Por Amylkar D Acosta.- Al rubricar el documento contentivo del Acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y su apretón de manos como gesto del compromiso de cumplirlo por las dos partes contendientes, el Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante en Jefe de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenco, han dado el más alto salto para bien de Colombia y de los colombianos, al ponerle fin a una confrontación armada que data más de 5 décadas. Los colombianos podemos ahora decir, parodiando al Quijote, que ni el bien ni el mal son duraderos y siendo que esta guerra cruel y cruenta había durado tanto la paz está cerca de alcanzarse, dejando atrás para siempre la guerra con todos sus horrores.

 

Después de cinco intentos frustráneos, gracias al empeño y al empecinamiento del Presidente Santos, después de tres largos años de esfuerzos, de altibajos en la negociación, con amagos de ruptura, de escepticismo paralizante, se logró dar este paso histórico, marcando un hito sin precedentes y de la mayor importancia, de un antes y un después de este 23 de junio. No ha habido en los últimos dos siglos una noticia más importante para los colombianos que la suscripción de este Acuerdo, tras el cual expresó sin ambages alias Timochenco “que este sea el último día de la guerra”.

 

Lo había dicho premonitoriamente nuestro laureado García Márquez, apóstol de la paz, “nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria” a la guerra y a la destrucción. Y la aspiración de todos los colombianos ha sido la misma de él, hacer de la paz “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir…donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

 

La política es el arte de lo posible y a través de este Acuerdo se le está dando una salida política a un conflicto armado y para arribar al mismo fue indispensable ceder de parte y parte, dado que no se trata ni de un armisticio ni de un sometimiento o capitulación, que sólo se dan cuando una de las dos partes es derrotada y este no es el caso. Las bases sobre las cuales descansa este Acuerdo son la verdad, la justicia y la reparación, esas fueron las líneas rojas que desde que sentaron a la mesa de las negociaciones trazaron los negociadores del Gobierno, encabezados por el hábil y avezado negociador Humberto De la Calle. Son muy dicientes las palabras de Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia y nada menos que ex ministro de Irlanda, cuando afirmó de manera categórica que “el Acuerdo que se está negociando en La Habana con las FARC es mejor que el realizado hace 18 años en Irlanda”[1]. De allí el gran apoyo que se ha granjeado de parte de la comunidad internacional, encabezada por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki –Moon, a este proceso, no se puede entender de otra manera.

 

Ahora bien, con la firma de este Acuerdo se despejó el camino y ahora estamos en la ruta crítica  para el cierre del ciclo de las negociaciones y se abre otro ciclo que es el de la implementación del mismo. Esta ímproba tarea no es menos compleja y difícil que aquella. El fiel cumplimiento de lo acordado es la premisa para que no nos veamos abocados al fracaso del mismo, como ha ocurrido en tantos otros países. De 646 acuerdos de paz firmados en 85 países entre 1990 y 2007 más de la mitad de ellos han terminado en el más rotundo fracaso antes del primer lustro de haberse firmado.

 

La firma del Acuerdo que le pone fin al conflicto armado entre el Estado y las FARC no es el punto de llegada, más bien debe de servir de punto de partida para las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que deberán darse en la construcción de la paz, que no vendrá por añadidura. Y para allanar el camino de este largo camino que habremos de recorrer hasta alcanzar la paz y la reconciliación es absolutamente indispensable añadir al cese al desarme de las FARC el desarme de los espíritus. El llamado a tirios y troyanos es a la mesura, a la cordura, a la sensatez, a la serenidad y a deponer la animosidad, el odio, la sed de venganza, que son tan malas consejeras. La paz es el bien supremo de la Nación y hoy que la tenemos al alcance de la mano no la debemos dejar escapar por simples mezquindades.

 

Cusco, junio 25 de 2016

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Por Gabriel Ortiz.- 48 Millones de colombianos empiezan a despertar de una pesadilla llamada odio, violencia, destrucción. La nueva realidad ofrece el país soñado, país ideal, posible, el país de las oportunidades, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, de la vida, de la concordia, de la igualdad en donde todos quepan y se sientan bien.

Ayer se dieron pasos fundamentales para lograr ese país soñado que todos –óigase bien todos- los medios de comunicación del orbe destacaron, tras conocerse la noticia que iniciaba la rúbrica y el sello del “Fin del Conflicto, el Cese Bilateral y la Entrega de Armas” en Colombia, la nueva gran nación en donde valdrá la pena vivir, a la que se podrá regresar.

El nudo gordiano se desató y salimos de la encrucijada que daba argumentos a los enemigos de una patria nueva y con amplio panorama. Era el punto álgido, el escollo que se creía insondable y en los que se fincaban los atizadores del conflicto que por más de cincuenta años nos ha agobiado, sembrando miedo con frases alarmistas y sin contenido.

Se ha descorrido el telón y empieza a aparecer otra realidad, con actores mentalmente capacitados para ofrecer la mejor escena a los actuales y a los nuevos habitantes condenados a una guerra sin final. A unas generaciones que empezarán a aprender a convivir.

Ha traído al Secretario General de la ONU, a delegados de Estados Unidos, a seis presidentes y a personalidades de gran valía, a respaldar lo que han considerado reconocidos expertos internacionales, como el más perfecto proceso de paz logrado hasta ahora.

Restan algunas pinceladas, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la forma como se escogerán los magistrados encargados de aplicar la justicia, porque todos los combatientes tendrán que comparecer ante la justicia, todos de alguna manera tendrán su castigo.

Se calcula que el 20 de julio se firmará la finalización de los diálogos y la paz definitiva.

En ese momento habrá nacido el País Soñado.

Habrá, desde luego, reforma tributaria para financiar el proceso de paz. Tendremos que sufragar sus costos. Es de esperar que también haya justicia en esta materia y no una cascada impositiva para alimentar la corrupción.

De esto también se nutre el País Soñado.

BLANCO: La gran selección que tenemos. Una pifia al inicio, un árbitro y una tempestad nos derrotaron. 

NEGRO: ¿Y el Procurador qué?

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Por Amylkar D. Acosta M[1].-Esta semana tuve la oportunidad de intervenir en un Foro Nacional sobre la Autonomía universitaria auspiciado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), ocasión esta que encontré propicia para hacer algunas disquisiciones al respecto que quiero compartirles.

En Colombia se ha avanzado muchísimo en materia educativa, particularmente en lo concerniente a la educación superior, pero está aún dista mucho de la excelencia. Tanto en cobertura como en calidad todavía acusa grandes falencias, pese a la proliferación de universidades, tanto públicas como privadas, muchas de estas de garaje, valga decirlo y a las exigencias cada día mayores para la acreditación de sus programas y el Registro calificado.

Su estructura piramidal hace del sistema educativo algo excluyente, elitista, pues a medida que se escala de la educación básica a la cúspide se va cerrando el círculo, hasta hacer de la educación superior en Colombia un verdadero privilegio.

El alto porcentaje de deserción estudiantil a este nivel (46.1%) lo acentúa, con el agravante de su carácter discriminatorio, dado que en la educación universitaria también se cumple esa odiosa realidad incontrastable que impera en nuestro país, en donde tenemos educación para ricos y educación para pobres, siendo este uno de los factores que más contribuye a la desigualdad de trayectorias entre los colombianos, que termina reflejándose en las enormes brechas entre los distintos estratos de la población.

En este contexto, en la escala de principios y valores de la Universidad la Autonomía está llamada a jugar un rol de la mayor importancia. Este principio aunque ha evolucionado con el paso del tiempo se mantiene incólume como la piedra miliar sobre la que descansa la Universidad, siendo de su quintaesencia; la Universidad es autónoma o deja de ser Universidad.

La pérdida de la Autonomía por parte de la Universidad es el umbral del confesionalismo, del dogmatismo y del fundamentalismo, que repugnan al espíritu universitario. Por ser inmanente a la Universidad, la Autonomía se debe defender no sólo de aquellos que la amenazan sino de aquellos que se escudan tras ella para cometer sus desmanes y tropelías en detrimento de la calidad de la educación que se imparte y de la investigación que se realiza en su interior, que es su razón de ser.

Ahora bien, la Autonomía no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar los fines más nobles de la Universidad, cuales son la generación y transmisión de conocimientos científicos, para lo cual es fundamental la libertad de cátedra y de investigación, exentas como deben estarlo de presiones o condicionamientos ideológicos o políticos. Al fin y al cabo, como lo dice el cantautor y poeta Joan Manuel Serrat, “lo que más enriquece el pensamiento de uno es la pluralidad de pensamiento de los demás”.

En 15 de junio de 2018 se cumplirá el Centenario de la gran Reforma Universitaria que se incubó con el Movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba (Argentina) que tuvo como objetivo primordial la Autonomía universitaria. Desde entonces se desató en América Latina todo un levantamiento con esta misma reivindicación, el cual tuvo su máxima expresión en la Gesta del Movimiento estudiantil de 1971 en Colombia, el cual enarboló el Programa mínimo de los estudiantes colombianos, siendo el principio de la Autonomía universitaria su centro de gravedad. Su momento cenital fue aquel en el que se conquistó el Cogobierno en los claustros universitarios oficiales, dejando en manos de los estamentos universitarios, exclusivamente, el manejo de la Universidad, así en lo administrativo como en lo académico.

Pero tuvimos que esperar hasta la Constituyente de 1991 para que la Autonomía universitaria dejara de ser para muchos una entelequia y se elevara a rango constitucional, a través del artículo 69 de la Carta, interpretado por la Corte Constitucional “como una garantía institucional con la cual se busca legitimar la capacidad de autorregulación y autogestión, tanto en el campo educativo como administrativo, de las instituciones tanto oficiales como privadas, encargadas del servicio público de educación superior”. 

Ahora, cuando estamos ad portas de la firma del Acuerdo de La Habana, que le pondrá término al sexagenario conflicto armado que ha padecido Colombia y se abre la perspectiva del postconflicto, el campus universitario está llamado a convertirse  en el escenario por excelencia que sirva de torrentera para encausar el gran diálogo social para forjar una paz segura, estable, duradera y con arraigo en las regiones. Y la Autonomía contribuye a hacer de las universidades santuarios de paz!

Bogotá, junio 19 de 2016

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[1] Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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Por: Horacio Serpa.- Hace pocos días leí en las redes un trino del siguiente tenor: “El plebiscito es un engaño. No sea menso, firme en cambio de votar”. El mensaje obedece a la campaña del Centro Democrático de recoger firmas para oponerse al gobierno de Presidente Santos y a todo lo que de él provenga, especialmente al proceso que para alcanzar la paz que se adelanta con las Farc en La Habana.

Menso significa, según el diccionario de la Real Academia, “tonto, necio”. Es una expresión muy mejicana que en Colombia usábamos hace cuatro o cinco décadas para decir bobo, matraco, caído del zarzo, desentendido o pendejón. Ello me indica que el del trino es persona mayor y por lo tanto debe haber vivido o sufrido el cruel episodio del conflicto armado. No entiendo cómo los que saben lo ocurrido quieran seguir en la guerra.

Porque he conocido estas desgracias, porque muchas las he sentido personalmente y las han sufrido amistades y copartidarios, porque he visto sufrimiento y dolor, es que soy un insobornable partidario de la paz. Por eso, aun cuando lo respeto con criterio democrático, no entiendo por qué hay sectores empresariales, sociales y políticos enemigos del procedimiento que el gobierno adelanta con las Farc para que renuncien a la lucha armada, se desarmen y se integren a la vida civil del País. Eso no tiene sino ventajas para todos.

El Centro Democrático, que es el Uribismo en pleno, está recogiendo firmas para oponerse al gobierno del Presidente Santos y a los acuerdos de Cuba, como si ello afectara la consulta plebiscitaria, que es un mecanismo participativo para que la  ciudadanía se pronuncie sobre los convenios. No se atreven a promover el NO, porque serían derrotados. Utilizan un sofisma político para preparar las elecciones de Congreso y de Presidente en 2018. Es una hábil maniobra electoral, válida claro.

Mensos son los que firman a cambio de votar el plebiscito. No saben, salvo los adoradores del conflicto, que auspician la continuidad de la guerra, lo cual no conviene a nadie en particular ni al conjunto de la comunidad. Diez años más del tropel que padecemos, por señalar una fecha, son 30.000 asesinatos más, 50.000 lisiados, 2´000.000 adicionales de desplazados, desigualdad y pobreza, angustia, atraso, menos inversión, menos producción, más robos y secuestros, aumento del narcotráfico, más viudas y huérfanos, un mayor crecimiento de la catástrofe humanitario que afecta a la nación.

 Firmar no significa nada, es intrascendente, no tiene repercusión distinta a la algarabía que se hace confundir a la gente y hacer campaña mediática. Los que no estén de acuerdo, que voten NO. Los que deseen el entendimiento y la convivencia, los que piensan en su futuro y en el de los hijos, los partidarios de las reformas, los que siguen llorado la pérdida de sus familiares, los parientes de los soldados y policías que son los que mueren en los combates, votemos por el SI al plebiscito. ¡Acabemos la guerra!

 

 

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Por Jorge Robledo.- En mayo del 2012, mes en el que entró en aplicación el TLC con Estados Unidos, alguien, en tono insidioso, me preguntó: “¿Senador, y no hay nada bueno para Colombia en ese Tratado?”. “Sí –le dije–. Que por fin va a establecerse quiénes estaban diciendo mentiras, si los que afirmaron que con él correrían ríos de leche y miel para los colombianos o quienes, con pruebas en la mano, advertimos que sufriríamos pérdidas enormes”.

Ahora, cuando los hechos dieron su veredicto inapelable, no pueden negarse por lo menos dos verdades. Que tuvimos razón quienes anunciamos que al país le iría como a los perros en misa en el TLC con Estados Unidos y lo importante que fue que la resistencia ciudadana impidiera su entrada en aplicación en 2007, como era la intención de los dos gobiernos, con lo que le evitamos pérdidas incalculables a Colombia.

En 2011, antes del TLC, Colombia le vendía a Estados Unidos más de lo que le compraba por 8.991 millones de dólares. Y en 2015, Colombia le compró más por 4.940 millones de dólares, con ¡una pérdida mayúscula en la balanza comercial, de 13.931 millones de dólares!, de las mayores de que se tenga noticia. Para completar el resultado, las exportaciones a Estados Unidos en el total de las colombianas bajaron del 38,6 al 27,6%.

En el caso del agro, las cifras son peores. Las importaciones norteamericanas saltaron, entre 2012 y 2015, de 1,5 a 7,3 millones de toneladas, ¡casi 500% más!, con incrementos por producto de este orden: maíz (1.762%), arroz (239%), lácteos (215%), oleaginosas (215%), carne de res (146%) y carne de cerdo (111%). Con una advertencia. Todavía los aranceles de protección no han llegado al cero por ciento al que llegarán, porque se pactó que la desgravación aumentará año por año. Pero sí pasó ya del 25 al 30% la participación de los alimentos importados en el total del consumo nacional.

En dinero, las pérdidas agrarias también son muy grandes. Mientras las compras aumentaron en 120%, las ventas apenas lo hicieron en 16%, ¡ocho veces menos! Si las cuentas se hacen sin café y banano, que no necesitan de TLC para exportarse porque tienen libre ingreso a Estados Unidos desde los inicios del siglo XX, el déficit comercial agrario llega a 1.141 millones de dólares, ¡un 793% más durante los cuatro años del TLC! (http://bit.ly/1tAQ4At).

En el caso de la industria, más apaleada por haber sido todavía más desprotegida desde la apertura, el déficit comercial, ya negativo, aumentó de 12.556 millones de dólares a 13.599 millones.

En otro país que no esté tan descompuesto y manipulado como este, ya habrían tenido que renunciar a sus cargos y pedirle perdón al país los miembros del combo neoliberal que gobiernan o tiran la línea desde hace 25 años. Pero como en Colombia estamos y ellos actúan, no con el respaldo de tener la razón sino de las trasnacionales más poderosas del mundo, siguen sentando cátedra, como si nada, protegidos además porque sus falacias copan el 99,9 por ciento de los espacios desde los que les lava el cerebro a los colombianos con las supuestas bienaventuranzas del libre comercio.

También les ayuda que no le temen al ridículo, protegidos por la ignorancia de los que no saben y la complicidad del puñado que sabe tanto que vuela con los motores apagados. En esa lamentable situación han caído las dos últimas ministras de Comercio, las doctoras Álvarez y Lacouture, a quienes les dio por perorar sobre los “grandes avances” de los “nuevos productos de exportación”. ¿Y saben cuánto representan estos en las ventas nacionales a Estados Unidos? El 0,06 por ciento del total. Sí. No leyeron mal, ¡menos del uno por ciento!, monto insignificante que ocultan ante los medios cuando hacen demagogia para tapar la debacle ocurrida.

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Por Jairo Gómez.- España afronta una interesante disputa política a las puertas de unas elecciones atípicas, con el resurgimiento de la izquierda como alternativa de poder. Pero no la izquierda representada en el decadente PSOE (Partido Socialista de los Trabadores), sino en la vigorosa propuesta de Unidos-Podemos, que sin ambigüedad ideológica se desmarca de la derecha representada en el PP (Partido Popular) y Ciudadanos. 

Hoy todas las encuestas en el país ibérico ponen a Unidos-Podemos en la antesala del poder y con la firme opción de gobernar. Claro, si el PSOE, su aliado más afín, se lo permite. Las Toldas socialistas viven su propia encrucijada en el alma. Si los vaticinios de los sondeos públicos y privados se cumplen (coinciden en que UP será la segunda fuerza política del país), los liderados por Pedro Sánchez, tendrán que elegir con quien pactar: Unidos-Podemos o el Partido Popular, su principal antagonista en los 40 años de historia democrática. Lo coherente y políticamente correcto sería que el PSOE optara por el grupo de Pablo Iglesias.

El pacto para conformar Gobierno en España, por tratarse de un régimen parlamentario, es necesario si ninguna de las formaciones obtiene la mayoría absoluta.

Unidos-Podemos irrumpió en la política española hace cinco años tras la movilización de los indignados, y supo catalizar ese descontento popular para construir, desde ahí, una propuesta que se desmarcó del viejo régimen, con un lenguaje que hizo explícitas las falencias de la política económica del gobierno de Mariano Rajoy, que apostó por una austeridad asfixiante para los cientos de miles de hogares españoles. Aterrizar el mensaje y hablarle sin tapujos a la gente sobre los corruptos en el poder, de las puertas giratorias, de los privilegios de las élites, de las alianzas de los políticos con los cárteles de la contratación y develar sus piruetas, es parte del éxito de Unidos-Podemos; pero además, entre otras iniciativas, propone gobernar sin recortes, erradicar la corrupción, y que sean los grandes capitales los que paguen impuestos: “El que gane más que pague más que el que gane menos”, recalcan.

Interesante el debate proselitista en España. Ya no es el bipartidismo (PP-PSOE) el que alienta la política ibérica, es una variedad de fuerzas con claras tendencias de la que disponen los españoles para optar, el 26 de junio, por la mejor propuesta. Son cuatro partidos definidos, con militancia y bases organizadas las que se disputan el poder; además de una porción pequeña de grupos políticos que representan comunidades autónomas.

La inesperada irrupción de Podemos en alianza con Izquierda Unida, desplazará, al parecer, al PSOE como fuerza antagónica de la derecha española, hecho que prendió las alarmas en la dirigencia tradicional pues las posibilidades de incidir en el poder crecieron. Es tal la popularidad y el repunte en los sondeos de Unidos-Podemos que la campaña mediática contra este grupo ha sido innoble gracias al matrimonio indisoluble entre periodismo y vieja política. Es difícil encontrar en los medios escritos y de televisión reflexiones sensatas y neutrales sobre la valoración que hacen de, tal vez, el suceso político más importante de ese país desde que dejaron a un lado la dictadura franquista.

Qué paradoja, mientras desde Europa se mira con cierto agrado los supuestos fracasos de la izquierda en América Latina, en la cuarta economía de ese continente, como lo es España, la posibilidad de que un partido de esa tendencia ideológica logre el poder, es real. Amanecerá y veremos, dicen por ahí.

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Por Juan Fernando Londoño.- Esta semana comenzó con los anuncios de un caracterizado líder del  Uribismo, el exministro Juan Lozano (otrora conocido por su ponderación) anunciando los males que le esperan a Colombia por cuenta de la firma de la paz. Según él, tenemos que prepararnos para la llegada de las siete plagas de Egipto a nuestro país.

La columna refleja el espíritu de quienes se oponen a la terminación del conflicto por la vía negociada. Ante la inevitable e inminente firma del acuerdo de paz en La Habana, su  estrategia es intentar convencer a los colombianos de lo malo que va a ser vivir en paz en Colombia y todas las desgracias que caerán sobre nosotros como consecuencia de dejar de matarnos.

La campaña del Uribismo consiste ahora en anunciar el apocalipsis, y los líderes del Centro Democrático se encuentran en fiera competencia para ver quien aporta más profecías del fin del mundo, con el propósito de asustar a los colombianos.  La sindéresis y ponderación han desaparecido de las huestes opositoras a la paz y su narrativa parece tomada de una tragedia de Shakespeare: Colombia está a las puertas de aceptar su destino trágico: ¡vivir sin conflicto armado!

En sus delirios dantescos han iniciado una campaña de recolección de firmas contra los acuerdos, pero no para promover algún tipo de mecanismo alternativo para que los colombianos dirimamos en las urnas cuantos queremos la paz y cuantos continuar la barbarie. No. Simplemente recogen las firmas, y después decidirán qué hacer con ellas, mientras tanto infunden el temor y propagan sus admoniciones en el vano intento de hacernos creer que todo tiempo pasado fue mejor.

Ante esta estrategia de distorsión de la realidad, la respuesta por parte de algunos parece ser apelar al otro extremo y convencernos que la firma de la paz nos llevará a un futuro de prosperidad y bienestar. Ríos de leche y miel nos esperan en cuanto dejemos de matarnos: el PIB crecerá, las instituciones funcionarán, la justicia será eficaz, el Estado por fin hará presencia en  los sitios olvidados. No parece que esta sea una buena estrategia.

Por supuesto que es mejor tener paz que guerra, pero los beneficios de ello serán tangibles solo en el terreno de la convivencia. Habrá menos muertos y más colombianos tendrán mayores oportunidades de vivir, y muchos de los que hoy son niños no tendrán que morir en los campos de batalla el día de mañana. Parece poca cosa para muchos, pero lo es todo para quienes realmente han estado en medio de las balas y detrás de los fusiles.  Valorar que dejemos de matarnos no parece a estas alturas ser un discurso vendedor, menos de cara a la campaña por la refrendación, pero sigue siendo el argumento más sólido para justificar incluso un mal arreglo en lugar de más décadas de buen pleito.

Aparte del cese de la violencia, la firma de la paz solo representa una puerta de oportunidades hacia otra Colombia.  Pero para evitar que esa puerta se abra y conduzca a una Colombia distinta,  el Uribismo se encuentra organizando la oposición, ya no a la inevitable firma, sino a las transformaciones que se han pactado para que los guerrilleros dejen las armas. No se percibe que las fuerzas de apoyo a la paz se estén preparando de igual manera para el día después de mañana y para la implementación de los acuerdos.

El Uribismo construye un clivaje político con fuerzas políticas interesadas en que la implementación de la paz fracase, en torno a esa fuerza agrupan a los antiguos aliados del paramilitarismo, a sectores del campo preocupados por el fin del status quo en que hemos vivido y miles de ciudadanos indignados y asustados por la posibilidad de que los guerrilleros dejen las armas y hagan política.

Mientras tanto, del lado de las fuerzas de apoyo a la paz solo hay una perspectiva de corto plazo: firmar el acuerdo, ganar el plebiscito y luego mirar quien gana la Presidencia. Es lo que llaman pragmatismo, pero con esta perspectiva, la construcción de un país distinto fruto de los acuerdos de paz se perfila como una imagen borrosa. No viene el apocalipsis, pero con su discurso de miedo los opositores de la paz buscan evitar que cualquier cambio se haga realidad, y al final, con el cinismo que los caracteriza, dirán que la paz no sirvió pues nada cambió.

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Por Amylkar D. Acosta M[1].-  La insolencia no pudo ser mayor. El señor Everett Eissenstat, integrante de la unidad legislativa del Senador Orrin Hatch, lanzó una velada amenaza contra Colombia por la valiente decisión tomada por el Ministro de Salud Alejandro Gaviria de levantar el velo de la exclusividad de la patente de corso de la multinacional farmacéutica Novartis sobre el medicamento Imatinib, rotulado comercialmente como Glivec.

Esta es una vieja trifulca que se viene dando en el mercado de los medicamentos entre los de marca y los genéricos, que teniendo el mismo principio activo son mucho más asequibles por sus bajos precios con respecto a aquellos. Ante la negativa de Novartis, que se rehusó a rebajar su precio un 50% como lo reclamó el Ministerio de Salud, el titular de la Cartera le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar de interés público, como en efecto lo es, este medicamento y abrirlo a la competencia.

Y allí fue Troya. Ellos no están dispuestos a dar su brazo a torcer y de buenas a primeras osó el señor Everett espetar que si el Ministro persiste en su propósito Colombia sería objeto de “tratamiento especial”, terminaría en capilla y tal circunstancia, según él, podría llegar a “interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en EEUU”. Así de burda es la amenaza que Colombia toda debe rechazar enérgicamente.

Lo que está en juego no es asunto de poca monta, la ley Estatutaria de la Salud, consagra que “el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”, así de claro. En este caso, como en tantos otros, es la salud de 3.200 pacientes que padecen en Colombia la leucemia mieloide crónica (LMC) la que está en juego, como también la salud de las finanzas del Sistema de atención en salud dado que atentan contra su estabilidad y sostenibilidad.

Todavía no se sabe en qué va a parar este rifirrafe entre el Ministro de Salud y la multinacional suiza Novartis, pero el Ministro acaba de anunciar que obviará el trámite ante la Superintendencia y optaría por otra vía mucho más expedita para lograr el mismo propósito, que dicho medicamento sea más accesible a los pacientes. El primer paso, lógicamente, es la declaratoria de interés público de este medicamento para, a renglón seguido, como lo manifestó el Ministro, proceder a “la aplicación unilateral del precio, bajar el precio” y “será una Comisión nacional la que se encargue de fijarlo”. Dicho de otra manera, se pasaría del precio de “mercado” al precio administrado del mismo. No habría, entonces, que esperar a que la Superintendencia apruebe o desapruebe la licencia obligatoria a Novartis, despojándola de la exclusividad para producir dicho medicamento, que estaría sujeta a condiciones tales como su escasez en el mercado y este no es el caso. Si el Ministro finalmente da este paso será de efecto inmediato, que es lo que se busca, porque según él mismo, “la licencia obligatoria solo haría que ocurriera después de un tiempo”.

La reacción de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo no se hizo esperar y salió en defensa, ya no de la patente de la molécula Imatinib, sino en defensa de las utilidades que el mismo le reporta a la empresa que  ahora mantendría la exclusividad de su fabricación. En efecto, su Presidente Gustavo Morales, que viene de ser Superintendente de Salud (¡manes de la puerta giratoria!), “si no hay razones de interés público para expedir una licencia obligatoria, tampoco las hay para aplicarle un nuevo control de precios, ni para ningún otro efecto”. Es decir, según él, nos tenemos que resignar a que el precio de este medicamento siga por las nubes, sin control alguno. Ello no es admisible, porque sería tanto como rendirse a los pies de los intereses creados de estos pulpos que atrapan con sus tentáculos constrictores el Sistema Nacional de la Salud.

A la polémica que desató esta decisión del Ministro Gaviria se vino a sumar otra mucho más insólita e inaudita, que guarda una estrecha relación con la anterior. La piedra de escándalo la puso el Representante a la Cámara Hernando José Paladuí, al presentar un Proyecto de Ley a través del cual se pretende prohibir recetar a los pacientes del SNS, contributivo o subsidiado, medicamentos genéricos. Se parte de una base falsa y es la creencia bastante generalizada de su inocuidad, cuando la realidad es que el genérico es el mismo medicamento de marca o comercial, sólo que entra al mercado una vez se vence la patente de este último, desde luego, conservando la molécula el mismo principio activo.

De prosperar esta iniciativa legislativa, al sacar del mercado  a los genéricos los de marca lo capturarán totalmente e impondrán sus condiciones, pues no tendrán competencia y por lo tanto podrán abusar a sus anchas de su posición dominante, encareciendo de manera exorbitante el costo para el SNS y también para el bolsillo de los pacientes.

 Bogotá, junio12 de 2016

www.fnd.org.co

 

 

 

 



[1] Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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Por José Gregorio Hernández.-Debemos comenzar diciendo que, si bien carecemos de una auténtica política criminal del Estado -lo que implica permanente improvisación en la expedición de las normas y da lugar a las más diversas interpretaciones y a  providencias contradictorias e incoherentes-, nuestra legislación penal ha mostrado en estos años algunos avances que es preciso reconocer. Entre ellos cabe destacar, sin duda,  la penalización de conductas tan reprochables como el denominado feminicidio y en general la violencia en el interior de las familias.

Nos parece que en tal sentido no debemos retroceder, y por tanto  resulta preocupante que uno de los aspirantes a la Fiscalía General de la Nación haya propuesto, en su exposición ante la Corte Suprema de Justicia, la despenalización de tales comportamientos, precisamente cuando en muchos lugares del país se cometen a diario crímenes que tienen como víctimas preferidas a las mujeres y a los niños.

Como lo señala el artículo 5 de la Constitución, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona -cuya dignidad es fundamento del orden jurídico- y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

Eso lo ratifica el artículo 42 de la misma Carta cuando señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y que, en consecuencia, el Estado y la comunidad garantizan la protección integral de la familia.

Según el precepto superior, cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. De suerte que, antes del legislador, fue el propio Constituyente el que estimó indispensable e imperioso el castigo para quienes ejercen violencia contra la familia.

Hablando de los niños, basta consultar el artículo 44 de la Carta Política para verificar que, sobre la base de entender que sus derechos son siempre fundamentales,  busca garantizarles la seguridad de “tener una familia y no ser separados de ella”. Añade la disposición, con carácter imperativo, que serán protegidos contra toda forma de abandono,  violencia física o moral y abuso sexual, entre otras formas de vulneración de tales derechos.

La norma estipula que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, objetivos que mal podrían lograrse si el niño crece en un clima de violencia, intolerancia y maltrato, que se ejerzan contra él, contra su madre o sus hermanos.

En estas materias, no podemos regresar a la impunidad.

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Por Clara López.- Colombia se acerca al final del conflicto armado en medio de la polarización y la exacerbación de las diferencias. No hemos encontrado un relato común porque el conflicto se ha vivido desde el enfrentamiento, el señalamiento, la estigmatización y la total falta de respeto por el otro y la otra. El odio ha reemplazado la solidaridad humana, y la venganza ha tomado el lugar de la misericordia, que, al decir de Porcia en ‘El mercader de Venecia’, es doblemente bendita porque bendice tanto al que la da como al que la recibe.

La memoria histórica hoy cumple el invaluable papel de permitir la construcción del ‘nunca más’, de la ‘no repetición’, pero falta construir una lectura compartida del pasado. Encontrar la versión de la historia que nos una tomará tiempo. Por ahora, los textos de las distintas visiones elaborados por la comisión de expertos convocada por la mesa de La Habana terminaron en publicaciones separadas.

Lo que nos debe unir es un relato de futuro. Un futuro dialogado en la diferencia. Un futuro que dibuje la corrección de nuestros errores. Un futuro de compromiso con el respeto de la vida en todas sus manifestaciones: el ser humano, los animales, la naturaleza. Un futuro de democracia plena para superar las desigualdades injustas, la inequidad perenne. Para construir ese relato compartido, se hace necesario rastrear hoy aquello que nos acerca, en vez de concentrar la deliberación pública en aquello que nos separa.

El rigor y la costumbre de la guerra nos han hecho insensibles a las bondades de la paz. Hasta hay quienes minimizan los diálogos de paz y los tratan como algo secundario, incluso sin trascendencia. Otros todavía piensan que la guerra es más barata que la paz. Hasta dificultades tenemos en el lenguaje para reemplazar los imaginarios, los símiles y las metáforas de los guerreros para referirnos a las actividades de la convivencia y la democracia: comando, campaña, conquista, victoria, derrota, trinchera y demás.

Pero el logro de la paz es de interés estratégico para cualquier pueblo, y más para uno como el nuestro, que ha sufrido una guerra tras otra. Guerras que han servido para el despojo de los vencidos, desde las primeras del siglo 19 que llevaron a la Constitución a prohibir por primera vez la pena de exilio y la confiscación de sus bienes. Pero de vencidos han sido las sucesivas olas de desplazados por la violencia de uno y otro bando que han hecho de Colombia un país de ciudades grandes y desequilibradas.

Por encima de las diferencias sobre el modelo económico o el modelo de justicia, debe abrirse paso la capacidad de dibujar un posconflicto en el que la violencia quede proscrita como herramienta para hacer política, donde pueda superarse el déficit de democracia y la deliberación en la diferencia abra los espacios para el cambio pacífico. Para ello es imprescindible concretar los acuerdos de La Habana, abrir los diálogos formales con el Eln, legitimar la paz con amplias mayorías en el plebiscito y rodear la implementación de los acuerdos con garantías para todas las víctimas, pero también para los insurgentes que dejan las armas.

El desafío de esta paz que tenemos a la mano exige audacia. Cada cual debe atreverse a cruzar la línea que lo separa de sus conciudadanos para darles la mano, entender sus razones sin necesidad de compartir sus puntos de vista y caminar a su lado, sin pretensiones de superioridad moral, ideológica o social. Ese es el camino llano rumbo a la paz.

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Por Amylkar D Acosta.- Al rubricar el documento contentivo del Acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y su apretón de manos como gesto del compromiso de cumplirlo por las dos partes contendientes, el Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante en Jefe de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenco, han dado el más alto salto para bien de Colombia y de los colombianos, al ponerle fin a una confrontación armada que data más de 5 décadas. Los colombianos podemos ahora decir, parodiando al Quijote, que ni el bien ni el mal son duraderos y siendo que esta guerra cruel y cruenta había durado tanto la paz está cerca de alcanzarse, dejando atrás para siempre la guerra con todos sus horrores.

 

Después de cinco intentos frustráneos, gracias al empeño y al empecinamiento del Presidente Santos, después de tres largos años de esfuerzos, de altibajos en la negociación, con amagos de ruptura, de escepticismo paralizante, se logró dar este paso histórico, marcando un hito sin precedentes y de la mayor importancia, de un antes y un después de este 23 de junio. No ha habido en los últimos dos siglos una noticia más importante para los colombianos que la suscripción de este Acuerdo, tras el cual expresó sin ambages alias Timochenco “que este sea el último día de la guerra”.

 

Lo había dicho premonitoriamente nuestro laureado García Márquez, apóstol de la paz, “nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria” a la guerra y a la destrucción. Y la aspiración de todos los colombianos ha sido la misma de él, hacer de la paz “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir…donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

 

La política es el arte de lo posible y a través de este Acuerdo se le está dando una salida política a un conflicto armado y para arribar al mismo fue indispensable ceder de parte y parte, dado que no se trata ni de un armisticio ni de un sometimiento o capitulación, que sólo se dan cuando una de las dos partes es derrotada y este no es el caso. Las bases sobre las cuales descansa este Acuerdo son la verdad, la justicia y la reparación, esas fueron las líneas rojas que desde que sentaron a la mesa de las negociaciones trazaron los negociadores del Gobierno, encabezados por el hábil y avezado negociador Humberto De la Calle. Son muy dicientes las palabras de Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia y nada menos que ex ministro de Irlanda, cuando afirmó de manera categórica que “el Acuerdo que se está negociando en La Habana con las FARC es mejor que el realizado hace 18 años en Irlanda”[1]. De allí el gran apoyo que se ha granjeado de parte de la comunidad internacional, encabezada por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki –Moon, a este proceso, no se puede entender de otra manera.

 

Ahora bien, con la firma de este Acuerdo se despejó el camino y ahora estamos en la ruta crítica  para el cierre del ciclo de las negociaciones y se abre otro ciclo que es el de la implementación del mismo. Esta ímproba tarea no es menos compleja y difícil que aquella. El fiel cumplimiento de lo acordado es la premisa para que no nos veamos abocados al fracaso del mismo, como ha ocurrido en tantos otros países. De 646 acuerdos de paz firmados en 85 países entre 1990 y 2007 más de la mitad de ellos han terminado en el más rotundo fracaso antes del primer lustro de haberse firmado.

 

La firma del Acuerdo que le pone fin al conflicto armado entre el Estado y las FARC no es el punto de llegada, más bien debe de servir de punto de partida para las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que deberán darse en la construcción de la paz, que no vendrá por añadidura. Y para allanar el camino de este largo camino que habremos de recorrer hasta alcanzar la paz y la reconciliación es absolutamente indispensable añadir al cese al desarme de las FARC el desarme de los espíritus. El llamado a tirios y troyanos es a la mesura, a la cordura, a la sensatez, a la serenidad y a deponer la animosidad, el odio, la sed de venganza, que son tan malas consejeras. La paz es el bien supremo de la Nación y hoy que la tenemos al alcance de la mano no la debemos dejar escapar por simples mezquindades.

 

Cusco, junio 25 de 2016

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Por Gabriel Ortiz.- 48 Millones de colombianos empiezan a despertar de una pesadilla llamada odio, violencia, destrucción. La nueva realidad ofrece el país soñado, país ideal, posible, el país de las oportunidades, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, de la vida, de la concordia, de la igualdad en donde todos quepan y se sientan bien.

Ayer se dieron pasos fundamentales para lograr ese país soñado que todos –óigase bien todos- los medios de comunicación del orbe destacaron, tras conocerse la noticia que iniciaba la rúbrica y el sello del “Fin del Conflicto, el Cese Bilateral y la Entrega de Armas” en Colombia, la nueva gran nación en donde valdrá la pena vivir, a la que se podrá regresar.

El nudo gordiano se desató y salimos de la encrucijada que daba argumentos a los enemigos de una patria nueva y con amplio panorama. Era el punto álgido, el escollo que se creía insondable y en los que se fincaban los atizadores del conflicto que por más de cincuenta años nos ha agobiado, sembrando miedo con frases alarmistas y sin contenido.

Se ha descorrido el telón y empieza a aparecer otra realidad, con actores mentalmente capacitados para ofrecer la mejor escena a los actuales y a los nuevos habitantes condenados a una guerra sin final. A unas generaciones que empezarán a aprender a convivir.

Ha traído al Secretario General de la ONU, a delegados de Estados Unidos, a seis presidentes y a personalidades de gran valía, a respaldar lo que han considerado reconocidos expertos internacionales, como el más perfecto proceso de paz logrado hasta ahora.

Restan algunas pinceladas, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la forma como se escogerán los magistrados encargados de aplicar la justicia, porque todos los combatientes tendrán que comparecer ante la justicia, todos de alguna manera tendrán su castigo.

Se calcula que el 20 de julio se firmará la finalización de los diálogos y la paz definitiva.

En ese momento habrá nacido el País Soñado.

Habrá, desde luego, reforma tributaria para financiar el proceso de paz. Tendremos que sufragar sus costos. Es de esperar que también haya justicia en esta materia y no una cascada impositiva para alimentar la corrupción.

De esto también se nutre el País Soñado.

BLANCO: La gran selección que tenemos. Una pifia al inicio, un árbitro y una tempestad nos derrotaron. 

NEGRO: ¿Y el Procurador qué?

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Por Amylkar D. Acosta M[1].-Esta semana tuve la oportunidad de intervenir en un Foro Nacional sobre la Autonomía universitaria auspiciado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), ocasión esta que encontré propicia para hacer algunas disquisiciones al respecto que quiero compartirles.

En Colombia se ha avanzado muchísimo en materia educativa, particularmente en lo concerniente a la educación superior, pero está aún dista mucho de la excelencia. Tanto en cobertura como en calidad todavía acusa grandes falencias, pese a la proliferación de universidades, tanto públicas como privadas, muchas de estas de garaje, valga decirlo y a las exigencias cada día mayores para la acreditación de sus programas y el Registro calificado.

Su estructura piramidal hace del sistema educativo algo excluyente, elitista, pues a medida que se escala de la educación básica a la cúspide se va cerrando el círculo, hasta hacer de la educación superior en Colombia un verdadero privilegio.

El alto porcentaje de deserción estudiantil a este nivel (46.1%) lo acentúa, con el agravante de su carácter discriminatorio, dado que en la educación universitaria también se cumple esa odiosa realidad incontrastable que impera en nuestro país, en donde tenemos educación para ricos y educación para pobres, siendo este uno de los factores que más contribuye a la desigualdad de trayectorias entre los colombianos, que termina reflejándose en las enormes brechas entre los distintos estratos de la población.

En este contexto, en la escala de principios y valores de la Universidad la Autonomía está llamada a jugar un rol de la mayor importancia. Este principio aunque ha evolucionado con el paso del tiempo se mantiene incólume como la piedra miliar sobre la que descansa la Universidad, siendo de su quintaesencia; la Universidad es autónoma o deja de ser Universidad.

La pérdida de la Autonomía por parte de la Universidad es el umbral del confesionalismo, del dogmatismo y del fundamentalismo, que repugnan al espíritu universitario. Por ser inmanente a la Universidad, la Autonomía se debe defender no sólo de aquellos que la amenazan sino de aquellos que se escudan tras ella para cometer sus desmanes y tropelías en detrimento de la calidad de la educación que se imparte y de la investigación que se realiza en su interior, que es su razón de ser.

Ahora bien, la Autonomía no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar los fines más nobles de la Universidad, cuales son la generación y transmisión de conocimientos científicos, para lo cual es fundamental la libertad de cátedra y de investigación, exentas como deben estarlo de presiones o condicionamientos ideológicos o políticos. Al fin y al cabo, como lo dice el cantautor y poeta Joan Manuel Serrat, “lo que más enriquece el pensamiento de uno es la pluralidad de pensamiento de los demás”.

En 15 de junio de 2018 se cumplirá el Centenario de la gran Reforma Universitaria que se incubó con el Movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba (Argentina) que tuvo como objetivo primordial la Autonomía universitaria. Desde entonces se desató en América Latina todo un levantamiento con esta misma reivindicación, el cual tuvo su máxima expresión en la Gesta del Movimiento estudiantil de 1971 en Colombia, el cual enarboló el Programa mínimo de los estudiantes colombianos, siendo el principio de la Autonomía universitaria su centro de gravedad. Su momento cenital fue aquel en el que se conquistó el Cogobierno en los claustros universitarios oficiales, dejando en manos de los estamentos universitarios, exclusivamente, el manejo de la Universidad, así en lo administrativo como en lo académico.

Pero tuvimos que esperar hasta la Constituyente de 1991 para que la Autonomía universitaria dejara de ser para muchos una entelequia y se elevara a rango constitucional, a través del artículo 69 de la Carta, interpretado por la Corte Constitucional “como una garantía institucional con la cual se busca legitimar la capacidad de autorregulación y autogestión, tanto en el campo educativo como administrativo, de las instituciones tanto oficiales como privadas, encargadas del servicio público de educación superior”. 

Ahora, cuando estamos ad portas de la firma del Acuerdo de La Habana, que le pondrá término al sexagenario conflicto armado que ha padecido Colombia y se abre la perspectiva del postconflicto, el campus universitario está llamado a convertirse  en el escenario por excelencia que sirva de torrentera para encausar el gran diálogo social para forjar una paz segura, estable, duradera y con arraigo en las regiones. Y la Autonomía contribuye a hacer de las universidades santuarios de paz!

Bogotá, junio 19 de 2016

www.fnd.org.co 


[1] Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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Por: Horacio Serpa.- Hace pocos días leí en las redes un trino del siguiente tenor: “El plebiscito es un engaño. No sea menso, firme en cambio de votar”. El mensaje obedece a la campaña del Centro Democrático de recoger firmas para oponerse al gobierno de Presidente Santos y a todo lo que de él provenga, especialmente al proceso que para alcanzar la paz que se adelanta con las Farc en La Habana.

Menso significa, según el diccionario de la Real Academia, “tonto, necio”. Es una expresión muy mejicana que en Colombia usábamos hace cuatro o cinco décadas para decir bobo, matraco, caído del zarzo, desentendido o pendejón. Ello me indica que el del trino es persona mayor y por lo tanto debe haber vivido o sufrido el cruel episodio del conflicto armado. No entiendo cómo los que saben lo ocurrido quieran seguir en la guerra.

Porque he conocido estas desgracias, porque muchas las he sentido personalmente y las han sufrido amistades y copartidarios, porque he visto sufrimiento y dolor, es que soy un insobornable partidario de la paz. Por eso, aun cuando lo respeto con criterio democrático, no entiendo por qué hay sectores empresariales, sociales y políticos enemigos del procedimiento que el gobierno adelanta con las Farc para que renuncien a la lucha armada, se desarmen y se integren a la vida civil del País. Eso no tiene sino ventajas para todos.

El Centro Democrático, que es el Uribismo en pleno, está recogiendo firmas para oponerse al gobierno del Presidente Santos y a los acuerdos de Cuba, como si ello afectara la consulta plebiscitaria, que es un mecanismo participativo para que la  ciudadanía se pronuncie sobre los convenios. No se atreven a promover el NO, porque serían derrotados. Utilizan un sofisma político para preparar las elecciones de Congreso y de Presidente en 2018. Es una hábil maniobra electoral, válida claro.

Mensos son los que firman a cambio de votar el plebiscito. No saben, salvo los adoradores del conflicto, que auspician la continuidad de la guerra, lo cual no conviene a nadie en particular ni al conjunto de la comunidad. Diez años más del tropel que padecemos, por señalar una fecha, son 30.000 asesinatos más, 50.000 lisiados, 2´000.000 adicionales de desplazados, desigualdad y pobreza, angustia, atraso, menos inversión, menos producción, más robos y secuestros, aumento del narcotráfico, más viudas y huérfanos, un mayor crecimiento de la catástrofe humanitario que afecta a la nación.

 Firmar no significa nada, es intrascendente, no tiene repercusión distinta a la algarabía que se hace confundir a la gente y hacer campaña mediática. Los que no estén de acuerdo, que voten NO. Los que deseen el entendimiento y la convivencia, los que piensan en su futuro y en el de los hijos, los partidarios de las reformas, los que siguen llorado la pérdida de sus familiares, los parientes de los soldados y policías que son los que mueren en los combates, votemos por el SI al plebiscito. ¡Acabemos la guerra!

 

 

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Por Jorge Robledo.- En mayo del 2012, mes en el que entró en aplicación el TLC con Estados Unidos, alguien, en tono insidioso, me preguntó: “¿Senador, y no hay nada bueno para Colombia en ese Tratado?”. “Sí –le dije–. Que por fin va a establecerse quiénes estaban diciendo mentiras, si los que afirmaron que con él correrían ríos de leche y miel para los colombianos o quienes, con pruebas en la mano, advertimos que sufriríamos pérdidas enormes”.

Ahora, cuando los hechos dieron su veredicto inapelable, no pueden negarse por lo menos dos verdades. Que tuvimos razón quienes anunciamos que al país le iría como a los perros en misa en el TLC con Estados Unidos y lo importante que fue que la resistencia ciudadana impidiera su entrada en aplicación en 2007, como era la intención de los dos gobiernos, con lo que le evitamos pérdidas incalculables a Colombia.

En 2011, antes del TLC, Colombia le vendía a Estados Unidos más de lo que le compraba por 8.991 millones de dólares. Y en 2015, Colombia le compró más por 4.940 millones de dólares, con ¡una pérdida mayúscula en la balanza comercial, de 13.931 millones de dólares!, de las mayores de que se tenga noticia. Para completar el resultado, las exportaciones a Estados Unidos en el total de las colombianas bajaron del 38,6 al 27,6%.

En el caso del agro, las cifras son peores. Las importaciones norteamericanas saltaron, entre 2012 y 2015, de 1,5 a 7,3 millones de toneladas, ¡casi 500% más!, con incrementos por producto de este orden: maíz (1.762%), arroz (239%), lácteos (215%), oleaginosas (215%), carne de res (146%) y carne de cerdo (111%). Con una advertencia. Todavía los aranceles de protección no han llegado al cero por ciento al que llegarán, porque se pactó que la desgravación aumentará año por año. Pero sí pasó ya del 25 al 30% la participación de los alimentos importados en el total del consumo nacional.

En dinero, las pérdidas agrarias también son muy grandes. Mientras las compras aumentaron en 120%, las ventas apenas lo hicieron en 16%, ¡ocho veces menos! Si las cuentas se hacen sin café y banano, que no necesitan de TLC para exportarse porque tienen libre ingreso a Estados Unidos desde los inicios del siglo XX, el déficit comercial agrario llega a 1.141 millones de dólares, ¡un 793% más durante los cuatro años del TLC! (http://bit.ly/1tAQ4At).

En el caso de la industria, más apaleada por haber sido todavía más desprotegida desde la apertura, el déficit comercial, ya negativo, aumentó de 12.556 millones de dólares a 13.599 millones.

En otro país que no esté tan descompuesto y manipulado como este, ya habrían tenido que renunciar a sus cargos y pedirle perdón al país los miembros del combo neoliberal que gobiernan o tiran la línea desde hace 25 años. Pero como en Colombia estamos y ellos actúan, no con el respaldo de tener la razón sino de las trasnacionales más poderosas del mundo, siguen sentando cátedra, como si nada, protegidos además porque sus falacias copan el 99,9 por ciento de los espacios desde los que les lava el cerebro a los colombianos con las supuestas bienaventuranzas del libre comercio.

También les ayuda que no le temen al ridículo, protegidos por la ignorancia de los que no saben y la complicidad del puñado que sabe tanto que vuela con los motores apagados. En esa lamentable situación han caído las dos últimas ministras de Comercio, las doctoras Álvarez y Lacouture, a quienes les dio por perorar sobre los “grandes avances” de los “nuevos productos de exportación”. ¿Y saben cuánto representan estos en las ventas nacionales a Estados Unidos? El 0,06 por ciento del total. Sí. No leyeron mal, ¡menos del uno por ciento!, monto insignificante que ocultan ante los medios cuando hacen demagogia para tapar la debacle ocurrida.

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Por Jairo Gómez.- España afronta una interesante disputa política a las puertas de unas elecciones atípicas, con el resurgimiento de la izquierda como alternativa de poder. Pero no la izquierda representada en el decadente PSOE (Partido Socialista de los Trabadores), sino en la vigorosa propuesta de Unidos-Podemos, que sin ambigüedad ideológica se desmarca de la derecha representada en el PP (Partido Popular) y Ciudadanos. 

Hoy todas las encuestas en el país ibérico ponen a Unidos-Podemos en la antesala del poder y con la firme opción de gobernar. Claro, si el PSOE, su aliado más afín, se lo permite. Las Toldas socialistas viven su propia encrucijada en el alma. Si los vaticinios de los sondeos públicos y privados se cumplen (coinciden en que UP será la segunda fuerza política del país), los liderados por Pedro Sánchez, tendrán que elegir con quien pactar: Unidos-Podemos o el Partido Popular, su principal antagonista en los 40 años de historia democrática. Lo coherente y políticamente correcto sería que el PSOE optara por el grupo de Pablo Iglesias.

El pacto para conformar Gobierno en España, por tratarse de un régimen parlamentario, es necesario si ninguna de las formaciones obtiene la mayoría absoluta.

Unidos-Podemos irrumpió en la política española hace cinco años tras la movilización de los indignados, y supo catalizar ese descontento popular para construir, desde ahí, una propuesta que se desmarcó del viejo régimen, con un lenguaje que hizo explícitas las falencias de la política económica del gobierno de Mariano Rajoy, que apostó por una austeridad asfixiante para los cientos de miles de hogares españoles. Aterrizar el mensaje y hablarle sin tapujos a la gente sobre los corruptos en el poder, de las puertas giratorias, de los privilegios de las élites, de las alianzas de los políticos con los cárteles de la contratación y develar sus piruetas, es parte del éxito de Unidos-Podemos; pero además, entre otras iniciativas, propone gobernar sin recortes, erradicar la corrupción, y que sean los grandes capitales los que paguen impuestos: “El que gane más que pague más que el que gane menos”, recalcan.

Interesante el debate proselitista en España. Ya no es el bipartidismo (PP-PSOE) el que alienta la política ibérica, es una variedad de fuerzas con claras tendencias de la que disponen los españoles para optar, el 26 de junio, por la mejor propuesta. Son cuatro partidos definidos, con militancia y bases organizadas las que se disputan el poder; además de una porción pequeña de grupos políticos que representan comunidades autónomas.

La inesperada irrupción de Podemos en alianza con Izquierda Unida, desplazará, al parecer, al PSOE como fuerza antagónica de la derecha española, hecho que prendió las alarmas en la dirigencia tradicional pues las posibilidades de incidir en el poder crecieron. Es tal la popularidad y el repunte en los sondeos de Unidos-Podemos que la campaña mediática contra este grupo ha sido innoble gracias al matrimonio indisoluble entre periodismo y vieja política. Es difícil encontrar en los medios escritos y de televisión reflexiones sensatas y neutrales sobre la valoración que hacen de, tal vez, el suceso político más importante de ese país desde que dejaron a un lado la dictadura franquista.

Qué paradoja, mientras desde Europa se mira con cierto agrado los supuestos fracasos de la izquierda en América Latina, en la cuarta economía de ese continente, como lo es España, la posibilidad de que un partido de esa tendencia ideológica logre el poder, es real. Amanecerá y veremos, dicen por ahí.

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Por Juan Fernando Londoño.- Esta semana comenzó con los anuncios de un caracterizado líder del  Uribismo, el exministro Juan Lozano (otrora conocido por su ponderación) anunciando los males que le esperan a Colombia por cuenta de la firma de la paz. Según él, tenemos que prepararnos para la llegada de las siete plagas de Egipto a nuestro país.

La columna refleja el espíritu de quienes se oponen a la terminación del conflicto por la vía negociada. Ante la inevitable e inminente firma del acuerdo de paz en La Habana, su  estrategia es intentar convencer a los colombianos de lo malo que va a ser vivir en paz en Colombia y todas las desgracias que caerán sobre nosotros como consecuencia de dejar de matarnos.

La campaña del Uribismo consiste ahora en anunciar el apocalipsis, y los líderes del Centro Democrático se encuentran en fiera competencia para ver quien aporta más profecías del fin del mundo, con el propósito de asustar a los colombianos.  La sindéresis y ponderación han desaparecido de las huestes opositoras a la paz y su narrativa parece tomada de una tragedia de Shakespeare: Colombia está a las puertas de aceptar su destino trágico: ¡vivir sin conflicto armado!

En sus delirios dantescos han iniciado una campaña de recolección de firmas contra los acuerdos, pero no para promover algún tipo de mecanismo alternativo para que los colombianos dirimamos en las urnas cuantos queremos la paz y cuantos continuar la barbarie. No. Simplemente recogen las firmas, y después decidirán qué hacer con ellas, mientras tanto infunden el temor y propagan sus admoniciones en el vano intento de hacernos creer que todo tiempo pasado fue mejor.

Ante esta estrategia de distorsión de la realidad, la respuesta por parte de algunos parece ser apelar al otro extremo y convencernos que la firma de la paz nos llevará a un futuro de prosperidad y bienestar. Ríos de leche y miel nos esperan en cuanto dejemos de matarnos: el PIB crecerá, las instituciones funcionarán, la justicia será eficaz, el Estado por fin hará presencia en  los sitios olvidados. No parece que esta sea una buena estrategia.

Por supuesto que es mejor tener paz que guerra, pero los beneficios de ello serán tangibles solo en el terreno de la convivencia. Habrá menos muertos y más colombianos tendrán mayores oportunidades de vivir, y muchos de los que hoy son niños no tendrán que morir en los campos de batalla el día de mañana. Parece poca cosa para muchos, pero lo es todo para quienes realmente han estado en medio de las balas y detrás de los fusiles.  Valorar que dejemos de matarnos no parece a estas alturas ser un discurso vendedor, menos de cara a la campaña por la refrendación, pero sigue siendo el argumento más sólido para justificar incluso un mal arreglo en lugar de más décadas de buen pleito.

Aparte del cese de la violencia, la firma de la paz solo representa una puerta de oportunidades hacia otra Colombia.  Pero para evitar que esa puerta se abra y conduzca a una Colombia distinta,  el Uribismo se encuentra organizando la oposición, ya no a la inevitable firma, sino a las transformaciones que se han pactado para que los guerrilleros dejen las armas. No se percibe que las fuerzas de apoyo a la paz se estén preparando de igual manera para el día después de mañana y para la implementación de los acuerdos.

El Uribismo construye un clivaje político con fuerzas políticas interesadas en que la implementación de la paz fracase, en torno a esa fuerza agrupan a los antiguos aliados del paramilitarismo, a sectores del campo preocupados por el fin del status quo en que hemos vivido y miles de ciudadanos indignados y asustados por la posibilidad de que los guerrilleros dejen las armas y hagan política.

Mientras tanto, del lado de las fuerzas de apoyo a la paz solo hay una perspectiva de corto plazo: firmar el acuerdo, ganar el plebiscito y luego mirar quien gana la Presidencia. Es lo que llaman pragmatismo, pero con esta perspectiva, la construcción de un país distinto fruto de los acuerdos de paz se perfila como una imagen borrosa. No viene el apocalipsis, pero con su discurso de miedo los opositores de la paz buscan evitar que cualquier cambio se haga realidad, y al final, con el cinismo que los caracteriza, dirán que la paz no sirvió pues nada cambió.

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Por Amylkar D. Acosta M[1].-  La insolencia no pudo ser mayor. El señor Everett Eissenstat, integrante de la unidad legislativa del Senador Orrin Hatch, lanzó una velada amenaza contra Colombia por la valiente decisión tomada por el Ministro de Salud Alejandro Gaviria de levantar el velo de la exclusividad de la patente de corso de la multinacional farmacéutica Novartis sobre el medicamento Imatinib, rotulado comercialmente como Glivec.

Esta es una vieja trifulca que se viene dando en el mercado de los medicamentos entre los de marca y los genéricos, que teniendo el mismo principio activo son mucho más asequibles por sus bajos precios con respecto a aquellos. Ante la negativa de Novartis, que se rehusó a rebajar su precio un 50% como lo reclamó el Ministerio de Salud, el titular de la Cartera le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar de interés público, como en efecto lo es, este medicamento y abrirlo a la competencia.

Y allí fue Troya. Ellos no están dispuestos a dar su brazo a torcer y de buenas a primeras osó el señor Everett espetar que si el Ministro persiste en su propósito Colombia sería objeto de “tratamiento especial”, terminaría en capilla y tal circunstancia, según él, podría llegar a “interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en EEUU”. Así de burda es la amenaza que Colombia toda debe rechazar enérgicamente.

Lo que está en juego no es asunto de poca monta, la ley Estatutaria de la Salud, consagra que “el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”, así de claro. En este caso, como en tantos otros, es la salud de 3.200 pacientes que padecen en Colombia la leucemia mieloide crónica (LMC) la que está en juego, como también la salud de las finanzas del Sistema de atención en salud dado que atentan contra su estabilidad y sostenibilidad.

Todavía no se sabe en qué va a parar este rifirrafe entre el Ministro de Salud y la multinacional suiza Novartis, pero el Ministro acaba de anunciar que obviará el trámite ante la Superintendencia y optaría por otra vía mucho más expedita para lograr el mismo propósito, que dicho medicamento sea más accesible a los pacientes. El primer paso, lógicamente, es la declaratoria de interés público de este medicamento para, a renglón seguido, como lo manifestó el Ministro, proceder a “la aplicación unilateral del precio, bajar el precio” y “será una Comisión nacional la que se encargue de fijarlo”. Dicho de otra manera, se pasaría del precio de “mercado” al precio administrado del mismo. No habría, entonces, que esperar a que la Superintendencia apruebe o desapruebe la licencia obligatoria a Novartis, despojándola de la exclusividad para producir dicho medicamento, que estaría sujeta a condiciones tales como su escasez en el mercado y este no es el caso. Si el Ministro finalmente da este paso será de efecto inmediato, que es lo que se busca, porque según él mismo, “la licencia obligatoria solo haría que ocurriera después de un tiempo”.

La reacción de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo no se hizo esperar y salió en defensa, ya no de la patente de la molécula Imatinib, sino en defensa de las utilidades que el mismo le reporta a la empresa que  ahora mantendría la exclusividad de su fabricación. En efecto, su Presidente Gustavo Morales, que viene de ser Superintendente de Salud (¡manes de la puerta giratoria!), “si no hay razones de interés público para expedir una licencia obligatoria, tampoco las hay para aplicarle un nuevo control de precios, ni para ningún otro efecto”. Es decir, según él, nos tenemos que resignar a que el precio de este medicamento siga por las nubes, sin control alguno. Ello no es admisible, porque sería tanto como rendirse a los pies de los intereses creados de estos pulpos que atrapan con sus tentáculos constrictores el Sistema Nacional de la Salud.

A la polémica que desató esta decisión del Ministro Gaviria se vino a sumar otra mucho más insólita e inaudita, que guarda una estrecha relación con la anterior. La piedra de escándalo la puso el Representante a la Cámara Hernando José Paladuí, al presentar un Proyecto de Ley a través del cual se pretende prohibir recetar a los pacientes del SNS, contributivo o subsidiado, medicamentos genéricos. Se parte de una base falsa y es la creencia bastante generalizada de su inocuidad, cuando la realidad es que el genérico es el mismo medicamento de marca o comercial, sólo que entra al mercado una vez se vence la patente de este último, desde luego, conservando la molécula el mismo principio activo.

De prosperar esta iniciativa legislativa, al sacar del mercado  a los genéricos los de marca lo capturarán totalmente e impondrán sus condiciones, pues no tendrán competencia y por lo tanto podrán abusar a sus anchas de su posición dominante, encareciendo de manera exorbitante el costo para el SNS y también para el bolsillo de los pacientes.

 Bogotá, junio12 de 2016

www.fnd.org.co

 

 

 

 



[1] Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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Por José Gregorio Hernández.-Debemos comenzar diciendo que, si bien carecemos de una auténtica política criminal del Estado -lo que implica permanente improvisación en la expedición de las normas y da lugar a las más diversas interpretaciones y a  providencias contradictorias e incoherentes-, nuestra legislación penal ha mostrado en estos años algunos avances que es preciso reconocer. Entre ellos cabe destacar, sin duda,  la penalización de conductas tan reprochables como el denominado feminicidio y en general la violencia en el interior de las familias.

Nos parece que en tal sentido no debemos retroceder, y por tanto  resulta preocupante que uno de los aspirantes a la Fiscalía General de la Nación haya propuesto, en su exposición ante la Corte Suprema de Justicia, la despenalización de tales comportamientos, precisamente cuando en muchos lugares del país se cometen a diario crímenes que tienen como víctimas preferidas a las mujeres y a los niños.

Como lo señala el artículo 5 de la Constitución, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona -cuya dignidad es fundamento del orden jurídico- y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

Eso lo ratifica el artículo 42 de la misma Carta cuando señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y que, en consecuencia, el Estado y la comunidad garantizan la protección integral de la familia.

Según el precepto superior, cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. De suerte que, antes del legislador, fue el propio Constituyente el que estimó indispensable e imperioso el castigo para quienes ejercen violencia contra la familia.

Hablando de los niños, basta consultar el artículo 44 de la Carta Política para verificar que, sobre la base de entender que sus derechos son siempre fundamentales,  busca garantizarles la seguridad de “tener una familia y no ser separados de ella”. Añade la disposición, con carácter imperativo, que serán protegidos contra toda forma de abandono,  violencia física o moral y abuso sexual, entre otras formas de vulneración de tales derechos.

La norma estipula que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, objetivos que mal podrían lograrse si el niño crece en un clima de violencia, intolerancia y maltrato, que se ejerzan contra él, contra su madre o sus hermanos.

En estas materias, no podemos regresar a la impunidad.

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Por Clara López.- Colombia se acerca al final del conflicto armado en medio de la polarización y la exacerbación de las diferencias. No hemos encontrado un relato común porque el conflicto se ha vivido desde el enfrentamiento, el señalamiento, la estigmatización y la total falta de respeto por el otro y la otra. El odio ha reemplazado la solidaridad humana, y la venganza ha tomado el lugar de la misericordia, que, al decir de Porcia en ‘El mercader de Venecia’, es doblemente bendita porque bendice tanto al que la da como al que la recibe.

La memoria histórica hoy cumple el invaluable papel de permitir la construcción del ‘nunca más’, de la ‘no repetición’, pero falta construir una lectura compartida del pasado. Encontrar la versión de la historia que nos una tomará tiempo. Por ahora, los textos de las distintas visiones elaborados por la comisión de expertos convocada por la mesa de La Habana terminaron en publicaciones separadas.

Lo que nos debe unir es un relato de futuro. Un futuro dialogado en la diferencia. Un futuro que dibuje la corrección de nuestros errores. Un futuro de compromiso con el respeto de la vida en todas sus manifestaciones: el ser humano, los animales, la naturaleza. Un futuro de democracia plena para superar las desigualdades injustas, la inequidad perenne. Para construir ese relato compartido, se hace necesario rastrear hoy aquello que nos acerca, en vez de concentrar la deliberación pública en aquello que nos separa.

El rigor y la costumbre de la guerra nos han hecho insensibles a las bondades de la paz. Hasta hay quienes minimizan los diálogos de paz y los tratan como algo secundario, incluso sin trascendencia. Otros todavía piensan que la guerra es más barata que la paz. Hasta dificultades tenemos en el lenguaje para reemplazar los imaginarios, los símiles y las metáforas de los guerreros para referirnos a las actividades de la convivencia y la democracia: comando, campaña, conquista, victoria, derrota, trinchera y demás.

Pero el logro de la paz es de interés estratégico para cualquier pueblo, y más para uno como el nuestro, que ha sufrido una guerra tras otra. Guerras que han servido para el despojo de los vencidos, desde las primeras del siglo 19 que llevaron a la Constitución a prohibir por primera vez la pena de exilio y la confiscación de sus bienes. Pero de vencidos han sido las sucesivas olas de desplazados por la violencia de uno y otro bando que han hecho de Colombia un país de ciudades grandes y desequilibradas.

Por encima de las diferencias sobre el modelo económico o el modelo de justicia, debe abrirse paso la capacidad de dibujar un posconflicto en el que la violencia quede proscrita como herramienta para hacer política, donde pueda superarse el déficit de democracia y la deliberación en la diferencia abra los espacios para el cambio pacífico. Para ello es imprescindible concretar los acuerdos de La Habana, abrir los diálogos formales con el Eln, legitimar la paz con amplias mayorías en el plebiscito y rodear la implementación de los acuerdos con garantías para todas las víctimas, pero también para los insurgentes que dejan las armas.

El desafío de esta paz que tenemos a la mano exige audacia. Cada cual debe atreverse a cruzar la línea que lo separa de sus conciudadanos para darles la mano, entender sus razones sin necesidad de compartir sus puntos de vista y caminar a su lado, sin pretensiones de superioridad moral, ideológica o social. Ese es el camino llano rumbo a la paz.

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