Por Jairo Gómez.-En Colombia pretender mutilar la memoria es un craso error, eso sería perder de vista el lado oscuro de nuestro sistema democrático y ahondaría las heridas. Solo la verdad nos daría seguridad política y jurídica y, sumadas las dos, harían prevalecer el derecho de las víctimas.
Dicho lo anterior, el Congreso está en mora de darle curso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el eje central del acuerdo final, para que comience lo más pronto posible a funcionar. Ríos de tinta han descrito los alcances de la JEP para, de una vez por todas, declarar la suficiente ilustración. La ventana que se abre para consolidar la paz en Colombia es inmensa y las posibilidades de conocer los motivos del conflicto están a la vuelta de la esquina.
A propósito de esa ventana (verdad), por ejemplo, ya desde Estados Unidos dos de los principales cabecillas de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) quieren acogerse a los beneficios de la JEP; igual lo manifestó el jefe guerrillero de las Farc alias Simón Trinidad, a través de su abogado.
No hay que darle más largas al asunto, los extraditados Salvatore Mancuso y alias Jorge 40 autorizaron a sus respectivos abogados a realizar los trámites pertinentes para acogerse a la JEP e identificar los mecanismos con las autoridades estadounidenses para analizar qué tan viable es esa posibilidad. El gobierno de Washington, tan amigo de Bogotá, debería hacer posible la comparecencia de esos líderes paramilitares ante la JEP como un gesto de apoyo a las instituciones democráticas y al acuerdo de paz.
Ese es el camino, lo otro es dejar el grifo abierto para que la industria de la especulación, las falsas noticias, suplanten la verdad y logren el efecto tóxico que buscan imprimirle a la JEP. Los reveladores de esa verdad son todos los implicados en el conflicto; esos son los llamados a un jugar un papel fundamental para avivar lo que los sociólogos llaman “la razón pública”.
Hay que romper con el sopor dogmático de quienes señalan que la JEP y la comisión de la verdad serán escenarios para doblegar a los militares y a terceros responsables, o que su único objetivo es el senador Álvaro Uribe, dejando a un lado a las cabezas visibles de las Farc. No, quien llegue a esas instancias tendrá que responder por sus crímenes y de entrada contar toda la verdad sin ocultar el más mínimo detalle, requisito necesario para evitar la justicia ordinaria y no perder los beneficios de la justicia restaurativa. Eso no es un paseo, como pretenden mostrarlo los enemigos de la paz.
Quien llegue a la JEP tendrá que armarse de una batería de abogados excelsos y honestos, capaces de controvertir a un tribunal serio e independiente, lejos de las maniobras parecidas al llamado cartel de la toga o de los políticos acostumbrados a comprar o pagar por la nulidad de sus fallos.
A riesgo de volverme monotemático insisto en que la Justicia Especial para la Paz es la ruta idónea para que los colombianos superemos el conflicto interno que hoy pretende tomar nuevas formas; formas que se ven tristemente reflejadas en los asesinatos de los más de 85 líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va corrido del año, con el explícito reconocimiento de las autoridades de que el 70 por ciento de los crímenes han sido ejecutados por sicarios. Asunto muy grave; y los resultados de las supuestas investigaciones brillan por su ausencia.
@jairotevi
