Opinión

Por Gabriel Ortiz*.-Este país no podrá alcanzar nunca una paz, un descanso, una tregua, una esperanza, un respiro, una calma. La mezcla que nos han dejado las razas que formaron al colombiano de hoy, son un desastre en su conjunto, un tumulto de genes que airadamente se abren paso para ganar espacio al producto final.

Esa refriega no nos permite convivir con serenidad y moderación. La ambición se interpone. Desde el más encopetado dirigente, hasta el más humilde aspirante al poder, la riqueza, la supremacía y el dominio, solo buscan sus propios intereses.

Lo “bueno” se defiende, si se traduce en rapiña, mientras lo malo se repudia, si no llena los bolsillos de quienes adjudican.

Así se creó, se mantiene y operará la corrupción, que nos ha consagrado como campeones mundiales.

El año que está por concluir transcurría dentro de los parámetros de nuestra clasificación mundial, pero la rapacidad se aceleró con ocasión de la pandemia. Afloraron los vuelos humanitarios, las provisiones, dotaciones, vacunas, vituallas y pertrechos, necesarias o innecesarios. Todo lo que se ofrecía se compraba. La pandemia se combatía solo con lavada de manos y tapabocas –a los que se aplicaba el IVA-.

Entre tanto febriles funcionarios, –con presidente a la cabeza- parlamentarios virtuales, lobbistas, asesores de gremios y banqueros, políticos y demás expertos en engorrar las cosas, se dedicaron a planificar reformas de toda índole. De esas que pasan con tediosas votaciones, en oscuras madrugadas.

Ha nacido así una dudosa y desconcertante reforma electoral, digna de cualquier Trump, para malograr elecciones y esconder resultados, que van a navegar con el beneplácito de quienes quieren agarrar lo que nunca alcanzarían con legalidad.

Avanza otra con máscara benefactora para los trabajadores, tejida con la misma piola de la funesta Ley 100. Tramposamente se incluyen los famosos contratos de trabajo por horas, que quieren opacar con la reducción de horas semanales, pero castigando los ingresos. Por ninguna parte incluye una fórmula creadora de empleo para los 4.5 millones de trabajadores que perdieron sus puestos por la pandemia.

Y qué tal la reforma tributaria que anuncia Carrasquilla, que reduce  impuestos a los grandes capitales, elimina la clase media y la castiga con gravámenes que asumen los beneficios de los poderosos.

Como si fuera poco, contra viento y marea, se procederá a reformar las pensiones, que fueron creadas a imagen y semejanza de Chile, y que ahora un plebiscito las reforma por ser ruinosas para la clase trabajadora.

Así se maneja la maltrecha estructura económica colombiana de pandemia; y lo que se nos viene no abriga la esperanza de que las cosas cambien, o que por lo menos se abra una ventana salvadora.

BLANCO: El país debe rodear al archipiélago. No hay derecho a tanto abandono.

NEGRO: Es posible que ya haya sido elegido Gerente del Banco de la República, el inventor de los bonos de agua. Se pierde la independencia del Emisor y tambalean los presupuestos municipales.

 Bogotá, D. C, 11 de diciembre de 2020

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

Por José G. Hernández*.- El asunto por discutir a raíz de la reciente decisión judicial de tutela que ordenó al Gobierno exigir la prueba contra Covid-19 a viajeros que llegan a Colombia, no es el relativo a la cuestión epidemiológica -si es o no necesaria, si es viable, si es costosa, si es eficaz para controlar la expansión del virus, como lo piensan en otros países-. Eso lo establecerán los científicos o, si se quiere, la OMS, que no ha sido propiamente certera en sus decisiones sobre coronavirus.

No. El problema no es ese. Es la actitud del Gobierno colombiano -concretamente el Ministro de Salud- respecto a la orden. Su manifestación pública sobre desacato, con la excusa no explicada de la “imposibilidad de cumplir”. Ante lo cual nos preguntamos por qué es imposible algo que fue posible en días recientes -la prueba PCR se exigía en Colombia-, así como fue y es posible en varios países. Lo imposible es aquello que no se puede realizar. Lo que no es factible lograr, y no es el caso. Luego la excusa ministerial es inaceptable.

Pero ese tampoco es el problema, toda vez que la supuesta imposibilidad de exigir de nuevo la prueba ha debido ser explicada y probada ante el juez en el curso del trámite de la tutela, para que no se adoptara una decisión desinformada. Pero, como ello no se hizo, y estamos ante un fallo judicial obligatorio y de efectos inmediatos, el único camino es cumplir, sin perjuicio de los recursos.

En materia de tutela, por mandato del mismo artículo 86 de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el fallo de tutela de primera instancia es obligatorio. Si no lo fuera, no sería fallo sino propuesta, ruego, solicitud o amable consejo, para tomar o dejar. Pero se trata de una sentencia, con una orden impartida a una autoridad, que, según la norma constitucional, es vinculante desde el comienzo y con carácter inmediato, que no se apela en el efecto suspensivo sino en el devolutivo, por cuanto se trata de proteger derechos fundamentales, en este caso la vida de muchos, nada menos. Dice así: “La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

El punto no es si la prueba conviene o no, por dificultades científicas u otras. El asunto es: ¿cuándo entenderá el Gobierno -este no es su primer desacato- que los fallos son para cumplirlos, no para desacatarlos exponiendo a los medios los argumentos que se han debido exponer en el proceso? ¿Que no puede sentar el precedente de desacato a las sentencias si no le agradan? ¿Qué está dando muy mal ejemplo? ¿Qué el Estado de Derecho sin respeto a las sentencias es -ese sí- un imposible? ¿Que, aunque no se compartan, las providencia son obligatorias, con mayor razón para el Gobierno? ¿Qué con esos desacatos oficiales se envía un pésimo mensaje a la sociedad colombiana? ¿Que esa desobediencia es contumaz e implica responsabilidades?

Bogotá, D. C, 9 de diciembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Jairo Gómez*.- La fuerza de las armas criminales continúa pisoteando el derecho a la vida en Colombia. Esa violencia sigue dando resultados a los enemigos de la paz con el asesinato sistemático de líderes sociales, van 578 desde 2016, y de excombatientes de Farc firmantes del acuerdo de paz, van 245.

Para el Gobierno Duque este genocidio, como bien lo calificó monseñor Monsalve, no pasa de ser una cifra más y poco o nada se hace para evitarlo. Su ¿inocente? indiferencia reverbera en el poder de las pistolas del paramilitarismo, las disidencias de la guerrilla, el ELN y otras organizaciones ligadas al narcotráfico que imponen su voluntad sobre líderes sociales, indígenas, campesinos, negros y exguerrilleros y sus familias.

A la anterior tragedia agréguele las 79 masacres en el año 2020 en plena pandemia que dejan cerca de 340 colombianos y colombianas asesinados incluidos los indígenas, la etnia que más muertos ha puesto en este genocidio que no para. Esto, increíblemente, ocurre en un país que tiene 230.000 militares y 320.000 policías.

Pero Duque y el uribismo más preocupados por los resultados electorales en Venezuela y su proclividad al “comunismo”, miran con desdén su propia realidad. Tras esos ríos de sangre y un país afectado por una economía empobrecida y sin ingresos, el Gobierno anuncia una reforma tributaria en plena pandemia, causante sistemática de destrucción de empleos, para superar la crisis de ingresos en una economía ralentizada y con síntomas severos de recesión.

Pero la voraz ambición de este gobierno uribista, acompañado de conservadores, Colombia Justa y Libre, algunos o la mayoría de parlamentarios de Cambio Radical, el Partido Liberal y La U, se consume la poca esperanza de los colombianos con proyectos de ley contrarios a mitigar las cargas en tiempos difíciles e insisten en despojar de la salud a los colombianos consolidando el servicio en empresas privadas y sus EPS; dispondrá de una reforma laboral flexibilizando los despidos y fortaleciendo la tercerización del trabajo a través de las Órdenes de Prestación de Servicios con el argumento de que solo así se reactivará el empleo. Falso.

Ese es el escenario para 2022, ni más ni menos. No podemos negar que atravesamos un momento particularmente crítico que puede llevarnos al hundimiento de la poca democracia que nos queda o a una democracia renovada, por ello la discusión no es si existe o no “el centro”. Hasta Duque se monta en ese bus que no es otra cosa que la derecha gobernando como lo ha hecho siete décadas atrás, o es que ¿unidos a los presidentes del Frente Nacional, López, Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, Samper, ¿Pastrana, Uribe uno y dos, Santos uno y dos y Duque para quién gobernaron o gobierna? Hay quienes aseguran que en Colombia “los gobiernos han sido centristas”, pero la realidad es otra: han gobernado, sin duda, para una derecha monocolor y excluyente integrada por poderosos empresarios, banqueros y terratenientes de la comarca.

En esa lógica, la pregunta es ¿qué tan reformista ha sido el centro en el método de los que gobernaron el país en 70 años? ¿Esa debacle que vemos hoy es responsabilidad única de esos gobiernos, o no? Entonces, ¿cómo haría el centro para reformar ese estado de cosas actuales que nos tienen en un clima insuperable de shoch? ¿Con reformas sí, pero no, o hacerlas moderadamente, consultando a ricos y pobres para llegar a un consenso? ¿Todo para evitar la confrontación ideológica con esa derecha de la que ellos han hecho parte en el pasado y no pisar callos? Porque todos sabemos que la derecha ama a Luis Carlos Sarmiento, es su Adam Smiht.

Ahora bien, veamos el otro lado de la moneda, la satanizada izquierda que nunca ha gobernado el país, pero a la que responsabilizan de la catástrofe, esa que comparan con Venezuela, pero no con España, por ejemplo, donde gobierna con acierto. La izquierda de Colombia hoy no es la izquierda dogmática de tiempo atrás, pero el solo hecho de plantear cambios estructurales a través de reformas urgentes, necesarias e incluyentes (como las que proponen Petro, Robledo, la Robledo, López y los que vengan) es, para los señores del centro la radicalización del discurso y la polarización, y para la derecha, repito, el castrochavismo muerto y vuelto a nacer.

Por supuesto que el debate no es estéril, pero hablar en la Colombia hoy de centro como única alternativa en un escenario de crisis ¿es el camino? ¿El país necesita de moderados o de reformistas radicales?, creo que los problemas que ahogan el futuro de los colombianos no dan espera; para la muestra un botón:

El colombiano de a pie sigue en la calle comiendo mierda a la espera de que se pague esa gran deuda social que se tiene con las clases pobres y miserables de este país, que la política recobre su ética, que la corrupción se robe el 10 no el 50 o el 70 por ciento, que se garantice educación de calidad y gratuita, que la salud no sea un privilegio, que tengamos acceso a instancias de poder y administración de la cosa pública en igualdad de condiciones, que la justicia sea para todos no para los de ruana, que el campesino vuelva a su lugar natural con oportunidades y que la tierra no siga siendo un instrumento de poder de terratenientes sino de progreso que nos garantice una soberanía alimentaria. Si esto es populismo, según el centro, apague y vámonos.

Bogotá, D. C, 9 de diciembre de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

Por: Guillermo García Realpe*.- A más de dos años del gobierno Duque, el país aún no parece encontrar el rumbo en aspectos cruciales, no hay un norte claro, con objetivos definidos y políticas públicas contundentes, tampoco grandes reformas, y el piloto parece más concentrado en alistar el libreto diario de su programa de televisión que enfrentar los verdaderos problemas de los colombianos. 

Por todos es conocido el difícil momento de la economía nacional, también del empleo que para cifras del mes de octubre, según el DANE alcanzó el 15,7%, la baja productividad, la crisis del sector agropecuario, el regular manejo de la pandemia, la inseguridad desbordada, la poca efectividad para evitar el exterminio de los líderes sociales, indígenas, excombatientes, defensores de derechos humanos y líderes de restitución de tierras, sumado al poco interés en avanzar en el desarrollo de los programas del posconflicto, hacen que la gestión gubernamental este pasando desapercibida por la mayoría de los ciudadanos. 

Ahora bien, por sí fuera poco, se conoció en los últimos días un informe de la Comisión de Política de Drogas para el hemisferio occidental, órgano creado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el cual analiza los impactos de dicha política en el continente y ¡oh sorpresa! El gobierno Duque sale muy mal parado, es decir, el informe “raja” al gobierno colombiano en aspectos cruciales de la lucha antidrogas. 

La Comisión hace un completo análisis del Plan Colombia ejecutado en nuestro país desde el año 2000, en el entonces gobierno del Presidente Pastrana y que concluyó en el 2016, bajo el gobierno Santos. 

Además de cuantificar la inversión económica del Plan Colombia que ascendió a 10 billones de dólares, y cuyo fin principal era frenar la producción de cocaína y que el Estado mantuviera el control frente a la insurgencia y otros grupos armados ilegales, pues sólo se logró a medias. En uno de los seis capítulos del informe, la Comisión advierte que Colombia ganó terreno frente a las guerrillas y otros actores ilegales, más no pasó el examen en lo fundamental que era controlar la producción de narcóticos y hoy lamentablemente seguimos encabezando el deshonroso primer lugar en ser el principal productor de cocaína en el mundo.

Pero ahí no para todo, los expertos que integran esa Comisión, entre ellos dos colombianos, advierten de la ineficacia de usar el glifosato como mecanismo de lucha antidrogas, señalan textualmente que la aspersión aérea no es efectiva, es mucho más costosa y aleja a las comunidades rurales que terminan viendo al Estado como “un actor opresor que busca matarlos de hambre y empobrecerlos”. 

El estudio a cambio recomienda que se deben centrar esfuerzos en la destrucción de laboratorios y en la incautación de los químicos que se usan para la producción de alcaloides, toda vez que es un proceso menos costoso y más eficiente y de menor impacto en las comunidades. 

Pero, además, señala otras medidas que deben implementarse, muchas de ellas contenidas en los Acuerdos de Paz de La Habana, pero que éste gobierno poco quiere adelantar, como la construcción de red vial terciaria, es decir, más y mejores vías rurales, también la implementación a cabalidad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- en 170 municipios, pero sin desfinanciarlos y ejecutando en los tiempos establecidos que son 15 años. 

El gobierno en otros aspectos de suma importancia también avanza a cuenta gotas como la titulación de tierras, en la protección a líderes sociales también se raja, cifras de organismos muy serios como la Fundación Ideas Para la Paz, indican que han asesinado a 448 líderes sociales, y 243 excombatientes de las Farc. 

En términos generales el informe firmado por asesores del presidente electo Joe Biden, deja muy mal parado al gobierno colombiano y bajo ese análisis las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno estadounidense a partir de enero no serán fáciles, primero por los bajos indicadores de lucha antinarcóticos y segundo, por haberse parcializado y participar indebidamente en la campaña electoral del país del norte tomando partido directo por el hoy derrotado Donal Trump, ambas cosas le pasarán factura al lánguido gobierno Duque, ojalá los colombianos no paguemos los platos rotos por la mala gestión y por la poca experiencia de intervenir en asuntos externos de otros países. 

Todo lo contenido en ese informe ha sido advertido desde mucho antes por expertos nacionales al gobierno colombiano, pero este, por estar secuestrado en la ideología, el dogma y la doctrina del Centro Democrático, ha hecho caso omiso y ahí están los penosos resultados.

Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2020

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*. - En el congreso de Fedegán se hizo gran algarabía con el cuento de que los principales terratenientes del país son los indígenas. Se dijo con una cierta fruición, que exculpa responsabilidades propias, que los indígenas que representan 4,4% de la población del país poseían 66 millones de hectáreas. O sea: lo que tácitamente se dijo fue: dejemos de buscar aguas arriba a los acumuladores de tierras. Debemos dejar de preocuparnos de los despojados quienes hoy buscan afanosamente la restitución de sus tierras que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. ¿Para qué? Si ya sabemos quiénes son los grandes terratenientes.

Pues bien: las cosas no son así de simples como las plantea Fedegán. Resulta que el Presidente Barco sí les otorgó a las comunidades indígenas grandes extensiones comunitarias en la cuenca amazónica, pero no para que hicieran agricultura ni mucho menos ganadería o minería.  Los empoderó del cuidado de un buen pedazo de la Amazonía para que cuidaran la floresta, el bosque y los ríos.

O sea: no se puede honestamente argumentar que, porque las comunidades indígenas tienen propiedad comunal sobre extensas regiones amazónicas, por la razón histórica que acabamos de mencionar, ello significa que en otras comarcas del país gocen de la misma holgura. Por el contrario, en otras partes de la geografía nacional (donde los indígenas viven apeñuscados arrancándole a una tierra estéril su sustento, como es el caso de Boyacá, Nariño, Antioquia, Choco, Córdoba, Cauca, entre otros) la situación es de minifundio asfixiante. Que no está muy lejos de explicar por qué el malestar de los frecuentes brotes de malestar social que allí se han detectado.

Si no queremos seguir viendo “mingas” cada vez más agresivas y brotes de estallido social más frecuentes, hay que empezar por ponerle seriedad y objetividad al análisis de la propiedad agraria en Colombia. Comenzando por la propiedad comunitaria indígena que no debe servir como festón para arrancar aplausos en las asambleas gremiales.

El país tiene entre manos una decisión que debe afrontar con seriedad. ¿Va a darle cumplimiento cabal al punto número uno de los acuerdos de La Habana sobre política rural integral, o va a comenzar a torpedearlo como lo viene haciendo con la JEP?

Los conflictos agrarios del país que están todavía sin resolver, (aunque se han hecho avances inéditos como el trabajo realizado por la unidad de restitución de tierras que tantos enemigos abiertos y embozados tiene, y el laudable esfuerzo para poner en marcha el catastro multipropósito) no se van a solucionar con una caricatura de la situación agraria de Colombia como parece haber surgido de la estadística auto consoladora descubierta por la asamblea de Fedegan.

En el territorio colombiano hay más de cuarenta y cuatro millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva y cubiertas por praderas descuidadas y suelos degradados. La cabaña ganadera actual nos permite mantener el tercer hato de América Latina para atender el mercado externo y el interno en la mitad del área ocupada. Con un esfuerzo complementario en riego y drenaje en lo que estamos bastante atrasados y de mejoramiento de praderas podríamos liberar 10 o 15 millones de hectáreas para la agricultura moderna, donde pueden convivir perfectamente las grandes, medianas y pequeñas unidades. Somos uno de los pocos países del mundo que puede aumentar en estas magnitudes su frontera agrícola. 

Los conflictos agrarios siguen estando a la raíz de buena parte del estallido social que empieza a advertirse en el magma que está saliendo a flote con esta pandemia. Según Planeación hoy hay cuatro millones más de pobres de los que teníamos antes de que llegara el coronavirus.  El problema agrario no se va a resolver echándole la culpa a los indígenas, que no la tienen, sino cuando, primero, le demos cabal cumplimiento al acuerdo número uno de La Habana; y segundo, le prestemos la debida atención presupuestal para avanzar hacia una moderna y equitativa política agraria. Pero no como la que parece querer Fedegán.

Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2020

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El argumento más usado este año por el gobierno y los empresarios para justificar un aumento mínimo del salario mínimo es la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo para superar el aumento del desempleo que nos ha dejado la pandemia. Es un argumento equivocado tanto en el diagnóstico que lo sustenta, como en las consecuencias que tiene aplicar esta receta.

El diagnóstico subyacente es la tradicional miopía ortodoxa que solo considera el salario como el precio de la mercancía trabajo, por lo cual su aumento lleva a que disminuya la demanda de trabajo y aumente el desempleo. No hay duda de que, al nivel micro, el trabajo es uno de los factores de producción, y por lo tanto su costo afecta algunas veces el precio de venta de los productos y la inflación, pero casi siempre lo que afecta es la distribución de las ganancias con el otro factor de producción, que es el capital de los dueños de las empresas. Pero esto es solo una cara de la moneda.

La otra cara es el papel que cumplen los salarios a nivel macro: son los ingresos de la mayoría de la población, que determinan su capacidad adquisitiva y, por lo tanto, la cantidad de bienes y servicios que pueden comprar, es decir lo que las empresas pueden vender. En otras palabras, los salarios son el principal determinante del consumo de los hogares, que a su vez es el principal componente de la demanda interna.

Desde esta otra cara de la moneda, un aumento generalizado de los salarios puede disminuir el desempleo porque para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores para hacerlo. Fue lo que descubrió Henry Ford cuando decidió subir de 3 a 5 dólares el salario de los trabajadores, lo que les dio la posibilidad de comprar los carros que producían, con lo que se aumentaron las ventas y las utilidades de Mr. Ford.

Como en economía no hay verdades absolutas, es indispensable analizar cuál de las distintas teorías es más aplicable a cada situación concreta. Ese análisis nos lleva a la conclusión de que en las actuales circunstancias es posible y necesario un mayor aumento del salario mínimo sin que se acelere la inflación ni aumente el desempleo.

En efecto, el principal problema de la economía colombiana hoy es la debilidad de la demanda. El PIB se ha contraído 8% porque la gente se quedó sin ingresos para comprar y las empresas han tenido que despedir a millones de trabajadores no porque los salarios fueran muy altos sino porque disminuyeron sus ventas. De hecho, con el subsidio del PAEF el gobierno asumió una parte del costo de la nómina, pero aún así muchas empresas no han podido reenganchar trabajadores y solo lo hacen cuando aumentan sus ventas.

En el mundo real la primera pregunta que se hace un empresario, grande o pequeño, ante la posibilidad de contratar un trabajador es ¿lo necesito para aumentar mi producción, o para mejorar la calidad de mis productos y servicios y así poder vender más? ¿Tengo clientes que me compren? Solo si esta pregunta tiene una respuesta positiva se plantea la segunda, ¿cuánto me cuesta contratar ese trabajador? Y lo que ese empresario le diría al economista que quiere explicarle cómo funciona el mercado laboral es sencillo: ¡Es la demanda, estúpido!

Cali, 6 de diciembre de 2020

*Filósofo, Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*. - Desde que empecé a construir la ley de cannabis medicinal para Colombia siempre tuve claros cuatro (4) principios fundamentales: accesibilidad, calidad, seguridad y precio. El primero se plasmó para que los productos terapéuticos a base de cannabis sean de fácil alcance a todos los colombianos; el segundo en cuanto a que los medicamentos deban responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas; el tercero a que se deban garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los procesos de fabricación, comercialización y utilización final y, por último, en cuanto a que se debe establecer un precio que permita a los pacientes de enfermedades crónicas y terminales, acceder a estos como tratamiento.

Por tales motivos, luego de cuatro años de la entrada en vigencia de esta norma y viendo como estos principios no se han aplicado en su espíritu ni el Estado ha asumido la responsabilidad de garantizarlos, decidí en compañía de destacadas personas como Natalia Tangarife, Paola Cubillos, Raquel Peyarube y Rafael Amador, Jaime Olaya, Humberto Díez, Fabio Aristizábal, Henry Muñoz, Danilo Moreno, Mariana de Córdoba, Mateo Díez, Simón y Daniel Vergara, crear y darle vida a Procanacol (Pro cannabis Colombia). Esta Asociación nace con la firme convicción de promover el desarrollo, implementación y ampliación de los diferentes usos medicinales, científicos e industriales del cannabis.

De tal forma que nuestros esfuerzos estarán orientados hacia los derechos de los pacientes, aspectos sociales, productivos, científicos, técnicos y políticas públicas que generen progreso e inclusión a todos los productores de cannabis. Sin embargo, es importante recalcar que nuestro enfoque será para los pequeños y medianos cultivadores que en la actualidad presentan grandes retos, conociendo que han hecho enormes sacrificios para poder llegar a una producción que les permite exportar sus productos.

Es por esto que existen cuatro grandes retos que debemos asumir. Me refiero al acceso en Colombia, la facilitación de las exportaciones, depuración de licencias y los cupos. Tales aspectos son los que hemos identificado como el gran “cuello de botella” para una industria que, según Fedesarrollo, le ha significado al país U$500 millones en inversión extranjera, $20 mil millones por concepto de licencias y que para 2030 podría generar más de 26 mil empleos agrícolas.

El desafío es muy grande porque también debemos eliminar el estigma que hay sobre el cannabis en Colombia, donde aún se le ve como la “mata que mata”. No, esto ha cambiado y debe verse en el colectivo como la “mata que sana”. Hay mucho por hacer, pero las ganas y sobretodo el bienestar de los pacientes serán nuestra finalidad.

Bogotá, D. C, 6 de diciembre de 2020

Exsenador del Partido Liberal de Colombia

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- La Junta Directiva del Banco de la República tomará la decisión sobre nuevo gerente general de la entidad, posición que no solo es estratégica para la estabilidad económica del país, sino que se considera “coronación” de carrera para economistas de primer nivel, entre los cuales está el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, uno de los candidatos a suceder a Juan José Echavarría.

Valga decir primero, que no voy a ocultar mi aprecio personal hacia el ministro, lo cual no impide una opinión informada, a partir de lo que, a mi juicio, necesita el país en la mayor crisis económica en su historia por los efectos demoledores de la pandemia, frente a la cual se requiere un banquero central a la altura de la gravedad del momento y las exigencias de la recuperación.

El nuevo gerente del Banco Central debe ser un economista respetable tanto a nivel nacional como internacional, porque el país no está para aventuras, sino para estrategias técnicas y programáticas. Ese economista es Carrasquilla, el ministro que creó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento de planeación económica que hoy les da confianza a todos los actores económicos.

El Banco, cuya Junta Directiva es presidida por el ministro de Hacienda, sin menoscabo de su autonomía de origen constitucional, necesita un gerente eminentemente técnico, algo básico frente a las presiones políticas de siempre. Carrasquilla ha demostrado serlo, no solo frente a propuestas y decisiones impopulares pero necesarias, sino, inclusive, frente a su propio jefe, el presidente, porque disentir respetuosamente en lo que no toca principios fundamentales y sin lesionar el principio de autoridad, es condición que honra al funcionario.

La experiencia de Carrasquilla es sobresaliente, no solo en el Banco, del que fue gerente técnico, sino como ministro de Hacienda en dos ocasiones marcadas por severas crisis. Durante el primer gobierno de Uribe sostuvo los recursos para la Seguridad Democrática, redujo la deuda y sentó las bases que restauraron la confianza inversionista.

Durante el gobierno Duque, hasta antes de la pandemia, habían mejorado todos los indicadores y el primer trimestre de 2020 fue el de mejor desempeño en la región, lo que deja ver su capacidad de manejo de crisis y ha permitido gestionar recursos que superarán los ¡117 billones!, incluida la ampliación del cupo del FMI hasta 17.300 millones de dólares, signo inequívoco de confianza internacional en la conducción económica del país.

Pero frente a mi opinión informada, está la de quienes tienen una opinión “autorizada”. Para Juan Carlos Echeverry, exministro de Santos y expresidente de Ecopetrol, Carrasquilla es el economista que más se ha formado para ser banquero central; que ha formado desde la cátedra a buena parte del equipo del Banco, lleva 35 años escribiendo sobre economía y banca central, y es además “el tipo más independiente del mundo”.

No obstante, tiene enemigos su aspiración. Los que lo descalifican por “uribista” caen en la mezquindad de la polarización y desconocen su talante técnico. Carrasquilla no es político; fue director programático de la campaña Duque, como Echavarría, otro gran economista, lo fue de la campaña Santos, sin que ello fuera impedimento para llegar a la Gerencia.

No faltan los que afirman que es otro capítulo de la toma de posiciones estratégicas por parte del presidente Duque, otra invención de la izquierda y el “centrosantismo”, como la de Kalmanovits, que se atreve a vaticinar que el Banco quedará en manos del Gobierno, perderá su reputación internacional, se abusará de la emisión y otras tantas suposiciones injustificadas.

La de Carrasquilla, una aspiración legítima. Ojalá acierte en su decisión la Junta del Banco Central.

Bogotá, D. C, 6 de diciembre de 2020  

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid*.- Vivimos tiempos difíciles, y en medio de la crisis de salud que ha provocado la COVID-19, la terrible situación invernal que ha hecho sufrir a mu­chos, nos disponemos a iniciar un nuevo Año Litúrgico, ya que el ca­lendario de las celebraciones de la Iglesia se rige, no por la sucesión de días y meses que se registran en el almanaque, sino por una forma muy especial de contar el tiempo, el cual se basa en la fecha de la Pascua y que ordena todas las cele­braciones en un ciclo colmado de signos y celebraciones que cons­tituyen el Año Litúrgico, en este caso ya el 2021. Hemos concluido el Año Litúrgico con la Solemni­dad de Cristo Rey del Universo y comenzaremos este domingo, el santo Tiempo del Adviento.

La Iglesia del Señor está llamada a dar gloria a su Dios. Su misión es anunciar con la Palabra, la vida y el culto, la presencia de Dios en la historia, manifestar a Cristo glo­rioso en medio de las realidades del mundo, celebrando visible­mente su triunfo sobre la muerte. Ya lo decimos en nuestras celebra­ciones: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección, ven Señor Jesús. Este es el centro de nuestra fe y, hacia este anuncio gozoso corre y trabaja todo nues­tro plan pastoral, queremos poner a Jesús en el corazón y en la vida de todos los hijos de la Iglesia.

Iniciamos el Año Litúrgico con el tiempo del ADVIENTO, esta vi­vencia de la liturgia, nos pone de frente a las celebraciones con cua­tro semanas que preceden la santa Navidad, que siempre tiene fecha fija: el 25 de diciembre. La pre­paramos con un Tiempo de gracia que va permitiéndonos escuchar en la Palabra y celebrar en la li­turgia diaria, un camino recorrido por los profetas, animado por los consejos sabios de los Apóstoles, e ilustrado con la narración his­tórica de dos acontecimientos: el primero, el nacimiento de Jesús en la historia; el segundo, la segunda venida del Señor, la que espera­mos como consumación de la his­toria humana y victoria definitiva de Dios.

El tiempo preparatorio se lla­ma Adviento, se usan vestiduras moradas, se leen los profetas que anuncian a Cristo, se prepara su venida con oraciones que le di­cen al Señor que ven­ga nuevamente: “Ven, Señor Jesús”. Se des­taca en este Tiempo, la Virgen María, que nos enseña a esperar con fe la segunda venida del Señor.

Son cuatro domingos de Adviento. En ellos se celebra la esperan­za y la alegría de saber que el Señor llega con su poder y con su paz a inundar los corazones de los que ama con la luz de la vida, con la fuerza renovadora de su amor.

El Adviento se celebra en las cua­tro semanas anteriores al 25 de diciembre, comenzando, precisa­mente en esta última semana de noviembre. Nuestro ADVIENTO hemos de vivirlo en la realidad concreta de una sociedad que ne­cesita reavivar la esperanza, pro­mover una experiencia de caridad con tantos signos de dolor como los que vive el mundo, vivir estos días en la promoción de la frater­nidad que, a la luz del Evangelio se llama: caridad.

Hay signos muy especiales para este Tiempo: En primer lugar, el mismo tiempo ya es un signo. Cuatro domingos y cuatro semanas que nos recuerdan la preparación del pueblo de Is­rael para la llegada del Mesías, la voz de los profetas que anuncian la presencia del Señor y Salvador, la figura protagónica de San Juan Bautista que va disponiendo el resto de Israel, es decir, los pocos que aún esperaban la salvación, y que quiere advertir sobre la inmi­nencia del inicio de la misión de Jesús. Es central en el adviento la figura de María, la Virgen fiel, la Madre de la esperanza, que se convierte en sigo de fidelidad y en mo­delo de fe para todos nosotros.

Nuestro Adviento debe ser una escuela de caridad, iluminada por la fe y la esperan­za, nos debe renovar en el deseo de ser pre­sencia del Señor en el corazón de tantos que sufren, ser signo del amor de Dios en la vida de quienes nos muestran en su ros­tro doliente la llamada del Señor, a vivir más fraternalmente, a es­tar cerca de los enfermos, de los niños, de los ancianos, de tantas realidades en las que este tiempo de celebración y de alegría se ve ensombrecido por el flagelo de la enfermedad y la pandemia.

Es tiempo de anuncio de la Palabra en una predicación esperanzadora, en una promoción de muchos y muy significativos momentos de evangelización: la Fiesta de la In­maculada, fiesta de luz y de espe­ranza; la Novena de Navidad, que entre nosotros es “madrugarle a la esperanza” para abrir con el cla­rear del día unas jornadas de anun­cio del Evangelio y de gozosa pro­clamación de una fe que reconoce en Jesús el que nos libra “de la cárcel triste que labró el pecado” y el que quiere ser “consuelo del triste y luz del desterrado”. Desde ahora, los invito a usar con gran alegría, todos, la Novena de Navi­dad que ha preparado el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta y que pueden encontrar en sus parroquias.

Adviento es entonces una escuela de esperanza, una escuela de con­fianza, unas jornadas en las que adornamos el corazón con la luz de la fe y llenamos nuestras vidas con la certeza del amor de Dios que nunca abandona a sus hijos amados.

En este tiempo nos llenamos de luces, de signos externos, que nos tienen que llevar a Jesucristo, que es la “luz de las gentes”, que alum­bra la tiniebla del pecado y del mal en el mundo. Él pone su luz dónde hay tristeza, muerte, desesperan­za. Que vivamos con respeto y si­lencio, con esperanza este tiempo que nos prepara a un encuentro con el Evangelio viviente del Pa­dre, Jesucristo mismo.

Miremos al pesebre con espe­ranza, con los ojos puestos en la Santa Virgen y en San José, que se dedican a servir a Dios, esperan­do al Salvador y Redentor. Buen ADVIENTO para todos, para sus familias.

Bogotá, D. C, 6 de diciembre de 2020

*Obispo de la Diócesis de Cúcuta

Por Amylkar D. Acosta M*.- El siglo XIX fue el escenario de una gran tensión política entre quienes defendían el centralismo y quienes propendían por el federalismo. Dos destacadas figuras del radicalismo liberal defendieron con ardentía el federalismo, fueron ellos Rafael Núñez, quien afirmara en 1855 que “la federación es nuestra tierra prometida” y Juan José Nieto, único Presidente afrodescendiente que ha tenido Colombia Juan José Nieto, quien en una misiva dirigida a su amigo el General Francisco de Paula Santander le dijo que él era “federalista por opinión informada y no por caprichos del corazón”. 

Años después Rafael Núñez adjuró de sus convicciones federalistas, para abrazar la de sus detractores, con quienes hizo causa común como converso para darle un viraje de 180 grados a las instituciones políticas colombianas. Y se justificó aduciendo que “el gobierno general (léase Gobierno central) no es, por tanto, sino simple delegatario revestido de especiales atribuciones administrativas por la voluntad de los Estados (federados)”. 

Este fue el preámbulo de la centenaria Constitución de 1886. En esta nueva Constitución se consagró la fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa en el marco de una República unitaria. Pero, la verdad sea dicha, durante su vigencia prevaleció la centralización política sobre la descentralización administrativa, acentuada por el agobiante régimen presidencial que nos rige. 

El hito más importante de la descentralización en Colombia tuvo lugar en la administración del liberal Carlos lleras Restrepo. El paso más importante se dio con la creación, mediante una reforma constitucional en 1968, del Situado fiscal, una bolsa de recursos de transferencias para las entidades territoriales y la creación de una serie de institutos descentralizados, con los cuales se desconcentraron recursos, al tiempo que se delegaban funciones propias del Gobierno central.

En 1991 se expide una nueva Constitución Política pluralista que vino a ocupar el lugar de la confesional de 1886 inspirada por los regeneracionistas Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. En la misma se estableció “un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”. De esta manera se avanzó, al ir más allá del concepto de descentralización administrativa para consagrar el principio de la autonomía territorial en sus artículos 1º y 287. Como lo dejó establecido el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón, “se entiende por descentralización la capacidad de gestión administrativa y la autonomía como la capacidad de decisión política”.

El año entrante se cumplen los primeros 30 años de esta Carta y durante estas tres décadas no sólo no hemos avanzado un ápice en materia de autonomía, sino que se ha venido dando un proceso de recentralización. El situado fiscal, que devino en el Sistema General de Participaciones (SGP), que estaba llamado a fortalecer la gestión territorial mediante un aumento progresivo del porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, sufrió una mengua por cuenta de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. A consecuencia de estos, los departamentos y municipios del país dejaron de recibir entre los años 2002 y 2015 $108 billones, aproximadamente, recursos estos que le quitaron a la salud, a la educación y al agua potable, que es la destinación específica que tienen los recursos del SGP. 

Lo más grave, es que se ha venido dando una descentralización disfuncional, consistente en delegarle a las entidades territoriales funciones, pero sin recursos, violando el artículo 356 de la Constitución el cual dice que “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”. El Congreso de la República sólo se ha limitado a facultar al Gobierno nacional para crear una Comisión de expertos para que le proponga un texto para dicha reforma, sin que hasta el momento se sepa algo de sus resultados.

La situación para los departamentos y municipios se agrava en la medida que, como lo acota el ex constituyente y ex ministro de Estado Carlos Rodado Noriega, “nuestros niveles intermedios de gobierno son débiles, viven de rentas decadentes…Las frecuentes reformas tributarias que se aprueban en el Congreso sólo se ocupan del fortalecimiento de los tributos que recauda la Nación y poca o ninguna atención se les brinda a los tributos de los entes subnacionales”.

En efecto, desde la Ley 49 de 1990 hasta la Ley 2009 de 2019 se han aprobado 17 reformas tributarias y todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación y ninguna para arbitrarle recursos a las entidades territoriales, lo cual ha redundado en un debilitamiento de las finanzas territoriales. De allí que de cada $100 que se recaudan por concepto de impuestos $83.5 van para la Nación, mientras que los municipios y los departamentos se tienen que conformar con sólo $11.9 y $4.6, respectivamente. De allí la pertinencia y oportunidad de darle curso, con carácter urgente, a las recomendaciones de la Comisión de expertos creada al amparo de la Ley 1943 de 2018 para el fortalecimiento de los fiscos territoriales.

Llegó la hora de barajar y volver a repartir los recursos públicos, hoy concentrados en el Gobierno central en desmedro de las entidades territoriales, a través de la reforma del SGP y de los tributos territoriales, de tal manera que se equilibren las cargas entre la Nación y los territorios. Ello es tanto más urgente en la medida que la crisis pandémica ha ahondado la crisis fiscal de las entidades territoriales, en momentos que, para recuperar y reactivar la economía, se requiere un impulso desde las regiones y para enfrentar sus secuelas sociales se pueda dar la concurrencia entre Nación y entidades territoriales para paliar sus deplorables efectos.

Bogotá, diciembre 5 de 2020

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía 

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