La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, tomó juramento del nuevo embajador de Colombia ante el Gobierno de la Federación de Rusia, Héctor Arenas Neira, quien es funcionario de la Carrera Diplomática y Consular.

La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, tomó juramento del nuevo embajador de Colombia ante el Gobierno de la Federación de Rusia, Héctor Arenas Neira, quien es funcionario de la Carrera Diplomática y Consular.

Durante el acto de posesión, la alta funcionaria expresó: “Celebró el hecho de tener un embajador de carrera precisamente en Rusia, una embajada supremamente importante para Colombia. No es menor esta tarea y soy de las personas que está convencida que entre más alta la dignidad, mayor la responsabilidad”. 

En ese sentido, destacó que Colombia quiere fortalecer y conservar la relación bilateral que ha sostenido con Rusia por más de 160 años, que está interesado en trabajar por afianzar la cooperación en educación y cultura, y a nivel de ciencia y tecnología, así como aumentar el intercambio comercial y las exportaciones de Colombia hacia ese país, que tiene un gran potencial en su mercado.

La Vicepresidente y Canciller dijo que cree en la Carrera Diplomática y en el servicio porque está convencida que el Estado colombiano “debe estar en manos de los mejores, los más calificados, con la experiencia necesaria, fuerte vocación de servicio y una búsqueda constante de la excelencia”.

En una breve declaración, el Embajador Arenas aseguró: “Como funcionario de Carrera Diplomática y Consular es para mí un gran honor asumir el compromiso que me han encomendado el Presidente de la República, Iván Duque, y la Vicepresidente – Canciller, Marta Lucía Ramírez, al nombrarme como embajador de Colombia en la Federación de Rusia, estamos preparados para fortalecer las relaciones entre Colombia y Rusia en todos los campos (…) y desde luego para apoyar a todos nuestros ciudadanos que viven en ese país”. 

El nuevo embajador de Colombia en Rusia ingresó a la Carrera Diplomática y Consular en junio de 1990. Se ha desempeñado como Coordinador en las direcciones de América Latina y el Caribe; Asia Pacífico, y en la de Mecanismos de Integración Regionales. Ha sido Director encargado de las direcciones de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano; Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales; y recientemente Director de Asia, África y Oceanía en la Cancillería. Habla ruso, inglés, francés, italiano, portugués y japonés (básico).

Bogotá, D. C, 10 de febrero de 2022

Redacción Ecos Noticia.

 

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El actual candidato al Senado por el Centro Democrático, agregó que a sujetos como Yhonier Leal no deberían ofrecerles rebajas de penas ni posibles acuerdos judiciales

La indignación nacional tras conocerse que el autor del doble crímen cometido contra Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, era su propio hermano Yhonier Leal, llevó al excandidato presidencial del Centro Democrático Alirio Barrera a plantear la posibilidad de aplicar en Colombia y para estos casos atroces, la pena de muerte.

“Lástima que en Colombia no exista la pena de muerte para una porquería de esas. En cualquier país donde esto sucediera, no merecía más. Pienso que es lo peor, un criminal pasado ya de la raya, donde la justicia ni siquiera le llegará a dar un castigo como se lo deberían dar”, afirmó Barrera.

El actual candidato al Senado por el Centro Democrático, agregó que a sujetos como Yhonier Leal no deberían ofrecerles rebajas de penas ni posibles acuerdos judiciales, “lo que hay que darles es duro y castigarlos de la peor manera que tenga la justicia colombiana”, puntualizó.

El confeso criminal Yhonier Leal podría recibir una pena de entre 15 y 25 años de prisión por el doble asesinato y eso es lo que motiva la propuesta de estudiar la pena de muerte para casos tan dolorosos como este.

Sobre revocatoria del mandato alcalde de Medellín

Alirio Barrera, también se pronunció respecto al proceso de revocatoria del mandato al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señalando que el mandatario está haciendo ‘triquiñuelas’ para evitar que el pueblo tome la decisión de revocarle el mandato o continuar en el cargo.

En un vídeo dirigido a la opinión pública, Barrera le dice al alcalde ‘Paisa’ que, si él se siente haber sido buen alcalde, que deje que el pueblo decida en las urnas, a ver si se queda o no.

Barrera, se desempeñó como gobernador de Casanare durante el período 2016-2019, y aspira llegar nuevamente al Congreso con el aval de partido político Centro Democrático

Bogotá, D. C, 26 de enero de 2022

 

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La senadora del Centro Democrático, Amanda Rocío González, lanzó fuertes críticas a las directivas de su partido al quedar por fuera en la lista de esa colectividad para aspirar de nuevo al Congreso de la República en las elecciones de marzo

La senadora del Centro Democrático, Amanda Rocío González, lanzó fuertes críticas a las directivas de su partido al quedar por fuera en la lista de esa colectividad para aspirar de nuevo al Congreso de la República en las elecciones de marzo, cuando los colombianos eligen nuevamente dignatarios de la rama legislativa del poder público.

La congresista Amanda Rocío González es oriunda de la Orinoquía Colombiana y rechaza su no inclusión en dicha lista al Senado por parte del partido de gobierno. “Es lamentable que a escasas 24 horas del cierre del proceso de inscripciones de listas al congreso, de manera sorpresiva el Partido y el Ex Presidente Uribe, haciendo uso de inusuales facultades, pretendan transgredir mis derechos, sin que medie causal constitucional o legal para hacerlo, pues hasta el momento no tengo condena o sanción alguna que me impida ejercer mi postulación”, afirmó la senadora González.

Agregó: “Es triste que hoy el partido, al cual le dediqué enormes esfuerzos de todo tipo para construir un proyecto político de servicio para la ciudadanía, decida de forma arbitraria premiar la mezquindad, la mediocridad y el amiguismo, dejando de lado el sentir de sus bases y su gente en las regiones”.

El siguiente es el comunicado de la congresista casanareña Amanda Rocío González.

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA

La noche del día de ayer, recibí llamada telefónica de la Dra. Nubia Stella Martínez, Directora del Partido Centro Democrático, quien me manifestó la decisión tomada por dicha colectividad de negarme el aval, para poder postularme nuevamente al Senado de la Republica.

Esta decisión según lo expresado por la Dra. Martínez, corresponde a una condición exigida por el Señor Alirio Barrera, para aspirar también al Senado como candidato único por la Orinoquía, violentando el principio de igualdad y el derecho legítimo adquirido que tengo de ser elegida, aún  más en mi condición de aforada, y pregunto ¿Cuál es el temor de competir conmigo? ¿No se siente con la capacidad de hacerlo?

Definitivamente la colectividad olvida y desconoce que la posibilidad de elegir y ser elegida, así́ como la de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos es un derecho político que ha sido reconocido como fundamental y de aplicación inmediata en el texto constitutional (CP, arts. 40 y 85).

Por lo tanto, y en razón a que desde hace algunos días venía escuchando de manera reiterada los rumores sobre esta desafortunada posibilidad, decidí oficiar al Partido el día 6 de Diciembre del presente año, donde solicitaba se me diera respuesta y aclararan los mismos, de la cual, a fecha de hoy no he recibido respuesta formal.

Es lamentable que a escasas 24 horas del cierre del proceso de inscripciones de listas al congreso, de manera sorpresiva el Partido y el Ex Presidente Uribe, haciendo uso de inusuales facultades, pretendan transgredir mis derechos, sin que medie causal constitucional o legal para hacerlo, pues hasta el momento no tengo condena o sanción alguna que me impida ejercer mi postulación.

Es triste que hoy el partido, al cual le dediqué enormes esfuerzos de todo tipo para construir un proyecto político de servicio para la ciudadanía, decida de forma arbitraria premiar la mezquindad, la mediocridad y el amiguismo, dejando de lado el sentir de sus bases y su gente en las regiones.

Aun así, seguiré luchando por defender estos espacios de participación de las mujeres, por contrarrestar la violencia política a nuestro género, por seguir demostrando con méritos, con trabajo y con disciplina que podemos ejercer estas dignidades sin necesidad de apagar la luz de nadie para poder brillar.

En los próximos días estaré compartiéndoles las decisiones jurídicas y políticas que tomaremos al respecto.

Dios nos bendiga a todos.

Cordialmente,

AMANDA ROCIO GONZALEZ

Senadora de la República.

Bogotá, D. C, 13 de diciembre de 2021

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La firma Mediciones Estratégicas realizó una encuesta para evaluar la intención del voto en la  región caribe y según el resultado reveló que Alejandro Char desplazó a Gustavo Petro del primer lugar en Barranquilla, pero el senador lo dobla en la preferencia de voto en la Costa Atlántica.

La firma, Mediciones Estratégicas, realizó una encuesta para evaluar la intención del voto en la región caribe y el resultado revela que Alejandro Char desplazó a Gustavo Petro del primer lugar en Barranquilla, pero el senador lo dobla en la preferencia de voto en la Costa Atlántica.

La encuesta se llevó a cabo entre el 23 y 29 de noviembre del presente año y fueron consultadas 1.885 personas en los ocho departamentos del norte de Colombia, incluyendo a San Andrés Isla.

Los datos revelan que en Barranquilla solo tres candidatos marcan en la intención de voto: Alejandro Char con un 31% de preferencia, Gustavo Petro, baja a segundo lugar con un 17%. Rodolfo Hernández: con un 4,05%. El resto de candidatos están en cero%, sin embargo, la indecisión tiene el mayor porcentaje con un 37%.

Este es solo el escenario dentro del Caribe en el que Char le gana al senador Petro. En el acumulado de los ocho departamentos, Gustavo Petro lidera la intención del voto con un 30,82%, le sigue Alejandro Char con un 12,84% y Rodolfo Hernández, nuevamente de tercero, con un 3,71%.

En la lista sigue Oscar Iván Zuluaga, con un 2,71%, David Barguil, con 1,65%, Sergio fajardo, con un 1,27%. El atlanticense Eduardo Verano de la Rosa apenas se ve favorecido con un 0,16% de la intención del voto.

La siguiente es la ficha técnica de la encuesta:

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El partido de Gobierno, el Centro Democrático, escogió como candidato único a la presidencia de la república de Colombia, al exministro Óscar Iván Zuluaga.

El partido de Gobierno, el Centro Democrático, escogió como candidato único a la presidencia de la república al exministro Óscar Iván Zuluaga.

"Tengo experiencia en el sector público y privado. Como empresario he generado muchísimos empleos y como ministro de Hacienda hice crecer la economía. Llevo 20 de años de mi vida en el sector privado, se cómo generar oportunidades y el empleo que el país necesita", destacó Zuluaga quien derrotó a través de encuesta de opinión a sus contendores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Alirio Barrera.

Zuluaga, quien nació en Pensilvania, departamento de caldas, en 1959, fue derrotado por el expresidente Juan Manuel Santos, en segunda vuelta en el 2018, e insiste en el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, en conquistar la jefatura de Estado.

El candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga le lanzó hace unos días una propuesta dentro del proceso electoral en búsqueda de la presidencia de la república: “Propongo una consulta interpartidista con otros sectores políticos en el mes de marzo y tener un solo candidato. Hoy más que nunca tenemos que unirnos para poder defender la democracia, la iniciativa privada y la libertad", dijo Zuluaga hace unos días a este diario sobre los caminos a seguir.

Bogotá, D. C, 22 de noviembre de 2021

Redacción Ecos Noticia.

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La iniciativa pasó su segundo debate en la Cámara y establece cambios en la Constitución Nacional en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado; se instauran nuevos requisitos para elegir al Procurador, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional y Contralor General de la República.

La iniciativa pasó su segundo debate en la Cámara y establece cambios en la Constitución Nacional para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado; se instauran nuevos requisitos para elegir al Procurador, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional y Contralor General de la República.

El ponente del proyecto de Acto Legislativo, César Lorduy, dijo que para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se hará mediante el mecanismo de captación. Igualmente se eleva a la categoría de Corte Nacional Judicial lo que hemos hasta ahora conocido como la Comisión Nacional Judicial. El Consejo Superior de la Judicatura no elaborará más listas que tengan que ver con la selección de magistrados para el Consejo de Estado y para la Corte Suprema de Justicia. El Consejo superior de la Judicatura que como ya sabemos no tienen funciones jurisdiccionales queda sin esa competencia”.

De acuerdo a lo aprobado por la plenaria de la Cámara,  se exigirán 15 años de experiencia para el cargo de procurador, fiscal, defensor, registrador y contralor, adicionalmente 10 años de experiencia complementaria o simultánea al ejercicio profesional.

En el cargo de fiscal se requerirá adicionalmente que este sea titulado además de abogado con posgrado en derecho penal.

La iniciativa le faltan seis debates, cuatro más en el senado y dos en la cámara, para que se convierta en nueva norma constitucional.

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2021

Redacción Ecos Noticia

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El Consejo Nacional Electoral -CNE-, en cabeza de su presidenta Doris Ruth Méndez Cubillos y miembros de la Unión Europea realizaron una reunión exploratoria con el fin de evaluar la posibilidad de llevar a cabo una Misión de Observación en el territorio colombiano, para los procesos electorales de Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República que se efectuarán en el 2022.

El Consejo Nacional Electoral -CNE-, en cabeza de su presidenta Doris Ruth Méndez Cubillos y miembros de la Unión Europea, realizaron una reunión exploratoria con el fin de evaluar la posibilidad de llevar a cabo una Misión de Observación en el territorio colombiano, para los procesos electorales de Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República que se efectuarán en el 2022.

Para el CNE es fundamental unir esfuerzos con entidades tanto nacionales como internacionales, con el firme propósito de contribuir en la construcción de procesos electorales más eficientes, enmarcados en la transparencia y el fortalecimiento de la participación democrática, teniendo en cuenta que la misión del Órgano Electoral es promover la sostenibilidad democrática, a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de control, inspección y vigilancia de la actividad electoral, el accionar de los actores que intervienen en los procesos electorales, así como la protección de los derechos de la oposición.

Según la presidenta de la Entidad, Doris Méndez, se hace indispensable la participación y acompañamiento del mayor número de observadores y técnicos de la Unión Europea, “con el propósito de que nos ayuden a fortalecer los mensajes e instrumentos que garanticen un proceso democrático, transparente y equitativo de participación por parte de la ciudadanía”.

Indicó además que este acompañamiento es fundamental teniendo en cuenta los nuevos retos que trae este proceso electoral como la implementación del nuevo código electoral, que ya surte su trámite final por parte de la Corte Constitucional y que incluye la obligatoriedad de la paridad de género a la hora de conformar las listas de candidatos para cuerpos colegiados.

Así mismo, un segundo reto lo constituye el relacionado con la violencia contra las mujeres en política, entendiéndolo como aquellos comportamientos dirigidos contra las mujeres por ser mujeres, con el propósito de que abandonen la política. En este sentido la presidenta del CNE indicó que en conjunto con la Comunidad Europea serán garantes de la lucha por abolir esta práctica del ordenamiento jurídico colombiano.

También es importante destacar el gran reto que traen consigo las 16 curules de paz, teniendo en cuenta que se deben garantizar los derechos políticos de participación y representación de las víctimas del conflicto armado, así como de comunidades rurales tradicionalmente excluidas donde ha primado el abandono institucional.

Bogotá, D. C, 26 de octubre de 2021

Fuente: CNE

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Las comisiones segundas de Senado y Cámara, avalaron dos proyectos de ley presentados por el Gobierno y que reforman estructuras de la Policía Nacional, que surgieron después de las protestas durante los paros que condujeron a una crisis de la institución luego de los heridos y muertos que participaron en las manifestaciones donde además quedaron lesionados y perdieron la vida agentes de dicha institución.

Las comisiones segundas de Senado y Cámara, avalaron dos proyectos de ley presentados por el Gobierno y que reforman estructuras de la Policía Nacional, surgidos después de las protestas durante los paros que condujeron a una crisis de la institución luego de los heridos y muertos, donde además quedaron lesionados y perdieron la vida agentes de dicha institución.

La primera iniciativa crea la categoría de patrulleros, establece normas relacionadas con el régimen especial de carrera del personal uniformado de la Policía Nacional, fortalece la profesionalización del servicio, mientras que el otro proyecto expide el Estatuto Disciplinario Policial. Ambas propuestas tendrán su último debate en las plenarias de cada corporación, para que pase a sanción presidencial.

“Se trata de mejorar el servicio policial…de las protestas llegamos a las propuestas”, destacó el ministro del interior, Daniel Palacios, quien estuvo en la discusión y votación de dichas iniciativas acompañado del ministro de defensa, Diego Molano, quien señaló que la aprobación de los proyectos “permite evidenciar el compromiso para garantizar que los colombianos tengamos una Policía más profesional y más organizada, que constituya esa tradición y esos aires renovadores".

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, afirmó al final de la sesión que "el estatuto de carrera crea el Patrullero de Policía, que con el centro de estándares, la certificación más los beneficios que se están incorporando en la ley, como las distinciones y el aumento de salario, lo que hace es que tengamos un policía totalmente profesional, que actúe en el uso normado de la fuerza internacional y nacionalmente".

El senador del partido verde, Antonio Sanguino, dijo que la iniciativa que crea la categoría de patrulleros aumenta la desigualdad entre oficiales y altos mandos, otorga ‘superpoderes’ al director de la policía para retirar funcionarios y omiten a la academia para la formación de los policías, por eso insistió que se debe ampliar la responsabilidad de los policías vinculados a violación de DDHH.

En las iniciativas aprobadas se descarta que el manejo de la institución policial quede en manos del Ministerio del Interior.

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2021

Redacción Ecos Noticia.

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La expropiación es ilegal ya que no se cumple con ninguna de las excepciones de ley, el ente público tendría que pagar millonarios daños y perjuicios a ciudadano español. El próximo 5 de octubre se llevará a cabo audiencia de conciliación en Supernotariado.

La expropiación es ilegal ya que no se cumple con ninguna de las excepciones de ley, el ente público tendría que pagar millonarios daños y perjuicios a ciudadano español. El próximo 5 de octubre se llevará a cabo audiencia de conciliación en Supernotariado.

Por Alejandra Buitrago*.- La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, ORIP, de Cartagena y la Superintendencia de Notariado y Registro habrían vulnerado los derechos de un inversionista extranjero al expropiarlo por vía administrativa y generado daños y perjuicios por más de 18.000 millones de pesos al revocar los efectos de una sentencia judicial en firme basada en información ratificada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Este evento podría generar el pago de una multimillonaria cifra al inversionista extranjero afectado, el ciudadano español Juan José Santaolalla Milla, por daños y perjuicios, de no lograr resolver en la etapa de conciliación la solicitud de un proceso contra la entidad de control por desconocer su derecho legal sobre una propiedad en la ciudad de Cartagena, un caso sin precedentes.

El hecho, en investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Jefe de Control Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, afectó gravemente al ciudadano español, quien ha debido defenderse de las resoluciones de la ORIP Cartagena No. 163 del 26 de octubre de 2.017, confirmada por medio de la Resolución de la SNR No. 9547 del 31 de julio de 2.019.

En esas resoluciones cancelaron los folios de matrícula inmobiliaria donde consta que el propietario del predio es el señor Santaolalla, por lo cual el líder del grupo de abogados del extranjero, Alfonso Martínez Ferrer, manifestó que “estamos ante una vía de hecho administrativa, atribución que únicamente le compete a un Juez de la República”.

Martínez agregó que “la decisión unilateral del ente público toma de sorpresa al afectado, introduce inseguridad y desconfianza en la actividad administrativa, quebranta el principio de buena fe y delata indebido aprovechamiento del poder sobre la base de la debilidad del administrado”.

“No es posible que un particular, un inversionista extranjero, sea expropiado por vía administrativa de manera arbitraria por manos de funcionarios de entes estatales que manipulan las normas. La única forma que pudieran quitarle sus derechos a la propiedad privada que tenía era que un juez de la República lo manifestara; que las entidades dijeran que lo habría adquirido de manera fraudulenta, por suplantación o ilegal, y en este caso no se dio ninguna de esas circunstancias”, agregó Martínez.

Juan José Santaolalla adquirió ese predio tras un proceso ejecutivo que se originó en el año 2.000 que concluyó con una sentencia del Juzgado Civil Segundo del Circuito de Cartagena, amparado por una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que ratificó la información de la oficina de instrumentos públicos, en el cual todo estaba conforme a derecho. En último momento sale la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, ORIP, de Cartagena a generar la primera resolución.

Las resoluciones cancelaron lo actuado por el Juzgado que embargó el inmueble lote de 3.864 mts², ubicado en la ciudad de Cartagena, Barrio Buenos Aires, Sector Zaragocilla, Transversal 54 No. 47-605, según la ORIP de Cartagena, y lo adjudicó en remate a Juan José Santaolalla Milla.

Los registradores de instrumentos públicos no tienen la facultad jurídico administrativa de cancelar folios de matrícula o anotaciones contenidas de registro de títulos de dominio. “La decisión violó el Decreto 1579 de 2.012”, indicó el jurista.

La ORIP Cartagena justificó que unificó los folios de matrículas inmobiliarias porque corresponden a un mismo inmueble, “lo que no es cierto; pues en la casilla o campo de descripción del Folio 060-47001, aparecen cuatro (4) inmuebles distintos entre sí y distintos cada uno respecto del predio del folio 060-34231”, aclaró la parte afectada.

El inversionista extranjero le ha pedido a la Supernotariado y registro que subsane el error en una audiencia de conciliación y asuma los daños y perjuicios ocasionados por las ilegalidades cometidas por sus funcionarios César Taffur Peña, Registrador de Instrumentos Públicos de Cartagena (e), y de segunda instancia Archibaldo José Villanueva Perruelo, este último recientemente desvinculado de la entidad por estar al parecer involucrado en actos de corrupción.

Santaolalla sostiene que ha sido perjudicado por reembolsos de capital, daño emergente, lucro cesante. “Pido se declare a las autoridades convocadas: Nación, Superintendencia de Notariado y Registro, y ORIP Cartagena, administrativa y extracontractualmente responsables de pagar todos los perjuicios materiales ocasionados que pueden supercar los 18.000 millones de pesos”. Asegura que sólo en su defensa ha debido pagar servicios jurídicos por sumas superiores a los 2.000 millones de pesos tras la serie de maniobras dilatorias de la contraparte.

Dice que la autoridad quiere obligar al particular a que se someta a un nuevo juicio largo, tenso, demorado, que afecta su patrimonio aún más.

“El Estado procedió con retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia; teniendo el deber legal de prestar el servicio no actuó y así desamparó al ciudadano usuario, violaron las normas y prevaricaron flagrantemente, con dolo”, dijo Martínez quien el próximo 5 de octubre tendrá la audiencia de conciliación en la Supernotariado.

El documento sostiene que la ORIP Cartagena “se saltó, sin escrúpulos jurídicos, la aplicación obligada de la norma 97 del Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, no podía decretar su revocatoria, o cancelación ni dejarla sin efectos”.

Un hecho relevante fue que la Supernotariado en su página oficial el 3 de noviembre de 2.017, publicó un comunicado de prensa celebrando la cancelación del derecho a la propiedad del ciudadano español.

“El proceso no había pasado de la primera instancia y era la Supernotariado la que debía surtir las siguientes instancias y, si ya prejuzga en su página oficial, ¿dónde están esas garantías básicas de trasparencia e imparcialidad constitucionales que proporcionen seguridad jurídica e igualdad?”, dijeron.

Este no es un caso aislado, la SNR responde procesos por múltiples actos arbitrarios en el país en investigaciones ante los organismos de control y justicia, por corrupción al desconocer el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, CPACA, frente a actos de carácter particular.

La Contraloría General de la República ha dicho que todas las actuaciones administrativas deben ajustarse a ese marco administrativo general, ratificada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2021

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Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal del 2022, donde se destaca que el monto asciende a $350.4 billones y donde se incluyeron iniciativas que permite el traslado espress de las pensiones de los fondos privados a Colpensiones y la eliminación de la ley de garantías.

Las comisiones económicas del congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2022, cuyo monto asciende a $350,4 billones y donde incluye iniciativas que permiten el traslado espress de las pensiones de los fondos privados a Colpenesiones y la eliminación de la ley de garantías, entre otras. 

Del monto total aprobado en su primer debate por el senado y la cámara de representantes, $72,8 billones se destinan al servicio de la deuda, entre tanto $68,2 billones serán recursos de inversión con el objeto de impulsar la recuperación económica que está afectada por la pendemia del COVID 19, mientras que los gastos de funcionamiento alcanzan $209,4 billones.

La educación se llevó el premio con más recursos: $49,4 billones, reconocimiento del legislador y el Gobierno en torno a los reclamos de los jóvenes que han salido a las calles a exigir sus derechos.

El segundo sector en recursos, en la iniciativa presupuestal, es el de defensa que se le asignan $41,9 billones, dineros que se utilizarán para contrarrestar la ola de violencia y de inseguridad que aquejan a millones de ciudadanos en las principales urbes y zonas rurales del territorio nacional. La salud, que quedó de tercera dentro de las prioridades, tendrá recursos por $41,2 billones.

Según lo aprobado, se le dio luz verde al traslado de 19.000 ciudadanos que están en los fondos privados para que pasen a Colpensiones, del régimen de prima media, siempre y cuando hayan cotizado 750 semanas.

La medida aplicará a los hombres con 52 años y a las mujeres que hayan cumplido los 47. Una iniciativa que tiene un gran número de respaldo por parte de los legisladores.

En el proyecto, que pasa ahora a la plenaria de las dos corporaciones, se aprobó el inciso de la Ley de Garantías que permite a departamentos, municipios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, entre otros, celebrar convenios interadministrativos con recursos públicos hasta cuatro meses antes de las elecciones.

La decisión es apoyada por el Gobierno al señalar que es necesaria para darle un impulso a la reactivación económica que requieren la mayoría de regiones y localidades del territorio nacional.

Bogotá, D. C, 22 de septiembre de 2021

Redacción Ecos Noticia.

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