Opinión
Por Gabriel Ortiz.- La Resistencia civil, el desorden o la desobediencia, se sabe dónde empiezan, pero nunca cómo terminan. La democracia, más en un país como Colombia, las permiten y las catalogan como un derecho ciudadano. Hay que defenderlas, hasta cuando los líderes que las propician son incapaces de manejarlas.
Por ello es tan peligrosa la pretensión del ex presidente Uribe de atacar de nuevo la paz y la concordia. Esto suele ocurrir en esas épocas de fases selenitas cuando afloran y se apoderan de él, defectos de personalidad dominantes, como la ira y la venganza. Esos mismos fantasmas lo conducen a difundir acusaciones sin soporte o prueba alguna, como ocurrió con los 12 millones de dólares. O cuando sueña haber tenido la fórmula para evitar el caso Nicaragua, siendo él culpable por no haber escuchado las valiosísimas tesis del ex presidente López, que dejaban por el suelo las pretensiones de Ortega.
Sus nuevas elucubraciones lo llevan ahora, a boicotear un proceso que nos puede conducir a la tranquilidad y al progreso.
Su seguridad democrática fracasó, como muchas de sus iniciativas que tanto defiende y con las que engaña a sus seguidores. Su dudoso paso por la Aerocivil, sus convivir, su ley cien, las chuzadas, falsos positivos, yidispolítica, Reficar, corrupción, etc.
El jefe del Uribismo, no sale de la cacareada afirmación de que Santos le entregará el país “a la Far”. Que habrá impunidad y que el narcotráfico se convertirá en delito político. Son muchas las cosas que dice y no puede probar, porque no están en la agenda de La Habana.
Se declara un “honorable total”, un hombre ecuánime, que ha actuado conforme a la ley, pero tampoco aporta pruebas.
Su objetivo con la resistencia civil, es torpedear el Plebiscito y convocar concentraciones contra este mecanismo. Sus marchas quedaron desacreditadas el 2 de abril, aunque exalta el orden y la no utilización de grafitis en ellas. Eran tan pocos que no hubo manera de desordenar nada.
Cuánta sangre necesitará el ex presidente para entender que la paz del mundo moderno, no se logra a plomo, por ello no la obtuvo durante sus dos períodos. Parece que solo la apoyará bajo sus condiciones: muerte, secuestro, mentira, extorsión, paras y apóstoles.
BLANCO: Por fin Santos respaldó a Cristina Plazas en el ICBF, pese a las protestas de los políticos corruptos.
NEGRO: El nuevo desplante a los pensionados.
Por Jorge Gómez Pinilla.- Con Mauricio Vargas Linares hubo un primer asomo de extrañeza cuando el 27 de febrero pasado escribió una columna titulada ‘Justicia para todos’, donde luego de un sesgado recuento de hechos concluía que los delitos cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe –y los delincuentes que los cometieron- debían quedar cobijados por la justicia transicional que comenzará a aplicarse a los guerrilleros de las FARC tras su incorporación a la vida civil. (Ver columna).
Oportunismo rastrero, pensé, pero de la extrañeza pasé al asombro cuando soltó una perla en la que descargó la culpa de las chuzadas del DAS sobre los mismos magistrados víctimas del espionaje, y de paso las justificó en el contexto de la lucha contra la guerrilla: “lo que lleva al gobierno de Uribe a hacerles seguimientos a los magistrados es el hecho probado de que algunos estaban en contacto con conocidos testaferros del narcotráfico, fenómeno que hace parte integral del conflicto armado que la mesa de La Habana intenta acabar”. A continuación se refirió a las dádivas entregadas a Yidis Medina para favorecer la reelección de Uribe, y le parecieron “un juego de niños” al lado de la ‘mermelada’ con la que el actual gobierno conquista a congresistas para la aprobación de sus proyectos, como si la mermelada de Santos estuviera forzando algún atropello contra la Constitución.
Tuve la impresión de que el escribiente le estaba haciendo el mandado a algún uribista emproblemado, y recordé que Mauricio Vargas y Diego Palacio eran muy amigos desde que este trabajó para El Tiempo, y bastó juntar los dos nombres en el omnisapiente Google para encontrar una columna anterior titulada ‘La Corte que se torció’, donde ejerce una juiciosa defensa –casi de oficio- del exministro de Protección Social de Uribe, Diego Palacio, condenado precisamente por las dádivas entregadas a Yidis...
A calzón quitado, el efímero ministro de Comunicaciones de César Gaviria sostiene sin ruborizarse que Diego Palacio está preso porque “la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de apartarse del ordenamiento jurídico para activar una vendetta política y personal en contra del presidente Álvaro Uribe y de sus principales colaboradores”. Y para que no quede duda de quién es su defendido, a renglón seguido asegura que “el asunto ha quedado en evidencia en una tutela interpuesta por Diego Palacio (…) para tratar de tumbar la condena que pesa sobre él por el caso de la ‘Yidispolítica’.
Mauricio Vargas está en su derecho de salir en defensa de un amigo, ni más faltaba, pero a eso en el argot periodístico se le llama hacerle un mandado a alguien. Ahora bien, del asombro se pasa al estupor cuando en su columna del domingo pasado, titulada ‘Serpa y el armadillo’, enfila baterías contra la posibilidad de que el exministro de Justicia Yesid Reyes pueda ser escogido como el próximo Fiscal General de la Nación, y con tal objetivo cae en la bajeza de dibujarlo como un títere de Horacio Serpa, a quien según Vargas le convendría ponerle en ese cargo “para que evite el avance del proceso por el asesinato de Álvaro Gómez en el que algunos testigos del mundo del narcotráfico le han atribuido una participación”.
Al margen de una protuberante inexactitud, pues ese proceso no reposa en la Fiscalía sino en la Corte Suprema de Justicia, ese mismo día Antonio Caballero opinaba muy diferente sobre Yesid Reyes: “un respetado jurista y un hombre decente y de carácter, a quien todo el mundo colma de elogios tanto en lo profesional como en lo personal, y que carece de intereses económicos y de ambiciones políticas” (ver columna).
Lo lamentable es ver a un colega columnista acudiendo a la perversa táctica uribista de encochinar a un candidato a la Fiscalía para impulsar a otro, en este caso a Néstor Humberto Martínez, y destilando la misma ‘mala leche’ de la también uribista María Isabel Rueda al hacer sinuosas sindicaciones de tipo penal contra Horacio Serpa, basado en la declaración trasnochada de un mafioso que según la revista Semana “¡Está loco!” (ver artículo).
Decía George Orwell que “periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás es relaciones públicas”. En el caso que nos ocupa Mauricio Vargas está haciendo relaciones públicas a favor del candidato que Álvaro Uribe quiere de Fiscal, del mismo modo que en noviembre de 2014 la señora Rueda hacía relaciones públicas a favor de la tesis según la cual Samper y Serpa habían mandado matar a Álvaro Gómez. Tesis que hoy desvirtúa hasta el más poderoso enemigo que tuvo Ernesto Samper, el entonces embajador de EE UU en Colombia, Myles Frechette, sin duda el hombre mejor informado que hubo sobre su gobierno.
La misión más sagrada del periodismo es la búsqueda de la verdad, y fue precisamente en busca de ella que en octubre del año pasado publiqué el libro Objetivo: hundir a Serpa, donde le formulé a mi entrevistado diversos interrogantes sobre el proceso 8.000 y el asesinato de Álvaro Gómez, algunos de los cuales no habrían de gustarle, pero respondió a todo. Diferente a cuando en noviembre de 2014 le hice a María Isabel Rueda una pregunta puntual, y para evitar responderla hizo que Felipe López cancelara la columna que tuve durante cinco años en Semana.com.
Esto lo traigo a colación a raíz de la tripleta de columnas de Mauricio Vargas que acabo de citar. He mencionado mi libro no con el ánimo de promover su venta, sino porque ahí están las respuestas que Horacio Serpa le da a ese tema. Pero si no existiera el libro, a Vargas le conviene repasar lo que Myles Frechette le dijo a Julio Sánchez Cristo el 27 de noviembre de 2015, donde arroja luces definitivas sobre dicha inculpación e incluso suelta al desgaire un nombre en particular, como sugiriéndole un rumbo a la investigación. (Ver entrevista con W Radio).
Es con base en esta información que el lector desprevenido se puede formar su propia impresión, en torno a quién cree que utiliza una tribuna de opinión para hacer relaciones públicas a favor de sus protegidos o en contra de sus malqueridos, y quién la utiliza para hacer un periodismo que revele lo que muchos quieren ocultar.
Por ejemplo, a los que parecen trabajar unidos de la mano (negra) para ocultar a los verdaderos asesinos de Álvaro Gómez Hurtado.
Por Jaime Enrique Durán Barrera. En la historia de los pueblos existen momentos que requieren decisiones contundentes. Por ello la escogencia de hombres y mujeres idóneos para regir los destinos de una sociedad y afrontar los desafíos del cambio, es un paso determinante para el éxito de un líder.
Los procesos políticos dependen de la escogencia de los mejores hombres. En este sentido, sin temor a equivocarnos, Horacio Serpa, en los últimos cuarenta años, es uno de los más importantes y destacados líderes políticos del país.
Su trayectoria y experiencia avalan un recorrido impecable en todos los escenarios de la vida nacional y también un liderazgo legítimo y polémico que ha construido un espacio e imagen propia como un convencido demócrata de la paz y la convivencia ciudadana.
Horacio Serpa, como liberal, ha tenido la vocería deliberante en el árido escenario de la política colombiana. Desde ser juez en su natal Santander, hasta gozar de un prestigio nacional producto de su liderazgo como Copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Serpa ha asumido los retos con visión de estadista y como un liberal convencido del papel de sus ideales dentro del Partido.
Ha tenido presencia relevante en el Congreso y le ha tocado vivir momentos emblemáticos de la Historia de Colombia que requirieron posiciones que generaron polémica, definiéndolo como un político capaz de dialogar y buscar puntos en común sin abandonar sus criterios.
En los procesos de paz, ha sido Horacio Serpa participe y actor en varias oportunidades, su ideario político está basado en la convivencia nacional y en el respeto a las diferencias. De hecho su bandera en el actual proceso de paz tiene como objetivo lograr el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc a través de la negociación política que se lleva a cabo desde hace tres años en La Habana.
El momento histórico exige que el partido Liberal asuma el camino de la conquista del poder y para ello se requiere la trayectoria y la experiencia de un dirigente como Horacio Serpa, quien encarna la visión social demócrata y el conocimiento para la futura reconstrucción del tejido social colombiano.
El Partido inicia este jueves y durante cuatro días, su Congreso Liberal. Dentro de sus objetivos está la de aprobar sus estatutos, establecer las reglas de juego para escoger candidato único a la Presidencia de la República en el 2018 y elegir la dirección nacional.
Este Congreso Liberal es de suma importancia no sólo para el futuro del Partido, sino para Colombia, puesto que nuestras tesis están enmarcadas en la justicia social, la inclusión, la lucha contra la inequidad, el orden y la libertad, como mecanismos para desarrollar una verdadera democracia en Colombia.
Por todo lo expuesto, Horacio Serpa es el líder con mayor experiencia e idoneidad, para asumir la Dirección única del Partido Liberal en un momento histórico, por la complejidad de la situación política y el rol a futuro de la colectividad, cuyo principal objetivo, después del Congreso, es reconquistar el poder en las elecciones del 2018.
Por Amylkar D. Acosta M.- Hemos sostenido que el Estado colombiano ha cometido dos pecados capitales, darle la espalda al mar y el abandono del campo a su propia suerte. Por fortuna, el remordimiento de la conciencia colectiva se está traduciendo en acto de contrición y propósito de enmienda.
En los últimos años, por fuerza de las circunstancias, el país ha empezado a valorar su privilegiada condición de ser la esquina oceánica de América y se ha convencido de la necesidad de construir más y mejores puertos, al tiempo que se modernizan los que venían operando, se atiende la erosión costera causada por el cambio climático y se registra una avalancha de empresas que se están relocalizando en sus litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y eso está muy bien.
Lo propio podemos decir con respecto al campo colombiano, increíblemente desde 1971 no se hacía en Colombia un Censo del sector agropecuario. Por fin le llegó su hora y el año pasado el Censo agropecuario, gracias al cual se dispone de información actualizada y confiable de la pungente realidad del campo colombiano de la que se adolecía. Ahora ya no hay disculpas, la política agropecuaria dejará de “volar por instrumentos”, adivinando o partiendo de supuestos o suposiciones para su implementación.
Ahora los responsables de la gestión pública, los formuladores de la política pública y el Congreso de la República disponen de esta base para la determinación de una transformación integral del sector, tal como quedó planteada en el Plan de Desarrollo y lo contempla el primer punto de los cinco que hacen parte de la Agenda que se negocia en La Habana.
Se dio otro paso importante con La Misión rural, coordinada por el experto José Antonio Ocampo, complemento necesario del Censo agropecuario, que le sirvió de base para diagnosticar con toda crudeza la dramática situación que acusa el campo colombiano.
Colombia es un país de tremendas desigualdades, con enormes brechas intrarregionales e interregionales, pero la mayor de ellas es la que existe entre las zonas rurales y las ciudades. Además del diagnóstico, la Misión rural esboza y propone una estrategia tendiente a sacar el campo de la postración, la exclusión social y la pre - modernidad, para, de esta manera, reivindicar la población allí asentada.
Es bien sabido que la falta de un ordenamiento del territorio se ha constituido en una fuente generadora de conflictos en el campo, tanto por la ocupación como por el uso del territorio. De allí la perentoria necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial tanto departamental como regional, esfuerzo este en el que está empeñado el DNP y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como lo manda la Ley orgánica de ordenamiento territorial. Así mismo, teniendo en cuenta la proliferación de conflictos por el territorio y por la tierra, tendrá que dilucidarse lo concerniente a los títulos y la tenencia de la tierra, así como el saneamiento de los mismos, la suerte que habrán de correr los baldíos y la Ley de ZIDRES, así como la restitución de tierras a quienes fueron despojados de ella y, cómo no, lo atinente a la formación y actualización del catastro, ahora con un enfoque multipropósito.
Y, claro, no se puede abordar la problemática del campo y de la ruralidad, que han sido el teatro de la guerra cruel y cruenta que por más de medio siglo lo ha asolado, sin aludir al postconflicto, una vez que se le ponga término al conflicto armado con la firma del Acuerdo de La Habana. Partimos de la premisa de que la negociación llegó hace rato a su punto de no retorno y que es inminente el cierre de la misma y por lo tanto, habida cuenta de que la paz es territorial, desde ya las regiones deben alistarse y a aprestarse para asumir los retos que planteará este nuevo escenario. La construcción de la paz se tiene que dar desde los territorios y no desde los escritorios.
A este proceso hay que meterle pueblo, convocando a la sociedad civil y las organizaciones sociales y las autoridades territoriales deben fungir como gestores de paz y convivencia, en el entendido de que este es un imperativo moral insoslayable.
Nunca antes se había llegado tan lejos en el propósito de ponerle fin a este conflicto armado sexagenario y nunca antes habíamos estado tan cerca de lograrlo. Se impone, entonces, la necesidad de forjar una Gran Alianza por la Paz, como bien supremo de la Nación. No la dejemos escapar, para ver si, al igual que las estirpes condenadas a Cien años de soledad en la obra cumbre de nuestro laureado García Márquez, tengamos “por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Montería, mayo 6 de 2016
www.fnd.org.co
Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
Por Felicia Saturno Hartt.- La verdadera política no la hacen aventureros. Aun cuando la pasión es un factor necesario para asumir su reto, exige otros contenidos y muchas certezas. Se requiere una percepción del orden, continuidad, plan y discurso. Y estas dimensiones no son, ni deben ser improvisadas.
La política en América Latina ha sido un juego de ilusiones permanentes. Y estas ilusiones han contribuido, en casi todos los casos, a la construcción de hegemonías y de gobiernos de intención totalitaria. Poderosos en la forma, pero capaces de debilitar las instituciones, cuyos roles contienen la estructura de los estados y la gobernabilidad política.
Indudablemente los pueblos que han vivido regímenes autoritarios o democracias cleptócratas, de diferente cuño, han querido apostar a la pasión de la utopía. Esa impostura ante lo tradicional, ha favorecido a personajes sin ideología, sin programa o sin escrúpulos y, en muchos casos, han generado los peores resultados, sobre todo en lo referente al buen gobierno: instituciones sólidas, economías sanas y respeto a los DDHH.
Se pasa de la rebelión de la imposibilidad a la anarquía, dos extremos peligrosos y, en muchos escenarios, insuperables al corto plazo, ya que la impostura a lo tradicional se vistió, ante el vacío programático e ideológico, de la legitimidad popular de los excluidos, quienes al final, seguirán siendo aún más desplazados, de sus sueños y esperanzas, por la hegemonía y sus redes y, se tornarán, a mediano plazo, por la urgencia de las faltas cotidianas, en grupos desesperanzados.
De hecho, las tendencias a la justicia por propia mano, visible en los linchamientos, recientemente presentados en varios países de América Latina, es uno de los indicadores de ese proceso de desgaste y decadencia gubernamental y del deseo de los ciudadanos menos favorecidos, por las falsas administraciones liberadoras, de superar la impunidad de un sistema de justicia politizado y corrupto.
El ciudadano común, el de a pié, es criticado, por analistas y por los mismos políticos por su supuesta pasividad. No hay nada más falso y más cercano a la especulación. En América Latina, la discusión política es una práctica cotidiana, donde se cuelan los comentarios y críticas de seguidores, partidarios y escépticos, en espacios públicos y privados, donde el análisis tiene la precisión de un cirujano.
La gente, el ciudadano, sabe muy bien el valor de la política. Sabe que las decisiones políticas tienen doble filo. Y saben muy bien de costos y pérdidas. Porque el fracaso de las políticas estatales lo viven los ciudadanos y las comunidades, no los dirigentes.
También el ciudadano de a pié sabe muy bien que le falta a la agenda política, que negociados le quitan la posibilidad de un mejor transporte colectivo, que estrategias mantienen a tecnócratas en posiciones de dirección a pesar de salir reprobados en sus gestiones.
La gente sabe quiénes son los aventureros de la política, pero no tuvieron voz. Por ello, los totalitarios, con cargos y sin ellos, le temen tanto, hoy en día, a las redes sociales. Porque, a pesar que los periodistas hacen su trabajo bajo el sino de la muerte, el ciudadano acciona su cámara y publica la inequidad, la injusticia, la decidía y el abuso, en tiempo real a las redes y la solidaridad, automática y necesaria, lo hace tendencia.
Pero lo más aterrador, en este contexto, es la ceguera de los grupos políticos. Los que aún compran medios, los que hacen desfalcos y no buscan culpables, los que no dan cuentas claras, los que eligen posibles autoridades sin el voto directo de las militancias, los que no se sienten servidores públicos sino dueños y señores.
Por el posible impacto de la educación y la democratización de los recursos tecnológicos, América Latina está en camino de una redefinición política. La tarea pendiente es la eficacia, en todas sus dimensiones. Porque la diferencia la hace los objetivos alcanzados. No es derecha o izquierda, no es verde o alternativo, no es el centro o los indignados, es el ámbito de lo concreto, de lo que se ha carecido.
Obviamente, se preferiría que aparte de ser eficaces, hubiese la pasión de una utopía, para no olvidar que la razón debe estar de la mano de los valores, del imaginario histórico, que forjan instituciones, inspiran la existencia y preservan del abuso y la barbarie.
En sólo dos años América Latina volverá a elegir quien decidirá sus destinos, a la luz de los cambios y desafíos de las crisis globales. Se espera que la oferta sea más ganada a ser eficaces e inspiradores que cleptócratas.
Por Jorge Gómez Pinilla.- Tomado de El Espectador.- Abrigaba la esperanza de que el paso del tiempo demostrara que estaba equivocado, pero lo ocurrido este sábado 23 de abril en la Feria del Libro de Bogotá señaló mi amargo acierto, cuando una masa humana cercana a los 30.000 jóvenes taponó el ingreso al recinto ferial, en patética evidencia de un fenómeno donde la superficialidad y el dominio de la forma rutilante sobre el contenido han comenzado a mandar la parada.
Fue precisamente por ello que el ‘catano’ escritor y columnista Daniel Samper Ospina, aterrado al comprobar que los chinos que hicieron colapsar la Filbo para comprar Chupa el perro de su ahora homólogo Germán Garmendia, son los mismos que años atrás compraban sus libros (cuando él era el autor que entre los jóvenes más ‘pegaba’), produjo un video-parodia donde desnuda la tramoya histriónica de que se vale Garmendia para captar la atención de sus encandilados fans. (Ver video).
La situación de todos modos no es para chiste sino en extremo preocupante, porque muestra a la juventud sumergida en una oleada de conformismo y apatía por la conducción de la sociedad que le cae como anillo al dedo a eso que los jóvenes de antes llamábamos “la clase dominante”.
Garmendia vino a promover las ventas de un libro de autoayuda, digámoslo sin ambages. Y el propósito de esos libros es hacerle olvidar a la gente que la solución de sus problemas comienza por cuestionar la sociedad donde se originan, por ser sujetos activos. Les adormecen la conciencia –cada vez a más temprana edad- para hacerles creer que el problema es de ellos, que basta con tener una actitud positiva para que les lluevan “bendiciones” y se despeje el camino al éxito, pendejadas de esas. Y la prueba de que no sirven para nada es que la pobreza mundial aumenta en relación directamente proporcional a la venta de esas publicaciones repletas de obviedades pseudo intelectuales que pretenden hacer pasar como libros: Paulo Coelho (“no hay pecado en ser feliz”), Walter Risso (“niégate a sufrir por amor”), Deepak Chopra (“pensar es practicar la química del cerebro”) y demás mercaderes de la confusión colectiva.
En la misma senda de gurú de la superación personal se ubica ahora el chileno Germán Garmendia, cuyo libro –si así se le puede llamar- es un compendio de consejos para sus fanáticos, o sea para el rebaño de imberbes lectores obnubilados por las payasadas y la epiléptica edición de sus videos, a quienes quiere ayudar a que “luchen por sus sueños” con este tipo de sabias enseñanzas: “para cumplir tus sueños tienes que madrugar”; o “arriésgate a hacer lo que te gusta y no lo que la sociedad te impone”. ¡Qué lucidez! Ha nacido pues el “Coehlo gomelo”, y la definición no es mía sino de Tola y Maruja en El Espectador.
Esta columna no habría visto la luz si no fuera porque la que escribí hace ocho días hablaba de una adolescente de 15 años que tuvo el coraje de enfrentar al rector uribista de su colegio delante de todo el plantel educativo, cuyo nombre no se mencionó para evitar represalias del poder político-escolar donde ella cursa su décimo grado (Ver columna). Yo abrigaba la esperanza de que algún medio nacional se interesara en hallar y visibilizar a esa chica indómita y pensante (como eran los jóvenes de antes), pero la decepción fue mayúscula cuando la que brilló con luz propia fue una tal Juliana Robles de pensamiento precozmente anquilosado, quien se despachó en Las 2 Orillas con una diatriba contra los adultos titulada “Así les duela, Germán Garmendia es el mejor escritor del mundo”. (Ver columna)
Juliana Robles es una chica inteligente, brillante redactora además, aunque confundida, porque escribe desde lo emocional y eso le hace decir cosas como que “Compré Chúpate el perro y me gusta más que Cien años de soledad. Puede que dentro de unos años me guste García Márquez, pero ahora es el tiempo de Garmendia. Me da todo lo que quiero y estoy de acuerdo en todo con él. Gracias a él pudimos demostrar fuerza el sábado en Corferias y comprobamos que nos tienen miedo”.
“Me da todo lo que quiero y estoy de acuerdo en todo con él”. ¿Sí captan el modo ‘veneración religiosa’ que le expresa a ese bobito simpáticón? Miedo no, pánico es lo que producen sus palabras. Y el pánico es por lo que dejamos de hacer nosotros los mayores, pues lo que “escupe” es evidencia de que hemos engendrado a una generación vacía y desencantada: “Qué culpa que escupamos sobre sus ídolos literarios (…). ¿Acaso ellos no harían lo mismo si en su niñez no hubieran tenido Internet? Si quieren educarnos, ¿por qué no se atreven a conocernos mejor?”
Es ahí donde Juliana llega al meollo sin propónerselo: la generación a la que pertenece no creció al amparo de sus padres sino de la mano del Internet que nació con ella, y lo que hoy reclaman estos jóvenes no es por las injusticias del sistema (como hacíamos nosotros) sino por el abandono a que se vieron sometidos por aquellos progenitores que descubrieron aliviados que tan maravilloso invento les permitía dedicar más tiempo a sus cosas y menos a sus hijos, sin que estos se molestaran porque estaban embebidos en la magia de una red tan fascinante como alcahueta, protectora y falta ver si además… deformadora.
A riesgo de estar equivocado, me atrevo a diagnosticar que ante la confusión reinante y la ausencia de verdaderos líderes a seguir, nuestros niños y jóvenes, cada día menos nuestros, caen rendidos en admiración hacia quienes los descrestan con juegos verbales o visuales de ingeniosa apariencia o de aparente genialidad, pero que a la luz de un somero análisis no pasan de ser embelecos baratos, trucos de feriante.
Juliana remata su columna diciendo “Relájense, no queremos hacer una revolución, ni siquiera pretendemos su respeto; lo único que queremos es que nos dejen en paz”. Es lo más descorazonador que hemos escuchado los que 20 o 30 años atrás arriesgamos casi hasta la vida para brindarles una mejor sociedad a nuestros hijos y nietos. Hoy, ante semejante desfachatez y tan sombrío panorama solo dan ganas de responderles con su mismo lenguaje irreverente, pero no con el ánimo de insultarlos sino porque sabemos que solo así escucharán esta alerta temprana:
Jovencitos adoradores del ‘escritor’ youtuber, ¿saben qué?: vayan a que los chupe el perro.
DE REMATE esta caricatura de Matador que encontré por ahí, donde alguien le dice al multimillonario youtuber argentino Rubius: “Sus chistes idiotas, carentes de humor y dirigidos a una masa poco crítica, solo significan una cosa: usted está condenado al éxito”. Teniendo en cuenta lo que escribe Juliana Robles extasiada sobre Germán Garmendia, todo indica que ella también triunfará en la vida.
Por José Gregorio Hernández.- Como lo informó El Nuevo Siglo, se generó una tormenta política por la invitación de la Corte Constitucional a las Farc para que expongan sus puntos de vista sobre las normas que revisa en materia de plebiscito. En realidad, en ello no hay nada extraño.
Con un criterio propio de la democracia participativa, en un proceso público como lo es de constitucionalidad, la Corte -autorizada por el Decreto 2067 de 1991 y por su propio reglamento-, suele invitar a distintas instituciones y organizaciones a exponer sus conceptos en torno a los temas que se debaten.
Desde luego, los magistrados estudian los documentos y alegaciones de los ciudadanos que decidan aceptar la invitación, pero ellos no condicionan su decisión, ni hay efecto vinculante alguno, y se reservan sus propios conceptos para el análisis posterior y el debate público que debe tener lugar en la Sala Plena. Como lo dispone la Constitución, en estos procesos interviene también el Procurador General de la Nación, y aunque es muy importante su concepto, la Corte no está obligada por él. Puede acogerlo o no. Lo propio ocurre con quienes, como ciudadanos, participan en el proceso, bien sea para defender o para impugnar las disposiciones objeto de examen.
Se debe subrayar al respecto:
-La Corte formula estas invitaciones, mediante auto, con el fin de incorporar al proceso distintos enfoques y perspectivas en relación con el asunto debatido. De ninguna manera se está confiriendo un “status” o nivel de mayor importancia, o reconocimiento, a quienes son invitados. Sus argumentos se reciben –si quieren enviarlos, porque se trata de invitación, no de citación-, se tienen en cuenta, y las decisiones son del resorte exclusivo de la corporación.
-El proceso de constitucionalidad es público, con la salvedad de las deliberaciones que tienen lugar a puerta cerrada en Sala Plena. Inclusive, algunos hemos sostenido que lo debería ser en toda su extensión, y que -como ocurre actualmente en México-, al debate y a las votaciones debería poder concurrir cualquier ciudadano.
-La invitación de la Corte no tiene implicación alguna de carácter penal. Por el hecho de invitar a unos ciudadanos o grupos a participar no se les está absolviendo de delitos que les puedan ser imputados. Esa no es la jurisdicción, ni la competencia de la Corte Constitucional.
-Eso sí, quienes participen en los procesos de constitucionalidad deben ser ciudadanos en ejercicio. No pueden tener sus derechos políticos suspendidos como pena accesoria por sentencia judicial.
Por Jairo Gómez.- Se abre de nuevo el debate sobre un tercer canal de televisión. Es justo y necesario, pero hay que hablar, además, de un cuarto o quinto canal. Sería sano para la democracia y vital para el proceso de paz que hoy se negocia en La Habana, y próximamente en Quito.
Muchos desde su criterio empresarial consideran que Colombia admite más canales privados pues es el único país en América Latina con dos opciones nacionales, mientras en el resto son cuatro o más las propuestas televisivas.
Diría que el país está maduro para cinco canales. Se garantizaría, con ello, más pluralidad informativa y contenido con calidad. Es decir, se le despejaría el camino a nuevos dueños con una visión distinta sobre la televisión moderna e incluyente. Es sustancial, creo, que en una eventual adjudicación el prototipo de licitación deba contemplar otros requisitos: por ejemplo, conceder esos nuevos canales a otro modelo de empresa, más democrática en su composición, y que no represente intereses unipersonales ni de un pequeño conglomerado de socios. Nada sacamos si se persiste en el espejo de unos dueños que, además de explotar el lucrativo negocio de la televisión, tengan incidencia en otras actividades de la economía nacional. Eso es nocivo para cualquier democracia. Se privilegia el negocio tal como ha ocurrido.
Claro, la televisión es un negocio pero con responsabilidad social; es un medio que juega un papel estelar en la vida cotidiana de los colombianos. De ahí la importancia de crear otros canales. La actual oferta televisiva necesita de más competencia. ¿Cómo hacer la paz y no incluir la creación de más medios de comunicación? ¿Cómo hacer una reforma política y no incluir los medios de comunicación? Son preguntas válidas en un contexto en el que es necesario abrirle espacio a las comunidades y organizaciones sociales, a los nuevos movimientos políticos producto de un acuerdo de paz. El Acceso a los medios de comunicación, concretamente la televisión, es clave para consolidar la paz en el posconflicto. Es imperativo un tercer canal o más señales de televisión abierta.
Porque hacerlo crea alternativas a la unanimidad en la información, nos da herramientas para acabar con la interferencia del poder sobre el periodismo serio e independiente, y nos permite desmentir el mito de que solo el gran capital tiene el músculo económico para hacer una televisión de calidad.
Como consecuencia de no haber solucionado esos problemas aún, la televisión que tenemos, por ejemplo, desconoce valores fundamentales de la democracia como el debate plural, apadrina el periodismo que no informa a la gente, y lo mezcla con un contenido de entretenimiento desaliñado. En clave periodística se ironiza: “si sangra, manda”; y otros periodistas, resignados, dicen: “si piensas, apestas”. Esa es la realidad en las salas de redacción.
“La profesión periodística se metamorfoseó en el negocio de la información, que se convirtió en la industria de los medios y ahora se halla en manos de multinacionales”, escribió en su libro “El Ataque Contra la Razón”, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. En efecto, al estar en manos de multinacionales priorizan el interés económico de sus propietarios y dejan de lado cualquier sentido de responsabilidad social. Pluralizar los espacios de comunicación televisiva mediante la adjudicación seria y responsable de otros canales puede ser la alternativa a este nuevo modelo de negocio. En el contexto de los acuerdos de Paz, esa alternativa no sólo es deseable sino imprescindible.
Por lo demás, comparto la tesis central del comisionado y negociador Sergio Jaramillo: la paz significa sacar de la actividad política el uso de las armas. Pero también, como lo he mencionado, debe contemplar el acceso a los medios de comunicación para consolidar lo pactado, porque es ahí en donde comienza la etapa más difícil de la reconciliación. Dicen los teóricos que la democracia descansa en la comunicación persuasiva. La alternativa a la persuasión es la fuerza.
Por Horacio Serpa.- Un puesto es un cargo, una labor con remuneración. “Me dieron un puesto”, “me botaron del puesto”, “estoy pidiendo puesto”, “me quedé sin puesto, “lo que usted necesita es un buen puesto”, son frases comunes en lo público. También dicen, “ese congresista tiene más puestos que un bus”. Igual es en lo privado: “por fin conseguí un puesto que no depende de los políticos”.
Los políticos gestionan puestos aquí, en Somalía, en los Estados Unidos y en Francia. La política es una lucha democrática por el poder, y cuando el poder se alcanza los ganadores gobiernan con sus amigos, salvo los cargos de carrera administrativa, que por ser de naturaleza técnica permiten continuidad y coherencia en la administración pública. Es falsa la afirmación de que tener puesto o ser empleado público es dañino, inconveniente o pecaminoso.
Es bobo esperar que un presidente, gobernador o alcalde, en cualquier país, gobierne con sus contradictores políticos. Se gobierna para sacar adelante una propuesta, un plan, que fue lo que determinó el triunfo en las elecciones. Por eso es incorrecto afirmar que cuando un partido aspira a que miembros de su colectividad formen parte del gabinete ministerial de un Presidente políticamente amigo, sea burocrático o clientelista, o una untada de mermelada como se dice en lenguaje moderno.
Mirando la realidad política nacional, fuera bueno que alguien asumiera la tarea de examinar la relación partidista entre los funcionarios de un par de Ministerios, o en la Vicepresidencia de la República. Tengo la seguridad de que nadie se sorprendería de los resultados, lo que no me molesta porque “cada Alcalde manda en su año”. No me preocupan esos puestos, sino la forma de ser simultáneamente funcionario y candidato.
En lo que al Partido Liberal respecta, especialmente estamos con el Presidente Santos por su empeño hacia la paz, encomiable, valiente, necesario. No nos quejamos del gabinete porque nos sentimos bien tratados. No criticamos el reciente reajuste porque lo apreciamos más amplio y participativo para asegurar los acuerdos con la Farc y el Eln. Desde luego, quisiéramos sentirnos mejor representados en responsabilidades de orden social y de comando político, a nivel nacional y seccional. “Para que digo que no, si sí”.
Lo demás que se diga es “folklor político”. Carreta, demagogia, especulación, o “teoría” politiquera e interesada. Por el lado liberal seguimos siendo solidarios con el gobierno nacional, resueltos amigos de la paz, sin comprometer el derecho a la independencia crítica. Así como el Presidente tiene el fuero de escoger a sus colaboradores y de impulsar las políticas y programas en los que cree, el Partido Liberal también tiene el derecho de aceptar o no sus decisiones y de apoyar o no sus propuestas. Seguir en la Unidad Nacional ya no nos interesa.
En la paz somos incondicionales, a menos que se incurra en despropósitos o en inconveniencias que lesionen la democracia o el Estado Social de Derecho. Vamos bien y seguimos siendo buenos para sacar adelante la reconciliación y la convivencia.
Por Amylkar D. Acosta M[1].- ELECTRICARIBE, filial del grupo empresarial español Gas Natural-Fenosa es el operador de red en la región Caribe de Colombia y abarca a 7 departamentos, excluyendo al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que por ser insular cuenta con su propio operador.
Esta empresa tiene una pésima reputación entre sus usuarios, aproximadamente 2.6 millones, equivalente al 25% de la demanda nacional, debido a la pésima calidad del servicio que reciben, el cual no cumple con los mínimos requerimientos de Ley, tales como son la eficiencia, la calidad y sobre todo la continuidad.
Sus problemas empiezan por el tipo de mercado al cual sirve, se trata de un mercado no competido, pero tampoco competitivo, en razón de que el 80% de sus usuarios se reparte entre los estratos 1 y 2, barrios subnormales y zonas de difícil gestión, los cuales se caracterizan por su bajo poder adquisitivo y por consiguiente con muy poca capacidad de pago de su factura.
Ello repercute en la calidad de la cartera, de allí que la deuda de difícil cobro en estos segmentos supere los $400.000 millones y de contera la deuda del sector oficial supera los $144.000 millones. Bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado.
Y ello nos ha conducido a un callejón sin salida, atrapados en un círculo vicioso, en el que no se paga porque no se presta un buen servicio y la empresa alega que no presta un buen servicio porque no tiene caja debido al impago por parte de los usuarios. Y hablando de caja, las dificultades no son menores; ahora mismo la deuda contraída con los bancos está rozando los $2 billones. Ello le resta capacidad de maniobra a la empresa, la cual se ve abocada a comprar actualmente el 22% de la energía que comercializa en bolsa a precios mucho más altos que si la contratara.
Y así llegamos a la nuez de la problemática que afrontan los usuarios de ELECTRICARIBE, cual es el rezago histórico en materia de inversión, el cual ha repercutido en el deterioro del servicio que se presta. A esa conclusión llegó un estudio que contratamos a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, coordinado por la experta Carmenza Chahín, a través del cual, además de hacer un buen diagnóstico de la situación planteada, se dieron unas recomendaciones.
A ello se vino a sumar una distorsión causada por una norma regulatoria supremamente perversa, que toma como base para la remuneración de las inversiones en distribución la metodología del costo medio histórico, lo cual desincentiva la inversión en expansión, para garantizar así la calidad, la confiabilidad y la reducción de pérdidas, ya que sólo se reconocen una vez efectuadas dichas inversiones.
Ese es el gran lastre que le impide a ELECTRICARIBE prestar un buen servicio: la falta de inversión en la infraestructura. Ello da lugar a la sobrecarga de los transformadores y conductores por crecimiento de la carga, pero también por obsolescencia de la red, contaminación y mayores requerimientos de mantenimientos, máxime cuando su fragilidad está en niveles críticos. De allí su gran vulnerabilidad, tanto mayor habida cuenta que la demanda de energía en la región Caribe (7%) crece por encima del promedio nacional (4.2%).
Lo más preocupante es que, según el más reciente informe de la Superintendencia de Servicios públicos, lejos de mejorar sigue el deterioro de la calidad del servicio que se presta, como crecen también la inconformidad y las protestas en toda la región, las cuales se exacerban cada día más por cuenta de falencias en la atención a los usuarios.
Y no es para menos, pues según la misma Superintendencia durante el año 2015 en promedio la duración acumulada de las interrupciones del fluido eléctrico en las ciudades capitales de la región Caribe fue de 67.2 horas, muy por encima del promedio nacional que, según un estudio de mercados energéticos para la CREG, fue de 45.6. Y la frecuencia no fue menor: 59.9 veces en promedio se interrumpió laprestación del servicio por cortes intempestivos y/o racionamientos no programados, que contrasta con 41.4 veces en promedio para el nivel nacional.
La falta de firmeza y confiabilidad del Sistema eléctrico en el Caribe se ha convertido en el principal cuello de botella para la competitividad regional, afectando a las empresas grandes, medianas y pequeñas, a la hostelería, al comercio, al tiempo que se ha convertido en una calamidad para los usuarios residenciales, desesperados y desesperanzados, que ya no ven salida distinta al cambio de operador de red, como lo están demandando los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales de la región Caribe.
Valledupar, abril 30 de 2016
www.fnd.org.co
