Opinión
Por António Guterres.- La migración impulsa el crecimiento económico, reduce las desigualdades y conecta distintas sociedades. Sin embargo, también es una fuente de tensiones políticas y tragedias humanas. La mayoría de los migrantes viven y trabajan legalmente. No obstante, una minoría de personas desesperadas ponen en riesgo su vida para entrar en países en los que se enfrentan a la sospecha y los abusos.
La presión demográfica y los efectos del cambio climático en las sociedades vulnerables pueden provocar un mayor aumento de la migración en los próximos años. Como comunidad mundial, nos enfrentamos a una elección. ¿Queremos que la migración sea una fuente de prosperidad y solidaridad internacional o un fenómeno marcado por la inhumanidad y las fricciones sociales?
Este año, los Gobiernos negociarán un Pacto Mundial sobre la . El Pacto será el primer acuerdo internacional de carácter global de este tipo. No será un tratado formal. Tampoco impondrá obligaciones vinculantes para los Estados.
Más bien es una oportunidad sin precedentes para que los dirigentes contrarresten los perniciosos mitos que se ciernen en torno a los migrantes y establezcan una visión común sobre la manera de lograr que la migración beneficie a todas nuestras nacones.
Esta es una tarea urgente. Hemos visto lo que sucede cuando se produce una migración a gran escala sin mecanismos eficaces para gestionarla. El mundo se estremeció ante los vídeos hechos públicos recientemente de migrantes vendidos como esclavos.
Por aterradoras que sean esas imágenes, el verdadero escándalo es que miles de migrantes corren la misma suerte cada año y no queda constancia de ello. Muchos migrantes más están atrapados en empleos precarios y degradantes que, en definitiva, bordean la esclavitud.
Actualmente hay casi seis millones de migrantes atrapados en el trabajo forzoso, con frecuencia en las economías desarrolladas.
¿Cómo podemos poner fin a esas injusticias y evitar que se repitan en el futuro?
A fin de establecer una dirección política clara sobre el futuro de la migración, creo que son tres las consideraciones fundamentales que deberían orientar los debates del Pacto.
La primera es reconocer y reforzar los beneficios de la migración, que con tanta frecuencia se ignoran en el debate público. Los migrantes hacen enormes contribuciones tanto a sus países de acogida como a sus países de origen.
En efecto, los migrantes aceptan empleos que no puede cubrir la fuerza de trabajo local, de modo que impulsan la actividad económica. Muchos son innovadores y emprendedores. Casi la mitad de todos los migrantes son mujeres que buscan una vida mejor y oportunidades de empleo.
Los migrantes también realizan una gran contribución al desarrollo internacional mediante el envío de remesas a sus países de origen. Las remesas ascendieron a cerca de 600.000 millones de dólares el año pasado, es decir, tres veces más que toda la asistencia para el desarrollo.
El desafío fundamental es aprovechar al máximo los beneficios de esta forma de migración ordenada y productiva y acabar con los abusos y los prejuicios que hacen que una minoría de migrantes vivan un infierno.
En segundo lugar, los Estados deben fortalecer el estado de derecho dando un impulso a la forma de tratar y proteger a los migrantes, en beneficio de sus economías, sus sociedades y los propios migrantes.
Las autoridades que levantan grandes obstáculos a la migración, o imponen graves restricciones a las oportunidades de trabajo de los migrantes, infligen un daño económico innecesario a sus propios intereses, ya que imponen barreras que impiden que sus necesidades laborales se cubran de forma legal y ordenada.
Lo que es aún peor, esas autoridades involuntariamente alientan la migración ilegal.
Cuando a quienes desean migrar se les cierran las vías legales para viajar, inevitablemente recurren a métodos irregulares. Esto no solo los coloca en una posición vulnerable, sino que además socava la autoridad de los Gobiernos.
La mejor manera de acabar con el estigma de la ilegalidad y el abuso en torno a los migrantes es, de hecho, que los Gobiernos establezcan más vías legales para la migración, eliminando los incentivos para que las personas quiebren las normas y atendiendo mejor a la necesidad que tienen sus mercados de trabajo de mano de obra extranjera.
Los Estados también tienen que colaborar más estrechamente para compartir los beneficios de la migración, por ejemplo, estableciendo asociaciones de colaboración para determinar cuáles son las lagunas importantes en las competencias existentes en un país que pueden cubrir migrantes cualificados de otro país.
En tercer y último lugar, se requiere una mayor cooperación internacional para proteger a los migrantes vulnerables, así como a los refugiados, y debemos restablecer la integridad del régimen de protección de los refugiados de conformidad con el derecho internacional.
La suerte de los miles de personas que mueren en su infortunado intento por cruzar mares y desiertos no es solo una tragedia humana. También representa el fracaso más grave de la política, puesto que los movimientos no regulados de masas en circunstancias desesperadas alimentan la sensación de que las fronteras están amenazadas y los Gobiernos no las controlan.
A su vez, ello conduce a controles fronterizos draconianos que socavan nuestros valores colectivos y contribuyen a perpetuar las tragedias que demasiado a menudo hemos visto en los últimos años.
Debemos cumplir nuestras obligaciones básicas para salvaguardar la vida y los derechos humanos de los migrantes a los que el sistema actual ha fallado.
Debemos adoptar medidas urgentes para ayudar a quienes están ahora atrapados en campamentos de tránsito o en riesgo de esclavitud o se enfrentan a situaciones de gran violencia, ya sea en el Norte de África o en América Central. Debemos contemplar la adopción de medidas internacionales ambiciosas para reasentar a quienes no tienen adonde ir.
También deberíamos tomar medidas, mediante la asistencia para el desarrollo, las iniciativas de mitigación del cambio climático y la prevención de conflictos, para evitar esos grandes movimientos de población no regulados en el futuro. La migración no debería significar sufrimiento.
Debemos tratar de lograr un mundo en el que podamos celebrar la contribución de la migración a la prosperidad, el desarrollo y la unidad internacional. En nuestro poder está alcanzar este objetivo colectivamente. Este año, el Pacto Mundial puede ser un hito en el camino para conseguir que la migración realmente beneficie a todos.
Por Amylkar D. Acosta M-.La industria extractiva está en este momento en un nuevo ciclo de precios altos, pero en el mediano y largo plazo el futuro para el carbón y el petróleo no es alentador. Dos decisiones tienen en ascuas a la industria minero-energética: recientemente, en el marco de la COP23 un grupo de 20 países, encabezados, además de Canadá, por Holanda, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Chile, que combinados representan el 35% del mercado de los carbones colombianos en 2016, anunciaron que dejarán de usar carbón para foguear sus térmicas generadoras de energía en la próxima década. Ellos conformaron la Alianza para el abandono del carbón.
Y, como si lo anterior fuera poco la multinacional anglo-australiana BHP Billiton, la empresa minera más gigante del planeta, accionista de El Cerrejón, que había manifestado su apoyo al Acuerdo de París (COP21), a través de un documento de 22 páginas, anunció su retiro de la Asociación Mundial de carbón (WCA, por sus siglas en inglés) por su desacuerdo con su política frente al Cambio climático, al tiempo que propende por migrar hacia las energías renovables y limpias. Y ya en la COP21, con su estrategia de la descarbonización, como dice el director de Greenpeace Internacional Kumi Naidoo, “pone a la industria de los combustibles fósiles en el lado negativo de la historia" y a las compañías petroleras "en el lado equivocado de la historia”.
Y, para rematar, el Banco Mundial acaba de tomar una decisión de una gran trascendencia, la cual tendrá serias implicaciones, dándole la espalda y retirándole todo apoyo a las energías de origen fósil. Dejará de financiar los proyectos de exploración y extracción de petróleo y gas a partir del 2020 (¡!). Su Presidente Jim Yong Kim, hizo este anuncio con ocasión de la Cumbre de 127 estados que convocó el Presidente de Francia Emmanuel Macron en Paris con posterioridad a la COP23. Se comprometió, además, a cumplir el objetivo que se impuso el Banco de que un 28% de sus créditos a 2020 vayan dirigidos a acciones que estén alineadas con los objetivos que se establecieron en el Acuerdo de París que tiene por objetivo frenar el Cambio climático.
En este contexto se explica la afirmación de Simón Henry, Director financiero de la petrolera Royal Dutch Shell, refiriéndose a los hidrocarburos en el sentido que “la demanda alcanzará su nivel máximo antes que los suministros…Y ese pico comenzará entre 5 y 15 años a partir de hoy y será impulsado por eficiencia y sustitución”. Es decir, la teoría del pico o cénit, de Hubbert, que trataba de establecer el momento en que las reservas de hidrocarburos empezarían a declinar debe ser revaluada y reemplazarla por otra que sea capaz de vaticinar el año en que la demanda por los hidrocarburos empezará a caer. Y lo propio se prevé que va a ocurrir con la demanda por carbón. De hecho, de acuerdo con un estudio reciente del FMI, el consumo de petróleo crecerá en los próximos años a un ritmo del 50% del ritmo de crecimiento del PIB global y estima que hacia el año 2040 el precio del petróleo se estabilizará alrededor de los US $ 15 el barril (¡!).
A este propósito, algo inimaginable acaba de ocurrir, los Rockefeller que históricamente han estado vinculados a la industria del petróleo, como se dice coloquialmente, partieron cobijas con la multinacional ExxonMobil, de la que son socios, por la reticencia de esta a secundar a aquellas empresas que están migrando hacia las energías limpias. Neva Rockefeller Goodwin, tataranieta del patriarca de los Rockefeller, le planteó recientemente a ExxonMobil la necesidad de “volver a conectarse con la visión emprendedora y visionaria” de sus mayores. David Kaiser y Lee Wasserman, representantes de los Rockefeller, puso el dedo en la llaga, al denunciar que ExxonMobil “durante más de un cuarto de siglo intentó engañar a los políticos y al público acerca de la realidad del cambio climático, protegiendo sus ganancias a costa de un inmenso daño a la vida en este planeta”. Este pronunciamiento lo interpretó ExxonMobil como una declaratoria de guerra por parte de los Rockefeller.
Así las cosas, es una realidad incontrastable que el carbón y el petróleo están en su último cuarto de hora y de ello debemos estar advertidos. La Transición energética y la migración hacia las energías alternativas, sobre todos aquellas que son renovables y limpias, es ineluctable y hay que atenerse a ella. Estamos muy cerca de que se cumpla la premonición del ex ministro de petróleos y recursos minerales de Arabia saudita y ex secretario general de la OPEP Ahmed Zaki Yamani, cuando dijo que “la edad de piedra no terminó por la falta de piedras y la era del petróleo terminará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo”. Para esta transición nos tenemos que preparar.
Bogotá, enero 18 de 2018
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Por Mauricio Cabrera Galvis.- ¿Qué piensa usted que el accionista más poderoso del mundo les requirió a los presidentes de los cientos de compañías donde tiene inversiones y participa en sus juntas directivas? ¿Qué les pidió que hicieran para no perder su apoyo?
El personaje es Larry Fink, fundador y director de Blackrock que es el mayor fondo de inversiones del mundo pues administra recursos por 6.2 billones de dólares (20 veces el 0PIB colombiano) y es el mayor inversionista en acciones de las empresas más exitosas de Estados Unidos y Europa.
Si usted piensa que lo que pidió Fink fue que aumentaran las utilidades y el próximo año repartieran más dividendos, se equivocó. Su exigencia fue que fueran mucho más allá de los dividendos y definieran una estrategia de largo plazo para garantizar el crecimiento sostenible de sus empresas.
Sorprendió al mundo empresarial que este ícono de capitalismo mundial en su carta (http://bit.ly/2jsSQ5K) les dice a los presidentes que esta estrategia no solo tiene que incluir el análisis del impacto que tienes sus compañías en el conjunto de la sociedad, sino además definir cómo van a hacer una contribución positiva, además de sus accionistas, empleados y clientes, a las comunidades donde operan.
Hace casi 50 años Milton Friedman planteaba todo lo contrario: “existe una y sólo una responsabilidad social de la empresa: utilizar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus utilidades”; este credo neoliberal fue adoptado por toda una generación de empresarios y gobernantes que crearon el actual capitalismo salvaje que ha generado las enormes desigualdades sociales que hoy amenazan la supervivencia de la democracia y del mismo sistema capitalista.
Que el mundo ha cambiado lo demuestra lo que ahora plantea Fink, “la sociedad está exigiendo que las empresas privadas tengan un propósito social”. Es capitalismo puro. Se trata que el sector privado asuma responsabilidades sociales a las que los gobiernos han sido incapaces de responder, como por ejemplo el cambio climático, el futuro de los pensionados, el impacto de la tecnología sobre el empleo.
Aportar a la solución de los problemas de la sociedad no lo ve Fink como algo marginal a la actividad empresarial, o que vaya en contra de sus utilidades, sino como un requisito esencial para la sostenibilidad.
Por Gabriel Ortiz.- El ponderado manipulador de votos para su elección y reelección como Procurador, se convirtió en la manzana de la discordia que puede darle el puntillazo final a las aspiraciones del Centro Democrático –uribismo- por recobrar el poder en Colombia.
Pastrana y Uribe venían coqueteándose desde mucho antes del ring que armó el senador, para quemar a 4 de sus cinco precandidatos.
Los ataques del mismo corte de los que se le aplicaron al no, fueron insuficientes para detener a Iván Duque, quien salió airoso, celebró y tomó la cosas en serio, mientras sus contrincantes mordían el polvo de la derrota.
Fue entonces cuando entró al escenario la exministra Marta Lucía Ramírez, con el respaldo del expresidente Andrés Pastrana, buscando una coalición con Duque. No se contaba con la manzana de la discordia.
Pastrana y Ramírez vetaron al destituido exprocurador, mientras que Uribe y su pupilo lo defendieron. La trilogía no funcionó porque la candidata y Andrés sintieron pasos de animal grande.
La situación se tornó difícil y se agudizó durante la presentación que hizo la exministra-candidata de los cuadros de que la acompañarían en su campaña. En ese foro ella, de una, descalificó a Duque por joven. “Ese joven tan bien preparado, debe esperar un poco para llegar a la presidencia. Entre tanto puede ser un gran ministro de hacienda”. Le puso un dique a Duque. Solo lo quiere como ministro.
Mientras todas estas jugadas se adelantaban en Bogotá, en la Costa Uribe y Duque esperaban la decisión final de Pastrana, que no fue distinta a “o Marta o nada”.
Con un Ordoñez desaparecido o desdibujado, empezó a resquebrajarse la coalición Pastrana-Uribe.
Simultáneamente la presentación de Ramírez, no había caído muy bien a quienes ella consideraba sus alfiles.
El conservatismo, que estaba casi listo para adherir a Marta, sacó la mano y empezó a soñar con del destituido Ordóñez.
Uribe y Duque no admiten nada que se parezca a un “carisello”, entre Marta y Duque.
Pastrana también salió del círculo cuando advirtió que “mi tarea en selección de candidato de coalición ha terminado”.
Se ha retrocedido a diciembre y el uribismo queda con Iván como candidato único y sin la ambicionada coalición que buscaba aumentar la votación de la extrema derecha. Ellos mismos lo han dicho: “Ese es el mecanismo –la coalición Ordoñez, Uribe, Pastrana, Marta y Alejo- democrático, participativo, transparente que nos dará la unidad para ganar”.
Quedan dos coaliciones, por ahora, que pueden alcanzar la presidencia: las de Fajardo, López y Robledo, y Clarita, Petro y Caicedo.
Tremendo remolino el que se ha armado con la superpoblación de candidatos que quieren disputarse la izquierda y la derecha para gobernarnos cuatro años.
La gran pregunta es: ¿y de Vargas Lleras y De la Calle qué?
BLANCO: Nace la Fundación Colombiana de Periodismo, para defender la Libertad de Prensa.
NEGRO: Los atropellos de Gas Natural. No envían las cuentas a tiempo. Cortan el servicio, sancionan al consumidor y cobran reconexión.
Por José G Hernández.-Se ha preocupado la prensa con razón -y es del caso que la Corte Constitucional seleccione el proceso y se pronuncie- por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia no haya defendido, en sentencia de tutela, el derecho de los medios y periodistas a no revelar sus fuentes.
El derecho a la información, la independencia periodística -aunque no la apliquen en la práctica algunos comunicadores- y el secreto profesional, son derechos contemplados en los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución, que disponen:
“ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
“ARTICULO 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.
“ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”.
La Corte Constitucional ha subrayado la importancia que, para la libertad y la democracia, así como para la eficacia de la información en el seno de la sociedad, tiene el derecho a la reserva de la fuente:
“… la inviolabilidad del secreto profesional (la reserva de la fuente) permite que un periodista guarde el secreto sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha información. La reserva de la fuente es una garantía fundamental y necesaria para proteger la verdadera independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de información relevante para el público. (…) es una garantía constitucional fundamental para asegurar el libre flujo de información, la independencia y libertad de los periodistas y el derecho de la sociedad a estar adecuadamente informado” (Sentencia T-298 de 2009).
“… tiene particular relevancia en el campo periodístico, ya que implica reserva de las fuentes informativas, garantía ésta que sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio”. (Sentencia T.256 del 30 de abril de 2013).
“…garantía ésta que, sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio. Esto repercute en las mayores posibilidades de cubrimiento y profundización de los acontecimientos informados y, por tanto, en la medida de su objetivo y ponderado uso, beneficia a la comunidad, en cuanto le brinda conocimiento más amplio de aquéllos.” (Sentencia T-74 de 1995).
“Cuando el artículo 73 de la Constitución protege de modo explícito la actividad del periodista para garantizarle su "libertad e independencia profesional" es claro que lo hace en función de la tarea específica que tal profesional cumple” (Sentencia C-087 de 1998).
Es indispensable que esta garantía constitucional -que preserva el derecho de doble vía a la información- permanezca, y que no resulte anulada, so pretexto de cuidar la veracidad de las informaciones. A este respecto, hay mecanismos de orden jurídico para preservar los derechos a la honra y al buen nombre de las personas. Y hay una responsabilidad social de los medios. Pero, para asegurar la información veraz, imparcial y objetiva no se requiere vulnerar el derecho inalienable a guardar la reserva sobre las fuentes.
Por Amylkar D. Acosta M.- La industria petrolera recibió un rudo golpe con la caída de los precios del crudo, los cuales alcanzaron a rondar los US $24 a finales de enero de 2016, tardó en reaccionar y ello desalentó la actividad petrolera en todo el mundo y Colombia, que cumple el 29 abril de 2018 cien años desde que se perforó el primer pozo productor de hidrocarburos (Infantas No. 2), no fue la excepción.
Posteriormente vendría una lenta recuperación aupada por el viraje de la OPEP, que cambió su estrategia de mantener su producción al tope y desde noviembre de 2016 tomó la determinación, en alianza con otro gran productor no miembro del cartel como lo es Rusia, de recortar la producción en 1.8 millones de barriles diarios para tratar de detener la caída de los precios. Y en parte lo han logrado, lo cual los ha llevado a prorrogar hasta finales de 2018 dicho acuerdo. Así lograron que el precio subiera un 82% entre enero de 2016 y enero de 2017 y arrancó el 2018 al alza, al cotizarse el día 3 de enero en US $61.81 el WTI y US $67.92 el Brent.
La firma calificadora de riesgo Standard and Poor´s pronostica un precio promedio del crudo de US $55 el barril para el 2018, no obstante dada su volatilidad y lo errático de su comportamiento cualquier cosa puede suceder. Si bien el susodicho recorte, la interrupción de suministros por distintos eventos imprevistos, amén de la caída temporal de producción e inventarios en EEUU y la perspectiva que favorece un crecimiento de la demanda favorecen el aumento de los precios, hay varios factores que conspiran contra la tendencia alcista de los precios. El principal de ellos es la agresividad de la política energética de Donald Trump al “eliminar las restricciones sobre la energía estadounidense y permitir que esta riqueza llegue a nuestras comunidades”.
Es muy diciente que los EEUU hubiera alcanzado en septiembre de 2017 una producción de 9.5 millones de barriles/día, la más alta producción desde 2015 y según la Administración de la Información de Energía de los EEUU (EIA, por su sigla en inglés), hace un año tenía 477 plataformas activas y el 1 de diciembre de 2017 ya tenía 749.
A consecuencia de la baja de los precios del crudo la inversión y la actividad exploratoria se vinieron abajo. El año 2016 tuvo la más baja rata de exploración onshore en 12 años. Si en 2010 se corrieron 19.986 kilómetros de sísmica 2D en el año 2016 sólo se corrieron 2.000 kilómetros y hasta octubre de 2017 sólo se habían alcanzado 929 kilómetros equivalentes onshore y nula actividad sísmica costa afuera, lo que contrasta con los 33.86 mil kilómetros 2D equivalentes totales en 2016. Con razón sostiene la CAMPETROL que el 2017 se posiciona como el de menor actividad sísmica desde que se llevan registros hace 17 años.
Empero, según fuentes de la ACP se espera que en el 2018 las inversiones de la industria petrolera en Colombia fluctuará entre los US $4.500 millones y US $4.900 millones, 45% mayor que en 2017, enfocadas fundamentalmente a la exploración y extracción de crudos. Ello permite augurar que este sea el año de la recuperación de esta industria.
Resulta estimulante registrar que el número de taladros en los frentes de la actividad exploratoria ha aumentado sensiblemente, estamos hablando de 111 equipos, 70 equipos más que en octubre de 2016. También es de destacar como un hecho positivo los 41 pozos exploratorios perforados, de una meta de la ANH de 50 para todo el año, frente a 13 para el mismo lapso en 2016, de 21 perforados al cierre de 2016 y de los 5 pozos offshore que se planearon perforar en 2017, sólo resta uno que ya está en perforación. Pero, todavía estamos muy lejos de los 131 pozos que se perforaron en 2012.
Dada la precariedad de las reservas probadas con las que se contaba al cierre de 2016 (1.665 millones de barriles), a las que hay que descontar aproximadamente 310.250.000 barriles, los que se extrajeron en el transcurso del 2017. Y descontemos también un año de los 5.1 años de autosuficiencia. De allí la urgencia de incorporar más barriles a las reservas, para espantar el fantasma de la pérdida de la autosuficiencia. Se ha venido haciendo un gran esfuerzo en el mejoramiento del recobro, pero ello aunque es necesario no es suficiente, requerimos, además de pasar reservas contingentes a probadas, nuevos hallazgos.
La única manera de detener la caída de la producción y sostener un platteau mayor de los 840.000 barriles, que es la nueva meta para 2018 según el Plan Financiero 2018, es reponiendo y acrecentando las reservas probadas y en ese sentido la nueva frontera para lograrlo está en la apuesta por la exploración offshore, en donde ECOPETROL ya se ha anotado los primeros éxitos y en los yacimientos no convencionales, desde donde sólo se pueden extraer las reservas de crudo y/o gas utilizando la controvertida tecnología de la estimulación hidráulica. Según estimativos de la ACP y ECOPETROL allí hay un potencial entre 3.000 y 5.000 millones de barriles, con lo cual se podría ampliar el horizonte de la autosuficiencia entre 8 y 12 años más.
Bogotá, enero 10 de 2018
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Por Mauricio Cabrera Galvis.- ¿Por qué es necesario que los candidatos presidenciales traten de conformar coaliciones para ir unidos a la primera vuelta y no esperar a la segunda cuando forzosamente todos tendrán que decidirse por uno de los dos finalistas? Aunque en un país tan polarizado entre progresistas y conservadores, entre el Sí y el No, debería ser posible esperar a que en la primera vuelta se eligiera un candidato de cada lado y por simple inercia se conformaran coaliciones en torno a esos dos, existen poderosas razones para dudar de esta posibilidad. Si se mantienen las divisiones es posible llegar a un escenario en el que, a pesar de la polarización del país, no haya en la segunda vuelta un candidato progresista y uno de la derecha, sino que los dos finalistas sean del mismo bando. Segunda, que ninguno de los candidatos tiene garantizado que solo pueda pasar a la segunda vuelta. Es cierto que dos de ellos tienen más probabilidad de lograrlo, Fajardo por estar de primero en las encuestas y Vargas por la maquinaria que ha construido. Todos los demás son conscientes de que por separado no tienen los votos suficientes para pasar al balotaje.
En el flanco derecho, Martha Lucía y Duque quieren la unión -Ordóñez no cuenta-, pero cada uno quiere ser la cabeza y que el otro acepte la vicepresidencia. Además, ninguno de los dos tiene el pleno respaldo de sus partidos. En el campo progresista, De la Calle, Clara López y Petro han hecho públicos llamados a una consulta interpartidista en marzo, planteando ambos que en aras de la unión están dispuestos a ceder en sus pretensiones de ser el candidato. A nombre de los verdes, Mockus también ha propuesto la coalición. Sin embargo la negativa de Fajardo no ha permitido que se llegue a un acuerdo. La otra razón para hacer la coalición desde ahora es que es muy difícil construirla en los pocos días que quedan entre la primera y la segunda vuelta.
La experiencia de Chile debe servir de lección a los progresistas. En la primera vuelta los candidatos de centro izquierda obtuvieron el 56% de los votos, pero no fueron capaces de unirse y en la segunda vuelta solo sacaron el 45% de manera que su división permitió el triunfo de la derecha. No podemos arriesgarnos a que por no hacer coalición progresista nos pase lo mismo , y entonces se frene el proceso de Paz y se aplacen los cambios económicos y sociales que necesita el país.
Por Gabriel Ortiz.- Cayó “La Piña santandereana”, tras 20 de años de manejar el más lucrativo negocio, que aún esconde a los verdaderos responsables, que se camuflan, al parecer con la complicidad de las propias autoridades de Floridablanca.
La “partera” del tránsito de la población santandereana tenía el bolígrafo más rápido del oriente colombiano. Era capaz de formular cada 24 horas, hasta mil “”partes” o comparendos, como se conocen las sanciones de tránsito. No le importaba si era de día o de noche, ni si estaba de servicio o no. Era una funcionaria aventajada, “supereficiente”. Como que había llegado al grado de alférez, y era el espanto de quienes se atrevieran a manejar un carro en Floridablanca.
Con burlonas declaraciones concedidas a los noticieros de televisión y radio de Bucaramanga, explicaba su acción sancionatoria. “Soy una funcionaria que puede penalizar a cualquier persona cuando cometa una infracción, esté yo de turno o no”. Con guasón gesto saludó las cámaras, sin entrar en mayores detalles.
Sus lágrimas no se dejaron esperar poco después, durante la audiencia de imputación de cargos. La fiscalía la acusó de los delitos de falsedad en documento público, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Sus manos maniatadas por esposas, le bajaron la arrogancia, cuando era trasladada a la cárcel. Seguramente cuando esta columna sea publicada, estará libre o en casa por cárcel. ¡Así es nuestra justicia!
Quedan por investigar las verdaderas entrañas del delito que cometió la “piña santandereana”. Se ha convertido en moda, contratar firmas particulares –no todas con suficiente idoneidad- para aplicar sanciones o multas por violar normas de tránsito con fotos y radares, o para cobrar servicios públicos. Regularmente los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios acostumbran a entregar semejante responsabilidad a sus amigos, cómplices o reclutadores de votantes.
Para algunos hay justificación para ello, pero sucede que muchas firmas no se conforman con tan jugosos contratos y acuden a imponer cuotas mínimas a los encargados de aplicar las sanciones. Estos sacan su tajada y lucran a sus patrones. Si en la propia capital de la República existe esta práctica, según lo han comprobado denuncias ciudadanas, ¿qué puede esperarse de lo que sucede en apartados pueblos, en donde prácticamente no existe ni Dios ni ley?
“Piñas” y “piños” hay a lo largo y ancho de nuestro territorio. Esto hace parte de la “vista gorda” con que se mira la corrupción que, hoy por hoy se elogia se justifica y se ampara. A un exfuncionario de Reficar se rindió un homenaje por parte de sus amigos en “la amurallada”. Un exviceministro se apropió de $20 mil millones, pagó una insignificante multa de $67 millones y salió a disfrutar los $19.933 millones que robó.
Hay “piñas y piños”, por todas partes, porque por todas partes hay corrupción.
BLANCO: Las clases de historia regresan a los colegios.
NEGRO: Las rechiflas a Santos porque alcanzó la paz. Vaya… vaya…
Por José G Hernández.- Son muchos los asuntos que se deben resolver en 2018. Lo más inmediato, lo relativo a la elección presidencial y la composición del nuevo Congreso.
Desde luego, de allí dependen muchas cosas, porque de quién sea el Presidente de la República y de cuáles serán sus criterios acerca de los grandes temas que interesan al país se desprenderán los actos y decisiones inmediatas que adopte, las políticas que emprenda, y las propuestas que presente para los cuatro años de su administración. Desde luego, también será trascendental que el nuevo gobierno cuente con un buen apoyo en las mayorías del Congreso para la realización de los propósitos nacionales.
Pero, de manera concreta, hay desafíos que deberán enfrentar tanto el próximo gobierno, sea cual sea su jefe, como el Estado colombiano en su conjunto, con el fin de evitar que la República se diluya y que fracase el sistema democrático.
Enunciamos algunos:
Hay necesidad de emprender una lucha franca y sin cuartel contra la corrupción, no solamente la que afecta a los órganos de la administración sino la que ha venido aumentando en parte de la rama judicial -inclusive en altas corporaciones- y en otras instituciones, en los departamentos y municipios, en la contratación pública, en la salud, en la educación y en la actividad política, a todos los niveles. Se requiere una labor que integre al Gobierno, al Congreso, a la Procuraduría General, a la Fiscalía General, a los tribunales y a los jueces, para que de manera cierta e implacable se aplique la ley y se impongan las sanciones a los responsables -caiga quien caiga-, sin permitir la impunidad, a la vez que se adopten las medidas y políticas indispensables para cerrar las fuentes, puertas y mecanismos que suelen usar los corruptos para lograr sus nefastos propósitos.
La economía colombiana está muy mal. Nos han rebajado la calificación. El desempleo real -que es el que debería medir al Dane- es enorme, y quienes trabajan reciben unos salarios exiguos -quizá los más bajos en Latinoamérica-, a la vez que las empresas no resisten la irracional e inequitativa carga tributaria existente.
Los nuevos gobernantes y congresistas -por ahora, quienes aspiran a serlo- deben tomar conciencia acerca de los daños enormes que al país ha causado y causa el narcotráfico. El territorio está infestado de cultivos de coca y, en cuanto a la posible descertificación de los Estados Unidos, dependemos del variable e inestable genio de Donald Trump.
A esa proliferación de la coca hay que ponerle coto de manera urgente, no solo con la presencia de la Fuerza Pública sino con la actividad de los fiscales y jueces, así como mediante políticas sociales y económicas eficientes que permitan la supervivencia de las comunidades indígenas y campesinas que han venido dependiendo de esos cultivos para su subsistencia.
En materia de micro tráfico de estupefacientes, la situación es gravísima, pues se ha incrementado el consumo con base en la discutible tesis del libre desarrollo de la personalidad, inclusive en escuelas y colegios. Es necesario hacer efectiva la prohibición de la dosis personal, del porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas (A.L. 2 de 2009), y dotar a las autoridades de policía, a los fiscales y a los jueces, de las herramientas necesarias para capturar, someter a proceso y condenar a los responsables del micro tráfico.
Como lo hemos escrito, el orden jurídico ya no es un orden sino un maremágnum, en cuanto la Constitución ha sido manoseada, en parte sustituida y rota su estructura por normas aprobadas a la carrera, sin estudio ni debate, y por vacilantes y contradictorias sentencias de control constitucional.
Es mucho lo que se debe hacer este año, tanto por el Gobierno como por las otras ramas y órganos del poder público.
Por Amylkar D. Acosta M.- Como dice la letra de Cantares de Navidad de la Billo´s Caracas Boys, “un año que viene y otro que se va”, momento oportuno para hacer un balance de prueba del desempeño de la economía en general y de uno de sus sectores más importantes, el de la industria extractiva en particular, en el año que termina, así como analizar sus perspectivas para el año que apenas empieza.
Como se recordará, Colombia se benefició del largo ciclo de precios altos de los commodities que se prolongó por espacio de una década que va desde el 2003 al 2012, año este a partir del cual se desplomaron todos ellos, excepción hecha del petróleo, cuya caída comenzó a mediados del año 2014. A guisa de ejemplo digamos que para el año 2011 el precio de la tonelada de carbón llegó a rozar los US $143.88 en julio de 2008, entre tanto el precio del barril de crudo llegó a su máximo histórico de US $145.29 el 7 de julio de 2008.
Los mayores precios se tradujeron en mayor producción, mayores exportaciones, en más entrada de divisas tanto por las ventas en el exterior como por la afluencia de inversiones extranjeras en el sector y mayores ingresos tanto por concepto de impuestos como de regalías, amén de las mayores transferencias de ECOPETROL a la Nación como dividendos. Valga decir que entre 2001 y 2011 la extracción de carbón y oro crecieron el 95% y el 156%, respectivamente. En suma, este sector se convirtió en el gran dinamizador del crecimiento del PIB, el cual llegó a su culmen en el 2011 con una tasa de 6.7%.
Pero, como dice el adagio popular, lo que por agua viene por agua se va, cuando la menor demanda de los países emergentes encabezados por China hizo que se contrajera el mercado y que los precios se deprimieran, las inversiones y los inversionistas extranjeros empezaron a alejarse y tanto la renta minera como la petrolera se redujeron a su mínima expresión. Y, como era de esperarse se desaceleró el ritmo de crecimiento del PIB, a tal punto que en los años subsiguientes el incremento del PIB se ha venido deslizando por una especie de tobogán, del 4.9% en 2013 al 4.4% en 2014 al 3.1% en 2015, al 2% en 2016, para recalar en el 2017 muy por debajo del 2%, la más baja tasa de crecimiento en lo corrido del siglo XXI.
La industria extractiva se caracteriza por tener ciclos de precios altos y bajos, así como al largo ciclo de precios altos siguió el cuarto menguante para el sector, ahora desde el 2016 la actividad minera y petrolera ha empezado a repuntar junto con los precios. Entre enero y octubre de dicho año el precio del carbón térmico subió el 60% y desde entonces se ha sostenido la tendencia alcista, ya para mayo de 2017 el precio oscilaba entorno a los US $67.95 la tonelada, en septiembre se trepó a los US $82.74 y ya para noviembre cerró a US $83.78. Ello hizo posible que la producción de carbón en Colombia para el 2016 se elevara hasta alcanzar la cifra de 90.5 millones de toneladas, cifra record, aunque esta cifra se verá menguada en el 2017 debido a la caída de la producción del interior del país, que pasó de 10.7 millones de toneladas en 2016 a 6.5 millones en 2017, afectando el total que se calcula estará alrededor de las 88 toneladas. La baja sería mayor de no registrarse un incremento de 79.8 millones de toneladas en 2016 a 81.5 millones la producción de la región Caribe.
También repuntó la producción de oro en 2016 con 1´987.086 onzas, pero en el 2017 esa cifra se vio afectada por una baja de la producción total hasta 1´498.020, por cuenta de la reducción de la extracción ilegal del precioso metal. Ello se debe en gran medida a que la Agencia Nacional Minera se resolvió a meter en cintura la extracción ilícita del oro, mediante el Decreto 1102 de 2017, al tiempo que viene promoviendo la formalización de la minería artesanal y ancestral. Por su parte Cerromatoso S. A le ha sacado ventaja al repunte del precio del ferroníquel y después de obtener una producción de 37.092 toneladas en 2016 escalando su producción estimada hasta las 41.024 toneladas en 2017.
Se calcula que las exportaciones mineras crecerán este año el 40%, pasando de los US $8.934 millones a US $13.000 millones, que corresponden básicamente a carbón, oro y ferroníquel. En lo atinente a la inversión extranjera directa (IED) en minería, después del bajonazo entre 2015 y 2016, que se contrajo de US $533 millones a - US $97 millones, volvió a terreno positivo con un monto de inversión en 2017 de US $441 millones y se esperan inversiones del orden de los US $1.500 millones para el 2018.
Dos renglones que empiezan a tener un peso importante en la balanza minera son las esmeraldas y el cobre. En el 2015 se produjeron 1´782.059 quilates bruto, en el 2016 2´025.681 y en el 2017 se proyecta una producción de 2´274.871 toneladas. En cuanto a la producción de cobre, esta pasó de 5.463 toneladas en 2015 a 8.493 en 2016 y se espera este año una producción de 9.253 toneladas.
Bogotá, enero 6 de 2018
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