Opinión

Por Ariel Ávila.-Eduardo José Tous de la Ossa es actualmente representante a la Cámara por el departamento de Córdoba. Llegó como fórmula del senador de Bernardo Elías, ambos del Partido de la U. Entre 2007 y 2013, Tous fue director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Córdoba, donde hizo y deshizo con la plata de los niños del departamento.

Vale la pena nombrar al menos cuatro hechos. Por un lado, se ejecutaron alrededor de 100 obras de infraestructura para la atención integral de la primera infancia, lo que hoy se denominan Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Estos espacios se convirtieron en foco de corrupción, con deficiente infraestructura, provisión de alimentos insalubres y condiciones paupérrimas de adecuación.

En segundo lugar, la Procuraduría abrió una investigación en 2011 contra Tous de la Ossa tras conocerse versiones de supuestos contratos millonarios relacionados con la primera infancia, y que el ICBF regional habría otorgado a fundaciones para favorecer económica y políticamente la campaña del exalcalde de Sahagún para el periodo 2012-2015, Carlos Elías Hoyos. Una denuncia hecha por el portal Semana.com en marzo de 2011, señalaba a José Tous por haber adjudicado contratos por 1.800 millones de pesos entre 2010 y 2011 a la fundación Fedesco, la cual tenía presuntamente en su junta directiva a Jorge Montes, mano derecha del senador Ñoño Elías, primo de Carlos Elías. Una investigación que no logró mayor impacto en los órganos de control.

En tercer lugar, el exalcalde Carlos Elías Hoyos es esposo de Lucía Tous de la Ossa, hermana de José Tous. Lucía Tous fungió como representante legal de la fundación Taller de los Sueños y estuvo relacionada con la fundación Planeta, cuyo representante legal había sido José Tous antes de llegar a la dirección del ICBF, organizaciones a través de las cuales la Dian había donado desde 2004 un importante número de mercancías incautadas a través de Acción Social, según Semana.com. Este hecho no tendría mucha relevancia si no fuera porque Marcos Díaz, hijo del entonces director de la Dian Néstor Díaz, como lo señalan investigaciones previas de la Fundación Paz & Reconciliación, hubiera contraído matrimonio con Carolina Elías Náder, prima de Ñoño y de Carlos Elías Hoyos, e hija del exsenador Jorge Ramón Elías Nader, condenado por el proceso 8000.

Lo irregular del asunto es que el procurador regional de Córdoba, para esa época Ramiro Nassif, quien era cuota política de Bernardo Elías, manifestó luego de una visita de inspección, que el ICBF no hizo contratos con las fundaciones Planeta y Taller de los Sueños, con lo cual concluyó que no existía vínculo contractual con las fundaciones señaladas, advertía Nassif.

En su momento Nassif, como cuota política de Bernardo Elías, deja la incertidumbre sobre la imparcialidad de esta investigación. Esto, porque en 2012 aparecía referenciado en una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por parte de 7 organizaciones de la sociedad civil que señalaban cómo 20 congresistas debieron declararse impedidos para la reelección del exprocurador Alejandro Ordóñez. En ese momento, el senador Bernardo Elías votó a favor en la reelección de Ordóñez, estando impedido por haber sido favorecido con el nombramiento de Nassif en Córdoba.

En 2013, luego de 7 años dirigiendo la regional del ICBF, José Tous renunció para aspirar a la Cámara de Representantes. El porcentaje de dominio electoral fue impresionante sobre todo en Sahagún San Pelayo, Ciénaga de Oro, Chinú, Tierralta, Montelíbano y La Apartada. Todos coinciden con  la inversión del departamento y del ICBF.

Porcentaje Electoral José Tous

Mapa: Fundación Paz & Reconciliación

José Tous fue elegido como representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, siendo la segunda votación más alta a la Cámara de representantes en su departamento (solo después de Sara Piedrahita) y una de las votaciones más altas del país: 92.830 votos. Tous de la Ossa recibió también el apoyo de los diputados del Partido de la U, Carlos Burgos (Hijo del abogado Álvaro Burgos, hoy investigado por el carrusel de la educación en Córdoba), Baldomero Villadiego, Jaime Bello y Luis Saloom, así como la maquinaria política que respaldó al senador Ñoño Elías. Una vez elegido en el Congreso (2014), en la Comisión quinta, a pocas horas de haber asumido el cargo, José Tous radicó la Ley 1804, aprobada el 2 de agosto de 2016, por la cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia ‘De Cero a Siempre’, que ratifica el compromiso del Estado en defensa de las niñas y niños menores de 5 años.

Sin embargo, lo que llama la atención, es que en 2015 fue elegido gobernador de Córdoba Edwin Besaile, hermano del senador Musa, con quien el representante Tous ha venido trabajando de la mano en la entrega y ejecución de programas de atención a la niñez y la alimentación escolar en el departamento. Una ley hecha con destinación política propia.

Sin lugar a dudas, este no es el único precedente de la relación de Tous con el senador Besaile. Durante la anterior Gobernación de Córdoba, administrada por el exgobernador Alejandro Lyons, el representante Tous tuvo familiares favorecidos por su participación dentro del gabinete de la Gobernación, y también por el acceso a multimillonarios contratos con la Gobernación, la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) (cuotas burocráticas del senador Besaile) y algunos municipios, que ascienden a la suma de 70.000 millones de pesos. 

Ahora el flamante representante no sabe si saltar a Senado o esperar la Gobernación. Tremendo colombiano con tremenda indecisión.

Por José Gregorio Hernández.- Se ha venido expandiendo la idea según la cual, si el Congreso no aprueba la ley estatutaria que regule la JEP en los pocos días que hacen falta para que expire el procedimiento abreviado (Fast track) previsto en el A.L. 1/16 con carácter  transitorio (el término vence el 30 de noviembre), el Presidente de la República debería declarar el Estado de Conmoción Interior.

La situación es verdaderamente crítica. La JEP no puede entrar a funcionar sin la legislación estatutaria que establezca unas reglas mínimas para esa  jurisdicción, y, además de las estatutarias,  faltan las disposiciones procesales -también especiales- que allí deben ser observadas según el artículo 29 de la Constitución.  Todo eso parece hoy difícil y lejano. Piénsese, por ejemplo, en que, cuando salga del Congreso (si sale), la legislación estatutaria debe ir a control previo ante la Corte Constitucional, que ni siquiera ha resuelto sobre el  A.L. 1/17, creador de la JEP.

Como lo hemos sostenido, para hacer la paz no se requería desvertebrar el ordenamiento jurídico como ha sido desvertebrado con el pretexto de implementar lo convenido  entre el Gobierno y las Farc. Votado negativamente el Acuerdo en el plebiscito, no ha debido entrar a regir el A. L. 1/16 (así lo preveía su artículo 5, al exigir para tal efecto la previa refrendación popular), y en cambio, habiendo fallado la condición constitucional, se ha debido negociar un  acuerdo distinto. Se prefirió dejar el mismo texto expresamente  rechazado por el pueblo, con algunas adiciones, y forzar la entrada en vigencia de la reforma constitucional -que contenía el Fast track y las facultades presidenciales  extraordinarias-, acudiendo al indebido expediente de una “refrendación popular” por  el Congreso, en mal momento aceptada por la Corte Constitucional.

Así que, desde una perspectiva constitucional, fueron endebles  las bases mismas  -los cimientos-  de todo lo actuado a partir de tan ilegítimo origen. El edificio no podía quedar bien construido. Todo lo que se comienza mal, sigue mal y termina mal.

Ahora quieren cometer otra equivocación: equiparar la incapacidad del Congreso a una perturbación del orden público, y pretender que las disposiciones estatutarias y procesales indispensables para el funcionamiento de la JEP se pongan en vigencia por la vía de decretos legislativos de conmoción interna. Si la Corte Constitucional es coherente con su exigente  jurisprudencia de 25 años al respecto, todas esas normas deberían caer por  inconstitucionales, y hasta allí llegaría la JEP, que es parte fundamental de los acuerdos de paz.

Es que, fuera de no estar configurados  los motivos para tal declaración,  como lo ha advertido siempre la Corte, las normas estatutarias y procesales deben ser aprobadas por ley en sentido formal y orgánico, es decir, por el Congreso, no por el Presidente de la República, ni siquiera revestido de facultades extraordinarias. Y además, está de por medio la conexidad: las medidas que dicte el Gobierno en uso de las atribuciones excepcionales de la conmoción interior deben estar dirigidas únicamente  y exclusivamente a conjurar las causas de la perturbación del orden público. ¿Cuáles serían esas medidas en este caso? ¿Cerrar el Congreso, que, por su negligencia, habría causado la conmoción? 

Claro que no. Aunque, después de lo visto en estos meses, en que el orden jurídico se convirtió en un caos, nada resulta extraño.

Por Amylkar D. Acosta M.- La energía se rige por dos principios fundamentales de la termodinámica: el primero, el de la conservación de la energía, desarrollado por Clausius y Thomson y el segundo, el de la degradación de la energía, desarrollado por S. Carnot, más conocido como la entropía. Las fuentes de energía se clasifican entre aquellas que son renovables y las que son no renovables. Históricamente la generación, el transporte y el uso de la energía han dependido de los desarrollos de las tecnologías, los cuales a su vez han sido los protagonistas de las cuatro ediciones de la revolución industrial que han jalonado el crecimiento y el desarrollo de la economía global.

Como bien lo dijo Joseph A. Schumpeter, “la innovación implica, por virtud de su naturaleza, una gran paso y un gran cambio…y difícilmente se mantiene alguna de las formas de hacer las cosas que fueron óptimas antes”. Y es propio de la tecnología su evolución disruptiva, a saltos. Así se explica que la primera revolución industrial (1784) fue posible gracias a la invención de la máquina a vapor, la segunda (1870) se caracterizó por la generación eléctrica a gran escala, concomitantemente con la invención del motor de combustión interna, la tercera (1969) por la electrónica y las tecnologías de la información y la cuarta, la actual, por los sistemas físicos cibernéticos (Big Data, IoT, Smart Cities y la inteligencia artificial).

Entre las fuentes primarias de energía, así como en la matriz energética han tenido y siguen teniendo una gran preponderancia aquellas de origen fósil (el carbón, el petróleo y el gas, especialmente), superando el 80% de las mismas. Hoy el mundo produce unas 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo (TEP) de energía, equivalente a 218 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBPE), de las cuales el 81% se obtienen del carbón, del petróleo y el gas. No obstante, las megatendencias apuntan hacia una recomposición de la matriz energética, debido a dos factores fundamentales, la reconfiguración del mercado energético (2007)  y el Acuerdo de París contra el Cambio climático (2015).

La teoría del “pico” de Hubbert, también conocida como cenit del petróleo, se tuvo por mucho tiempo como la verdad revelada. Según ella, las reservas de crudo empezarían a declinar con el despuntar del siglo XXI y de paso su escasez mantendría por las nubes su cotización. Lo sintetiza muy bien el experto petrolero Luis Giusti, cuando afirmaba que “a un precio de US $75/barril, el petróleo de esquistos se torna ´muy sucio´, el bitúmen canadiense ´muy viscoso´, el crudo pre – salino de Brasil ´muy profundo´y el Ártico de Rusia ´imposible´”. Pero, de pronto, irrumpió la tecnología del fracking en los EEUU para explotar yacimientos no convencionales y ello catapultó a la potencia del norte, que llegó a equipararse con Arabia Saudita como gran productor. Y de paso la “revolución de los esquistos”, como se le denomina, arrastró a la baja los precios del petróleo. Si antes se especulaba sobre el momento en que las reservas de crudo empezarían a declinar, ahora abundan los vaticinios sobre el momento en que empezará a decaer la demanda del mismo.

Pese al empeño de los escépticos y de los “mercaderes de la duda”, que es como los denominan Naomi Oreskes y Erik Conway, encabezados por Trump, en negar el cambio climático, cada día el consenso es mayor sobre la necesidad de encararlo a riesgo de abocar al mundo a su autodestrucción. Por fuerza de las circunstancias, la comunidad internacional arribó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático (COP21) en París (2015) al consenso en el sentido que “el mundo debe alcanzar la ´neutralidad´ de las emisiones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo”. Y para ello es menester impulsar el objetivo 7, de los 17 y 32 metas, de las 169 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) a alcanzar para el 2030. Se trata de que la energía sea asequible y no contaminante, con lo cual se le abre un espacio enorme al desarrollo de las energías renovables y limpias.

Como lo dijo Parke Dickey, en 1958, anticipándose a los acontecimientos, “muchas veces en el pasado pensábamos que nos estábamos quedando sin petróleo, pero realmente nos estábamos quedando sin ideas”. Y lo dijo Bill Gates, “la clave del éxito está en saber detectar hacia dónde va el mundo y llegar allí primero”. En esa carrera están los países, tratando de llegar primero y gracias a la torpeza de Trump China está sacándole ventaja a EEUU y no sólo a EEUU. Lo dijo claramente la Comisaria de Industria de la Unión Europea Elzbieta Bienkowska: “si China introduce una cuota de 10% de vehículos eléctricos - como acaba de hacer – los fabricantes europeos no pueden invertir únicamente en mejorar los motores de combustión”. Y advirtió la Comisaria, “en la década de los 2000 no creímos en los teléfonos inteligentes y perdimos”. Trae la Comisaria a colación, como ejemplo de lo que les puede volver a pasar, si no se avispan, lo que pasó con la finlandesa Nokia, que se dejó arrollar por la estadounidense Apple, Huawei china y la surcoreana Samsung. Estamos, entonces, en medio de una transición energética que no se va a detener y de lo que se trata es de no rezagarse, de no dejarse sorprender. El que despabila pierde! 

Barranquilla, noviembre 4 de 2017

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Por: Jorge Enrique Robledo.-En los últimos días, y antes lo habían hecho los del calzado, se movilizaron en Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades los confeccionistas y los textileros, trabajadores y empresarios. Protestaron por su pésima situación económica, afectada en últimas por las importaciones legales e ilegales que autorizan o facilitan las políticas de libre comercio, incluidos los TLC y las bajas gratuitas de los aranceles. Al igual que las maravillas exportadoras que nos pintaron en ese momento, también resultó falso que el contrabando desaparecería con la apertura de César Gaviria y de todos –¡de todos!– los siguientes gobiernos.

Según el DANE, en el segundo trimestre del año se perdieron más de 51 mil empleos en las confecciones. Pero como solo se evalúan empresas con más de 11 empleos y el 52 por ciento está en la informalidad, los trabajos perdidos sumaron más de cien mil. Todo por cuenta de unas importaciones desbocadas –además del contrabando–, que entre los meses de julio de 2016 y 2017 aumentaron 41 por ciento y llevaron a que el sector cayera en 14 por ciento.

Colombia no puede competir airoso en textil-confecciones y en calzado, tan importantes para el proceso industrial y el empleo. Y no puede hacerlo no por culpa de los empresarios y los trabajadores, sino por el llamado “costo país” –y por las facilidades a la entrada de productos extranjeros–, es decir, por lo escaso y costoso del crédito y las altas tarifas de la electricidad, por ejemplo. Cuenta asimismo el bajísimo precio de la mano de obra de países como Vietnam, India y Bangladesh, cerca de la mitad del colombiano, que igual es parte del “costo país”. Las empresas menores también sufren porque su impuesto de renta es igual al de las trasnacionales. En esto sí se han negado los gobiernos a copiar a Estados Unidos y Europa, donde las tasas son mayores para las empresas más grandes y menores para las más pequeñas.

Lo peor es que esta es la historia de toda la industria –y la del agro–, empobrecida y quebrada, como lo advertimos, desde 1990. Cuando “los mismos con las mismas” decidieron sacrificar aún más la creación de riqueza nacional y el empleo, tras la falacia de que Colombia podía vivir solo de la gran minería y las inversiones y los créditos extranjeros, incluso en medio de la revaluación del peso frente al dólar que ellos mismos estimularon encareciendo las exportaciones y abaratando las importaciones. Si los propagandistas de estas políticas sientan cátedra como sabios, no es porque tengan la razón, sino porque son publicistas de los intereses de las trasnacionales y de los pocos nativos que prosperan en medio de la profunda mediocridad del capitalismo colombiano, de apenas 5.800 dólares de producto por habitante.

Puede demostrarse además que esta mediocridad económica obedece a que nunca ningún gobierno, y menos desde 1990, promovió un proyecto de auténtico desarrollo nacional, el cual, como se sabe, debe montarse sobre el progreso de la industria y el agro. Y como sucede cada cuatro años, los candidatos de “los mismos con las mismas” ya salieron a ofrecer pajaritos de oro para 2018, previa decisión de no hablar de este pasado, porque quedan en evidencia sus culpas como los únicos que han gobernado a Colombia y porque lo que en verdad ofrecen es hacer unos pequeños retoques para que todo siga igual de mal.

El desarrollo industrial y agropecuario del país, y el crecimiento del empleo y la disminución de las desigualdades, dependen de un amplio acuerdo nacional que tenga como objetivo una economía de mercado auténticamente moderna, algo que nunca ha ocurrido en Colombia. Entre sus medidas deben estar: no pactar más TLC y renegociar los actuales, aumentar los aranceles reducidos gratuitamente, crear un Ministerio de la pequeña y mediana economía urbana y rural, que el sector financiero le aporte en serio a este objetivo, reducir las tarifas de la electricidad, bajar el impuesto de renta de las pequeñas y medianas empresas y promover el avance científico y tecnológico, al igual que medidas que mejoren el ingreso y la capacidad de compra de los colombianos.

Coletilla. ¡Una gran noticia para el país! Por demanda que interpusimos, el Consejo de Estado anuló un concepto de la Dian que, contra la ley, les regaló a las trasnacionales mineras impuestos por 13 billones de pesos desde 2005, suma que tendrían que devolverle al país. Hacia adelante, a Colombia le entrarán más de un billón de pesos al año por esta sentencia. Nueva prueba de que luchar sí sirve (http://bit.ly/2gOZ0hd). 

Bogotá, 3 de noviembre de 2017.

Por Jaime Enrique Duran Barrera.- La Cyberseguridad es una estrategia que enfrenta los crímenes producto del avance digital y es ya una cuestión de estado en Colombia porque tiene una respuesta contundente desde el Senado de la República, al crear una legislación apta para atender los delitos informáticos y en internet, lograr la armonización de la normatividad interna, mejorar las técnicas de investigación cybercriminal y promover la cooperación entre las diferentes naciones, ya que estos delitos tienen una gran expansión técnica a nivel internacional.

Teníamos una deuda histórica con el Convenio de Budapest, el tratado internacional pionero en ese aspecto que busca hacer frente a los delitos informáticos y los de internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones.

Este importante instrumento jurídico fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, con la participación activa de los estados observadores de Canadá, Japón y China, en 2001 y entró en vigor en el 2006.

Colombia ha tomado su posición estratégica en el mundo digital y desde el Senado, con el proyecto del Ministro de las TIC, David Luna, hemos asumido la iniciativa dándole primer debate en la Comisión Segunda de la corporación y está pendiente para que la plenaria de la Cámara Alta, la apruebe. Se trata de minimizar los riesgos ante la exposición de amenazas cybernéticas de impacto global, al tiempo que se desarrollan mecanismos de cooperación en materia de seguridad digital con una política pública para una realidad imparable en el milenio.

En este proceso legislativo con el senador José David Name y otros congresistas, se planteó la necesidad de observar estratégicamente la conveniencia de esta propuesta en el contexto de Colombia y el mundo, ya que no sólo se debe prestar atención como una problemática individual de hackers, sino, como el impulso a una Cultura de la Cyberseguridad.

Esta cultura busca preservar los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos e instituciones de las amenazas de las organizaciones del Crimen Digital, que se han posesionado de los más sofisticados mecanismos informáticos para delinquir en red, desde la actividad bancaria hasta la información estratégica de las naciones.

Este proyecto es un impulso a la conectividad nacional, ya que una visión estratégica digital creará redes humanas, institucionales y regionales, donde se pueden preservar no sólo los datos del quehacer cotidiano, sino  instruir a los ciudadanos, diversos y plurales, sobre el uso de las TIC y lograr una verdadera alfabetización digital, que contribuya al desarrollo sostenible y la equidad en derechos. 

Colombia no debe estar al margen en la defensa y preservación de los derechos digitales y en la utilización de las TIC, sino a la vanguardia, como lo estamos demostrando, al legislar en un tema grave y actual de seguridad nacional.

Por Ariel Ávila.-Ha sido increíble leer cómo algunos supuestos demócratas, defensores del voto como mecanismo para escoger a quienes nos gobiernan, son en realidad unos autoritarios camuflados, que utilizan discursos populistas y trasnochados para justificar sus posturas.

El próximo 19 de noviembre se realizará la consulta liberal para escoger, entre tres precandidatos, quién representará al partido en las elecciones del próximo año, también se espera que en marzo al menos dos sectores realicen consultas para escoger candidatos: el sector de los Verdes y la coalición del uribismo con una disidencia del Partido Conservador. La consulta liberal se hace en una fecha no electoral y por ende el costo de la misma es sustancialmente más caro que aquella que se hace en calendario electoral ordinario. Se cree que podría valer alrededor de 85.000 millones de pesos.

Una vez se conocieron las cifras fue común ver en redes sociales o escuchar a analistas demócratas manifestar que eso valía mucho, que esa plata podría ir a la salud, educación, acueductos, o también para sobrellevar el hambre de los niños de La Guajira. El argumento moralmente es muy fuerte, preferible utilizar la plata en comida para niños  que en papeletas y cajas de cartón.

Sin embargo, al profundizar en el debate la situación se vuelve complicada. Al menos surgen tres argumentos. Por un lado, uno de los mayores desafíos en nuestras democracias es lograr la democratización de los partidos políticos. A comienzos del siglo XX, Michels, uno de los mayores estudiosos sobre partidos políticos, formuló la famosa teoría de la “ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos”.  Quedó  marcada en un libro que es de lectura obligatoria para cualquier sociólogo o politólogo. Según esta ley, cuando una agrupación política se crea tiende a estar muy cerca de sus bases sociales, pero a medida que va pasando el tiempo y el partido se estructura, se produce un alejamiento de las bases. A este proceso se le denominó oligarquización, donde un grupo pequeño de personas tiende a manejar el partido y donde la democracia dentro de la estructura política no funciona.

Las principales figuras en nuestras democracias son los partidos, pero son antidemocráticos por dentro. Por ello uno de los principales retos es lograr democratizar los partidos por dentro, es decir, evitar el famoso dedazo, donde el jefe del partido es el que escoge. Pues bien, una de las herramientas principales, aunque no es la única, ni la más importante, es la consulta. Eso mejora la salud de la democracia. Imagínense que desde ahora en adelante se prohíban las consultas a todos los partidos con la disculpa de que no hay plata.

El segundo argumento es que la democracia funciona bajo esas reglas. Ese es el costo. En regímenes autoritarios o dictatoriales los costos son otros, pero en las democracias hay que gastar plata en los mecanismos de participación. Tal vez la consulta de partidos no mejore la democracia en lo práctico, pero si no existen sí empeoraría el escenario democrático. Es mejor tenerlas que no tenerlas. Así las cosas, si se es demócrata se debe aceptar el mecanismo, y no disfrazar el odio a la democracia con discursos poco elaborados y populistas.

El tercer argumento es que las consultas deben ser abiertas y promocionarse para que participen ciudadanos de opinión y no solo maquinarias. Gracias a ese discurso de los populistas se pasó de una consulta de 85.000 millones de pesos que garantizaba 11.000 puestos de votación y 30.000 mesas, ahora el recorte presupuestario significa pasar a una consulta con 4.381 puestos y 10.000 mesas. Es decir, mucha gente, sobre todo la población rural no podrá votar. Una democracia solo para algunos. 

Si queremos construir escuelas, hospitales, darle de comer a los niños, invito a que la población sea más seria a la hora de votar y que no voten por bandidos, a mis amigos de opinión y de los medios les digo que vigilen mejor a los políticos en lugar de rendirles pleitesía, con ello obligaremos a los políticos a rendir cuentas, pero no la emprendan contra la democracia. O si lo van a hacer, acepten que son autoritarios.

Por José Gregorio Hernández.-Le están dando vueltas a algo que, según nuestro sistema jurídico y a la luz de lo que propuso el actual Gobierno y aprobó el Congreso, convirtiéndolo en norma constitucional, no tiene vuelta de hoja. Ni siquiera cabe la duda, ni la apelación al espíritu de la norma, porque, como sabemos según elementales principios jurídicos, cuando el texto de la norma es claro, no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu.

Veamos:

-Se debate cuándo vence el denominado “Fast track” -procedimiento breve- para aprobar de manera más expedita en el Congreso las normas constitucionales necesarias para implementar y desarrollar el Acuerdo de Paz firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016.

-Según entendemos, como no han podido aprobar la legislación estatutaria sobre JEP, ni otras disposiciones, quieren “alargar” el “Fast track”, y dicen algunos que, del perentorio término señalado en la reforma constitucional del mismo año, hay que descontar el tiempo de vacaciones de los congresistas.

Error. ¡Cuidado!. Pueden poner en peligro la exequibilidad de todo lo actuado en ese tiempo, con grave riesgo para la paz.

-La norma que creó el “Fast track”, un procedimiento extraordinario de interpretación y aplicación  estrictas, que -justamente por ese carácter excepcional-  no pueden ir más allá del texto, fue el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016, según el cual, “con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria (subrayo),  se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República”.

Según su artículo 5, la entrada en vigencia del Acto Legislativo tendría lugar “a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

-Como, a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional en oscuro fallo (Sentencia C-699 de diciembre 13 de 2106), se omitió el sometimiento del Acuerdo Final a la consideración del pueblo, y como -en inconcebible malabar- se sustituyó la refrendación popular por la “refrendación”  del Congreso (?), debemos ver esa fecha: 30 de noviembre de 2016. Lo que implica que la vigencia de Acto Legislativo, a partir de la refrendación popular principiaba el 30 de noviembre o, si se quisiera mayor amplitud, el 1 de diciembre de 2016, tras la “refrendación popular” del Congreso.

-Así, pues, prorrogado que fue por el Gobierno el primer término de seis meses, los segundos seis meses del “Fast track” vencen el 30 de noviembre de 2017, y con mucha flexibilidad, el 1 de diciembre. Ni un día más. Así que, habiendo sido un procedimiento excepcional y transitorio, recuperan su plena vigencia todas las disposiciones constitucionales sobre los requisitos para aprobar en el Congreso reformas constitucionales y leyes.

Y las vacaciones no se descuentan, porque no se previó así, ni en la Constitución, ni en la reforma constitucional de 2016. 

No pongan en riesgo la exequibilidad de las normas que se aprueben, ni la paz.

Por Jairo Gómez.-En Colombia pretender mutilar la memoria es un craso error, eso sería perder de vista el lado oscuro de nuestro sistema democrático y ahondaría las heridas. Solo la verdad nos daría seguridad política y jurídica y, sumadas las dos, harían prevalecer el derecho de las víctimas.

Dicho lo anterior, el Congreso está en mora de darle curso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el eje central del acuerdo final, para que comience lo más pronto posible a funcionar. Ríos de tinta han descrito los alcances de la JEP para, de una vez por todas, declarar la suficiente ilustración. La ventana que se abre para consolidar la paz en Colombia es inmensa y las posibilidades de conocer los motivos del conflicto están a la vuelta de la esquina.

A propósito de esa ventana (verdad), por ejemplo, ya desde Estados Unidos dos de los principales cabecillas de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) quieren acogerse a los beneficios de la JEP; igual lo manifestó el jefe guerrillero de las Farc alias Simón Trinidad, a través de su abogado.

No hay que darle más largas al asunto, los extraditados Salvatore Mancuso y alias Jorge 40 autorizaron a sus respectivos abogados a realizar los trámites pertinentes para acogerse a la JEP e identificar los mecanismos con las autoridades estadounidenses para analizar qué tan viable es esa posibilidad. El gobierno de Washington, tan amigo de Bogotá, debería hacer posible la comparecencia de esos líderes paramilitares ante la JEP como un gesto de apoyo a las instituciones democráticas y al acuerdo de paz.

Ese es el camino, lo otro es dejar el grifo abierto para que la industria de la especulación, las falsas noticias, suplanten la verdad y logren el efecto tóxico que buscan imprimirle a la JEP. Los reveladores de esa verdad son todos los implicados en el conflicto; esos son los llamados a un jugar un papel fundamental para avivar lo que los sociólogos llaman “la razón pública”.

Hay que romper con el sopor dogmático de quienes señalan que la JEP y la comisión de la verdad serán escenarios para doblegar a los militares y a terceros responsables, o que su único objetivo es el senador Álvaro Uribe, dejando a un lado a las cabezas visibles de las Farc. No, quien llegue a esas instancias tendrá que responder por sus crímenes y de entrada contar toda la verdad sin ocultar el más mínimo detalle, requisito necesario para evitar la justicia ordinaria y no perder los beneficios de la justicia restaurativa. Eso no es un paseo, como pretenden mostrarlo los enemigos de la paz.

Quien llegue a la JEP tendrá que armarse de una batería de abogados excelsos y honestos, capaces de controvertir a un tribunal serio e independiente, lejos de las maniobras parecidas al llamado cartel de la toga o de los políticos acostumbrados a comprar o pagar por la nulidad de sus fallos.

A riesgo de volverme monotemático insisto en que la Justicia Especial para la Paz es la ruta idónea para que los colombianos superemos el conflicto interno que hoy pretende tomar nuevas formas; formas que se ven tristemente reflejadas en los asesinatos de los más de 85 líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va corrido del año, con el explícito reconocimiento de las autoridades de que el 70 por ciento de los crímenes han sido ejecutados por sicarios. Asunto muy grave; y los resultados de las supuestas investigaciones brillan por su ausencia.

@jairotevi

Por Giovanni Décola.- ¿Triunfará la magnanimidad de la justicia o la suprema corrupción de unos exmagistrados? 

Se acusa al Senador Álvaro Ashton de haber pagado un soborno para frenar una investigación en su contra por parapolítica. Él se defiende, manifestando que el dinero fue para el pago de honorarios profesionales. 

Desconozco por razones de reserva legal, la intimidad del asunto judicial, pero lo que sí conozco y me consta, es que el Senador Álvaro Ashton, nunca hizo parte del bloque de congresistas afectos al paramilitarismo; es más, los combatió desde la tribuna pública, en su curul en la cámara y en el senado, y jamás recibió ni necesitó de esos votos nauseabundos para hacerse elegir, primeramente representante en 1998 y 2002 y luego Senador en 2006, 2010 y 2014, y en todas ellas, con el aval del Partido Liberal. 

La tan publicitada desmovilización paramilitar dio pie, entre otros vejámenes, para que antiguos miembros de las autodefensas extorsionaran a representativas figuras del mundo de la política y de la clase empresarial. A unos con sólidos indicios y pruebas y a otros con burdos montajes. 

Ashton no se dejó abrumar ni cedió a las extorsiones, a sabiendas que nunca hizo parte de ese macabro fenómeno paramilitar. 

Su templanza fue ripostada por antiguos paras, con falsas acusaciones en su contra, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para la desdicha del Senador Ashton, ya en la Corte, no descansaba la magnanimidad de la justicia, sino que operaba "el cartel de la toga"; cuyos integrantes se frotaban las manos de la dicha, cuando recibían esta clase de "munición". 

Inmediatamente, "el cartel de la toga" ponía a rodar su entramado criminal, y con abogados inescrupulosos, pero de sus afectos, tipo Gustavo Moreno, acechaban a potenciales clientes, con la amenaza de una orden de captura inminente, sino le otorgaban poder al consabido abogado de marras, y con onerosísimos pagos de honorarios profesionales. 

Ante esa encrucijada, el de demostrar la inocencia desde una cárcel, con la carrera política arruinada y una familia destrozada, y el de sucumbir ante la arremetida del "cartel de la toga", el Senador Ashton, prefirió esta última. 

Ashton fue víctima, primeramente, del "cartel de los falsos testigos", luego lo fue, del "cartel de la toga", ¿lo será ahora, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?  

Sí la Corte quiere reivindicarse en derecho y en justicia, debe archivar una investigación que es una afrenta, no contra Ashton, sino contra quienes siempre hemos repudiado el entramado paramilitar y la corrupción judicial. Y si la Corte quiere congraciarse con la galería y darle combustible al “cartel de falsos testigos”, para que sigan con sus burdos montajes "untando" a quienes no le copian a sus macabros fines criminales, pues que ordenen la captura, que sería el más grande oprobio, no contra un Senador que jamás ha sido paramilitar, sino contra la majestad de la misma justicia. 

Por Amylkar D. Acosta M.- La actividad minera en el país se rige por la Ley 685 de 2001, la cual fue reformada mediante la Ley 1382 de 2010, pero a poco andar fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa. 

La Corte moduló su fallo, dándole un plazo de 2 años al Congreso de la República y al Gobierno para tramitarla nuevamente y al no cumplir con dicho cometido volvió a recobrar vigencia la Ley 685 de 2001. Este hecho ha producido un vacío legal que ha dado pábulo al activismo judicial y a la subsecuente inseguridad jurídica que rodea a la actividad minera y conspira contra ella. 

Los 8 años de la administración Uribe (2002 – 2010), que coincidieron con un largo ciclo de precios altos del oro, dieron rienda suelta al otorgamiento a tontas y a locas de títulos mineros a lo largo y ancho del país, a tal punto que la superficie del área titulada se multiplicó por 8, al pasar de 1.13 millones de hectáreas a 8.53 millones de hectáreas. Ni siquiera los páramos se escaparon de esta “feria de títulos”, como se le denominó, más de 122 mil hectáreas de los mismos le fueron adjudicados a empresas y a personas naturales, a quienes sólo les bastaba para adquirir los títulos mostrar la cédula de ciudadanía. La anarquía y el desorden que ello generó fue tal que el ex ministro Carlos Rodado Noriega al asumir su cartera lo que encontró en lugar del Catastro minero fue una verdadera catástrofe minera. 

La sumatoria de un Código de Minas anacrónico, la falta de un ordenamiento territorial, el caos y la corrupción que se enseñoreó del antiguo Ingeominas, amén de la “reconfiguración cooptada del Estado”, como denomina Luis Jorge Garay el fenómeno que se extendió en muchas regiones del país a la sombra del paramilitarismo, contribuyeron a crear un caldo de cultivo en el que ha venido pelechando la extracción ilícita del recurso natural no renovable, particularmente del oro. Ello explica el hecho que delata la Asociación Colombiana de Minería, según el cual en 2016 el país produjo 1,99 millones de onzas troy y solo el 13 por ciento venían de explotaciones formales, es decir, que el 87 por ciento de la explotación de oro viene de la informalidad y de la criminalidad.

El Gobierno Nacional, en el propósito de poner orden en la actividad minera y de proscribir la extracción ilegal del recurso viene tomando medidas tendientes a dinamizar la formalización minera con los mineros ancestrales y tradicionales como objetivos, al tiempo que se está actuando con drasticidad para combatir eficazmente contra la criminalidad que busca escudarse con ellos para alcanzar sus protervos fines de tener en la extracción ilegal del recurso su fuente de financiación para sus actividades ilegales. Con tal fin se han tomado medidas como la prohibición  del uso del mercurio y el control a las plantas de beneficio, así como el control de la comercialización del oro, estableciendo un máximo a la cantidad de oro vendida por parte de los minero tradicionales (35 gramos de oro al mes que equivale a cerca de $3 millones) y que cuente con certificación vigente de la ANM, como lo dispone el Decreto 1102 de 2017, justo para evitar que la extracción ilícita se siga mimetizando haciéndola pasar como producto del barequeo. 

La prohibición del uso del mercurio en la actividad minera no es nueva, la Ley 1658 de 2013 en su artículo 4º y el Decreto 2133 de 2016 se establece un plazo perentorio para la reducción y posterior erradicación de uso en todo el territorio nacional, el cual se cumple el 16 de septiembre de este año, fecha esta a partir de la cual queda terminantemente prohibida la importación de mercurio  destinado a las actividades mineras. Y no era para menos, dado que Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en América y segundo en el mundo después de China en contaminación de mercurio, con una carga de 180 toneladas/año de mercurio deteriorando el medio ambiente.

Colombia está llamada a cumplir con el Convenio de Minamata, cobijado por Naciones Unidas, suscrito en el 2013, el cual se propone “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos”. Sólo con la aplicación de medidas tan drásticas como estas se podrán evitar mayores estragos de los que ya ha causado el uso y el abuso del mercurio y sus secuelas. 

La salida de esta encrucijada en la que está la minería tiene que darse a través de un diálogo franco, sincero y transparente, que empieza por separar la paja del grano, pues uno es el tratamiento que ameritan los mineros tradicionales y ancestrales y otro, muy distinto es el que debe darse a quienes tengan probados vínculos con estructuras criminales. 

Medellín, octubre 28 de 2017

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