Opinión
Amylkar D. Acosta M.- Aunque la Comisión del Gasto público, creada a través de la más reciente reforma tributaria deberá ocuparse del gasto público del Gobierno central, en sus recomendaciones deberá tener en cuenta que entre las finanzas de la Nación y las finanzas territoriales existe dos vasos comunicantes, que son el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR).
En cuanto al SGP, debemos recordar que después de haber sido establecido por la Constituyente de 1991, tuvo dos reformas. El año anterior llego a su fin el régimen transitorio establecido en el A. L 04 de 2007, sin que el Gobierno nacional ni el Congreso de inmutaran, lo cual se tradujo en que nos retrotrajéramos a lo previsto en el A.L 01 de 2001. Es decir que los recursos del SGP crecerán a partir de este año teniendo como referencia el crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) en los cuatro años anteriores. El prolongado paro de los maestros tuvo como almendrón precisamente al SGP, que ha visto menguados sus recursos, los cuales tienen como destinación específica la salud, la educación, así como el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico. El paro se levantó con el compromiso por parte del Gobierno Nacional de concertar los términos de lo que será el ajuste hacia el futuro del SGP, lo cual habrá de impactar el gasto público del Gobierno central y por ello deberá estar en el radar de la Comisión del gasto público.
Al respecto debo añadir que, además del déficit fiscal del Gobierno central, que el año pasado fue de 4% y la meta para este año es del 3.6%, existe un déficit oculto. Me refiero al hecho de que en los últimos años se ha venido dando lo que yo he denominado una descentralización disfuncional, consistente en que se le han venido trasladando funciones y competencias que son del resorte del Gobierno central a las entidades territoriales, pero sin recursos para cubrirlas. Y, algo muy importante, el déficit fiscal sigue siendo el talón de Aquiles de la economía Colombiana. Después de conocer y evaluar las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado el mes pasado por parte del Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, particularmente en lo atinente a la senda del déficit fiscal, la calificadora de riesgo Stándard and Poor´s acaba de poner la perspectiva económica del país en negativo. Por su parte otra calificadora, en este caso Fitch Ratings, después que le había devuelto la perspectiva estable a la nota del país, merced a la aprobación de la reforma tributaria a finales del año anterior, amenazó con volver a imponerle la perspectiva negativa en su calificación crediticia si no corrige el déficit fiscal, que se resiste a ceder.
A guisa de ejemplo, de las funciones y competencias delegadas a las entidades territoriales por parte de la Nación, pero sin plata, relacionemos los casos más relevantes, a saber: la gestión del riesgo, la puesta en marcha de la Ley de Victimas, gestión ambiental de las cuencas de los ríos, responsabilidad penal adolescente y en general políticas de infancia y adolescencia, atención a desplazados y al adulto mayor, salud (atención a la población no asegurada en el sistema de salud, unificación de planes obligatorios de salud y cubrimiento de pagos no POS de regímenes subsidiado y contributivo), programas de la mujer, delegación minera en la verificación efectiva de las concesiones mineras, conservación del patrimonio cultural y la creación de cuerpos de bomberos. Pero el caso más patético y que se ha convertido en una bomba de tiempo es el del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Va a llegar el momento en que esa carga de le va a volver insostenible a las entidades territoriales, por el desfinanciamiento de dichos programas y ante la eventualidad de que se puedan paralizar vendrán las presiones de diferente índole y le va a tocar reasumirlos al Gobierno Nacional. Ello, también, deberá ser tenido en cuenta por parte de la Comisión del Gasto Público, máxime cuando las responsabilidades de los departamentos y los municipios serán mayores de cara al postconflicto, pues la paz es territorial, de ello no cabe duda.
Pero, las deliberaciones de la Comisión del Gasto no son óbice para avanzar en el debate y la concertación que nos conduzca al ajuste requerido del SGP. Por el contrario, este es inaplazable y no basta, como lo ha sugerido el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, con reformar la Ley 1176 de 2007, modificatoria de la Ley 715 de 2001, reglamentarias de los A. L 04 de 2007 y 01 de 2001, respectivamente. El alcance de dicha reforma sería únicamente el de flexibilizar el SGR, cuyos recursos están compartimentados, con el fin de que una vez alcanzadas sus metas en alguna de sus destinaciones específicas, sus excedentes se puedan asignar a las otras. De lo que se trata es de reformar el SGR y así poder barajar para volver a repartir los ingresos públicos entre la Nación y la entidades territoriales, con el propósito de emparejar las cargas.
Bogotá, agosto 5 de 2017
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Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Son tres las modalidades mediante las cuales millones de personas son sometidas a engaño colectivo en la sociedad actual: la religión, la política y la ‘filosofía’ de la superación personal.
La más efectiva es la religión, pues hace esclavos felices. Le sigue la política, dañina cuando convierte en idiotas útiles a naciones enteras que actúan en seguimiento de una causa populista o caudillista, y solo hasta el final de un camino accidentado son conscientes de su equivocación. Para la muestra, tres botones: Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España. Tres visiones ideológicas de extrema derecha que se impusieron a la brava, siempre bajo el influjo de dañinos y perversos liderazgos.
Pero los tiempos cambian… y lo que ahora se impone es una forma de engaño seductor, revestido de una autoridad supuestamente culta o literaria. Hablamos de la filosofía de la superación personal, que tiene a sus ‘consumidores’ encadenados como borregos a la lectura de libros escritos en lenguaje de fácil digestión donde enseñan fórmulas mágicas para alcanzar el éxito y hacerse millonario, fórmulas que paradójicamente hacen multimillonarios es a sus autores y a los editores que acuden ansiosos a publicarlos…
Tratado de la obviedad
La filosofía de la superación personal traslada la religión al Marketing, brindando lo mismo: una sensación pasajera de ‘bienestar espiritual’. Mediante la compra de productos con apariencia intelectual te dicen cosas obvias que asumes como verdad revelada, y te ponen a consumir cada vez más del mismo entretenido heno (o sea, paja). Con el paso de los días compruebas que tu situación sigue igual o peor, pero no importa, porque te tienen entretenido, y la distracción consiste en que te convencieron de que solo falta hacerle algunos correctivos a tu “actitud triunfadora” para salir de la olla en que te encuentras.
El más obvio de los filósofos de la superación personal es Paulo Coelho, quien dice obviedades que la gente confunde con genialidades, como “todas las batallas de la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos”. ¡Por supuesto! O “lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él”. Eh Ave María, descubrió que el agua ahoga. ¿O qué tal esta?: “Cuando quieres realmente una cosa, todo el Universo conspira para ayudarte a conseguirla”. Esto ya no es obviedad, sino mentira: es cierto que para conquistar una meta se requiere voluntad, pero nada te garantiza que solo con férrea voluntad alcanzarás el éxito. Es lo mismo que decir “Dios proveerá”, pues se traduce en que todo se resuelve con tener fe, para el caso de la religión fe en un ser supremo y para el de la superación personal fe en ti mismo.
La filosofía de la superación personal encarna también una ideología de derecha, pues parte de una actitud conformista, la del que cree que vivimos en el mejor de los mundos posibles y en tal medida al sistema no se le debe cambiar nada, solo hacerle ajustes. Dicho individuo se comporta como los ‘integrados’ de los que habló Humberto Eco, en oposición a los ‘apocalípticos’, o sea los que sí quieren cambiar el sistema por uno diferente, porque creen que vivimos en el peor de los mundos posibles. (Ver Los amos del apocalipsis).
Decía Carl Sagan que no puedes convencer a un creyente de nada diferente, porque sus creencias no están basadas en ninguna evidencia sino en una enraizada necesidad de creer. Igual aplica para quienes creyeron con fe ciega en un proyecto político que hoy sucumbe, pero sus seguidores parecen dispuestos a “incendiar el país” antes que admitir que les toquen a su cada día más cuestionado líder, a quien siguen con una devoción ciega, de algún modo emparentada con la religión. Equivocados de buena fe, pero equivocados.
Sea como fuere, no es eso lo que hoy nos ocupa, sino un engaño más universal: el de millones de almas confundidas a las que han hecho creer que quien fracasa en la sociedad del rendimiento individual se hace responsable a sí mismo, es el único culpable de sus errores. Su cerebro no está programado para que contemple la posibilidad de poner en duda a una sociedad que de pronto –ella sí- tiene parte de culpa en su fracaso, debido a una crisis sistémica estructural en la que siempre será inmensamente superior el número de personas que estrellan sus sueños contra el pavimento que el de quienes alcanzan el tan anhelado y sufrido éxito.
Lo preocupante es que han ido incorporando a niños y jóvenes a estos engranajes conformistas de producción de estados de conciencia ilusorios, revestidos de ‘genialidad’, con Internet como su motor de masificación y donde un solo youtuber, el chileno Germán Garmendia colapsó el año pasado la Feria Internacional del Libro de Bogotá con la presentación de su libro Chupa el perro.
¿Y qué es Chupa el perro? Un folletín de autoayuda que contribuye a integrar a los pelados y peladas a un esquema de pensamiento que de ningún modo contempla, como sí lo hacían los jóvenes de antes, cuestionar la sociedad donde nacieron. Son idiotas útiles de una masificación de gustos impuesta desde arriba, donde el tipo de ‘ideas’ que se maneja son como las que expone Garmendia en el libro citado: “para cumplir tus sueños, tienes que madrugar”; o “arriésgate a hacer lo que te gusta, no lo que la sociedad te impone”. ¡Brillante!
Niños, jóvenes y adultos permanecen sumergidos hasta el cuello en el hechizo de una oferta de contenidos que avanza a una velocidad alucinante, cada vez más superficial, cada vez más peligrosa. Les adormecen la conciencia, les atan a una silla virtual cargada de emociones pasajeras, una detrás de otra, a un ritmo endiablado, mientras les hacen creer que basta con tener actitud positiva para que lluevan “bendiciones” y se despeje el camino al éxito, pendejadas de esas.
A mediano plazo ensombrece el panorama un nuevo engaño, hacia la elección presidencial 2018: de la mano con las mismas fuerzas de apariencia religiosa que actuaron unidas por los días del plebiscito, hoy adiestradas para dar un nuevo zarpazo, tratarán de vendernos la oscuridad con cara de luz redentora.
DE REMATE: Nazismo alemán, fascismo italiano, franquismo español, uribismo colombiano, todos cortados por la misma tijera.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.-A propósito de lo que pasa en Venezuela, hemos recordado por estos días la sencilla pero muy real advertencia del político inglés John Emerich Edward Dalberg-Acton, más conocido como Lord Acton, según la cual “el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Aristóteles había afirmado que, en el gobierno despótico, quien gobierna suele tratar a sus súbditos como esclavos. Es decir, por definición, desconoce la dignidad humana de los gobernados y atropella sus derechos.
Charles Louis de Secondat, Barón de la Brède y de Montesquieu, en “El espíritu de las leyes”, dejó consignados los principios esenciales que hoy todavía sostienen la democracia en los estados constitucionales: la distribución de funciones; el equilibrio entre las ramas y órganos del poder público.
La constituciones se establecieron con el objeto de preservar los derechos y garantías para los ciudadanos, y como dique contra el ejercicio absoluto del poder; como forma de introducir el equilibrio en el uso del poder; como mecanismo de contención contra posibles abusos del gobernante, sometiendo sus actos y decisiones al Derecho. Las constituciones no se hicieron para rodear al gobernante de atribuciones omnímodas, ni para plasmar mecanismos de concentración del poder político, sino para sujetarlo a normas vinculantes que le fijan linderos y restricciones en garantía de la libertad de los gobernados.
En una democracia auténtica, el titular exclusivo de la soberanía -esa característica del poder estatal que se sobrepone a todo otro poder dentro del territorio- es esencialmente el pueblo, como lo declara el artículo 3 de la Constitución colombiana de 1991, y como lo proclama también el 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
El pueblo es el titular del Poder Constituyente originario. En ejercicio de la soberanía, es él quien establece y pone en vigencia la Constitución, la norma fundamental a la cual se sujeta todo el ordenamiento jurídico del Estado. Ese poder no se confunde con el poder de reforma de la Constitución, confiado a órganos constituidos -como los congresos o las asambleas constituyentes-. Ese poder derivado corresponde a una competencia, y por tanto no es el dueño de la Constitución, y solamente la puede modificar de la manera y por los procedimientos que la propia Carta Política estipula.
Por Ángel Alayón.- La literatura especializada es clara: las protestas en la calle, la presión internacional y todo aquello que genere ingobernabilidad, tienen como objetivo causar una fractura en la coalición de poder que sostiene a un gobierno. Una vez se produce la fractura, se abren los escenarios políticos que permiten la restitución de la democracia. Los resultados de la estrategia son múltiples y disímiles. Y van desde el fracaso absoluto de la estrategia hasta una transición indolora que culmina en una democracia.
El pasado 1 de mayo, treinta días después de iniciarse este ciclo de protestas, Nicolás Maduro anunció un proceso constituyente que le permitió retomar la iniciativa política perdida desde que la Fiscal Luisa Ortega Díaz decretara el rompimiento del orden constitucional. La constituyente fue asomada como un instrumento de paz. Pero se reveló desde el mismo anuncio como un instrumento de paz orwelliana, un instrumento que le permitiría a la coalición de gobierno liquidar cualquier resquicio de poder independiente y anular a la disidencia y a cualquier fuente de competencia política.
La pregunta que se hicieron en el Gobierno fue simple: ¿Cómo mantenerse en el poder sin hacer elecciones directas, universales y secretas? En 2016 lograron evadir el revocatorio y las regionales. Pero en 2017, la estrategia de la oposición requirió del Gobierno una respuesta de escala nuclear: la constituyente comunal. Un constituyente con poderes ilimitados, que sería aprobada sin consulta previa, y con unas bases comiciales que le garantizaban al gobierno la obtención de una mayoría a pesar de ser minoría. Porque ese es el obstáculo principal que tiene, y que tendrá, la coalición de gobierno: son minoría. Perdieron el favor y la preferencia de los ciudadanos, y no pueden mantener el poder mediante elecciones libres.
Las grietas en la coalición son visibles, pero no sabemos cuál es el alcance del daño a la estructura del poder, si lo hubiere, por lo que no especularé sobre la probabilidad de fractura y los resultados. También es conveniente recordar que la caída de los ingresos disponibles en manos del Gobierno implica una disminución en la capacidad de comprar lealtades políticas, como recuerda Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith en su Manual del dictador (Siruela, 2011), lo que afecta la solidez de la coalición. Me dedico aquí a otro quiebre, uno que luce irreversible y lleno de desafíos. Se trata del fracaso del modelo económico y social del chavismo y sus consecuencias: un empobrecimiento súbito de la población venezolana acompañada de una economía disfuncional. Allí, en ese fracaso, está el origen de la fractura entre la coalición del gobierno y los ciudadanos.
El modelo madurista-chavista no puede obtener otro resultado sino la pobreza. Fue así en el socialismo clásico del siglo XX, no podía ser diferente en el del XXI. El boom de los precios de petróleo de la primera década de este siglo disparó el consumo de Venezuela creando la “era dorada” del chavismo, una era en la que no le temieron a las elecciones libres, directas y universales. Pero fue en esa misma era cuando se establecieron las bases del fracaso de la economía y el rápido deterioro del bienestar de los venezolanos.
El desplazamiento y acorralamiento del sector privado, los controles de cambio como fuente de distorsiones y corrupción, el gigantismo del Estado empezando por la hipertrofia de la nómina de PDVSA y su partidización, la utilización política del Banco Central, el desmontaje de los instrumentos de estabilización macroeconómica, las estatizaciones con fines políticos, el uso del gasto público con fines electorales y clientelares fueron parte de un conjunto de acciones autodestructivas. Sólo era cuestión de tiempo. El precio del petróleo cayó y terminó por desnudar el modelo. No hay otro país petrolero que sufra lo que sufre Venezuela. La economía venezolana ya era disfuncional aun con precios del petróleo sobre los 100 dólares. La caída aceleró la debacle. Una caída para la que debimos haber estado preparados y no lo estuvimos.
Los desafíos económicos y sociales son enormes e inmanejables con la mismas recetas que nos han traído aquí. La hiperinflación ya es un tema de discusión semántica no de impacto en el bolsillo. Las importaciones colapsaron y eso se refleja en la escasez. La producción agrícola está en emergencia mermando aún más la posibilidad de producir alimentos en el país. La producción de petróleo ha caído 20% desde 2012. Las reservas ya están por debajo de los 10.000 millones y Venezuela tiene compromisos de pagos en los próximos 18 meses por 12.722 millones de dólares.
El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es una de las variables determinantes de la dinámica política actual. La coalición del gobierno es minoría, entre otras razones, porque su oferta a los venezolanos, más allá de la propaganda, son vidas rotas y una precaria sumisión a la dependencia estatal para proveerse de bienes básicos. Una promesa que ni siquiera puede cumplir. Una oferta sin poder de persuasión porque no tiene cómo apalancarse. Ni siquiera en la nostalgia. Ni siquiera en el olvido.
Para la coalición del gobierno, el problema sigue intacto: en democracia las minorías no pueden mantenerse en el poder.
Por: Jorge Enrique Robledo.- Va más de medio año desde que estallara el escándalo de Odebrecht. Y mientras que en otros países ha hecho caer cabezas de la cúpula, en Colombia no ha pasado nada más allá de algún ruido sobre algunos actores secundarios y el convencimiento nacional de que vamos hacia otra escandalosa impunidad. A pesar de que se pagaron sobornos por millones de dólares para contratos corruptos y hay acusaciones sobre fuertes sumas a las candidaturas que se disputaron la Presidencia en 2014.
Si en lo legal son pocos los avances, hay impunidad total en cuanto a las responsabilidades políticas de los involucrados: un par de noticias que sirven más para cubrir las apariencias que para ir al fondo del asunto, y pare de contar, al igual que el silencio de los partidos de los funcionarios involucrados. Impunidad total, a pesar de que Juan Manuel Santos confesó con un “me acabo de enterar” que entró plata de Odebrecht a su campaña de 2010 y que las pruebas señalan que lo mismo sucedió en 2014. Y parecido ocurre con el también acusado Óscar Iván Zuluaga, casos los dos en los que ni se mencionan los nombres de sus vicepresidentes y actuales aspirantes a la Presidencia, como si no se hubieran beneficiado con la misma plata y los mismos votos.
Se sabe también que la parsimonia del Consejo Nacional Electoral para investigar y sancionar a los partidos que avalaron estas candidaturas obedece a que el 80 por ciento de sus miembros pertenece a la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Y se mantiene oculto que la Procuraduría tiene frenado el acuerdo del gobierno con Odebrecht y el Grupo Aval para darles 700 mil millones de pesos como parte del acuerdo de impunidad que pactaron.
De otro lado, la Contraloría confirmó mis acusaciones y las de José Roberto Acosta sobre el préstamo del Banco Agrario a Navelena (Odebrecht). Señaló que están perdidos 135 mil millones de pesos, que la junta directiva del banco aprobó el préstamo violando las normas y que 50 mil millones de esa plata se contrataron para “cancelar un préstamo de Navelena con el Banco de Occidente, cuyo único propósito fue reducir la exposición de este último con el Grupo Odebrecht” (enlace 1). Tampoco se responde por estos hechos en un banco politizado por completo, incluido el silencio de los ministros de Hacienda y Agricultura, miembros de su junta directiva y del conservatismo y la U.
Cómo fue de notorio además el manto de silencio y falsedades con el que los amigos del Fiscal Martínez cubrieron el retiro de su denuncia penal por injuria y calumnia contra este senador y que, gozando de una amplísima alcahuetería, se hubiera atrevido a violar el artículo 185 de la Constitución, que protege a los congresistas por sus opiniones en el ejercicio del control político. También va camino de la impunidad política que el Fiscal Anticorrupción corrupto hubiera sido nombrado como parte de una operación clientelista de Cambio Radical, el partido de sus afectos y de los de Néstor Humberto Martínez Neira.
En los países que no operan tan mal como Colombia, los altos funcionarios y sus partidos responden políticamente por sus malas determinaciones, incluido tener que renunciar a sus cargos (enlace 2). En Colombia, y ello cuenta en por qué es uno de los países más corruptos del mundo, gobernantes, jefes políticos y partidos tradicionales no tienen que responder por los actos ilegales o vergonzosos y sus filiaciones políticas ni siquiera se mencionan cuando son acusados.
De lo peor de esta lamentable realidad, heredera de la manguala del Frente Nacional, es que a ella han acostumbrado a mucha gente buena de Colombia, que refunfuña contra sus actos y al final los tolera y respalda con sus votos. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Parece estarse acercando uno de esos momentos claves en los que los países corrigen el rumbo, dada la amplia indignación contra las tantas maneras perniciosas con las que los mismos se han mantenido por décadas en el poder, impidiendo el verdadero progreso de Colombia.
Bogotá, 28 de julio de 2017.
Por Mauricio Cabrera.- ¿Cómo explicar que en una economía frenada que sólo crecerá este año un 2%, el desempleo siga disminuyendo y haya pasado de 8,9% a 8,7% en los últimos 12 meses? Si cunde el pesimismo entre los empresarios, ¿por qué en ese período aumentó en 552.000 el número de personas con empleo? ¿Éstas cifras tienen algo que ver con el Proceso de Paz?
Una clave para dar respuesta se encuentra al mirar por aparte las cifras del empleo en las ciudades y en el campo, y sobre todo si se separan las 13 ciudades más grandes del país. En efecto, en estas últimas la tasa de desempleo si subió de 10,2% a 10,8%, porque aunque se crearon 100.000 empleos nuevos en el año, estos no fueron suficientes para las 180.000 personas que salieron a buscar trabajo. En las ciudades intermedias y pequeñas -que representan el 28% de la población- hubo 200.000 personas nuevas en el mercado del trabajo, pero en ellas se crearon la mitad de los empleos nuevos del país, por lo que el desempleo bajó del 10,7% al 9,7%. En las zonas rurales, donde viven un poco más de la quinta parte de los colombianos, hay una tendencia similar aunque un poco más limitada: se crearon 133.000 empleos y el desempleo bajó del 5,2% al 4,4%.
Se puede aventurar una hipótesis política para explicar estos comportamientos tan disímiles, y tiene que ver con el hecho de que la enorme polarización política respecto del proceso de paz que hoy divide hasta las familias es mucho más notoria en las grandes ciudades que en el resto del país.
En las pequeñas ciudades y en el campo es donde se vivió con más intensidad la guerra contra las Farc y por lo tanto es donde se están viendo más rápido los beneficios de la paz. Ya no hay bombas ni tomas guerrilleras, se ha podido volver a cultivar el campo y están volviendo los turistas, todo lo cual está dinamizando las economías locales.
Por el contrario, en las grandes ciudades la gran mayoría de sus habitantes sólo vio la guerra por televisión y resienten mucho más las concesiones de la negociación con la guerrilla que los beneficios del silencio de los fusiles.
Por Gabriel Ortiz.-Han sido muchos los grandes hombres que, durante nuestra historia, han pasado por estas tierras, mucha la riqueza que nos ha depositado la naturaleza, mucha la belleza de nuestras mujeres e incalculable y promisorio el futuro que podríamos gozar, pero que nos lo alejan cuando está prácticamente en nuestras manos.
Los insaciables siempre están actuando amparados en un enemigo prefabricado.
Nuestro talento, inventiva, destreza y fuerza; la energía, la rectitud, el carácter, el rigor, el ingenio y tantas virtudes del ser humano, irrigan y penetran esta tierra y esta población que no se doblegan ante nada.
Lamentablemente no nos vacunaron contra imponderables e imprevistos que llueven y nos impregnan. Nuestros escudos no eluden los ataques, que hasta la misma naturaleza arroja sobre la humanidad.
No vale la pena, para evitar polémicas estériles, señalar períodos, personajes, comunidades y sectores que han malogrado nuestro pasado, presente y futuro.
Los reveses, los obstáculos y las desgracias que hemos soportado se amparan en el poder, el dinero, la ambición, el resentimiento, la envidia y la intriga. Siempre acompañados por enemigos prefabricados.
Todos esos ingredientes acompañaron quienes han pasado por estos lares. Los primitivos, nuestros verdaderos antepasados, fueron despojados de sus tierras, sus riquezas, sus mujeres, sus virtudes; fueron esclavizados y casi que diezmados por la acción de los invasores que los infestaron con las europeas enfermedades.
Con briosos caballos, que aún poseen y disfrutan con avaricia, moquetes y desmedidas ambiciones por nuestro oro y riqueza, sembraron en nosotros la ansiedad, la voracidad, la avidez, la insatisfacción, el resentimiento. Siempre apoyados en el enemigo prefabricado.
Así fuimos perdiendo las bondades de la naturaleza y, florecieron las intrigas, la ambición, la envidia, el insaciable deseo de poder. Esas ilimitadas bondades del ayer se convirtieron en el desastre del mañana. El que llega a la cima quiere quedarse allí por siempre. Sus logros, sus metas, sus tierras, su riqueza -sin importar cómo se hayan obtenido- tienen que proyectarse en el tiempo y la distancia. Apoyados por el enemigo prefabricado.
En esas estamos. Hoy con menos del 10% de los colombianos, un ¨tuiter-fijo¨, quiere manejar a 50 millones a su manera, para beneficiarse, para sostener su decadente poder.
Quiere eternizarse como el ¨Gran Colombiano¨, el mariscal, el inalcanzable, el único.
Esta vez, el enemigo prefabricado es la prensa. Lástima grande que personajes calificados, pero desorientados, dependan de la insaciable voracidad de poder y resentimiento de un supuesto líder -con enemigo prefabricado- para postularse como candidatos a la Presidencia. Los fanáticos deben pensar, decidir por sí mismos y votar por quien ellos quieran… no por el que se les diga. Solo así podremos disfrutar lo nuestro.
NEGRO, NEGRO: Semana dolida nos trajo la noticia del deceso del gran colega y amigo, Héctor Mora Pedraza. Lo conocí cuando era un joven diputado de Cundinamarca. Fogoso orador y autor de numerosas ordenanzas dedicadas a mejorar la vida de la gente. Periodista que nos llevó a conocer el mundo con sus curiosidades, enigmas, bellezas, curiosidades. Paz en su tumba.
Por José G Hernández.-Ya desde hace un tiempo, en diversos documentos, artículos y conferencias, quien esto escribe ha mostrado preocupación -compartida por académicos y juristas- por el creciente fenómeno de pérdida de poder o de vigor efectivo del Derecho en el seno de la sociedad colombiana. Ese fenómeno se ha venido acentuando en los últimos años, en especial por el auge de la corrupción en algunos sectores de la administración de justicia, por la interferencia política en los procesos de selección de los altos funcionarios judiciales y de las cabezas de los organismos de control, además de la manera como el Gobierno y el Congreso han querido plasmar -en normas votadas a la carrera y sin discusión- los compromisos estatales y las consecuencias jurídicas de los acuerdos de paz, su implementación y desarrollo.
Es como si el Derecho -de suyo relativo, por su misma naturaleza, pero no al nivel de desdibujarse y convertirse en plastilina- hubiera llegado a la relativización absoluta, es decir, a desparecer como sistema establecido, desde las épocas más remotas, con el objeto de ordenar la vida en sociedad, de realizar la justicia, de encuadrar y delimitar -mediante principios y reglas- el ejercicio del poder, evitando o sancionando los abusos, y amparando la libertad y los derechos, para -en cambio- convertirse en cúmulo de normas sin sentido propio y sin coherencia interna, siempre sujeto a las interpretaciones ingeniosas y a los argumentos sofísticos, cuando no a la malintencionada desfiguración y alteración de sus contenidos esenciales con la finalidad de satisfacer apetitos políticos o intereses particulares y de grupo.
La crisis del Derecho llegó a su máximo punto cuando la voluntad del pueblo -expresada en las urnas, en un plebiscito- fue desacatada con artificiales pretextos -infortunadamente aceptados por la Corte Constitucional- para que un órgano constituido -el Congreso-, sin autorización ni facultad alguna otorgada por el Constituyente, confundiera su función de control político -que, desde luego, podía y debía cumplir- con la potestad de refrendación popular que, como su nombre lo indica, reside exclusivamente en el pueblo. En él reside, según el artículo 3 de la Constitución, la soberanía, de la cual emanan los poderes públicos. El pueblo la ejerce directamente o por medio de sus representantes, pero la Constitución afirma que, en este último caso, ese ejercicio únicamente tendrá lugar en los términos que la Constitución establece. El Congreso no gozaba de atribuciones constitucionales para sustituir al pueblo en su potestad de refrendar el Acuerdo de Paz.
El pueblo -el 2 de octubre de 2016- ya se había pronunciado, en sentido negativo, frente al primer Acuerdo de Paz -Cartagena, 26 de septiembre de 2016-, y, si las cosas en Derecho se deshacen como se hacen, el segundo Acuerdo -Bogotá, 24 de noviembre de 2016-, que según el Gobierno se ajustaba al veredicto popular del 2 de octubre, ha debido ser sometido también a la votación popular en plebiscito.
Pero, aparte de esa flagrante desobediencia al pueblo, que por tanto desconoce la democracia y el Derecho, lo cierto es que las fórmulas de ingenio para burlar la Constitución -la base de nuestro orden jurídico- han sido muchas. Las seguiremos comentando en esta columna.
Por Jaime Enrique Durán Barrera.- A propósito de la decisión del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de objetar la Ley que reduce los aportes de los Pensionados a la Salud, un derecho fundamental de todo ciudadano, de un 12% al 4 %, merece realizar algunas consideraciones como senador de la República.
Lo primero que tenemos que estimar es que un pensionado es un adulto mayor, un ciudadano con necesidades especiales y propias. En otras palabras, personas que requieren sistemas de pensiones de amplia cobertura, aceptables y accesibles servicios de salud y entornos sociales favorables. Sin eso un adulto mayor está a su suerte.
Los organismos internacionales como las Naciones Unidas han afirmado muy acertadamente que las personas de tercera y cuarta edad son una población que, aparte de crecer, especialmente en los países en desarrollo, son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Este sector social, hoy en día, protestando activamente en Colombia, por sus derechos y necesidades impostergables, está a punto de convertirse en uno de los grupos humanos que pueden generar las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, como el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.
Situaciones que están cercanas a suceder en Colombia y requieren de mejores condiciones para su sostenimiento económico y el tratamiento de su estado social y de salud.
El impacto de los costos de los sistemas de salud para los pensionados ubica a este ciudadano y a su familia en indefensión, debilita su acceso a la atención médica y supone una decisión terrible entre comer y comprar medicamentos y tratamientos asistenciales. Esta realidad es escalofriante. Sobrevivir para un pensionado, es un acto de malabarismo.
La deuda histórica con el sector de los pensionados y adultos mayores nos pone a todos los colombianos en tela de juicio, en cuanto a nuestra responsabilidad de atender las demandas de los sectores más vulnerables, más aún cuando ha sido promesa de campaña electoral.
No podrá haber una paz verdadera si las desigualdades y la exclusión continúan existiendo. No procesar esta demanda de los pensionados es crear condiciones que afectan la gobernabilidad democrática.
Invito al pueblo de Colombia a acompañar a los pensionados y a mis colegas en el Congreso para ratificar el apoyo a esta imperiosa iniciativa legislativa que busca dignificar la condición de vida de los colombianos mayores.
Por Rodrigo Villalba Mosquera.- En 2001, como Ministro de Agricultura, recibí de la Organización Internacional de Epizootias (OIE), en París, la certificación de área libre de aftosa con vacunación del Caribe colombiano y Antioquia, siendo el reconocimiento a un trabajo juicioso realizado entre el gremio ganadero y el gobierno de la época, logrando más tarde la certificación plena como país libre de la enfermedad. Este logro le permitió al sector ganadero colombiano unas posibilidades enormes de reactivación interna para proveer mercados exigentes en el contexto internacional. En esta dirección la OIE adelantó un trabajo de concientización en la región, consiguiendo que todos los países de América Latina, con excepción de Venezuela, se certificaran como naciones libres de aftosa, lo que significaba la apertura de mercados con Norteamérica, Europa y Asia (carne, leche y derivados).
Desde esa época nuestro país se había caracterizado por mantener una responsable tarea, realizando dos ciclos de vacunación al año, financiada con recursos de la parafiscalidad ganadera. Sin embargo, hoy la situación es bien distinta y los brotes de aftosa han hecho su agosto en Arauca, Cundinamarca, Magdalena Medio y Norte de Santander, dando al traste con la política de sanidad animal y convirtiéndose en una amenaza real para la economía sectorial. Es una vergüenza lo que está sucediendo.
Fedegán culpa al gobierno y Minagricultura responsabiliza de la enfermedad al contrabando de Venezuela. Otros sindican al ICA o a las autoridades sanitarias por falta de control. Que los responsables de la crisis se determinen, pero lo claro es que estamos frente a una peste, a un virus muy contagioso que se transporta por el aire, la ropa, los zapatos, el pelo de la gente y en las llantas de los camiones, como se ve, es de fácil propagación y sus efectos para la economía son terribles.
Los brotes de aftosa y la amenaza de su propagación en el territorio patrio, tienen a todo el mundo con los pelos de punta y no vemos una reacción efectiva de las autoridades sectoriales para atender la emergencia y enfrentar la crisis. Lo único cierto es que se ha interrumpiendo el comercio (exportación de carne, leche y derivados) a países como Perú, Ecuador, Panamá, Chile, México, Curazao, Rusia, Turquía y Jordania. Si a esto le sumamos la situación de Venezuela, país con el que compartimos 2.219 kilómetros de frontera, y con quien no podemos coordinar ninguna acción conjunta porque esa nación está convertida en un “relajo”, es fácil deducir que estamos frente a un problema de marca mayor.
Las pérdidas son millonarias para los ganaderos, quienes no solo han dejado de exportar sino que ya están viendo cómo se reduce el consumo interno de carne. La aftosa solo afecta al ganado bobino, caprino, porcino y bufalino y en nada la salud del ser humano, algo que no muchos entienden.
Es imperativo un plan integral para enfrentar la crisis. No más disculpas.
