Opinión
Por Jairo Gómez.-Varios acontecimientos plasmados en consultas y elecciones en el contexto internacional han puesto a prueba el sistema político que hoy se defiende en el mundo occidental como alternativa para gobernar: la democracia.
Dos convocatorias a votar ya han concurrido a las urnas, una en España y la otra en el Reino Unido, y dos de ellas, la elección presidencial en los Estados Unidos y el plebiscito por la paz en Colombia, están por venir.
Esos acontecimientos electorales tienen, a pesar de la distancia, un común denominador: el uso del miedo por ciertas campañas como alternativa para direccionar el voto de los ciudadanos. Se quiere, con el discurso del miedo, desplazar la racionalidad, la sensatez y la necesidad del cambio, tan necesarios para el correcto funcionamiento de la democracia.
Vamos por partes: ante el surgimiento inesperado en las encuestas del movimiento de izquierdas Unidos-Podemos, los partidos tradicionales –Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, incluido el recién creado Ciudadanos, de centro derecha- optaron por la estrategia de inculcar el miedo a los españoles ante el inminente triunfo de la formación de Pablo Iglesias. Los argumentos fueron Venezuela y Grecia: no dudaron en extrapolar sus crisis internas para desvirtuar la arremetida electoral del novel movimiento de izquierdas.
Por el lado del Reino Unido, el Primer Ministro David Cameron, culpable de haber cometido una gran torpeza política, y los defensores de la permanencia en la Unión Europea sucumbieron en las urnas en gran medida por el uso amplio y efectivo que la campaña por el Brexit hizo del miedo. El miedo a los compromisos financieros europeos representados en las erogaciones mensuales necesarias para permanecer en la Unión, calculadas en 350 millones de libras esterlinas; el miedo a la política europea y a la pérdida de autonomía de los entes judiciales ante las decisiones de Bruselas; etc.
Y es que el miedo, como estrategia política, se está moviendo por el mundo como un fantasma y es un gran aliado para múltiples campañas.
En la convención del Partido Republicano la presencia fantasmal llegó de la mano de los discursos de los representantes de esa formación, y el hoy candidato oficial a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, lo capitalizó. De la hora y 17 minutos que duró su discurso, 60 fueron específicamente premeditados para que los estadounidenses sintieran miedo de su propio país.
Su estrategia de seguridad basada en la “ley y el orden” la atizó con los ataques terroristas y la inseguridad en las calles. Avivó su visión apocalíptica con la imagen del muro en la frontera con México como solución indispensable al problema migratorio, y remató con la promesa de defender la segunda enmienda de la constitución para que los ciudadanos nunca se sientan desprotegidos ante los enemigos del Estado norteamericano.
Y ese fantasma también está haciendo presencia en Colombia. Ahora que la Corte Constitucional avaló el Plebiscito para que sea el pueblo quien apruebe los acuerdos de paz, le llegó el turno del miedo a nuestro país.
El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, buceando en los odios y rencores contra Santos y sus archienemigas FARC, se propone adelantar una campaña contra los acuerdos de paz metiéndole miedo a la gente, y para ello recurre a los mejores aliados del miedo: la mentira y la desinformación.
Con un discurso lleno de disparates, el expresidente se sostiene en la impunidad, la entrega del país al “castro-chavismo” y una negociación que conduce a un modelo económico y político cercano a los postulados comunistas. Esos disparates sólo tienen sentido político cuando incorpora el miedo como estrategia.
Hoy la paz nos sonríe. Luego de muchos intentos el país se encamina hacia la reconciliación. Lo importante, ahora, es oponer palabras claras a las confusiones que generan la mentira y la desinformación. ¡Mucha pedagogía, señores del gobierno!
Por Amylkar Acosta M.- Desde mediados del año pasado a la preocupación de la Junta directiva del Banco Emisor por la devaluación galopante que acusaba el peso colombiano frente a la divisa americana se vinieron a sumar los brotes inflacionarios. Como es bien sabido la Constitución de 1991, que ahora cumple 25 años, le atribuyó al Banco de la República la política cambiaria y la política monetaria y esta última debe de estar encaminada a preservar el poder adquisitivo de la moneda. Con tal fin la Junta se impuso como meta alcanzar una Inflación – objetivo cada año, metiendo en cintura el índice de precios al consumidor (IPC) y a fe que lo logró. En todo caso, el éxito del Banco al mantener a raya la inflación fue uno de los pocos factores que contribuyeron a mejorar la competitividad de la economía colombiana, sobre todo porque el mismo sirvió de ancla de la estabilidad macroeconómica.
Son varios los factores que vienen gravitando sobre el comportamiento de los precios internos en Colombia. Podrían resumirse en dos fundamentales: el fenómeno de el Niño, que ha afectado enormemente los precios de los alimentos, que tienen un peso del 28.2% en la canasta familiar y ya acumula una inflación del 14.3%. Adicionalmente se afectaron también los precios de la energía y el gas, a consecuencia de la sequía. A ello se ha venido a añadir tanto el paro agrario reciente como el paro camionero y ahora se avizora el fenómeno de la Niña, cuyo ocurrencia podría darse en el último trimestre de este año.
De otra parte, tenemos la devaluación del peso frente al dólar (15 – 20%), la cual se ha traducido en un incremento de los precios de los bienes transables y de los insumos importados y de contera, por el efecto contagio se transmite vía precios a los no transables, así como a los precios y tarifas de los bienes y servicios regulados. Y, para rematar, muchos precios y tarifas (arriendos, servicios de educación y salud, entre otros), amén del salario mínimo, están atados al IPC y por lo tanto se ven arrastrados al alza debido a la indexación de los mismos.
La inflación se trepó al cierre de junio al 8.6% anual, la inflación más alta en lo corrido de este siglo; en menos de un año se triplicó, superando con creces el límite del rango meta del 2 – 4%. La inflación, entonces, se convirtió de la noche a la mañana en la mayor amenaza para la estabilidad macroeconómica del país, que le resta competitividad al tiempo que erosiona la confianza tanto de los consumidores, los industriales y los inversionistas. La tasa de interés de intervención ha subido desde 4.5% a 7.5%, postura monetaria esta que todavía luce expansiva en la medida que la tasa de interés real sigue siendo negativa.
Con sobrada razón el experto analista económico Mauricio Cabrera cuestiona las decisiones de la Junta directiva del Banco, porque sabiendo que “la inflación es de costos y no de exceso de demanda, se empeñan en subir las tasas de interés, que es un instrumento que sólo sirve para frenar el consumo y la inversión, es decir disminuir la demanda”. Y añade, “por qué aceptar el costo de frenar el crecimiento y aumentar el desempleo en aras de contener una inflación” que el propio banco atribuye a factores transitorios, como lo son el fenómeno del Niño y la devaluación. Remembranzas del poema del Maestro Valencia, este es el típico caso en el que “se sacrifica un mundo para pulir un verso”.
Pero, la Junta no puede perder de vista que, como lo sentenció la Corte Constitucional en su oportunidad, justamente en el filo de la gran crisis de la economía colombiana, que “la finalidad del Banco de la República no es exclusivamente luchar contra la inflación. Esa es la función básica del Banco, pero la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos, pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano…La Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos del desarrollo económico y social previstos por la Carta”. Así de sencillo y claro!
Barranquilla, julio 23 de 2016
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Por J. Bradford DeLong.- Hace varios años, se me ocurrió plantear que todos los politólogos contemporáneos están parados sobre los hombros de gigantes como Nicolás Maquiavelo, John Locke, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Max Weber y Émile Durkheim. Algo que todos ellos tienen en común es que su principal foco era la composición social, política y económica del mundo europeo occidental entre 1450 y 1900. Lo que equivale a decir que ofrecen un kit de herramientas intelectuales para analizar, digamos, el mundo occidental de 1840, pero no necesariamente el mundo occidental de 2016.
¿Qué se enseñará en los cursos de teoría social de 2070, por ejemplo? ¿Qué canon –ya escrito o por escribirse– desearán haber utilizado al inicio de sus carreras profesionales, a fines de la década de 2010, quienes las estén terminando en los años 2070?
Después de darle vueltas a este interrogante en los últimos años, reduje mi elección a los escritos de tres personas: Tocqueville, que escribió en los años 1830 y 1840, John Maynard Keynes, que escribió en los años 1920 y 1930, y Karl Polanyi, que escribió en los años 1930 y 1940.
Las preocupaciones centrales de Keynes para su época hoy suenan sinceras. Le preocupaba la fragilidad de nuestra prosperidad colectiva y las graves tensiones entre el nacionalismo y las actitudes cosmopolitas desarraigadas que apuntalan una sociedad global pacífica y floreciente. Se centraba en cómo organizar nuestras actividades y usar nuestra prosperidad para crear un mundo apto para la buena vida. Quería exponer la bancarrota de panaceas ideológicas en ascenso: el laissez-faire, el orden espontáneo, la cooperación colectiva, la planificación central. Y pensaba profundamente en los problemas tecnocráticos de la gestión económica –y en los desastres sociales, morales y políticos que resultarían si no se intentaba resolverlos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los problemas que preocupaban a Keynes pasaron a segundo plano, en tanto una prosperidad renovada en Occidente llevó a muchos a creer que se habían solucionado de manera permanente. Inclusive durante la estanflación (crecimiento lento y precios en aumento) en los años 1970, se decía que el problema era una extralimitación socialdemócrata, no algún defecto fundamental en la economía política de Occidente.
Ese argumento allanó el camino para que la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente norteamericano Ronald Reagan redujeran el papel económico del Estado y dieran rienda suelta a las fuerzas de mercado. La corrección de Thatcher-Reagan fue un éxito incuestionado entre las clases adineradas que prosperaron a partir de ahí. Creó un consenso ideológico que dominaría la esfera pública de 1980 a 2010.
La prosperidad de posguerra también eclipsó los problemas centrales que Polanyi trataba de resolver en los años 1930 y 1940. Polanyi aceptaba que una sociedad de mercado podía en verdad generar mucha prosperidad material, pero le preocupaba que sólo pudiera hacerlo si convertía a las personas en marionetas y juguetes de fuerzas de mercado irracionales. También le preocupaba que la gente no se adaptara bien a este nuevo rol. El objetivo, para Polanyi, era alcanzar la prosperidad que genera una economía de mercado, sin sufrir los riesgos de pobreza, destrucción creativa y erosión comunitaria que conlleva la operación de las fuerzas de mercado.
Polanyi esencialmente advertía que si el orden burgués moderno fracasaba en esta tarea, los movimientos políticos autoritarios y totalitarios resultarían beneficiados. Durante el período de posguerra, el argumento de tiempos de vacas gordas, según el cual la prosperidad impulsada por el mercado justifica cualquier sufrimiento social colateral, fue dado como un hecho. También llegó a definir la opinión consensuada entre la clase adinerada y sus partidarios ideológicos.
Esto nos lleva a Tocqueville, que escribió hace casi dos siglos, pero cuyas preocupaciones centrales nunca desaparecieron. Tocqueville se centraba en las consecuencias de la destrucción de la casta como un principio de orden social y político. Todas las grandes castas –desde los nobles de la espada y los nobles de la toga, supuestamente fráncicos, hasta los comerciantes protoburgueses y los villanos galo-romanos– conferían a sus miembros pequeñas libertades y una dosis de autonomía personal a cambio de obligaciones para con el Estado. (Y, por supuesto, cuanto más baja la condición social, mayores las obligaciones).
Tocqueville veía que este mundo ordenado de manera estricta estaba siendo reemplazado por la democracia y una igualdad social formal, en la que todos serían igualmente libres, pero también estarían a merced de la sociedad por igual. En este nuevo contexto, ningún privilegio o libertad servía de protección si uno no encontraba una contraparte en el mercado o se enfrentaba a la tiranía de la mayoría, o simplemente buscaba alguna suerte de dirección en su intento por decidir quién se suponía que era.
En el mundo de Tocqueville, la destrucción de la casta era sólo parcial. El escribía para hombres blancos que conocían su nacionalidad, que sabían lo que significaba pertenecer a una casta y que conocían los privilegios de esa pertenencia.
En nuestro tiempo, la destrucción de la casta y el privilegio de las castas están dando otro paso hacia adelante. El período del dominio político de los machos blancos en las democracias occidentales está llegando a su fin. Y lo hace en un momento en el que el populismo económico está sustituyendo a la gestión tecnocrática, y en el que muchas veces los machos blancos se vuelcan al nativismo en respuesta a la destrucción de sus empleos y estilos de vida a manos de las fuerzas impersonales de la globalización.
Como podemos ver siglo tras siglo, el antiguo orden no se rendirá sin presentar pelea. Ningún antiguo orden lo hace. Pero el privilegio de casta de los machos blancos está predestinado al fracaso. El desafío al que nos enfrentamos ahora es cómo materializar mejor las nuevas oportunidades a nuestro alcance para el mejoramiento humano, en beneficio de todos. No se me ocurren muchas guías más útiles para ese desafío que Keynes, Polanyi y Tocqueville.
Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Como liberal y convencido demócrata estimo que el actual momento histórico requiere de posiciones coherentes y visionarias, que traduzcan ideales colectivos, no conveniencias individuales.
Colombia y su gobierno han asumido con coraje y determinación enfrentar la mayor amenaza a su futuro, el conflicto armado. Han decidido pagar el alto costo ético y político de sentarse a la mesa de negociación con los insurgentes y no sólo comprometerse para lograr un acuerdo, sino indagar lo que tenían en común y poder proyectar un país para ambos bandos, en uno solo.
Solamente ese esfuerzo titánico de los negociadores de la Paz, que rompió los paradigmas del conflicto, merece una ratificación contundente. De hecho, el Presidente Santos podía haber planteado un referéndum consultivo vinculante, una solución no traumática, pero exigió posiciones y el poder de la decisión del pueblo, se expresará a través de un Sí o un No, sin medias tintas.
Desde otra dimensión de los hechos, como Senador, creo que la Paz es ya una condición definitiva para construir un futuro mejor. No se podrá edificar un país sin diferencias teniendo la amenaza de la guerra, ni se podrán desarrollar las regiones sin su integración al mapa de los proyectos y programas de un estado social de derecho, como lo establece nuestra constitución.
Aun cuando hemos estado en conflicto, la energía de los colombianos nos ha llevado a ser la cuarta economía de América. La violencia es un ancla que nos detiene en un pasado de exclusión, inequidad e injusticia.
Cómo vamos a hacer sinergia si los departamentos tienen desigualdades y desequilibrios que los conducen a la miseria, si la debilidad institucional es uno de los factores de la inequidad, si no existe siquiera la vialidad requerida como ingrediente de inclusión y productividad.
El departamento que represento y donde nací, Santander, es uno de las regiones con más futuro, por su biodiversidad, capacidad productiva de sus habitantes y ubicación geopolítica. Pero tiene la gran debilidad, como otros departamentos y municipios del país, de carecer de vías, que no sólo intercomuniquen sus ciudades y pueblos de forma eficaz, con otras zonas del país, sino que sus campesinos no cuentan con el soporte de las vías terciarias, que articulen a los productores con los centros de consumo.
La Paz para Colombia es un activo. Una herramienta para superar las condiciones que la amarra a la desigualdad y la exclusión y la mejor estrategia para construir un futuro mejor.
Por ello digo Sí al Plebiscito de la Paz e invito a todos los colombianos sin distingo político, etnia, religión, credo, para que participen votando por el futuro: La Paz de Colombia.
Por José Gregorio Hernández.-Diariamente -y eso es lo que se sabe, pues no conocemos la mayoría de los casos- los medios de radio y televisión registran acontecimientos dolorosos, causados por la indolencia de las EPS e IPS, generalmente a raíz de la tendencia a no asumir los costos del servicio. Un servicio que no es gratuito. Que pagan los trabajadores y las empresas. Un servicio público esencial.
Los médicos se ven precisados a recetar lo más barato. Se niegan medicamentos e intervenciones y tratamientos urgentes y necesarios, alegando su excesivo costo, aunque estén en el POS (Plan Obligatorio de Salud).
Veíamos asombrados -sirvan como ejemplo apenas- dos casos conmovedores:
- Una mujer con cáncer no atendido, cuyo diagnóstico fue equivocado, ya que, según los medios, lo confundieron con gastritis o embarazo, clama en un video pidiendo que se le brinde la atención médica especializada que necesita con urgencia, dado su evidente peligro de muerte. Las instituciones prestadoras de los servicios de salud no se conmueven, y la mujer fallece, dejando en el más absoluto abandono a dos niñas de cinco y siete años.
- Una niña de tres años, afectada por una enfermedad denominada "huesos de cristal" -el solo nombre ya nos indica de qué se trata-, afección que implica que la niña no puede caminar ni mantenerse en pie, y cuyos miembros son frágiles en extremo, requiere una intervención quirúrgica que la podría salvar. Se la niegan. No se la practican, por cuanto a los intermediarios de la salud les parece muy costosa.
Pero la Constitución, que consagra el Estado Social de Derecho, y uno de cuyos fundamentos reside en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, señala que los niños tienen derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal física y mental, a la seguridad social, a un desarrollo armónico e integral, a una vida digna, a tener una familia (a la supervivencia de su madre, diríamos en el caso mencionado)...Y señala que esos derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. E inclusive, al hablar de la famosa "sostenibilidad fiscal", el artículo 334 de la Carta Política establece que no podrán ser desconocidos los derechos fundamentales.
Pura teoría. Ni siquiera habiendo obtenido protección mediante fallos de tutela -por supuesto desacatados- se conmueven quienes tienen a la salud como un negocio y no como un servicio público esencial por el cual los particulares que lo presten deben responder ante el Estado. Pero el Estado hace "mutis por el foro". Guarda silencio. Un silencio cómplice, aunque, como expresó la Defensoría del Pueblo, deberían ser ejercidas las pertinentes acciones penales.
A los intermediarios nada los sobresalta. Ni el dolor de muchas familias, ni las muertes, ni las condiciones indignas en que viven algunos pacientes. Nada les importa el interés colectivo ni los derechos. Su única meta empresarial es la ganancia. No gastar, salvo en aquellos lujos hacia los cuales se desviaron los recursos en el caso de Saludcoop.
De nada sirvió la Ley Estatutaria que tanto pregonó el Gobierno como el más alto logro en materia de salud. Y quieren desalentar la tutela, o hacerla ineficaz.
Las cosas en este campo siguen iguales, o peores. El sistema es inhumano.
Nos preguntamos: ¿Este es un Estado Social de Derecho, que así celebra los 25 años de una Constitución democrática?
Por Gabriel Ortiz.- Difícil la escogencia del nuevo Fiscal, de tan brillante terna presentada por el Presidente Santos. Finalmente salió elegido Néstor Humberto Martínez Neira, un valioso profesional que ha desempeñado cargos oficiales ministeriales, diplomáticos y financieros, amén del recorrido ético y sobresaliente en la rama del derecho.
Algunos círculos censuraron sus actuaciones, públicas y privadas, de pronto por sus éxitos en ambos sectores. Pero no puede ser válida esa tesis, ya que cuando se es bueno, se desempeña como tal en todas las áreas. Seguramente Néstor haya sido objeto de fustigaciones por el odio que está de moda en Colombia, introducido por el ex presidente-senador. Allá los críticos, porque la realidad es que el país ha conseguido un fiscal de lujo… ya lo veremos. Humberto, su padre y doña Aleida, su progenitora, le imprimieron lo mejor de sus cualidades a quien nos fiscalizará.
No caminará por lecho de rosas, en un país tan endemoniado, en el que reina el delito y florecen las mafias, el narco, la minería ilegal y en donde la justicia está desacreditada y corrupta, porque la dañaron, cuando la convirtieron en nominadora, electora, política.
En donde se ofrecen puestos para llegar a órganos de control, como es el caso de un Procurador, que dilata el proceso que se le sigue por haber violado la Constitución para hacerse reelegir –igual lo hizo su padrino Uribe- y, sin sonrojo alguno, adelanta campaña presidencial. Y qué decir del magistrado Pretelt, que permanece “atornillado” a la silla, pese a haber recibido dinero a cambio de un fallo.
Se enfrenta el nuevo fiscal a una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente en la política. Ejemplo claro el paro de los camioneros, con el que atropellan a una población inerme. Que corrompen, chantajean y delinquen para mantener el país a sus pies. Que son los culpables de la inflación y la carestía que golpean a las clases populares y que con unas tarifas irracionales, impiden que Colombia pueda sostener y conseguir nuevos mercados internacionales.
Pero ahí está este nuevo fiscal que llega a aplicar justicia y a trabajar en procura de un saneamiento de la misma, en aplicar la ley, al tiempo que garantizar a los ciudadanos confianza, optimismo, esperanza y ánimo.
BLANCO: La Ley Barguil que pone bajo control a los bancos.
NEGRO: La división racial atizada por Trump en Estados Unidos.
Por Amylkar Acosta M.-Como lo acota la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas, “vemos que, en general, hay un estancamiento. Casi todas las economías se han ido desacelerando y aquellas dependientes de recursos naturales como el petróleo son las que más han sufrido”. Según el FMI, “América Latina no encuentra salida al túnel” y resalta el hecho de que este desplome “no se veía desde la crisis de la deuda de 1982 – 1983”. El lastre mayor que arrastra la economía regional lo constituyen Brasil, Venezuela y Ecuador, con sus economías deprimidas, las cuales entraron a formar parte del que ha dado en llamar el FMI el “club de la tristeza”.
Durante la década 2003 – 2013 la economía Latinoamérica creció en promedio el 4% anual; en el caso de Colombia, el PIB creció por encima de su promedio histórico durante el largo ciclo de precios altos de sus materias primas. Pero, luego vino la destorcida de los precios, de los cuales el último en caer fue el petróleo, que se derrumbaron después de superar la barrera de los US $100 el barril en 2014 hasta bordear los US $30 a comienzos de este año, repuntando recientemente, pero sin rebasar los US $50. Y, según el Gerente del B de la R José Darío Uribe, una “caída del 40% en el precio del petróleo significa más de 2 puntos del PIB”, he allí una de las causas de la desaceleración del crecimiento del PIB, que se acentúa cada vez más.
Después de un crecimiento del PIB del 6.6% en 2011, este se vino en picada hasta el 4% de crecimiento en 2012, tuvo un ligero repunte en 2013 con el 4.9%, para seguir cayendo en el 2014 con el 4% nuevamente, el año anterior el 3.1% y la proyección del Gobierno para el 2016 es de un 3%, asaz difícil de alcanzar. Estamos más cerca del 2.5% que pronostican Fedesarrollo, ANIF y hasta el propio B de la R, que de la ansiada meta gubernamental.
No sólo la caída de los precios del petróleo y también de su producción contribuyen a la ralentización del crecimiento de la economía colombiana sino la de los demás commodities de los cuales depende, que tienen en China el principal destino de sus exportaciones. Según cálculos del BID, cada punto porcentual de menor crecimiento del PIB del gigante asiático impacta el crecimiento de la economía de América Latina y el Caribe en 0.6 puntos porcentuales. Con la caída de los precios de los commodities, decayó también la afluencia de la inversión extranjera directa, repercutiendo en una reducción del crecimiento potencial de la economía colombiana desde 4.5% anual hasta el rango 3.5% - 4%, situándose en el 3.7%, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que dio a conocer recientemente el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Dicho sea de paso, como lo afirma el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, al cotejarlo con el 4.3% del MFMP de hace apenas un año, “bajar en 0.6 puntos porcentuales la tasa de crecimiento potencial para siempre tiene consecuencias fiscales de enorme calado”.
Por lo pronto, el FMI prevé un anémico crecimiento de la economía global y luego de recortar su pronóstico anterior en 0.2 puntos porcentuales lo ubicó en 3.2%, similar al año anterior. Ello influirá en el comercio mundial que, según sus pronósticos, crecerá el 3.15, ligeramente superior al 2015 que fue del 2.8%. De allí que no sea dable esperar que el sector exportador impulse mayormente el crecimiento del PIB, máxime cuando no obstante que la tasa de cambio que se ha tornado más competitiva gracias a la maxidevaluación de los últimos dos años, no ha mejorado la competitividad de las exportaciones habida cuenta que las divisas de los competidores también se devaluaron. Además, los precios de los commodities siguen a la baja y por ello no es previsible en el corto ni en el mediano plazo mejoren los términos de intercambio.
Es difícil, entonces, que la economía colombiana crezca al 3%, como lo proyecta el Gobierno, toda vez que no cuenta con fuentes dinámicas de demanda que sirvan de galvanizador. Tanto la demanda externa como la interna se han debilitado tremendamente; tanto el consumo privado como el gasto público se han visto golpeados últimamente, el primero por el encarecimiento del crédito y por la pérdida del poder adquisitivo y la segunda por la sensible caída de sus ingresos a consecuencia de la crisis del sector minero – energético. Sectores como el agropecuario y el minero se contrajeron en el primer trimestre de este año en -3.1% y -0.9%, respectivamente; por su parte la industria creció en los primeros cinco meses del año 5.8%, pero cuando le sustraemos a REFICAR se reduce a sólo 2.8%.
Medellín, julio 16 de 2016
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Por Alexander Kudascheff. * Foto: DW.- Hace tiempo que el terrorismo, el terrorismo Islámico, se convirtió en una pesadilla. Ataca a las sociedades libres por todas partes: en restaurantes, aeropuertos, hoteles, estadios de fútbol, clubs, trenes, playas, escuelas y ahora también en la calle. El terrorismo está en todas partes y el miedo avanza en las sociedades libres, y también en otras. El peligro se intuye y se siente. La amenaza está en todas partes, en el día a día y en las vacaciones. El terrorismo reta a las democracias, sobre todo a Francia, que ha sufrido el tercer horrible atentado. Es una guerra asimétrica. De terroristas en solitario o pequeños grupos que, sin excesivos recursos logísticos, asesinan sin piedad mientras los demócratas tienen que temer por su libertad.
Un terror omnipresente
Parece que el Estado ya no pudiese cumplir con su tarea más importantes. Pese a los organismos de investigación, los servicios secretos, el aumento de la vigilancia del ciudadano y el inmenso despliegue policial, el Estado no puede proteger a sus ciudadanos. El terror es omnipresente porque procede de la misma sociedad. Fascinados por la fuerza del islamismo e impulsados por la yihad, jóvenes, en su mayoría hombres, parten para enfrentarse a nuestra sociedad que también es la suya. Masacran sin piedad y quieren cumplir un objetivo. Quieren perturbar la sociedad libre y lo están consiguiendo. Mientras las fuerzas de seguridad tradicionales no sean capaces de proteger al ciudadano, los propios ciudadanos irán perdiendo esa serenidad que hasta ahora fue ejemplar. Amenazan fenómenos sociales en los que triunfarán el odio, el rechazo y el racismo. Toda una pesadilla para una sociedad abierta.
Terminar con el Estado Islámico
Ahora está claro que hay que emprender una guerra, una guerra contra el Estado Islámico. Es políticamente necesario, pero también es un tema delicado porque habrá que estar al lado de los rusos y del asesino sirio Bashar al Assad. Pero no hay otro camino posible. Hay que conquistar Rakka, vencer al Estado Islámico, juzgar a los combatientes supervivientes y terminar con la pesadilla del Califato Islámico. Aunque no sea política ni diplomáticamente atractivo, habrá que colaborar con todas las potencias. Después habría que preguntarse por qué tantos jóvenes musulmanes son seducidos por un islam violento, no solo en la Europa secular, sino también en la América de la diversidad religiosa. ¿Qué quiebra con su identidad al punto de que sigan a los autodenominados califas de Rakka o enaltezcan a terroristas suicidas en la red como si fuesen héroes?
En cualquier caso, se trata de un proceso social más largo. Las sociedades libres tendrían que aprender antes a superar su indefensión. Hay que aumentar la presión sobre la escena de los simpatizantes. Hay que hacerlo con rigor. Los musulmanes tienen que deshacerse de secretas simpatías hacia los predicadores del odio y echarlos de las mezquitas. Es necesario acabar con la tolerancia pasiva para defender la libertad y nuestro estilo de vida libre. De lo contrario, las sociedades cambiarán y se irán distanciando de la democracia. El Frente Nacional de Francia se saldría con la suya.
*Redactor en Jefe de DW.
Por Iván Díaz Mateus.-Ninguna sorpresa ha causado el entierro de tercera que la Corte Constitucional le ha hecho a la llamada Reforma de Equilibrio de Poderes, la razón muy alarmante y cruda: La justicia en Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con las Altas Cortes es sencillamente irreformable e intangible, y lamentablemente la opinión ya está tan acostumbrada a ello que no se inmuta ni se preocupa porque esto suceda.
Uno de los pilares de esta Reforma Constitucional consistía en eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes encargada de investigar y pedir el llamamiento a juicio de determinados y específicos servidores públicos: Presidente de la República, Magistrados de las Altas Cortes y Fiscal General. Sobre la inoperancia de la comisión no hay duda alguna y sobre la posibilidad de que una de las Cortes actuara contra sus propios jueces, si así lo deseaba o lo veía necesario o justo, tampoco había duda alguna. Durante su larga existencia la Comisión nunca llegó más allá de lo que hasta ahora ha llegado en el caso del Magistrado Jorge Prettel.
Con ese panorama se decidió crear un Tribunal de Aforados conformado por Magistrados independientes, con amplia formación jurídica, y elegidos por partes iguales entre el Congreso, el Presidente y la misma Judicatura. Con ello se buscaba, entre otras cosas, independencia y autonomía, solvencia para investigar a los aforados sin temor a retaliaciones o presiones políticas, solidez jurídica para que obrara más el derecho que la misma política, y valoración de hechos y circunstancias con mayor seriedad y cuidado. Sin embargo, eso no fue posible, la Corte Constitucional que es la encargada de velar por la primacía de la Carta Política, en lo relativo a los vicios de forma, acaba de anunciar que la creación del Tribunal de aforados no se ajustó a la norma superior por tanto su creación ha quedado invalidada.
Esa decisión tiene una gran trascendencia Jurídica y política, tal vez la más grave es que al Congreso de Colombia no le quedó claro -cuando actúa como constituyente delegado reformando la carta, cosa que ha hecho muchas veces-, que puede y que no puede tocar ya que la Corte ha dicho que en ciertas decisiones sustituye la Constitución, es decir la cambia en lo sustancial y que eso no se puede hacer. ¡Se ha podido pero en este caso no se puede!
Una segunda consecuencia es que, muerta la reforma, las cosas vuelven a su statu quo, es decir sigue vigente la muy desprestigiada e ineficaz Comisión de Acusaciones, y esto favorece claramente a quienes están bajo su órbita judicial que saben a ciencia cierta, porque la experiencia se lo ha demostrado, que allá no pasa nada con las denuncias que se presenten en su contra. En otras palabras son y seguirán siendo un minúsculo grupo de colombianos a quienes es casi imposible aplicarles justicia, y lo que es más singular, cuando se trata de crear un organismo que lo haga, ellos mismos deciden que eso no es válido con argumentos un tanto traídos de los cabellos. Solo para que permanezca en su cabeza un privilegio que envidiaría cualquier gobernante o ciudadano: no tener juez.
Sigue consolidada una élite muy reducida de colombianos que se saben, Jurídicamente intocables y están habilitados para impedir que eso cambie.
Twitter:@idiazmateus
Por Jorge Enrique Robledo.- Luego de décadas de estar siendo aplicada, es obvio que la globalización neoliberal consiste en crear un mercado de envergadura global, para que los capitales trasnacionales de esa misma talla, localizados en cada país, hagan negocios entre ellos mismos. En ese mundo pueden moverse libremente los capitales y las mercancías, mas no las personas del común, condenadas a quedar presas en los países satélites de la potencias, y el poder del Estado se pone al servicio de los monopolios para que puedan arruinar, anquilosar o expoliar en sociedades leoninas a todos los capitalismos nacionales, empezando por los medianos y menores, pero sin excluir a los mayores. Como el concepto de clase media es relativo, ahí pueden caber incluso los de arriba a quienes les entre a competir algún King Kong extranjero.
Aurelio Suárez explica que la línea es imponer en todos los sectores lo que él llama el Modelo Transmilenio (http://bit.ly/2a4gplc), consistente en entregarle a un puñado de magnates –subsidiados y protegidos por un Estado a su servicio–, el monopolio del gran negocio que antes compartían miles de pequeños y medianos empresarios. La razón última del paro camionero reside en el rechazo de esta clase media empresarial a la exigencia de Estados Unidos para que se tomen medidas que monopolicen el transporte de carga (http://bit.ly/29CpAoI). Y crecen los reclamos de los pequeños propietarios de estaciones de servicio de combustibles porque la trasnacional Terpel está usando el poder de la gran ganancia de la distribución mayorista de los combustibles para desplazarlos y tomarse también el comercio minorista (http://bit.ly/29OVbWW).
La ultra concentración del comercio al detal, que desplaza a los pequeños y medianos empresarios, avanza a toda máquina, bajo el libertinaje de poder instalar grandes superficies en cualquier parte, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Europa, donde les ponen límites (http://bit.ly/29JFAox). Los hipermercados además incursionan en el negocio de las bombas de gasolina, las agencias de viajes, el corretaje de seguros y en lo que se les antoje, desplazando también a quienes no son de su talla monopolística, tamaño que igualmente usan para imponerles condiciones leoninas a sus proveedores agrícolas e industriales. Estas trasnacionales, más otras especializadas en el formato de los supermercados de escala reducida, con toda agresividad arruinan, persiguiéndolos de barrio en barrio y de pueblo en pueblo, a los tenderos y a los comerciantes menores. Y es notorio que las multinacionales de las ferreterías y las farmacias desplazan a la clase media que por décadas vivió de ese sector.
Abierta o solapadamente, crece la retórica que de manera falaz sostiene que entraban el progreso del país las explotaciones agropecuarias inferiores a las de decenas de miles de hectáreas, discurso anti campesino e indígena, por supuesto, pero que también se dirige contra el empresariado rural de clase media, víctima como los que más del libre comercio que lo empuja hacia la ruina y la pérdida de sus tierras.
Como otro ejemplo de lo que ocurre, cada día le entregan más la contratación pública de infraestructura a unas cuantas trasnacionales y banqueros, que sacan del negocio a las firmas de ingeniería menores, y hasta a algunas mayores, sin siquiera aportar capitales de riesgo dignos de ese nombre. Y se probó que Vargas Lleras cambió la ley para poder concentrar la construcción de las cien mil casitas entre unas pocas grandes empresas y entregarle al mayor banquero del país la intermediación de cuatro billones de pesos.
De esta manera, cabe la pregunta del título de este artículo, al igual que plantear el debate sobre el tipo de capitalismo que debe darse en Colombia: si uno absolutamente monopolizado, y ojalá por los extranjeros y su capital financiero, como el que impone Juan Manuel Santos, o si otro en el que también quepan y prosperen las empresas y el empresariado nacional no monopolista, es decir, la que puede llamarse clase media empresarial –y la asalariada, por supuesto, también maltratada de tantas maneras–, sector que le ofrece al interés nacional una ventaja principalísima: que no actúa con el principal objetivo de las trasnacionales, el de montarle a cada negocio un dolarducto, un tubo por el que les exportan a sus casas matrices los dólares de la riqueza que se crea en el país.
Santos y Vargas Lleras pusieron de Fiscal al representante en el país de la mayor trasnacional de abogados del mundo, selección que no tiene nada que ver con lo democrático y sí todo con lo plutocrático. “Es que ustedes no saben quiénes somos”, expresan con cinismo.
