Opinión

Por Amylkar D. Acosta M.- En el último mes se ha venido especulando en torno a la idea de crear una Gerencia para La Guajira que, según rumores más recientes, sería inminente. El sólo anuncio ha despertado una encendida polémica entre la dirigencia guajira en la que ha habido más calor que luz. Para que no se preste a equívocos o malas interpretaciones mi posición al respecto prefiero fijarla por escrito, como acostumbro a hacerlo.

No se trata de estar o no de acuerdo con la designación de un Gerente para La Guajira, que no es lo mismo que un Gerente de La Guajira. Hago esta distinción, para explicar que si de lo que se trata es de nombrar un Gerente  que vaya a suplantar o a desplazar a las autoridades legítimamente constituidas (tanto la Gobernadora  como los alcaldes fueron elegidos por el voto popular que, además, es programático) no estaría de acuerdo. Pero, si de lo que se trata y creo que de eso se trata, es de una Gerencia con el propósito de que coordine y articule las acciones de las distintas entidades nacionales que han venido interviniendo en La Guajira, sí estoy de acuerdo, porque lo que tenemos actualmente es un verdadero caos, en donde la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda y ello le resta eficacia a su intervención en procura de superar la problemática que embarga a nuestra tierra.

También dije que, en todo caso, esa Gerencia deberá trabajar de la mano con la Gobernadora, los alcaldes, la Asamblea departamental y los concejos municipales, además de contar con las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, especialmente los Wayüu, asentadas en nuestro territorio. Y no es para menos, sólo de esta manera se podrán implementar soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo.

Para la muestra un botón: allá andan perforando pozos a la topa tolondra por todas partes, sin orden ni concierto, el Ministerio de Agricultura, el DPS, el Ministerio de Vivienda y la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo, cada quien por su lado, incluso sin tener en cuenta la información de la que dispone el Servicio Geológico Colombiano sobre las aguas subterráneas en el Departamento y además sin pedirle permiso siquiera a CORPOGUAJIRA, que es la entidad que tiene la responsabilidad del manejo del recurso hídrico en La Guajira. Eso no puede continuar y la Gerencia entraría a poner orden.

Ya el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tuvieron la Gerencia por casi cuatro años en la administración de AUV del Ex Senador Juan Guillermo Ángel y fue de muchísima utilidad. Y más recientemente, el ahora Ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo al momento de su designación se venía desempeñando como Coordinador del Plan Pacifico, sirviéndole de puente a la Región Pacífica con el Gobierno Nacional y me consta que, también en este caso, fue de gran utilidad para esta región el papel desempeñado por él.

De modo que lo más prudente es esperar lo que disponga el Presidente Santos al crear la Gerencia y designar su titular. Solo en ese momento sabremos cuales van a ser sus funciones y cuál el rol que va a tener.

Yo entiendo la prevención que hay por parte de la opinión pública en La Guajira, debido a que la presentación inicial que se hizo a través de la W-Radio fue que, en vista de la falta de gobernabilidad que se estaba dando en La Guajira, el Presidente debía nombrar un Gerente que hiciera a un lado a las autoridades tanto departamental y la de los municipios y ocupará su lugar. Desde luego que yo rechazo y no estoy de acuerdo con esta propuesta, por antidemocrática y arbitraria, además de ser inviable por ilegal e inconstitucional. Así de claro!

Bogotá, mayo 21 de 2016

www.fnd.org.co

Por Juan Fernando Londoño. Foto Daniel Reina Moreno.-Las noticias de la semana pasada han llevado al país a una profunda discusión jurídica –como las que tanto nos gustan- sobre los alcances del blindaje al proceso de paz. Pero la noticia de fondo es más bien otra, pues dicho anuncio oficializa la cuenta regresiva para finalizar la negociación de paz. Con la tranquilidad de que no será posible desconocer lo acordado, las Farc se aprestan a resolver los temas de desarme, desmovilización y reintegración que vienen trabajando con delegados de las propias Fuerzas Armadas hace más de un año. 

Y mientras en La Habana las Farc deciden cómo van a emprender su transición a la vida civil, en Colombia las fuerzas políticas se preparan para enfrentar el nuevo escenario que implicará la firma de la paz  y la presencia de una nueva fuerza política en la vida nacional. 

El primero en anticipar sus cartas ha sido el ex Presidente Álvaro Uribe, quien ante la inminencia de la firma del acuerdo ha presentado su próximo movimiento con el ambiguo anuncio de la famosa resistencia civil. La propuesta, que tiene mucho de propaganda y muy poco de doctrina, parte de aceptar la derrota que para él y su grupo implica que la paz se firme. 

Luego de múltiples intentos para hacer la negociación inviable, de torpedearla, de ensombrecerla, de desprestigiarla, finalmente Uribe y su grupo se han resignado ante el hecho evidente de que no lograron impedirla. 

Esto supone una gran derrota para el líder del Centro Democrático pues su aspiración de revertir el proceso y de volverse indispensable para su terminación se ha visto frustrada. Pero no por ello se resigna el expresidente a su ambición de ser el último que ponga el visto bueno a los acuerdos, y atropellado por la fuerza de los acontecimientos prepara su próximo movimiento para liderar la abstención en el plebiscito. 

Ante la evidencia de que liderar una votación por el no dejaría su fuerza política en la mínima expresión y sometida al desprestigio local e internacional, la jugada de Uribe será la de presentarse como adalid de la abstención y tratar de cobrar como propia la ausencia de millones de colombianos en las urnas. Y claro, dicha apuesta, en un país abstencionista por naturaleza, tendría sentido si no fuera porque la regla para la refrendación del acuerdo facilita su aprobación, incluso en caso de mantenerse las altas tasas de ausentes en las urnas. Reclamarán entonces como propios los millones de colombianos que se abstendrán ese día, pero en democracia los votos que cuentan son los que se depositan, no los que se abstienen. 

Y luego de que los acuerdos sean aprobados, enarbolará su resistencia civil para oponerse a la puesta en marcha de los acuerdos, que es al final lo que le importa. Porque Uribe no se opone a la paz, según él mismo dice, sino a sus consecuencias. Es claro que el programa de Uribe es la apuesta por el statu quo, por una paz sin transformaciones, que no cambie nada, que no afecte intereses y que deje todo tal como está. Y los acuerdos de La Habana implican justamente lo contrario. 

La cuenta regresiva para la paz y para un nuevo escenario político ha comenzado.

Por José Gregorio Hernández.-Ha propuesto el ex presidente y congresista Álvaro Uribe Vélez el ejercicio del derecho a la resistencia civil, que también es conocido en la filosofía política como derecho de rebelión, contra el proceso de paz y contra los acuerdos que se firmen en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Los contenidos no los conocemos.

 
Aun considerando que ha habido equivocaciones fundamentales del Gobierno Santos en esa materia, la verdad es que la propuesta uribista nos ha parecido exagerada. No parece que, en Colombia, pese a la desinstitucionalización que varias veces hemos señalado, estén dadas las condiciones para dar lugar a una actitud popular de resistencia contra la opresión.
 
Debemos recordar que dicha posibilidad es la más extrema de las opciones, ante situaciones en las cuales los derechos y las libertades públicas son conculcados por un régimen despótico. Y, dígase lo que se quiera –conste que tenemos varias diferencias con el actual gobierno; no nos han parecido acertadas sus políticas en materia económica y juzgamos equivocado el proyecto de reforma a las reglas aplicables al plebiscito, entre otras cosas-, pero sinceramente no creemos que la situación colombiana actual sea siquiera cercana a la que plantearon en su momento Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino; los estadounidenses contra Inglaterra; los criollos americanos contra España; los revolucionarios franceses de 1789; la resistencia que hubo de organizarse en varios países contra el régimen nazi; los impulsores de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos; los argentinos contra Videla, o los chilenos contra el dictador Augusto Pinochet.
 
Es cuestión de proporción. La resistencia ciudadana o el derecho de rebelión se ejercen contra la ley injusta, no existiendo otros instrumentos o mecanismos que permitan al pueblo reaccionar contra los opresores. De modo que una invocación a la resistencia debe estar sólidamente fundamentada y justificada. De lo contrario, se parece más a un levantamiento contra el régimen jurídico; a una rebelión, o a una guerra contra la institucionalidad.
 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se encabezaba así:
 
“Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre...".
 
En el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 1948, se expresó:

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

La pregunta es: ¿Nos hallamos en una de las situaciones descritas? ¿Hay lugar al ejercicio legítimo del derecho de rebelión? ¿A la resistencia ciudadana? ¿Hay opresión gubernamental en Colombia? ¿El Gobierno de Santos es comparable al de Hitler, Videla o Pinochet? No nos parece, aunque creamos que en muchas cosas se equivoca.

Por Jaime Enrique Durán Barrera.-Colombia vive el momento más importante de su historia republicana. Y al mismo tiempo,  su etapa más peligrosa y comprometedora, porque está en juego lo que vamos a dejar a las generaciones futuras. No es momento de equivocaciones, es un instante de definiciones y de una decisiva claridad para que la historia no nos condene.

Equivocarnos seria retroceder en el momento más cercano al logro de la firma del acuerdo de paz, para iniciar el proceso sociopolítico más costoso y más trascendente, luego de la emancipación: el complejo postconflicto.

Retroceder seria iniciar de nuevo el camino de 50 años de guerra, porque ni el gobierno ha derrotado la insurgencia, ni los guerrilleros tomaron el poder.

Ante la inminencia de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, Colombia está en camino a importantes y significativos cambios, en la escena política. Otros actores, otras reglas del juego, otras alianzas y proyectos van a definir la Agenda Política Nacional.

Indudablemente no va a ser un proceso fácil, sobre todo para los partidos políticos, porque los cambios van a generarles nuevos desafíos como interlocutores de los ciudadanos y comunidades y mayores propuestas al poder.

Mi colectividad, Partido Liberal, no ha cesado en buscar la salida política del conflicto armado. Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, nos matriculamos en la mesa de la Unidad Nacional, desde la perspectiva de apoyar, desde el ámbito legislativo y político, el esfuerzo del jefe de estado de lograr la reconciliación con la insurgencia.

Por ello, no hemos dejado de apoyar en el Congreso, la redacción de  las leyes que den las herramientas legales para articular y viabilizar el camino del proceso de paz.

En este sentido, el Senador Serpa, que ojalá se siga recuperando de sus quebrantos de salud,  ratificó nuestra posición política al expresar que “El Liberalismo ha estado, está y estará con el Gobierno, porque acompaña el principal propósito del Presidente Santos, que es el de la solución negociada al conflicto armado en Colombia”.

De hecho, los roles del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y del Presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco y la bancada liberal a la que pertenezco con orgullo y honor, han pasado a la historia de Colombia, por su compromiso con su futuro de paz, inclusión y bienestar para todos.

Como senador y ciudadano estoy consciente que el mayor desafío está por venir, ya que es evidente que el camino a la Paz está trazado.

Los recientes anuncios del equipo negociador del gobierno en La Habana, con el aval de los organismos internacionales, demuestran que estamos cada vez más cerca no sólo de la firma, sino de los procedimientos legales, institucionales y pragmáticos del manejo del conflicto, como lo es la salida de los menores de los campamentos armados para su reinserción a sus comunidades, bajo la tutoría de los expertos de la ONU.

Ya se puede observar un escenario nacional de aceptación del proceso de paz. El Consejo Gremial y los Industriales han expresado, desde diferentes perspectivas su apoyo a las negociaciones y los avances de la misma.

Esto implica un paso muy significativo para el proceso, porque estos colectivos representan la posibilidad de la reinserción económica, la contribución y el apoyo de los costosos programas, que harán inclusivas a la vida civil, las estrategias de reparación de las víctimas y reeducación de los victimarios.

Ciertamente aún hay quienes no asumen el desafío de la Paz, porque temen el impacto que tendrá el fin del conflicto en la vida de la nación. Porque vivir en Paz, luego de 50 años, será todo un proceso de aprendizaje social. Todo lo postergado será posible y todas las voces que el conflicto silenció querrán expresar sus ideas y concretar sus metas, en un escenario político, seguro más plural y más complejo, pero favorecido por la reconciliación.

Como Liberal celebro el cambio que viviremos en Colombia a partir del fin del conflicto y me alisto entre los que asumirán, en sus dificultades y alegrías, el reto de una sociedad incluyente y próspera en todos los aspectos, que deberá construirse en el Postconflicto.

No marchitemos las flores en plena primavera, la paz en Colombia no da espera.

Por Felicia Saturno Hartt.- Como bien lo expresó Ramin Jahanbegloo, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto, cuando se escriba la historia definitiva del pensamiento democrático en el siglo XX, Mohandas K. Gandhi e Isaiah Berlin serán considerados los dos teóricos más distinguidos de la tradición pluralista.

Aun cuando la realidad de ambos no confabuló para encontrarlos, su vínculo filosófico está intacto en su obra y su hacer. Y desde este punto de vista, lo más valioso es aún encontrar lo que, hoy en día, tienen en común, una desconfianza total de los absolutos, es decir, de las nociones que no admiten la diversidad y los contextos.

De allí que el pluralismo, como valor central de la democracia, es necesario para otorgar el obligatorio respeto a la persona, en su diversidad y complejidad individual,  como sujeto de derecho.

El respeto a la persona y el aprendizaje del dialogo entre opuestos, es la expresión de una ética de la pluralidad. El horizonte humano común surgirá de la consideración de los derechos, que son universales y que no pueden ni deben ser juzgados, a la luz de las diferencias. Son derechos propios de la condición humana.

Y es precisamente en este aspecto, donde comienzan a aparecer las deudas pendientes. Una de las más terribles, en términos materiales, es la deuda social y humana que tenemos con las  personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Aun cuando existen avances registrados en las últimas dos décadas, la situación de esta importante población diversa es preocupante. Los derechos de estas personas no son completamente respetados, protegidos o reconocidos, debido a leyes y políticas punitivas, el estigma, la discriminación y la violencia.

Más de 70 países, como lo documenta el Banco Mundial,  aún tipifican la homosexualidad como un delito mientras que, en un grupo reducido de países, la homosexualidad se castiga con la pena de muerte.

Si bien hay una escasez de datos sólidos y organizados, las cifras existentes señalan que las personas de la comunidad LGBTI obtienen menores resultados educativos, registran mayores tasas de desempleo, así como acceso insuficiente a atención de salud, vivienda y servicios financieros.

Con este panorama es muy difícil poder lograr su inclusión social y darles un papel completo como ciudadanos, en la búsqueda del desarrollo social. Sin ser sujetos de derechos, jamás seremos ciudadanos. Y aun cuando se pueda alcanzar ese status jurídico, si no se formulan políticas donde se articulen procesos de concientización, educación y aprendizaje sobre la situación de estos colectivos poco se puede lograr.

El aprendizaje de la diversidad, en términos de entendimiento, comprensión y aceptación, es un proceso pedagógico, pero como proceso requiere espacios de participación, discusión y encuentro, que se sustenten en el logro de las siguientes premisas:

1)    Uno de los desafíos es romper la ignorancia sobre esta población en término de sus cualidades y en función a las cifras, que describen su realidad material como grupo humano.

2)    Crear grupos profesionales multi e interdisciplinarios para lograr enfoques inclusivos de estos grupos, para lograr la comprensión de la identidad de género y poder tener la orientación técnica adecuada y el liderazgo integrador para su inclusión social y comunitaria.

3)    Promover un diagnostico sistemático de las diferencias culturales y de identidad de género, para generar políticas más realistas que reduzcan la marginalización y la discriminación ante la ley y la sociedad.

4)    Lograr la integración comunitaria y política de estos grupos a la Agenda de los Estados, a los fines de materializar su rol y papel en los países como ciudadanos.

No creo que el Desarrollo de una nación podrá ser posible y viable si no se estima qué sucede con su gente. La agenda política no la determinan los prejuicios, los estereotipos, los antivalores, los miedos y las fobias, sino los derechos fundamentales y todos aquellos que busquen resguardar y garantizar al sujeto de las amenazas, retos y desafíos jurídicos y políticos de la dinámica sociopolítica.

La homofobia, la transfobia y la bifobia son formas de discriminación, basadas en concepciones irracionales, prejuiciosas e irrespetuosas de la orientación y el rol sexual, que atropellan los derechos fundamentales de la diversidad y pluralidad y niegan la participación plena de estos ciudadanos y colectivos, en la vida social y comunitaria.

Ojalá que se rechazara con tanta fuerza y pasión a los corruptos, pederastas, pedófilos, cleptócratas y olocratas, que no sólo están destruyendo vidas, sino arruinando el futuro de todos.

Por Juan Fernando Cristo.- En 1997, el ELN acribilló a mi padre, el senador Jorge Cristo, en el centro de Cúcuta, cuando llegaba a la oficina que él seguía llamando “su consultorio" donde, como médico traumatólogo, atendió durante años a sus pacientes. Desde entonces, la reflexión sobre el perdón siempre me ha acompañado y el anuncio del inicio del proceso de paz con el ELN la ha puesto en el primer plano.

Estoy convencido de que la única salida para nuestro país está en la reconciliación. El camino de la guerra eterna que ofrecen algunos suena, a oídos de muchos, atractivo porque las FARC y el ELN se han ganado el odio y la desconfianza de amplios sectores de la opinión. Pero sería un suicidio para Colombia como nación.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que redacté y lideré desde 2007, abrió el camino a la reconciliación. La Ley 1448 plasma un reparación integral de un alcance sin precedentes en las experiencias internacionales y ello mismo hace que estemos recorriendo un camino nuevo y corrigiendo errores mientras avanzamos.

Su implementación ha encontrado obstáculos como la realidad fiscal, que demora el acceso a la oferta de la Ley, las debilidades institucionales de las entidades territoriales y las dificultades de coordinación Nación-territorio.

Más allá de estos desafíos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió: devolvió a las víctimas su condición de ciudadanos. Al hacerlo, creó un campo fértil para la reconciliación. De poco nos serviría la paz negociada si no reconociéramos los derechos de las víctimas. Ningún proceso de paz en el mundo ha contado con su participación, ni ha privilegiado tanto sus derechos. Las víctimas hoy tienen voz. Por eso, desde el Gobierno decimos que las víctimas están en el centro de la paz y lo seguirán estando.

A los enemigos del proceso de paz, les digo que podemos disentir en medio del respeto. La virulencia de las palabras en la política, en la televisión, en las redes sociales impide la construcción de un diálogo social responsable. Quienes buscan como estrategia política la polarización y la radicalización sobre la base de los sentimientos de rencor y venganza contra quienes equivocadamente usaron las armas para generar dolor y sangre a millones de colombianos, no hacen otra cosa que garantizar una guerra eterna que debemos acabar entre todos.

El ELN ha dejado miles de víctimas en el país. En mi departamento, Norte de Santander, durante la década de los 90, prácticamente liquidó la dirigencia política y social. No fuimos en mi familia sus únicas victimas. Esa es la verdad. Pero si permitimos que nos carcoma el odio, el rencor y la sed de venganza, cerraremos la puerta de la paz y reproduciremos por décadas en la sociedad el círculo vicioso de la violencia.

Para desatar ese círculo y construir reconciliación, necesitamos mucha verdad, una dosis adecuada de justicia y reparación y la garantía de no repetición de los hechos. En lo personal, espero que este proceso que se abre con el ELN me traiga la verdad sobre el miserable asesinato de mi padre. Nada más pero tampoco nada menos.

Hay víctimas que exigen cárcel perpetua para los victimarios. Otras esperan una reparación justa para reconstruir sus proyectos de vida. Y no son pocas las que no están dispuestas a cicatrizar sus heridas y solo claman venganza. Respeto el dolor de cada víctima y su forma de tramitarla. En mi caso y el de mi familia, esperamos la verdad como condición indispensable para el perdón.

Muchos me preguntan y no entienden cómo respaldo conversaciones con el ELN que, no solo asesinó a mi padre, sino pocos años después secuestró a mi tío. Y muchos me insultan con una furia que asusta. Hace un año, ya como Ministro de Interior, el exintegrante del ELN Francisco Galán, en un acto público en Antioquia, pidió perdón a mi familia por el asesinato de mi padre. Ese día recordé, como lo he hecho toda esta semana al ver en los medios a Pablo Beltrán, negociador del ELN, cuando el en la Serranía de San Lucas hace ya más de 15 años me dijo escuetamente que " lo que había sucedido hace unos años en Cúcuta había sido una equivocación" . Son miles las que han cometido ellos y las FARC durante esta cruel guerra. Ojalá no se sigan equivocando y la decisión de dejar las armas sea sincera.

Como víctima del ELN, acojo con esperanza los diálogos con esta guerrilla y exijo verdad. Verdad para aceptar, verdad para reconciliar, verdad para vivir en paz. Un acuerdo, no solo con las Farc, sino también con el Eln asegurará una paz integral, más seguridad y una mejor implementación. Y nos garantizará, sobretodo, que nuestros hijos no tengan que vivir en el maldito país de la guerra y el odio que nos tocó vivir a nosotros. Solo espero verdad y que el ELN esté a la altura de lo que el país le exige.

Por Iván Díaz Mateus.-Con bombos y platillos se anunció desde La Habana un acuerdo básico para "blindar" lo que se pueda llegar a convenir entre las Farc y el Gobierno al término del proceso de paz. A la fórmula, tan sencilla como compleja desde el punto de vista constitucional y tan audaz como tan singular desde el punto de vista político, le han surgido, naturalmente, detractores y partidarios. La cuestión está de la siguiente manera:

Se tramita en el Congreso un proyecto de Reforma Constitucional que crea “instrumentos” normativos para facilitar en adelante la implementación de los acuerdos, es decir para hacerlos realidad con un sustento jurídico. El proyecto ha surtido seis de los ocho debates necesarios y le restan dos, Comisión Primera y Plenaria de Cámara, ya no habrá ni discusión ni votación en el Senado.

La iniciativa contiene tres temas: un procedimiento legislativo especial dirigido a agilizar la expedición de normas que se requieran en el cumplimiento de los acuerdos, tanto Leyes como Reformas de la Constitución; unas facultades al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley encaminados a la realización de lo pactado; y la creación de un fondo especial para La Paz con una proyección de veinte años.

De otra parte Colombia es suscriptor de los Convenios de Ginebra que en uno de sus artículos, el tercero, establece la posibilidad de que en caso de conflicto interno las partes se obliguen a tener unos comportamientos específicos mínimos especialmente en materia de derechos humanos. Dichos acuerdos, de celebrarse, quedan incorporados automáticamente al ordenamiento jurídico propio y tienen alcance de jurisdicción internacional.

Esta semana se divulgó un comunicado firmado por los negociadores, en el cual solicitan al Congreso, en este caso a la Cámara donde se encuentra en curso el proyecto de Acto Legislativo “para una paz estable y duradera”, que se incorpore un artículo nuevo, se dice textualmente: “Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.”

Todos hemos escuchado que uno de los principios básicos de los diálogos en La Habana es que “nada está acordado hasta que todo este acordado”, y aquí surge la primera pregunta, ¿si nada está acordado cómo puede el Congreso ordenar incorporar un acuerdo inexistente al bloque de constitucionalidad de la República de Colombia?

Igualmente en el texto del mismo Acto Legislativo se establece la refrendación como prerrequisito para que opere jurídicamente, segunda pregunta: ¿Si los acuerdos por el hecho de firmarlos y depositarlos quedan incorporados al bloque de constitucionalidad, es necesaria o es inocua una refrendación popular?

Como advertimos el Artículo que se invoca de los convenios solo hace relación a temas de derechos humanos, tercera pregunta: ¿Puede ahora el Congreso de Colombia por sugerencia de las Farc ampliar el espectro de este tratado a otros temas llegue a contener el acuerdo de paz?

Y finalmente un tema procedimental, la Corte Constitucional ha dicho suficientes veces que no es dable incorporar temas nuevos no tratados ni discutidos en cada uno de los ocho debates de un Acto legislativo, cuarta pregunta: ¿Será posible que pase el examen de forma una disposición que solo va a tener discusión y votación en dos debates que le restan en la Cámara, sin haber pasado debidamente por el Senado de Colombia?

Una última, ¿Por qué el Estado Colombiano y su sociedad toda deben dar siempre primero muestras de Paz y no al revés?

Por AmylkarD.Acosta.-En Colombia el abandono del campo es proverbial, ni la economía campesina ni la agroindustria han podido pelechar, de allí que históricamente casi siempre ha crecido por debajo de la economía y la ausencia del Estado ha permitido que los ilegales copen ese vacío e impongan su ley, ya sea por la fuerza o a través de la cooptación. El fenómeno de descampesinización en Colombia no tiene nada que ver con los procesos que registra la historia como etapa embrionaria del desarrollo del capitalismo clásico, entre otras cosas porque en Colombia el desarrollo del capitalismo fue tardío y deforme. La gran diferencia entre lo acecido en Colombia y en los países desarrollados es que en estos el desplazamiento de los campesinos a las ciudades obedeció a su industrialización, mientras tanto en nuestro país se ha producido un virtual vaciamiento del campo por cuenta de la pobreza y la violencia que los confina o expulsa hacia los cinturones de miseria de las ciudades.

En el campo se concentra la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y la exclusión social, principales lacras de la sociedad colombiana, una de las más desiguales del mundo. Colombia en los últimos años ha avanzado en la superación de la pobreza, aunque esta sigue siendo mucho mayor en el campo (13´121.000 siguen en la pobreza extrema), pero no en lo atinente a la desigualdad que, por el contrario, se acentúa. Basta con decir que el Gini rural pasó de 0.74 a 0.88 y no es para menos habida cuenta que el 77% de la tierra la acapara el 13% de los propietarios, al tiempo que el 36% de estos poseen el 30% de la tierra.

El campo colombiano no se reduce a la agricultura y a la ganadería, afectadas hace muchos años por el raquitismo, sobre todo desde la apertura atolondrada hacia adentro decretada en 1991. Es muy diciente que, como lo afirma el experto Juan José Perfetti, “en Colombia desde el año 2005 la producción agrícola total se mantiene alrededor de los 25 millones de toneladas”. Resulta patético comprobar que teniendo 7 millones de hectáreas aptas para el cultivo de maíz, arroz y soya a 480 kilómetros de Bogotá, estemos importando más de 10 millones de toneladas de granos y aceites desde Argentina que dista 10.700 kilómetros de Bogotá, de Brasil que está a 9.000 kilómetros o de Iowa (EEUU) a 6.500 kilómetros. Y ello pasa, sencillamente, porque en otras latitudes el agricultor y la agricultura cuentan con el apoyo y el estímulo por parte del Estado con los que no cuenta el campo colombiano.

El Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tuvo como Director académico al reputado profesor Absalón Machado, fue muy  descarnado en su diagnóstico: “Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en minería que en producción de alimentos. El Gobierno firma tratados y asociaciones de libre comercio y crea incentivos para el empresariado agroindustrial pero, con honrosas excepciones, el desempeño productivo agropecuario deja mucho qué desear. Entre tanto, sectores de pequeños y medianos campesinos esperan del Estado medidas de más envergadura para evitar que sus economías desaparezcan o queden reducidas apenas a medios de sobrevivencia”.

Pero, preocupa aún más la constatación de que no obstante “la mayor vulnerabilidad de los pobladores rurales…la institucionalidad estatal para atenderlos se ha debilitado o desaparecido y las coberturas en la provisión de bienes y servicios públicos (educación, agua potable, infraestructura, salud, saneamiento básico, asistencia técnica, etcétera) no se comparan con el peso de las estrategias y programas de subsidios sectoriales que en la práctica benefician a quienes tienen más capacidades y recursos”. Así es como se difumina el Estado, cuando no es que reduce a su función a servir de gendarme, lo cual ha llevado a los campesinos a percibir el conflicto armado que padecen como una guerra ajena a ellos, que son quienes sirven de carne de cañón, ya sea como conscriptos o como proscritos. 

Enhorabuena tres años después del Informe del PNUD se dieron a conocer los resultados de la Misión para la transformación del Campo, bajo la batuta del ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, con miras a “saldar la deuda histórica con el campo” colombiano. Esta Misión vino a llenar un vacío, el de la falta de una Política de Estado tendiente a sacar al campo y a los campesinos de su postración inveterada, generando condiciones de protección, inclusión y cohesión social, elementos esenciales para construir una paz estable y duradera. Su objetivo es claro, se trata de “garantizar oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales a nuestros habitantes rurales” y a quienes retornen añadiríamos nosotros, “para que tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran”, reconstruyendo el tejido social desgarrado por la violencia despiadada que los ha escarnecido. Esta es una asignatura pendiente del Estado colombiano. 

Bogotá, mayo 15 de 2016

www.fnd.org.co

Por Héctor Abad Faciolince.-Debe haber una doble resistencia civil: la ya convocada por Uribe contra el acuerdo, y otra convocada por quienes hemos sido víctimas de este conflicto, a favor del acuerdo.

Aunque parezca un trabalenguas, es claro: hay quienes están en desacuerdo con el acuerdo (Uribe y sus seguidores), y quienes estamos de acuerdo con el acuerdo: muchos de los que hemos sido víctimas de este conflicto de medio siglo y no lo queremos seguir sufriendo. Unos resistirán en contra del acuerdo; otros resistiremos a favor del acuerdo.

Íngrid Betancourt fue víctima de las Farc y está a favor del acuerdo; numerosas víctimas de la guerrilla o de los paramilitares están a favor del acuerdo. En esa unión de las víctimas de las Farc, de los paramilitares, y a veces del Estado, en esa unión de muchos, es donde está nuestra fuerza. Una fuerza serena que debe resistir contra aquellos que quieren volver a las soluciones de fuerza, a la solución militar, que nos llevaría a medio siglo más de conflicto.

Por lo tanto: debemos hacer nuestra propia resistencia civil a favor del acuerdo, en contra de esa otra resistencia civil (y legítima) que se opone al acuerdo. Dos resistencias civiles no se golpean, no se insultan, no se matan: se confrontan, discuten, y finalmente votan pacíficamente. Eso se llama democracia. Y si la resistencia civil contra el acuerdo de paz gana, nosotros aceptaremos pacíficamente su victoria, aunque pensemos que están equivocados. Y si nosotros ganamos, ellos deben aceptar pacíficamente nuestra victoria, así piensen que estamos equivocados. Y si ellos ganan, gobernarán los que están en contra del acuerdo de paz. Y si nosotros ganamos, gobernarán los que estamos a favor del acuerdo de paz.

Ellos (los de la resistencia civil contra el acuerdo) están diciendo que si se firma el acuerdo de paz vendrá el socialismo a Colombia. Nosotros decimos que si se firma el acuerdo habrá un nuevo movimiento político (el de las Farc) que busca sin armas el socialismo, y que en una democracia todos pueden proponer sus ideas. Que no se puede prohibir que se proponga el socialismo como sistema ideal de gobierno. Otra cosa es que votemos por ese sistema, o que pensemos que su socialismo (bolivariano) es bueno. La resistencia civil a la que convoco no está de acuerdo con ese tipo de socialismo, pero sí con que ese tipo de socialismo se pueda proponer sin armas y que la gente pueda votar, o no, por esa propuesta.

La resistencia civil a la que convoco es en contra de los que quieren que siga la lucha armada. Queremos discusión de ideas en paz; queremos que las Farc propongan su socialismo (así sea un error, así haya demostrado su fracaso en Venezuela) en paz; queremos que el uribismo proponga en paz su país de terratenientes, agroindustrias y empresa privada. Si todos proponen sus ideas en paz, la gente votará (en paz) por lo que mejor le parezca.

Tenemos que resistirnos a que los que se resisten a la paz por miedo a que las Farc propongan el socialismo. Que propongan eso si quieren, pero en paz. Las Farc van a perder, serán una minoría, pero una minoría obligada a ser pacífica, una minoría que no dispara ni secuestra ni trafica. Y también la resistencia civil de Uribe y sus seguidores tendrá que ser pacífica, no una resistencia que financie grupos armados de supuesta “autodefensa”, usados para el ataque.

De este modo, con muchos movimientos civiles y pacíficos de resistencia, crearemos una democracia real. Bienvenida la resistencia civil de la derecha. Bienvenida la resistencia civil de la izquierda. Yo convoco a una resistencia civil pacífica del verdadero centro democrático: la nuestra, la de las víctimas que no queremos más conflicto, sino paz para dirimir los desacuerdos con argumentos y sin violencia.

Por Edward Rodríguez.-En los últimos años  las ciudades han vivido un cambio, no por los retos que ofrece la  modernidad, sino por el comportamiento de sus ciudadanos que han visto como los problemas de movilidad, la toma de los espacios públicos, la indigencia y el vandalismo amenaza la convivencia pacífica en las grandes urbes.

Es fácil recordar cuando se iba a los estadios en las tardes de domingo y durante las noches para arengar a los equipos, se iba en familia y se disfrutaba incluso hablando y compartiendo mientras se hacía fila para acceder a los eventos. Todo esto cambió con los años y comenzó a tornarse violento, cuando surgieron los antagonismos entre las barras, al punto que se llegó a la agresión y hasta el linchamiento por el solo hecho de vestir una camiseta o llevar el distintivo del equipo preferido. El vandalismo comenzó a hacer presencia y se empezó a hablar de apuñalados y muertos en los escenarios deportivos.

Las autoridades bajaron la guardia y las libertades se dejaron ganar el puesto por el libertinaje, la incultura y la grosería que comenzó a campear en todos los espacios. Incluso muchos de estos, se convirtieron en verdaderos fumaderos y expendios de droga y alrededor de estos sitios de esparcimiento comenzaron a pulular las bandas y pandillas que de inofensivas, pasaron a ser  las auspiciadoras del desorden y del delito.

Es la realidad de una nueva época donde el vandalismo hace de las suyas en medio de una ciudadanía que se volvió permisiva y perdió ante los antivalores que hoy han sepultado las mínimas normas de urbanidad, por eso ya se convirtió en un lugar común decir que no existe respeto por los bienes públicos, los monumentos y lugares históricos que se han convertido en los orinales públicos y en los fumaderos y lugares para ventilar vicios, hoy las plazoletas históricas lucen destruidas, decrepitas y olorosas.

La cultura ciudadana que el alcalde Antanas Mockus nos imprimió y que llegó a ser ejemplo en las grandes capitales del país y por la cual volvieron a lucir las buenas maneras y la ciudadanía sentía seguridad, fueron dejadas atrás y las modas violentas han vuelto a reinar en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali por nombrar apenas unas pocas, donde la violencia se tomó las calles y las basuras y el desorden son la impronta.

Todo este desajuste social nos llevó a presentar un proyecto de ley al Congreso, para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y regresar a la cultura ciudadana, que nos permitió vivir momentos de seguridad, donde la cultura estaba por encima de ese pensamiento que ha tomado vida y que se ha vuelto el azote de la convivencia, “El todo Vale” y la cultura  del dinero fácil, que no puede seguir dirigiendo el futuro de nuestra sociedad.

Llegó el momento de ponerle orden a las ciudades y aunque algunos discrepen, esto solo se puede alcanzar a través de imponer castigos, multas pecuniarias y cárcel para los infractores, todo esto acompañado de políticas públicas de prevención del delito a través de propuestas culturales que permitan restituir el orden perdido.

El irrespeto por el peatón a la hora de pasar una calle, el desconocimiento de las cebras, los semáforos convertidos en lugares de venta y proclives para el asalto. Hay medidas y el Congreso tiene la palabra, pero no ha querido debatir los proyectos que podrían ponerle coto situaciones que poco a poco nos llevan a la anarquía.  

Uno se pregunta si al Gobierno  nacional y distrital no le causa ningún resquemor que los jóvenes se sigan hundiendo en el submundo de las drogas y el vandalismo a diario se salta las normas de convivencia y se siguen colando más de 200.000 personas en el transporte público, mientras las riñas y los atracos a diario se ensañan con las ciudades.  

Coletilla.

Mientras el Gobierno sigue enfrascado en los diálogos de la Habana, las ciudades continúan siendo presas de la delincuencia y el vandalismo, una problemática que no da espera y que debe ser enfrentada para devolverle la seguridad a las personas de bien, que siguen siendo la mayoría de los colombianos.