Opinión
Por Jorge Robledo.- Dos acuerdos de importancia mayúscula acaban de suscribirse en La Habana. Primero: el cese bilateral y definitivo del fuego, que significa que cesará para siempre la confrontación armada entre las Farc y la fuerza pública, decisión que incluye el respeto a la población civil. Segundo: por fin se supo qué quiere decir la “dejación de las armas”, frase que tantas desconfianzas y críticas causó. Y que se traduce en que el desarme de las Farc deberá darse en tres etapas: los combatientes con sus armas se concentrarán en 23 pequeñas veredas de Colombia –de un total de 33 mil– y el armamento se almacenará para no usarlo más y como un paso previo a transferírselo a los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU –las principales potencias militares del mundo–, que lo tomarán y destruirán.
De lo anterior se concluye que las Farc están modificando su decisión política de hace medio siglo de desconocer la legitimidad del Estado y de alzarse en armas en su contra, por otra decisión política opuesta que reconoce el monopolio del Estado sobre la fuerza, que no serán una organización política con brazo armado y que no practicarán la llamada “combinación de todas las formas de lucha”, todo lo cual los lleva a desarmarse y a reintegrarse a la vida civil. Afortunadamente, los hechos están confirmando que las personas y las organizaciones pueden cambiar sus puntos de vista y que la guerra, en este caso la lucha armada, no es el producto automático de la pobreza y de los pésimos gobiernos sino una decisión política, al decir de Clausewitz, que de la misma manera que se declara por unas razones, por otras diferentes puede renunciarse a ella.
Quien quiera podrá controvertir numerosos aspectos de una negociación por definición compleja. Incluso, el genuino respaldo del Polo Democrático Alternativo al proceso no significa que suscribamos cada palabra de lo acordado, pues al fin y al cabo no somos ni el gobierno ni las Farc. Pero si se pone en un lado de la balanza todo lo discutible del proceso y, en el otro, el desarme de las Farc, y ojalá el del ELN, sin duda pesará más lo positivo de ponerle fin a una lucha armada que “no cambió nada e hizo todo peor”, como bien lo explicó el sacerdote jesuita Francisco de Roux.
La pregunta que queda es la de qué tanto se superarán los demás problemas nacionales en razón de los acuerdos. Y mi respuesta es –advirtiendo que no lo digo como una crítica al proceso de paz, porque el solo desarme es de una importancia capital– que las cosas seguirán muy parecidas, empezando porque Santos seguirá en la Presidencia y él es causa clave de lo mal que funciona el país.
Ya un estudio de la Universidad de los Andes concluyó que son alegres las cuentas del gobierno sobre que en el posconflicto la economía crecerá a tasas muy superiores a las de años anteriores (http://bit.ly/29lNqqu). Se sabe además que seguirán la pobreza, el desempleo, las fallas en salud y educación, la concentración de la riqueza, la crisis agraria e industrial, la corrupción de todos los tipos, entre otras lacras, porque Colombia seguirá gobernada por los mismos y regida por las fórmulas del Consenso de Washington, el FMI y la OCDE, que no solo la condenan al atraso, sino que le arrebatan hasta la potencialidad de crear riqueza. Mas estas verdades, repito, no le quitan importancia a este desarme ni son críticas al proceso de paz, que no se diseñó para cambiar por otro el modelo económico, social y político vigente. Son apenas un recorderis que apunta a impedir que los juanmanueles se aprovechen de la euforia del fin de este conflicto para empeorar aún más un orden de cosas inicuo, como es su propósito.
Por último, este proceso de paz, a diferencia del que concluyó con la violencia liberal-conservadora y la confrontación con el M-19, se ha desarrollado con la dificultad de darse sin un acuerdo nacional y en medio de una gran intemperancia. Y esa parece ser una realidad que no se modificará en el corto plazo, por lo menos hasta que se finiquite su implementación legal, luego de aprobarse, como espero que ocurra, el plebiscito de refrendación. Hago votos porque en algún momento se instale en la conciencia de todos los colombianos lo que he llamado el desarme de los espíritus, actitud que ha sido clave para superar definitivamente los conflictos armados –para la no repetición– y que no significa que cesen los desacuerdos y las controversias pero sí que estos se den con actitudes diferentes a las que reinan entre tantos en los períodos en los que son fuertes las confrontaciones armadas.
Bogotá, 1 de julio de 2016. @JERobledo
Por Gabriel Ortiz.- Un año más de inhabilidad le ha costado a Petro su alcaldada, su arrogancia, soberbia, desplante y desprecio por los bogotanos, su concejo, sus leyes y normas.
Entre las miles de afrentas contra las disposiciones, regulaciones y medidas, se cuenta lo ocurrido con el Plan de Ordenamiento Territorial. El Concejo lo analizó y estudió a fondo. Lo negó en franca votación, por violar claras normas.
Petro hizo gala de su insolencia y procedió a desconocer la decisión del cabildo. Lo adoptó por decreto, seguramente persiguiendo poderosos, mas no provechosos motivos para el desarrollo de la ciudad. ¿Pretendía acaso favorecer algunas construcciones que violan las leyes ambientales por allá en “La Conejera”?
La disposición de la Procuraduría, desde un principio, era aplicarle una sanción por tal alcaldada, pero como sucede en nuestro medio se acudió a la dilación y durmió varios sueños, hasta ahora que otro experto en dilaciones –léase Ordóñez- revivió el asunto y lo sancionó con un año más de inhabilidad para ser elegido.
Desde luego que muchos han protestado por ese castigo y lo han convertido –como ahora se acostumbra- en delito político. Aparece aquí Vivanco con Human Rights Watch, a querer defender lo que no tiene defensa y habla de derechos políticos.
Desde cuando se convierte en “persecución política”, castigar a quienes atropellan los derechos de los ciudadanos y convierten en ley medidas violatorias de los legítimos privilegios de la gente. Solo nos faltaba que Vivanco se convirtiera en nuestro legislador.
Y todo ocurre por la proliferación de los “abogarajes” que nos entregan ciertas universidades, a quienes aprovechan los aventajados juristas, expertos en dilatar los juicios. De estas prácticas se aprovechó Petro, como ahora lo viene haciendo su inquisidor Ordóñez. Todos van tras la triquiñuela para escapar a la justicia. Hoy cayó Petro… esperemos que pronto suceda lo mismo con Ordóñez. ¿Será capaz el Consejo de Estado, o “consejo contaminado” como algunos lo llaman, de frenar la dilación y castigue la violación de la voluntad popular que impedía la reelección del Procurador? Estos magistrados podrían aprovechar la oportunidad para recuperar la confianza de un pueblo en su justicia. Y que Vivanco no se entrometa, ni Ordóñez dilate más.
BLANCO: El apoyo de Estados Unidos, Canadá y Méjico al proceso de Paz. Menos guerra.
NEGRO: El descomunal aumento del salario de los parlamentarios, mientras se ahorca el de los pensionados.
Por Jorge Gómez Pinilla.- Si algo le debe estar doliendo en lo más profundo de su ser a Álvaro Uribe es que haya sido Juan Manuel Santos quien ‘acabó’ con las FARC y no él, sobre todo porque el modo que tenía en mente para acabarlas era muy diferente al que logró imponer el actual mandatario.
Desde la tarde de septiembre de 2012 en que Santos anunció el inicio de conversaciones con las FARC, Uribe y sus corifeos del Centro Democrático no han dejado de vociferar a los cuatro vientos que el exministro de Defensa de la Seguridad Democrática traicionó la causa para la cual fue elegido. Eso es cierto hasta la mitad: los votos que en 2010 lo hicieron presidente sí le pertenecían en inmensa mayoría a Uribe, pero esa desventaja en su gobernabilidad se revirtió cuando cuatro años después fue reelegido con votos propios, enfrentado a los votos del candidato de Uribe que lo iba derrotando en la primera vuelta, Óscar Iván Zuluaga.
Una acusación de traidor es palabra con sabor a INRI. Tal vez previendo que habrían de utilizarla, el mismo presidente Santos le dijo a Patricia Lara en entrevista del 31 de diciembre de 2010 que al terminar su gobierno lo llamarían “traidor de su clase”, como a Franklin Delano Roosevelt. Traidor no bajo la lente acusadora de Uribe, sino en la circunstancia del aristócrata y millonario que adelanta reformas sociales o económicas cercanas más a un ideario ideológico de izquierda que de derecha (Ver entrevista).
Este no es el caso de Juan Manuel Santos, por supuesto, quien ha aplicado un modelo económico neoliberal donde la venta de Isagén brilla con luz propia (venta que ya había intentado Zuluaga como ministro de Hacienda de Uribe), sin desconocer iniciativas de corte liberal y progresista como las leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras impulsadas por Juan Fernando Cristo, la última de las cuales tiene unidos contra el gobierno al procurador Alejandro Ordóñez y al todavía presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en férrea alianza con los despojadores de tierras.
Según Martha Ruiz, Consejera editorial de Semana, el presidente Santos “es un liberal pragmático, ortodoxo, racional y, sobre todo, institucionalista. Pero de ahí a ser un reformista en toda la extensión de la palabra, hay mucho trecho” (Ver columna). Eso es cierto, sin desconocer que la demoledora oposición del uribismo lanzó a Santos en brazos de la izquierda, quien supo agradecer el apoyo con sendos ministerios para el Polo y Alianza Verde, y ello impide apreciar que las descargas cerradas de Uribe contra el gobierno son ‘fuego amigo’, pues en lo económico son tan neoliberales este como su hábil sucesor.
Ahora bien, lo que no se puede soslayar es que Juan Manuel Santos sí fue, es y seguirá siendo un traidor de su clase por el solo hecho de haber llevado a buen puerto el proceso de paz. Una inmensa mayoría del empresariado nacional era partidaria de las tesis uribistas, por una sencilla razón: porque a cualquier poderoso industrial o banquero colombiano, sea el que fuere, le produce salpullido la sola idea de tener que saludar de mano un día de estos a Rodrigo Londoño Echeverri (antes conocido como Timochenko) en su calidad de senador del Frente Amplio para la Reconstrucción de Colombia - Esperanza de Paz (FARC-EP), nombre que al parecer pretenden usar como partido político.
Pero no es eso a lo que más le temen, sino al tribunal de justicia que se acordó en La Habana, definido como Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), el cual tendrá como objetivo “investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”. Un tribunal de similares características funcionó en Sudáfrica por iniciativa de Nelson Mandela durante las negociaciones de paz, y condujo a la más importante catarsis para esa nación, la del esclarecimiento de la verdad a todo nivel.
Es pertinente al respecto citar la sentencia que en mayo de 2015 emitió el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín con motivo de la condena al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde advirtió que “ese capítulo de los financiadores de los crímenes de los paramilitares aún está abierto; mientras los desmovilizados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz empiezan a recuperar su libertad tras pagar su pena alternativa de ocho años, quienes les entregaron millonarios recursos para garantizar su sostenimiento ni siquiera han sido investigados”. Y compulsa copias para que se investigue a reconocidos ganaderos de Córdoba, y pide que se procese a los fiscales que han dejado dormir en sus despachos esos procesos penales. (Ver sentencia).
En tal contexto, se entiende con claridad el alcance de esta frase del senador Uribe en su declaración tras la firma del acuerdo en La Habana: “cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió, como condición para no ser condenado a la cárcel”. (Ver declaración).
Ahí se hace palmaria la verdadera traición de Santos, de la que se resienten tanto Uribe como todo poderoso ganadero o empresario consciente de que habrá verdades que acabarán por destaparse. La Jurisdicción de Paz será un escenario de sinceramiento, catártico, donde no se descarta por ejemplo el general de la República que decida confesar de quién recibió las órdenes para colaborar con los grupos paramilitares o para poner en marcha la maquinaria genocida de los ‘falsos positivos’, o cualquier otra violación sistemática de los Derechos Humanos como las que por millares hubo durante el oprobioso régimen de la Seguridad Democrática.
La ‘ira y santo dolor’ de Uribe este 23 de junio fue evidente y es comprensible, pues le significó ser testigo inerme del primer triunfo político de las FARC ante el mundo y el país entero, al abrirse las compuertas para que los dirigentes de ese grupo sean escuchados sin el calificativo de terroristas, en igualdad de condiciones con la sociedad civil y con las fuerzas vivas de la nación.
¿Entienden ahora por qué Álvaro Uribe y gran parte del empresariado nacional ven en Juan Manuel Santos a un traidor de su clase? ¿Y se imaginan la cara destemplada que pondrán cuando la Academia Sueca le conceda el Premio Nobel de Paz, que merecido lo tiene?
DE REMATE: Dice el procurador Alejandro Ordóñez que “existen personas vinculadas a las FARC que han recibido entrenamiento militar y están en capacidad de planear y ejecutar actos violentos”, como “terrorismo y masacre de soldados e infantes de marina”. Justo el día anterior, se había caído un helicóptero con 17 soldados. ¿Qué coincidencia tan llamativa, no? ¿Será que de aquí en adelante se van a presentar nuevos “actos violentos”, atribuibles a lo que dice Ordóñez?
CODA: Es obvio que detrás del vídeo de la joven Lina Quintero contra el proceso de paz que se volvió viral no solo hay un libreto armado y una maquiavélica edición de alto nivel, sino una organización política de extrema derecha. "Por el desayuno se va sabiendo cómo será el almuerzo". Esto es solo el comienzo de la PROPAGANDA NEGRA que se vendrá contra el proceso de paz y contra el gobierno de Santos.
Por Jairo Gómez.- Definitivamente al Ex presidente Uribe le cuesta vivir en democracia. En un país serio sería una figura política marginal.
Ahora propone “llenar de paramilitares Venezuela” para sacar al presidente Maduro del poder. Es decir, ni la Asamblea de Diputados elegida recientemente ni las instituciones de ese país son capaces de resolver, según el Senador Uribe, sus propios problemas con autonomía, soberanía y en democracia.
Aquí en Colombia se opone al plebiscito para que sean los colombianos quienes digamos en las urnas si acogemos o no el acuerdo final que firmarán el gobierno y las FARC para acabar con más de 50 años de guerra.
Acude al miedo como bandera para atiborrar de infundios el proceso de paz. Hacer oposición con mentiras es tan subversivo como la guerrilla misma.
Se queja, junto a su bancada del Centro Democrático, que las mayorías en el Congreso “impongan” los acuerdos pactados en La Habana incluyéndolos en el acto legislativo para la paz sin poder discutir su contenido. Se olvida el ex presidente que durante los ocho años de su administración esas mayorías parlamentarias le fueron leales, y modificaron la Constitución para aprobar un “articulito” que permitió su reelección. Algunos observadores dicen que los ocho años del gobierno de Uribe fueron seguros, pero no democráticos.
En fin, es que vivir en democracia tiene sus costos, a veces se gana a veces se pierde. Y en este tablado tendrán que entrar a jugar su rol político las FARC. Su tarea, creo yo, es comenzar a construir una propuesta en el escenario de la paz. Ahora, sin armas.
Más allá de los puntos por resolver, que obedecen en su mayoría a los tecnicismos de la guerra como la ubicación, dejación de armas, seguridad etc., todos importantes, es pertinente observar qué le espera a los ex guerrilleros de las FARC cuando asuman el catálogo de partido político en la legalidad.
Vivir en democracia, es decir, pasar de los códigos de la guerra a la conquista de sus potenciales electores a través del discurso y la propuesta, es lo que harán. Pero no será un camino de rosas. Muchos fueron los pobladores y campesinos que sufrieron el rigor de sus atropellos, por tanto no dudarán en exponer sus reclamos y frustraciones; y pondrán de presente las amenazas con que la guerrilla los obligó a acompañarlos en una lucha, que en copiosos casos, no era la de ellos.
Cuando cedan la palabra, se encontrarán con una población resistente a cualquier representación política. “lo importante es que no habrá más bala, pero lo que propongan en política me da lo mismo”, decía un poblador de los Llanos del Yarí, en el Departamento del Caquetá, al referirse a las guerrillas ya desmovilizadas y lanzadas a la arena política.
Vivir en democracia no ha sido fácil en Colombia si la situamos en los acuerdos excluyentes entre élites políticas y económicas cohesionadas, aferradas al poder, y que han sido causa y efecto de la violencia política que hoy queremos resolver vía negociación.
En el inmediato futuro, producto de la paz, se afianzarán dos posiciones políticas antagónicas, Centro Democrático - Farc, y las dos tendrán que coincidir en la plaza pública, cada una, desde su perspectiva, defendiendo su proyecto político. Eso se llama vivir en democracia.
Por José Gregorio Hernández.- La necesidad de orden proferida por autoridad judicial competente para ciertas finalidades -como la privación de la libertad personal, el ingreso de la autoridad a domicilio privado y el registro de lo que hay en su interior, la interceptación de comunicaciones- no solamente es garantía de los derechos esenciales y de las libertades públicas, según norma plasmada en la Constitución (Preámbulo y arts. 1, 2, 5, 15 y 28) y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, sino que constituye un valioso elemento de la democracia y del Estado de Derecho.
La orden judicial asegura que -sobre la base según la cual la libertad y la intimidad son las reglas generales en el sistema jurídico, al paso que sus restricciones son excepcionales y de interpretación estricta, únicamente motivos plausibles y expresos, que además encajen indudablemente en las previsiones de la ley, deben dar lugar a las medidas extraordinarias, al tiempo que la autoridad judicial competente se hace responsable por el mandato impartido.
La Corte Constitucional ha sostenido al respecto que, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, el legislador “debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que, fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica (como la privación de la libertad), contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo” (Sentencia C-397 de 1997. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz).
También para la Corte, “es claro que la que la privación o restricción de la libertad que materialmente se ejecuta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, no queda a la discreción de ésta, sino que exige la intervención de las otras dos ramas del poder, pues el legislador define los motivos y el juez emite la orden escrita con sujeción a estos, para que quien la practique lo haga luego con sujeción a las formalidades previamente definidas por el legislador” (Sentencia C-1042 de 2002. M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).
Lo propio ocurre con derechos inalienables como la inviolabilidad de domicilio y con el derecho a que las comunicaciones privadas no sean intervenidas.
No es posible, a la luz de la Constitución, dejar en manos de la autoridad administrativa o policial la definición acerca de la privación de la libertad, el ingreso y registro al domicilio o la interceptación de comunicaciones. La orden debe provenir de autoridad judicial, y no de cualquiera, sino de la competente.
Un punto aparte: no cabe sanción de multa sin un debido proceso.
Por Fabio Callejas Ramírez.- Hace pocos días Colombia ha asistido a uno de los acontecimientos más importantes para la historia de nuestro país.
Con el respaldo mundial y la bendición del Papa Francisco, el Gobierno en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y los máximos líderes de las Farc, se acordó la terminación del conflicto aunque falta la firma final.
No nos podemos olvidar del desangre a que han sido sometido millones de compatriotas en una guerra irregular de más de 54 años
Sólo basta recordar algunos episodios: las denominadas pescas milagrosas, la bomba del Nogal, la toma de las Delicias, la toma de Bojayá y los innumerables secuestros por parte de esa organización insurgente.
Después de los proceso fallidos de los gobiernos de Belisario Betancur (La Paloma de la Paz), Cesar Gaviria Trujillo con los diálogos de Tlaxcala y la Zona de distensión del Caguán con Andrés Pastrana, quien a través de Víctor G Ricardo le envió un reloj al legendario Manuel Marulanda, alias Tirofijo, da la impresión que ahora si la Farc y Gobierno, con el respaldo de los colombianos, se encaminan a un verdadero proceso de paz.
Estamos a punto que se cumpla lo anunciado, falta ver si se cumple lo prometido y las Farc abandonan su jugoso negocio del narcotrafico y si el el Gobierno adelanta un verdadero proceso de resocialización, con más de 15 mil desmovilizados.
Lo que el país no entiende es que Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hoy se obstinan en oponerse a un Acuerdo de Paz
Después de estos episodios ¿qué pasara con las víctimas?
La reparación no sólo está a cargo del Gobierno. La reparación debe estar también a cargo de las Farc, cuyos recursos a costa de la extorsión, los secuestros, la minería ilegal y el narcotráfico están en bancos del exterior, como ya lo han registrado los medios de comunicación.
¿Por qué en la pomposa ceremonia de La Habana no se le dio importancia a las Víctimas, si ellas también cuentan?
Por Juan Manuel Galán*.- El reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC sobre el fin del conflicto, es el punto de partida para la verdadera construcción de paz. Luego de 9 intentos por parar la guerra, el país jamás había llegado tan lejos.
El pasado 23 de junio, el Gobierno Nacional y las FARC anunciaron, en tres puntos, el acuerdo sobre el fin del conflicto.
El primero de ellos, sobre el “cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitiva y dejación de las armas”, contempla un mecanismo de monitoreo y verificación que implementará la ONU, 6 meses después de que las FARC hayan dejado las armas.
Pese a que el acuerdo establece 23 zonas y 8 campamentos para la concentración de los desmovilizados y que contarán con un sistema de monitoreo permanente, me preocupa ubicación de los lugares, el alcance de su transitoriedad y su autonomía.
“Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales” es el segundo punto del acuerdo en el que se propone la creación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación y una Comisión Nacional de Garantía de Seguridad para el diseño de políticas públicas y el desmantelamiento de todas las organizaciones criminales.
El tercero y último es el “acuerdo sobre refrendación” en el que las FARC se comprometen a acoger la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre el plebiscito en los términos y requisitos que ella misma señale. Y con él queda en el ambiente la sensación de que las FARC quieren -por fin- hacer parte de un Estado y acogerse a sus normas. Y la verdad, de eso se trata todo esto, de ponerle término a una guerra tan sangrienta y tan costosa.
Los colombianos tenemos ahora un compromiso mayor: apoyar a través del plebiscito el esfuerzo que ha representado para el país y las instituciones un proceso que ya cumple 4 años. Respaldar con el SÍ la paz que tanto hemos buscado y tanto nos merecemos.
El gobierno, por su parte, deberá emplear todas las herramientas y recursos necesarios para que el 100% de los ciudadanos conozcamos el alcance de los acuerdos y con ello se puedan esclarecer aquellas versiones que pretenden confundir.
El último día de la guerra, y el primero en camino de la paz no conoce partidos, nombres, estratos, religión o credo alguno.
El último día de la guerra, como el primero de la paz nos pertenece a todos, pero sobre todo a las nuevas generaciones.
Por Mauricio Cabrera.- En medio de la alegría y la emoción que ha producido en la gran mayoría de los colombianos – no en todos por desgracia- la firma del acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, es lógico que todas las miradas se concentren hacia el futuro pues son muchos los interrogantes sobre cómo se va a construir la paz, amplias las expectativas por los beneficios que traerá y considerables los temores por los obstáculos que se enfrentarán.
Sin embargo en medio de la satisfacción por el Acuerdo y el debate sobre su futuro, es bueno mirar un poco al pasado, recordar el camino para construirlo y, sobre todo, tener presente al grupo de personas que con su esfuerzo y dedicación a lo largo de casi cuatro años de trabajo intenso tejieron como filigrana la multitud de detalles implícitos en unas cuantas páginas de texto.
Colombia tiene una inmensa deuda de gratitud con los negociadores y todos sus equipos de apoyo que han hecho posible avanzar tanto en el camino hacia la paz. Con un adversario muy difícil y a partir de posiciones diametralmente opuestas lograron construir un consenso, llegar a un terreno común donde la guerrilla tenga la confianza para entregar las armas, y el Estado la certidumbre de que no se ha sacrificado ninguno de los elementos esenciales de nuestro sistema democrático.
No se trata acá de felicitar por el resultado a Humberto de la Calle y los demás negociadores que a lo largo de estos 4 años lo han acompañado; tampoco de analizar los méritos o defectos del Acuerdo, sino de resaltar el trabajo realizado y reconocer el enorme sacrificio personal y familiar que tuvieron que asumir para lograr el objetivo.
En el imaginario popular La Habana es un sitio de vacaciones y turismo, de playa brisa y mar, pero ni los salones del Palacio de Convenciones son un Spa recreacional, ni las casas del barrio el Laguito son un resort cinco estrellas con todo incluido.
Por el contrario ir y venir a la Habana durante 43 meses, encerrarse miles de horas en tensas e intensas conversaciones, convivir y compartir semanas enteras bajo un mismo techo con conocidos que no son familiares ni amigos íntimos, y sobre todo el costo emocional de dejar por muchos días familia e hijos, -o nietos los más veteranos-, son cosas que, como dice una propaganda, el dinero no puede pagar.
Mención especial merecen los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía que han participado activamente en el proceso haciendo aportes decisivos en temas como el cese al fuego, la desmovilización y la entrega de armas. Han sido acusados por unos pocos fanáticos de traidores y de mancillar el honor militar , pero como alguna vez dijo el general Naranjo, no es humillante para los militares negociar con la guerrilla sino indispensable para garantizar la preservación de las instituciones.
Con el mismo empeño y decisión que combatieron durante toda su vida la guerrilla y la delincuencia, aceptaron la compleja misión de sentarse en la misma mesa con sus enemigos, mirarlos de frente, escuchar sus argumentos, a veces rebatirlos y a veces aceptarlos, construir consensos, llegar a acuerdos y al final estrechar las manos que antes empuñaban los fusiles en el combate.
Aunque suene desgastada la frase de Churchill, en este caso tiene total vigencia: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Por el empeño, profesionalismo y dedicación de estos negociadores hoy tenemos la posibilidad de dejar a nuestros hijos y nietos un país mejor. Muchas gracias.
Por Amylkar D Acosta.- Al rubricar el documento contentivo del Acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y su apretón de manos como gesto del compromiso de cumplirlo por las dos partes contendientes, el Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante en Jefe de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenco, han dado el más alto salto para bien de Colombia y de los colombianos, al ponerle fin a una confrontación armada que data más de 5 décadas. Los colombianos podemos ahora decir, parodiando al Quijote, que ni el bien ni el mal son duraderos y siendo que esta guerra cruel y cruenta había durado tanto la paz está cerca de alcanzarse, dejando atrás para siempre la guerra con todos sus horrores.
Después de cinco intentos frustráneos, gracias al empeño y al empecinamiento del Presidente Santos, después de tres largos años de esfuerzos, de altibajos en la negociación, con amagos de ruptura, de escepticismo paralizante, se logró dar este paso histórico, marcando un hito sin precedentes y de la mayor importancia, de un antes y un después de este 23 de junio. No ha habido en los últimos dos siglos una noticia más importante para los colombianos que la suscripción de este Acuerdo, tras el cual expresó sin ambages alias Timochenco “que este sea el último día de la guerra”.
Lo había dicho premonitoriamente nuestro laureado García Márquez, apóstol de la paz, “nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria” a la guerra y a la destrucción. Y la aspiración de todos los colombianos ha sido la misma de él, hacer de la paz “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir…donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.
La política es el arte de lo posible y a través de este Acuerdo se le está dando una salida política a un conflicto armado y para arribar al mismo fue indispensable ceder de parte y parte, dado que no se trata ni de un armisticio ni de un sometimiento o capitulación, que sólo se dan cuando una de las dos partes es derrotada y este no es el caso. Las bases sobre las cuales descansa este Acuerdo son la verdad, la justicia y la reparación, esas fueron las líneas rojas que desde que sentaron a la mesa de las negociaciones trazaron los negociadores del Gobierno, encabezados por el hábil y avezado negociador Humberto De la Calle. Son muy dicientes las palabras de Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia y nada menos que ex ministro de Irlanda, cuando afirmó de manera categórica que “el Acuerdo que se está negociando en La Habana con las FARC es mejor que el realizado hace 18 años en Irlanda”[1]. De allí el gran apoyo que se ha granjeado de parte de la comunidad internacional, encabezada por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki –Moon, a este proceso, no se puede entender de otra manera.
Ahora bien, con la firma de este Acuerdo se despejó el camino y ahora estamos en la ruta crítica para el cierre del ciclo de las negociaciones y se abre otro ciclo que es el de la implementación del mismo. Esta ímproba tarea no es menos compleja y difícil que aquella. El fiel cumplimiento de lo acordado es la premisa para que no nos veamos abocados al fracaso del mismo, como ha ocurrido en tantos otros países. De 646 acuerdos de paz firmados en 85 países entre 1990 y 2007 más de la mitad de ellos han terminado en el más rotundo fracaso antes del primer lustro de haberse firmado.
La firma del Acuerdo que le pone fin al conflicto armado entre el Estado y las FARC no es el punto de llegada, más bien debe de servir de punto de partida para las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que deberán darse en la construcción de la paz, que no vendrá por añadidura. Y para allanar el camino de este largo camino que habremos de recorrer hasta alcanzar la paz y la reconciliación es absolutamente indispensable añadir al cese al desarme de las FARC el desarme de los espíritus. El llamado a tirios y troyanos es a la mesura, a la cordura, a la sensatez, a la serenidad y a deponer la animosidad, el odio, la sed de venganza, que son tan malas consejeras. La paz es el bien supremo de la Nación y hoy que la tenemos al alcance de la mano no la debemos dejar escapar por simples mezquindades.
Cusco, junio 25 de 2016
www.afnd.org.co
Por Gabriel Ortiz.- 48 Millones de colombianos empiezan a despertar de una pesadilla llamada odio, violencia, destrucción. La nueva realidad ofrece el país soñado, país ideal, posible, el país de las oportunidades, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, de la vida, de la concordia, de la igualdad en donde todos quepan y se sientan bien.
Ayer se dieron pasos fundamentales para lograr ese país soñado que todos –óigase bien todos- los medios de comunicación del orbe destacaron, tras conocerse la noticia que iniciaba la rúbrica y el sello del “Fin del Conflicto, el Cese Bilateral y la Entrega de Armas” en Colombia, la nueva gran nación en donde valdrá la pena vivir, a la que se podrá regresar.
El nudo gordiano se desató y salimos de la encrucijada que daba argumentos a los enemigos de una patria nueva y con amplio panorama. Era el punto álgido, el escollo que se creía insondable y en los que se fincaban los atizadores del conflicto que por más de cincuenta años nos ha agobiado, sembrando miedo con frases alarmistas y sin contenido.
Se ha descorrido el telón y empieza a aparecer otra realidad, con actores mentalmente capacitados para ofrecer la mejor escena a los actuales y a los nuevos habitantes condenados a una guerra sin final. A unas generaciones que empezarán a aprender a convivir.
Ha traído al Secretario General de la ONU, a delegados de Estados Unidos, a seis presidentes y a personalidades de gran valía, a respaldar lo que han considerado reconocidos expertos internacionales, como el más perfecto proceso de paz logrado hasta ahora.
Restan algunas pinceladas, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la forma como se escogerán los magistrados encargados de aplicar la justicia, porque todos los combatientes tendrán que comparecer ante la justicia, todos de alguna manera tendrán su castigo.
Se calcula que el 20 de julio se firmará la finalización de los diálogos y la paz definitiva.
En ese momento habrá nacido el País Soñado.
Habrá, desde luego, reforma tributaria para financiar el proceso de paz. Tendremos que sufragar sus costos. Es de esperar que también haya justicia en esta materia y no una cascada impositiva para alimentar la corrupción.
De esto también se nutre el País Soñado.
BLANCO: La gran selección que tenemos. Una pifia al inicio, un árbitro y una tempestad nos derrotaron.
NEGRO: ¿Y el Procurador qué?
