Opinión
Por Michael Shifter.- Nadie debería preocuparse por la posibilidad de una acción militar estadounidense en América Latina. La idea es risible.
Pero la reciente declaración del presidente Donald Trump acerca de una “posible opción militar” para lidiar con el régimen dictatorial del presidente Nicolás Maduro tiene consecuencias reales.
Esa fanfarronada podría afectar de manera adversa las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos más cercanos y complicar aún más los esfuerzos para resolver la peor crisis del hemisferio.
A pesar de que la Casa Blanca había dicho que “todas las alternativas estaban sobre la mesa”, pareciera que la referencia explícita de Trump salió de la nada. El actual gobierno estadounidense ha expandido las sanciones dirigidas a altos funcionarios de Venezuela —entre los que se encuentra Maduro— que comenzaron durante la presidencia de Barack Obama.
Se dice que se sigue analizando la posibilidad de mayores sanciones económicas; incluso podrían interrumpirse las importaciones de petróleo. Como era de esperarse, el extraño comentario de Trump ha tenido una respuesta negativa casi universal, tanto en Estados Unidos como en América Latina.
El comentario recordó la época de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos realizó intervenciones militares en la región que a menudo tuvieron resultados poco felices y dejaron un mal sabor de boca. La última vez que Estados Unidos utilizó las fuerzas armadas en América Latina fue en Panamá, hace casi tres décadas. Trump no parece estar consciente de que la región —tanto como Estados Unidos— ha cambiado considerablemente desde entonces.
Además, ningún alto funcionario o figura política estadounidense —ya sea republicana o demócrata— ha respaldado o sugerido que acepta esa alternativa. De hecho, hace pocos días, H. R. McMaster, asesor de Seguridad Nacional, señaló que no esperaba que hubiera una intervención militar foránea en Venezuela.
Fue un momento bastante desafortunado para decir eso. Primero, los gobiernos de América Latina, cuya respuesta ante el dramático deterioro de Venezuela ha desilusionado por su lentitud y tibieza, hace poco tomaron la iniciativa y asumieron una postura más enérgica. Están redoblando la presión diplomática sobre Maduro para que respete las normas democráticas.
La semana pasada, el gobierno de Perú convocó una reunión especial de los ministros de relaciones exteriores del hemisferio. Doce de los gobiernos más grandes y más importantes firmaron una declaración notable porque mencionaba que había una “dictadura” en Venezuela y aceptaba trabajar de forma conjunta en acciones más concretas, entre ellas restricciones de envíos de armas a Venezuela y el bloqueo de cualquier nominación venezolana en organizaciones internacionales.
La ausencia de un representante de Estados Unidos en la cita de Lima refleja que mucha de la buena voluntad entre Washington y gran parte de América Latina se ha disipado.
Es fácil entender que el hecho de mencionar una posible intervención militar estadounidense en Venezuela no cayó bien entre los gobiernos de la región, que enfatizaron el principio de “no intervención” en el párrafo de apertura de la declaración. Es probable que el comentario de Trump genere un distanciamiento y una desconfianza mayor entre Estados Unidos y Latinoamérica, y complique las iniciativas para realizar acciones multilaterales en Venezuela.
El comentario de Trump se produjo dos días antes de que el vicepresidente Mike Pence visitara cuatro países de la región con el fin de promocionar los beneficios mutuos de una colaboración constructiva entre Estados Unidos y América Latina y realizar consultas sobre opciones para abordar la crisis venezolana. Sin embargo, el mandatario estadounidense ha debilitado ese esfuerzo.
El domingo, en Colombia, el vicepresidente Pence se refirió a “la tragedia de la tiranía en Venezuela” e intentó tranquilizar al presidente Juan Manuel Santos, un buen socio de Estados Unidos, explicándole la política del gobierno de Trump sobre Venezuela. Es probable que Pence pase más tiempo del que anticipaba controlando los daños causados por su jefe.
Tal vez lo más importante es que el comentario sobre una posible intervención militar puede resultar contraproducente en ese país, ya que podría darle al régimen de Maduro el salvavidas político que necesita y dividir aún más a la oposición.
Hugo Chávez, el carismático líder de la revolución bolivariana que asumió la presidencia en 1999 y murió en 2013, en repetidas ocasiones se refirió al “imperio” en sus ataques hacia Estados Unidos. Funcionó como una consigna muy efectiva, en especial después que la Casa Blanca de Bush apenas ocultó su júbilo por el efímero golpe de Estado en contra de Chávez en 2002.
Sin embargo, para Maduro, cuya presidencia está signada por una economía que colapsa y una gran represión, la mención del “imperio” ha perdido mucha fuerza entre los venezolanos. Cada vez menos personas creen que Estados Unidos es el culpable de la desgracia y la hambruna generalizadas en ese país.
Tal vez sin darse cuenta, Trump le ha dado credibilidad al argumento favorito de Chávez para perpetuarse en el poder. Como era de esperarse, Maduro, invocando el principio de soberanía nacional, pidió a los venezolanos prepararse “para defender la paz, con los tanques, aviones y misiles” y ordenó a las Fuerzas Armadas realizar ejercicios el 26 y 27 en todo el país.
La mención de una intervención militar también puso en aprietos a la oposición venezolana, justo cuando intentaba reagruparse después de la indignante toma de poder que instaló a la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro, al igual que lo hizo Chávez antes que él, siempre ha acusado a la oposición de ser una marioneta de Washington. La oposición, que enfrenta una situación muy difícil y que ya estaba dividida por diferencias políticas y de personalidades, se podría fracturar aún más en la medida en que adopte una posición frente a la postura de Trump.
Si la fanfarronada ayuda a mitigar la profunda crisis humanitaria y de gobernabilidad de Venezuela, entonces Trump se merecerá el crédito por su gran intuición. Pero lo más probable es que suceda lo contrario. Más bien parece que el presidente de Estados Unidos ha enturbiado la política de su gobierno y le ha dado un regalo a Maduro desequilibrando a la oposición, alejando aún más a los aliados de la región y poniendo a su vicepresidente a recoger los platos rotos.
Y, al final, los venezolanos son los que sufrirán.
Por Jairo Gómez.- Nada pintaba bien para el futuro de Venezuela cuando en enero de 2016 llegó la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, a tomar posesión del hemiciclo parlamentario y lo primero que hizo fue sacar del recinto las fotos de Chávez y de Simón Bolívar, el Bolívar reivindicado por la revolución Bolivariana.
Puede parecer un acto baladí, pero no. Los chavistas en Cabeza del Presidente Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tomaron nota de las verdaderas intenciones de la oposición de poner contra la pared a la “Revolución Bolivariana” y, desde entonces, comenzó el más feroz enfrentamiento entre las dos facciones que hoy polarizan el país: La Mesa de Unidad Democrática (MUD) y el PSUV.
La desdicha de toda esta realidad es que el pueblo, quien siempre sufre los desmanes de los poderosos, es utilizado sin saber a ciencia cierta cuál va a ser su futuro. No hay claridad inmediata, y la coyuntura y los años por venir son equívocos.
Al parecer, Maduro ha logrado superar por ahora la crisis que agobió a su gobierno en estos últimos cien días de protestas apoyado en su bastón de mando: el uniforme militar que le da un inevitable rasgo autoritario. Dicen los politólogos: “El reinado no te da poder, el poder te lo dan los ejércitos”. Es una frase que le cae como anillo al dedo al Presidente Maduro: comprobado está que la Fuerza Pública Bolivariana (FPB) le es leal a su régimen y este respaldo ha llevado a que desde afuera se le tilde de “dictador”.
Este respaldo no es poca cosa y tampoco nos puede tomar por sorpresa. Es clarísima la alianza cívico-militar en el poder de Caracas. La siguiente anécdota ilustra el porqué del compromiso de la FPB con el chavismo y su relación simbiótica. Cubriendo los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno Santos y las FARC, en dos ocasiones pude comprobar la presencia de vastas legiones de militares venezolanos en Cuba que, aunque no me lo confirmaron, de suyo era evidente suponer que los uniformados chavistas estaban en la isla Comunista recibiendo doctrina sobre su compromiso con la revolución, al mejor estilo de la patria de Martí. Supe después que el desplazamiento en masa de altos oficiales se intensificó luego del intento de golpe de estado contra el Coronel Chávez. “A Venezuela no le puede ocurrir lo que le sucedió a Allende en Chile”, me dijo en su oportunidad un alto funcionario cercano al Palacio de Miraflores.
Por José Gregorio Hernández.-Ya habíamos señalado que el artículo transitorio 8° del Acto Legislativo 01 de 2017, mediante el cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estipula que, contra las acciones u omisiones de sus órganos, cabrá la acción de tutela.
La disposición advierte que, contra providencia de la JEP, el amparo solo será procedente por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa del proveído, por deducirse de su parte resolutiva y si han sido agotados todos los recursos dentro de la misma jurisdicción, siempre a falta de mecanismos idóneos para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado.
En caso de violaciones por afectación al debido proceso, la tutela -según la reforma- deberá interponerse ante el Tribunal para la Paz -único competente-, tras haber agotado el recurso procedente ante los órganos de la JEP.
De conformidad con el precepto, el fallo de tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional, pero la decisión sobre si el caso se selecciona será adoptada por una sala conformada por dos magistrados de la Corte y dos de la JEP. El fallo será seleccionado si los cuatro votan a favor de la selección.
Las sentencias de revisión -al tenor de la norma- serán proferidas por la Sala Plena de la Corte, aunque, si ella encuentra que el derecho invocado ha sido vulnerado, no podrá “anular, invalidar o dejar sin efecto la decisión impugnada”, ni tampoco excluir los hechos de la competencia de la JEP. La sentencia -prosigue- será remitida al Tribunal para la Paz con el objeto de que éste adopte la decisión que corresponda. No hay lugar a nueva acción de tutela.
Estas reglas, hoy de orden constitucional en cuanto se trata de un Acto Legislativo, están siendo revisadas en forma automática por la Corte Constitucional de manera automática. Fueron establecidas por el procedimiento abreviado (Fast track).
Sobre ellas, desde el plano académico, tenemos reservas:
-Consideramos que modificar las disposiciones constitucionales (Art. 86 C.P.) y las legales correspondientes, podía hacerlo el poder de reforma -el Congreso- mediante Acto Legislativo, pero por el procedimiento ordinario -arts. 375 y concordantes C.P.-. No cabía el procedimiento abreviado o Fast track, por cuanto la regulación de la acción de tutela y, con mayor razón, la restricción a las actuales funciones de la Corte Constitucional, son asuntos que exceden el campo propio del desarrollo e implementación de los acuerdos de paz.
-Pero hay más. Estando de por medio derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho de defensa o el derecho a la prueba, o la imparcialidad de los jueces, todas las personas deben estar en pie de igualdad ante los jueces constitucionales, con miras a la tutela constitucional efectiva. Así que no existe razón válida para que, solamente por tratarse de fallos proferidos por la JEP, los posibles afectados -cuyos derechos básicos les pueden haber sido conculcados o amenazados- deban ver disminuida, recortada o restringida la oportunidad de una acción de tutela examinada por la Corte Constitucional, a diferencia de los procesados por la Justicia ordinaria.
Adicionalmente, no se garantiza verdadera protección, si quien finalmente decide es la propia JEP, jurisdicción que pudo violar o amenazar tales derechos.
Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Lo que hace importante la Política es su capacidad de hacer posible lo imposible sólo con tomar decisiones acertadas que pueden cambiar el curso de la historia y generar bienestar, avance y desarrollo.
Ecopetrol, en este momento histórico del Postconflicto, uno de los períodos más complejos y necesarios de su historia republicana, tiene la facultad de tomar esa decisión estratégica para no sólo modernizar la Refinería, sino para activar el desarrollo de Barrancabermeja y su zona de influencia en el Magdalena Medio.
Es una urbe foco de actividades plurales. Conformada por migrantes de todas las regiones y ciudades, por el desarrollo de un sindicalismo unido y combativo, de una dinámica económica y por ser también víctima de esos más de 50 años de conflicto bélico.
Según el reporte de Ecopetrol, las ventas totales alcanzaron los $26,5 billones. Cifra que evidencia un repunte del 19,3% frente a igual periodo de 2016, cuando se ubicaron en $22,2 billones. Solo en el segundo trimestre de 2017 las ventas alcanzaron $13,1 billones con un repunte del 11,9% frente al registrado un año atrás.
La ganancia neta alcanzó los $2,19 billones en el primer semestre de 2017 que representa un crecimiento del 90,5% frente a la reportada un año atrás, cuando se ubicó en $1,15 billones de pesos. Solo en el segundo trimestre la ganancia neta alcanzó $1,3 billones, evidenciando un repunte del 65,8% frente a la reportada en el mismo periodo de 2016 cuando se ubicó en $787 mil millones.
Como senador y santandereano insisto que debemos ver más allá de lo que significa la modernización de esa refinería. No sólo es utilizar las ganancias del sector petrolero para modernizarla y hacerla competitiva. Implica promover una dinámica de expansión económica capaz de desarrollar todo el Magdalena Medio.
Es una decisión hacia el futuro sustentable de una región que ha dado al país sostenibilidad económica e impulso financiero. Sería un paso estratégico para el Postconflicto, porque esa expansión económica generará posibilidades que debilitan el caldo de cultivo para que las gentes no caigan en las en las garras del delito.
Desde esta tribuna, solicito formalmente al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y al Presidente de Ecopetrol que tomen esta medida estratégica y necesaria, de una vez por todas, para el futuro, no sólo de la promisoria región del Magdalena Medio, sino por el destino pacífico de los colombianos.
Esa fue una decisión que ya se había dado y que se reversó. A los barranqueños y gentes del Magdalena Medio, no se les puede ‘amarrar conejo’. Aún tienen la esperanza de ver que la modernización de la refinería del puerto petrolero, forma parte del horizonte de desarrollo, convivencia y paz de la nueva Colombia.
Por Mauricio Cabrera Galvis.-Con el debilitamiento de los partidos políticos en Colombia han cambiado las estrategias de las campañas electorales y ahora quien aspire a llegar a la presidencia no solo debe estar dispuesto a hacer alianzas para la segunda vuelta de las elecciones, sino que es forzoso que las haga para la primera vuelta.
En el pasado para ser presidente era necesario ser el candidato de uno de los partidos políticos tradicionales. Por el contrario, hoy esa pertenencia es casi un lastre y por eso por lo menos 8 de los precandidatos para las próximas elecciones han optado por recolectar firmas para inscribirse con el respaldo de grupos significativos de ciudadanos. Hasta Humberto de la Calle duda si ser candidato del partido Liberal o inscribirse por firmas.
El sistema de dos vueltas –o balotaje por el origen francés del mecanismo- que empezó en el país con la Constitución del 91, generó la necesidad de hacer alianzas para conseguir en la segunda vuelta los votos de los candidatos minoritarios. Pero en las circunstancias actuales, con por lo menos 20 precandidatos en campaña, se ha vuelto indispensable establecer esas alianzas para la primera vuelta, pues quien no las haga no tiene ninguna probabilidad de pasar al balotaje.
Así las cosas, la elección de presidente se ha vuelto una carrera de tres etapas: la primera, en las elecciones parlamentarias de marzo, donde se deben hacer consultas interpartidistas para conformar alianzas que deberían tener un alto componente programático e ideológico.
La segunda, las presidenciales de mayo donde competirán los candidatos de esas alianzas con los que hayan decidido ir solos; la última, en el balotaje de junio donde seguramente estarán los que hayan conformado las dos alianzas más fuertes. Además habrá una etapa previa en los casos de los partidos que tengan varios precandidatos.
Como suele suceder, los grupos de derecha –que a diferencia de la izquierda tienen una vocación de poder que supera los principios y la rencillas personales- han entendido más rápido la nueva realidad electoral y ya han planteado un mecanismo para llegar unidos a la primera vuelta de mayo.
Para empezar, el caudillo del CD señalará cuál de sus cinco pichones llevará su representación; luego, en marzo harán una consulta interpartidista en la que escogerán entre el candidato del CD, Marta Lucía Ramírez, el exprocurador y posiblemente Pinzón, para tratar de repetir la coalición del No, ojalá sin tantas mentiras como las que confesaron haber usado para “emberracar” a la gente en el referendo.
Por: Jorge Enrique Robledo.- Colombia podría funcionar en niveles bastante más altos de progreso y bienestar, como los de los países más exitosos. Porque posee los dos grandes bienes que necesita un país para salir adelante. Un gran territorio con abundantes riquezas y una ciudadanía inteligente, trabajadora y creativa como la que más. Pero la verdad es que se encuentra muy lejos de esa condición, según lo demuestran por lo menos cuatro grandes realidades. La primera, de importancia decisiva y poco mencionada, dice que apenas creamos 5.805 dólares de riqueza por habitante al año, mientras que, por ejemplo, el PIB per cápita de Argentina es de 12.449, el de Corea de 27.538 y el de EEUU de 57.446, con un agravante: la parte principal del producto no se origina en bienes con valor agregado sino en materias primas agrícolas y mineras, como hace un siglo. ¡Si en algo han fracasado quienes han mandado en el país ha sido en sacarlo de un capitalismo atrasado y enclenque!
En segundo término, Colombia es el octavo país con mayor desigualdad social del mundo, condición que martiriza a una gran proporción de los colombianos y que –aunque sea solo por esto se debería aceptar corregirla– lastra el desarrollo de la economía: los ganaderos se arruinan porque no encuentran a quién venderle la leche, mientras que millones de niños en la pobreza no toman leche. Al mismo tiempo, y en mucho por causa de las condiciones anteriores –que también cimientan las graves fallas en empleo, ingreso, salud, educación, agro e industria–, las peores formas de discriminación social pululan. A la vista están los maltratos y crímenes contra las mujeres por ser mujeres, y contra los negros, los indios y los LGBTI, también por su simple naturaleza.
Colombia es además uno de los países con más corrupción en el mundo, corrupción que involucra en porciones significativas a la clase política, la burocracia oficial y el sector privado, nacional y extranjero. Tan grave es el lío que, al decir de Rudolf Hommes, “el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar” (El Tiempo, Abr.02.17), sistema que viene desde el Frente Nacional y que se pactó con el cálculo de que “los mismos” pudieran gobernar de la peor manera y aun así ganar siempre las elecciones, famosas por sus corruptelas.
A punta de formas corruptas y manipulaciones pueden anquilosar y destruir el agro y la industria, generar desempleo e informalidad, mantener un sistema de salud inicuo, imponer una educación mediocre y, al mismo tiempo, hacer que voten por ellos los trabajadores y los pensionados, los campesinos y los indígenas, los empresarios y los desempleados, los enfermos, los médicos y las enfermeras y los directivos de las IPS y los profesores y los estudiantes. Es el triunfo de la corrupción y las vivezas a favor de unos pocos y en contra del progreso del país, en los propios términos de la economía de mercado, con lo que se nos condena al subdesarrollo y a vivir de crisis en crisis, incluida la muy grave que se ahonda en la actualidad.
Si los colombianos logramos liberarnos del acuerdo de “los mismos con las mismas” que intenta convertir las elecciones del 2018 en otro alegato sectario sobre el proceso de paz, las verdades expresadas atrás serán parte fundamental de las controversias, al igual que las propuestas para superar un modelo económico, social y político que tanto daño le hace al país.
Vencer a las candidaturas del continuismo, de los que quieren volver al poder o continuar en él para seguir haciendo lo que les gusta –y a los unos y a los otros les encanta lo mismo que, probado está, no le sirve de verdad al progreso nacional–, exige acordar un programa que una a la Nación –trabajadores, campesinos, clases medias y empresarios–, porque toda ella gane con su ejecución. Ese programa debe, entre otros aspectos, derrotar la corrupción, recuperar el mercado interno, estimular la creación de riqueza generando más ahorro nacional, disminuir la desigualdad social elevando el ingreso, desarrollar las concepciones democráticas y relacionar a Colombia con el mundo en condiciones en que el país gane con los negocios de todo tipo.
Bogotá, 11 de agosto de 2017.
Amylkar D. Acosta M.-Según su relato, una pareja de esposos confesó que por más de un año “estuvimos envenenados y no lo sabíamos”, como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono en su propia vivienda, por una avería en un gasodoméstico. Guardadas las proporciones, algo parecido viene acaeciendo en las principales ciudades del país a consecuencia de la polución del medio ambiente, atribuible en gran medida a las emisiones de gases tóxicos provenientes de la combustión de los motores de los vehículos que las atiborran. Los mayores niveles de contaminación se dan en las 5 principales capitales de Colombia, especialmente en Bogotá y Medellín. Esta es una amenaza silenciosa a la que hay que prestarle más atención.
Según un estudio del DNP en el 2014 se reportaron 54 millones de síntomas de enfermedades asociadas con la contaminación del aire en las urbes, al tiempo que se registraron 8.600 fallecimientos en el país relacionados todos ellos con problemas respiratorios. El costo de las muertes y las enfermedades contraídas a causa de la degradación del aire enrarecido que se respira viene en aumento año a año, en el 2014 representó la friolera de $12 billones, 1.59 puntos porcentuales del PIB. Esto es una barbaridad.
Se vienen violando sistemáticamente los artículos 44, 49, 78, 79, 80 y 82 de la Constitución Política que propenden por la defensa de los derechos a la vida, la integridad física, el medio ambiente, el espacio público y, sobre todo, la salud, que ahora es considerado como derecho fundamental en virtud de la Ley1751 de 2015. No basta con atender las consecuencias que se derivan de la contaminación atmosférica, que no pasan de ser paliativos, mientras sus secuelas afectan a una proporción cada vez mayor de la población.
El caso más critico se ha venido dando en Medellín, en donde su Alcalde Federico Gutiérrez se vio precisado recientemente a decretar la alerta roja ambiental por la alarmante contaminación que afectó al área metropolitana y al amparo de la misma tomó medidas drásticas, de restricción a la circulación de automotores. En concepto del Alcalde el 80% del smog que se posa sobre el cielo del Valle de Aburrá proviene de la combustión de los motores a diesel y gasolina de los vehículos. El problema tiende a agravarse en la medida que aumenta desenfrenadamente el parque automotor en circulación, concomitantemente con la obsolescencia del mismo y los inconvenientes en materia de movilidad.
El mandatario antioqueño, exasperado por esta calamidad, le pidió a ECOPETROL producir combustibles de mejor calidad, pero a decir verdad hoy por hoy los combustibles que salen de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja cumplen con la Ley 1205 de 2008. Esta dispuso que a partir del 1º de enero de 2010, en el caso de áreas metropolitanas, distritos y municipios y el 1º de enero de 2013 para el resto del país, el diesel que se expenda en las estaciones de servicio debe contener cantidades de azufre por debajo de los 50 ppm, que corresponde a los estándares internacionales. La gasolina que se distribuye en todo el territorio nacional, con 200 ppm de azufre, si es susceptible de mejorar su calidad, pues, a pesar de los progresos, sigue estando muy por encima de los estándares internacionales. De no ser por la mezcla de los biocombustibles, las emisiones serían aún mayores.
Pero ojo, no basta con mejorar la calidad de los combustibles. Mientras el parque automotor que rueda por el país tenga el grado de obsolescencia que tiene, lo que se viene haciendo con la mano, mejorando la calidad de los combustibles, se borra con el codo. A pesar de que la Ley 105 de 1993 estableció, de manera perentoria, que al término de los 20 años de vida útil los vehículos de transporte público de pasajeros debía salir de la circulación tal, precepto se incumple. Por allí siguen circulando mucho de los que transgreden la norma con sus fumarolas, contaminando el ambiente. Además, se estima por parte de ANDEMOS que el 40% del parque automotor, entre camionetas, camperos, microbuses, busetas, camiones y volquetas superan los 20 años de vida útil.
En Bogotá se han tomado algunas medidas tendientes a ponerle freno a la contaminación ambiental por cuenta de los automotores, aunque todavía muy tímidas. Al tiempo que se cuenta ya con 300 buses zonales y troncales con tecnología híbrida y eléctrica, todavía circulan en la capital 2.000 buses de Transmilenio, 6.800 buses del SITP y los más de 5.000 buses y busetas de transporte público siguen quemando combustibles de origen fósil. Es más, el Alcalde Enrique Peñalosa derogó el Decreto que obligaba a la reposición de taxis por vehículos con emisiones cero, con el socorrido argumento de que la capital no está preparada todavía para dar ese paso. Se presentan también casos inexplicables e indefensables, como el de Barranquilla, en donde teniendo la disponibilidad del gas natural, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transmetro) optó por tener una flota con tecnología diesel, mucho más contaminante. A contrario sensu, en Medellín le apostaron al gas natural.
Medellín, agosto 12 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz.- Casi todos quieren violar las leyes, normas, legislaciones, preceptos y principios, para lucrarse política, social o económicamente. Esta la razón por la cual cada vez la corrupción se pavonea en todos nuestros países. Parece ser que no hay disposición, por fuerte que parezca, impermeable a la corrupción.
Hay enjambres de expertos en ¨deshonestidad¨, que deambulan por regiones, países, continentes y villorrios, a la caza de negociados. Aparecen las coimas, puertas giratorias, sobornos, dádivas, óbolos, presentes y halagos que deslumbran a funcionarios, legisladores y directivos con poder y decisión.
Esta no es una novedad en nuestro medio, pero existe y avanza aceleradamente.
Estas prácticas hacen cada vez más exorbitantes los impuestos, los costos de los servicios, licencias y normatividades. Los ingresos fiscales no alcanzan, las obras demoran eternidades en ejecutarse y su calidad da vergüenza.
Son las secuelas de la corrupción, práctica generalizada que parece no tener remedio y antes por el contrario crece aceleradamente. Reficar, Invercolsa, Isagén, etc. etc. son muestras que a diario refrescan nuestras memorias. Odebrecht, está de moda, y lo más grave es que sus orejas, aparecieron en plena Casa de Nariño por los años 2009 y 2010, y se han proyectado a los países vecinos.
Los ¨papeles de Panamᨠy negociados a granel se ventilaron durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
Por ello es inconcebible la carta del ex presidente Uribe al Juez de La Florida, para defender a Martinelli, preso por corrupto en Estados Unidos. Inaudito que el ex mandatario se ampare en pasaporte diplomático colombiano, para aplicarle mayor poder a su defensa. Entendible sí, que lo haga aparecer como el gran defensor de la democracia y aproveche para ello el desprestigio de Hugo Chávez, a que consideró de terrorista y narcotraficante.
Uribe, sin sonrojarse dijo que Martinelli -chuzador empedernido de los panameños- es un perseguido político por haber enfrentado la amenaza socialista, ¨paraguas del chavismo¨. Nuestro ex mandatario, tiene mucho que agradecerse al panameño, porque asiló a Pilar Hurtado, quien también fue la temible chuzadora del DAS en Colombia, al parecer por órdenes directas de su jefe. Esa se la debe Uribe a Martinelli, al igual que otras ¨corru-cositas¨.
Y al parecer, es urgente y necesaria la absolución de Martinelli, porque son muchas las investigaciones en las Cortes Nacionales e Internacionales que ponen nerviosos a muchos prohombres que han actuado sin recato y sin moral, violando los Derechos Humanos, mientras exhiben una aureola de probidad.
Martinelli delinquió durante su presidencia en Panamá. Por ello lo tiene bajo su lupa la justicia norteamericana. Con el cuento de que fue demócrata y enfrentó a Chávez, no se puede esconder su acción depredadora, como tampoco se podrá borrar la ocurrid en otros lares. Que el juez Edwin Torres devuelva esa carta, o se estará institucionalizando internacionalmente la ¨licencia para chuzar¨ y delinquir, aprovechando el poder.
BLANCO: De la Calle, Vargas y Fajardo, excelente tripleta presidencial.
NEGRO: El brutal recorte al presupuesto para el deporte, especialmente ahora, cundo brillan nuestras figuras.
Por Jairo Gómez.- Qué tan bueno es que a la oficina del alto comisionado para la paz llegue un político como el exembajador Rodrigo Rivera; pero que además asuma las riendas de la implementación una persona que ha estado ausente del país por años y poco conoce de los intríngulis del acuerdo negociado en La Habana.
Rivera es un canterano de las huestes galanistas y como buen político tradicional hizo el curso que lo llevó al club del ‘voltearepismo’; hoy pertenece al Partido de la U.
¿Creerá el presidente Santos que este es el camino más idóneo para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz? Seguramente. Rivera fue su primer ministro de Defensa y alguna confianza debe tener en su exembajador, que tendrá que hacer cara a un Congreso que hoy piensa más en el debate electoral de 2018 y a una díscola Unidad Nacional más fracturada que nunca. Un reto que lo obligará a poner a prueba sus saberes de político profesional.
Ahora, vale preguntarse qué tanto puede aportar Rivera a la consolidación del acuerdo o si solo su presencia garantiza un trámite sin contra tiempos. Creería que su prueba de fuego está en el debate sobre los asuntos agrario y político. ¿Aceptará Rivera los cambios que sus amigos de lucha (los políticos) le quieren hacer a la reforma política y electoral?, porque lo que proponen nada tiene que ver con el punto dos del acuerdo final. Y el asunto agrario no es un tema menos, pues muchos de sus contertulios hechos en la política tradicional legislan en cuerpo ajeno y es claro que representan los intereses de los terratenientes.
Por Mauricio Cabrera Galvis.-En medio de la confusión en que ha arrancado la campaña para las elecciones del 2018, hasta ahora solo hay una conclusión clara en la que hay consenso general: ningún candidato ni partido tiene la capacidad para ganar solo, y quien quiera llegar a la presidencia tendrá que hacer alianzas.
Parte de la confusión proviene de la enorme proliferación de precandidatos. A solo 9 meses de los comicios, hay 20 personas que han hecho pública su aspiración a la presidencia y están haciendo algún tipo de campaña; ninguno de ellos tiene más del 14% de intención de voto en las encuestas y la mitad solo registran dentro del margen de error.
Cómo se van a decantar todas esas aspiraciones y cómo van a converger hacia unos 3 o 4 candidatos que tengan posibilidades reales, es el gran reto que enfrentan los partidos y movimientos políticos.
Es evidente que para la segunda vuelta es forzoso e inescapable conformar alianzas alrededor de los dos finalistas, las cuales dependerán de quienes sean esos dos candidatos. Acá se pueden vislumbrar tres escenarios diferentes que plantearán complejas decisiones para los electores.
El primer escenario es que para la primera vuelta no se logre conformar una amplia alianza de centro izquierda entre todos los sectores que apoyaron el Sí (liberales, verdes, la U, independientes y la izquierda democrática), en cuyo caso lo más probable es que la segunda vuelta sea entre Germán Vargas y el candidato de extrema derecha apoyado de la coalición del No.
El resultado dependerá de la capacidad que tenga Vargas de atraer a los votantes del Sí, para lo cual tendría que modificar sus posturas frente al proceso de Paz y otros temas como la restitución de tierras o la transformación del sector agrícola. Si lo hace, asegurará la victoria pero si no, puede perder porque será grande la abstención y el voto en blanco.
Si se consolida la coalición de centro izquierda, su candidato se enfrentaría a Germán Vargas. Una gran pregunta es ¿qué haría la derecha en este segundo escenario: voto en blanco, abstención o apoyo a Vargas a pesar de que el expresidente envidioso lo considera un traidor? La otra gran pregunta es ¿que haría Vargas: buscaría una alianza con la derecha, o trataría de recoger votantes del centro?
En el tercer escenario, la contienda sería entre el candidato de centro izquierda y el de la coalición del No, es decir que en cierta manera sería una repetición de la segunda vuelta entre Santos y Zuluaga. De nuevo el gran interrogante se refiere a la decisión de Germán Vargas.
