hoy para miles de jóvenes que hoy quieren y pueden hacer parte de la transformación de nuestro país y solo necesitan convertir la voluntad en esfuerzo”.

El deporte une al país

A nombre de los deportistas condecorados habló Carlos Ramírez, quien conquistó la medalla de bronce en el BMX, quien fue enfático en pedir no solo la aprobación de la Ley del Deporte sino todas las iniciativas que conlleven a ayudar a los atletas del país.

“Quiero invitarlos a que vean el deporte como algo que une un país, que une a todo Colombia, que todas las leyes que pasen por acá y todas las ideas que pasen, las apoyen unidos, que todos los partidos apoyen al deporte”, señaló Ramírez, quien insistió en la necesidad de apoyar a los deportistas colombianos “que estamos dándola toda por luchar y dejar a Colombia en lo más alto y eso es lo que más nos importa a todos.

Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia

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Los precandidatos presidenciales del Partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, Carlos Amaya y Antonio Sanguino, acordaron un mecanismo de selección de un solo candidato a través de un proceso en el que se privilegia lo regional y lo programático.

Los precandidatos presidenciales del Partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, Carlos Amaya y Antonio Sanguino, acordaron un mecanismo de selección de un solo candidato a través de un proceso en el que se privilegia lo regional y lo programático. Con esta iniciativa se ratifica el espíritu de unidad, el interés de hacer propuestas en beneficio de los colombianos y el compromiso con las regiones y su desarrollo.

Los candidatos que hacen parte de este acuerdo realizarán 7 foros debates programáticos desde el próximo lunes 30 de agosto hasta el 27 de septiembre, en diferentes regiones del país. Las temáticas que se abordarán son pobreza, educación, desarrollo rural, empleo, reactivación económica, seguridad, ambiente, jóvenes y mujeres, entre otros.

Se ha acordado un procedimiento de votación en donde se privilegiarán los militantes del Partido Verde a través de una encuesta, que se realizará por la firma Cifras y Conceptos. Los resultados de este ejercicio político se darán a conocer la primera semana de octubre en Bogotá.

Esta decisión nace de un proceso de liderazgo colectivo en el que los tres candidatos asumirán una competencia constructiva y fraterna para definir un único aspirante que se someterá a las reglas de juego que defina el partido Alianza Verde para elegir su candidato presidencial. La Terna Verde está comprometida con el fortalecimiento del partido para mantener la unidad en la carrera por la presidencia de la república.

En este link puede ver toda la Rueda de Prensa:  https://www.facebook.com/carlosandresamayar/videos/262127892415347/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

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La Corte Constitucional declaró exequible y le da vía libre a la ley de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo, iniciativa de los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil, y que le da tranquilidad a millones de colombianos que han estado reportados por ser morosos en los créditos del sistema financiero.

-La ley obliga a borrar de las centrales de riesgo a quiénes se pongan al día con sus deudas-

La Corte Constitucional, por decisión unánime, declaró exequible y le da vía libre a la ley de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo, iniciativa de los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil, y que le da tranquilidad a millones de colombianos que han estado reportados por ser morosos en el sistema financiero.

“Millones de colombianos que estaban esperando esta gran noticia.  Es una gran herramienta para la reactivación económica que el país tanto necesita. En la Cámara de Representantes y en el Senado de la República dimos una lucha de varios años y aquí estamos dándole esta buena noticia a todos los colombianos”, afirmó el senador Barguil quien destacó que la ley fue aprobada en 2020 y por tratarse de una reforma a la Ley estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008, se exigía una revisión por parte de la Corte Constitucional para luego pasar a sanción presidencial.

Son más de 10 millones de ciudadanos que se benefician de la ley para que puedan acceder a un crédito normal, lo que permite ser parte de la reactivación económica del país por la crisis generada por la pandemia del  Covid 19.

Según David Barguil, el “corazón del proyecto” es la amnistía que se da por una vez a personas que ya pagaron sus deudas; tras seis meses desde el pago, los ciudadanos saldrían inmediatamente del reporte negativo y se les restablece su calificación para que sean sujetos de crédito.

Los que más se benefician

Los principales beneficiarios de la ley son los  jóvenes y mujeres rurales, estudiantes con créditos en el Icetex y víctimas del conflicto, porque saldrán de manera inmediata del reporte una vez hayan saldado sus deudas, es decir, no deberán esperar un semestre.

“Las medidas ayudarán a que retomen su vida crediticia. Descubrí que mucha gente se había quedado por fuera de los programas de vivienda del Gobierno, porque dichos programas son a través del sistema financiero”, dijo Barguil.

La ley contempla que las personas que tengan deudas inferiores al 15 por ciento del salario mínimo (menos de $136.279) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente (con 20 días de diferencia entre una y otra comunicación).

También se prohíbe la consulta a las centrales de riesgo para otorgar un empleo.

Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia

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El senador Jaime Durán Barrera y concejal de Bucaramanga, Francisco González, instaron al Gobierno Nacional y a las Entidades de Control, conformar de “inmediato una Mesa Técnica que logre una solución jurídica y permita que las basuras se arrojen de manera temporal en el relleno sanitario el Carrasco”, que permita remediar temporalmente la grave crisis de basuras en Bucaramanga y su Área Metropolitana.

El senador Jaime Durán Barrera y concejal de Bucaramanga, Francisco González, instaron al Gobierno Nacional y a las Entidades de Control, conformar de “inmediato una Mesa Técnica que logre una solución jurídica y permita que las basuras se arrojen de manera temporal en el relleno sanitario El Carrasco”, que permita remediar  la grave crisis de residuos en la 'Ciudad Bonita' y su Área Metropolitana.

“Urge que todas las autoridades públicas convocadas actúen con diligencia, para evitar que se agudice el problema y genere una crisis sanitaria y de salubridad, de graves consecuencias, afectando la salud y el bienestar de los habitantes de esa región del departamento de Santander”, argumentó el senador Durán y el concejal González, a través de una misiva dirigida a los Ministros de Trabajo, Ambiente, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la ANLA y a la Procuradora General de la Nación.

Destacan en la carta que “Inquieta y preocupa que VEOLIA, que tiene hasta el momento los negocios de basura en Cúcuta, Barrancabermeja y Aguachica, pretenda ahora prestar esos servicios en Bucaramanga y su Zona Metropolitana, dejando por fuera a la EMAB, para quedarse con el monopolio acudiendo a  predios que son de esa multinacional en  la vereda Chocoa, del municipio de Girón, para depositar los residuos, cuando toda la comunidad de esa localidad en múltiples protestas, ha rechazado de plano esa iniciativa”.

Ponen de presente en la misiva que la problemática está afectando el derecho constitucional que tienen las personas de gozar de un ambiente sano (art 79 C.N), porque se le está negando el derecho esencial, eficiente y eficaz, de acceder al servicio público domiciliario de recolección de basuras a los ciudadanos.

 

 

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La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes definió para el viernes 3 de septiembre el inicio, con el debate, de la Moción de Censura contra la ministra de las tecnologías de la información y comunicaciones, Karen Abudinen

La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes definió para el viernes 3 de septiembre el inicio, con el debate, de la Moción de Censura contra la ministra de las tecnologías de la información y comunicaciones, Karen Abudinen, por las irregularidades del contrato que pretende aumentar la cobertura de internet en los colegios rurales de Colombia y dónde se cuestiona un anticipo a los contratistas de $70.000 millones.

La moción de censura, liderada por la bancada de la oposición en esa corporación, pretende responsabilizar políticamente a la ministra Abudinen, por las irregularidades en dicho contrato.

La legislación, en ese mecanismo de control político, establece primeramente el debate donde hablaran primeramente los proponentes de la moción, posteriormente lo hará la ministra para defenderse. Después de esa sesión, la plenaria cuenta con 10 días para votar la proposición de Moción de Censura.

Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia.

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