Opinión
Por Felicia Saturno Hartt.- De forma sofocante, todos hablan del cambio. Esta palabra sirve para definir campañas, equipos y para vestir banderolas. Para ofender a los tradicionales o para generar expectativas. El cambio es un anuncio publicitado y, por desgracia, a veces, sólo una ilusión vendida en elecciones.
Ese proceso necesario, que nuestros países de América Latina, en particular, piden a gritos, por el deterioro de las democracias tradicionales y de los modelos populistas, el atraso de nuestras sociedades y sus indicadores fatídicos, implica toda una concepción del individuo, de la sociedad y del mundo de las instituciones.
Hablar de cambio involucra hablar de cultura. Conocernos y (re) construirnos como sociedad. Porque es la gente que asume el cambio o lo rechaza, desde sus valores, desde sus visiones de mundo, desde, incluso, sus contradicciones. Este proceso está conectado a cómo nos percibimos, cómo nos proyectamos, cómo concebimos la realidad personal y colectiva. Es más que un panfleto y un slogan.
De allí que, en la actualidad, se discuta la necesidad imperiosa de un proceso de cambio de múltiples facetas, donde se aúpe la innovación y la creatividad, la tolerancia, la educación de calidad y la participación política y social, más allá de las formas tradicionales. Es aprender a ser mejores, a tolerar el fracaso como experiencia, a participar como ciudadanos y a ser exigentes como consumidores.
Pero, es importante insistir que el Cambio no es hecho intempestivo, azaroso, milagroso o decisión de algunos dueños del poder, en sus infinitas y variopintas formas. El cambio es un proceso sociopolítico, intenso pero reflexivo, fruto de la reciprocidad, pero que debe ser guiado por timoneles calificados. Por ello, tampoco, puede ser un aditamento de la oferta electoral, muy manoseado y perpetuo, sino el propósito de la integración de los diversos factores que cohabitan un espacio.
La oferta electoral puede ser el grito que despierte la participación de todos, porque el cambio no es un proceso en una sola dirección: él palpita, toca los intersticios de la sociedad, introspecta y proyecta. Es una mirada histórica que hurga el pasado y escruta el presente, para construir futuros posibles.
Desde esta perspectiva, me niego a aceptar que tales o cuales individuos son demasiado para el tiempo o el país que somos. Porque sus propuestas, entonces, son excelentes pero incapaces de ser consensuadas, de inspirar o de “montar a la gente en el autobús” de su proposición. Ellos entonces tendrían que cambiar.
Al final el Cambio lo que busca es reducir la inequidad, madre de la injusticia, la impunidad y, por ende, enemiga del desarrollo y la libertad.
Por Jorge Gómez Pinilla.- En un verdadero ring de boxeo verbal se transformó mi muro de Facebook a raíz de la foto que publiqué al día siguiente del happening convocado por el fotógrafo norteamericano Spencer Tunick, el domingo 5 de junio en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el que 6.132 personas llegadas de todo el país se desnudaron para sus cámaras.
La foto me la envió una amiga muy pila mientras viajaba por tierra de Bogotá a Bucaramanga, y me pareció un gesto de sutil coquetería cuando se manifestó extrañada de que yo no hubiera asistido al evento, pero creo que me estoy saliendo del tema.
La imagen en discusión es del fotógrafo colombiano Iván Valencia, quien cubrió el evento para Univisión, y muestra la Plaza de Bolívar abarrotada de gente desnuda, en una proporción de mujeres bastante mayor que de hombres. A un costado de la composición una anciana viringa subida sobre una tabla de madera, como Dios la trajo al mundo, levanta erguido el puño de su mano derecha, en valiente actitud que la enaltece. Detrás se ve a una hermosa joven con una sonrisa de alegría más natural que su tersa piel, y detrás de ambas una tercera mujer ya desenfocada, cuya edad muestra en su cuerpo el promedio de las dos primeras, para completar el cuadro de una belleza estética extraordinaria, superior o al menos comparable con las fotografías de Tunick.
Después de que publiqué la foto un detalle despertó la atención del pintor Freddy Sánchez Caballero, y así lo expresó: “curioso que la abuela esté a la moda con monte de Venus despejado, y las jóvenes no”. Llamativo, ciertamente, pero más llamativa la respuesta que le dio la también pintora Emna Codepi: “La calvicie femenina llega diferente que la masculina”.
Aquí entre nos, sospecho que ese pubis rasurado (o calvo, vaya uno a saber) en una mujer de tan avanzada edad fue el detonante del escándalo para algunos espíritus moralmente pacatos o susceptibles, como el de la señora Vilma Estela Hernández, quien así se expresó: “La falta de pudor y dignidad que cada día se está haciendo más evidente, refleja la triste realidad de la herencia que le está quedando a nuestra descendencia, con el cuento de que esto es arte; esto es una bajeza, esto me da asco”.
En honor a la verdad, si uno se topa con una anciana caminando desnuda por la Séptima, el espectáculo puede ser grotesco o vulgar, pero adquiere un valor artístico inocultable en el contexto de un evento promovido por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) con este propósito: “Al quitarnos la ropa, todos somos iguales. La invitación es para que nos despojemos por un momento de las etiquetas y hagamos parte de esta obra como ejemplo de una sociedad que si bien tiene diferencias, comparte una visión común: la búsqueda de un mejor futuro para el país. Si el pasado nos dividió, que el futuro nos una”.
Sea como fuere, Colombia entera fue testigo de una catarsis colectiva, liberadora desde lo estético, como se vio en la mayoría de asistentes que le sonreían impúdicos al sol, a las cámaras y a los transeúntes sin el menor tapujo. Y fue por ello que el comentario de doña Vilma provocó la airada reacción de damas y caballeros de otras latitudes, como ocurrió con la muy paisa Luz Marina Arango, quien así le respondió: “No muestre sus partes íntimas si le parece tan indignante, pero no ofenda a los que lo hacen. Decir que le producen asco es ofensivo”.
Hubo además el Mauricio Prieto que desde el lado humorístico invitó a que “Vilma, no seas tan Picapiedra”, o la Juanita Granados que la acusó de tener “una mente obtusa, ignorante y reprimida”, o la Julia María Rodríguez que le respondió con la misma moneda de la intolerancia (“es usted la que apesta con su comentario”), hasta el Gustavo Galvis que en gesto compasivo pidió que “¡por favor, no le den más palo a la pobre Vilma!
El lado quizá más positivo del evento fue el debate generado en redes sociales, hasta un nivel en el que muchas personas de espíritu mojigato terminaron entendiendo que el cuerpo humano puede exhibirse con total naturalidad sin que ello pueda considerarse inmoral, pecaminoso o pervertido. Es factible por tanto que doña Vilma haya salido golpeada del maremágnum de rechazo que ella misma provocó, aunque con la lección aprendida.
Pero está además el significado político, pues el artista convocó e hizo desnudar a más de 6.000 colombianos en el mismo lugar donde hoy confluyen la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa Museo del 20 de Julio y la Catedral Primada. Y donde ocurrieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 las salvajes toma y retoma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y el Ejército Nacional, en ese orden.
Cuando uno se quita la ropa, no tiene ya nada que ocultar. Hay entonces un último significado simbólico en el hecho de que Colombia está en la antesala de la paz, y el único modo de consolidar una verdadera reconciliación nacional es teniendo acceso a la verdad desnuda. En este terreno son muchos los que le temen a esa desnudez, por supuesto, porque saben que la paz los aniquila.
DE REMATE: Al cierre de esta columna descubro que Facebook eliminó la foto de mi muro, me impuso una sanción de 24 horas y anunció que si lo vuelvo a hacer, bloquea la cuenta de forma permanente. Ni siquiera puedo hacer uso del Messenger. ¡Recáspita!
Por Gabriel Ortiz.- Bogotá, ciudad sin Dios ni ley, parece que encontró el norte que la pueda sacar del caos en que vive. Se considera que esta ciudad ha tenido alrededor de 800 alcaldes desde 1538, siendo su primer burgomaestre el fundador Gonzalo Jiménez de Quesada. Los ha habido excelentes, buenos, regulares, malos y desastrosos.
La atropellan todos los vicios, con habitantes que la detestan -pero la usufructúan- que la desprestigian, la destruyen, la marchitan y la abominan y repudian.
Ahora quiere vencer todas esas dificultades y ha encontrado la fórmula: un personaje probado y comprobado entre el 95 y el 97. No es otro que Antanas Mockus, ese filósofo matemático que utilizando los medios más elementales, con mimos payasos y trabajadores sociales, nos enseñó a convivir pacíficamente, a respetar los turnos, las cebras, las señales de tránsito, el transporte público, el espacio, los niños, los mayores, el hogar, los vecinos, los incapacitados, las fachadas y monumentos, combatir el vicio y, en general, las normas que garantizan una existencia amable y civilizada.
La famosa “pirinola” de Mockus, nos animó a aportar para lograrlo cuando decía: todos ponen. O el pulgar hacia arriba que nos permitía sonreír y compartir cuando se ofrecía un derecho o un aporte positivo del todo bien.
Este hombre, sucedido desde el 98 por Peñalosa, Garzón, el tristemente recordado Samuel, Clarita y el cuestionado Petro, tiene la clave para restaurarnos el amor, el respeto y el ímpetu que resuciten a la malograda capital.
En buena hora Peñalosa, con generosidad y sin celos, encomendó semejante compromiso a Mockus, porque conoce sus capacidades, empeño y éxito en la recuperación de la convivencia, el orden y el amor por la Capital de Colombia para beneficiar a sus habitantes.
Lloverán las críticas como cayeron cuando se actuó contra el Bronx. Los amigos del desorden, del crimen, de las diferentes modalidades de tráfico de drogas, armas y personas, buscarán truncar el propósito Peñalosa-Mockus, pero se enfrentarán a una decisión imperiosa: recuperar Bogotá para los Bogotanos, para el país y para el mundo.
Hay que regresar al orden, al respeto, a recoger las heces, parques para los niños, ciudad sin Bronx, grafitis racionales, seguridad etc. Así habremos adelantado un camino hacia la convivencia y el respeto a la vida. ¡Buena esa!
BLANCO: La paz bien vale Plebiscito o consulta: ¡es la paz!
NEGRO: El zapatazo que nos propinó Adidas: columbia.
Por José Gregorio Hernández.- Hacemos votos porque al momento de ser publicada esta columna se haya llegado a acuerdos entre el Gobierno y varias organizaciones de campesinos, comunidades indígenas, transportadores y maestros, y por tanto, hayan sido levantados los paros y todo haya vuelto a la normalidad. Una normalidad que, según la experiencia de los últimos años, no será muy duradera.
Estos paros causan daño a la economía y perturban en grado sumo la vida de la comunidad. Llevan a grandes dificultades en materia de suministro de productos, y generan zozobra en las localidades afectadas, repercutiendo necesariamente en pérdidas cuantiosas. Surgen problemas de orden público, pues las marchas se ven infiltradas por agitadores, puede haber excesos en la respuesta de la fuerza pública, y no es extraño que, como acaba de acontecer, haya heridos y muertos en el curso de las manifestaciones.
Obviamente, lo ideal sería que las distintas actividades económicas se adelantaran sin interrupciones y que todo funcionara a cabalidad, en beneficio de la economía y de la convivencia en el seno de la sociedad.
No obstante, lo cierto es que, así se terminen ahora los paros, la inestabilidad que viene afectando al país en sectores como la agricultura, el transporte, la educación o la administración de justicia, hace frágil cualquier acuerdo, y muy previsible que en corto tiempo regresen las protestas, los ceses de actividades y los enfrentamientos.
El Gobierno únicamente se preocupa en cada coyuntura por resolver el problema inmediato, y para el efecto, además del despliegue de la policía, como no puede impedir la protesta -que corresponde a un derecho de rango constitucional, mientras sea pacífica-, convoca a los organizadores a interminables reuniones que se extienden por varios días. Se compromete a muchas cosas con tal de lograr el levantamiento de los paros, y de inmediato, tras firmar, olvida las cláusulas de los pactos.
Los sectores afectados retornan confiados a sus labores, pero el paso del tiempo les demuestra que el Ejecutivo no pone en práctica lo prometido; que incumple sus compromisos, y que todo sigue igual o peor que antes. Entonces, sintiéndose burlados, todos regresan a la formulación de los reclamos, y otra vez al paro, en un interminable círculo vicioso, que ha desacreditado y deslegitimado en muchos campos la palabra de la administración.
Ocurre algo muy grave: ya nadie cree en las promesas del Presidente de la República, ni en los acuerdos que firman los ministros. La falta de seriedad oficial desestabiliza al país.
Por Jairo Gómez.- Es un filme en homenaje a las víctimas. También a cientos de miles de mujeres que padecieron la violencia sexual en las dictaduras militares o en conflictos internos y sociales, como el que queremos superar hoy en Colombia vía negociación política.
Magallanes es un relato de la vida real que ovilla la historia de manera apropiada, y logra un careo inesperado entre la víctima y el victimario que no da lugar a dudas: más allá de cualquier reparación, económica o material, lo importante es la verdad y aceptar la responsabilidad, así, en este caso, la impunidad termine por triunfar. Esta es la lección que nos deja la cinta del peruano Salvador del Solar.
Decía un ciudadano que abandonaba la sala de cine, una vez terminada la película: “esta es la realidad que nos espera en Colombia”. Con toda razón. Pero a diferencia de Celina, la protagonista de la historia, en el proceso de paz colombiano las víctimas están en el centro de las negociaciones en La Habana; y es, a partir de allí, que los colombianos debemos afrontar con madurez lo que se nos viene cuando la Justicia Especial Para la Paz comience a obrar.
De esas historias, como la de Magallanes, está colmado el conflicto interno en Colombia. Esas realidades coaguladas en relatos individuales y colectivos, develarán la magnitud de nuestra guerra cuando los responsables –guerrilleros, militares y civiles financiadores- acepten su culpabilidad ante el Tribunal de Paz. Desde la masacre de las bananeras hasta la violencia bipartidista de los años cincuenta, pasando por el conflicto de hoy, la verdad ha sido invariablemente soslayada y sus responsables nunca respondieron por sus acciones.
Según cifras de centros de investigación y la academia, en Colombia son más de 250 mil los muertos por causa del conflicto en los últimos cinco decenios, y desde el gobierno se reconocen más de siete millones de víctimas, por desplazamiento forzado, secuestro, ataques a poblaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales etc. El hecho de que los anteriores sucesos ocurrieran lejos de los grandes espacios urbanos y no tocaron a nuestras puertas, no exime al resto de la sociedad colombiana de una cuota de responsabilidad por su deliberada indiferencia, ante incuestionable tragedia.
A ese mundo de historias inéditas de la insensata contienda tendrá que enfrentarse el país. No podrá escurrirle el bulto. La sociedad tiene que abrigar a las víctimas, y prestar oídos para escuchar a los victimarios confesando y pidiendo perdón. Es la única manera de garantizar la NO repetición.
Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo. Pero ese resarcimiento, si se pretende material, como en la película Magallanes, es inocuo, si a las víctimas NO les dicen la verdad.
Por Amylkar D. Acosta.-Se tramita en el Congreso de la República el Proyecto de ley que reglamenta el ejercicio del monopolio rentístico de los licores consagrado en la Constitución Política y esta semana ya va para tercer debate en el Senado de la República. El año anterior hubo un intento fallido de hacerlo a través de la Ley del Plan de Desarrollo y las razones para su hundimiento fueron tres: en primer término, la propia Constitución establece que no se puede hacer sino a través de una Ley de régimen propio y este no era el caso. En segundo lugar, no fue concertada y se trató de sorprender a los departamentos aprobándola en volandas en el Congreso. Y tercero, que era lo más grave, prácticamente se acababa de un plumazo con el monopolio, no obstante que este está amparado por la Carta en su artículo 336, a través del expediente del silencio administrativo positivo.
Esta vez, se corrigió el error de procedimiento y efectivamente se presentó como un Proyecto de ley de régimen propio, el mismo que estaba en mora de expedirse hace 25 años. Se dio una gran concertación, a través de múltiples foros abiertos en las regiones y se consultó a los gobernadores y gerentes de fábricas nacionales de licores. Adicionalmente, se establecen normas que preservan el monopolio en toda la cadena, esto es en la producción, la introducción y la distribución.
Desde un principio de la discusión de este Proyecto planteamos de la Federación de Departamentos dos líneas rojas que no se podían traspasar sin lesionar a los departamentos. La primera, que no se menguaran los ingresos por concepto de recaudo del impuesto al consumo, dado que este representa el 16.2% de sus ingresos totales y el 41.2% de sus ingresos propios y la segunda que no resultara nugatorio el ejercicio del monopolio.
La nueva estructura impositiva contempla tres componentes: un impuesto específico de $220 por grado alcoholimetrico para todas las botellas de 750 centímetros cúbicos, ya se trate de licores nacionales o extranjeros, lo cual es congruente con las prescripciones de la OMS, dado que a mayor grado de alcohol que contengan es más nocivo para la salud. Adicionalmente, se aplicará un impuesto advaloren del 25% sobre el precio final de venta al público, lo cual es mucho más equitativo ya que los productos de más alta gama pagarán más. Y, finalmente, se establece un IVA general del 5%, el cual le permitirá a la industria nacional de los licores descontar el IVA cancelado sobre los insumos (botellas, tapas, etiquetas, etc.), lo cual le significará una ventaja competitiva frente a los licores importados que lo deben pagar.
Según las proyecciones que se han hecho, tal como va la ponencia los ingresos por este concepto se incrementarán en un 20%, al pasar de $1.463.777 millones a $1.758.883 millones en 2017. Estos serán mayores recursos para la salud, la educación y el deporte, que son su destinación específica. En cuanto al ejercicio del monopolio de producción los departamentos lo podrán ejercer directamente, tercerizándola o mediante maquila, tal y como se viene haciendo actualmente. En este sentido no habrá nada nuevo bajo el sol. Para ello podrán optar las asambleas departamentales, a iniciativa del Gobernador ya sea por la modalidad de los permisos o de los contratos. Tampoco se pierde esta prerrogativa cuando se trate de la introducción de licores importados, conservando el Departamento la facultad de otorgar permisos o de revocarlos cuando haya lugar a ello.
Se prevén normas tendientes a combatir tanto el contrabando, que oscila alrededor del 25% y le representa anualmente a los fiscos departamentales una suma superior a los US $420 millones, como también la adulteración, que es todavía mayor. Se endurecerán las penas previstas en la Ley 1762 de 2015, de anti-contrabando, al ser considerados los licores como “producto sensible”, se amplía el control de los licores por parte de los departamentos al alcohol potable, el cual además se deberá desnaturalizar cuando sea para otros usos, evitando que terminen en los alambiques artesanales para la adulteración. Así mismo se obliga a las casas matrices de los licores incautados a identificar su origen, se prevé implementar un sistema de señalización que permitan el rastreo y así poder establecer la trazabilidad del producto desde el punto de producción o introducción al de venta. Se cuenta para ello, además, con la Plataforma tecnológica Orfeo y con el Observatorio anti-contrabando de la Federación de Departamentos que le sirve de soporte para el análisis y la estrategia.
En suma, la ponencia que ahora se discute dista mucho del texto que repudiamos cuando se intentó llevarse de calle el monopolio rentístico de los licores, so pretexto de que Colombia estaba incumpliendo los TLC e infringiendo las normas de la OCDE, lo cual quedó demostrado que es absolutamente falso.
San salvador, junio 5 de 2016
www.fnd.org.co
Por Jorge Gómez Pinilla.- Esta historia no pretende ser una denuncia contra nadie. Es solo el relato de una circunstancia familiar muy dolorosa, donde el azar y los prejuicios de la época se juntaron para conducir a una mujer a la tumba sin que todavía hubiera muerto.
Yo venía escuchando la historia desde niño, por pedazos deshilvanados, pero siempre ejerció sobre mí una poderosa fascinación y quería contarla. Hasta que un día tuve tiempo para averiguar y, con base en los testimonios recogidos, elaboré la crónica que hoy comparto con los lectores de esta columna.
Le ocurrió a una pariente lejana por allá en mayo o junio de 1944, en un paraje cercano a San Vicente de Chucurí (Santander). Hubo un paseo de olla al río del mismo nombre, Chucurí, y entre el grupo de paseantes asistió la que habría sido una tía abuela mía, para la fecha cercana a la treintena, Zoraida Pinilla, a quien como dato llamativo, le gustaba vestirse de blanco siempre que iba a misa. Era una mujer bonita, de pelo rizado y pecas graciosas regadas por cara y cuerpo, formada en un estricto ambiente religioso que espantaba a cualquier pretendiente, motivo por el cual permanecía soltera. Los padres de Zoraida vivían en una finca cercana a Zapatoca, pero estaban en calidad de tutoras de su sobrina las tres tías ricas de San Vicente: Limbania, Ana Rosa y Ana Dolores Pinilla.
Las tías Pinilla nunca se casaron porque prefirieron dedicar sus vidas a atender el negocio más próspero del pueblo, que crecía en la misma proporción en que afianzaban su devoción católica de misa y rosario diarios. Sus únicas diversiones conocidas eran el parqués sobre tablero de vidrio y los paseos al río, y se hicieron célebres en el pueblo porque les gustaba economizar en todo, al punto de encontrar en los baños de su casa solariega retazos de papel periódico finamente cortados con tijera, en remplazo del papel higiénico que vendían en su bien surtido almacén.
Al comienzo de la tarde de ese paseo sabatino, Zoraida y la tía Limbania salieron a caminar para bajar el almuerzo, por un camino que bordeaba el río. Era época lluviosa. En cierto momento Zoraida pisó una saliente de barro, resbaló y sus piernas cayeron a la brava corriente, pero alcanzó a sujetarse al pie izquierdo de la tía Limbania, quien a su vez se agarró de unas ramas. Zoraida luchaba para no soltar el pie de la tía y esta trataba instintivamente de zafar las manos que la arrastraban al río, hasta que la sobrina no resistió más el empuje de las aguas y se soltó. Su cuerpo fue hallado hora y media después por tres pescadores que subidos a una canoa la buscaron río abajo, y fue depositado bocarriba en la orilla sin nada que la cubriera, excepto su vestido de baño raído por el raudal y por los golpes sobre el lecho pedregoso.
Cuando la sacaron y la tendieron sobre las piedras lisas que le daban remanso al río, creyéndola ahogada, nadie vio que el vientre o el busto de Zoraida se movieran al ritmo de la más leve respiración, aunque sí fueron estremecidos por el impacto que en la orilla producía el cuerpo semidesnudo de una mujer de piel muy blanca y hermosa, quizá anhelante su boca de la boca de alguien que le practicara respiración artificial y la regresara del túnel inanimado en que se hallaba.
No era una catalepsia porque esta corresponde a un trastorno repentino en el sistema nervioso, sino una suspensión de las funciones vitales por asfixia. Un médico al que consulté me dijo que en ese estado es posible que la víctima pueda sentir u oír lo que ocurre a su alrededor, pero no logra emitir desde el cerebro a los músculos la señal que le permita comunicar que sigue viva.
Cuando le pregunté a mi madre por qué no hubo nadie que le diera respiración boca a boca, me respondió que “eso no se usaba”. Pero existe otra versión, según la cual uno de los pescadores sí hizo un intento de reanimarla con respiración artificial y la tía Limbania no lo permitió. Envuelta en su halo de rigurosa autoridad, bastó un simple movimiento de su mano y un rictus en sus labios para que se entendiera como “deténgase”.
Zoraida no tenía afecciones de salud y sabía nadar, pero se enfrentó a una corriente que su cuerpo grande no pudo resistir. Es de suponer que el agua tragada le generó una obstrucción en la tráquea que paralizó sus pulmones y dejó el corazón trabajando a un ritmo imperceptible al oído (si fue que alguien acercó una oreja a su pecho), pero suficiente para mantener activo el cerebro con una mínima cuota de irrigación sanguínea, imperceptible al pulso.
Su cuerpo exánime fue llevado a la casa cural de San Vicente y lo introdujeron en un ataúd comprado a la única funeraria del pueblo. Luego, la condujeron hasta la sala de la casa de las tías Pinilla. Cuentan que hasta allá se desplazó un médico recién graduado que estaba de turno en el puesto de salud, remplazando al médico jefe, un doctor con veinte años de experiencia pero quien debió abandonar su sitio de trabajo por una urgencia familiar que se le presentó. Cuando éste llegó al puesto de salud, le informaron de la tragedia. Salió entonces a apersonarse del caso, pero en el camino se cruzó con el inexperto galeno, quien venía de regreso y le informó que ya había expedido el certificado de defunción de la mujer ahogada. Así las cosas, el primero desistió de su intención y se devolvieron juntos al puesto de salud.
No es mucho lo que se sabe sobre la velación diferente a las letanías, rosarios y oraciones que acompañaron a Zoraida durante la noche. Pero hay una anécdota narrada por una testigo que, si hubiera sido tomada como señal, la habría salvado del tormento que padeció. En la mañana del día siguiente, una vecina que se acercó a verla manifestó que “está coloradita”. Sin resistir la curiosidad levantó la tapa del ataúd y le tocó el rostro, y esto agregó: “se le siente calientica”. Pero el cura párroco le contestó que era porque “está haciendo mucho calor”.
Zoraida fue enterrada apresuradamente en una cripta del mausoleo, que dentro del cementerio pertenecía a la familia Pinilla y la prisa habría obedecido a que la tía Limbania no resistía ver el ataúd en la sala de su casa.
Siete años después fueron a exhumar los restos la tía Ana Dolores, el sepulturero y el obispo de San Vicente, el mismo que ofició la misa del funeral. Al levantar la tapa descubrieron que el vidrio estaba roto, pero la mejor prueba de que la habían enterrado viva estuvo en que el cuerpo se hallaba bocabajo. Luego, bastó una mínima inspección para constatar que el velo que rodeaba el interior del ataúd y las ropas de la difunta estaban rasgadas, y presentaba abundantes fragmentos de astillas de madera en el cráneo y en el tórax descompuesto, así como en los huesos de las manos y en lo que quedaba de uñas, en clara huella de los desgarradores momentos que debió vivir, prisionera de un cofre blindado y apenas ajustado a su cuerpo, en medio de la oscuridad más espantosa.
Por Jorge Enrique Robledo.-Es difícil encontrar un proyecto de ley sobre las industrias licoreras peor que el que hace trámite en el Congreso. Porque no apunta a mejorar su operación ni a aumentar los ingresos de los departamentos ni a perseguir el enorme contrabando de licores que carcome al país, sino a violar la Constitución para mejorarles el negocio a las trasnacionales productoras de trago, todo tan presionado desde la Casa de Nariño que lograron que gobernadores pasaran de rechazar el proyecto a respaldarlo y que ahora su trámite se mueva de afán.
Explica una publicación pagada por Acodil, la vocera de Diageo y Pernod Ricard, las mayores trasnacionales de licores del mundo: “Con la eliminación del monopolio sobre la introducción y ventas de alcohol (…) las empresas importadoras de licores destilados tendrían un mayor acceso a todo el mercado nacional, lo que les permitirá ofrecer sus productos a menores precios, aumentando sus ganancias y su participación en la torta”. Queda en ridículo quien diga que el objetivo de la ley es servirle al interés de los departamentos y del país.
Y el aumento del consumo en Colombia de licores europeos y norteamericanos, por norma con mayores grados de alcohol que los nacionales, además agravará los problemas de salud pública, porque a más alcohol en el trago, más estragos en el organismo, daños que pagaremos los colombianos y no los gobiernos ni los negociantes extranjeros.
El gobierno justifica el proyecto aduciendo que es una exigencia de los TLC. Pero es falso. Porque los artículos 13.5 y 13.6 del acuerdo con Estados Unidos y del Capítulo I, Título III del pactado con la Unión Europea autorizan el monopolio rentístico que establece el artículo 336 de la Constitución de Colombia. Cuando de milagro en un TLC se les pasa algo favorable a Colombia, se desviven por eliminarlo, en este caso siguiendo las exigencias de la OCDE, el nuevo centro de poder global de gringos y europeos al que Santos le está aceptando este, más otros cambios en las normas colombianas que ni siquiera pasan por el Congreso.
Como Santos y Mauricio Cárdenas no se atreven a proponer que se modifique la Constitución para acabar con el monopolio rentístico, que es lo que desean, lo hacen por la puerta de atrás, mediante esta ley de evidente inconstitucionalidad. Y ello, además, por la confusión normativa que crean para ocultarlo, estimulará la corrupción entre gobernadores y diputados, quienes quedan con la facultad, ilegal, de destruir el monopolio que tienen el deber de defender.
Uno de los aspectos más repudiables es que el proyecto no contempla nada contra el contrabando de licores, que tiene tomado 1,76 billones de pesos del mercado nacional y que aumentará, una vez sea aprobada la ley. A esto hay que sumarle que en 2012 el gobierno nacional retiró de una corte en Nueva York una demanda suya y de las gobernaciones contra Diageo (Johnnie Walker, Buchanan’s, Smirnoff, Tanqueray y Zacapa) y Pernod Ricard (Chivas Reagal, Beefeater y Absolut), interpuesta porque, según los departamentos, estas “conspiraron con contrabandistas para lavar dinero y timar las rentas colombianas” (http://bit.ly/1gz3b6A). Si la ley en debate obliga a marcar en la planta de producción cada botella de licor nacional que se venda en San Andrés, para impedir que se reintroduzca ilegalmente al país, ¿por qué, para combatir el contrabando, no le exige lo mismo al trago extranjero?
Que estas medidas son de gran interés para Santos también se demuestra porque intentó aprobarlas como ministro de Hacienda de Andrés Pastrana y como mico en el Plan de Desarrollo. Y con otros hechos bochornosos: el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, fue hasta hace poco el representante legal de Acodil –¿ya se declaró impedido?–, la vocera de las trasnacionales de los licores. E-Concept, la firma que produjo el texto al servicio de Acodil le pertenece a Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Y lo redactó Mauricio Santa María, quien fuera ministro de Salud de Santos. ¿Un exministro de Salud promoviendo el aumento del consumo de licores más dañinos? Qué combito.
El cuento de que a los departamentos y a Colombia les va a ir mejor porque aumentarán sus ingresos por mayores impuestos no pasa de ser la carnada que oculta el anzuelo de los intereses de los extranjeros y de sus intermediarios. Que no echen cuentos con cifras que no pueden demostrar y que seguramente resultarán al revés de lo que dicen, mientras que las pérdidas para el país las reconocen ellos mismos.
Gobernadores y diputados, en vez rendirse ante el cabildeo de las trasnacionales y las presiones de ese dispensador de mermelada en el que terminó convertido el ministro de Hacienda, deberían unirse con sus ciudadanos, a los que dicen representar, y, con dignidad, decirle no a una ley que nada bueno le dejará al interés departamental y al nacional.
Bogotá, 3 de junio de 2016.
Por José Gregorio Hernández.- Lo que han divulgado los medios de comunicación acerca de cuanto ocurría en el interior del Bronx, en pleno centro de la capital de la República, a pocas cuadras de la sede del Gobierno y de las más altas corporaciones, es sencillamente aterrador: guaridas de delincuentes, lugares espantosos en que se practicaba la tortura, casas dedicadas al secuestro, a homicidios, al desmembramiento y a la desaparición de personas; utilización de perros bravos para tan criminales fines; por supuesto, verdaderas cuevas propicias para el tráfico y el consumo de alucinógenos, y hasta un túnel para la actividad delictiva, el almacenamiento de droga y armas, y el desplazamiento y ocultamiento de los delincuentes. Una zona de prostitución, violencia sexual, impunidad, vicio y corrupción, que el Secretario de Seguridad de Bogotá ha calificado como “un infierno”.
Los tardíos operativos llevados a cabo por parte de las autoridades han dado lugar a la reacción de miles de habitantes de la calle que vivían en el horrendo sector, quienes protestan por el desalojo y han generado problemas de orden público; ataques al comercio formal y a los residentes en sectores cercanos, así como a graves enfrentamientos con la fuerza pública.
Lo que hemos visto es increíble. Representa un problema social y humanitario de características alarmantes, cuya solución no se ve nada fácil y que corresponde a los gobiernos nacional y distrital, en lo que respecta a la reubicación de las personas desalojadas y en lo relativo al tratamiento médico de los miles de adictos; a la Fiscalía General y a los jueces en cuanto a los múltiples delitos cometidos; al Bienestar Familiar en lo que se refiere a los menores; a la Defensoría del Pueblo en lo atinente a la adecuada y permanente protección de los derechos humanos; y, claro está, directamente al Presidente de la República le corresponde adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden público, que se ha visto gravemente quebrantado.
¿Por qué se permitió? ¿Qué hicieron antes las autoridades? ¿Por qué se dejó crecer? ¿Hubo confabulación de autoridades con la delincuencia?
Todo esto que ocurre nos lleva a pensar en las causas. Entre ellas, la que aparece de bulto es el auge del narcotráfico y el micro tráfico. El consumo, gracias a la permisividad y la tolerancia con el crimen se ha incrementado hasta niveles inconcebibles. Todo por una errónea concepción judicial sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la que siempre discrepamos.
Por Simón Santander.- La primera vez que leí una columna de Salud Hernández, confieso, que estaba muy mal informado. Por empezar, no sabía si se trataba de un o una columnista, pues el nombre era mixto y la forma de escribir, francamente no lo sentía femenino, y cuando vi una de sus fotos, quedé más confundido.
Me tocó investigar y supe que era una periodista española, proclive al conservadurismo, fascismo y anticomunismo del Dictador Francisco Franco, quien mediante golpe de Estado, se alzó en el poder en 1936 y gobernó España hasta su muerte en 1975.
Se hizo columnista del Diario El Tiempo, por invitación que le hiciera uno de sus otrora dueños, Francisco Santos, alias Pachito, a quien conoció en su natal España.
Desde un comienzo destiló sus odios contra los políticos contrarios al ideario de su protector Pachito. Sí, el mismo que antes de ser Vicepresidente de la República, le propuso a los jefes paramilitares, crear el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Bogotá.
Esta periodista aparenta criticar a todos por igual, lo cual es una falacia. Detrás de su pluma, siempre se esconde una intencionalidad política, cuando, no de apoyo, sí de justificación a los escuadrones de la muerte del paramilitarismo. No en vano, prologó el libro, “Mi Confesión”, de Carlos Castaño, al que define como un hombre “sincero” y valora cuando el mismo se autoproclamaba: “idiota útil del régimen”.
A los políticos uribistas, simplemente los critica saludablemente, o cuando políticamente no le representan mayor ganancia al expresidente, al haber ya caído en desgracia. Su odio visceral lo desparrama contra los liberales o políticos de izquierda. Usa epítetos que no corresponden a un periodista, sino a un actor político. Hace señalamientos que no son de la esfera de un comunicador social, sino que son propios de un fiscal o juez penal.
Se entromete en asuntos internos de Colombia, y pese a estar nacionalizada como colombiana, eso no la autoriza para descalificar Gobiernos e irrespetar a altos Servidores Públicos del orden Nacional. La Constitución Política sólo le permite participar y sufragar en elecciones de carácter local, pues en éstas, no se define el destino político de la Nación, el cual ella, claramente, pretende influenciar.
Eso lo corrobora su reciente mandado a los amantes de la guerra, internándose en territorios de pública presencia guerrillera, con el fin de descarrilar los diálogos de paz. Si bien es cierto, las fuerzas del orden deben garantizarnos a todos los habitantes del territorio nacional, nuestra seguridad, ésta empieza por cuidarse uno mismo.
No es de recibo, ni propio de la sensatez o sentido común, que una periodista extranjera, por más señas, enemiga de la paz en nuestro país, se interne sin aviso, en territorios de influencia guerrillera. De ahí mi tesis, que antes que un afán de protagonismo, lo que se escondía, era una maniobra torticera para boicotear los diálogos con las FARC y sepultar cualquier intento de negociación con el ELN.
Al ser retenida o secuestrada, solo por unos días, se le vino abajo su plan mediático de pretender crear en la conciencia colectiva, un rechazo total a los eventuales acuerdos con la insurgencia. Al ser liberada, agradece a la Iglesia católica, a la Defensoría, y a otros actores, menos al Gobierno, contra quien se fue lance en ristre, pese a que éste, desde el primer momento, desplegó toda una ofensiva militar y persuasiva para su liberación.
El Gobierno, una vez liberada, debió fue retirarle la nacionalidad y deportarla a su país de origen, por estar poniendo en riesgo el orden público y el derecho sagrado de la paz.
Bienvenidos los extranjeros que hacen aportes culturales, científicos, deportivos, sociales y económicos en Colombia, pero de nuestros asuntos políticos de carácter nacional, sólo a los colombianos nos incumbe; así que doña Salud Hernández, llévese sus ímpetus guerreristas a su patria querida. La época de la colonia y de la inquisición ya pasó, y cara de virreina, francamente no la tiene.
