Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Los análisis de los resultados de las pasadas elecciones resaltan mucho lo que pasó en los principales departamentos y sus capitales, donde los grandes derrotados fueron la extrema derecha, que no ganó en ninguno, y los encuestadores que se pifiaron en la mayoría de sus predicciones. Sin embargo hay más hechos relevantes de estas elecciones, entre ellos la preocupante tendencia al debilitamiento de los partidos políticos y del mismo sistema democrático.

Para estas elecciones se inscribieron 116.428 candidatos, y a primera vista este gran número podría interpretarse como un avance de la participación democrática, pero en realidad los que demuestra es la proliferación de coaliciones y grupúsculos sin ningún proyecto político diferente a la apropiación de los puestos y los enormes recursos de la contratación pública.

Es la única explicación a que se hayan dado coaliciones como las del Partido Liberal con el Centro Democrático, o que Cambio Radical haya hecho 411 coaliciones para alcaldías y 34 para gobernaciones. El Partido Conservador no se queda atrás con 479 y 17, respectivamente.

En los departamentos el 45% de los candidatos se inscribieron por coaliciones o firmas, y obtuvieron 26 de los 32 gobernaciones. En los municipios las candidaturas suprapartidistas o independientes fueron casi el 30% del total y obtuvieron el 45% de las alcaldías, incluidas las de casi todas las ciudades capitales.

Los partidos políticos mantuvieron el control de las candidaturas a concejos y asambleas por la dificultad de hacer coaliciones o inscribirse por firmas para los cuerpos colegiados, pero eso no significa su fortalecimiento sino por el contrario es muestra de su debilidad. En efecto, en estos casos los partidos son solo dispensadores de avales para candidatos con su pequeño feudo de votos amarrados, que sin ningún programa ni ideología se trastean de un partido a otro.

Este panorama se hace peor con la consolidación de caricaturas de partidos como el MAIS, el ASI o el ADA, que no son más que una maquinaria repartidora de avales al mejor postor, que llegaron a avalar al 27% de los candidatos.

Que estas tendencias implican un debilitamiento de la democracia se confirma pues a pesar de la enorme proliferación de candidatos, cada vez crece más el número de ciudadanos que no se siente representado por ninguno de ellos y vota en blanco; hasta tal punto que en el caso de las Asambleas llegó al 16,4%, superando al Partido Liberal que le ganó a todos los demás partidos, pero solo logró el 14.3% de los votos.

Este Partido Blanco viene creciendo más que todos los demás. En el 2011 logró el 12,7% de los votos para las Asambleas, el 8% de las Gobernaciones, el 6% de los Concejos y el 3,9% de las Alcaldías. En 2019 subió a 16,4%, 11,2%, 8,2% y 5,1%, respectivamente. Es urgente una reforma política de fondo para que sobreviva la democracia.

Cali 3 de noviembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- “El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie la dirección del viento, el realista ajusta las velas” : William George Ward.

Se cumplen 25 años del congreso de energía mayorista y también se cumplen 25 años de la Ley eléctrica (Ley 143 de 1994), de la cual fui uno de los ponentes. Mucha agua ha corrido por debajo de los puentes durante estos cinco lustros. Quiero recordarles que esta Ley nace de las lecciones aprendidas del gran apagón de 1992 – 1993, las cuales recogimos en el informe que me correspondió coordinar como Senador de la República, en el cual se establecieron las causas del racionamiento y las responsabilidades del mismo. 

Durante los 25 años de vigencia de esta Ley, Colombia ha pasado indemne tres fenómenos de El Niño, los cuales la pusieron a prueba. Por ello, no es de extrañar el reconocimiento internacional al sistema energético colombiano. Según el Índice global de desempeño de la arquitectura de energía (EAPI) del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupa el 8o lugar en el ranking. Colombia es el único país ajeno a la Unión Europea (UE) que se cuenta en el top 10 entre los sistema energéticos del mundo. Pero, ello no nos puede llevar a la autocomplacencia; de hecho en el 2015, con motivo del fenómeno de El Niño, tuvimos amagos, estuvimos a punto de tener un racionamiento; aunque sincerándonos, tenemos que reconocer que no tuvimos racionamiento pero sí un autoracionamiento que lo evitó. 

Estamos en una coyuintura excepcional, en la que confluyen la cuarta revolución industrial y los compromisos de la comunidad internacional, de la que colombia no escapa, con los ODS y la COP21, que buscan detener, aguantar, conjurar los estragos del Cambio climático. De allí que estemos haciendo tránsito de una época de cambios a un cambio de época muy singular. Bien dijo Darwin, que tenía por qué saberlo, que “los sobrevivientes no serán ni los más capaces ni los más inteligentes, sino aquellos que sean capaces de adaptarse mejor al cambio”. Y en esas estamos comprometidos. 

Con la expedición de la Ley 1715 de 2014 y la regulación de la CREG, Colombia puso la pica en flandes y con la reciente subasta de energía generada a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) arrancó con pié derecho la Transición energética que está al orden del día. Esta se resume en las 4 D: descarbonización de la economía, digitalización de los procesos, descentralización del sistema y democratización, haciendo más asequible al servicio del fluido eléctrico, sobre todo a la población más vulnerable. 

Se acaba de cerrar con éxito la primera subasta convergente, en la que concurren al tiempo generadores y comercializadores, como ha dicho la Ministra de Minas y Energía (MME) María Fernanda Suárez, “las dos puntas”. Con la adjudicación de 5 proyectos de generación de energía eólica y 3 de granjas solares – fotovoltaicas a 7 empresas generadoras y 22 comercializadoras, más los adjudicados en la subasta de febrero de este año, se dispondrá hacia el 2022 con una capacidad instalada de generación de energía con FNCER de 2.250 MW, excediendo en más del 50% la meta que se fijó el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para los cuatro años, que fue de 1.400 mw2. 

Con la incorporación de las FNCER está teniendo lugar la reconfiguración del mercado energético, están surgiendo nuevos agentes de la cadena, en la que el usuario dejó de serlo para convertirse en cliente, que por lo demás deja de ser sujeto pasivo para convertirse en un agente activo merced a la gestión y la respuesta de la demanda, lo cual lo convierte en el centro de gravedad de esta transición energética. Ya no se trata simple y llanamente de prestar un servicio al usuario sino de ofrecer soluciones al cliente, ahora en su condición de productor y consumidor al mismo tiempo de energía (PROSUMIDOR). 

Es claro que con la integración de las FNCER a la matriz energética esta se torna más robusta, más diversificada, más resiliente frente al cambio climático, más sostenible y más confiable y así se podrá cumplir con lo dispuesto en la ley, prestando un servicio más eficiente, con continuidad, firmeza y equidad. 

Las FNCER no están llamadas a reemplazar a las fuentes convencionales sino a complementarlas. Ello, como se ha dicho en todos los tonos, le dará al sistema mucha más flexibilidad. La capacidad de generación con FNCER debe servir de respaldo a los generadores a partir de fuentes convencionales y estos a aquella. Se terminarán por imponer las soluciones híbridas, combinando las FNCER y las convencionales. De allí la importancia de la articulación de todos los agentes de la cadena y la compaginación de sus actividades, sin excluir ninguno de sus eslabones.  

Una de las fortalezas del sistema eléctrico de Colombia es la preponderancia de la generación de energía hídrica, que participa con el 68% en la matriz energética; pero esta es al mismo tiempo su talón de aquiles, dada su susceptibilidad frente a la sequía que traen consigo los recurrentes fenómenos de El Niño, habida cuenta que el país, según las Naciones Unidas, es el segundo en el mundo en vulnerabilidad frente al Cambio climático. Entre tanto, si bien la generación de energía a partir de FNCER es intermitente, se caracteriza por ser contracíclica, pues justamente cuando el verano es más intenso y los embalses de las centrales de generación bajan a niveles críticos, es cuando los vientos son más fuertes y cuando se cuenta con más horas de brillo solar y es mayor la radiación. 

Esta Transición tiene que contribuir, además, a tener precios de energía más competitivos y al final del día ello habrá de redundar en tarifas de energía más bajas al usuario final, que ahora deberá ser tratado, como ya dijimos, como cliente, con quien siempre, de aquí adelante, hay que contar. 

Como ha quedado claro, aunque tenemos un mercado maduro, se deberán introducir ajustes a la institucionalidad y a la regulación para responder a este reto, adaptándolas y adecuándolas a las nuevas realidades. Hay que remover todas las barreras que se interpongan en el camino al cambio y para ello hay que vencer la resistencia al mismo, que no es poca. Tan importante es el rol que deben cumplir los agentes de la cadena, que ahora serán más, con los nuevos que surgirán, como el que debe cumplir el Estado. El lema debe ser sí a la intervención del estado no al intervencionismo, sí a la regulación no al regulacionismo. 

Finalmente, no hay que olvidar que uno de los aspectos contemplados en la Ley 1715 es la urgencia, además de la rápida reconversión de la matríz energética, de promover la eficiencia energética en el país. Siempre he dicho que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere y la menos costosa es aquella que no se consume haciendo un uso más eficiente de ella. Vale la pena recordar que, de acuerdo con un estudio de la UPME3, mientras el porcentaje de energía útil es del 48%, las pérdidas en la matriz energética es del 52%, las que le cuestan al país la friolera de us $4.700 millones anuales (¡!). 

Sea la oportunidad de reconocer el compromiso contraído por el Presidente de la República Iván Duque y la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez con la tarea que se impone para adelantar con éxito la Transición energética, que se convirtió en uno de los issus del PND. Por ello, tenemos que celebrar la decisión de crear la Misión de Transformación Energética, para que esta, de la mano del sector, le de sus recomendaciones al gobierno y este disponga de una hoja de ruta para su implementación. 

Son cinco los focos de esta Misión de cara al 2030, como meta volante: 

1) La competitividad, participación y estructura del mercado eléctrico. 2) El rol del gas natural en la transformación energética. 3) La descentralización, digitalización y gestión eficiente de la demanda. 4) Aumento de la cobertura de energía eléctrica y la focalización eficiente de los subsidios. 5) Revisión del marco institucional y regulatorio. 

Indudablemente, la Transición energética ya es una realidad, el futuro se hizo presente, la integración de las FNCER a la matriz energética y la reconversión de esta no tiene reversa. Colombia se está convirtiendo, junto con Chile, en referente a nivel mundial por los pasos afirmativos que viene dando la Transición Energética. Ya estamos en el punto de no retorno. 

Cartagena, 3 de noviembre de 2019. 

*Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net 

Por Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro*.- El pueblo colombiano acaba de elegir a sus nuevos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Teniendo en cuenta las palabras del Concilio Vaticano II, en el sentido de que “nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia” (Cf. Constitución Gaudium et spes, n. 1), quisiera plantear respetuosamente y de modo especial a los nuevos servidores públicos, que se reconocen hijos de la Iglesia Católica, algunos imperativos éticos y morales que es necesario tener en cuenta con la misión que se disponen a asumir en nombre de sus electores.

El servidor público ha de buscar soluciones a los problemas de su pueblo

Si bien, las necesidades del pueblo son reconocidas en las campañas políticas y a ellas se acuden para “prometer” respuestas tan diversas, son muchos los ciudadanos que se lamentan porque, una vez elegidos, los gobernantes parecen distanciarse del sentir real de sus conciudadanos.

Por ello, vale la pena recordar a quienes acaban de recibir el mandato popular, que “no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de su representación”. El servidor público debe mantener viva en su memoria que “comparte el destino de su pueblo” y hacer de sus angustias también las suyas para buscar encontrar honestamente respuestas y soluciones (Cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), n. 410). Si los ciudadanos están bien, los gobernantes estarán bien.

El título más honroso de los ciudadanos elegidos para ocupar cargos públicos es el de “servidor”, palabra de profunda raíz cristiana que es necesario levantar en la esfera pública; un servicio vivido con paciencia, modestia, moderación, caridad y generosidad.

El servidor público ha de ser correcto, no corrupto

Una grave deformación de los sistemas de gobierno, ayer y hoy es el de la corrupción. Se trata de un modus operandi que “traiciona los principios de la moral y las normas de la justicia moral”, dejando gravemente comprometida la estabilidad del Estado y la sana relación entre gobernantes y gobernados (Cf. DSI, n. 411).

Por ello, el servidor público, y muy especialmente el que se reconoce discípulo de Jesús, debe sentir en su conciencia el fuerte llamado a la coherencia, a la pulcritud en el obrar y al decidido compromiso por el ejercicio de un gobierno transparente, serio, y delicado en la administración de los recursos públicos.

No puede haber mejor rédito para el servidor público, nada puede ser un tesoro mayor, que el apoyo de sus ciudadanos que ven recompensado su voto de confianza, traducido en una gestión pública que genera mejores condiciones de vida para todos, con especial predilección por los más necesitados.

El servidor público ha de dar prevalencia al bien común sobre los intereses particulares

Finalmente, es tan bien una voz general entre los ciudadanos que quienes son elegidos parecen obedecer más a proyectos particulares de ciertas personas o grupos, que responder al sagrado bienestar de todos.

Sobre el particular, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la administración pública debe estar ordenada a hacer cumplir este imperativo moral de garantizar el bien de todos los ciudadanos. Para ello advierte que la “burocratización excesiva” y el “funcionalismo impersonal” son dos sombras que pueden oscurecer el cumplimiento de los fines propios de la gestión pública.

Por el contrario, los servidores públicos están llamados a transformar las dependencias de lo público en verdaderas instancias de “ayuda al ciudadano”, tendiendo puentes que acerquen a los gobernados con sus gobernantes y no levantando muros que hacen más complejos los caminos para encontrar soluciones a las grandes problemáticas sociales.

De esta manera, sea esta la ocasión para invitar a dar esperanza de que es posible superar los viejos vicios que paralizan y postran a la comunidad, para establecer verdaderas políticas públicas coherentes que, superando las posturas personalistas y egoístas, pongan primero la dignidad humana de los ciudadanos y su bienestar.

Bogotá, D. C, 3 de noviembre de 2019

*Obispo Auxiliar Cali - Secretario General del Celam

Por: José Félix Lafaurie Rivera.- Los estudiantes, indignados por todo y por nada, no respetaron el “Día de los niños” y organizaron una marcha a todas luces peligrosa y sin antecedentes, vespertina y enmascarada, que colapsó el tráfico y desesperó a los padres ansiosos por llegar a sus hogares a cumplir con el rito infantil del disfraz y los dulces.

Durante el día, las redes incitaban al levantamiento con mensajes del tipo “Si Chile y Ecuador pudieron, nosotros también podemos”, y claro, no faltaron la violencia, la destrucción y los enfrentamientos con el Esmad, el “malo del paseo” por cumplir con su deber de tratar de controlar los desmanes con las manos atadas, pues deben recibir insultos y graves ataques físicos como si no fuera contra ellos, mientras cualquier reacción frente a los vándalos, que no es otra cosa que la utilización de la fuerza legítima del Estado para mantener el orden , se convierte en violación de un “Estado reaccionario” al derecho a la movilización.

Sin duda es sagrado el derecho a movilizarse, pero desde la escuela aprendí que todo derecho encarna deberes y tiene límites. Los estudiantes ya protagonizaron uno de los paros más prolongados de los últimos años –¡66 días! –, como desquitándose con Iván Duque por la incuestionable deuda histórica con la educación. El Gobierno estuvo dispuesto al diálogo y respondió con compromisos realistas, incluido un esfuerzo presupuestal sin precedentes, pero nada parece satisfacer a los estudiantes, que completaron ¡16 manifestaciones! en los 15 meses del gobierno Duque.

¿Qué hay detrás?, ¿qué es lo que “también pudieron” los estudiantes chilenos? ¿Acaso incendiar al país? No se me aparta la idea de que la “marcha de las máscaras” tenía una intención peligrosa, pero el pueblo colombiano, que tan cerca tiene la desgracia de Venezuela y sigue sufriendo la violencia del narcotráfico y de una paz mal hecha, se resiste a ese “despertar chileno” al caos, a más violencia y a la destrucción física y social.

“Chile despertó” ante la inequidad, vociferan los incendiarios de Santiago, volviendo al “cuento chino” de la lucha de clases, la igualdad por lo bajo –todos pobres– y la infamia de lo que llaman el “capitalismo salvaje” que, paradójicamente, les ha permitido un ingreso y un bienestar que supera al del resto de América Latina. Y así se asoman peligrosamente al abismo al que cayó Venezuela.

Mientras tanto, se torna descarada la proclama del movimiento que parecía morir con el desastre venezolano pero resucita con inusitada violencia. Maduro advierte con arrogancia que el Plan del Foro de Sao Paulo, que no es otro que la implantación del comunismo, “va perfecto… No puedo decir más… ustedes me entienden”, y desde el imperio de Putin, que lo utiliza y le da oxígeno, vaticina “un mundo sin imperios” para América Latina y un plan estratégico con apoyo ruso.

Vuelve el Kirchnerismo a Argentina; Diosdado se refiere a la violencia en Chile y Ecuador como una “brisa” y amenaza con un huracán del cual no puede escapar Colombia: “Es absolutamente imposible que Colombia se quede tal como está”, dice, mientras Petro, tras su nuevo fracaso electoral, amenaza con “enfrentar los nuevos retos de la movilización del pueblo”.

Es un mensaje inquietante que llega desde la dictadura venezolana y desde un Chile desestabilizado que ojalá reencuentre su camino.

Nota bene. Mientras el expresidente Uribe solicitó durante meses su derecho a la versión libre y le fue negado, a Santos se lo ofreció de oficio el CNE, pero no asistió a responder por la financiación de Odebrecht a su campaña. Es el talante, decía Álvaro Gómez.

Bogotá, D. C, 3 de noviembre de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz.- ¡Los años durante los cuales nos mantuvieron divididos han terminado! Colombia tomó el camino de la unidad para derrotar las fobias, los odios, la polarización, la corrupción, la inequidad y todos esos vicios y lacras que por años nos han llevado a la guerra y a la decadencia.

Echar una mirada a los resultados electorales del domingo, nos trae un panorama contrario al que querían institucionalizar los profetas de la hecatombe, la ruina y la adversidad. La gente se cansó. No quiere continuar apegado a delirantes dirigentes que los mantenían cegados y encandilados.  

Esta vez, fueron pocos los que salieron a votar “emberracados”. Desaparecieron los agravios entre los candidatos. Las encuestas que quisieron contaminar el ambiente, quedaron completamente manchadas y desprestigiadas.

Nuestra nación, sus gentes, sus agrupaciones políticas y los electores, encontraron el verdadero norte que ofrece la paz. Y salieron complacidos a votar en paz. Las consignas de “paz sin impunidad”, “castrochavismo” y demás epítetos utilizados para agredir y desacreditar a los seguidores de ciertas tendencias, agonizan; perdieron credibilidad. Los falsos mensajes de las redes sociales fueron recibidos con cautela. La exagerada soberbia de los dirigentes, al igual que sus vanidades y sus humos, no surtieron mayor efecto. La gente los repudia, los silba y abuchea.

Con inusitada frecuencia se afirma que el Presidente Duque y su gestión gubernamental, son culpables del deterioro de la imagen del Senador Uribe y su Centro Democrático. Cuanto hace el Jefe del Estado es manipulado, por el uribismo para inculparlo.

La gente,  la juventud, los nuevos y pensantes electores, ya no “tragan entero”. Saben que los bajos índices de popularidad del, gobierno, son producto de las actuaciones de Uribe y sus áulicos del CD.

Cada vez más colombianos urgen un cambio. Consideran que ha llegado la hora de que el Presidente Duque, se libere de las amarras que lo atan al “eterno”. Que no continúe soportando y asumiendo ese desprestigio. Que debe actuar como Presidente de todos los Colombianos, como se lo prometió a Claudia, “la triunfadora” y a los demás alcaldes elegidos el domingo, es decir que gobierne con todas las tendencias, no solo con uribismos, Macías, monjas voladoras y demás cortesanos. Así actúan los gobernantes jóvenes, independientes y modernos. No es sano continuar manejando el país con un grupo derrotado, que nada aporta.

Duque tiene la batuta de un nuevo país, que ansía otro rumbo y otra orientación amable y amistosa. Un capitán que lo conduzca sin odio, sin corrupción, con apertura total al nuevo amanecer de esta nueva Colombia, que de inmediato lo rodeará y acompañará con lealtad y sinceridad.

La creciente ola de protestas que recorre el mundo, nos rodea, porque los pueblos buscan bienestar e igualdad en lo político, económico y social. Debemos actuar antes de un maretazo. 

Bajo estas premisas, bienvenido Presidente a esta nueva Colombia que quiere construir un gran futuro.          

BLANCO: La nueva generadora de energía limpia de Ecopetrol en el Llano.

NEGRO: La deficiencia de Peñalosa frente a Claudia.

Bogotá, D. C, 31 de octubre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Son varios los gobiernos -no solamente Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, y también Colombia- que deben revisar su política económica y social, replanteando las relaciones con la población, independizando sus decisiones de organismos como el FMI o la Ocde -que recomiendan medidas como “la reducción de los costos laborales”, la “revisión del salario mínimo” o regresivas reformas pensionales-, y dando prioridad a la solución de las necesidades insatisfechas de la población (en especial la de menores recursos), a la salud, la seguridad social, la educación, el trabajo en condiciones dignas, con miras a la realización del Estado Social de Derecho. El capitalismo salvaje y el neoliberalismo -que en el caso colombiano no responden a los principios constitucionales- ya no son la respuesta frente a los reclamos y protestas de la ciudadanía.

La Constitución colombiana consagra, como característica esencial de la organización política, el Estado Social y Democrático de Derecho, que la Corte Constitucional colombiana ha descrito con claridad:

“La acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales”. (Sentencia SU-747 de 1998).

El Estado de Derecho resalta la sujeción de las autoridades y de los gobernados a la Constitución y a las leyes, el equilibrio en el ejercicio del poder público; el señalamiento previo y específico de las competencias, facultades y deberes de quienes lo ejercen; el respeto a la libertad y el principio de legalidad.

El Estado Social de Derecho, sin desconocer esos postulados, pone su acento en la dignidad de las personas, en la efectividad material e integral de los derechos humanos y sus garantías -más allá de su formulación teórica-, y en la realización de las finalidades esenciales de la sociedad como conglomerado participativo y pluralista, todo lo cual justifica la existencia misma de la organización estatal.

En esa perspectiva, el Estado está obligado a concebir y cumplir una normatividad de contenido social que asegure la igualdad real y material, a la vez que establezca un clima propicio a la cristalización de los derechos básicos. Y, por supuesto, ello exige el establecimiento de unas condiciones sociales y económicas que permitan a los asociados el real, igualitario y equitativo disfrute de esos derechos y garantías, no menos que la permanente búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida, su trabajo y sus conquistas laborales, tanto individuales como colectivas, mediante la fijación y ejecución de políticas adecuadas a los expresados fines.

A juicio de la Corte (Sentencia T-406 de 1992), la Constitución está concebida de tal manera que su parte orgánica sólo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios señalados en la parte dogmática de la misma, uno de los cuales es justamente el Estado Social y Democrático de Derecho.

Ojalá nuestro Gobierno piense en estas cosas.

Bogotá, D. C, 31 de octubre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Víctor G. Ricardo*.-Escasos minutos después de las 4:00 p.m. del pasado domingo, la Registraduría inició la expedición de los primeros boletines que contarían, horas más tarde, la historia y lecciones que nos dejaron las elecciones del 27/10.

Debemos comenzar con un reconocimiento al registrador Galindo, quien se despide de su cargo con una organización electoral impecable y cuyos resultados le ofrecen garantía a los ciudadanos y solidez a la democracia colombiana.

También merece una mención especial el ambiente generalizado de tranquilidad en el que transcurrió el proceso electoral. El país se empieza a acostumbrar a elecciones sin los sobresaltos del pasado.

No obstante lo anterior, la falla más notoria estuvo a cargo de aquellas autoridades cuya falta de acción permitieron que salieran elegidos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales que tienen procesos pendientes -algunos de ellos por casos de corrupción y abuso de autoridad-. Esto nos llevará seguramente en un próximo futuro a ver cómo deben ser removidos de sus cargos o sancionados.

Ahora bien, respecto de los resultados, tengo que destacar en primer lugar el remezón que sufrió el mapa político del país, ahora teñido de verde. La centro-izquierda ganó terreno, sus propuestas guiarán las principales capitales del país, un tema de reflexión para los partidos políticos tradicionales que, a su vez, recibieron un golpe general y muchos desencantos en municipios y departamentos donde sus candidatos no fueron escogidos.

Por otra parte, es muy significativa la derrota que sufrió el expresidente Álvaro Uribe con sus candidatos del Centro Democrático, más aún cuando el Presidente de la República es de esa extracción política. Otro que acusó el golpe de los electores fue el senador Petro, quien quedó en la foto de los olvidados con muchos de sus adversarios políticos. El país está aburrido de los discursos altisonantes que llaman a la polarización de fuerzas.

Y qué decir de las derrotas de los otros partidos. La estrategia de las coaliciones no funcionó y confundió al ciudadano. El caso que más preocupa es el del Partido Conservador, su resultado prende las alarmas pues de seguir como va, tendremos que acompañarlo al cementerio.

En el caso de Bogotá, el triunfo de López refresca la política local y, aunque le gusta la polémica, esperemos que la nueva Alcaldesa que tiene para el futuro aspiraciones mayores, haga una buena administración, pues es algo que necesitamos todos los habitantes de la capital de la República. El alcalde Peñalosa aparece en la lista de los derrotados. Nos deja una ciudad donde las calles parece que hubieran sufrido un bombardeo, ya que hay huecos -o por qué no mejor llamarlos cráteres- por todas partes. Ya es notorio que cuando uno llega al territorio de Bogotá empieza el mal estado de las vías y los carros empiezan a sufrir daños y desajustes por culpa del mal estado de las calles y vías de la capital de la República.

Los otros derrotados sobre los cuales será muy difícil rescatar su credibilidad son las firmas encuestadoras. Podríamos decir que en algunos casos gracias a ellas o mejor por su responsabilidad, muchos electores cambiaron su voto. Por último, lo que es claro es que los electores ya están cansados de los tradicionales líderes políticos, de la corrupción y de la deshonestidad y ahora votan por candidatos nuevos. Todos estos hechos el Gobierno nacional los debe tener en cuenta para tomar sus propias decisiones.

Colombia requiere del concurso de todos sus habitantes para poder lograr un mayor desarrollo territorial y regional. La invitación es que nos convirtamos en supervisores de los mandatarios y les exijamos cumplir con sus promesas de campaña.

Bogotá, D. C, 30 de octubre de 2019

*Excomisionado de Paz

Por Jairo Gómez*.- Ganó Claudia López la alcaldía de Bogotá y, sin duda, es una buena noticia para la ciudad; el más de millón de votos con el que fue elegida es importante, pero más allá de esa legitimidad que logró, su elección representa un cambio en la política colombiana: primera mujer en gobernar la capital del país y, además, es gay. 

Ésta última consideración no es un asunto menor, es un cambio significativo en las costumbres y percepciones culturales de la sociedad; pasamos de la mojigatería a romper paradigmas tóxicos que nos impuso la camándula en este país; hoy llega al poder una fiel representante de la Colombia diversa; esa es una buena noticia para la democracia.

Pero también es una buena noticia la lucha contra la corrupción que simboliza Claudia para que le ponga el freno a prácticas como la de lograr apoyos a través de negociar puestos con los concejales, de abrirle la cómoda puerta de la contratación a los contratistas y, por supuesto, repartirle pauta a los más importantes medios de comunicación; ese chantaje es una realidad y para romper con ese paradigma no le temblará la mano.  

Como tampoco le debe temblar para revisar a fondo la licitación del metro elevado que nos impuso Peñalosa, exigiendo que se le presente en detalle la información (¿privilegiada?) sobre el contrato (¿ya firmado?); su investidura de mandataria electa la faculta para conocer los pormenores de una adjudicación con muchos interrogantes. Preguntar por qué se anticipó la adjudicación de la obra y por qué se hizo como se hizo: en horas de la noche, bajo la penumbra y sin órganos de control presente, es pertinente para despojar de cualquier manto de duda esa adjudicación. La alcaldesa sabe que de ese informe, muy seguro, dependerá su propuesta de ampliar la primera línea del metro hasta Suba y Engativá.   

Si la alcaldesa logra, de entrada, aclarar ese asunto, la construcción del metro transitará sobre la alfombra de la transparencia y lejos de la incertidumbre de la corrupción. Ahora, un tema que no es menor: debe disipar las dudas sobre la propiedad de las líneas férreas que atraviesan la ciudad, porque son muchas las voces que aseguran que esos rieles le pertenecen a la nación y por tanto se hace imposible que la administración distrital pueda disponer de ellos. Es un tema crucial para su proyecto y desde el gobierno central, poco amigo de su administración, podrían ponerle un palo a la rueda del tren. 

Ese tren que debe servir de eje para derrotar la desigualdad, la razón de un transporte masivo y decente. No más buses! “Que no quepan dudas: el cambio y la igualdad son imparables”, dijo la nueva alcaldesa en su discurso y le creo, porque el tema de la desigualdad es la pepa de las movilizaciones en Chile, Ecuador y Colombia.  

En fin, la nueva alcaldesa no la tiene fácil, pero en ella hay fundada esperanza de que a la ciudad la gobernará una mujer decente y con carácter. La mejor intérprete de una nueva manera de hacer política, lejos del populismo, pero comprometida con la idea de cerrar la brecha social que hoy afecta la ciudad y, eso, será un gran avance.

Bogotá, D. C, 30 de octubre de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe.-Los colombianos cumplieron su deber con la democracia y asistieron a las urnas a ejercer su derecho al voto en unas elecciones territoriales que terminaron definiendo a las próximas autoridades regionales y locales en toda la geografía nacional. 

Hombres y mujeres recibieron ese empoderamiento por parte de los electores, y con ello, recibieron también el gran reto y compromiso de trabajar arduamente por el desarrollo de sus entes territoriales en el siguiente cuatrienio. 

Sin duda, serán grandes los desafíos que tendrán a la hora de gobernar, no es fácil, pero tampoco es una labor imposible. Liderar procesos y asumir responsabilidades públicas es una tarea dispendiosa y compleja. Hoy los ciudadanos reclaman de sus gobernantes, en primer lugar transparencia, que la corrupción este distante de los gobiernos, que ejecuten sus programas de gobierno a cabalidad, que impulsen planes y programas que permitan a sus departamentos y municipios alcanzar una mejor calidad de vida a sus habitantes, pero sobre todo que sean personas humanas, que se pongan en el lugar de los más necesitados y que ayuden a mejorar las condiciones de los más vulnerables. 

Además de esto, los (as) nuevos mandatarios (as) tendrán que ejecutar proyectos de desarrollo en varios ámbitos, como infraestructura, vivienda, vías terciarias, productividad y empleo, agua potable y saneamiento básico, apoyo a las víctimas, a la mujer rural, a la infancia, al adulto mayor, en fin, es un abanico enorme de planes a ejecutar y alcanzar un alto impacto en cada sector de inversión amerita de buenos gobernantes, capaces de liderar estos procesos que hoy reclama la ciudadanía en cada rincón de Colombia. 

Adicionalmente, serán los coequiperos para consolidar la Paz en sus regiones, para dar garantías de que en sus territorios se ejecuten los planes y programas del posconflicto, para que se reconstruya el tejido social desde las bases, asimismo ser garantes para que los líderes y lideresas sociales adelanten su labor. 

Colombia requiere hoy de una profunda transformación social y económica, es momento de aunar esfuerzos por el bien del país y entre todos contribuir a consolidar una nación más prospera, equitativa y sobre todo en Paz. 

Atrás ha quedado una larga campaña política llena de discursos, promesas, manifiestos, pactos y diferentes posiciones que hicieron que los ciudadanos colmaran la plaza pública, pero a partir del primero de enero del próximo año, todas esas propuestas tendrán que ser cristalizadas, llevarlas a la práctica y sobre todo terminar en ejecuciones reales y palpables. 

Ahora bien, necesitamos de gobernantes con posiciones claras y contundentes frente a grandes y graves amenazas que se ven venir, otras que ya están, por ejemplo, en materia ambiental necesitamos de mandatarios que le digan NO al fracking, no a las fumigaciones con glifosato, no a la minería ilegal, no a la depredación de bosques y las consecuencias que conlleva la deforestación a gran escala, hay que tener una posición firme frente a estas situaciones que día tras días acechan al planeta. 

Ellos y ellas tienen una enorme responsabilidad frente a estos temas, y otros de gran relevancia. Serán los encargados de unir y no polarizar, de construir y no destruir, de gobernar y no perseguir, de generar oportunidades para todos y lograr una construcción colectiva del desarrollo local y regional. 

Pero para lograrlo se requiere del concurso y del apoyo decidido del Gobierno Nacional, sólo así habrá un verdadero trabajo colectivo, donde las instituciones del orden nacional se vinculen y se conecten con los desafíos regionales, esa articulación institucional es necesaria para que los nuevos mandatarios hagan buenos gobiernos y muestren resultados efectivos. 

Finalmente, espero y aspiro que a los nuevos gobernantes les vaya bien, porque si les va mal, cosa que no queremos, muy seguramente a las regiones les irá mal, confiamos en sus liderazgos, en sus ejecuciones y en las metas propuestas para cada uno de sus entes territoriales. Los mejores éxitos y que las buenas gestiones los acompañen en los próximos cuatro años. 

Pasto, 28 de octubre de 2019

*Senador Liberal

Por Mauricio Cabrera Galvis.- ¿Qué pasó con el milagro chileno? ¿Por qué en el país más próspero de América Latina, millones salen a las calles a exigir cambios radicales en el modelo económico? ¿Por qué un pueblo que derrotó a la dictadura y ha vivido 30 años en democracia estalla en multitudinarias protestas contra el gobierno que ellos mismos eligieron?

Son preguntas demasiado complejas, pero se pueden aportar elementos para esclarecerlas. El primero es que lo más significativo del estallido social en Chile no son los incendios a las estaciones del Metro de Santiago, ni los actos vandálicos de una minoría. Esos son los más vistos en la televisión y las redes y son totalmente repudiables como también lo es la violencia de la represión militar que ya ha asesinado a 18 personas, pero no representan el sentir de la inmensa mayoría de los manifestantes.

El segundo aspecto notable es que esta vez no se trata de una revolución proletaria de quienes no tienen nada que perder salvo sus cadenas, y suenan ridículas tanto las acusaciones de quienes ven las protestas como el resultado de una conspiración de infiltrados castro chavistas, como las pretensiones de Maduro de que el ejemplo de Venezuela está incendiando el continente.

No se trata tampoco de una invasión de alienígenas, calificativo lamentable que le dio la esposa del presidente chileno. Es el estallido de una clase media empobrecida y vulnerable que no protesta por $30 sino por 30 años de promesas incumplidas y expectativas frustradas a pesar de los avances en crecimiento económico y disminución de la pobreza.

Vulnerabilidad y Desigualdad son dos conceptos claves para entender que pasó con el milagro chileno. Es cierto que Chile es el país de crecimiento más estable y con menores tasas de pobreza en la región, pero los millones de personas de esa nueva clase media saben que están muy cerca del límite, y que cualquier accidente que reduzca sus ingresos o cualquier aumento de precios los puede egresar a no tener suficiente para cubrir sus necesidades.

Son vulnerables y las políticas neoliberales de privatización de casi todos los servicios básicos no han permitido crear una red de protección social suficiente en materia de pensiones, salud o educación.

También saben esas personas que con el aumento del tamaño de la torta ellos han podido mejorar un poco su situación, pero que la tajada más grande se la han llevado unos pocos. Hace más de 30 años la canción El baile de los que sobran presagió esta situación: “... y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuro y dejaron a mis amigos pateando piedras”. Por eso esta canción vuelve a sonar en las calles chilenas reviviendo las esperanzas de que el Pueblo unido jamás será vencido.

Cali, 27 de octubre de 2019

*Fílósofo y Economista. Consultor.