Opinión

Por Jairo Gómez.-No nos debe extrañar la frescura con que el Gobierno de Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de nuestro país. Así ha sido siempre, durante muchos años de relación bilateral; y eso ocurre porque los presidentes de ayer y de hoy lo admiten, sin reparo alguno, sin reclamar reciprocidad.

Eso explica cómo el imperioso embajador de ese país en Colombia tiene la osadía de enviarle una carta a la Corte Suprema de Justicia cuestionando una decisión judicial que es de su absoluta y soberana competencia. En Colombia la justicia toma una determinación y los colombianos, estemos o no de acuerdo, la acatamos y la respetamos, pero el señor Kevin Whitaker, no.

Tímidamente el presidente Santos, sin mencionar al diplomático, respondió que los fallos de la justicia no deben ser puestos en tela de juicio ni por autoridades nacionales y mucho menos extranjeras. ¿Suficiente respuesta? A mi entender, la reacción del Gobierno debió ser mucho más formal y con nota oficial de la Cancillería a la que, dicho sea de paso, el funcionario ignoró puesto que envió su comunicación directamente a la Corte Suprema, con copia al presidente, a todas las autoridades judiciales, al consejero de Paz y a su asesora, y no a María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores. Qué indelicadeza. 

Pero más allá de esta intromisión lo grave de su carta a la corte es el desmedido cuestionamiento que hace al Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno y las Farc, tras expresar su desacato por una decisión judicial, al amparo de la JEP, que favoreció, recientemente, a un guerrillero de las Farc sindicado, en su país, de haber secuestrado a un ciudadano estadounidense. Asegura, el embajador, que “la decisión de la corte es inconsistente con las metas del Proceso de Paz y por ello pudiese debilitar la credibilidad de los procedimientos judiciales especiales asociados con dicho acuerdo”. Pero, como si fuera poco, el diplomático, intimidante, advierte que esta decisión, repito, soberana de la corte, “desarrolla un gran riesgo de crear un precedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral”.

Por Elías Pino Iturrieta.- En los tiempos recientes, la sociedad venezolana ha querido rastrear su historia con especial interés. Mira con ahínco hacia el pasado, como si la memoria la pudiera sacar de los embrollos de la actualidad. Jamás habíamos manejado antes la vida con la mirada puesta cada vez más en el espejo retrovisor, se pudiera afirmar. Pero, ¿tiene sentido semejante empeño?, ¿conduce a desenlaces prácticos? Las preguntas tienen respuestas variadas, aunque seguramente predomine aquella de acuerdo con la cual, como la historia jamás se repite, es poco lo que puede enseñar sobre los hechos de la posteridad.

Es lo que sostiene sin vacilación la historiografía contemporánea. Pero un historiador luminoso, Nicolás Maquiavelo, le concedía gran utilidad para el remiendo de los embrollos de cada presente. Veamos ahora un poco su punto de vista, para que no perdamos la afición nacional por los asuntos de antaño y aún para que no dejemos de pensar que pueden servir de salvavidas.

Como se sabe, Maquiavelo fue un agente político de especial trascendencia, si lo definimos con palabras de nuestros días. Fue figura esencial en el arreglo de los sucesos relacionados con el poder en la Florencia de su tiempo, entre 1494 y 1527. Como Secretario de la Señoría y debido a sus  contactos con los poderosos de la ciudad, fue portavoz de los intereses de una vacilante república  en la mayoría de los negocios que se ventilaban en las cortes de la península itálica y del extranjero, en conciliábulos estelares y en los campos de batalla.

Su interés era el presente, en consecuencia. De los sucesos que discurrían en el entorno no solo dependía su salario de burócrata, sino también su reputación y su vida. Su oficio era descifrar una endemoniada rutina y cobrar por ello. Como no pertenecía a la nobleza, ni tenía dinero, dependía de sugerir soluciones sobre los agobios de su actualidad.

Unos agobios descomunales, si juzgamos por los personajes con los que lidió: figuras capaces de trascender el tiempo y los confines geográficos para convertirse después en referencias universales. Tales los casos de Savonarola, un fraile fanático; de los poderosos Médicis, del sanguinario César Borgia y del papa Julio II, quien más congeniaba con las soldadescas que con la vaticana piedad. La obligación de tratar con unos individuos como ellos no admitía descuidos, ni salidas eruditas que podían parecer anacrónicas.

En su papel de interlocutor, o de testigo privilegiado, debía llegar a análisis capaces de servir a los patrones florentinos que esperaban sus luces. Si se agrega el hecho de que debía proponer salidas sobre las discusiones de los grandes en palacio, sobre la formación de milicias, sobre la ropa de moda o sobre cómo aumentar los impuestos sin provocar demasiada roncha, estamos ante un predicamento en el cual la actualidad tenía dedicación exclusiva.

Pero el Secretario se aficionó a los libros de historia desde su juventud, cuando el padre lo puso a leer a Tito Livio. De las páginas de la Historia de Roma saltó a los escritos de Tucídides sobre las guerras griegas, a la vida de los personajes ejemplares descrita por Plutarco y a la crónica de villanos descomunales redactada por Tácito. Esas obras, que en ocasiones citaba de memoria, se convirtieron en compañía reiterada y lograron que fuera uno de los historiadores más célebres de su época, autor de investigaciones como los Discursos sobre la primera década de Tito Livio o la Historia de Florencia, estimadas como joyas de la historiografía renacentista.

Veamos la razón del interés: buscaba ejemplos en la antigüedad, para que sirvieran como analogías a la hora de hacer su trabajo de agente político. Consideraba que de la obra de los personajes antiguos manaban comparaciones provechosas para el entendimiento de las turbulencias de su tiempo, circunstancias y pormenores que servían para su rol de consejero y de remendador de entuertos. El enigma de los hombres de su época, escribió Maquiavelo, se podía descifrar y hasta pronosticar gracias al conocimiento de la conducta de los protagonistas del pasado. ¿Por qué? Porque los circunstancias varían, pero los hombres no.

Maquiavelo consideraba que, mientras el teatro en el que actúan los hombres se renueva a través del tiempo, los actores siempre se manejan como sus antecesores, movidos por las mismas virtudes y por los mismos vicios, por temores y entusiasmos que se machacan fatalmente mientras rueda el almanaque. Solo la influencia de la suerte puede deparar sorpresas, agregaba, debido a que la buena y la mala fortuna, es decir, resortes que no dependen de la voluntad de los seres humanos, pueden modificar el rumbo de las cosas. Si no fuera por un elemento así de fortuito, la historia casi podía ser cartilla infalible para pasar con lucidez las pruebas del futuro.

Tal vez los venezolanos de nuestros días sientan como el Secretario cuando enfrentan su rompecabezas. Quizá encuentren sentido práctico a lo que respondemos los historiadores cuando nos preguntan sobre las salidas de un país atormentado, es decir, sobre problemas para cuya solución carecemos de respuestas serias. ¿Acaso los venezolanos de ogaño no son iguales a los de antaño? ¿Acaso se equivoca un pensador tan certero como Maquiavelo? Antes de aventurar una contestación fulminante debe saberse que, cuando debía enfrentar desafíos que le parecían arduos, el autor de El príncipe consultaba a los astrólogos.

Por Juan Manuel Galán.-Si tuviéramos que resumir la guerra de los últimos 52 años en Colombia, en una palabra, yo escogería “pretexto”, para mantener el statu quo y no hacer las reformas que el país necesita para superar la desigualdad. 

Colombia después de Haití es el país más desigual del continente y aun así, no nos hemos propuesto como nación cumplir la deuda histórica que tenemos con quienes nunca logran una oportunidad. 

Me refiero especialmente a la Colombia rural y a la clase media empresarial donde está la mayoría de los colombianos, la que no puede pagar lobby en el Congreso y en el Gobierno para preservar su exención tributaria. El proceso de paz nos da la gran oportunidad de superar ese “pretexto histórico” que ha sido la guerra para superar un estado de cosas injusto e inequitativo. 

Sin embargo, la extrema derecha opositora y la izquierda dogmática, han querido enfrascar al país en un falso dilema, anti-democrático y que pretenden una constituyente. Por un lado, el Centro Democrático y el expresidente nos dice que los acuerdos de paz no sirven para nada y que los harán “trizas”. En el otro extremo están quienes dicen que nos quedemos en los estrictos acuerdos, mirando a las Farc y a 8 mil guerrilleros para cumplirles. 

Existe un camino distinto, una tercera vía que no desecha los acuerdos, se compromete a cumplirlos pero en beneficio de todos los colombianos, especialmente de los más pobres y de quienes nunca tienen oportunidades. Empecemos por cumplirle a 8 millones de víctimas que hace décadas esperan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en sus territorios. 

La tercera vía que propongo, le exige a las Farc que declaren los bienes y las tierras que despojaron y que aún no han devuelto. ¿Dónde está el dinero en efectivo enterrado fruto del narcotráfico y el crimen? ¿Acaso lo guardan para hacer política en lugar de reparar a sus víctimas? El acceso a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz debe estar condicionado a esa declaración individual y colectiva de bienes.

Amylkar D. Acosta M.- El Acuerdo de París fue suscrito en diciembre de 2015 por 195 jefes de Estado, solo Nicaragua y Siria se sustrajeron del mismo, el primero por considerar que el Acuerdo a su juicio no era satisfactorio y el segundo por estar enzarzado en una guerra civil y su propósito es conjurar el peligro en ciernes de que el aumento de la temperatura global supere los dos grados centígrados con respecto a la Era preindustrial, cuando ya el termómetro marca un incremento de 1.1 grados. Ello delata los desvaríos del Presidente Trump al darle el portazo al resto del mundo exterior, pero el tiro le puede salir por la culata.

Trump fue enfático al anunciar el retiro de los EEUU de dicho Acuerdo en que "es hora de poner a Youngstown, Detroit y Pittsburgh por delante de París", siendo los EEUU el segundo mayor responsable, después de China, de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global y, de lejos, el mayor contaminador per cápita del mundo, con 19.8 toneladas métricas de CO2, mientras un chino incurre en 8.6, un hindú 2.2 y un colombiano 3.3 (¡!). Después que a través de un trino en el 2012 puso a circular la especie de que “el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer no competitiva a la manufactura de EEUU”, el Presidente Trump se ha convertido en rehén de sus propias palabras, las que contrarían el concepto autorizado de los científicos.

La diferencia entre las post verdades, como esta, que están ahora en boga y el conocimiento científico estriba en que no requieren demostración, son axiomáticas. Pero, no puede desconocerse que desde 1988 se creó el Panel Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, más conocido con el acrónimo en inglés IPCC, acogido en su seno posteriormente por Naciones Unidas, el cual está integrado por centenares de científicos y expertos de todo el mundo, de todas las lenguas, razas, posturas ideológicas y credos religiosos. El objetivo fundamental de este Panel de expertos es observar, monitorear, investigar y hacerle seguimiento constante al cambio climático y producir informes periódicos, que son cada vez más alarmantes y dramáticos, los cuales le son reportados a La Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), el más reciente de ellos fue el sexto informe en 2016.

Y por consenso este Panel de expertos ha llegado a dos conclusiones básicas, debidamente soportadas en sus rigurosas investigaciones: la primera, que existe una gran correlación entre la concentración de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y la temperatura global; segundo, las mayores emisiones de CO2, que se van acumulando en la atmósfera, son atribuibles a la actividad humana, su origen es antropogénico. Trump justifica sus dislates escudándose en que no tiene tiempo “de ser políticamente correcto”, pero bien dijo Antonio Machado que "es propio de aquellas mentes estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza".

Para Trump, el Acuerdo de París no pasa de ser un Pacto "debilitante, desventajoso e injusto" y "un castigo para EEUU" que no les permite "utilizar todos nuestros recursos energéticos" haciendo referencia a los energéticos de origen fósil (carbón, petróleo y gas), los mayores contaminantes, que tiene en el nuevo Director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a quién es considerado como el caballo de Troya de la industria con chimenea, Scott Pruitt. Este se atrevió a afirmar, sin rodeos, que ¨el Presidente ha tomado una decisión muy valiente” y frente a la reacción que provocó esta decisión dentro y fuera de los EEUU espetó: “no hay razón para que pidamos disculpas como país…El mundo aplaudió cuando adherimos al Acuerdo…porque sabían que pondría a nuestro país en desventaja”.

No obstante, las declaraciones del Secretario de Estado Rex Tillerson, pone al desnudo las grietas en el equipo de Trump, pues, según expresó “no pienso que vamos a cambiar nuestros esfuerzos para reducir esas emisiones en el futuro y así espero que todos puedan mantener la perspectiva”. Será este un caso de polaridad manifiesta?

Bogotá, junio 10 de 2017

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Por Juan Fernando Londoño.- Las consultas populares son la más evidente expresión de la pérdida de legitimidad social del sector extractivo en el país. Pero no son la única expresión, también los bloqueos y las vías de hecho han aumentado en forma significativa. El problema no se soluciona pues acabando con las consultas porque eso es intentar buscar la fiebre en las sábanas y porque en la Colombia del pos conflicto resulta inaceptable política y moralmente pretender restringir los derechos políticos de los ciudadanos.

El reto para el país consiste en comprender porque llegamos a una situación de este tipo y tratar de construir una agenda positiva para superarlo. Lo bueno de lo que ha sucedido es que nos debe obligar a todos a pensar sobre nuestra relación con las industrias mineras y petroleras.

Para ello, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos tener un sector extractivo y cuál es el papel que le adjudicamos en nuestro desarrollo. Creo que son muy pocos los que defienden la idea de que Colombia debe renunciar a la actividad extractiva y sus recursos. De otra parte, también deben ser pocos los que defiendan la idea de que no deben existir limitaciones y controles e incluso la imposibilidad de desarrollar ciertos proyectos por razones ambientales o sociales. Ya tenemos un consenso sobre los páramos, por ejemplo, ¿no? 

Entonces, si como sociedad queremos que exista la industria extractiva, ¿por qué la animadversión reciente? Una cadena de errores y malas políticas nos han llevado al momento actual donde, similar a lo sucedido con la paz, lo que nos conviene a todos afecta a algunos de un modo distinto.

Por José Gregorio Hernández.-Lo acontecido la semana pasado en el Senado, que eligió bajo presión y amenaza a una nueva magistrada de la Corte Constitucional, la doctora Diana Fajardo, demuestra -no por  la elegida, de cuyos méritos no dudamos-  sino por el comportamiento de algunos de sus electores y del Gobierno,  que las frecuentes manifestaciones públicas hechas por dignatarios y funcionarios sobre apego a la legalidad y a los principios democráticos no siempre son sinceras. Por el contrario,  la baja política suele proclamar a voz en cuello su respeto a las instituciones, pero en realidad  busca someter las normas  -aun las de la Constitución-  y las decisiones judiciales a sus coyunturales intereses.

Es decir,  exactamente lo opuesto al deber ser de un esquema político que funda la acción estatal y los procesos de toma de decisiones en el sometimiento del poder a unas reglas jurídicas esenciales. Eso es lo propio del Estado de Derecho. En él,  como corresponde a una democracia, el poder público no está concentrado; sus ramas  son independientes; cada órgano cumple una función, sujeto a la normatividad que fija roles y  establece competencias. En últimas, impera el Derecho sobre la arbitrariedad y el querer  de quienes transitoriamente ejercen el poder estatal.

No en vano hemos optado por la democracia. Ello  tiene sus consecuencias. Si  decae o se pierde por completo el respeto a la Constitución -base de la pirámide jurídica, norma fundamental  y muro de contención contra el abuso y la arbitrariedad- , y si por encima de ella prevalecen intereses de corto plazo y conveniencias de la pequeña política,  la democracia fracasa.

En ese orden de ideas, los actos electorales no escapan a las directrices trazadas por la Constitución y las leyes. El hecho de que el Senado deba elegir, de ternas enviadas por otros organismos, a quienes hayan de desempeñar el cargo de Magistrado de la Corte Constitucional  implica, por supuesto,  una facultad pero también estamos ante una función, que en cuanto tal está sujeta a ciertas reglas. Una de ellas, como es lógico, la que garantiza la autonomía de voto de cada senador -quienes, al ejercer su derecho y cumplir su función, no deben ser manipulados por nadie-, y la que asegura que  todos los ternados estarán en pie de igualdad.

Todo ello se quebró en el caso de la elección que comentamos, no solamente por la coacción de la que fueron objeto los congresistas, al ser señalados como culpables de una posible ruptura en materia de paz si votaban por un candidato diferente, sino por la evidente falta de respeto a los otros dos  integrantes de la terna, y en especial  por la indebida  injerencia del  Presidente de la República, quien al parecer presionó a los senadores en idéntico sentido.

La elección de un magistrado,  en especial si lo es del  tribunal encargado precisamente de salvaguardar el imperio de la Constitución,  no puede tener lugar  bajo coacción,  ni como consecuencia de un mandato del Ejecutivo. 

En este caso, no se respetaron los principios, y la elegida tiene el reto de demostrar que ejercerá su cargo de manera independiente.

Por Frank Molano Camargo.- Plata si hay pero no llega a las escuelas. Se queda entre la nómina paralela del Men, la corrupción neoliberal educativa y la transferencia de recursos públicos a bolsillos privados. Por eso Santos y su Ministra de Educación no están dispuestos a dejar tan fácilmente la mermelada que entregan a sus socios. Aquí algunas pistas.

Primero: Nomina paralela de contrastistas del MEN. Esta ha crecido alarmantemente en los últimos años. Un ejército de profesionales con ingresos superiores a los $6.800.000 mensuales, jovencit@s neoliberales sin experiencia educativa, tecnocratas funcionales que permite la Resolución 0126 de 2016. Ver Informe de Procuraduría en este link: http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/pgn_men.pdf

 Segundo: Contratos con corruptos, por ejemplo Odebrecht Junio de 2016, el Men adjudicó al Grupo Graña y Montero (socio de Odebrecht y también dedicada al extractivismo aurífero) un contrato por US$ 135 millones de dólares para la ejecución del proyecto “Grupo N°2: Eje Cafetero y Pacífico del Contrato Marco de Diseño, Estudios Técnicos y Obra que ejecute los proyectos de infraestructura educativa en Colombia”. Su alcance es la construcción de aproximadamente 3 mil aulas de colegios distribuidos en 14 ciudades y ubicados en 4 departamentos del sur occidente colombiano. Ver: http://alianzaestrategica.info/?p=9080

 Tercero: el negocio de la alimentación escolar. Como parte del proceso de privatización de la educación, la entrega de contratos de alimentación escolar se ha convertido en un negocio rentable en el que pierden los niños y niñas. Ver: http://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-en-el-programa-de-alimentacion-escolar-del-ministerio-de-educacion/468169

Cuarto: 5 billones robados por los negociantes de la salud del magisterio El sistema de salud manejado por las uniones temporales con que contrata la Feduprevisora, es también un negocio altamente rentable. Atender maestros y maestras es una modalidad de bajo costo, cualquier edificio sirve para improvisar consultorios. La salud no llega, la plata se pierde. Ver: http://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-en-el-programa-de-alimentacion-escolar-del-ministerio-de-educacion/468169

Quinto: la transferencia de recursos públicos al sector privado mediante la modalidad de Alianzas Público Privadas. La distorción ideológica de que la educación es pública ya sea prestada por entidades estatales o empresas privadas ha servido para ocultar el proceso de privatización. Las escuelas en concesión, el giro a ONGs para que cubran servicios educativos, a empresas privadas para procesos de capacitación docente, entre otras modalidades, van en detrimento de la inversión y el patrimonio público. 

Ver: http://elpais.com/elpais/2017/05/31/contrapuntos/1496241832_077401.

Por Amylkar D. Acosta M.-Apenas acababa de arribar de su periplo por el Medio Oriente y Europa, en donde marcó distancia con todos los líderes de los países aliados de los EEUU y haciendo alarde de su aislacionismo, al socaire de su frase de clisé "América primero", cuando le dio un puntapié al tablero, pretendiendo convertir en tabla rasa el Acuerdo de París contra el Cambio climático, anunciándole al mundo el retiro de los EEUU del mismo. El Presidente Trump ya se había anticipado a expedir 14 órdenes ejecutivas derogando las medidas que había tomado el ex presidente Obama, borrando con el codo lo que este había hecho con la mano en materia ambiental.

Este Acuerdo fue suscrito en diciembre de 2015 por 195 jefes de Estado, solo Nicaragua y Siria se sustrajeron del mismo, el primero por considerar que el Acuerdo a su juicio no era satisfactorio y el segundo por estar enzarzado en una guerra civil y su propósito es conjurar el peligro en ciernes de que el aumento de la temperatura global supere los dos grados centígrados con respecto a la Era preindustrial, cuando ya el termómetro marca un incremento de 1.1 grados.

Trump fue enfático al afirmar que "es hora de poner a Youngstown, Detroit y Pittsburgh por delante de París", siendo los EEUU el segundo mayor responsable, después de China, de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global y, de lejos, el mayor contaminador per cápita del mundo . Qué barbaridad!

A nadie ha sorprendido este paso que acaba de dar el Presidente Donald Trump, que pretende llevar con los ojos abiertos a los EEUU y al resto del mundo al abismo planetario. Se repite la historia, en 1997 el ex presidente demócrata Bill Clinton impartió su aprobación al Protocolo de Kioto y el ex presidente republicano George Bush se negó a ratificarlo, esgrimiendo los mismos argumentos de los cuales está echando mano Trump. Según él, el Acuerdo de París “debilita la economía” y “provocaría la pérdida de 2.7 millones de empleos para el año 2015”.

En su momento Bush manifestó lo mismo, que los EEUU no estaban dispuestos “a renunciar a sus mayores tasas de crecimiento en aras de darle cumplimiento a las estipulaciones del Protocolo de Kioto”. Sin embargo, como los hechos son tozudos, el huracán Katrina se encargó de darle una dura lección a Bush. Según Lord May, Presidente de la Academia Británica de Ciencias (Royal Society), “los daños ocasionados por el Huracán Katrina, fenómeno extremo atribuible al cambio climático que insisten en negar, representan 1.7% del PIB y es concebible que la parte de Norteamérica del Golfo de México sea inhabitada de aquí a fin de siglo”.

En cuanto a los empleos que supuestamente se destruirían por cuenta de la puesta en práctica del Acuerdo de París en los EEUU, ello no es más que una falacia, puesto que, según un estudio de la Universidad de Columbia, se estima que el sector minero ha perdido desde 2011 60.000 empleos, la mayoría de ellos no atribuibles a las medidas tomadas por Obama sino por la sustitución del carbón por el gas natural barato, ahora que los EEUU se ha convertido, como lo dijo él, en “la Arabia Saudita del gas natural”, gracias a la revolución del fracking. Vale la pena destacar, además, que las empresas que operan en el negocio de la energía solar emplean 374.000 personas en los EEUU, el doble que la industria del carbón.

Tratando de dorar la píldora envenenada, planteó que "EEUU se retirará del Acuerdo de París pero empezará negociaciones para volver al Acuerdo de París o a una nueva transacción en términos que sean justos". Lo primero que hay que aclarar es que, así lo quiera, el Presidente Trump no puede hacer efectivo dicho retiro de forma inmediata, pues en el Acuerdo, que él tanto abomina, quedó establecido en el punto 28 que cualquier país que haya ratificado el Acuerdo y este es el caso, solamente podrá solicitar su salida del mismo tres años después de su entrada en vigor; estamos hablando del 4 de noviembre de 2019.

Y en cuanto a la renegociación del Acuerdo, este anuncio no pasa de ser una cortina de humo, pues los demás países signatarios del mismo han sido categóricos al afirmar que esa posibilidad no existe. Los gobiernos de Francia, Alemania, Italia y España le hicieron saber al de EEUU que “no se puede renegociar el acuerdo porque es un instrumento vital para nuestro planeta, nuestras sociedades y nuestra economía”. Hasta el nuevo mejor amigo de Trump, el Presidente de Rusia Vladimir Putin, se desmarcó de él al afirmar que “si esos grandes países emisores, como EE UU, no van a cooperar, entonces no se podrá consensuar ni firmar ningún acuerdo en este ámbito”. Claro que después dijo que “no deberían hacer un escándalo sobre esto, sino que deberían crear las condiciones para un trabajo conjunto”. Definitivamente el Presidente Trump está conduciendo a los EEUU en contravía del resto del mundo, lo que no deja de ser un desafío a la comunidad internacional que le puede salir caro. 

Bogotá, junio 4 de 2017

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Por Juan Manuel Galán.-En pocos días, podremos debatir sobre las 16 nuevas circunscripciones de paz acordadas por los negociadores en La Habana. Este proyecto es de suma relevancia, pues más allá de discutir sobre la creación de nuevas curules en la Cámara de Representantes, se trata de una oportunidad para hablar de lo que he llamado el Estado Local.

En otras palabras, para darle una mirada a las regiones y evaluar cómo ha sido hasta ahora su inserción en el territorio nacional y su participación política en las decisiones que, desde el más alto nivel, se toman sobre sus pobladores. Este proyecto surge del consenso sobre que las zonas más afectadas por el conflicto armado, no solamente han sufrido el abandono y la débil presencia institucional, sino también, una sub representación política en el escenario nacional.

Bajo esa premisa, la ampliación de los espacios de representación para los más de 160 municipios del territorio colombiano, por 2 periodos electorales, se convierte en una medida de reparación y de construcción de un nuevo concepto de territorialidad. Esa nueva visión debe dirigirse a la construcción de un Estado local que integre Nación y territorio. 

Para eso, necesitamos trabajar en tres pilares fundamentales: Instituciones, Seguridad y Participación de la gente. Es claro que, si Colombia no cuenta con el primer pilar, no podremos consolidar un sistema electoral libre, justo, competitivo y confiable, capaz de impartir justicia y ejercer soberanía sobre cada rincón de nuestro territorio. En segundo lugar, tenemos que garantizar la seguridad física de los habitantes que existen en esas 16 circunscripciones y que cotidianamente se ven amenazados por la violencia política y social en sus territorios y por las dificultades de acceso y garantías de participación, de siempre. Finalmente, dentro del pilar de la participación, es necesario contar con una sociedad civil, fuerte y organizada, conectada tecnológicamente, que se exprese y pueda hacer control y veeduría sobre sus líderes y representantes.

Por Juan Fernando Londoño.-En días pasados un grupo destacado de intelectuales envió una solicitud a Humberto de la Calle para que lidere la convocatoria de un referendo cuyo objetivo sería decidir si el Congreso aplica o no el fast track para implementar el proceso de paz.

La invitación es curiosa por múltiples razones. La más evidente es que se trata de un grupo de destacados profesionales e intelectuales que se caracterizaron por impulsar el No en el Plebiscito pasado, aunque deliberadamente han evitado matricularse en las huestes pendencieras del uribismo. No queda claro entonces qué intención les asiste proponiéndole a su excontradictor que lidere una campaña de este tipo.

Tratándose de mentes tan lúcidas deberían tener claro que una iniciativa de este tipo no tiene ninguna viabilidad jurídica ni política, principalmente porque los tiempos no alcanzan para tomar una decisión sobre ese tema en una votación popular, pues cualquier votación se realizaría después de que venzan las facultades de uso del fast track.

¿Qué significa entonces que los contradictores de ayer hagan una propuesta hoy para realizar una votación sobre un tema referente a la implementación de la paz? Pues simple y llanamente que quienes participaron en la propuesta del No en el Plebiscito quieren una nueva oportunidad para medirse en las urnas.

Independientemente de sus intereses personales legítimos, en el fondo tienen algo de razón en pensar así, pues a la paz le faltó un segundo hervor para gozar de la legitimidad absoluta luego de perder el plebiscito de octubre. El problema es que un segundo plebiscito era una invitación al suicidio. El segundo Acuerdo de Paz recogió aquellas observaciones que con sensatez y lealtad se formularon al primero, pero para hacer posible la paz resulta impensable tratar a las Farc como si las hubieran derrotado en el campo de batalla. Pequeño detalle que la mezquindad interesada de los enemigos del Acuerdo se niegan a reconocer.

Si las Fuerzas Armadas hubieran derrotado a las Farc, como los aliados a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial -para usar el símil que tanto les gusta a algunos- podrían haber conducido a la guerrilla a los tribunales ordinarios y aplicar la justicia de los vencedores, que resulta tan común luego de una victoria militar. Pero la realidad es que esa derrota no se produjo y tratar de buscarla le hubiera costado al país una o dos décadas más de guerra sin ninguna certeza de que el resultado fuese distinto al que tenemos hoy.

Por tanto, la realidad es que el Acuerdo del Teatro Colón es realmente el mejor Acuerdo posible dadas las condiciones en que terminó el conflicto, sin una victoria militar para ninguno de los dos bandos.

Ahora los enemigos del proceso intentarán distintas versiones de traición a los Acuerdos de Paz. Una versión extrema de esa opción es la guerra sucia que ahora se vive contra líderes sociales y políticos en las regiones y que pronto se extendería a los desmovilizados. Otra versión es la declaración sincera de que hay que “hacer trizas los Acuerdos” como plataforma política. Y una última, que cada vez adquiere más fuerza es simplemente empezar a hacer conejo a lo pactado. Como ha dicho De la Calle, con el solo hecho de evitar hacer algo ya se consigue el propósito de dejar la paz al garete. 

En este escenario serán las elecciones de 2018, el escenario para que los colombianos emitan su veredicto sobre la paz que se ha venido construyendo. Será en las elecciones parlamentarias y sobre todo en las presidenciales cuando los colombianos decidan si quieren seguir avanzando en el cumplimiento de los Acuerdos o darle el gobierno a quienes garanticen que se les haga conejo a las Farc desarmadas y a los contenidos de un Acuerdo que no solo busca silenciar los fusiles sino poner las bases para una Colombia distinta.