Opinión
Por Jairo Gómez.- La clase política, empresarios, el sector financiero, los gremios de toda índole, y las élites nacionales y regionales están más divididas que nunca. Intentaron por la vía de la guerra acabar con la guerrilla y no se pudo y, tras el fracaso, se buscó la solución negociada que hoy está a la vuelta de la esquina; sin embargo, los retos que les plantea el posconflicto los aterrizó en una realidad insospechada. Hoy los tiene patinando sobre el qué hacer con el país en un seguro posconflicto.
El presidente Santos, el colombiano más comprometido con la firma de la paz, como debe ser, se encontró con un rechazo inesperado, el de su misma casta que no duda en calificarlo como “traidor de su clase”, no obstante insistir, invariablemente, en que en Cuba no “se está poniendo en riesgo el modelo económico”; y, en términos políticos, sus aliados están más divididos que nunca. Más allá de las agallas burocráticas, algunos partidos miembros de la Unidad Nacional no logran empatar con el proceso de La Habana.
Y ese empate no se da porque es evidente que desde Cuba saldrán unos acuerdos que buscan depurar la política, sacar a Colombia de un sistema formalmente democrático y sustancialmente corrupto. Esto no le gusta a los políticos tradicionales, no quieren ceder. Pretenden perpetuar una maqueta de sociedad desgastada e insufrible.
El Centro Democrático en lo suyo: oponiéndose a la negociación con mensajes efectistas, pero ausente de contrapropuestas que consoliden una contra-paz argumentada y colmada de alternativas, distinta a la salida militar del conflicto armado que aún pregona su mentor.
Ellos (los políticos), los anteriormente mencionados, son cómplices de las élites económicas, es decir la aristocracia rentista, financiera, gremial y energética, amén de los grupos económicos, que direcciona el poder sin necesidad de pasar por las urnas.
Comparten los mismos principios, lo que los analistas políticos denominan “la puerta giratoria”, es decir la relación atávica entre política y negocios. Protegen los intereses de los grandes capitales: a ambos les preocupa la confianza inversionista y la seguridad jurídica, para que las multinacionales lleguen, a sus anchas, a “masificar la prosperidad en el país”. Y auspician, con sus decisiones, el inmovilismo social, una lacra que le cierra la ventana a la esperanza de progreso y oportunidad de las clases medias y trabajadoras en que se sustenta la democracia y la sociedad.
Esos postulados, incoherentes con la paz que queremos los colombianos, son regresivos y ponen en entre dicho el futuro de los acuerdos. La reacción virulenta de FEDEGAN y del Procurador contra la política de restitución de tierras es una prueba irrefutable. No estoy diciendo nada nuevo, pero que nunca se nos olvide lo útil que puede ser lo obvio.
Por Gabriel Ortiz.-Definitivamente el proceso de paz que se negocia en La Habana, tiene enemigos que no desperdician ocasión para torpedearlo, por las cosas más nimias, triviales y superfluas.
Se han dedicado muchos meses para analizar punto a punto, la agenda que contempla miles de aspectos que tienen que ver con la vida actual y futura del país y se escuchan reacciones de los diferentes sectores nacionales e internacionales.
Sorprende entonces que aún haya recalcitrantes y tercos sectores que han tomado como deporte atacar el proceso, unos para defender sus privilegios e intereses, y otros para seguir ciegamente la idea de un grupo político que busca permanecer en el ámbito nacional a base de mentiras y energúmenos torpedos, que afianzan con las mismas armas con las que Joseph Goebbels engañó al pueblo alemán durante la dictadura de Hitler.
Los diálogos de La Habana buscan, entre otras, la devolución de las tierras que se tomaron por asalto ciertos grandes terratenientes, a través de amenazas, asesinatos y acciones paramilitares. El estridente ruido de las motosierras aún retumba por campos y veredas, recordando los asesinatos de quienes quisieron defender sus predios, hoy en poder de grandes finqueros, y desde luego de guerrilleros, paramilitares y bandas criminales.
La consigna de cierto dirigente, de algunos de sus parientes y de muchos seguidores, es evitar a toda costa la paz, porque ella conlleva justicia, cambios y castigos para quienes se beneficiaron con tan perversas prácticas; esos que hoy mintiendo y “goebbeliando”, quieren seguir usufructuando bienes mal habidos.
Claro que si se descubren iguales crímenes a las Farc o al Eln, hay que aplicar la inexorable justicia y el rechazo por parte de las autoridades, de la sociedad y del concierto universal.
Se ha avanzado mucho, para que ahora boicotear y horadar el proceso, por la aparición del “Paisa”, como negociador. Es uno de los más sanguinarios, pero estamos negociando con un enemigo al que no se ha vencido, ni siquiera con la tal seguridad democrática. Jefes y combatientes de las Farc y el Eln, han asesinado, como también lo han hecho los responsables de los falsos positivos. Así, que no más ataques, ni mentiras, ni torpedos. La paz está muy cerca, muy cerca.
BLANCO: En ruso, hablan el nuevo minambiente y Alan Jara, para sacar la paz adelante.
NEGRO: El tinto de Benedetti no le gustó al uribismo.
Por Luis Fernando García Forero.- La decisión de construir la Paz ya ha sido tomada por el Pueblo de Colombia y no existen razones para que este proceso no se dé. No será el mejor o el peor, pero será el de nosotros.
Y tendrá detractores, contradictores o enemigos, pero la fuerza creativa de nuestro imaginario colectivo, que decidió futuro y se miró en su diversidad, ya ha asumido el reto.
El proceso del Postconflicto es un desafío mayor que convencer a una ínfima parte de la perdida de sus espacios. Al final, el beneficio de un país en paz, con tendencias capaces de usar la palabra y el disenso respetuoso para dirimir sus diferencias, con personas trabajando en conjunto para reconstruir nuestras comunidades y motorizar sus sueños en pos de la equidad y la justicia, será suficiente para acallarlos a todos.
En Colombia tenemos que abrir ventanas y construir puentes. Los problemas de la estructura de nuestra sociedad, que generaron el conflicto están vigentes y el clima de hostilidad no las resolverá, por el contrario, contribuye a ahondar la brecha entre el problema y la solución verdadera.
Las tareas pendientes para el Postconflicto son múltiples y en diversas dimensiones. Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, la reconciliación, la atención a población vulnerable, la construcción de la memoria y la verdad, la justicia transicional y la reparación de las víctimas, la prevención de la violencia y el crimen, la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, la reconstrucción y el desarrollo económico, la estabilización política y la participación del sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional en las estrategias de gobernabilidad, no son poca cosa.
Pero ellas dependen de detener los fuegos, de reducir las hostilidades, pero escuchando los disensos. No se puede estar de acuerdo con todo, eso no es humano ni racional, pero estar en desacuerdo con todo es un exabrupto histórico y una irresponsabilidad con el país.
En este conflicto todos los colombianos hemos sido víctimas. Tal vez no de forma concreta y directa de la violencia, pero si hemos sido marcados por la violencia cultural y por la estructura de la desigualdad, legitimada por la exclusión, el racismo, el elistismo y las nuevas formas de la violencia como la homofobia y el irrespeto a la diversidad.
Creo fervientemente en la necesidad de la Paz y estimo este proceso que toca vivir, afortunadamente, como una oportunidad real y concreta para mirarnos, en nuestra diversidad, en nuestros defectos y virtudes, en otras oportunidades y amenazas, para construir una Colombia Mejor, pero para todos.
Mi responsabilidad con la Historia de Colombia reside en mi esperanza de edificar, desde mis capacidades y labores cotidianas como periodista y ciudadano, la esperanza de una paz verdadera, no perfecta, pero con posibilidades de dar pié a la reconciliación nacional.
Por José Gregorio Hernández.- EL Gobierno presentó a consideración del Congreso un proyecto de acto legislativo que fue aprobado en primera vuelta –primer período ordinario de sesiones-, con miras a agilizar, según se dijo, el proceso de aprobación de las normas constitucionales o legales que desarrollen lo que se pacte en La Habana como culminación del proceso de paz llevado a cabo con esa organización armada.
Se diseñó un procedimiento especial para dar trámite a los proyectos que en su momento debe presentar el Ejecutivo en cumplimiento de lo convenido en la mesa de negociaciones.
El texto aprobado en los primeros debates contemplaba una comisión especial legislativa para la Paz, que en un principio el propio presidente de la República llamó “congresito” y que, ante las críticas, pasó a convertirse en la reunión de las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes adicionadas por unos “congresistas” no elegidos por el pueblo, sino por las mesas directivas de las cámaras, con el encargo de dar primer debate a las iniciativas del Gobierno. Esa comisión fue suprimida en segunda vuelta.
Entonces, serán las comisiones primeras las que den el primer debate a los proyectos, y el segundo debate tendrá lugar en las plenarias. Pero con dos características:
- Los miembros del Congreso no tendrán iniciativa. No podrán presentar proyectos, ni de ley ni de acto legislativo. Eso corresponderá exclusivamente al Gobierno.
- No podrá el Congreso modificar los proyectos de origen gubernamental, a menos que así lo autorice el Gobierno, siempre que los cambios encajen en los acuerdos de paz celebrados.
Además, al Presidente de la República le serán otorgadas facultades extraordinarias imprecisas y prorrogables por su propia decisión, mediante decreto.
Eso quiere decir que, por una parte, el Congreso será un convidado de piedra, tanto en materia legislativa como en lo atinente a reformas constitucionales, y por otra que el verdadero poder constituyente no estará en Colombia sino en la mesa de negociaciones de La Habana. Las reformas serán aprobadas formalmente por el Congreso, pero en realidad el Congreso quedará excluido de sus funciones constitucionales.
En sustancia, este proyecto de acto legislativo, si se aprueba en dichos términos, no será otra cosa que una sustitución de la Constitución. Las reglas esenciales sobre reforma serán revocadas por el Congreso, en su propio detrimento. El Congreso abdicará de sus atribuciones -señaladas en la Constitución de 1991-, y los acuerdos de paz se convertirán en normas constitucionales. Algo bien distante del ideal democrático acogido en todas nuestras constituciones.
Por Felicia Saturno Hartt.- Lo Plural es el corazón mismo de América Latina, el hilo que conecta sus regiones, sus lenguas, sus realizaciones. Plurales somos y diversos. Pero, en esa pluralidad, en esa diversidad, está nuestra identidad sociopolítica, el mayor desafío que tienen que comprender los que han hecho de la Política, su camino.
Comprender la pluralidad requiere ojos de demócrata, un poderoso sentimiento de respeto por el imaginario que nos nutre, en términos de cosmovisión, consciencia colectiva e ideología, así como en las realizaciones materiales de este principio.
De hecho, la Democracia en mayúsculas tiene entre sus ideales materiales la consciencia de la pluralidad, porque si algo define ese sistema de libertades humanas, es el Pluralismo Político, porque “los fines humanos son múltiples, inconmensurables y en permanente conflicto”, como afirmaba Berlín.
Ciertamente, de los ideales democráticos, es el más humano, porque se acerca a la esencia de la condición humana, al meollo de la actitud, como expresión de las creencias, sentimientos y acciones de la gente.
Es la realidad empírica, la que tenemos enfrente cuando nos enfrentamos a la diversidad y la pluralidad de las búsquedas de la gente, a sus sueños, a sus necesidades, a sus expectativas.
Por ello, muchas formas políticas llevadas a la práctica se tornan totalitarias, porque sienten el terror a la pluralidad, a que la gente sea y sienta diferente. Porque el reto de la Política no es dirigir a la gente solamente; es abordar los consensos y manejar los disensos.
Valores, creencias y fines son los desafíos a que se enfrenta el líder o dirigente político cuando asume el camino de la Democracia. Y no es fácil, porque los límites del populismo y la dictadura se tocan.
Aceptar, reconocer, tolerar y respetar la pluralidad es una necesidad política en América Latina. Porque la Exclusión no es una palabra vacía de discurso electorero, es una realidad inherente a esa falta de aceptación de la gente en su contexto, el escaso reconocimiento de sus problemas y sus necesidades, la poca e inexistente tolerancia a lo que no conocemos por ignorancia o por omisión y el irrespeto al status de la gente como ciudadano, no sólo con obligaciones, sino con sus derechos inalienables.
Es definitivamente inhumano lo que hemos podido ver en las últimas semanas: funcionarios del estado trabajando en instituciones sociales que no pueden ver, más allá de sus privilegios elitescos, el poder avasallante de la pobreza como realidad sociohistórica. Porque ese problema no es de quien lo sufre, sino del funcionario que es incapaz de cambiar la realidad de esas familias, de esos ciudadanos que, en sus ópticas, son de segunda.
Desde otro punto de vista, es absurdo que se recojan firmas, por creencias religiosas, para detener la posibilidad de formar hogares homoparentales, cuando no se hace nada con los niños abandonados o en tutela del estado, institucionalizados, que cada día serán más, por el embarazo precoz y otras causas no abordadas e incluso ya estructurales.
Asimismo, el trato diferenciador de los usuarios de los servicios de transporte masivo, el manejo demagógico del trabajo informal, la atención discriminativa de los enfermos en los servicios colapsados, la impunidad ante los asesinatos de los periodistas, la entrega discriminativa del papel para los periódicos y demás acciones que dicen que lo plural molesta, porque no está en el manual, en el instructivo o en las prioridades.
Aún con más indicadores de la negación deliberada de la Pluralidad, existen poderosas fuerzas de cambio que pueden, en un futuro cercano, edificar el camino de uno de los sistemas políticos más autoritarios, la Democracia.
Por Amylkar D. Acosta M.-El programa es el más antiguo del país, con 90 años de existencia, hace parte de una estrategia que está enfocada a mejorar el estado nutricional de los niños en edad escolar y de paso contribuir a su retención en los planteles educativos, evitando su deserción temprana de las aulas.
En este sentido es multipropósito, procurando satisfacer y garantizar dos derechos fundamentales de los niños, el de la alimentación y el de la educación, que por tratarse de ellos son prevalentes. Ahora mismo tiene una cobertura del 49% de la población objetivo de estudiantes oficiales SIMAT, es decir 4´061.335 niños y niñas, sin cubrir la totalidad de los días del calendario escolar.
Por espacio de 43 años el programa de asistencia alimentaria estuvo a cargo del ICBF, desde su creación en 1968, hasta que en 2011, a través de la Ley del PND se tomó la determinación de retornarle esta responsabilidad al Ministerio MEN, que lo había agenciado desde 1926, dizque “con el fin de alcanzar las coberturas universales en el PAE”. Esta finalidad no sólo no se ha alcanzado, sino que el Programa viene en un franco deterioro, en medio de los escándalos por las malas prácticas de sus operadores, por las irregularidades en su contratación y ejecución y por los casos de corrupción aberrantes detectados y denunciados por los organismos de control. Pero, a decir verdad, los inconvenientes que se presentan con el PAE no se reducen a las tropelías que se vienen cometiendo con los dineros del programa.
Desde el 2013 los gobernadores prendieron las alarmas al constatar que el PAE estaba desfinanciado; es así cómo, según el estudio de costos adelantado por el ICBF, su operación para el 2015 demandaba una suma de $1.5 billones y sólo se le asignaron en el PGN por parte del Ministerio de Educación $789.000 millones, a todas luces insuficiente. Ello condujo a que después de haber suscrito convenios por parte de 31 departamentos con el MEN para operar el PAE en 2013, 21 de ellos, antes de iniciar la ejecución del mismo, los dieron por terminado por mutuo acuerdo. Es por ello que actualmente en 19 de los 32 departamentos del país, el MEN opera directamente el PAE y en muchos de ellos se han presentado situaciones que han sido piedra de escándalo. De allí que el MEN no pueda eludir su responsabilidad, toda vez que, además de ejecutor del Programa es responsable también de su supervisión, monitoria y control, los cuales han fallado estruendosamente.
No obstante lo anterior y desoyendo las reiteradas solicitudes de concertación por parte de los gobernadores, el MEN decidió por sí y ante sí expedir el Decreto 1852 de 2015, con el cual buscaba supuestamente la “articulación y armonización sistemática de las normas legales vigentes”, pero el propósito no fue otro distinto que pasarle esa papa caliente a los departamentos.
Y lo más grave fue que concomitantemente con el traslado de la competencia para ejecutar el PAE por parte de los departamentos, amparado en la Ley de Presupuesto, el Presupuesto asignado para el PAE en el 2016, que ya venía desfinanciado, tuvo un drástico recorte y sólo se le asignaron $423.000 millones (¡!). Es claro que este proceder por parte del MEN, que compromete la viabilidad y la sostenibilidad del PAE, es contrario al precepto constitucional según el cual no se le pueden trasladar funciones y competencias a las entidades territoriales, si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlas.
Como es obvio, asumir por parte de los departamentos la ejecución del PAE en tales condiciones, ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias de los lineamientos técnicos, operativos y administrativos del Programa, entraña para los gobernadores la inminencia de ostensibles riesgos técnicos, financieros, legales, fiscales, penales y disciplinarios, que ellos no están dispuestos a asumir. Por ello los gobernadores, que apenas están iniciando su gestión de 4 años, se rehúsan a encartarse con la ejecución del PAE y le piden al MEN que lo retome.
Y ello es viable, habida cuenta que la propia Ley 1769 prevé una válvula de escape al establecer que “de manera excepcional y de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se expida, el Ministerio de Educación Nacional podrá ejecutar directamente los recursos del PAE que le sean apropiados en su Presupuesto de inversión”. Y este es el caso, la gravedad de la crisis por la que atraviesa este Programa y dada la sensibilidad del mismo, amerita la intervención del Gobierno central para evitar una crisis sistémica de la alimentación y nutrición de la población más vulnerable del país.
Bogotá. Abril 24 de 2016
www.fnd.org.co
Por Claudia López.- Las imágenes en redes sociales están a la orden del día: lo que antes eran ríos caudalosos, rebosantes de biodiversidad, hoy son caños secos o lo suficientemente contaminados como para que no sobreviva nada allí. Donde el daño ambiental aún no es irreparable, la incompetencia de las autoridades pone en riesgo lo poco que queda: los páramos con minería, Caño Cristales con exploración petrolera, San Martín en el Cesar con fracking, las ciénagas atravesadas por carreteras 4G...
Y cuando se les cuestiona, cuando se les presenta evidencia más sólida que la descabellada búsqueda en Google del gerente de Ecopetrol, entonces se irritan y responden con una pataleta.
Muchos tomadores de decisiones gubernamentales están cegados por una visión ramplona del capitalismo. Incapaces de pensar una economía de mercado productiva, competitiva y diversificada. Obsesionados con generar rentas cortoplacistas para tapar el déficit fiscal aún a costa de los ecosistemas.
Durante “El Niño”, 124 municipios padecieron desabastecimiento de agua; Bogotá y Medellín enfrentaron crisis por contaminación atmosférica y el Ideam proyecta que el Caribe y la Orinoquia se desertifican como consecuencia del cambio climático. Pero altos funcionarios y sectores de la empresa privada siguen empeñados en que el petróleo, el carbón y el oro son más importantes que los ecosistemas o que contar con una política de adaptación al cambio climático.
Pero esta semana la sociedad civil, el Congreso, los medios comunicación y los activistas demostramos que no todo está perdido. En menos de una semana desde el anuncio de la ANLA, la acción colectiva informada logró la revocatoria de una de las 4 licencias para explorar yacimientos petroleros en la Serranía de La Macarena. Un absurdo disfrazado de decisión técnica que reveló graves fallas y abusos desde el Estado en la protección de los recursos naturales. Este logro no soslaya que necesitamos más que movimientos ciudadanos reactivos. Tenemos que ganar más que batallas en Twitter para poner freno al abuso de poder y el prevaricato que causan incertidumbre a todos, incluso a los inversionistas que pretenden beneficiar.
Nuestros desafíos en cambio climático, desarrollo económico, inclusión social y posconflicto necesitan una política de desarrollo ambiental, social y fiscalmente sostenible. Que entienda que en el top de nuestras ventajas comparativas están el agua y la biodiversidad, y no oro ni petróleo. Mucho más sentido común y seguridad ambiental, social y jurídica son las contribuciones que tenemos que asegurar para afrontar con éxito los enormes desafíos que plantea el futuro.
Por Jorge Enríque Robledo.- Si alguien puede saber verdades sobre los paraísos fiscales y los llamados “Panama papers”, en los que mencionan a 850 colombianos –casi todos aún ocultos–, es un ex director de la DIAN. Juan Ricardo Ortega ha hecho explicaciones que dejan en ridículo a los que ponen el énfasis, no en las generalizadas y notorias corruptelas del caso, sino en las excepciones. Porque, según Ortega y todo analista que no niegue los hechos, la razón fundamental para llevar dineros a Panamá y a países semejantes es la de ocultar que provienen de todas las formas del crimen organizado, la corrupción y la evasión tributaria (http://bit.ly/1SzHhq5 y http://bit.ly/1VHTME2). Luego el ilícito menor consiste en no pagar los impuestos, dejándoles la carga a los que sí respetan las normas.
En alguno de los papeles de la firma panameña Mossack Fonseca que se filtraron, empleados del bufete le dicen a un abogado colombiano: “Habíamos quedado pendientes en revisar un tema de refacturación que le envié propuesta (sic), pero el cliente desafortunadamente ya había sacado algunos montos y sustentado algunas partidas. Entonces concluimos que lo mejor era hacerlo para un próximo monto ya que podría ser muy visible ante la DIAN, para el mismo cliente y un riesgo para nosotros emitir una factura por un dinero que ya no está”. Y en otra comunicación hablan de “revisar cuál era la mejor forma de sacar el dinero del cliente como una inversión extranjera de colombiano afuera, para luego ese dinero pasarlo a la cuenta de una de las panameñas y traer nuevamente la plata Colombia como capitalización de la SAS” (http://bit.ly/1pqhPsr). Que nadie dude que entre los objetivos de esta firma está promover la ilegalidad de cuello blanco.
No se trata de sumas menores. El mismo Ortega comenta una tesis doctoral realizada en Francia en la que calcularon en cien mil millones de dólares las platas de colombianos en paraísos fiscales como Panamá y se calcula que la evasión tributaria por este concepto le cuesta al país seis mil millones de dólares anuales, unos 18 billones de pesos. Para darse una idea de a cuánto equivalen esas sumas, con la reforma tributaria en ciernes Santos aspira a sacarles a la clase media y al pueblo raso 16 billones de pesos en IVA y en otros impuestos. Y esto ocurre mientras, por presiones del gobierno de Panamá y de algunos nativos, Santos le retiró la clasificación de paraíso fiscal a ese país, declaratoria que permite perseguir estas corruptelas.
Dentro de la lógica de justificar a los colombianos que ilegalmente ocultan cien mil millones de dólares en Panamá y en otros paraísos fiscales, aparecen análisis en extremo cándidos o muy astutos que los presentan como víctimas, porque, dicen, en Colombia los impuestos son muy altos y para qué pagarlos si terminan en la corrupción oficial. En relación con la primera afirmación, es falso, así a toda hora repitan lo contrario, que en el país solo pagan impuestos los muy poderosos, los cuales tributan en exceso. Las cifras oficiales señalan que el impuesto de renta declarado por las cien empresas más grandes del país, sin incluir los bancos y donde 59 son extranjeras, representa menos del siete por ciento del total del recaudo de todos los impuestos, en tanto concentran el 40 por ciento de los activos de todas las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Y se sabe de lo poco que pagan las personas naturales más poderosas. Que el debate sobre la reforma tributaria santista empiece porque el ministro de Hacienda haga públicas las cifras, certificadas, de los impuestos reales, no nominales, que cada sector paga en Colombia, porque si bien las opiniones pueden ser diversas, los hechos deben ser los mismos para todos.
Y quedan muy mal quienes arguyen que algunos tienen el derecho a enfrentar la corrupción oficial mediante el expediente de robarse los impuestos que deben pagar, al tiempo en que presionan para que se los aumenten a los pendejos que sí los pagan, mientras el país, también por una tributación exigua de acuerdo con los estándares internacionales, se hunde en el atraso, el desempleo, la pobreza y la mayor desigualdad social.
Las anteriores verdades no dejan de serlo porque también sea cierta otra realidad que indica que la filtración de los papeles de Mossack Fonseca proviene de la maniobra de un paraíso fiscal más poderoso que Panamá –este negocio existe en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros 74 países y territorios–, para desplazarla de un negocio tan lucrativo como todos los que son corruptos.
Bogotá, 22 de abril de 2016.
Por Gabriel Ortiz.- La campaña política norteamericana sigue al rojo vivo, con unos candidatos que lucharán hasta el final, porque es mucho lo que está en juego, no solo para Norteamérica, sino para Latinoamérica y para el mundo entero.
Para nosotros la cosa es peor, porque Trump y gran parte de los republicanos tienen una fijación abierta contra los llamados inmigrantes hispanos e indocumentados, que son precisamente quienes, en su gran mayoría desempeñan, labores indispensables, que a pocos gringos les gustan. Cruz, el otro candidato, veladamente piensa igual.
Los demócratas tienen otra mentalidad de convivencia y tolerancia, porque valoran el trabajo de quienes han llegado a su territorio a crear riqueza e impulsar el desarrollo del primer país del mundo. Hay que tener en cuenta que los inmigrantes e indocumentados, no son únicamente los latinos, ni los hispanos, son los europeos, los asiáticos y cuantos anhelan el sueño americano.
La diplomacia norteamericana generalmente ha sido equivocada, especialmente con los hispanos. Les han dado tratamiento de tercera. Como decía el ex presidente Betancur, “nos han considerado el patio trasero”.
Hillary y Sanders, tienen mentalidades abiertas para hacer los cambios que los Estados Unidos necesitan, aprovechando la energía de las mentes y los brazos de los inmigrantes. Esa fuerza vital, leal y pujante, es la piedra angular para mantener la grandeza de un país, de una nación.
Trump, sería un peligro para la paz del mundo y el liderazgo de los Estados Unidos. Su demagogia y fobia contra los inmigrantes podrían cambiar el derrotero de un país que fue creado y engrandecido precisamente por foráneos, por forasteros, por esos inmigrantes que llegaron para sentar raíces y crear riqueza, no para saquear, y llevarse todo como nos ocurrió.
La pared de Trump, no cambiaría el rumbo de la historia norteamericana, porque como se pretendió con el “muro de la infamia” que dividió a Alemania, no se pudo eliminar una hermandad, una manera de construir vida, mundo, progreso.
Lo grave que se ve en Estados Unidos, es una fobia de los propios hispanos por sus hermanos, por su raza, por lo nuestro. Olvidan que llegaron como inmigrantes, indocumentados y perseguidos. Hoy son muchos los que adoran Trump y le entregan sus votos. ¿Quién lo creyera? Como ya resolvieron su problema, odian a quienes les siguen sus pasos… Qué insolidaridad “trompiana”.
BLANCO: Se frustró la destrucción de La Macarena.
NEGRO: La desgracia de los ecuatorianos.
Por José Gregorio Hernández.- La Constitución de 1991, que cumple veinticinco años, consagra el respeto a la dignidad de la persona como fundamento esencial del sistema político y como base necesaria del orden jurídico. Por eso, es muy clara al señalar que una de las finalidades de la organización estatal -y por lo tanto la tarea de todos y cada uno de los servidores públicos- consiste en garantizar la efectividad de los derechos, libertades, garantías y deberes de los asociados.Aquí cabe decir que un derecho puramente teórico o una garantía apenas formal no merecen sus nombres.
La Asamblea Nacional Constituyente, autora del Estatuto, ha sido reconocida a nivel internacional por haber plasmado una moderna carta de derechos -fundamentales, políticos, sociales, económicos, culturales, colectivos- y los mecanismos judiciales idóneos para su protección. Y a lo largo de este cuarto de siglo la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, ha asegurado que tales derechos y sus garantías no se reduzcan al papel y, por el contrario, cobijen ciertamente a la población y puedan ser reclamados ante los jueces.
En virtud de mandatos constitucionales, como el artículo 93, se ha dado valor prevalente a los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos.
La Corte Constitucional ha definido el bloque de constitucionalidad como unidad jurídica compuesta por normas y principios contemplados en tratados internacionales sobre derechos humanos, en el Derecho Internacional Humanitario, en la propia Constitución y en leyes estatutarias y en otras disposiciones, integradas entre sí con el fin de amparar efectivamente los derechos fundamentales.
Son reglas jurídicas que, aun sin aparecer formalmente en el articulado de la Carta, son utilizadas como criterios y parámetros del control de constitucionalidad de las leyes y decretos con fuerza de ley. Tales preceptos han sido integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de ella. Se trata entonces, como enseña la Corte, de verdaderos principios y reglas de valor y jerarquía constitucional. Son normas situadas en el nivel constitucional, aunque no estén incorporadas a la preceptiva de la Constitución en estricto sentido.
El artículo 94 de la Carta, por su parte, subraya el carácter fundamental de los derechos y sus garantías aunque no estén expresamente consagrados. Al respecto declara: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
La de 1991 es una Carta humanista, democrática, participativa y protectora de los derechos.
