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Por Rosa Muñoz Lima. DW. Foto: L. Acosta.- Es el tercer comandante de las FARC en poco más de 50 años. El que tiene un pasado más misterioso, quizás. ¿Cómo llegó del ala más “dura, radical y militarista”, a la mesa de diálogo en La Habana?
Como “continuador del legado de Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano”. Así se define “Timoleón Jiménez” en Twitter. Su “nombre” es en realidad un alias que ha derivado en otro: “Timochenko”. Y su perfil en la red social rinde tributo al líder ideológico fundador y a los dos primeros comandantes de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo” (FARC-EP), la guerrilla más grande de Colombia.
“El camarada Timoleón Jiménez” (nombre de guerra de Rodrigo Londoño Echeverri) fue designado como nuevo comandante del estado mayor central de las FARC el 5 de noviembre de 2011. Al menos, así lo afirmó un comunicado que se conoció diez días después. Reemplazaba entonces a “Alfonso Cano” (o Guillermo León Sáenz Vargas), el primer líder máximo de las FARC caído en combate. Tres años antes, Cano había reemplazado a su vez a “Manuel Marulanda Vélez”, “Tirofijo” (o Pedro Antonio Marín Rodríguez), comandante fundador de las FARC, que murió de causas naturales.
Del ala “más radical”
“Aquí hay conciencia, anhelo incandescente de combate y de victoria (...). Pierden su tiempo, alucinan, los que sueñan con la claudicación y desmovilización de la guerrilla”, aseguró el comunicado que confirmó la caída del “más ferviente partidario de la solución política y la paz”, “Cano”, y el nombramiento de su sucesor, “Timochenko”.
Entonces, observadores y analistas catalogaron a “Timochenko” como un representante del ala “más dura, radical y militarista” de las FARC. Lo vinculaban con varias purgas internas y con las más violentas acciones del grupo guerrillero –la toma de Mitú, la capital del amazónico departamento de Vaupés, en noviembre de 1998, por ejemplo. Mientras, las FARC insistieron en que “Timochenko” garantizaría “la continuidad del Plan Estratégico hacia la toma del poder para el pueblo”.
Con un pasado nebuloso
Rodrigo Londoño Echeverri nació el 22 de enero de 1959. Ingresó a las FARC en 1982. Y pasó a ser miembro de su secretariado −la unidad de mando conformada por siete líderes del grupo− a inicios de la década de 1990. De los tres comandantes de las FARC desde su fundación en 1964, Timochenko parece tener el pasado más nebuloso.
“Algunas fuentes dicen que es un médico entrenado, pero no hay evidencia de sus estudios”, constata un perfil elaborado por el Centro de Investigación del Crimen Organizado, de la fundación independiente InSight Crime, con sede en Medellín, Colombia, y Washington D.C., Estados Unidos.
“La mayoría dice que es oriundo de Quindío, un departamento cafetero en el centro de Colombia que vivió algunos de los peores momentos de la violencia política del país durante un levantamiento que comenzó en 1940” y terminó poco antes de que surgieran, a mediados de los años sesenta, grupos armados como las FARC, añade la semblanza de InSight Crime.
Además, diversas fuentes coinciden en que “Timochenko” recibió entrenamiento político y militar en Cuba y Europa Oriental; en que eligió su alias presumiblemente en honor a Semyon Timoshenko, un general soviético de la Segunda Guerra Mundial; así como en que estuvo a cargo de las labores de inteligencia y contrainteligencia en las FARC.
“Vamos a lograrlo, Santos”
Estas décadas de violentas tensiones sociales, con las que hoy se pretende acabar en Colombia, tuvieron origen en la lucha por la tierra entre campesinos y terratenientes desde los años 20 del siglo pasado. Pero estallaron con fuerza a partir de la década de 1960.
Como sea, a cuatro años de su nombramiento como jefe máximo de las FARC, el diario colombiano El Tiempo lo incluía en su lista de “24 personajes más importantes del 2015”. Ese año, y tras tres de negociaciones en La Habana, Rodrigo Londoño Echeverri, “uno de los más radicales jefes de las FARC, pasó de las amenazas de guerra a hablar de paz y del Protocolo de Ginebra. Luego de estrechar la mano del presidente (Juan Manuel) Santos, el 23 de septiembre, ‘Timochenko" aceptó poner el 23 de marzo del 2016 como límite para la firma de un acuerdo de paz definitivo”.
Ya fijado el plazo, las FARC y el Gobierno aplazaron, por desavenencias, la firma de este acuerdo de paz definitivo. Pero “Timochenko” no dudó en asegurar, en un comunicado reciente, que “vamos a lograrlo, Santos, estamos seguros”, o en pedir al Papa el apoyo de la Iglesia católica para que el respaldo al proceso de paz aumente en Colombia. “En la #Paz nos encontramos Jefe de las FARC invita a Álvaro Uribe a hablar de paztodos”,# insistió en su perfil de Twitter.
No obstante, Estados Unidos ofrece por “Timochenko” una recompensa de 5 millones de dólares por cargos de tráfico de drogas. Y, aunque la guerrilla ha insistido en que su participación en este comercio se limita a gravar a los cocaleros, no está claro si las autoridades estadounidenses pedirán su extradición.
Foto: FND.- El Ex Presidente del Fondo de la Unión Europea para la implementación de los Acuerdo de Paz en Irlanda del Norte, Patrick Colgan, llegó a Colombia, invitado por la Federación Nacional de Departamentos, para exponer en la Cumbre de Gobernadores sobre su valiosa experiencia como articulador de la paz lograda entre el grupo IRA y los gobiernos de Irlanda y Reino Unido.
El economista y filósofo norinlandés Patrick Colgan, trabajó 12 años en el Fondo de la Unión Europea al frente del manejo de los recursos y programa que se ejecutaron durante el posconflicto de su país.
Colgan estuvo recientemente en la Habana y Colombia reunido con los delegados del Gobierno Nacional y de Las Farc, conversando del alistamiento que necesita el estado colombiano para aterrizar el proceso de paz en todo el territorio nacional.
Para los equipos negociadores del país, la experiencia de Irlanda del Norte ha sido un referente muy importante en el cierre de los acuerdos y será de gran utilidad para ponerle fin al conflicto más antiguo del hemisferio occidental.
Ecos, debido a la importancia del momento histórico que vive Colombia, comparte con sus lectores la entrevista que el periodista Alfredo Molano Jimeno, del Diario El Expectador, realizó a Patrick Colgan, donde se explora el Proceso de Paz de Irlanda, sus aprendizajes e implicaciones.
“Protagonistas de la guerra deben estar en la implementación”: Patrick Colgan
Patrick Colgan es un norirlandés que durante doce años trabajó en la en el Fondo de la Unión Europea para la implementación de los acuerdos de paz entre el IRA y los gobiernos del Reino Unido e Irlanda. La experiencia de este filósofo y economista en el manejo de los recursos y programas que se ejecutaron en el posconflicto de su país ha llamado la atención de la mesa de conversaciones, que hoy está discutiendo el último punto de la agenda, que precisamente versa sobre la verificación, implementación y refrendación de los acuerdos de paz.
Colgan estuvo hace unas semanas en La Habana (Cuba) reunido con los delegados de las Farc y luego viajó a Colombia para entrevistarse con el equipo negociador del Gobierno y altos funcionario que trabajan en el alistamiento del Estado para el aterrizaje del proceso de paz al territorio nacional. Y es que, para la mesa de diálogos, la experiencia de Irlanda del Norte ha sido un referente para muchos aspectos y en estos momentos de cierre de las negociaciones las lecciones de Europa pueden ser muy útiles para encontrar el cierre del conflicto más antiguo del hemisferio occidental.
-¿Cuál fue la experiencia de Irlanda del Norte en la implementación de los acuerdos de paz?
El proceso de paz nuestro se realizó entre 1994 y el 28 de julio de 1998, cuando se firmó el Acuerdo de Viernes Santo. Para la implementación de lo pactado se creó un fondo especial independiente que se encarga de materializar lo acordado financiando programas, auditando los dineros que se invierten y coordinando las organizaciones y entidades que toman parte en la ejecución de acciones de paz. Y sin duda el éxito de la implementación de los acuerdos de paz fue la independencia que se tuvo de los gobiernos del Reino Unido e Irlanda, y del IRA.
-¿Cómo funcionaba ese programa de implementación de la paz?
Nosotros rendíamos cuentas a los gobiernos y al comité de seguimiento a los acuerdos de paz, pero éramos independientes de éstos. Y creo que esa es la experiencia que podría ser interesante para lo que se discute actualmente en La Habana: el punto 6 del acuerdo, en donde se tendrán que acordar los detalles de cómo se levanta la institucionalidad para el fin de la guerra. Lo otro valioso de nuestro proceso fue la creación del comité de seguimiento a los acuerdos, en el cual tenían voz los gobiernos, la Unión Europea, los excombatientes y exprisioneros, las víctimas, la sociedad civil, las ONG y las comunidades. Presidí ese comité por doce años.
-¿Qué funciones tenía el fondo de implementación?
Desde 1995 hasta 2020 invertiremos $2.000 millones de euros. A nosotros nos tocaba trabajar con la agencias, dar los recursos y poner en marcha un sistema de auditoria y gobernabilidad. Y en ese camino fue muy importante implementar los acuerdos sobre la base de la descentralización de las estructuras, empoderando a las personas y organizaciones. Eso nos permitió implementar 23 mil programas en todo el territorio.
-¿Qué impacto tuvo la implementación de los acuerdos?
Piense lo que significa invertir esa cantidad de dinero en un país con una población de poco más de 2’000.000 de personas y en un territorio de 25 kilómetros cuadrados. Hicimos 23 mil proyectos y tuvieron un efecto muy positivo en la vida de la gente y en la cultura del país.
-¿Cuál era el panorama tras la guerra?
Teníamos una población de 40.000 prisioneros en el momento del acuerdo. Así que el proceso de reintegración de excombatientes fue un trabajo arduo. También teníamos más de 35 mil víctimas, entonces los programas se concentraron en temas de economía productiva, empleo y cultura rural y urbana.
-¿Cuál fue la fórmula para que los programas de implementación llegaran a todos los rincones del territorio?
Hicimos un énfasis muy grande en el trabajo con los municipios desarrollando su capacidad y competencias. Los programas se diseñaron para el bienestar de las comunidades y para esto la clave fue la asociación con ONG, sociedad civil, sindicatos, empleadores, empresas, víctimas, excombatientes y exprisioneros. Es decir, en cada lugar donde se implementaban programas, nosotros trabajamos en una cooperación íntima con estos grupos sociales. Eso requirió una inversión financiera muy grande y por lo mismo un esfuerzo profundo en la lucha contra la corrupción y fue muy exitoso, porque nació una cultura nueva de hacer las cosas. Eso tardó unos años, pero al fin se consiguió.
-Usted habló de lo importante que fue la pluralidad de voces en el comité de seguimiento de los acuerdos, explíquenos un poco más sobre eso.
Con el fondo de implementación se creó el comité de seguimiento, al que le rendían cuentas las juntas directivas para la aprobación de las solicitudes de financiación de proyectos individuales. Eso nos puso en contacto con agencias, entidades y municipios. Se crearon 56 organismos de implementación que cubrían todo el territorio, en un trabajo conjunto entre instituciones del Estado y organizaciones. Esos cuerpos de implementación recibían los recursos y los invertían en programas y planes que operaban según unos criterios acordados en el comité de seguimiento, en el que participaban todos los sectores sociales y políticos.
-También mencionó que la lucha contra la corrupción fue vital para el éxito del posconflicto...
Las auditorías se plantearon en tres niveles. Uno previo, tanto para el programa como para los proyectos individuales, en el que se verificaba que estuvieran dirigidos según a los criterios establecidos. Luego hacíamos otra auditoria para comprobar que se fueran cumpliendo las metas. Y al final se hacía un balance de cierre. Eso nos dio mucha experiencia identificando la corrupción en sus distintas formas. Obviamente tuvimos situaciones, pero poco a poco cambió la cultura y crecieron las competencias de la gente. El resultado fue que las auditorías que nos ha hecho la Corte de Luxemburgo de la Unión Europea, nos han dado siempre el certificado de cumplimiento.
-Tras reunirse con los delegados de la mesa de diálogos de La Habana, ¿cuál cree que puede ser la principal lección que deben tener en cuenta para la implementación del acuerdo final de paz?
Para nosotros fue muy importante mantener la independencia del proceso de implementación. Sólo así conseguimos la confianza de la sociedad y de los protagonistas del proceso de paz. Quienes hacen los acuerdos deben tener la certeza de que el encargado de implementarlos es un organismo confiable. Lo otro que creo que puede servirle a Colombia es la inclusión que se hizo en Irlanda de la sociedad en el proceso. La inclusión de la voz de los excombatientes, prisioneros y víctimas en la mesa de seguimiento fue importante. No es sencillo, pero es fundamental. No es sostenible el acuerdo de paz si no se vincula a los protagonistas de la guerra en la implementación.
-¿Qué tipo de programas hicieron los excombatientes?
Se trabajó mucho en programas de generación de empleo, de capacitación, de su fortalecimiento como líderes comunitarios. Se trabajó con los jóvenes para evitar la polarización. Con los reinsertados y las víctimas hubo mucho énfasis en la recuperación psicosocial. Va a costar mucho la implementación de los acuerdos en Colombia. Nosotros empezamos con un fondo pequeño y en los primeros cinco años creció cinco veces la inversión. Entre el 2000 y el 2006 tuvimos recursos por más de mil millones de euros. El 75 % de la financiación vino de la Unión Europea y el otro 25 % lo dieron los gobiernos de Irlanda y Reino Unido. Lo que hay que entender es que esto llevará tiempo, que se necesitan programas de respuesta inmediata para los primos cuatro años, pero que también hay que planificar a largo plazo, sobre la pregunta de qué tipo de sociedad se quiere construir y cómo se reconcilia una sociedad enfrentada.
Por Redacción Ecos. Foto SIG.-El Presidente Juan Manuel Santos informó este jueves que como Jefe del Estado, ordenó el cese al fuego definitivo con las FARC a partir del próximo lunes 29 de agosto a las 00:00 horas.
Así lo anunció al país y al mundo al entregar al Congreso de la República la carta en la que informa la realización del plebiscito, el próximo 2 de octubre, y los textos de los acuerdos definitivos logrados en La Habana, tal como lo establece la ley, en un acto concurrido y simbólico en el Patio Nuñez del Capitolio Nacional y en compañía de ‘Tutina’, la primera dama de la Nación.
“Es un hecho histórico que cambiará la faz de Colombia para bien”, manifestó el Presidente Santos, quien destacó que de acuerdo a la ley debe informar al Congreso la fecha para la realización del plebiscito por la paz, razones por las cuales se convoca a los ciudadanos a votar el 2 de octubre del presente año el plebiscito para que se refrende lo actuado en La Habana.
Acompañado además de sus ministros, congresistas, periodistas, entre otras personalidades, fue certero en decirle al presidente del senado Mauricio Lizcano: “hago entrega a usted, señor Presidente del Congreso de los textos definitivos…aquí le informo al Congreso de la República lo que anuncié ayer al país: el plebiscito se realizará el 2 de octubre, el día del nacimiento de Gandhi, un día muy especial”.
Explicó que no tenía esa obligación legal de convocar al plebiscito para que el pueblo decida sobre lo acordado en La Habana, pero si la obligación moral, “porque soy un demócrata, porque creo que el pueblo debe tener la última palabra”.
Fue insistente en señalar que la paz siempre es mejor que la guerra: “la paz nos va quitar el miedo con que hemos crecido todos los colombianos después de tanto tiempo de conflicto armado. La paz les va permitir a los desplazados regresar a sus zonas a tener una vida digna. La paz nos abre oportunidades que la mayoría de los colombianos nunca hemos visto ni tenido”.
Foto: Oficina Comisionado de Paz.- Después de 52 años de conflicto armado, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos logró a través de una negociación política ponerle fin a la guerra con las Farc, cuando las partes lograron un Acuerdo histórico para silenciar los fusiles e iniciar el posconflicto que nos llevará a una paz verdadera y duradera, luego que el pueblo defina a través del plebiscito, el domingo 2 de octubre, lo pactado en La Habana.
El siguiente es el Acuerdo firmado entre los negociadores y dicho grupo insurgente que permite abrir el camino de la paz en Colombia:
Por redacción Ecos.-Foto SIG. Las negociación en La Habana entre el Gobierno y la Guerrilla de las Farc culminó. La historia de este grupo insurgente quedó atrás, dejan las armas para convertirse en un movimiento político según el resultado de casi cuatro años de diálogos entre las partes, lo que lleva a que el pueblo el domingo 2 de octubre decida finalmente si está de acuerdo con lo pactado para iniciar el posconflicto con grandes reformas que permitan el camino de la reconciliación entre todos los colombianos.
Desde la Casa de Nariño el presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció oficialmente que el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla de las Farc llegaron a un acuerdo final para ponerle fin al conflicto armado interno en el país.
“Desde el mismo inicio del proceso de paz les dije que el proceso estaba regido por un principio: ‘Nada está acordado hasta que todo esté acordado’. Pues bien: el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado”, afirmó el Jefe de Estado.
“Hoy me dirijo a ustedes con una profunda emoción. Con gran alegría. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las Farc”, aseguró el Mandatario.
El Presidente de la República agradeció el “esfuerzo titánico” cumplido por las delegaciones del Gobierno y las Farc en la Mesa de Conversaciones en La Habana, que permitió acordar los últimos temas pendientes, cerrar las negociaciones y contar con un texto definitivo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, el cual tiene carácter de “definitivo” e “inmodificable”.
Al explicar en qué consiste este Acuerdo Final, el Mandatario indicó que se trata de un conjunto de compromisos articulados entre sí para terminar el conflicto armado y “darnos la oportunidad de construir juntos una paz estable y duradera para todos los colombianos”.
Los 5 puntos del Acuerdo Final
El Jefe de Estado se refirió, además, a cada uno de los cinco puntos fundamentales que contiene el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
1.Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
En primer lugar, el Jefe de Estado destacó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, para ponerle “fin efectivo a la violencia” y que “implica que se acaban todos los ataques y amenazas a la población”.
En este sentido, recalcó que “las Farc entregarán sus armas a las Naciones Unidas, mediante un cronograma ya anunciado, en un plazo de 6 meses”, todo lo cual será verificado y monitoreado por una comisión de las Naciones Unidas.
“Lo anterior significa que las Farc dejan de existir y se convertirán en un movimiento político sin armas”, sostuvo el Mandatario en su alocución radiotelevisada.
2.Protección de los derechos de las víctimas y Justicia Especial para la Paz
En segundo término, el Presidente Santos consideró que el deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas, es decir, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y “a que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron”.
Indicó que para esto, se creó una Justicia Especial para la Paz –con un Tribunal conformado por magistrados independientes de las más altas calidades–, que será aplicada también, en forma diferenciada, a los miembros de nuestra Fuerza Pública y a civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto.
“Esta justicia transicional garantiza que no habrá impunidad para los responsables de los delitos más graves”, sostuvo.
“Ellos serán investigados, juzgados y sancionados con varios años de restricción efectiva de su libertad. Además, tendrán que decir toda la verdad y contribuir a reparar a las víctimas. Si no lo hacen, irán a la cárcel hasta por 20 años”, agregó.
“Las víctimas han estado en el centro de este proceso y serán sus principales beneficiarias. Pero también lo será todo el país, por todo lo que significa vivir en paz y porque no habrá más víctimas”, puntualizó el Jefe de Estado.
3.Plan de inversión para el campo y para los campesinos de Colombia
Como tercer punto del Acuerdo Final, el Mandatario dijo que para desterrar la violencia y llevar oportunidades y progreso a las zonas rurales del país, se acordó un plan de inversión para el campo y para los campesinos de Colombia, que ayude a superar la pobreza, la desigualdad y la violencia que tanto los han afectado, y que permita que los desplazados puedan por fin volver a sus hogares con tranquilidad.
Señaló que, en esta medida, habrá programas de desarrollo para las zonas más golpeadas por el conflicto, un plan masivo de formalización de la tierra, y se creará un Fondo de Tierras para distribuirlas de forma justa a quienes la guerra les quitó todo, pero, eso sí, “sin afectar de ninguna manera la propiedad privada ni los derechos de los propietarios y poseedores de buena fe”.
4. Reincorporación a la vida civil y participación política
En cuarto lugar, el Jefe de Estado manifestó que para que la paz sea duradera, se debe garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal del país, en lo cual Colombia tiene la experiencia y la capacidad para lograrlo. “Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos mejor ahora”, dijo.
Al respecto, expuso que los antiguos miembros de las Farc, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país, en democracia, y “deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos”.
Anunció que tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta el 2018, tras lo cual participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos periodos, si no logran el umbral.
De acuerdo con el Mandatario, de este punto del Acuerdo Final también hacen parte iniciativas para ampliar y fortalecer nuestro sistema democrático y electoral, dar mayores garantías a la oposición y permitir que regiones que no han tenido representación política adecuada por causa del conflicto elijan de manera transitoria voceros en la Cámara de Representantes.
5.Lucha eficaz contra el narcotráfico
Como quinto punto, el Jefe de Estado recalcó que lo establecido en el Acuerdo Final “nos permitirá atacar de manera más eficaz el narcotráfico, que ha alimentado el conflicto durante tantos años”.
En este sentido, subrayó que las Farc se comprometen a romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico y a colaborar, con acciones concretas, en la solución de este problema.
Explicó que, adicionalmente, se pondrá en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que se construirá con las comunidades, y se fortalecerán la lucha contra las finanzas ilícitas y los programas de salud pública para enfrentar el consumo, al tiempo que se incrementarán las acciones contra el microtráfico.
Según el Presidente, un aspecto fundamental se relaciona con la puesta en marcha de programas conjuntos de desminado y limpieza de nuestro suelo, “para que ya nadie –ningún campesino, ningún niño–, tenga miedo de pisar nuestra tierra”.
Fin del capítulo de la guerra
El Presidente Santos puntualizó que este Acuerdo Final representa el cierre del capítulo de la guerra con las Farc, para comenzar a escribir el nuevo capítulo de la paz en Colombia.
“Ese es el acuerdo que se ha concluido hoy. Es un acuerdo que beneficia, protege y fortalece los derechos de todos los colombianos. Es un acuerdo que responde a todas las dimensiones del conflicto y, por eso, precisamente por eso, nos permite cerrar el capítulo de la guerra con las Farc y empezar a escribir el nuevo capítulo de la paz”, concluyó el Presidente de la República.
Será finalmente el pueblo, el 2 de octubre, quien decida el futuro de Colombia.
Redacción Ecos. Foto: Ecos Media.- Una histórica plenaria del Senado de Colombia suspendió este miércoles del cargo al Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, por el delito de concusión, al haber pedido $500 millones a la liquidada compañía Fidupetrol, en el trámite de una tutela ante el alto tribunal constitucional.
El Magistrado Pretelt se convirtió en el primer aforado de la Rama Jurisdiccional, en ser suspendido de su cargo.
También, por primera vez en la historia reciente de Colombia, por lo menos desde que se sancionó la Constitución del 91, los senadores colombianos se ataviaron de jueces y determinaron con su voto que el Magistrado Pretelt debe ser juzgado.
Luego de dos días de discusiones, donde también se permitió intervenir al mismo Magistrado Pretelt, quien se presentó con una voluminosa carpeta y se declaró perseguido e inocente, se votó y se procedió a decidir sobre el caso.
En medio de la votación se perdió el listado y el Secretario solicitó otro. La votación final fue de 55 a favor y 5 en contra de la suspensión del cargo.
La decisión implica que es la segunda vez que se levanta el fuero a un alto dignatario, para que sea llevado ante una instancia judicial, porque en tantos años de vida republicana solo ha sido acusado formalmente un Alto Funcionario: el General y Ex Presidente de la República Gustavo Rojas Pinilla en 1959, aunque después fue absuelto.
Este caso surgió de una denuncia interpuesta por su colega en el alto tribunal, el Ex Magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo. El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema de Justicia a pagar $22.500 millones. El Magistrado González presentó denuncia ante la Comisión de Acusación y se formó el escándalo.
Pretelt quedó en manos de la Corte Suprema para el juicio penal por concusión, por el delito que cometió, en ejercicio de sus funciones como Magistrado de la Corte Constitucional.
De la sesión plenaria se retiró el Centro Democrático en medio de reclamos, por la falta de garantías y presuntas violaciones al debido proceso. Al respecto, la senadora Paloma Valencia radicó una constancia a nombre del Uribismo dejando claro el malestar del partido por el procedimiento adelantando, pero aclarando que no son defensores del Magistrado Pretelt.
Por Robert Schwartz. Foto: DPA.- El 23 de agosto es el Día europeo de las víctimas de regímenes totalitarios del siglo XX. El objetivo es recordar a millones de personas que fueron deportadas, torturadas y asesinadas.
El examen de la historia más reciente y, sobre todo, de los crímenes cometidos por los diferentes regímenes, ha discurrido de diferentes maneras en los antiguos países socialistas. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso subsiguiente de los regímenes comunistas del este europeo, el acceso a los archivos de la policía secreta se permitió solo de manera gradual y con demoras. Toneladas de actas fueron destruidas para eliminar las huellas de los crímenes.
Al contrario que en la antigua RDA, donde una valiente sociedad civil tomó el control de los archivos de la Stasi con el cambio de régimen, los servicios secretos de los países que conformaban el bloque del Este tuvieron tiempo para borrar el rastro de su actividad criminal destruyendo actas para eludir la responsabilidad.
Justicia tardía
El caso del disidente rumano Gheorge Ursu es sintomático al respecto. Más de 30 años después de morir torturado en una prisión comunista, acaba de ser denunciado el entonces jefe de la temida Securitate, Tudor Postelnicu, que actualmente tiene 84 años. Se acusa a Postelnicu de “crímenes contra la humanidad”. Otro de los denunciados es George Homostean, antiguo ministro del Interior, que ahora tiene 92 años. Al parecer, ambos ordenaron en 1985 la detención del ingeniero y poeta Gheorghe Ursu y encubrieron las circunstancias de su muerte.
Ursu dirigía un diario crítico con la política del régimen de Ceacescu y fue traicionado por informantes. Pocas semanas después de ser encarcelado, murió en prisión debido a la tortura sistemática a la que fue sometido. Otras dos personas que también fueron recientemente denunciadas son exoficiales de la Securitate que presuntamente tomaron parte en las torturas. Ya en 2003, dos carceleros de Ursu fueron condenados a 20 años de prisión. Después de esa sentencia, Andrei Ursu, hijo del disidente, luchó durante años para que los superiores también fueran condenados. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Una y otra vez se topó con representantes de la justicia que consideraban cerrado el caso. Gracias a su tesón, este crimen salió de nuevo a la luz.
¿Promesas vacías?
“La condena del comunismo es hoy, más que nunca, un deber moral, intelectual, político y social. No hacerlo nos convertiría en cómplices eternos del mal del totalitarismo, y eso solo por guardar silencio”. Esta y otras frases igual de elocuentes pueden leerse en el informe final de la comisión que analiza la dictadura comunista en Rumanía. Son parecidas a las que pueden oírse en todos los antiguos países comunistas.
Pero las intenciones tropiezan con la realidad. Miles de crímenes de los regímenes comunistas quedarán impunes, porque la mayoría de quienes los cometieron y aún viven tienen una edad avanzada y disfrutan de sus elevadas rentas. Un proceso masivo contra sus crímenes no será posible por razones puramente biológicas.
Significado simbólico
El 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto de no agresión conocido como “Pacto Hitler-Stalin” entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Con este acuerdo, ambas partes se aseguraban neutralidad en caso de guerra y se repartían Europa. La Alemania de Hitler rompió el pacto con el ataque a la Unión Soviética en 1941.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del régimen nazi, millones de personas del centro y este de Europa continuaron padeciendo regímenes totalitarios, en este caso, comunistas. Se considera el “Pacto Hitler-Stalin” como el comienzo de unos de los capítulos más oscuros de la reciente historia europea.
Por esta razón, el Parlamento Europeo ha declarado el 23 de agosto como “Día de recuerdo de las víctimas del estalinismo y el nacionalsocialismo”. Lo que queda siempre es honrar a las víctimas y la condena simbólica, más necesaria que nunca, de las dictaduras.
A modo de Editorial. Uno de los problemas más complejos que están viviendo los países, bajo la mirada callada y, en muchos casos, indiferente e irresponsable de los gobiernos, es el crecimiento de las personas sin hogar.
Una situación que ya estiman como global muchos especialistas, porque la realidad de la calle ha tomado incontables matices. No es el alcohólico que pernota en la plaza, el hombre que desde niño hizo la calle su morada, ni el desplazado rural que jamás logró adaptarse a la vida urbana.
Son múltiples expresiones de sucesos sociales, que han generado la ruptura de las personas con las estructuras que nos sostienen como individuos: los lazos que unos unen a la familia o a la comunidad, la ruptura con el empleo, la labor o el trabajo y la disolución de los lazos sociales, sean estos geográficos, institucionales, judiciales o migratorios.
Realidades que coexisten y son los palpables rostros de la crisis de la familia, de la situación socioeconómica, de la debilidad institucional del estado y del crecimiento de las organizaciones criminales. Desde 2005, la ONU no ha vuelto a calcular, aun con errores, cuántos pueden ser.
Y lo más complejo aún, lo más definitivamente trágico han sido los abordajes, las aproximaciones, que el estado como garante de los DD.HH. y las autoridades que tienen la obligación de buscar las salidas más apropiadas han hecho.
Desde Tokio hasta Bogotá ha prevalecido la tendencia a promover la toma, el operativo, la intervención policial o militar de los sectores donde suelen hacer vida estos sectores.
Indudablemente, el ciudadano de a pié que vive el quehacer diario de soportar la supervivencia de estos grupos y el zarpazo del delito, siente que gracias a Dios hicieron algo, pero se asombra al ver que los victimarios sólo pasan unas vacaciones en las policías y sus víctimas se desplazan con sus miserias a otros sitios.
Porque al igual que otros graves problemas de la ciudad, como el tránsito, el deterioro de los servicios básicos y demás, priva la esencia de todos los males de la administración pública en los regímenes populistas, sean de derecha o de izquierda o de indeterminado signo, la Improvisación.
No se está preparado para casi nada: Para detener el avance del Zika, no hay abatizadores; para los enfermos de HIV no se calcula el alza de los retrovirales; para el avance de la edad mediana, no se estima cuantos hombres y mujeres requerirán pensiones dignas, entre otras miles de improvisaciones más graves.
Se toma en asalto un sector de la ciudad y Quentin Tarantino siente envidia del despliegue de patrullas, uniformados y autoridades de botas cazadoras y chalecos antibalas. Toda una operación digna de un Oscar, un Globo de Oro o un India Catalina. Pero no se estimó que se hacía con la gente.
La muy bien desarrollada toma generó una crisis humanitaria. Un desplazamiento angustioso, inhumano y con abuso de autoridad. En otras palabras, no se pensó en la gente, en sus derechos mínimos, en su vida.
Y aclaramos que este espacio digital es una tribuna contra todo lo que atente con la vida y los derechos, pero también es un espacio para criticar lo que se pudo hacer mejor, lo que pudo generar un valor más allá de superar lo feo del lugar y mejorar las opciones de la gente.
Atacar la criminalidad es ir más allá de un operativo policial, que también es necesario. Es crear condiciones para que los vulnerables no sean presa del submundo del delito, que puedan recuperar su dignidad personal, restaurar sus lazos familiares y comunitarios o generar otros, capacitarse o trabajar para mejorar su autoconcepto y sentirse útiles para vivir en sociedad.
Queda entonces elevar una reflexión que nos toca a todos: ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos por los derechos de los otros? Y qué está haciendo la autoridad legítimamente elegida por los que habitaban el Bronx?
Redacción Ecos. Foto: R. van Lonkhuisen/Reuter. - Ahmad al Faqi al Mahdi, alias “Abu Turab” es el primer acusado de crímenes de guerra por la destrucción de bienes, que son patrimonio de la Humanidad en Tombuctú, Mali. Al Mahdi se declaró culpable ante la Corte Penal Internacional (CPI) en el juicio que comenzó este lunes.
Entre los monumentos que Al Mahdi destruyó como líder e integrante del Movimiento Terrorista Ansar al Din, figuran 16 mausoleos y la Mezquita de Sidi Yahya, del siglo XV, ubicada en Tombuctú, que fueron destrozados por considerarlos monumentos de idolatría.
“Con gran pesar debo presentar mi culpabilidad. Todos los cargos que se me imputan son precisos y correctos”, señaló el acusado en su declaración, asegurando que siente un “gran dolor” por los hechos cometidos, además pidió perdón a la población de Mali y a la comunidad internacional. “Espero que la pena que se me impute sea suficiente para lograr el perdón” de todos los afectados, añadió el primer procesado que se declara culpable ante la CPI.
Por su parte, el Presidente de la Cámara de Primera Instancia del Alto Tribunal Internacional recordó a Al Mahdi que, en caso de ser declarado culpable, se le podría imponer una pena de hasta 30 años de prisión, a la que se le podría sumar una multa o la confiscación de los beneficios, bienes o haberes extraídos directa o indirectamente de los crímenes cometidos.
La Corte confía en que este proceso, inédito hasta ahora, debería durar una semana y sentar un precedente para otros casos similares.
Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Presidente Juan Manuel Santos lamentó las demoras que se han registrado en los procesos que se adelantan contra el Magistrado, Jorge Pretelt en el Congreso de la República y contra la reelección del Procurador, Alejandro Ordóñez en el Consejo de Estado.
En lo referente al caso de Pretelt, hizo un llamado a los senadores para que a que asistan y voten, a que no eludan su responsabilidad, y le demuestren al país que las instituciones operar: “hay que cumplir con el deber, la responsabilidad por primera vez es del Senado, que se convierte en juez” señaló el primer mandatario.
Durante la posesión del Magistrado César Palomino, reseñó asimismo al caso del Procurador Ordóñez y señaló que, desde hace más de 3 años, el Consejo de Estado tienen en estudio una demanda sobre su reelección. “Es muy mal mensaje que pase tanto, tanto tiempo sin una definición”.
Santos agregó que igualmente “es muy mal mensaje además que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo”.
Frente a acciones dilatorias, expresó el presidente, como las que ha interpuesto el procurador o las que busca Pretelt declarando que su investigación tienen orígenes políticos, advirtió que “esa es una moda que ha hecho carrera, cuando cualquier alto funcionario o exfuncionario es llamado a rendir cuentas, se declaran perseguidos políticos”.
Por esto, fue enfático en señalar que se respeta la autonomía de las instituciones, “ni el Gobierno, ni en este palacio, hemos hecho nada para que esta decisión se tome en cualquier sentido. ¡por supuesto que no”.
Concluyó su intervención afirmando que, en casos como éste y otros similares, las instituciones deberían dar prueba de eficacia y de celeridad, “hay que demostrar que los altos funcionarios del Estado se les juzga con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común”.
