Por José Gregorio Hernández.- Lo que han divulgado los medios de comunicación acerca de cuanto ocurría en el interior del Bronx, en pleno centro de la capital de la República, a pocas cuadras de la sede del Gobierno y de las más altas corporaciones, es sencillamente aterrador: guaridas de delincuentes, lugares espantosos en que se practicaba la tortura, casas dedicadas al secuestro, a homicidios, al desmembramiento y a la desaparición de personas; utilización de perros bravos para tan criminales fines; por supuesto, verdaderas cuevas propicias para el tráfico y el consumo de alucinógenos, y hasta un túnel para la actividad delictiva,  el almacenamiento de droga y armas, y el desplazamiento y ocultamiento de los delincuentes. Una zona de prostitución, violencia sexual, impunidad, vicio y corrupción, que el Secretario de Seguridad de Bogotá ha calificado como “un infierno”.

 Los tardíos operativos llevados a cabo por parte de las autoridades han dado lugar a la reacción de miles de habitantes de la calle que vivían en el horrendo sector, quienes protestan por el desalojo y han generado problemas de orden público; ataques al comercio formal y a los residentes en sectores cercanos, así como a graves enfrentamientos con la fuerza pública.

 Lo que hemos visto es increíble. Representa un problema social y humanitario de características alarmantes, cuya solución no se ve nada fácil y que corresponde a los gobiernos nacional y distrital, en lo que respecta a la reubicación de las personas desalojadas y en lo relativo al tratamiento médico de los miles de adictos; a la Fiscalía General y a los jueces en cuanto a los múltiples delitos cometidos; al Bienestar Familiar en lo que se refiere a los menores; a la Defensoría del Pueblo en lo atinente a la adecuada y permanente protección de los derechos humanos; y, claro está, directamente al Presidente de la República le corresponde adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden público, que se ha visto gravemente quebrantado.

 ¿Por qué se permitió? ¿Qué hicieron antes las autoridades? ¿Por qué se dejó crecer? ¿Hubo confabulación de autoridades con la delincuencia?

Todo esto que ocurre nos lleva a pensar en las causas. Entre ellas, la que aparece de bulto es el auge del narcotráfico y el micro tráfico. El consumo, gracias a la permisividad y la tolerancia con el crimen se ha incrementado hasta niveles inconcebibles. Todo por una errónea concepción judicial sobre  el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la que siempre discrepamos.

Write comment (0 Comments)

Por Simón Santander.-  La primera vez que leí una columna de Salud Hernández, confieso, que estaba muy mal informado. Por empezar, no sabía si se trataba de un o una columnista, pues el nombre era mixto y la forma de escribir, francamente no lo sentía femenino, y cuando vi una de sus fotos, quedé más confundido.

Me tocó investigar y supe que era una periodista española, proclive al conservadurismo, fascismo y anticomunismo del Dictador Francisco Franco, quien mediante golpe de Estado, se alzó en el poder en 1936 y gobernó España hasta su muerte en 1975.

Se hizo columnista del Diario El Tiempo, por invitación que le hiciera uno de sus otrora dueños,  Francisco Santos, alias Pachito, a quien conoció en su natal España.

Desde un comienzo destiló sus odios contra los políticos contrarios al ideario de su protector Pachito. Sí, el mismo que antes de ser Vicepresidente de la República, le propuso a los jefes paramilitares, crear el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Bogotá.

Esta periodista aparenta criticar a todos por igual, lo cual es una falacia. Detrás de su pluma, siempre se esconde una intencionalidad política, cuando, no de apoyo, sí de justificación a los escuadrones de la muerte del paramilitarismo. No en vano, prologó el libro, “Mi Confesión”, de Carlos Castaño, al que define como un hombre “sincero”  y valora cuando el mismo se autoproclamaba: “idiota útil del régimen”.

A los políticos uribistas, simplemente los critica saludablemente, o cuando políticamente no le representan mayor ganancia al expresidente, al haber ya caído en desgracia. Su odio visceral lo desparrama contra los liberales o políticos de izquierda. Usa epítetos que no corresponden a un periodista, sino a un actor político. Hace señalamientos que no son de la esfera de un comunicador social, sino que son propios de un fiscal o juez penal.

Se  entromete en asuntos internos de Colombia, y pese a estar nacionalizada como colombiana, eso no la autoriza para descalificar Gobiernos e irrespetar a altos Servidores Públicos del orden Nacional. La Constitución Política sólo le permite participar y sufragar en elecciones de carácter local, pues en éstas, no se define el destino político de la Nación, el cual ella, claramente, pretende influenciar.

Eso lo corrobora su reciente mandado a los amantes de la guerra, internándose en territorios de pública presencia guerrillera, con el fin de descarrilar los diálogos de paz. Si bien es cierto, las fuerzas del orden deben garantizarnos a todos los habitantes del territorio nacional, nuestra seguridad, ésta empieza por cuidarse uno mismo.

No es de recibo, ni propio de la sensatez o sentido común, que una periodista extranjera, por más señas, enemiga de la paz en nuestro país, se interne sin aviso, en territorios de influencia guerrillera. De ahí mi tesis, que antes que un afán de protagonismo, lo que se escondía, era una maniobra torticera para boicotear los diálogos con las FARC y sepultar cualquier intento de negociación con el ELN.

Al ser retenida o secuestrada, solo por unos días, se le vino abajo su plan mediático de pretender crear en la conciencia colectiva, un rechazo total a los eventuales acuerdos con la insurgencia. Al ser liberada, agradece a la Iglesia católica, a la Defensoría, y a otros actores, menos al Gobierno, contra quien se fue lance en ristre, pese a que éste, desde el primer momento, desplegó toda una ofensiva militar y persuasiva para su liberación.

El Gobierno, una vez liberada, debió fue retirarle la nacionalidad y deportarla a su país de origen, por estar poniendo en riesgo el orden público y el derecho sagrado de la paz.

Bienvenidos los extranjeros que hacen aportes culturales, científicos, deportivos, sociales y económicos en Colombia, pero de nuestros asuntos políticos de carácter nacional, sólo  a los colombianos nos incumbe; así que doña Salud Hernández, llévese sus ímpetus guerreristas a su patria querida. La época de la colonia y de la inquisición ya pasó, y cara de virreina, francamente no la tiene.

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Amylkar D. Acosta M.-  Según el Diccionario de la Real Academia Española los palimpsestos consistían en “un manuscrito que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente”.

Eso está aconteciendo en Colombia con su ordenamiento legal y normativo, dada la frecuencia con la que se cambia de jurisprudencia por parte de las cortes o de criterio por parte de los jueces, que no pocas veces fallan sobre tutelas ya falladas en sentido contrario al que lo hicieron otros.

Si a las reformas a la Constitución y a la leyes, que son cada vez más frecuentes, se añaden los abruptos cambios de jurisprudencia de las altas cortes y de los tribunales, así como las volteretas de los jueces, podemos concluir que la seguridad jurídica en Colombia está en un grave predicamento.

Ello ha venido afectando y de qué manera al sector minero, que viene de tumbo en tumbo. Primero fue  la Corte Constitucional la que declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 que reformó la Ley 685 de 2001 por haberse omitido en su trámite la Consulta previa libre e informada a las minorías étnicas, como lo obligaba el Convenio 169 de la OIT.

No obstante, dicha Sentencia difirió su efecto en dos años, que fue el plazo que le dio al Congreso de la República para corregir su yerro, con el ánimo de no causar mayores traumatismos a la actividad minera. Transcurrido este lapso ni el Gobierno ni el Congreso se apercibieron de enderezar este entuerto y ante esta omisión entró a regir nuevamente la ya anacrónica Ley 685 con todas sus consecuencias.

A partir de ese momento se intentó ir llenando los vacíos a que ello dio lugar mediante la expedición de decretos, los cuales, como es obvio, no podían ir más allá de la letra y del espíritu de la Ley vigente.

Uno de esos decretos fue el 934 de 2013 a través del cual se reglamentaba el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el cual se coló un verdadero adefesio jurídico, so pretexto del carácter de utilidad pública e interés social de la minería, como fue establecer que el ordenamiento minero no hacía parte del ordenamiento territorial.

Con esta premisa, se dispuso la prohibición a los municipios, distritos y departamentos de “establecer zonas del territorio que queden permanentemente o transitoriamente excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales respectivamente, por exceder el ámbito de sus competencias”.

No obstante que en fallos sucesivos, en el 2002 (C - 339 y C – 891), en el 2003 (C – 568) y más recientemente en el 2012 (C – 395) a través de los cuales se declaró exequible el controvertido artículo 37, ahora lo acaba de tumbar esa misma Corte, declarándolo inexequible tanto por vicios de trámite como por haber transgredido los principios de la descentralización y la autonomía territorial.  Antes de este fallo, al modular su último fallo, había establecido que “las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano y en especial de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población”.

Esto es, que se tienen que poner de acuerdo con las entidades territoriales en lo atinente al Plan de Manejo Ambiental de los proyectos mineros. En la Ley del Plan de Desarrollo 2014 – 2018 se desacató esta providencia al dejarlo como opción, al establecer que podrán en lugar de que deberán llegar a dicho acuerdo.

La verdad sea dicha, con el más reciente fallo, en el que la Corte le traslada la competencia de excluir áreas del territorio de la actividad minera a las entidades territoriales, reivindica los principios de la descentralización y la autonomía territorial, tan venidos a menos en los últimos 20 años de la Constitución de 1991 que los consagró.

Como también es cierto que las entidades territoriales no están preparadas todavía para asumir semejante responsabilidad, por lo que se hace menester su fortalecimiento en las competencias y capacidades, para lo cual es fundamental el apoyo y acompañamiento tanto por parte de la ANLA y la ANM como de las agencias de cooperación internacional.

Este de advertir que esta inestabilidad jurídica la viene haciendo mucho daño al sector minero y enrareciendo el clima para la inversión.

Según reciente sondeo de la firma Deloitte, el clima de inversiones ha empeorado en el último año. Las cifras hablan por sí solas: 75.6% de los consultados aseguró que la situación empeoró en los últimos doce meses, frente a un 60% en la Encuesta de 2015. Entre tanto la opinión de quienes aseveran que el clima de inversiones mejoró de un año al otro pasó del 10% al 6.7%, al tiempo que quienes estiman que se mantuvo sin cambios cae del 30% al 17.7% (¡!). Ello es muy preocupante

Cartagena, mayo 30 de 2016

www.fnd.org.co

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Jairo Gómez.- Eran las once y treinta de la noche del 19 de abril de 1970 y mi padre, un hombre trabajador con inclinaciones políticas, por supuesto, estaba sentado en el comedor de su casa escuchando los escrutinios presidenciales que hasta ese momento le daban una leve ventaja al general Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la ANAPO, sobre el “frentenacionalista”, Conservador Misael Pastrana Borrero. Intempestivamente se interrumpió la transmisión y con voz de autoridad el Presidente Liberal, Carlos Lleras Restrepo, del Frente Nacional, palabras más palabras menos, ordenó: “se suspende la transmisión de resultados hasta nueva orden”

La reacción de mi padre, Emilio, anapista, fue airada, pero premonitoria: “¡juepuerca! Nos robaron las elecciones”. No se equivocó, al día siguiente en las emisoras y principales diarios del país apareció ganador el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, por un margen muy estrecho.

Cinco años atrás, el 26 de agosto de 1965, el padre Camilo Torres, en un editorial en el periódico bajo su dirección, “El Frente Unido”, había anunciado el “Por qué no Voy a las Elecciones”, y en términos muy concretos resumió así su posición: “En Colombia, el que escruta elige”.

Lo dicho por el cura Camilo, se corroboró, de nuevo, 46 años después. En las elecciones regionales del 2011, el 30 de octubre de ese año a las doce de la noche los electores del candidato al Concejo de Bogotá, Juan Carlos Flórez, se fueron a dormir desencantados pues se había perdido la curul. Más de 30 mil votos no le alcanzaron. Conocidos los resultados, al día siguiente, aconsejado por un curtido político de la capital, Juan Carlos optó por pelear esa curul. Al final del ejercicio, que duro casi un mes haciendo seguimiento al reconteo de votos, se recuperaron más de cinco mil sufragios que estaban favoreciendo a unos políticos clientelistas, marrulleros e inescrupulosos a quienes desvergonzados funcionarios del sistema electoral les estaban transfiriendo a sus urnas los votos que no eran suyos, y se logró el cupo esperado.

Hago estas referencias históricas para ilustrar el argumento de que el país  necesita, ¡urgente!, de una reforma Electoral. Y más aún, cuando estamos a las puertas de sellar con éxito un proceso de paz.

Advierte el jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, que para cambiar “las balas por los votos (…) urgen medidas efectivas de inclusión, modernización y transparencia electoral”. No está sugiriendo nada nuevo. Lo claro es que sobre estos temas se viene hablando por años, pero los políticos tradicionales (llámense caciques y barones electorales) no lo permiten: eso sería afectar sus feudos.

Dice la teoría política que cuando las intervenciones se orientan premeditadamente a adaptar el sistema institucional y político para hacer prevalecer la hegemonía de una clase o fracción determinada se vicia la democracia. Y eso es lo que ocurre con el sistema electoral colombiano.

Por ello, con el devenir de la paz y la nueva realidad política que se avecina, la reforma al sistema Electoral colombiano es una inaplazable necesidad. Definir un Estatuto para la Oposición y la reforma Política son cambios que no dan espera. Hacerlo, se traduciría en oxigenar las instituciones para construir una sociedad abierta que propicie el debate económico, social y cultural; y, sobre todo, purifique las maneras de hacer proselitismo político en el país.

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Gabriel Ortiz.- ¿Quiénes serán los enemigos más poderosos que tiene la justicia en Colombia? ¿Quiénes los que incansablemente trabajan para desprestigiarla, mancillarla, acabarla y aprovechar ese desdoro en provecho propio, de las mafias, de la delincuencia y de la corrupción?

Son increíbles los niveles de descredito en que se encuentra, y la velocidad con la que avanzan. Todos los días se conocen las trampas con las que actúan jueces, investigadores, abogados, magistrados y funcionarios de la rama.

Atravesamos por un período en el que nadie cree, ni espera nada serio de esos fallos, amparados por leguleyadas, tesis fraudulentas, acuerdos tramposos y veredictos dudosos o comprados.

Se descubre que, el Tribunal de Bogotá está manipulado desde el 2010. Durante seis años se ha actuado dudosamente, sin ética y sin derecho. ¿Cuántos fallos habrá a favor y cuantos en contra para favorecer bandidos, o condenar inocentes? Difícil saberlo. Y nada se diga de los juzgados que con acomodados dictámenes médicos dejan en libertad a peligrosos criminales, o dan casa por cárcel a reconocidos corruptos que se han apoderado de ingentes cantidades de dinero de los contribuyentes, como es el caso de los Nule. ¿Habrá o no dinero detrás de estas decisiones? Difícil creer que no. Son centenares los maleantes que están libres. Calculan que casa por cárcel se logra con menos de 200 millones.

También se burla la justicia a base de triquiñuelas jurídicas o vencimientos de términos. ¿Y qué tal maniobras para driblarla como en el caso Pretelt?

Por venalidad hay criminales libres, inocentes presos, hacinamiento carcelario y credibilidad de la justicia por el suelo.

Es hora de sancionar a médicos que certifiquen enfermedades inexistentes, a jueces, investigadores y magistrados venales y muy ricos, a abogados sobornadores e inmorales y frenar la galopante corrupción.

Tampoco se puede perder de vista la moda de aquellos corruptos que para eludir la justicia, se refugian en otros países y se cobijan con el apelativo de “perseguidos políticos”.

Tarea difícil e ingrata la que les espera al nuevo Fiscal, al Ministro Londoño, a los pocos jueces y magistrados éticos, y a un país atónico, perplejo y absorto, si realmente se quiere eliminar el cáncer que carcome la justicia.

BLANCO: La decisión del gobierno y las Farc de trabajar día y noche para salvar la paz.

NEGRO: El lamentable fallecimiento del gran caricaturista Pepón. Gran profesional, amigo y compañero. Paz en su tumba.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Juan Fernando Londoño.- El Acuerdo del punto 2 de La Habana contempló la creación de circunscripciones transitorias de paz en la Cámara de Representantes con el fin de darle mayor representación política a las personas que han vivido en las zonas de conflicto y como consecuencia de ello han visto conculcados sus derechos políticos. Desde el asesinato de líderes sociales, el boicoteo de las elecciones hasta el desplazamiento forzado ha impedido que dichas comunidades disfruten de sus derechos civiles y políticos. Por ello merecen una medida de reparación como esta que les ayudará a ganar un mayor peso en el escenario político nacional y, finalmente, ser escuchado y defendido.

Muchos han dicho que estas son curules para las Farc. No es así. Son curules para la gente de esos territorios y será ellos quienes decidan quienes los representan mejor. Por lo tanto, la discusión sobre curules para las Farc está aún pendiente.

En recientes columnas de opinión Ariel Ávila y Gustavo Duncan se han referido al tema. El primero para señalar la necesidad de darles curules a dedo para que participen en la reglamentación del acuerdo de paz y el segundo, para señalar que darles dichas curules sería un premio inmerecido a dicha organización. Ambas opiniones, muy respetables, parten de la premisa equivocada de que las curules son el resultado del desempeño militar. Para Ávila, se justifican por los 50 años de guerra en que estuvieron. Para Duncan, la incompetencia militar de la guerrilla no permite que el Estado les retribuya su acción premiándolos pues enviaría un mensaje incorrecto a la sociedad.

En realidad, no se trata de transformar el poder militar en poder político automáticamente sino de cómo facilitar la transición entre una forma de búsqueda el poder y  la otra. Por tanto, hablar de curules en el congreso para las Farc obedece a una premisa distinta pues se trata  es facilitar la transición de quienes han hecho la guerra para que aprendan a hacer política sin armas. En lugar de usar fusiles tendrán que argumentar, deliberar y lo más importante, conseguir votos. Si a un deportista lo cambian de deporte, digamos luego de pasar 15 años jugando futbol se va al baloncesto, pues es necesario entrenarlo y facilitarle que use las manos y no los pies para llevar la pelota. Por esta razón, el Estado puede establecer normas transicionales que faciliten ese proceso.

Una circunscripción nacional de paz puede sonar antipático pero no es estrambótico. Lo importante es entender que serían las Farc las que tendrían que conseguir los votos para conseguir dichas curules. Por ejemplo, se podrían dar entre 3 y 6 cupos para la guerrilla en una circunscripción nacional de Senado y establecer que las primeras 3 curules se obtendrían con 100 mil votos y aumentarían con cada 50 mil votos adicionales. Esto se convertiría en un incentivo real para que las Farc acudan a la ciudadanía a obtener su favor y se reconecten con la sociedad.

Para que el esquema funcione se requiere establecer el doble voto, esto es, los ciudadanos pueden votar en la circunscripción nacional y también en la circunscripción de paz. No se trata de que escojan entre uno y otro. Tampoco se trata de que las Farc le disputen los votos a la izquierda democrática que ha actuado en la legalidad. Los ciudadanos podrán votar también en la circunscripción de paz sin tener que negar su apoyo al Polo u otras fuerzas.

El sistema de doble voto para las circunscripciones de paz, tanto las de Cámara ya acordadas como ésta para el Senado, es el único mecanismo que permite que el sistema funcione y que asegure el proceso transicional.

Adicionalmente, un mecanismo de esta naturaleza permite que se adicionen curules para el ELN cuando por fin se decida a negociar y firme la paz creando para ellos varias curules adicionales con el mismo sistema.

En cuanto a las curules directas para que participen en el Procedimiento Legislativo Especial, a estas alturas eso es imposible, pues implicaría una reforma constitucional y la misma no podría estar lista para antes de la activación de dicho procedimiento. Lo que si se puede es crear una comisión asesora de las iniciativas legislativas que permita que el gobierno consulte con una delegación especial de las Farc, creada para estos efectos, los contenidos de las normas. Como el Gobierno es el único que podrá presentar iniciativas para el uso del Procedimiento Especial, no hay problema que dicha comisión se establezca luego de la votación del plebiscito y pueda opinar sobre el contenido de las normas.

Para que funcione bien, se debe aclarar que la comisión asesora de acompañamiento no tiene la función de colegislar ni de vetar las iniciativas del gobierno. Se trata de permitirles que opinen y hagan conocer su forma de pensar públicamente, pero es claro que el momento de la negociación bilateral ya terminó (con la firma del acuerdo) y que ahora es responsabilidad del gobierno, como contraparte, desarrollar los acuerdos de paz.

Faltan pocas semanas para que el Acuerdo de Paz se cierre y es necesario terminar los puntos pendientes con la misma audacia, generosidad y responsabilidad con que se ha tramitado todo el acuerdo. Al igual que Ávila y Duncan, espero que estas ideas ayuden a los debates de cierre que faltan en La Habana.

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Jairo Gómez.- La posibilidad de que no se castigue a los responsables de delitos en razón del conflicto, es decir, que aflore la impunidad, queda descartada.

La cifras no son exactas –cómo podrían serlo- pero los investigadores y académicos de nuestra historia reciente coinciden en que en Colombia la violencia bipartidista –décadas 40 y 50- dejó más de 300 mil muertos, y por ellos nadie pagó un día de cárcel. 

En esa época, un acuerdo político del Frente Nacional resolvió los asuntos de justicia, y hubo borrón y cuenta nueva. Como dirían hoy, políticamente se pactó una “ley de punto final”, y Liberales y Conservadores (Alberto Lleras y Laureano Gómez) decidieron firmar la paz dejando de lado a los cientos de miles de víctimas. Impunidad total.

Y efectivamente, esa impunidad fue la partera del conflicto armado que hoy estamos tratando de superar vía negociación política, pero con una diferencia conceptual y jurídica comparada con lo ocurrido en las décadas de los años 50 y 60, en donde las víctimas de esa fratricida guerra fueron ignoradas por completo: en la actual negociación de paz en La Habana, entre Gobierno y FARC, “las víctimas están en el centro de los acuerdos”.

El asunto es relevante, porque cerca de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC el tema de la impunidad no deja de provocar polémica.

En reciente carta de respuesta del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez al jefe máximo de las FARC, “Timoleón Jiménez”, tras la ocurrencia de una serie de supuestas acciones delictivas por parte de esta organización guerrillera durante la  negociación, el exmandatario asegura que el país va camino a una “condena retórica, sin cárcel, a los responsables de atrocidades”.

Y asegura, el más enconado opositor al proceso de paz, que en “los anteriores términos el acuerdo genera ejemplo para que haya más violencia y no garantiza estabilidad. La impunidad es partera de nuevas violencias y dificulta el perdón sincero”.

Ni riesgos que lo sugerido por el senador Uribe Vélez pueda ocurrir si nos atenemos al acuerdo sobre “Las Víctimas del Conflicto”.

En su esencia jurídica, “El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición”, acordado por las partes, concibió la “Jurisdicción Especial para la Paz” cuya tarea será la de ejercer funciones judiciales y cumplirá con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en razón del conflicto armado, en particular los más graves y representativos.

Y además de crear una “Comisión de la Verdad”, establece tres categorías en las que el “Tribunal Para la Paz” fijará “las condiciones y modalidades para su ejecución”.

Veamos cuáles son:

-Sanciones Propias: Tendrán una función retributiva y una función restaurativa de realización de obras y trabajos de reparación del daño causado”. RESTRICCIÓN EFECTIVA DE LA LIBERTAD de 5 a 8 AÑOS. (En esta instancia debe haber reconocimiento de responsabilidad)

-Sanciones Alternativas: En condiciones carcelarias ordinarias. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de 5 a 8 AÑOS. (Afecta a quienes con posterioridad reconozcan responsabilidad antes de la sentencia).

-Sanciones Ordinarias: En condiciones carcelarias ordinarias. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de 15 a 20 AÑOS. (Se le aplica a quienes no reconozcan responsabilidad y sean hallados culpables).

Ahora bien, a estas instancias se llegará una vez se halla conducido una exhaustiva investigación, que proporcionará pruebas que el Tribunal Para la Paz valorará y analizará a fondo para tomar una decisión. La posibilidad de que no se castigue a los responsables de delitos en razón del conflicto, es decir, que aflore la impunidad, queda descartada.

La impunidad que tanto preocupa a la oposición obedece, antes que a los procesos de fin del conflicto armado, a un problema estructural de la justicia en Colombia, o de lo contrario ya hubiéramos superado ese añejo mal que ronda el 98 por ciento de los casos sin resolver en los estrados judiciales.

Write comment (0 Comments)

Por Jorge Gómez Pinilla. Es deseable que el Presidente Juan Manuel Santos mantenga el tono beligerante que comenzó a exhibir frente a los dos máximos exponentes de la extrema derecha nacional, Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez. Y que inclusive lo arrecie porque, donde no se ‘pellizque’, el anhelo nacional de paz y reconciliación podría desembocar en un nuevo fracaso, como todos los anteriores.

El columnista Juan Diego Restrepo puso el dedo en la llaga con su columna de la semana pasada, El desorden por la paz, cuando dijo que “poco a poco se está desgastando la fe que se le tuvo a la resolución del conflicto armado. Es de tal magnitud el caos que si nadie ordena, se perpetuará la guerra”. (Ver columna).

El asunto de fondo es que Uribe, Ordóñez y sus fuerzas –oscuras y claras- han comenzado a aplicar todas las formas de lucha hacia el objetivo supremo de impedir que las FARC se incorporen al ordenamiento jurídico de la nación, y en función de ese propósito, hoy cuentan con vanguardia mediática (los medios que acogen entusiastas toda barrabasada suya) y retaguardia armada (los grupos paramilitares que no se desmovilizaron), en lo que constituye un accionar de claro tinte subversivo, como sostuve en columna anterior.

La última zancadilla a la paz la quiso meter el procurador Ordóñez cuando amenazó a todos los funcionarios del orden gubernamental con sanciones si salen a apoyar el plebiscito por la paz, a lo cual Santos le respondió enérgico, ¡por fin!, con que “usted no les va a prohibir a los funcionarios hablar de paz ni usted va a pasar por encima de la ley”.

La restricción que pretendió colar Ordóñez es un atentado a la lógica, pues significaría que ante un eventual plebiscito el gobierno no podría hacer campaña a favor del SÍ, pero Ordóñez sí podría continuar su rabiosa campaña por el NO A TODO lo que huela a paz…

Es conveniente entonces que el Presidente Santos ponga en su sitio a los que están dedicados a “hacer invivible la República”, pero hay un aspecto al que su gobierno no le está prestando la debida atención. Y es, volviendo a la importante columna de Juan Diego Restrepo, a lo relacionado con que “nadie sabe a ciencia cierta cómo va el proceso de paz. Se intenta resolver un viejo conflicto armado con una guerrilla y la gente sabe poco al respecto. Y eso ocurre porque las dependencias gubernamentales son ineficientes en sus estrategias pedagógicas”.

Lo más criticado en el gobierno de Santos ha sido el manejo de sus comunicaciones hacia afuera. Pareciera que no hay una línea estratégica unificada de imagen corporativa en el tema de la paz, y menos en la producción de contenidos. Esto ha permitido que las fuerzas políticas afines a la guerra hayan ganado terreno en el imaginario colectivo, con la repetición constante de que no puede haber paz con impunidad, o que el Presidente de la República está entregando el país a las FARC. (¿Han  notado por  cierto que la palabra ‘castrochavismo’ salió de circulación?)

Entre los esfuerzos mediáticos del gobierno para ambientar la idea de la paz hay una publicitada página web, conocida como ‘la conversación más grande del mundo’, pero hay una evidente contradicción cuando se advierte que ni siquiera es la conversación más grande del barrio, y que en esa página no se conversa, sino que sus realizadores van  a los pueblos o salen a la calle a recoger testimonios o expectativas de la gente en torno a la paz. O sea que la “conversación” se torna forzada por monotemática, porque a nadie le gusta que lo pongan a conversar –ni a escuchar una conversación- sobre un único tema.

Lo cierto es que el gobierno Santos debería estar desde ya brindando información puntual, lúcida, completa y pedagógica sobre lo que significan la paz y el posconflicto. Y el mensaje tendría que ser alegre, optimista ante el nacimiento de una nueva era, dinámico y activo porque estamos ad portas de reconciliarnos como hermanos, yo qué sé.

Pero el ojo avizor de Restrepo percibe que “todo este caos es producto del desorden por la paz, donde predominan la incoherencia, la desarticulación, la falta de convicción, la ausencia de credibilidad, la ineficacia y el interés económico. El efecto de tanto caos es la pérdida, poco a poco, de la confianza ciudadana, el peor escenario para cualquier mecanismo de refrendación”. Y remata con una afirmación que pone los pelos de punta, pues de llegar a ser cierto exige inmediata solución: “Profundiza el absurdo la falta de articulación entre los ministerios, algunos de los cuales ni se comunican entre sí para crear estrategias conjuntas”.

Esta columna tiene entonces el propósito de hacerle eco al llamado de alerta temprana que lanza Juan Diego Restrepo, a la espera de que no sea tarde. Se requiere un timonazo, y este tiene que venir de la comunicación. Si el gobierno de Juan Manuel Santos no logra juntarse y actuar como un equipo cohesionado en la transmisión del mensaje de la paz, apagué y vámonos.

La estocada que las fuerzas oscuras de la extrema derecha han logrado propinarle al proceso de paz, se expresa en un ambiente de incredulidad general frente a los dos actores del conflicto sentados en La Habana, el Gobierno y las FARC, con un tercer actor que no se cansa de boicotear y patear las patas de la mesa.

No hay credibilidad porque pusieron una fecha y no cumplieron, no hay credibilidad porque el gobierno no tiene un mensaje claro frente al postconflicto que supuestamente se avecina, no hay credibilidad porque los dos más poderosos canales (RCN y CARACOL) se han convertido en corifeos de los que hoy le sacan el mayor provecho político a la confusión que ellos mismos han creado con sus gritos histéricos y su calurosa acogida mediática. ¿Y a qué puede obedecer esto? Tal vez a que los mismos dueños de esos medios son los primeros interesados en que las FARC nunca, por ningún motivo, se integren a la vida política nacional.

Lo que el gobierno nacional se ha negado a entender es que debe convertirse en competencia informativa de esa visión oscura del acontecer nacional, porque es esa la que se está imponiendo. Falta un hábil comunicador al frente (como sí lo es desde la otra orilla Álvaro Uribe) y no aparece.

DE REMATE: Viéndolo desde una perspectiva más indulgente, diríamos que el uribismo está ayudando a que se cumpla una de las leyes de Murphy: "si hay algo susceptible de empeorar… empeorará".

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por José Gregorio Hernández.-Lo ocurrido con la contestación de una demanda entablada contra el Distrito de Bogotá, en la cual, a manera de argumento en defensa de los intereses capitalinos, la apoderada -una abogada de la Secretaría de Gobierno- , sostenía que Rosa Elvira Cely -brutalmente asesinada por un sádico en 2012- era la culpable exclusiva de su muerte, dejó -además de la natural y justificada indignación de la ciudadanía- varios motivos de reflexión, tanto en el aspecto jurídico como en el administrativo:

- Una vez más, el Estado -en este caso la administración distrital- queda a la saga de los medios de comunicación. El texto del memorial -cuyo sentido y fundamento, se supone,  han debido conocer los superiores de la abogada, puesto que se trataba de expresar la posición oficial frente a la demanda- fue conocido y divulgado por El Espectador, y la respuesta y desautorización  del Secretario de Gobierno y del Alcalde Mayor estuvieron determinadas por la airada reacción de los ciudadanos expresada en las redes sociales.  De no haber sido por la publicación periodística, ni se habrían enterado del contenido de la respuesta oficial en el proceso.

- La situación expuesta pone de presente también una falencia en la falta de preparación de algunos de los juristas que prestan sus servicios al Estado, y esto no solamente a nivel distrital sino nacional. La tesis en referencia, sobre exclusiva responsabilidad de la víctima, no habría podido ser sostenida en un escrito serio que hubiese sopesado los hechos notorios del caso a la luz del ordenamiento jurídico y sobre la base del juicioso estudio de las normas y la jurisprudencia.

- Lo acontecido también refleja la actitud de algunos abogados en relación con los procesos. Están convencidos -quizá por justificar sus honorarios o su sueldo- de que su tarea, en defensa del cliente o de la entidad que representan, no tiene límites éticos. Algunos han llegado a sostener públicamente que la ética es completamente ajena al Derecho. De manera que, por la causa que emprenden, todo vale, en la argumentación y en la acción. Con verdades o con mentiras, o retorciendo los criterios jurisprudenciales.

Debemos modificar  a fondo los enfoques vigentes en cuanto a la enseñanza del Derecho. Hay necesidad de superar la transmisión mecánica de conocimientos. Entender, y hacer entender a los estudiantes que el objeto  fundamental de su profesión es la realización de la justicia-–el valor esencial del Derecho-.  Ello exige formación integral, sólidos fundamentos jurídicos y profunda formación moral y ética.  

Write comment (0 Comments)

Por Fabio Callejas Ramírez.- Resulta inconcebible,  pero nada anormal, que un personaje  de la talla del Señor Procurador Alejandro Ordoñez  siga, desde su cargo, abusando de su poder y desconociendo a la Constitución  Nacional, cuando juró respetarla, en el momento de asumir su cargo.

Jamás, en este país, se había visto un funcionario utilizar, de manera descarada y grotesca,  su poder para irrespetar el propio estado  y al  Presidente de la República.

El Procurador como un “viejo buey “y terco en sus condiciones filosóficas,  se aferra a ideas del pasado, oponiéndose  que los jóvenes quieran ejercer el liderazgo y  edificar una Colombia oxigenada.

Al  señor candidato Ordoñez le gusta la paz a su manera, a su estilo, a su forma de la blasfemia, porque para él, quienes  apoyamos el proceso de paz, somos guerrilleros.

No Señor Procurador. Respete al país, respete a los colombianos. Respete a los que no tenemos su facilidad burocrática para, con su voz temblorosa, aplastar  a quienes no  comulgamos a lado de su iglesia, que para nosotros es Católica  y para Ud. debe ser diabólica. 

Este es un mensaje de un colombiano que no tiene ni votos ni poder. Este es un mensaje para que no asuste  al país  diciendo que  los funcionarios públicos no  pueden hablar  de la Paz, ni de plebiscito.

Entonces,  ¿por qué usted Señor Procurador, ya hace campaña en contra del Si en el plebiscito?

Hágalo por sus hijos, por mis hijos,  que tanto adoramos. Por qué no hace un acto  de Paz con Dios. No incendie más al país.

Usted está haciendo política  en contra del plebiscito desde la Procuraduría, fustigando, a  su forma, a quienes quieren la Paz.

Así a usted no le guste, el país si quiere la Paz.

Write comment (0 Comments)

Por José Gregorio Hernández.- Lo que han divulgado los medios de comunicación acerca de cuanto ocurría en el interior del Bronx, en pleno centro de la capital de la República, a pocas cuadras de la sede del Gobierno y de las más altas corporaciones, es sencillamente aterrador: guaridas de delincuentes, lugares espantosos en que se practicaba la tortura, casas dedicadas al secuestro, a homicidios, al desmembramiento y a la desaparición de personas; utilización de perros bravos para tan criminales fines; por supuesto, verdaderas cuevas propicias para el tráfico y el consumo de alucinógenos, y hasta un túnel para la actividad delictiva,  el almacenamiento de droga y armas, y el desplazamiento y ocultamiento de los delincuentes. Una zona de prostitución, violencia sexual, impunidad, vicio y corrupción, que el Secretario de Seguridad de Bogotá ha calificado como “un infierno”.

 Los tardíos operativos llevados a cabo por parte de las autoridades han dado lugar a la reacción de miles de habitantes de la calle que vivían en el horrendo sector, quienes protestan por el desalojo y han generado problemas de orden público; ataques al comercio formal y a los residentes en sectores cercanos, así como a graves enfrentamientos con la fuerza pública.

 Lo que hemos visto es increíble. Representa un problema social y humanitario de características alarmantes, cuya solución no se ve nada fácil y que corresponde a los gobiernos nacional y distrital, en lo que respecta a la reubicación de las personas desalojadas y en lo relativo al tratamiento médico de los miles de adictos; a la Fiscalía General y a los jueces en cuanto a los múltiples delitos cometidos; al Bienestar Familiar en lo que se refiere a los menores; a la Defensoría del Pueblo en lo atinente a la adecuada y permanente protección de los derechos humanos; y, claro está, directamente al Presidente de la República le corresponde adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden público, que se ha visto gravemente quebrantado.

 ¿Por qué se permitió? ¿Qué hicieron antes las autoridades? ¿Por qué se dejó crecer? ¿Hubo confabulación de autoridades con la delincuencia?

Todo esto que ocurre nos lleva a pensar en las causas. Entre ellas, la que aparece de bulto es el auge del narcotráfico y el micro tráfico. El consumo, gracias a la permisividad y la tolerancia con el crimen se ha incrementado hasta niveles inconcebibles. Todo por una errónea concepción judicial sobre  el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la que siempre discrepamos.

Write comment (0 Comments)

Por Simón Santander.-  La primera vez que leí una columna de Salud Hernández, confieso, que estaba muy mal informado. Por empezar, no sabía si se trataba de un o una columnista, pues el nombre era mixto y la forma de escribir, francamente no lo sentía femenino, y cuando vi una de sus fotos, quedé más confundido.

Me tocó investigar y supe que era una periodista española, proclive al conservadurismo, fascismo y anticomunismo del Dictador Francisco Franco, quien mediante golpe de Estado, se alzó en el poder en 1936 y gobernó España hasta su muerte en 1975.

Se hizo columnista del Diario El Tiempo, por invitación que le hiciera uno de sus otrora dueños,  Francisco Santos, alias Pachito, a quien conoció en su natal España.

Desde un comienzo destiló sus odios contra los políticos contrarios al ideario de su protector Pachito. Sí, el mismo que antes de ser Vicepresidente de la República, le propuso a los jefes paramilitares, crear el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Bogotá.

Esta periodista aparenta criticar a todos por igual, lo cual es una falacia. Detrás de su pluma, siempre se esconde una intencionalidad política, cuando, no de apoyo, sí de justificación a los escuadrones de la muerte del paramilitarismo. No en vano, prologó el libro, “Mi Confesión”, de Carlos Castaño, al que define como un hombre “sincero”  y valora cuando el mismo se autoproclamaba: “idiota útil del régimen”.

A los políticos uribistas, simplemente los critica saludablemente, o cuando políticamente no le representan mayor ganancia al expresidente, al haber ya caído en desgracia. Su odio visceral lo desparrama contra los liberales o políticos de izquierda. Usa epítetos que no corresponden a un periodista, sino a un actor político. Hace señalamientos que no son de la esfera de un comunicador social, sino que son propios de un fiscal o juez penal.

Se  entromete en asuntos internos de Colombia, y pese a estar nacionalizada como colombiana, eso no la autoriza para descalificar Gobiernos e irrespetar a altos Servidores Públicos del orden Nacional. La Constitución Política sólo le permite participar y sufragar en elecciones de carácter local, pues en éstas, no se define el destino político de la Nación, el cual ella, claramente, pretende influenciar.

Eso lo corrobora su reciente mandado a los amantes de la guerra, internándose en territorios de pública presencia guerrillera, con el fin de descarrilar los diálogos de paz. Si bien es cierto, las fuerzas del orden deben garantizarnos a todos los habitantes del territorio nacional, nuestra seguridad, ésta empieza por cuidarse uno mismo.

No es de recibo, ni propio de la sensatez o sentido común, que una periodista extranjera, por más señas, enemiga de la paz en nuestro país, se interne sin aviso, en territorios de influencia guerrillera. De ahí mi tesis, que antes que un afán de protagonismo, lo que se escondía, era una maniobra torticera para boicotear los diálogos con las FARC y sepultar cualquier intento de negociación con el ELN.

Al ser retenida o secuestrada, solo por unos días, se le vino abajo su plan mediático de pretender crear en la conciencia colectiva, un rechazo total a los eventuales acuerdos con la insurgencia. Al ser liberada, agradece a la Iglesia católica, a la Defensoría, y a otros actores, menos al Gobierno, contra quien se fue lance en ristre, pese a que éste, desde el primer momento, desplegó toda una ofensiva militar y persuasiva para su liberación.

El Gobierno, una vez liberada, debió fue retirarle la nacionalidad y deportarla a su país de origen, por estar poniendo en riesgo el orden público y el derecho sagrado de la paz.

Bienvenidos los extranjeros que hacen aportes culturales, científicos, deportivos, sociales y económicos en Colombia, pero de nuestros asuntos políticos de carácter nacional, sólo  a los colombianos nos incumbe; así que doña Salud Hernández, llévese sus ímpetus guerreristas a su patria querida. La época de la colonia y de la inquisición ya pasó, y cara de virreina, francamente no la tiene.

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Amylkar D. Acosta M.-  Según el Diccionario de la Real Academia Española los palimpsestos consistían en “un manuscrito que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente”.

Eso está aconteciendo en Colombia con su ordenamiento legal y normativo, dada la frecuencia con la que se cambia de jurisprudencia por parte de las cortes o de criterio por parte de los jueces, que no pocas veces fallan sobre tutelas ya falladas en sentido contrario al que lo hicieron otros.

Si a las reformas a la Constitución y a la leyes, que son cada vez más frecuentes, se añaden los abruptos cambios de jurisprudencia de las altas cortes y de los tribunales, así como las volteretas de los jueces, podemos concluir que la seguridad jurídica en Colombia está en un grave predicamento.

Ello ha venido afectando y de qué manera al sector minero, que viene de tumbo en tumbo. Primero fue  la Corte Constitucional la que declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 que reformó la Ley 685 de 2001 por haberse omitido en su trámite la Consulta previa libre e informada a las minorías étnicas, como lo obligaba el Convenio 169 de la OIT.

No obstante, dicha Sentencia difirió su efecto en dos años, que fue el plazo que le dio al Congreso de la República para corregir su yerro, con el ánimo de no causar mayores traumatismos a la actividad minera. Transcurrido este lapso ni el Gobierno ni el Congreso se apercibieron de enderezar este entuerto y ante esta omisión entró a regir nuevamente la ya anacrónica Ley 685 con todas sus consecuencias.

A partir de ese momento se intentó ir llenando los vacíos a que ello dio lugar mediante la expedición de decretos, los cuales, como es obvio, no podían ir más allá de la letra y del espíritu de la Ley vigente.

Uno de esos decretos fue el 934 de 2013 a través del cual se reglamentaba el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el cual se coló un verdadero adefesio jurídico, so pretexto del carácter de utilidad pública e interés social de la minería, como fue establecer que el ordenamiento minero no hacía parte del ordenamiento territorial.

Con esta premisa, se dispuso la prohibición a los municipios, distritos y departamentos de “establecer zonas del territorio que queden permanentemente o transitoriamente excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales respectivamente, por exceder el ámbito de sus competencias”.

No obstante que en fallos sucesivos, en el 2002 (C - 339 y C – 891), en el 2003 (C – 568) y más recientemente en el 2012 (C – 395) a través de los cuales se declaró exequible el controvertido artículo 37, ahora lo acaba de tumbar esa misma Corte, declarándolo inexequible tanto por vicios de trámite como por haber transgredido los principios de la descentralización y la autonomía territorial.  Antes de este fallo, al modular su último fallo, había establecido que “las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano y en especial de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población”.

Esto es, que se tienen que poner de acuerdo con las entidades territoriales en lo atinente al Plan de Manejo Ambiental de los proyectos mineros. En la Ley del Plan de Desarrollo 2014 – 2018 se desacató esta providencia al dejarlo como opción, al establecer que podrán en lugar de que deberán llegar a dicho acuerdo.

La verdad sea dicha, con el más reciente fallo, en el que la Corte le traslada la competencia de excluir áreas del territorio de la actividad minera a las entidades territoriales, reivindica los principios de la descentralización y la autonomía territorial, tan venidos a menos en los últimos 20 años de la Constitución de 1991 que los consagró.

Como también es cierto que las entidades territoriales no están preparadas todavía para asumir semejante responsabilidad, por lo que se hace menester su fortalecimiento en las competencias y capacidades, para lo cual es fundamental el apoyo y acompañamiento tanto por parte de la ANLA y la ANM como de las agencias de cooperación internacional.

Este de advertir que esta inestabilidad jurídica la viene haciendo mucho daño al sector minero y enrareciendo el clima para la inversión.

Según reciente sondeo de la firma Deloitte, el clima de inversiones ha empeorado en el último año. Las cifras hablan por sí solas: 75.6% de los consultados aseguró que la situación empeoró en los últimos doce meses, frente a un 60% en la Encuesta de 2015. Entre tanto la opinión de quienes aseveran que el clima de inversiones mejoró de un año al otro pasó del 10% al 6.7%, al tiempo que quienes estiman que se mantuvo sin cambios cae del 30% al 17.7% (¡!). Ello es muy preocupante

Cartagena, mayo 30 de 2016

www.fnd.org.co

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Jairo Gómez.- Eran las once y treinta de la noche del 19 de abril de 1970 y mi padre, un hombre trabajador con inclinaciones políticas, por supuesto, estaba sentado en el comedor de su casa escuchando los escrutinios presidenciales que hasta ese momento le daban una leve ventaja al general Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la ANAPO, sobre el “frentenacionalista”, Conservador Misael Pastrana Borrero. Intempestivamente se interrumpió la transmisión y con voz de autoridad el Presidente Liberal, Carlos Lleras Restrepo, del Frente Nacional, palabras más palabras menos, ordenó: “se suspende la transmisión de resultados hasta nueva orden”

La reacción de mi padre, Emilio, anapista, fue airada, pero premonitoria: “¡juepuerca! Nos robaron las elecciones”. No se equivocó, al día siguiente en las emisoras y principales diarios del país apareció ganador el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, por un margen muy estrecho.

Cinco años atrás, el 26 de agosto de 1965, el padre Camilo Torres, en un editorial en el periódico bajo su dirección, “El Frente Unido”, había anunciado el “Por qué no Voy a las Elecciones”, y en términos muy concretos resumió así su posición: “En Colombia, el que escruta elige”.

Lo dicho por el cura Camilo, se corroboró, de nuevo, 46 años después. En las elecciones regionales del 2011, el 30 de octubre de ese año a las doce de la noche los electores del candidato al Concejo de Bogotá, Juan Carlos Flórez, se fueron a dormir desencantados pues se había perdido la curul. Más de 30 mil votos no le alcanzaron. Conocidos los resultados, al día siguiente, aconsejado por un curtido político de la capital, Juan Carlos optó por pelear esa curul. Al final del ejercicio, que duro casi un mes haciendo seguimiento al reconteo de votos, se recuperaron más de cinco mil sufragios que estaban favoreciendo a unos políticos clientelistas, marrulleros e inescrupulosos a quienes desvergonzados funcionarios del sistema electoral les estaban transfiriendo a sus urnas los votos que no eran suyos, y se logró el cupo esperado.

Hago estas referencias históricas para ilustrar el argumento de que el país  necesita, ¡urgente!, de una reforma Electoral. Y más aún, cuando estamos a las puertas de sellar con éxito un proceso de paz.

Advierte el jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, que para cambiar “las balas por los votos (…) urgen medidas efectivas de inclusión, modernización y transparencia electoral”. No está sugiriendo nada nuevo. Lo claro es que sobre estos temas se viene hablando por años, pero los políticos tradicionales (llámense caciques y barones electorales) no lo permiten: eso sería afectar sus feudos.

Dice la teoría política que cuando las intervenciones se orientan premeditadamente a adaptar el sistema institucional y político para hacer prevalecer la hegemonía de una clase o fracción determinada se vicia la democracia. Y eso es lo que ocurre con el sistema electoral colombiano.

Por ello, con el devenir de la paz y la nueva realidad política que se avecina, la reforma al sistema Electoral colombiano es una inaplazable necesidad. Definir un Estatuto para la Oposición y la reforma Política son cambios que no dan espera. Hacerlo, se traduciría en oxigenar las instituciones para construir una sociedad abierta que propicie el debate económico, social y cultural; y, sobre todo, purifique las maneras de hacer proselitismo político en el país.

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Gabriel Ortiz.- ¿Quiénes serán los enemigos más poderosos que tiene la justicia en Colombia? ¿Quiénes los que incansablemente trabajan para desprestigiarla, mancillarla, acabarla y aprovechar ese desdoro en provecho propio, de las mafias, de la delincuencia y de la corrupción?

Son increíbles los niveles de descredito en que se encuentra, y la velocidad con la que avanzan. Todos los días se conocen las trampas con las que actúan jueces, investigadores, abogados, magistrados y funcionarios de la rama.

Atravesamos por un período en el que nadie cree, ni espera nada serio de esos fallos, amparados por leguleyadas, tesis fraudulentas, acuerdos tramposos y veredictos dudosos o comprados.

Se descubre que, el Tribunal de Bogotá está manipulado desde el 2010. Durante seis años se ha actuado dudosamente, sin ética y sin derecho. ¿Cuántos fallos habrá a favor y cuantos en contra para favorecer bandidos, o condenar inocentes? Difícil saberlo. Y nada se diga de los juzgados que con acomodados dictámenes médicos dejan en libertad a peligrosos criminales, o dan casa por cárcel a reconocidos corruptos que se han apoderado de ingentes cantidades de dinero de los contribuyentes, como es el caso de los Nule. ¿Habrá o no dinero detrás de estas decisiones? Difícil creer que no. Son centenares los maleantes que están libres. Calculan que casa por cárcel se logra con menos de 200 millones.

También se burla la justicia a base de triquiñuelas jurídicas o vencimientos de términos. ¿Y qué tal maniobras para driblarla como en el caso Pretelt?

Por venalidad hay criminales libres, inocentes presos, hacinamiento carcelario y credibilidad de la justicia por el suelo.

Es hora de sancionar a médicos que certifiquen enfermedades inexistentes, a jueces, investigadores y magistrados venales y muy ricos, a abogados sobornadores e inmorales y frenar la galopante corrupción.

Tampoco se puede perder de vista la moda de aquellos corruptos que para eludir la justicia, se refugian en otros países y se cobijan con el apelativo de “perseguidos políticos”.

Tarea difícil e ingrata la que les espera al nuevo Fiscal, al Ministro Londoño, a los pocos jueces y magistrados éticos, y a un país atónico, perplejo y absorto, si realmente se quiere eliminar el cáncer que carcome la justicia.

BLANCO: La decisión del gobierno y las Farc de trabajar día y noche para salvar la paz.

NEGRO: El lamentable fallecimiento del gran caricaturista Pepón. Gran profesional, amigo y compañero. Paz en su tumba.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Juan Fernando Londoño.- El Acuerdo del punto 2 de La Habana contempló la creación de circunscripciones transitorias de paz en la Cámara de Representantes con el fin de darle mayor representación política a las personas que han vivido en las zonas de conflicto y como consecuencia de ello han visto conculcados sus derechos políticos. Desde el asesinato de líderes sociales, el boicoteo de las elecciones hasta el desplazamiento forzado ha impedido que dichas comunidades disfruten de sus derechos civiles y políticos. Por ello merecen una medida de reparación como esta que les ayudará a ganar un mayor peso en el escenario político nacional y, finalmente, ser escuchado y defendido.

Muchos han dicho que estas son curules para las Farc. No es así. Son curules para la gente de esos territorios y será ellos quienes decidan quienes los representan mejor. Por lo tanto, la discusión sobre curules para las Farc está aún pendiente.

En recientes columnas de opinión Ariel Ávila y Gustavo Duncan se han referido al tema. El primero para señalar la necesidad de darles curules a dedo para que participen en la reglamentación del acuerdo de paz y el segundo, para señalar que darles dichas curules sería un premio inmerecido a dicha organización. Ambas opiniones, muy respetables, parten de la premisa equivocada de que las curules son el resultado del desempeño militar. Para Ávila, se justifican por los 50 años de guerra en que estuvieron. Para Duncan, la incompetencia militar de la guerrilla no permite que el Estado les retribuya su acción premiándolos pues enviaría un mensaje incorrecto a la sociedad.

En realidad, no se trata de transformar el poder militar en poder político automáticamente sino de cómo facilitar la transición entre una forma de búsqueda el poder y  la otra. Por tanto, hablar de curules en el congreso para las Farc obedece a una premisa distinta pues se trata  es facilitar la transición de quienes han hecho la guerra para que aprendan a hacer política sin armas. En lugar de usar fusiles tendrán que argumentar, deliberar y lo más importante, conseguir votos. Si a un deportista lo cambian de deporte, digamos luego de pasar 15 años jugando futbol se va al baloncesto, pues es necesario entrenarlo y facilitarle que use las manos y no los pies para llevar la pelota. Por esta razón, el Estado puede establecer normas transicionales que faciliten ese proceso.

Una circunscripción nacional de paz puede sonar antipático pero no es estrambótico. Lo importante es entender que serían las Farc las que tendrían que conseguir los votos para conseguir dichas curules. Por ejemplo, se podrían dar entre 3 y 6 cupos para la guerrilla en una circunscripción nacional de Senado y establecer que las primeras 3 curules se obtendrían con 100 mil votos y aumentarían con cada 50 mil votos adicionales. Esto se convertiría en un incentivo real para que las Farc acudan a la ciudadanía a obtener su favor y se reconecten con la sociedad.

Para que el esquema funcione se requiere establecer el doble voto, esto es, los ciudadanos pueden votar en la circunscripción nacional y también en la circunscripción de paz. No se trata de que escojan entre uno y otro. Tampoco se trata de que las Farc le disputen los votos a la izquierda democrática que ha actuado en la legalidad. Los ciudadanos podrán votar también en la circunscripción de paz sin tener que negar su apoyo al Polo u otras fuerzas.

El sistema de doble voto para las circunscripciones de paz, tanto las de Cámara ya acordadas como ésta para el Senado, es el único mecanismo que permite que el sistema funcione y que asegure el proceso transicional.

Adicionalmente, un mecanismo de esta naturaleza permite que se adicionen curules para el ELN cuando por fin se decida a negociar y firme la paz creando para ellos varias curules adicionales con el mismo sistema.

En cuanto a las curules directas para que participen en el Procedimiento Legislativo Especial, a estas alturas eso es imposible, pues implicaría una reforma constitucional y la misma no podría estar lista para antes de la activación de dicho procedimiento. Lo que si se puede es crear una comisión asesora de las iniciativas legislativas que permita que el gobierno consulte con una delegación especial de las Farc, creada para estos efectos, los contenidos de las normas. Como el Gobierno es el único que podrá presentar iniciativas para el uso del Procedimiento Especial, no hay problema que dicha comisión se establezca luego de la votación del plebiscito y pueda opinar sobre el contenido de las normas.

Para que funcione bien, se debe aclarar que la comisión asesora de acompañamiento no tiene la función de colegislar ni de vetar las iniciativas del gobierno. Se trata de permitirles que opinen y hagan conocer su forma de pensar públicamente, pero es claro que el momento de la negociación bilateral ya terminó (con la firma del acuerdo) y que ahora es responsabilidad del gobierno, como contraparte, desarrollar los acuerdos de paz.

Faltan pocas semanas para que el Acuerdo de Paz se cierre y es necesario terminar los puntos pendientes con la misma audacia, generosidad y responsabilidad con que se ha tramitado todo el acuerdo. Al igual que Ávila y Duncan, espero que estas ideas ayuden a los debates de cierre que faltan en La Habana.

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por Jairo Gómez.- La posibilidad de que no se castigue a los responsables de delitos en razón del conflicto, es decir, que aflore la impunidad, queda descartada.

La cifras no son exactas –cómo podrían serlo- pero los investigadores y académicos de nuestra historia reciente coinciden en que en Colombia la violencia bipartidista –décadas 40 y 50- dejó más de 300 mil muertos, y por ellos nadie pagó un día de cárcel. 

En esa época, un acuerdo político del Frente Nacional resolvió los asuntos de justicia, y hubo borrón y cuenta nueva. Como dirían hoy, políticamente se pactó una “ley de punto final”, y Liberales y Conservadores (Alberto Lleras y Laureano Gómez) decidieron firmar la paz dejando de lado a los cientos de miles de víctimas. Impunidad total.

Y efectivamente, esa impunidad fue la partera del conflicto armado que hoy estamos tratando de superar vía negociación política, pero con una diferencia conceptual y jurídica comparada con lo ocurrido en las décadas de los años 50 y 60, en donde las víctimas de esa fratricida guerra fueron ignoradas por completo: en la actual negociación de paz en La Habana, entre Gobierno y FARC, “las víctimas están en el centro de los acuerdos”.

El asunto es relevante, porque cerca de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC el tema de la impunidad no deja de provocar polémica.

En reciente carta de respuesta del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez al jefe máximo de las FARC, “Timoleón Jiménez”, tras la ocurrencia de una serie de supuestas acciones delictivas por parte de esta organización guerrillera durante la  negociación, el exmandatario asegura que el país va camino a una “condena retórica, sin cárcel, a los responsables de atrocidades”.

Y asegura, el más enconado opositor al proceso de paz, que en “los anteriores términos el acuerdo genera ejemplo para que haya más violencia y no garantiza estabilidad. La impunidad es partera de nuevas violencias y dificulta el perdón sincero”.

Ni riesgos que lo sugerido por el senador Uribe Vélez pueda ocurrir si nos atenemos al acuerdo sobre “Las Víctimas del Conflicto”.

En su esencia jurídica, “El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición”, acordado por las partes, concibió la “Jurisdicción Especial para la Paz” cuya tarea será la de ejercer funciones judiciales y cumplirá con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en razón del conflicto armado, en particular los más graves y representativos.

Y además de crear una “Comisión de la Verdad”, establece tres categorías en las que el “Tribunal Para la Paz” fijará “las condiciones y modalidades para su ejecución”.

Veamos cuáles son:

-Sanciones Propias: Tendrán una función retributiva y una función restaurativa de realización de obras y trabajos de reparación del daño causado”. RESTRICCIÓN EFECTIVA DE LA LIBERTAD de 5 a 8 AÑOS. (En esta instancia debe haber reconocimiento de responsabilidad)

-Sanciones Alternativas: En condiciones carcelarias ordinarias. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de 5 a 8 AÑOS. (Afecta a quienes con posterioridad reconozcan responsabilidad antes de la sentencia).

-Sanciones Ordinarias: En condiciones carcelarias ordinarias. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de 15 a 20 AÑOS. (Se le aplica a quienes no reconozcan responsabilidad y sean hallados culpables).

Ahora bien, a estas instancias se llegará una vez se halla conducido una exhaustiva investigación, que proporcionará pruebas que el Tribunal Para la Paz valorará y analizará a fondo para tomar una decisión. La posibilidad de que no se castigue a los responsables de delitos en razón del conflicto, es decir, que aflore la impunidad, queda descartada.

La impunidad que tanto preocupa a la oposición obedece, antes que a los procesos de fin del conflicto armado, a un problema estructural de la justicia en Colombia, o de lo contrario ya hubiéramos superado ese añejo mal que ronda el 98 por ciento de los casos sin resolver en los estrados judiciales.

Write comment (0 Comments)

Por Jorge Gómez Pinilla. Es deseable que el Presidente Juan Manuel Santos mantenga el tono beligerante que comenzó a exhibir frente a los dos máximos exponentes de la extrema derecha nacional, Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez. Y que inclusive lo arrecie porque, donde no se ‘pellizque’, el anhelo nacional de paz y reconciliación podría desembocar en un nuevo fracaso, como todos los anteriores.

El columnista Juan Diego Restrepo puso el dedo en la llaga con su columna de la semana pasada, El desorden por la paz, cuando dijo que “poco a poco se está desgastando la fe que se le tuvo a la resolución del conflicto armado. Es de tal magnitud el caos que si nadie ordena, se perpetuará la guerra”. (Ver columna).

El asunto de fondo es que Uribe, Ordóñez y sus fuerzas –oscuras y claras- han comenzado a aplicar todas las formas de lucha hacia el objetivo supremo de impedir que las FARC se incorporen al ordenamiento jurídico de la nación, y en función de ese propósito, hoy cuentan con vanguardia mediática (los medios que acogen entusiastas toda barrabasada suya) y retaguardia armada (los grupos paramilitares que no se desmovilizaron), en lo que constituye un accionar de claro tinte subversivo, como sostuve en columna anterior.

La última zancadilla a la paz la quiso meter el procurador Ordóñez cuando amenazó a todos los funcionarios del orden gubernamental con sanciones si salen a apoyar el plebiscito por la paz, a lo cual Santos le respondió enérgico, ¡por fin!, con que “usted no les va a prohibir a los funcionarios hablar de paz ni usted va a pasar por encima de la ley”.

La restricción que pretendió colar Ordóñez es un atentado a la lógica, pues significaría que ante un eventual plebiscito el gobierno no podría hacer campaña a favor del SÍ, pero Ordóñez sí podría continuar su rabiosa campaña por el NO A TODO lo que huela a paz…

Es conveniente entonces que el Presidente Santos ponga en su sitio a los que están dedicados a “hacer invivible la República”, pero hay un aspecto al que su gobierno no le está prestando la debida atención. Y es, volviendo a la importante columna de Juan Diego Restrepo, a lo relacionado con que “nadie sabe a ciencia cierta cómo va el proceso de paz. Se intenta resolver un viejo conflicto armado con una guerrilla y la gente sabe poco al respecto. Y eso ocurre porque las dependencias gubernamentales son ineficientes en sus estrategias pedagógicas”.

Lo más criticado en el gobierno de Santos ha sido el manejo de sus comunicaciones hacia afuera. Pareciera que no hay una línea estratégica unificada de imagen corporativa en el tema de la paz, y menos en la producción de contenidos. Esto ha permitido que las fuerzas políticas afines a la guerra hayan ganado terreno en el imaginario colectivo, con la repetición constante de que no puede haber paz con impunidad, o que el Presidente de la República está entregando el país a las FARC. (¿Han  notado por  cierto que la palabra ‘castrochavismo’ salió de circulación?)

Entre los esfuerzos mediáticos del gobierno para ambientar la idea de la paz hay una publicitada página web, conocida como ‘la conversación más grande del mundo’, pero hay una evidente contradicción cuando se advierte que ni siquiera es la conversación más grande del barrio, y que en esa página no se conversa, sino que sus realizadores van  a los pueblos o salen a la calle a recoger testimonios o expectativas de la gente en torno a la paz. O sea que la “conversación” se torna forzada por monotemática, porque a nadie le gusta que lo pongan a conversar –ni a escuchar una conversación- sobre un único tema.

Lo cierto es que el gobierno Santos debería estar desde ya brindando información puntual, lúcida, completa y pedagógica sobre lo que significan la paz y el posconflicto. Y el mensaje tendría que ser alegre, optimista ante el nacimiento de una nueva era, dinámico y activo porque estamos ad portas de reconciliarnos como hermanos, yo qué sé.

Pero el ojo avizor de Restrepo percibe que “todo este caos es producto del desorden por la paz, donde predominan la incoherencia, la desarticulación, la falta de convicción, la ausencia de credibilidad, la ineficacia y el interés económico. El efecto de tanto caos es la pérdida, poco a poco, de la confianza ciudadana, el peor escenario para cualquier mecanismo de refrendación”. Y remata con una afirmación que pone los pelos de punta, pues de llegar a ser cierto exige inmediata solución: “Profundiza el absurdo la falta de articulación entre los ministerios, algunos de los cuales ni se comunican entre sí para crear estrategias conjuntas”.

Esta columna tiene entonces el propósito de hacerle eco al llamado de alerta temprana que lanza Juan Diego Restrepo, a la espera de que no sea tarde. Se requiere un timonazo, y este tiene que venir de la comunicación. Si el gobierno de Juan Manuel Santos no logra juntarse y actuar como un equipo cohesionado en la transmisión del mensaje de la paz, apagué y vámonos.

La estocada que las fuerzas oscuras de la extrema derecha han logrado propinarle al proceso de paz, se expresa en un ambiente de incredulidad general frente a los dos actores del conflicto sentados en La Habana, el Gobierno y las FARC, con un tercer actor que no se cansa de boicotear y patear las patas de la mesa.

No hay credibilidad porque pusieron una fecha y no cumplieron, no hay credibilidad porque el gobierno no tiene un mensaje claro frente al postconflicto que supuestamente se avecina, no hay credibilidad porque los dos más poderosos canales (RCN y CARACOL) se han convertido en corifeos de los que hoy le sacan el mayor provecho político a la confusión que ellos mismos han creado con sus gritos histéricos y su calurosa acogida mediática. ¿Y a qué puede obedecer esto? Tal vez a que los mismos dueños de esos medios son los primeros interesados en que las FARC nunca, por ningún motivo, se integren a la vida política nacional.

Lo que el gobierno nacional se ha negado a entender es que debe convertirse en competencia informativa de esa visión oscura del acontecer nacional, porque es esa la que se está imponiendo. Falta un hábil comunicador al frente (como sí lo es desde la otra orilla Álvaro Uribe) y no aparece.

DE REMATE: Viéndolo desde una perspectiva más indulgente, diríamos que el uribismo está ayudando a que se cumpla una de las leyes de Murphy: "si hay algo susceptible de empeorar… empeorará".

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Por José Gregorio Hernández.-Lo ocurrido con la contestación de una demanda entablada contra el Distrito de Bogotá, en la cual, a manera de argumento en defensa de los intereses capitalinos, la apoderada -una abogada de la Secretaría de Gobierno- , sostenía que Rosa Elvira Cely -brutalmente asesinada por un sádico en 2012- era la culpable exclusiva de su muerte, dejó -además de la natural y justificada indignación de la ciudadanía- varios motivos de reflexión, tanto en el aspecto jurídico como en el administrativo:

- Una vez más, el Estado -en este caso la administración distrital- queda a la saga de los medios de comunicación. El texto del memorial -cuyo sentido y fundamento, se supone,  han debido conocer los superiores de la abogada, puesto que se trataba de expresar la posición oficial frente a la demanda- fue conocido y divulgado por El Espectador, y la respuesta y desautorización  del Secretario de Gobierno y del Alcalde Mayor estuvieron determinadas por la airada reacción de los ciudadanos expresada en las redes sociales.  De no haber sido por la publicación periodística, ni se habrían enterado del contenido de la respuesta oficial en el proceso.

- La situación expuesta pone de presente también una falencia en la falta de preparación de algunos de los juristas que prestan sus servicios al Estado, y esto no solamente a nivel distrital sino nacional. La tesis en referencia, sobre exclusiva responsabilidad de la víctima, no habría podido ser sostenida en un escrito serio que hubiese sopesado los hechos notorios del caso a la luz del ordenamiento jurídico y sobre la base del juicioso estudio de las normas y la jurisprudencia.

- Lo acontecido también refleja la actitud de algunos abogados en relación con los procesos. Están convencidos -quizá por justificar sus honorarios o su sueldo- de que su tarea, en defensa del cliente o de la entidad que representan, no tiene límites éticos. Algunos han llegado a sostener públicamente que la ética es completamente ajena al Derecho. De manera que, por la causa que emprenden, todo vale, en la argumentación y en la acción. Con verdades o con mentiras, o retorciendo los criterios jurisprudenciales.

Debemos modificar  a fondo los enfoques vigentes en cuanto a la enseñanza del Derecho. Hay necesidad de superar la transmisión mecánica de conocimientos. Entender, y hacer entender a los estudiantes que el objeto  fundamental de su profesión es la realización de la justicia-–el valor esencial del Derecho-.  Ello exige formación integral, sólidos fundamentos jurídicos y profunda formación moral y ética.  

Write comment (0 Comments)

Por Fabio Callejas Ramírez.- Resulta inconcebible,  pero nada anormal, que un personaje  de la talla del Señor Procurador Alejandro Ordoñez  siga, desde su cargo, abusando de su poder y desconociendo a la Constitución  Nacional, cuando juró respetarla, en el momento de asumir su cargo.

Jamás, en este país, se había visto un funcionario utilizar, de manera descarada y grotesca,  su poder para irrespetar el propio estado  y al  Presidente de la República.

El Procurador como un “viejo buey “y terco en sus condiciones filosóficas,  se aferra a ideas del pasado, oponiéndose  que los jóvenes quieran ejercer el liderazgo y  edificar una Colombia oxigenada.

Al  señor candidato Ordoñez le gusta la paz a su manera, a su estilo, a su forma de la blasfemia, porque para él, quienes  apoyamos el proceso de paz, somos guerrilleros.

No Señor Procurador. Respete al país, respete a los colombianos. Respete a los que no tenemos su facilidad burocrática para, con su voz temblorosa, aplastar  a quienes no  comulgamos a lado de su iglesia, que para nosotros es Católica  y para Ud. debe ser diabólica. 

Este es un mensaje de un colombiano que no tiene ni votos ni poder. Este es un mensaje para que no asuste  al país  diciendo que  los funcionarios públicos no  pueden hablar  de la Paz, ni de plebiscito.

Entonces,  ¿por qué usted Señor Procurador, ya hace campaña en contra del Si en el plebiscito?

Hágalo por sus hijos, por mis hijos,  que tanto adoramos. Por qué no hace un acto  de Paz con Dios. No incendie más al país.

Usted está haciendo política  en contra del plebiscito desde la Procuraduría, fustigando, a  su forma, a quienes quieren la Paz.

Así a usted no le guste, el país si quiere la Paz.

Write comment (0 Comments)