Dijo además que no se dejaba amedrantar por las críticas, tras dar explicaciones del por qué no votó las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, hecho que la tiene en las críticas de algunos sectores del Congreso y la opinión nacional.

Dijo además que no se dejaba amedrantar por las críticas, tras dar explicaciones del por qué no votó las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, hecho que la tiene en las críticas de algunos sectores del Congreso y la opinión nacional.

La senadora Martínez Aristizábal forma parte de la bancada de la U que había decidido votar en bloque en contra de los reparos del presidente Iván Duque, pero como se observó, antes de que se iniciara la votación, la congresista se retiró del recinto.

La siguiente es la constancia de la congresista llanera Maritza Martínez:

Desde hace dos años, cuando comenzó la discusión de este proyecto de ley estatutaria, he venido planteando la inconveniencia de permitir penas alternativas frente al más atroz de los delitos como es el abuso sexual contra los niños y niñas, crimen que en mi criterio no guarda relación alguna con el conflicto armado interno.

Soporté toda clase de presiones e insultos por presentar y defender este artículo. Incluso dentro de mi partido fuí acusada de querer hundir la paz con esta iniciativa. Nada de eso me amilanó logrando al final un amplio respaldo en el Congreso que permitió su aprobación dentro de la ley estatutaria de la JEP. Hoy se repite la misma estrategia encaminada a descalificar mis posturas y convicciones, y en esta ocasión tampoco me dejaré atemorizar.

Ayer no se me permitió intervenir en la plenaria, solo logré una corta participación acudiendo a una moción de orden, y en ella expuse mi malestar por impedirme hacer uso de la palabra pese a llevar dos días escuchando con respeto a todos los senadores. Así mismo indiqué que aunque apoyo con firmeza la paz, respetando la directriz de mi partido no votaría las objeciones presidenciales en esas condiciones.

Soy abogada, tengo un criterio jurídico que me permite hacer un análisis propio del tema y no simplemente tener que plegarme a la argumentación de quienes logran el privilegio de intervenir. No creo exagerado exigir el derecho a hablar por quienes

me eligieron y a plantear unas inquietudes que desde mi formación, conocimiento y experiencia considero válidas. Tampoco creo improcedente pretender que esas consideraciones consten en el acta de la plenaria y que cumplan el objetivo de aclarar el espíritu de la ley, para que ante un posterior problema de interpretación se consulte cuál era la voluntad del legislador, y de esta manera salvar la responsabilidad ante un tema tan álgido como el que contempla el artículo 153 en materia de extradición, en el que persisten las dudas de muchos colombianos, incluyéndome.

Cuando planteé el tema de los menores, dos voces muy autorizadas de colegas consideraron innecesario hacer claridad sobre las penas por estos delitos asegurándome que estos crímenes estaban excluidos de la JEP. Seguramente lo hicieron de buena fe, pero el estudio que con la UTL adelantamos nos dio la certeza de que era necesario incluir este tema y el tiempo y los colombianos nos dieron la razón.

Por esta razón, considero que era necesario dejar constancia de que en mi caso persistían dudas frente a los efectos del artículo 153 del proyecto de ley estatutaria, y de esta manera consignar de manera expresa en las actas de la Plenaria que el condicionamiento de la extradición de cualquier persona que esté ofreciendo verdad en el marco de la JEP no puede entenderse como un mecanismo a través del cual delincuentes eludan sus responsabilidades ante la justicia de terceros Estados, atentando contra la propia justicia transicional y la cooperación judicial internacional.

El narcotráfico ha sido el peor flagelo y el principal combustible para la guerra. Cualquier esfuerzo dentro del recinto para generar seguridad y confianza en torno a un tema fundamental como este no solo es válido sino indispensable. En el Senado saben que cumplo mis funciones con seriedad, con dignidad y con firmes principios. Saben también que, aunque no grito ni descalifico, sí me hago escuchar y hago respetar las causas que defiendo, por lo cual anuncio que continuaré haciéndolo porque los niños y niñas abusados sexualmente por actores del conflicto tienen derecho a que exista una voz que siga exigiendo justicia y que impida que sean olvidados.

Las agresiones de algunos colegas y de sus seguidores en las redes que tratan de convertir mis convicciones en sospechas, no me amedrentan. Siempre he estado convencida de que las posiciones extremistas y radicales no llevan a ninguna parte y sí limitan el espacio para debatir las consideraciones y preocupaciones de la gran mayoría de los colombianos, las cuales se expresan en una variedad de matices que difícilmente pueden explicarse desde una perspectiva de “blanco o negro” o “amigos o enemigos”, tal y como pretenden demostrarlo algunos sectores políticos.

Para quienes califican de indispensable mi voto, espero que entiendan que también lo es mi derecho a expresar mis opiniones como Senadora y que de ninguna manera voy a renunciar a él.

Maritza Martínez Aristizábal

Senadora de la República

Bogotá, D. C, 21 de mayo de 2019

Por Luis Fernando García Forrero.

 

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Se celebra este primero de mayo, el día internacional del trabajo. Desde su establecimiento, es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago y a las reivindicaciones laborales.

Por Giovanni Décola*.-Se celebra este primero de mayo, el día internacional del trabajo. Desde su establecimiento, es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago y a las reivindicaciones laborales. 

En 1886, y pese a que el presidente Andrew Johnson, había promulgado una ley que establecía una jornada laboral de ocho horas diarias, la mayoría de las empresas, siempre incluían cláusulas que permitían al patrono jornadas entre 14 y 18 horas. La consigna de las protestas ese primero de mayo de 1886, fue: “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”. 

La protesta iniciada en Estados Unidos el 1° de mayo de 1886, continuó el 2 y 3 de mayo en Chicago, ciudad en donde eran deplorables las condiciones de los trabajadores. Este último día, la protesta fue disuelta brutalmente por la policía, que disparó a quemarropa sobre la multitud, dejando seis muertos y casi un centenar de heridos. 

El periodista alemán Adolf Fischer, en una octavilla, hizo la siguiente proclama: “Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer frente a la fábrica McCormik, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad la que nos hace gritar. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a la salud de los bandidos del orden….¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís! ¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos¡”.  Fischer fue uno de los cinco líderes que fueron condenados a la horca por la justicia del país que se autoproclama defensor de los derechos humanos. 

El día 4 de mayo, la clase trabajadora estaba enfurecida, se concentraron en la plaza de Haymarket. Se declaró estado de sitio y el toque de queda.  Otra vez fueron los obreros reprimidos y varios asesinados y torturados.  La proclama obrera retumbó en todo el país. Tocó a los patrones acceder a la jornada laboral de ocho horas. El deseo de los trabajadores se había cumplido. 

Curiosamente, en Estados Unidos no se celebra el día del trabajo el 1 de mayo, sino el primer lunes de septiembre. 

En Colombia, muchas conquistas de los trabajadores, empezaron a ser conculcados por un modelo de Estado pro rico, que privilegia al gran capital en desmedro de los más desprotegidos. A ellos se les premia con más exenciones y menos impuestos, mientras a la clase trabajadora, le cercenan derechos laborales, que parecían una conquista lograda para siempre. Con el modelo imperante, pareciera que solo les interesara que el crecimiento económico, apuntara exclusivamente al aumento del patrimonio de los más fuertes. Para contera, el actual Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, que aún se debate en el Congreso, pretende llevar a su mínima expresión los subsidios estatales para servicios públicos a los estratos 1,2 y 3, y cargar con mayores impuestos a los empleados y contratistas independientes. 

Las nuevas pensiones, son un extraño privilegio; salarios cada día más irrisorios; contratos de trabajo leoninos en perjuicio del trabajador; cooperativas al capricho del patrón; pero lo más triste es que hoy al sindicalismo lo tienen silenciado: el régimen les recuerda a sus líderes que pueden tener la misma suerte que los mártires de Chicago… 

Defendemos el progreso y desarrollo de la sociedad capitalista, para que haya una mayor creación de riqueza, pero dándole a la propiedad privada una función social y ecológica como lo demanda nuestra carta magna, y que esa creación de nueva riqueza, jamás sea a costillas de ver sacrificados los derechos de los trabajadores, sino por permitirles a ellos, la ampliación del conocimiento que les facilite desarrollar mejores técnicas de trabajo y con medios y útiles más óptimos y en condiciones fitosanitarias de inmejorable condición. 

La clase trabajadora debe seguir alerta por conservar los derechos hasta hoy obtenidos, exigiendo más garantías, entre más utilidades obtenga la empresa donde labora, y un ojo muy vigilante por los ajustes que este Gobierno pretende hacer al régimen pensional, que al paso que vamos, la pensión va a quedar reducida a un auxilio funerario, como lo denunció el anterior Contralor General de la República. 

Desde Ecos felicitamos a todos los trabajadores de Colombia y exhortamos a la clase empresarial a dar y ofrecer las mejores condiciones de trabajo posible a su recurso humano, que sin ellos, sería imposible, la generación de nueva riqueza. 

Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2019 

*Abogado y Especialista en Derecho Administrativo. Consultor. Asesor de www.ecospoliticos.com

 

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Más de 40 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria, en unos 2000 municipios de 14 países de América Latina. La nueva iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) busca crear gobiernos locales más competentes y eficaces para ayudar a las comunidades rezagadas.

Más 40 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria, en unos 2000 municipios de 14 países de América Latina. La nueva iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) busca crear gobiernos locales más competentes y eficaces para ayudar a las comunidades rezagadas.

La estrategia 100 Territorios Libres de Pobreza y de Hambre de FAO busca apoyar a las áreas que han quedado rezagadas e identificar a los lugares que requieran “las intervenciones más urgentes” y buscar soluciones a medida.

La primera fase del proyecto contempla a cinco países de la región como prioritarios: Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y la República Dominicana y se aplicará en coordinación con sus respectivos gobiernos. Adicionalmente, Paraguay y el sur de México también formarán parte de este primer ciclo.

La iniciativa a diez años vista busca “fortalecer las sociedades territoriales y producir gobiernos locales más competentes y eficaces creando puentes que conecten estos territorios a lo largo de nuestro continente”.

El rostro de la pobreza es rural, indígena y femenino

Una investigación conjunta de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la FAO identificó a unos 2000 municipios en 14 países de la región en los que viven más 40 millones de personas en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria.

Aproximadamente la mitad de ellas, alrededor de 20,9 millones, habita en zonas rurales, pueblos o ciudades de escaso tamaño, alrededor de una de cada cinco son afrodescendientes o indígenas y la misma proporción corresponde a hogares liderados por mujeres.

“Estamos hablando de municipios en países como Colombia, Perú, República Dominicana o Brasil, que han hecho avances significativos en su desarrollo, en cuyos territorios olvidados aún hay niños y niñas que sufren hambre, y muchísimos más que crecen con sus vidas mutiladas por la desnutrición crónica”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

El experto destacó que incluso en los países que lograron mayores progresos hay zonas rurales que están rezagadas, “donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había hace cincuenta años”.

 Migración, cambio climático y economía ilícita

Aparte de la pobreza y el hambre también se consideraron otros factores como la migración, el impacto del cambio climático y las economías ilegales: “Miles de campesinos han emigrado en las últimas décadas desde las montañas de Guerrero en México, pero ello no ha evitado que muchos miles sigan allí, cultivando la amapola con la que se produce la heroína”, dijo Berdegué.

La FAO destacó que una de las claves de la iniciativa es lograr mejorar principalmente “la calidad de las políticas y los programas dedicados a estos territorios olvidados”.

“También debemos acercar a los habitantes de estos territorios a los mercados, pero sobre todo se necesita una gran participación social, que reconozca el valor de estas personas, que han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a las peores condiciones imaginables y que tienen una gran resiliencia e inteligencia social”, concluyó el experto.

Roma, 27 de abril de 2019.

Por Felicia Saturno Hartt.

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La 18ª sesión del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas inició, en la sede de la ONU, con representantes de más de mil pueblos originarios que enfocarán sus discusiones en la generación, transmisión y protección de sus conocimientos tradicionales, enfatizando lo que éstos pueden aportar para afrontar los grandes problemas y amenazas del mundo de hoy.

La 18ª sesión del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas inició, en la sede de la ONU, con representantes de más de mil pueblos originarios que enfocarán sus discusiones en la generación, transmisión y protección de sus conocimientos tradicionales, enfatizando lo que éstos pueden aportar para afrontar los grandes problemas y amenazas del mundo de hoy.

“Tenemos todavía una deuda histórica con los pueblos indígenas. Sus derechos colectivos, sus derechos culturales y de identidad. Sus derechos a la salud, a la educación y al desarrollo, según sus aspiraciones y necesidades. El 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas”, afirmó la Presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa.

En su discurso, Espinosa destacó que, aunque no llegan a ser el 6% de la población mundial, el 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas, una situación que requiere tomar medidas efectivas inmediatamente.

El 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas

“Esto nos exige acciones concertadas y urgentes. No podemos dejar atrás a los pueblos indígenas, su inclusión es crucial si queremos lograr la Agenda 2030. Por eso es fundamental su participación plena y efectiva en el desarrollo. En la implementación y monitoreo de los planes y programas de desarrollos sostenible a nivel local, regional e internacional”, puntualizó Espinosa.

Consideró la líder de ONU que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, marcó un punto de inflexión; sin embargo, agregó que el mundo debe hacer mucho más para cumplir a cabalidad con su implementación.

Espinosa se refirió a la situación de las mujeres indígenas, que sufren una triple discriminación y violencia por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres, y sostuvo que ese colectivo es un agente de cambio clave para combatir el hambre y la pobreza.

Asimismo, aseveró que los conocimientos y tradiciones indígenas son vitales para la mitigación del cambio climático y llamó a proteger las lenguas originarias como una condición básica para la conservación de esos saberes.

En la actualidad hay cerca de 370 millones de indígenas que viven en unos 90 países, representan a 5.000 culturas diferentes y hablan la gran mayoría de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo.

El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas fue establecido en el año 2000 por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), en línea con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Está compuesto por 16 expertos, la mitad de los cuales es nominada por los gobiernos y el resto por los pueblos indígenas. Su mandato dura tres años y se les considera expertos independientes.

Nueva York, 27 de abril de 2019.

Por Felicia Saturno Hartt.

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Un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, la protesta, se está deslegitimando por vándalos que se aprovechan de las manifestaciones de los sectores sociales, para destruir, por las vías de hecho, las infraestructuras arquitectónicas  y el espacio público, poniendo en peligro no solo la paz ciudadana, sino la estabilidad institucional y democrática del país.

Un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, la protesta, se está deslegitimando por vándalos que se aprovechan de las manifestaciones de los sectores sociales, para destruir, por las vías de hecho, las infraestructuras arquitectónicas y el espacio público, poniendo en peligro no solo la paz ciudadana, sino la estabilidad institucional y democrática del país.

El derecho a manifestarse, cuando se violan derechos fundamentales, es inherente al ser humano. El constituyente del 91 lo dejó claro en la carta fundamental: “Artículo 37: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. 

Pero los vándalos e inhumanos sujetos que quieren establecer la anarquía en Colombia, a través de las vías de hecho, los rechazamos en forma contundente.

Sus acciones delincuenciales no pueden seguir haciendo desastre y ruina a una Colombia que si bien está viviendo un complejo avance en materia institucional, después de la firma del fin del conflicto con las Farc, está ávida de seguir construyendo la verdadera reconciliación nacional.

Contra ellos, todo el peso de la ley.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2019.

 

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Ante la inminente necesidad de preservar el único acuerdo exitoso para dar fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia, el debate de las Objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP y que se tramita en el Senado, no pasa de las diferencias.

Por Luis Fernando García Forero.- Ante la inminente necesidad de preservar el único acuerdo exitoso para dar fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia, el debate de las Objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, en el Senado, no pasa de las diferencias.

Los asesinatos de más de 120 líderes sociales y excombatientes reincorporados, en lo que va corrido de este gobierno, así  como la demora en el desarrollo de las acciones del Postconflicto, parece  no motivar a algunos dirigentes políticos a superar sus diatribas.

Prevalece un ambiente de  confrontación que aviva la interminable polarización que rodea a Colombia, que  favoreció a Duque como candidato, pero maltrata su gestión a los ojos de la escena global.

No se necesitan más discursos ni diferencias. Los funcionarios públicos que representan al país ante el Senado deben procurar dar una respuesta.

¿Cuántos muertos más tiene que aportar el país para que algunos congresistas dejen de lado sus conveniencias y logren un acuerdo?

Es indudable que no es una decisión fácil. Sus implicaciones tocan el tejido del ordenamiento jurídico de la Paz y dos temas que han sido tabú en Colombia: la extradición y el paramilitarismo.

Ciertamente la dureza de la escena de los actores opuestos en la plenaria de este martes, cuando se celebraba el día del idioma, no sólo nublaron el léxico, sino que dibujaron ante miles de colombianos que los extremos se siguen acrecentando ante la inminente necesidad de sacar adelante la verdadera paz por la vía institucional.

Bogotá, 24 de abril de 2019

Por Luis Fernando García Forero

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La decisión esta semana del futuro de las objeciones que el presidente Iván Duque le presentó al Congreso a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz- JEP-, se convertirá en el termómetro que medirá el pulso entre el Gobierno y el Congreso porque determinará quién tiene las mayorías para abrir el camino a los demás proyectos del ejecutivo, principalmente el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta semana se decide el futuro de las objeciones que el presidente Iván Duque presentó al Congreso a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz- JEP-, lo que se convertirá en el termómetro que medirá el pulso entre el Gobierno y el Congreso porque determinará quién tiene las mayorías para abrir el camino a los demás proyectos del ejecutivo, principalmente el Plan Nacional de Desarrollo.

Luego del rechazo a las objeciones a los seis artículos por una amplia mayoría en la Cámara de Representantes, la plenaria del Senado define en última instancia si las acepta o las niega y devuelve para que el jefe de estado sancione dicha iniciativa que da las herramientas jurídicas a ese alto tribunal de justicia transicional, cuyo objetivo es definir las sanciones penales a los protagonistas del conflicto armado que por más de 50 años azotó a Colombia, donde se incluyen excombatientes de las Farc, integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes del estado.

Sin embargo, la última decisión sobre el tema que le queda a la cámara alta, entra en expectativa porque no se descarta una acción de tutela del presidente del Congreso Ernesto Macias quien considera que lo votado en Cámara viola la Constitución. Sería la primera vez que se utilice esta herramienta jurídica contra una decisión del Congreso de la República.

“Hay que discutir objeción por objeción y votar artículo por artículo de los objetados”, sostiene Macias como argumento para señalar los vicios en el trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

Es contundente en señalar que en la Cámara las objeciones se votaron en bloque y no una por una como, en su criterio, señala la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso. Advierte además que la Constitución Política establece que las objeciones deben votarse primero en la comisión de origen de la ley objetada, en este caso, el Senado.

La pregunta, de acuerdo a analistas consultados por Ecos, es si una acción de tutela concebida para los derechos fundamentales de las personas, forme parte e intervenga también en las decisiones de las instituciones.

La fuerza de la Gobernabilidad del Gobierno será definitiva con este tema cuando el senado decida si las aprueba, o al contrario, las niegue, en medio del tire y afloje por la llamada “mermelada”, que es en el argot político: votos por puestos y que ha sido uno de los combustibles del sistema presidencialista en Colombia.

Bogotá, D, C, 22 de abril de 2019

Por Luis Fernando García Forero

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El Presidente Iván Duque aseguró que “estas acciones son el resultado de un trabajo concertado y articulado entre la Vicepresidencia de la República, ministerios y la Gerencia de Fronteras de la Presidencia, con gobernadores, gremios, bancadas del Congreso de dichos departamentos y distintos sectores sociales, entre otros”.

La iniciativa compromete a 32 directores y funcionarios del Gobierno nacional, encabezados por Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quienes ya tienen la hoja de ruta de trabajo para implementar más de 50 medidas transversales y focalizadas, que se requieren para la atención integral de la frontera colombo-venezolana.

El Presidente Iván Duque aseguró que “estas acciones son el resultado de un trabajo concertado y articulado entre la Vicepresidencia de la República, ministerios y la Gerencia de Fronteras de la Presidencia, con gobernadores, gremios, bancadas del Congreso de dichos departamentos y distintos sectores sociales, entre otros”.

En este sentido, el Mandatario aseguró que es “una iniciativa para responder a las necesidades de las zonas de frontera, en medio de una crisis que ha sido muy dolorosa, que se expresa en más de 1,5 millones de migrantes y, obviamente, con la gran desolación que ha traído la dictadura en Venezuela, que ha empobrecido a ese país y que ha acabado con todas las iniciativas privadas que se puedan imaginar”.

El Jefe de Estado enfatizó que “aquí está el Gobierno nacional para responder, y ya hemos presentado hoy un paquete de 50 medidas que tienen alcance específico en cada uno de los departamentos de frontera” y agregó que “son medidas que permiten enfrentar la crisis, pero también dejar a estas zonas preparadas para un retorno de la democracia en Venezuela, que puede ser también una piedra angular de la recuperación económica de estas regiones”.

Con esta estrategia, el Gobierno busca que haya acceso a líneas de crédito con tasas favorables, a recursos para la generación de emprendimiento e impulso para mejoramiento y comercialización e innovación de empresas. También se propone aliviar cargas tributarias, con modificaciones en el pago de impuestos; fortalecer la atención en salud, con nuevos recursos para garantizar la atención de urgencias en hospitales ubicados en la zona de frontera; lograr mejoras en educación, con aumento de la planta docente; aprovechar las ofertas de empleo para todos los ciudadanos, y dinamizar las oportunidades de inversión con la liberación de recursos de regalías, entre otras medidas.

El Gobierno hará un seguimiento permanente de las medidas, con informes trimestrales de los resultados, a fin de medir el impacto para garantizar el cumplimiento y el monitoreo objetivo que asegure la reactivación de la economía en la región.

El Plan fue presentado durante una reunión de trabajo realizada este domingo en la sede de la Gobernación de Norte de Santander, en Cúcuta, con alcaldes de los municipios y gobernadores de los departamentos fronterizos con Venezuela: Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Arauca, Vichada y Guainía.

Cúcuta, 14 de abril de 2019

Fuente: Presidencia de la República de Colombia.

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El exgobernador y exalcalde de Medellín, Anibal Gaviria, puntea la encuesta para alcanzar la primera dignidad del departamento de Antioquía.

El exgobernador y exalcalde de Medellín, Anibal Gaviria, puntea la encuesta para alcanzar la primera dignidad del departamento de Antioquía.

Con un 29 % y margen de error del 2.7 %, Gaviria en la encuesta de 2040 ciudadanos mayores de 18 años, logra cautivar a los electores de Medellín, Envigado, Hitaguí y Bello, según la firma encuestadora WAA SAS.

El panorama cambia totalmente si el exgobernador y exalcalde Anibal Gaviria no va.

Los siguiente son los links de la encuesta y de la ficha técnica:

Para ver encuesta: 

https://drive.google.com/file/d/1Qpk_zWKB0nmdB-4-Z5UB4R9BwQJZdFzf/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

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En un hecho sin precedentes en la historia reciente, por primera vez un Gobierno resulta derrotado en asunto de su extrema importancia. La Cámara de Representantes, en una votación de 110 contra 44 hundió las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Por Giovanni Décola. En un hecho sin precedentes en la historia reciente, por primera vez un Gobierno resulta derrotado en asunto de su extrema importancia. La Cámara de Representantes, en una votación de 110 contra 44 hundió las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

En el debate, luego de votarse afirmativamente los impedimentos incoados por los cuatro Representantes de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC), hubo un par de maniobras dilatorias por parte de integrantes del gobernante Partido Centro Democrático, que pretendió en dos ocasiones el aplazamiento del debate, con el fin de darle tiempo al Gobierno Duque de recomponer las mayorías, lo cual fue negado en ambas oportunidades, lo que confirmaba la ya predecible derrota del  Ejecutivo.

De nada valió el intenso e intimidante lobby del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ni del Embajador estadunidense en Colombia Kevin Whitaker, ni las intensas llamadas, que desde la Presidencia, hacían a los congresistas, con el fin de desbaratar a la nueva alianza tripartita entre los Partidos Liberal, Cambio Radical y la U, la cual superó la primera prueba de fuego, tras su anunciada unión. 

Esa derrota, aunque tiene connotaciones jurídicas, es eminentemente política. Estos tres partidos, que votaron por Iván Duque en la segunda vuelta, y cuyos votos fueron decisivos para derrotar al candidato izquierdista Gustavo Petro, han sido ignorados totalmente por el Gobierno en la representación política de las altas dignidades, las cuales han quedado en manos de amigos personales del Presidente Duque, el Senador Álvaro Uribe y en menor grado, de la Vicepresidente Martha Lucía Ramírez.

Adicionalmente, los Ministros designados por Duque, en su gran mayoría son técnicos, y aunque muy buenos profesionales en sus áreas, no tienen experiencia política para capotear las exigencias de los parlamentarios. La falta de liderazgo en ellos, es tan evidente, que no han podido sacar avante otras iniciativas de interés gubernamental o salen muy trasquiladas,  inclusive, el Plan Nacional de Desarrollo, que ya superó el primer debate en las comisiones económicas, corre el riesgo de hundirse en las plenarias.

La política hace siglos está inventada. Es obvio que si un Partido de Gobierno, no cuenta con las mayorías legislativas para sacar adelante su agenda, como es el caso del Centro Democrático, cuyos integrantes no alcanzan a ser el 20% del Congreso, requiere de hacer acuerdos programáticos y políticos con los Partidos más afines, cediendo parte de la representación política a cambio de que sus iniciativas tengan un trámite tranquilo en el Parlamento. Eso ocurre en todos las democracias del mundo, tal vez no en las dictaduras, so pena de que en algún momento, hasta el mismo Gobierno, pueda tambalear.

Esa representación política, no puede ser, como la pretenden los agentes del Gobierno: repartir migajas en mínimas dosis a congresistas rebeldes de los partidos políticos, a los que generalmente ha sonsacado. Ello socava la institucionalidad partidista, desprestigia al Gobierno y no garantiza la lealtad del parlamentario con  la Administración. Una vez los Partidos activen sus órganos de control disciplinario, y los amenace de despojarlos de voz y voto, esos parlamentarios volverán al redil y dejarán solo al Gobierno.

El anunciado pacto por Colombia, inclusive debe hacerse con los partidos de oposición, garantizándoles a ellos su libre ejercicio y con todas las garantías, principalmente en lo concerniente a la seguridad, no solo de sus más connotados dirigentes, sino también de sus líderes y militantes. Pero sobre todo, ese pacto, si el Presidente Duque tiene coherencia, debe hacerlo con los Partidos que lo llevaron al poder.  De lo contrario, debió rechazar el apoyo dado por ellos a su candidatura presidencial en la segunda vuelta. A eso se le llama honor y transparencia.

Tiempos difíciles le vienen al Presidente Duque. Tanto que en su propio Partido, ya hay Parlamentarios que públicamente piden la renuncia de Ministros, como ocurrió en este debate, donde Edwar Rodríguez pidió la cabeza de la Minjusticia, ante la estruendosa derrota en la Cámara.  Reconoció que al Gobierno le ha hecho falta diálogo con los tres partidos que conforman la nueva alianza.

Ese cuento de la ausencia de la mermelada, podrá ser eficiente para la galería, pero no en el Congreso; donde los parlamentarios no son ningunos tontos y saben que la nómina estatal y los contratos existen y seguirán haciendo parte de nuestro menú democrático. Duque, debe primero, dar un grito de independencia. No al extremo de distanciarse de Uribe, pero sí de hacerle saber que una cosa es recibir sus consejos y asesoría, y otra es que pretenda cogobernar. El Presidente es el Jefe y punto. Pero sí eso no lo creen ni sus Ministros, mucho menos lo entenderá  la ciudadanía.

Seguidamente Duque debe poner orden en su propio partido, en el cual ya es evidente la división entre los  radicales de derecha y moderados, a quienes tampoco tiene contentos del todo, por distintas razones. La  Vicepresidente Ramírez, tampoco ha sido capaz de  cohesionar a sus antiguas huestes en el Partido Conservador, donde en la votación de las objeciones, pudo palparse que solo 14 de 21 representantes azules, acompañaron al Gobierno. 

Pero donde debe el Presidente demostrar su casta política, que no dudo que la tiene, es con los jefes de los tres partidos de origen liberal, que hoy tienen la fuerza necesaria para imponer su voluntad en el Congreso, aliándose con el Gobierno, o sí lo quieren, con los movimientos alternativos. En ambos caminos, conforma una aplanadora. Con ellos debe buscar un acuerdo sin mezquindades y sin dobleces, por el bien del país y su Gobierno. Debe haber una conversación abierta y franca con César Gaviria, Germán Vargas Lleras y Aurelio Irragori, en busca de consensos, sí es que quiere asegurarse un sitial de honor en la historia de Colombia. 

No hay duda, que ese primer acuerdo, sería el compromiso de Duque, de no volver a jugar con el proceso de paz. 

Sí Duque persiste en su modelo, que visto está, no funciona; no solo va a tener a los Ministros repartiendo canonjías al detal a los parlamentarios, ante la sombra de la moción de censura, zumbándoles en la oreja, sino que ante una crisis de gobernabilidad de mayor envergadura, hasta su propia silla podrá tambalear, pues ya el Gobierno no controla, siquiera la Comisión de Acusaciones, y muchos congresistas preferirán entenderse con Ramírez, para ver qué acuerdos son posibles con ella, que prolongar el ayuno que parece largo y tortuoso. Una cosa es el comportamiento del Congreso, teniendo  a las mayorías, sino contentas, por lo menos neutralizadas, y otra muy distinta, tenerlos cargados de tigre. 

Duque está jugando con fuego y pronto se le saldrán de su control las llamas. Basta que revise la historia reciente de varios países de América.

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Dijo además que no se dejaba amedrantar por las críticas, tras dar explicaciones del por qué no votó las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, hecho que la tiene en las críticas de algunos sectores del Congreso y la opinión nacional.

Dijo además que no se dejaba amedrantar por las críticas, tras dar explicaciones del por qué no votó las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, hecho que la tiene en las críticas de algunos sectores del Congreso y la opinión nacional.

La senadora Martínez Aristizábal forma parte de la bancada de la U que había decidido votar en bloque en contra de los reparos del presidente Iván Duque, pero como se observó, antes de que se iniciara la votación, la congresista se retiró del recinto.

La siguiente es la constancia de la congresista llanera Maritza Martínez:

Desde hace dos años, cuando comenzó la discusión de este proyecto de ley estatutaria, he venido planteando la inconveniencia de permitir penas alternativas frente al más atroz de los delitos como es el abuso sexual contra los niños y niñas, crimen que en mi criterio no guarda relación alguna con el conflicto armado interno.

Soporté toda clase de presiones e insultos por presentar y defender este artículo. Incluso dentro de mi partido fuí acusada de querer hundir la paz con esta iniciativa. Nada de eso me amilanó logrando al final un amplio respaldo en el Congreso que permitió su aprobación dentro de la ley estatutaria de la JEP. Hoy se repite la misma estrategia encaminada a descalificar mis posturas y convicciones, y en esta ocasión tampoco me dejaré atemorizar.

Ayer no se me permitió intervenir en la plenaria, solo logré una corta participación acudiendo a una moción de orden, y en ella expuse mi malestar por impedirme hacer uso de la palabra pese a llevar dos días escuchando con respeto a todos los senadores. Así mismo indiqué que aunque apoyo con firmeza la paz, respetando la directriz de mi partido no votaría las objeciones presidenciales en esas condiciones.

Soy abogada, tengo un criterio jurídico que me permite hacer un análisis propio del tema y no simplemente tener que plegarme a la argumentación de quienes logran el privilegio de intervenir. No creo exagerado exigir el derecho a hablar por quienes

me eligieron y a plantear unas inquietudes que desde mi formación, conocimiento y experiencia considero válidas. Tampoco creo improcedente pretender que esas consideraciones consten en el acta de la plenaria y que cumplan el objetivo de aclarar el espíritu de la ley, para que ante un posterior problema de interpretación se consulte cuál era la voluntad del legislador, y de esta manera salvar la responsabilidad ante un tema tan álgido como el que contempla el artículo 153 en materia de extradición, en el que persisten las dudas de muchos colombianos, incluyéndome.

Cuando planteé el tema de los menores, dos voces muy autorizadas de colegas consideraron innecesario hacer claridad sobre las penas por estos delitos asegurándome que estos crímenes estaban excluidos de la JEP. Seguramente lo hicieron de buena fe, pero el estudio que con la UTL adelantamos nos dio la certeza de que era necesario incluir este tema y el tiempo y los colombianos nos dieron la razón.

Por esta razón, considero que era necesario dejar constancia de que en mi caso persistían dudas frente a los efectos del artículo 153 del proyecto de ley estatutaria, y de esta manera consignar de manera expresa en las actas de la Plenaria que el condicionamiento de la extradición de cualquier persona que esté ofreciendo verdad en el marco de la JEP no puede entenderse como un mecanismo a través del cual delincuentes eludan sus responsabilidades ante la justicia de terceros Estados, atentando contra la propia justicia transicional y la cooperación judicial internacional.

El narcotráfico ha sido el peor flagelo y el principal combustible para la guerra. Cualquier esfuerzo dentro del recinto para generar seguridad y confianza en torno a un tema fundamental como este no solo es válido sino indispensable. En el Senado saben que cumplo mis funciones con seriedad, con dignidad y con firmes principios. Saben también que, aunque no grito ni descalifico, sí me hago escuchar y hago respetar las causas que defiendo, por lo cual anuncio que continuaré haciéndolo porque los niños y niñas abusados sexualmente por actores del conflicto tienen derecho a que exista una voz que siga exigiendo justicia y que impida que sean olvidados.

Las agresiones de algunos colegas y de sus seguidores en las redes que tratan de convertir mis convicciones en sospechas, no me amedrentan. Siempre he estado convencida de que las posiciones extremistas y radicales no llevan a ninguna parte y sí limitan el espacio para debatir las consideraciones y preocupaciones de la gran mayoría de los colombianos, las cuales se expresan en una variedad de matices que difícilmente pueden explicarse desde una perspectiva de “blanco o negro” o “amigos o enemigos”, tal y como pretenden demostrarlo algunos sectores políticos.

Para quienes califican de indispensable mi voto, espero que entiendan que también lo es mi derecho a expresar mis opiniones como Senadora y que de ninguna manera voy a renunciar a él.

Maritza Martínez Aristizábal

Senadora de la República

Bogotá, D. C, 21 de mayo de 2019

Por Luis Fernando García Forrero.

 

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Se celebra este primero de mayo, el día internacional del trabajo. Desde su establecimiento, es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago y a las reivindicaciones laborales.

Por Giovanni Décola*.-Se celebra este primero de mayo, el día internacional del trabajo. Desde su establecimiento, es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago y a las reivindicaciones laborales. 

En 1886, y pese a que el presidente Andrew Johnson, había promulgado una ley que establecía una jornada laboral de ocho horas diarias, la mayoría de las empresas, siempre incluían cláusulas que permitían al patrono jornadas entre 14 y 18 horas. La consigna de las protestas ese primero de mayo de 1886, fue: “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”. 

La protesta iniciada en Estados Unidos el 1° de mayo de 1886, continuó el 2 y 3 de mayo en Chicago, ciudad en donde eran deplorables las condiciones de los trabajadores. Este último día, la protesta fue disuelta brutalmente por la policía, que disparó a quemarropa sobre la multitud, dejando seis muertos y casi un centenar de heridos. 

El periodista alemán Adolf Fischer, en una octavilla, hizo la siguiente proclama: “Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer frente a la fábrica McCormik, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad la que nos hace gritar. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a la salud de los bandidos del orden….¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís! ¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos¡”.  Fischer fue uno de los cinco líderes que fueron condenados a la horca por la justicia del país que se autoproclama defensor de los derechos humanos. 

El día 4 de mayo, la clase trabajadora estaba enfurecida, se concentraron en la plaza de Haymarket. Se declaró estado de sitio y el toque de queda.  Otra vez fueron los obreros reprimidos y varios asesinados y torturados.  La proclama obrera retumbó en todo el país. Tocó a los patrones acceder a la jornada laboral de ocho horas. El deseo de los trabajadores se había cumplido. 

Curiosamente, en Estados Unidos no se celebra el día del trabajo el 1 de mayo, sino el primer lunes de septiembre. 

En Colombia, muchas conquistas de los trabajadores, empezaron a ser conculcados por un modelo de Estado pro rico, que privilegia al gran capital en desmedro de los más desprotegidos. A ellos se les premia con más exenciones y menos impuestos, mientras a la clase trabajadora, le cercenan derechos laborales, que parecían una conquista lograda para siempre. Con el modelo imperante, pareciera que solo les interesara que el crecimiento económico, apuntara exclusivamente al aumento del patrimonio de los más fuertes. Para contera, el actual Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, que aún se debate en el Congreso, pretende llevar a su mínima expresión los subsidios estatales para servicios públicos a los estratos 1,2 y 3, y cargar con mayores impuestos a los empleados y contratistas independientes. 

Las nuevas pensiones, son un extraño privilegio; salarios cada día más irrisorios; contratos de trabajo leoninos en perjuicio del trabajador; cooperativas al capricho del patrón; pero lo más triste es que hoy al sindicalismo lo tienen silenciado: el régimen les recuerda a sus líderes que pueden tener la misma suerte que los mártires de Chicago… 

Defendemos el progreso y desarrollo de la sociedad capitalista, para que haya una mayor creación de riqueza, pero dándole a la propiedad privada una función social y ecológica como lo demanda nuestra carta magna, y que esa creación de nueva riqueza, jamás sea a costillas de ver sacrificados los derechos de los trabajadores, sino por permitirles a ellos, la ampliación del conocimiento que les facilite desarrollar mejores técnicas de trabajo y con medios y útiles más óptimos y en condiciones fitosanitarias de inmejorable condición. 

La clase trabajadora debe seguir alerta por conservar los derechos hasta hoy obtenidos, exigiendo más garantías, entre más utilidades obtenga la empresa donde labora, y un ojo muy vigilante por los ajustes que este Gobierno pretende hacer al régimen pensional, que al paso que vamos, la pensión va a quedar reducida a un auxilio funerario, como lo denunció el anterior Contralor General de la República. 

Desde Ecos felicitamos a todos los trabajadores de Colombia y exhortamos a la clase empresarial a dar y ofrecer las mejores condiciones de trabajo posible a su recurso humano, que sin ellos, sería imposible, la generación de nueva riqueza. 

Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2019 

*Abogado y Especialista en Derecho Administrativo. Consultor. Asesor de www.ecospoliticos.com

 

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Más de 40 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria, en unos 2000 municipios de 14 países de América Latina. La nueva iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) busca crear gobiernos locales más competentes y eficaces para ayudar a las comunidades rezagadas.

Más 40 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria, en unos 2000 municipios de 14 países de América Latina. La nueva iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) busca crear gobiernos locales más competentes y eficaces para ayudar a las comunidades rezagadas.

La estrategia 100 Territorios Libres de Pobreza y de Hambre de FAO busca apoyar a las áreas que han quedado rezagadas e identificar a los lugares que requieran “las intervenciones más urgentes” y buscar soluciones a medida.

La primera fase del proyecto contempla a cinco países de la región como prioritarios: Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y la República Dominicana y se aplicará en coordinación con sus respectivos gobiernos. Adicionalmente, Paraguay y el sur de México también formarán parte de este primer ciclo.

La iniciativa a diez años vista busca “fortalecer las sociedades territoriales y producir gobiernos locales más competentes y eficaces creando puentes que conecten estos territorios a lo largo de nuestro continente”.

El rostro de la pobreza es rural, indígena y femenino

Una investigación conjunta de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la FAO identificó a unos 2000 municipios en 14 países de la región en los que viven más 40 millones de personas en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria.

Aproximadamente la mitad de ellas, alrededor de 20,9 millones, habita en zonas rurales, pueblos o ciudades de escaso tamaño, alrededor de una de cada cinco son afrodescendientes o indígenas y la misma proporción corresponde a hogares liderados por mujeres.

“Estamos hablando de municipios en países como Colombia, Perú, República Dominicana o Brasil, que han hecho avances significativos en su desarrollo, en cuyos territorios olvidados aún hay niños y niñas que sufren hambre, y muchísimos más que crecen con sus vidas mutiladas por la desnutrición crónica”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

El experto destacó que incluso en los países que lograron mayores progresos hay zonas rurales que están rezagadas, “donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había hace cincuenta años”.

 Migración, cambio climático y economía ilícita

Aparte de la pobreza y el hambre también se consideraron otros factores como la migración, el impacto del cambio climático y las economías ilegales: “Miles de campesinos han emigrado en las últimas décadas desde las montañas de Guerrero en México, pero ello no ha evitado que muchos miles sigan allí, cultivando la amapola con la que se produce la heroína”, dijo Berdegué.

La FAO destacó que una de las claves de la iniciativa es lograr mejorar principalmente “la calidad de las políticas y los programas dedicados a estos territorios olvidados”.

“También debemos acercar a los habitantes de estos territorios a los mercados, pero sobre todo se necesita una gran participación social, que reconozca el valor de estas personas, que han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a las peores condiciones imaginables y que tienen una gran resiliencia e inteligencia social”, concluyó el experto.

Roma, 27 de abril de 2019.

Por Felicia Saturno Hartt.

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La 18ª sesión del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas inició, en la sede de la ONU, con representantes de más de mil pueblos originarios que enfocarán sus discusiones en la generación, transmisión y protección de sus conocimientos tradicionales, enfatizando lo que éstos pueden aportar para afrontar los grandes problemas y amenazas del mundo de hoy.

La 18ª sesión del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas inició, en la sede de la ONU, con representantes de más de mil pueblos originarios que enfocarán sus discusiones en la generación, transmisión y protección de sus conocimientos tradicionales, enfatizando lo que éstos pueden aportar para afrontar los grandes problemas y amenazas del mundo de hoy.

“Tenemos todavía una deuda histórica con los pueblos indígenas. Sus derechos colectivos, sus derechos culturales y de identidad. Sus derechos a la salud, a la educación y al desarrollo, según sus aspiraciones y necesidades. El 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas”, afirmó la Presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa.

En su discurso, Espinosa destacó que, aunque no llegan a ser el 6% de la población mundial, el 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas, una situación que requiere tomar medidas efectivas inmediatamente.

El 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas

“Esto nos exige acciones concertadas y urgentes. No podemos dejar atrás a los pueblos indígenas, su inclusión es crucial si queremos lograr la Agenda 2030. Por eso es fundamental su participación plena y efectiva en el desarrollo. En la implementación y monitoreo de los planes y programas de desarrollos sostenible a nivel local, regional e internacional”, puntualizó Espinosa.

Consideró la líder de ONU que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, marcó un punto de inflexión; sin embargo, agregó que el mundo debe hacer mucho más para cumplir a cabalidad con su implementación.

Espinosa se refirió a la situación de las mujeres indígenas, que sufren una triple discriminación y violencia por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres, y sostuvo que ese colectivo es un agente de cambio clave para combatir el hambre y la pobreza.

Asimismo, aseveró que los conocimientos y tradiciones indígenas son vitales para la mitigación del cambio climático y llamó a proteger las lenguas originarias como una condición básica para la conservación de esos saberes.

En la actualidad hay cerca de 370 millones de indígenas que viven en unos 90 países, representan a 5.000 culturas diferentes y hablan la gran mayoría de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo.

El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas fue establecido en el año 2000 por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), en línea con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Está compuesto por 16 expertos, la mitad de los cuales es nominada por los gobiernos y el resto por los pueblos indígenas. Su mandato dura tres años y se les considera expertos independientes.

Nueva York, 27 de abril de 2019.

Por Felicia Saturno Hartt.

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Un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, la protesta, se está deslegitimando por vándalos que se aprovechan de las manifestaciones de los sectores sociales, para destruir, por las vías de hecho, las infraestructuras arquitectónicas  y el espacio público, poniendo en peligro no solo la paz ciudadana, sino la estabilidad institucional y democrática del país.

Un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, la protesta, se está deslegitimando por vándalos que se aprovechan de las manifestaciones de los sectores sociales, para destruir, por las vías de hecho, las infraestructuras arquitectónicas y el espacio público, poniendo en peligro no solo la paz ciudadana, sino la estabilidad institucional y democrática del país.

El derecho a manifestarse, cuando se violan derechos fundamentales, es inherente al ser humano. El constituyente del 91 lo dejó claro en la carta fundamental: “Artículo 37: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. 

Pero los vándalos e inhumanos sujetos que quieren establecer la anarquía en Colombia, a través de las vías de hecho, los rechazamos en forma contundente.

Sus acciones delincuenciales no pueden seguir haciendo desastre y ruina a una Colombia que si bien está viviendo un complejo avance en materia institucional, después de la firma del fin del conflicto con las Farc, está ávida de seguir construyendo la verdadera reconciliación nacional.

Contra ellos, todo el peso de la ley.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2019.

 

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Ante la inminente necesidad de preservar el único acuerdo exitoso para dar fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia, el debate de las Objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP y que se tramita en el Senado, no pasa de las diferencias.

Por Luis Fernando García Forero.- Ante la inminente necesidad de preservar el único acuerdo exitoso para dar fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia, el debate de las Objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, en el Senado, no pasa de las diferencias.

Los asesinatos de más de 120 líderes sociales y excombatientes reincorporados, en lo que va corrido de este gobierno, así  como la demora en el desarrollo de las acciones del Postconflicto, parece  no motivar a algunos dirigentes políticos a superar sus diatribas.

Prevalece un ambiente de  confrontación que aviva la interminable polarización que rodea a Colombia, que  favoreció a Duque como candidato, pero maltrata su gestión a los ojos de la escena global.

No se necesitan más discursos ni diferencias. Los funcionarios públicos que representan al país ante el Senado deben procurar dar una respuesta.

¿Cuántos muertos más tiene que aportar el país para que algunos congresistas dejen de lado sus conveniencias y logren un acuerdo?

Es indudable que no es una decisión fácil. Sus implicaciones tocan el tejido del ordenamiento jurídico de la Paz y dos temas que han sido tabú en Colombia: la extradición y el paramilitarismo.

Ciertamente la dureza de la escena de los actores opuestos en la plenaria de este martes, cuando se celebraba el día del idioma, no sólo nublaron el léxico, sino que dibujaron ante miles de colombianos que los extremos se siguen acrecentando ante la inminente necesidad de sacar adelante la verdadera paz por la vía institucional.

Bogotá, 24 de abril de 2019

Por Luis Fernando García Forero

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La decisión esta semana del futuro de las objeciones que el presidente Iván Duque le presentó al Congreso a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz- JEP-, se convertirá en el termómetro que medirá el pulso entre el Gobierno y el Congreso porque determinará quién tiene las mayorías para abrir el camino a los demás proyectos del ejecutivo, principalmente el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta semana se decide el futuro de las objeciones que el presidente Iván Duque presentó al Congreso a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz- JEP-, lo que se convertirá en el termómetro que medirá el pulso entre el Gobierno y el Congreso porque determinará quién tiene las mayorías para abrir el camino a los demás proyectos del ejecutivo, principalmente el Plan Nacional de Desarrollo.

Luego del rechazo a las objeciones a los seis artículos por una amplia mayoría en la Cámara de Representantes, la plenaria del Senado define en última instancia si las acepta o las niega y devuelve para que el jefe de estado sancione dicha iniciativa que da las herramientas jurídicas a ese alto tribunal de justicia transicional, cuyo objetivo es definir las sanciones penales a los protagonistas del conflicto armado que por más de 50 años azotó a Colombia, donde se incluyen excombatientes de las Farc, integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes del estado.

Sin embargo, la última decisión sobre el tema que le queda a la cámara alta, entra en expectativa porque no se descarta una acción de tutela del presidente del Congreso Ernesto Macias quien considera que lo votado en Cámara viola la Constitución. Sería la primera vez que se utilice esta herramienta jurídica contra una decisión del Congreso de la República.

“Hay que discutir objeción por objeción y votar artículo por artículo de los objetados”, sostiene Macias como argumento para señalar los vicios en el trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

Es contundente en señalar que en la Cámara las objeciones se votaron en bloque y no una por una como, en su criterio, señala la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso. Advierte además que la Constitución Política establece que las objeciones deben votarse primero en la comisión de origen de la ley objetada, en este caso, el Senado.

La pregunta, de acuerdo a analistas consultados por Ecos, es si una acción de tutela concebida para los derechos fundamentales de las personas, forme parte e intervenga también en las decisiones de las instituciones.

La fuerza de la Gobernabilidad del Gobierno será definitiva con este tema cuando el senado decida si las aprueba, o al contrario, las niegue, en medio del tire y afloje por la llamada “mermelada”, que es en el argot político: votos por puestos y que ha sido uno de los combustibles del sistema presidencialista en Colombia.

Bogotá, D, C, 22 de abril de 2019

Por Luis Fernando García Forero

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El Presidente Iván Duque aseguró que “estas acciones son el resultado de un trabajo concertado y articulado entre la Vicepresidencia de la República, ministerios y la Gerencia de Fronteras de la Presidencia, con gobernadores, gremios, bancadas del Congreso de dichos departamentos y distintos sectores sociales, entre otros”.

La iniciativa compromete a 32 directores y funcionarios del Gobierno nacional, encabezados por Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quienes ya tienen la hoja de ruta de trabajo para implementar más de 50 medidas transversales y focalizadas, que se requieren para la atención integral de la frontera colombo-venezolana.

El Presidente Iván Duque aseguró que “estas acciones son el resultado de un trabajo concertado y articulado entre la Vicepresidencia de la República, ministerios y la Gerencia de Fronteras de la Presidencia, con gobernadores, gremios, bancadas del Congreso de dichos departamentos y distintos sectores sociales, entre otros”.

En este sentido, el Mandatario aseguró que es “una iniciativa para responder a las necesidades de las zonas de frontera, en medio de una crisis que ha sido muy dolorosa, que se expresa en más de 1,5 millones de migrantes y, obviamente, con la gran desolación que ha traído la dictadura en Venezuela, que ha empobrecido a ese país y que ha acabado con todas las iniciativas privadas que se puedan imaginar”.

El Jefe de Estado enfatizó que “aquí está el Gobierno nacional para responder, y ya hemos presentado hoy un paquete de 50 medidas que tienen alcance específico en cada uno de los departamentos de frontera” y agregó que “son medidas que permiten enfrentar la crisis, pero también dejar a estas zonas preparadas para un retorno de la democracia en Venezuela, que puede ser también una piedra angular de la recuperación económica de estas regiones”.

Con esta estrategia, el Gobierno busca que haya acceso a líneas de crédito con tasas favorables, a recursos para la generación de emprendimiento e impulso para mejoramiento y comercialización e innovación de empresas. También se propone aliviar cargas tributarias, con modificaciones en el pago de impuestos; fortalecer la atención en salud, con nuevos recursos para garantizar la atención de urgencias en hospitales ubicados en la zona de frontera; lograr mejoras en educación, con aumento de la planta docente; aprovechar las ofertas de empleo para todos los ciudadanos, y dinamizar las oportunidades de inversión con la liberación de recursos de regalías, entre otras medidas.

El Gobierno hará un seguimiento permanente de las medidas, con informes trimestrales de los resultados, a fin de medir el impacto para garantizar el cumplimiento y el monitoreo objetivo que asegure la reactivación de la economía en la región.

El Plan fue presentado durante una reunión de trabajo realizada este domingo en la sede de la Gobernación de Norte de Santander, en Cúcuta, con alcaldes de los municipios y gobernadores de los departamentos fronterizos con Venezuela: Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Arauca, Vichada y Guainía.

Cúcuta, 14 de abril de 2019

Fuente: Presidencia de la República de Colombia.

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El exgobernador y exalcalde de Medellín, Anibal Gaviria, puntea la encuesta para alcanzar la primera dignidad del departamento de Antioquía.

El exgobernador y exalcalde de Medellín, Anibal Gaviria, puntea la encuesta para alcanzar la primera dignidad del departamento de Antioquía.

Con un 29 % y margen de error del 2.7 %, Gaviria en la encuesta de 2040 ciudadanos mayores de 18 años, logra cautivar a los electores de Medellín, Envigado, Hitaguí y Bello, según la firma encuestadora WAA SAS.

El panorama cambia totalmente si el exgobernador y exalcalde Anibal Gaviria no va.

Los siguiente son los links de la encuesta y de la ficha técnica:

Para ver encuesta: 

https://drive.google.com/file/d/1Qpk_zWKB0nmdB-4-Z5UB4R9BwQJZdFzf/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

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En un hecho sin precedentes en la historia reciente, por primera vez un Gobierno resulta derrotado en asunto de su extrema importancia. La Cámara de Representantes, en una votación de 110 contra 44 hundió las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Por Giovanni Décola. En un hecho sin precedentes en la historia reciente, por primera vez un Gobierno resulta derrotado en asunto de su extrema importancia. La Cámara de Representantes, en una votación de 110 contra 44 hundió las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

En el debate, luego de votarse afirmativamente los impedimentos incoados por los cuatro Representantes de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC), hubo un par de maniobras dilatorias por parte de integrantes del gobernante Partido Centro Democrático, que pretendió en dos ocasiones el aplazamiento del debate, con el fin de darle tiempo al Gobierno Duque de recomponer las mayorías, lo cual fue negado en ambas oportunidades, lo que confirmaba la ya predecible derrota del  Ejecutivo.

De nada valió el intenso e intimidante lobby del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ni del Embajador estadunidense en Colombia Kevin Whitaker, ni las intensas llamadas, que desde la Presidencia, hacían a los congresistas, con el fin de desbaratar a la nueva alianza tripartita entre los Partidos Liberal, Cambio Radical y la U, la cual superó la primera prueba de fuego, tras su anunciada unión. 

Esa derrota, aunque tiene connotaciones jurídicas, es eminentemente política. Estos tres partidos, que votaron por Iván Duque en la segunda vuelta, y cuyos votos fueron decisivos para derrotar al candidato izquierdista Gustavo Petro, han sido ignorados totalmente por el Gobierno en la representación política de las altas dignidades, las cuales han quedado en manos de amigos personales del Presidente Duque, el Senador Álvaro Uribe y en menor grado, de la Vicepresidente Martha Lucía Ramírez.

Adicionalmente, los Ministros designados por Duque, en su gran mayoría son técnicos, y aunque muy buenos profesionales en sus áreas, no tienen experiencia política para capotear las exigencias de los parlamentarios. La falta de liderazgo en ellos, es tan evidente, que no han podido sacar avante otras iniciativas de interés gubernamental o salen muy trasquiladas,  inclusive, el Plan Nacional de Desarrollo, que ya superó el primer debate en las comisiones económicas, corre el riesgo de hundirse en las plenarias.

La política hace siglos está inventada. Es obvio que si un Partido de Gobierno, no cuenta con las mayorías legislativas para sacar adelante su agenda, como es el caso del Centro Democrático, cuyos integrantes no alcanzan a ser el 20% del Congreso, requiere de hacer acuerdos programáticos y políticos con los Partidos más afines, cediendo parte de la representación política a cambio de que sus iniciativas tengan un trámite tranquilo en el Parlamento. Eso ocurre en todos las democracias del mundo, tal vez no en las dictaduras, so pena de que en algún momento, hasta el mismo Gobierno, pueda tambalear.

Esa representación política, no puede ser, como la pretenden los agentes del Gobierno: repartir migajas en mínimas dosis a congresistas rebeldes de los partidos políticos, a los que generalmente ha sonsacado. Ello socava la institucionalidad partidista, desprestigia al Gobierno y no garantiza la lealtad del parlamentario con  la Administración. Una vez los Partidos activen sus órganos de control disciplinario, y los amenace de despojarlos de voz y voto, esos parlamentarios volverán al redil y dejarán solo al Gobierno.

El anunciado pacto por Colombia, inclusive debe hacerse con los partidos de oposición, garantizándoles a ellos su libre ejercicio y con todas las garantías, principalmente en lo concerniente a la seguridad, no solo de sus más connotados dirigentes, sino también de sus líderes y militantes. Pero sobre todo, ese pacto, si el Presidente Duque tiene coherencia, debe hacerlo con los Partidos que lo llevaron al poder.  De lo contrario, debió rechazar el apoyo dado por ellos a su candidatura presidencial en la segunda vuelta. A eso se le llama honor y transparencia.

Tiempos difíciles le vienen al Presidente Duque. Tanto que en su propio Partido, ya hay Parlamentarios que públicamente piden la renuncia de Ministros, como ocurrió en este debate, donde Edwar Rodríguez pidió la cabeza de la Minjusticia, ante la estruendosa derrota en la Cámara.  Reconoció que al Gobierno le ha hecho falta diálogo con los tres partidos que conforman la nueva alianza.

Ese cuento de la ausencia de la mermelada, podrá ser eficiente para la galería, pero no en el Congreso; donde los parlamentarios no son ningunos tontos y saben que la nómina estatal y los contratos existen y seguirán haciendo parte de nuestro menú democrático. Duque, debe primero, dar un grito de independencia. No al extremo de distanciarse de Uribe, pero sí de hacerle saber que una cosa es recibir sus consejos y asesoría, y otra es que pretenda cogobernar. El Presidente es el Jefe y punto. Pero sí eso no lo creen ni sus Ministros, mucho menos lo entenderá  la ciudadanía.

Seguidamente Duque debe poner orden en su propio partido, en el cual ya es evidente la división entre los  radicales de derecha y moderados, a quienes tampoco tiene contentos del todo, por distintas razones. La  Vicepresidente Ramírez, tampoco ha sido capaz de  cohesionar a sus antiguas huestes en el Partido Conservador, donde en la votación de las objeciones, pudo palparse que solo 14 de 21 representantes azules, acompañaron al Gobierno. 

Pero donde debe el Presidente demostrar su casta política, que no dudo que la tiene, es con los jefes de los tres partidos de origen liberal, que hoy tienen la fuerza necesaria para imponer su voluntad en el Congreso, aliándose con el Gobierno, o sí lo quieren, con los movimientos alternativos. En ambos caminos, conforma una aplanadora. Con ellos debe buscar un acuerdo sin mezquindades y sin dobleces, por el bien del país y su Gobierno. Debe haber una conversación abierta y franca con César Gaviria, Germán Vargas Lleras y Aurelio Irragori, en busca de consensos, sí es que quiere asegurarse un sitial de honor en la historia de Colombia. 

No hay duda, que ese primer acuerdo, sería el compromiso de Duque, de no volver a jugar con el proceso de paz. 

Sí Duque persiste en su modelo, que visto está, no funciona; no solo va a tener a los Ministros repartiendo canonjías al detal a los parlamentarios, ante la sombra de la moción de censura, zumbándoles en la oreja, sino que ante una crisis de gobernabilidad de mayor envergadura, hasta su propia silla podrá tambalear, pues ya el Gobierno no controla, siquiera la Comisión de Acusaciones, y muchos congresistas preferirán entenderse con Ramírez, para ver qué acuerdos son posibles con ella, que prolongar el ayuno que parece largo y tortuoso. Una cosa es el comportamiento del Congreso, teniendo  a las mayorías, sino contentas, por lo menos neutralizadas, y otra muy distinta, tenerlos cargados de tigre. 

Duque está jugando con fuego y pronto se le saldrán de su control las llamas. Basta que revise la historia reciente de varios países de América.

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