Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Qué desgracia la de este país. Resulta que hacer preguntas y debatir ahora es prohibido o al menos incómodo para algunos medios de comunicación e instituciones que no admiten que se les ponga en duda y, en el peor de los casos, quienes se atreven a hacerlo terminan amenazados de muerte.

No me vengan ahora con el cuento de que esto es producto de la babosa polarización; embeleco al que nos acostumbraron las élites porque no les gusta la controversia y que la sociedad se cuestione. No. Preguntar y debatir es vital para cualquier democracia y mucho más sobre una democracia como la colombiana plagada de defectos estructurales, excluyente y administrada por corruptos en todas sus instituciones, incluido el Ejército y la Policía.

Que no se pueda ejercer el control político en el Congreso eso ya es la tapa de la olla. Resulta que el Senador Roy Barreras, juicioso parlamentario, decidió destapar la desidia, ocultamiento e irresponsabilidad del Ejército en una acción militar en la que murieron, producto de un bombardeo, cerca de ocho niños y adolescentes. Con pruebas en la mano le contó al país, es decir a todos los colombianos, de un hecho aberrante que inocentes la mayoría aceptamos como un ataque normal a un grupo ilegal.

Más allá de si los muchachos se encontraban o no en el campamento del grupo ilegal o hacían parte de esa organización, lo cierto es que el Senador Barreras demostró que las falencias de la multimillonaria inteligencia militar no les permitió identificar que en el lugar había menores, de lo contrario la estrategia para el operativo hubiera sido otra.

Para el Senador Barreras, además de la muerte de los jóvenes, un hecho grave y contundente que a la final terminó tumbando al Ministro de Defensa Botero, fue el ocultamiento de la información. Éste hecho provocó la moción de censura no solo al ministro, sino al gobierno del presidente Duque que, al parecer, tampoco sabía.

Aquí fue troya, después de las denuncias, repito, bien sustentadas por el Senador del Partido de la U, éste terminó amenazado de muerte y tuvo que sacar a sus hijos del país. El baboso del Almagro y los burócratas del llamado “Grupo de Lima”, callados; mutis por el foro.

Un segundo episodio, fue el descarado irrespeto de un periodista de Blu Radio criticando al reportero de del diario la Libertad de Barranquilla porque le hizo la pregunta que había que hacerle al presidente Duque, sobre los bombardeos en que murieron ocho menores de edad. No había escuchado insolencia más elocuente: con qué autoridad un periodista critica a otro periodista por preguntar; apague y vámonos.

Pero más sorprendente aún es que el director de dicho medio, que no hace otra cosa que preguntar, en lugar de matizar la crítica la respaldó y se fue contra el reportero a quien revictimizó por denunciar en las redes el maltrato de que fue objeto por los escoltas del presidente por ejercer su derecho a preguntar: “Desde Palacio de Nariño me dicen que el presidente no escuchó la pregunta y por eso respondió: ´De qué me hablas, viejo´”. Y para salvar la clara displicencia con que el mandatario le respondió al periodista, lo justificó: “Es evidente que había mucho ruido y es seguro que el presidente no escuchó”.  

Ese es el periodismo que hoy se hace en Colombia; periodismo desde la “mesa de trabajo”. Yo le recomendaría al periodista Morales que cada que abra la boca para hablar de asuntos del gobierno, aclare que él es cuñado de Duque: es un gesto de honestidad consigo mismo, con sus oyentes y el periodismo.

A propósito de los hechos y revelaciones anteriormente relatados; critica el periodista Félix de Bedout, el olfato de los medios de comunicación y se lamenta porque los periodistas se dejaron “chiviar” del Senador Roy Barreras; sinceramente le diría que ese no es el problema; que lo grave del asunto reside en la pusilanimidad con que el periodismo contribuyó a naturalizar la violencia de Estado en Colombia durante el conflicto armado interno; nunca la miró con ojos críticos y simplemente los medios y periodistas, en muchos casos, se limitaron al parte oficial.

Bogotá, 13 de noviembre de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jaitrotevi    

  

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Guillermo Garcia Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- El país lo demandaba, el país lo logro. Los problemas graves de inseguridad nacional, los problemas del Cauca y los anuncios recientes en el Senado en el debate sobre moción de censura de desconocimiento de los resultados de ese bombardeo en la vereda Candilejas de San Vicente del Caguán, Caquetá, que mató a ocho niños, definitivamente no podía hacer posible la continuidad del Ministro de Defensa. 

Habían hechos muy graves a lo largo y ancho de Colombia, el de Flower Trompeta, el de Dimar Torres, pero además de la gravedad de estos hechos el Ministerio de Defensa no tenía una explicación válida, es decir, que no sabía explicar los hechos graves que ocurrían en Colombia y esa ineficiencia estaba afectando negativamente a todas nuestras Fuerzas Militares. 

A estos hechos se suman una serie de salidas en falso del ahora ex jefe de la cartera de Defensa que desacreditaban su labor al frente de ese importante Ministerio, es una cadena de errores, de declaraciones públicas desacertadas y de imprecisiones que diezmaban y hacían daño a nuestras Fuerzas. 

La grave situación de inseguridad que vive el país, la gravedad de los temas en el norte del Cauca, las repetidas masacres y violación de los Derechos Humanos, el baño de sangre  a lo largo y ancho del país hacían insostenible al dirigente gremial que asumió por quince meses las riendas de la seguridad nacional. 

A Botero le falto experticia, conocimiento del oficio, pericia, dio declaraciones equivocas y por todo eso no tuvo credibilidad. Fue víctima de un estado de cosas, que lo había condenado esa visión partidista de gobierno y su bancada. 

Ojalá esta circunstancia y esta coyuntura de la renuncia del Ministro de Defensa sirva para encuadernar al país, sirva para promover unos consensos básicos, así se mantengan ciertas diferencias partidistas, pero consensos básicos como por ejemplo construir sobre lo construido y seguir la consolidación del proceso de Paz con oportunidades en Colombia, es una gran idea que a todos los colombianos nos convoca y debe convocar al gobierno y a su bancada, cesar los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz, dejarla funcionar a la JEP y a todo el esquema de Justicia Transicional y por ejemplo atender los problemas básicos como lo han planteado la gente en las regiones, las comunidades indígenas del Cauca están comprometiéndose a la sustitución de los cultivos ilícitos, pues que el gobierno les “coja la caña” y en eso respaldamos al señor presidente, también una agenda legislativa no partidista sino nacional, de marcos regulatorios que le sirvan al país en muchos temas como por ejemplo la reforma política, la reforma electoral, la reforma a la justicia, que sea objeto no de un dogma, de una ideología, de una doctrina, sino de un pensamiento amplio nacional. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todas las bancadas de diferente espectro político en el Congreso de la República. Ojalá el gobierno aproveche para mejorar estas cosas y no mantenerse en la terca situación de implementar decisiones, actitudes y agendas partidistas. 

No nos gusta por ejemplo, la reciente decisión en Naciones Unidas de abstenerse de votar la condena al bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba. No hemos superado la página del Ministro de Defensa cuando salió el canciller a explicar el por qué no hemos sido solidarios con Cuba cuando todo el mundo lo ha sido, con excepción de los Estados Unidos. Todo lo contrario, deberíamos mantener esa línea histórica de Colombia de que se acabe el bloqueo porque Cuba se lo merece, Cuba nos ha dado la mano a los colombianos, ha sido más los encuentros con Cuba que unos pequeños desencuentros que quiere profundizar el canciller, que con esto sinceramente se “pifió” por semejante desafuero internacional. Hay mucho por corregir en esta materia. 

Finalmente, con la renuncia del Ministro de Defensa, gana el país, ganan las Fuerzas Militares, ganó el Congreso que demostró su autonomía e independencia, gana también el Presidente de la República que tendrá la legitimidad de nombrar en ese cargo a una persona idónea, que tenga dominio de la tropa, que conozca el país rural y esa otra Colombia que reclama no más pie de fuerza, sino equidad, inversión social y oportunidades. 

Toda nuestra solidaridad con los líderes sociales asesinados, con las comunidades indígenas del norte del Cauca, no tenía otra salida el Ministro Botero, todo el país se venía afectando con su mala gestión. ¡lo logramos! 

Bogotá, D. C, 132 de noviembre de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Uno de los méritos que tiene esta reforma de la reforma es que trata de simplificar y desconstitucionalizar el Sistema General de Regalías (SGR), limitándose a establecer a través de la reforma del artículo 361 de la Constitución sus líneas gruesas, difiriendo a la Ley que lo desarrolle su reglamentación. Como lo sostuvo la ex directora del DNP, “la instancia encargada de definir los proyectos de inversión y sus mecanismos de aprobación será determinada por medio de la Ley que lo desarrollará”. Ello le dará un mayor grado de flexibilidad al SGR del que tiene hoy. De hecho, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, refiriéndose al SGR, dejó planteada la necesidad de la “optimización de la arquitectura institucional y de su operación”. El Gobierno Nacional quedará facultado para presentar dicho proyecto de ley dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la sanción del Acto legislativo.

De lo que se trata es de barajar para volver a repartir. Grosso modo, esta será la redistribución que se hará mediante este proyecto de Acto legislativo de los recursos provenientes del SGR, los cuales según el mismo “se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, educativo y ambiental de las entidades territoriales”. Los departamentos y municipios productores y portuarios pasarán de recibir como asignación directa del 10% actual al 20% de los ingresos corrientes del SGR, adicionalmente los municipios productores recibirán 5 puntos porcentuales más. Indudablemente que con esta reforma se mejora ostensiblemente la participación de los departamentos y municipios productores y portuarios, pero resulta insuficiente frente al daño infligido con el Acto legislativo 05 de 2011.

Por esta razón, consideramos que se debería extender a departamentos y municipios productores y portuarios la norma que hoy sólo aplica para las Zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC), lo cual abriría la posibilidad de que las empresas que operan en sus territorios puedan ejecutar obras priorizadas por dichas entidades territoriales con cargo a los impuestos que deben pagar ellas a la Nación. De esta manera se puede mejorar aún más la compensación a los departamentos y municipios productores y portuarios, sin desmedro de la participación en el SGR de aquellas entidades territoriales que no lo son. Esta propuesta es tanto más válida y pertinente si tenemos en cuenta que, según las proyecciones que se tienen, se estima que para este año al tiempo que dichas empresas pagarán $9.3 billones, aproximadamente, por concepto de regalías, pagarán a la Nación $15 billones por impuestos de rentas.

Un 15% se asignarán a todos los municipios, productores y no productores, el cual podrá ser anticipado según las circunstancias, acordes con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de su población. 34% de los ingresos corrientes del SGR se destinarán a la financiación de proyectos de inversión regional de las entidades territoriales, tomando en consideración el índice de NBI y los índices de desempleo.

Se mantiene el 7% que se asignó en el Acto legislativo 04 de 2017 para dar cumplimiento a la implementación del Acuerdo final suscrito con las FARC. Se reduce el presupuesto del SGR dedicado a su funcionamiento, operatividad y administración, así como a la fiscalización, conocimiento cartográfico, el monitoreo, la evaluación, seguimiento y control en 2 puntos porcentuales, quedando en el 3%. Se asigna también 1% para la conservación de los ecosistemas estratégicos, los parques nacionales, las fuentes hídricas y para la lucha contra la deforestación y 0.5% para la protección y saneamiento de la cuenca del Río grande de la Magdalena.

Sólo en caso que el recaudo efectivo supere lo presupuestado, ya sea por mayor producción o mejores precios, el 70% de esa suma se ahorraría y el 30% iría  a los departamentos y municipios productores y portuarios “para mejorar los ingresos y diversificar la matriz productiva”. De hecho desde la expedición del Acto legislativo 04 de 2017 el ahorro pasó de ser un porcentaje fijo de los ingresos corrientes del SGR a ser algo residual. En ese mismo Acto legislativo, pese a la protesta de los gobernadores, se redujo la participación del Fondo de pensión territorial (FONPET) en el SGR del 10% al 7%, ahora dejará de recibir la inyección de recursos provenientes de las regalías.

Mención aparte merece lo relativo al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). No obstante que se mantiene el 10% de los ingresos corrientes del SGR, al dejar sin efecto el parágrafo 5 del Acto legislativo 04 de 2017, que modificó el Acto legislativo 05 de 2011, el cual dispuso de “convocatorias públicas abiertas y competitivas” para la postulación y ejecución de los proyectos financiados con este fondo, se retrocede. Razón tiene el científico, ex rector de la Universidad Nacional y miembro de la Misión de sabios, Moisés Wasserman, cuando afirma que, al parecer “como en aquel juego de escaleras y rodaderos, estamos en peligro de caer en la casilla que nos devuelve al principio del tablero”.

Este asunto es delicado, toda vez que, según la evaluación del SGR efectuada por la Contraloría General de la República, ha sido el Fondo de más baja ejecución, al punto que después de tener congelado por largo tiempo recursos “excedentes”, se dispuso de $1.3 billones de ellos para destinarlo a la ejecución de proyectos de vías terciarias. Y esto ocurre en un país que, a duras penas, invierte 0.27% del PIB en CTeI, en contraste con los demás países de la OCDE, de la cual ya hace parte Colombia, que invierten en promedio el 2.4% del PIB. Máxime cuando el mayor obstáculo que enfrenta la economía para crecer más y mejor estriba en la falta de productividad y competitividad, las cuales dependen en gran medida de lo que el país invierta en CTeI.

Como lo dijo el profesor Wasserman,  “esta decisión lo que muestra es la ausencia, no solo de una política de ciencia, sino de una preocupación por ella. Es claro que se considera algo que se puede dejar para después, cuando ya no tengamos urgencias, sin considerar, primero, que siempre hay urgencias y, segundo, que es precisamente la ciencia la que provee instrumentos para resolverlas”. Ojo, pues! 

Riohacha, noviembre 9 de 2019

*Expresidente del Congreso de Colombia y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Después de 90 días de ser expedido, entró en vigencia el decreto 1419 de agosto de 2019, por el cual se aumentaron los impuestos a las importaciones de confecciones y prendas de vestir. Los nuevos aranceles son de 37,9% cuando el valor del kilo sea inferior a US$20 y de 10% más 3 dólares el kilo, cuando el valor sea superior a US$20 dólares el kilo.

Contra su voluntad el gobierno se vio obligado a expedir esta medida pues así lo determinaron los artículos 274 y 275 de la Ley del Plan de Desarrollo (PND), incluidos por iniciativa del Congreso que atendió la solicitud de los confeccionistas nacionales que buscaban protección para sus empresas y el empleo que generan frente a las demostradas prácticas de importar prendas de vestir a precios por debajo del costo (dumping).

A los confeccionistas nacionales les ha ido muy mal con la apertura hacia adentro, la revaluación y la competencia desleal de las importaciones subfacturadas. En lo que va del siglo la producción de prendas de vestir en Colombia solo creció 20,3%, mientras el conjunto de la economía creció 74%. Peor les ha ido a los trabajadores, pues en el mismo período el número de personas empleadas en este sector cayó (sí. ¡Disminuyó!) 56,2%.

La razón no es que los colombianos hayan dejado de comprar ropa (como si pasó con otros productos como por ejemplo máquinas de fotografía o de escribir), pues las ventas de textiles en el comercio minorista crecieron 132%, es decir 6.5 veces más que la producción nacional, y la diferencia la explican las importaciones que se multiplicaron por 12 veces (crecieron 1.200%) en estos años.

Si bien los motivos de las medidas proteccionistas incluidas en el PND son validos, la manera como se implementaron es equivocada tanto en la forma como en el contenido. En la forma, porque la imposición del arancel no puede ser de iniciativa del Congreso sino del Ejecutivo. por esa razón los artículos 274 y 275 del PND fueron demandados por los gremios de importadores (Fenalco y la ANDI) y hay una alta probabilidad que sean tumbados por la Corte Constitucional.

En el contenido, porque protegen tan solo a un eslabón del sector textil, generando incluso un efecto negativo sobre los demás. Hay que recordar que el sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir para el consumidor final.

Ante la muy probable caída del decreto 1419 el gobierno debe aprovechar para diseñar una estructura arancelaria que proteja a todos los eslabones de la cadena textil, y no solo a los confeccionistas, tal como la tienen desde hace años países como México, Brasil o Argentina, sin violar las normas de la OMC.

Cali, 10 de noviembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Si a Estados Unidos o a un país de su nivel se le toma una fotografía desde un satélite, en la imagen aparece un océano de modernidad, desarrollo y riqueza, en el que hay unas cuantas islas de atraso, que también existen, muy distantes de los avances que predominan en sus territorios. Si la misma foto se le saca a Colombia, sale lo contrario: un océano de atraso, subdesarrollo y pobreza, salpicado con unos cuantos islotes de modernidad, parecidos a los océanos de los países desarrollados. Esta es la lamentable realidad nacional, así intenten negarla, mirándose a sus ombligos y actuando como propiciadores o víctimas del cuidadoso lavado de cerebro de los últimos años, que aquí y en todas partes metió el cuento neoliberal de que se estaban superando las causas del subdesarrollo, fábula en la que mucho se usó el fraude del llamado “milagro chileno”, el mismo que acaba de desenmascararse.

En términos de productos percápita, aquí estamos en 6.400 dólares y Estados Unidos y sus pares rondan por 40, 50, 60 mil, con esas enormes diferencias actuando a favor de ellos cada año y por décadas. Allá disfrutan de numerosas y grandes empresas con avanzados desarrollos industriales y agropecuarios, ciencia y tecnología de punta, alta productividad del trabajo, bajos desempleos, salarios mayores y vigorosos mercados internos. En Colombia, por el subdesarrollo de su capitalismo, pulula todo lo contrario, según lo ilustra el hecho escandaloso de que el desempleo y la informalidad son del orden del 70 por ciento. ¿Puede estar bien una economía de mercado en la que tantos no pueden aportarle con fuerza a la creación de riqueza ni tienen la capacidad de compra suficiente para ayudar a dinamizarla?

El atraso predominante también está en la base de la extendida y profunda corrupción nacional, incluidos los fraudes con los que por norma ganan las elecciones aunque gobiernen muy mal, al igual que una de las mayores desigualdades sociales del mundo, desigualdad que también es causa y consecuencia del capitalismo subdesarrollado y de amigotes característico de Colombia.

Incluso la minería lleva esta impronta. Porque mientras que en los países avanzados la minería le suma al progreso del agro y la industria, aquí tienen el objetivo imposible e idiota de reemplazarlos con ella, hasta el punto de usarla para revaluar la moneda y hacerles daño. Solo a la tecnocracia neoliberal criolla, tan protegida por sus mandantes, se le puede ocurrir que con la minería sola – ¡un producto no renovable, que se acabará inexorablemente!– puede construirse un país próspero, y más cuando el grueso de esos ingresos se despilfarra en clientelismo y politiquería.

Las crisis periódicas de los países capitalistas desarrollados obedecen a la mucha riqueza que generan, en tanto la crisis permanente de los subdesarrollados se explica porque crean muy poca. No habrá solución a ninguno de los problemas nacionales si no se empieza por crear más riqueza y empleo, crear más riqueza y empleo y crear más riqueza y empleo. Quien se apegue a la experiencia reconocerá que no puede pretenderse que, con una pobreza africana, las calles colombianas se parezcan a las europeas.

Puede demostrarse que en Colombia ningún gobierno se ha propuesto modernizar el país de verdad. Aquí, cuando mucho, se han estimulado modernizaciones parciales, capaces de enriquecer a algunos pero no de permitirle a la Nación desplegar toda su potencialidad para crear más riqueza y empleo. Es falso que quienes han gobernado se hayan propuesto que el país se parezca a los desarrollados. Y se sabe que lo que ordenan las potencias que controlan la OCDE y los demás poderes globales es: “Hagan lo que les decimos, no lo que hacemos”.

Empezar a sacar a Colombia de su crisis perpetua, que puede llevarnos hasta un Estado fallido, exige un acuerdo nacional como los que se han dado en las naciones exitosas –entre trabajadores, campesinos, indígenas, clases medias asalariadas, empleados por cuenta propia y empresarios–, tendiente a lograr un país que cree más riqueza y empleo, sea más democrático, no tolere ninguna corrupción, cuide su medio ambiente y no deje de relacionarse con los demás países del mundo, entre otros puntos importantes.

Bogotá, 10 de noviembre de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-  Con la dignidad con que enfrentó el hoy exministro Botero su primera moción de censura en el Congreso, le dio la cara por segunda vez al país, aunque lo que debió ser un debate fue una “encerrona” previamente negociada; otra andanada para torpedear la gobernabilidad de Iván Duque.

Guillermo Botero cumplió su deber con rectitud en una cartera compleja: la de Defensa, en un país amenazado por la violencia y el peligroso control territorial del narcotráfico, herencia de una paz mal hecha. Por ello no merece el vilipendio mediático sino el reconocimiento ciudadano.

De hecho, una de las razones que se agitaron fue la situación del suroccidente del país “bajo el yugo del narcotráfico y la minería ilegal”. ¡Eureka!, pero los que nunca censuraron al gobierno que lo permitió por exigencia de las Farc, se ensañaron con el ministro que logró revertir el crecimiento de cultivos ilícitos con erradicación manual.

De la izquierda no se podía esperar nada y del partido del senador citante menos, como deja ver el sigilo con que jugó su “carta guardada” para recaudar votos y, luego, el sesgo y el triunfalismo con que la destapó en el Senado, al punto que un medio llegó a titular: “Mindefensa bombardeó niños en Caquetá, advirtió Roy Barreras”. Muy infame.

Solidaridad con las familias a las que les secuestraron sus hijos para prostituirlos y usarlos como carne de cañón, pero los bombardeos no son el ejercicio alocado de unos militares botando explosivos sin ton ni son, sino acciones soportadas en el uso legítimo de la fuerza, precedidas de procesos de inteligencia y planeación con altos niveles de certeza y rigurosos protocolos de cumplimiento del DIH, pero impredecibles.

Los pájaros siguen tirándoles a las escopetas. La guerrilla secuestra menores - delito de lesa humanidad- y el Gobierno resulta en la picota pública por su infortunada muerte. No puede ser que se busque deslegitimar a las Fuerzas Militares, como intentan desde el inicio del gobierno Duque, porque el país caerá en algo así como el “síndrome caucano”: los indígenas acusan al Gobierno de indolencia por los asesinatos y exigen protección, pero impiden el ingreso de la Fuerza Pública a sus territorios y la agreden, mientras los narcoterroristas…, sonríen.

En su afán de “comer ministro”, el senador desconoce procesos y competencias. El levantamiento de cadáveres es de la Fiscalía, y su posterior identificación y el manejo de esa información es de Medicina Legal ¿Cómo la obtuvo cuando ya era documento judicial reservado? ¿Cómo tuvo acceso a una investigación que ya tenía ese carácter reservado y no había concluido, como afirma Medicina Leal en su comunicado oficial?

Detrás de todo, sin embargo, hay temas de fondo: Primero: Siempre el narcotráfico como determinador de la violencia en Cauca, Putumayo, Catatumbo y donde están plantadas las 200.000 hectáreas de coca.

Segundo: La neutralización del ejército en sus cuarteles y de la Fuerza Aérea en tierra. Los bombardeos son el terror de los narcoterroristas. Así cayeron Cano, Reyes y Jojoy.

Tercero: la desarticulación del sistema democrático basado en tres poderes autónomos. Vía consulta popular asistimos al “gobierno de las comunidades” y al “de los jueces” que deciden lo que se hace o no se hace.

Y ya se asoma lo que parece el tránsito de un régimen presidencial a uno parlamentario, en que las diferencias políticas no se ventilan en la discusión abierta y argumentada sino tumbando ministros, y los intereses burocráticos insatisfechos bloqueando la gobernabilidad; apostando al fracaso del gobierno.

Miro al vecindario con desazón y repito con las abuelas: “el palo no está para cucharas”.

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz.- Terminó la pesadilla en Colombia. Hay vacante en el Ministerio de Defensa, tras la salida de Guillermo Botero, que no logró superar una segunda moción de censura por parte del Congreso. No otra cosa podría haber ocurrido ante la impreparación de una persona impuesta por el “eterno” para ocupar esa cartera.   

La “operación 40.0” que se desarrolló el martes en el Senado liderada por Roy Barreras, puso definitivamente al descubierto que Uribe en “conntvbernivn” con Fenalco, no podían disfrazar e imponer a alguien tan inexperto para dirigir la Defensa Nacional.

Guillermo Botero, en su última aparición, quiso involucrar a 40 generales en la política; los llevó al Senado para intimidar a más de 100 parlamentarios con el verde oliva, para salvar su pellejo. Un General cayó por el famoso dosier embustero que Botero le entregó al Presidente Duque para llevar a la ONU. Ni el exministro, ni los otros integrantes de la “operación 40.0” pusieron la cara.

Tal vez, esta ha sido la moción de censura más cimentada y fundamentada que el Congreso de Colombia haya adelantado contra funcionario alguno. Los “fracasos” de Botero expuestos por Roy Barreras, fueron irrebatibles, categóricos. Los presentes y los televidentes, se abismaban cada minuto, con la cantidad de desatinos del jefe de los 40.0. Bancadas tradicionalmente solidarias con Botero y el gobierno, cambiaban de opinión en la medida en que avanzaba el debate. Los 55 votos que se requieren para censurar y remover un ministro, se completaron rápidamente.

El titular de Defensa, tuvo todas las garantías para justificar su proceder en el caso del bombardeo que causó la muerte a los niños del Caquetá, de sus versiones sobre “forcejeos” para explicar asesinatos de líderes comunitarios y exguerrilleros, de los nuevos falsos positivos, de las dudosas cifras sobre erradicación de coca y de tantas cosas más… pero sus argumentos cada vez lo desfavorecían, su pólvora estaba mojada.

Este episodio nos lleva a reflexionar si un Senador, por importante que sea, puede cogobernar e imponer funcionarios, o si por el contrario, el país debe fortalecer a su Presidente, para que, según su sabiduría, se rodee de quienes saben manejar el Estado con destreza, juicio y madurez. Que le permitan instaurar una agenda de país, con un acuerdo nacional, que garanticen la consolidación e implementación de los acuerdos de paz La Habana.

Lo contrario nos llevaría a permanentes mociones de censura, como la que se avecina con la reforma tributaria 2.0, a la que se quieren colgar las mismas prebendas y canonjías de la ley de financiamiento, que no creó un solo empleo y aumentó la pobreza y la desigualdad. 

Aquí, por ahora,  ¡vamos a estrenar ministro!

BLANCO: El anunciado plan de desarrollo para los indígenas.

NEGRO: el tráfico de influencias de Peñalosa, para favorecer a la ladrillera Santa Fe.

Bogotá, D. C, 8 de noviembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

                                 

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Yezmer Ramos García

Por Yazmer Ramos García.- Entre los derechos humanos y el Estado de Derecho existe un vínculo esencial de complementariedad e interdependencia. Podemos considerarlos como dos aspectos que, en el fondo, buscan proteger, promover y garantizar la dignidad de la persona humana y alcanzar el desarrollo integral de todos los ciudadanos en la promoción del bien común. Ambos son instrumentos de carácter ético, jurídico y político cuya génesis reposa en el proyecto de la Ilustración europea, y por eso son deudores de las características y límites con que se constituyeron las sociedades democráticas en dicho continente.

Los derechos humanos sirvieron inicialmente como un instrumento ético-jurídico para exigir el respeto del individuo frente a los potenciales abusos de orden político del Estado. Y el Estado de Derecho, surgido con ocasión de la sistematización racional de la teoría del Estado moderno, buscaba asegurar las condiciones para un ejercicio justo del Derecho. Por eso el Estado de Derecho tiene como núcleo ético-jurídico el respeto, la protección y fomento de los derechos humanos como forma de legitimar su existencia.

En ese sentido los aspectos o dimensiones constitutivas de un Estado de Derecho legítimo (democrática, constitucional, social y pluralista) buscan desarrollar en forma consistente, desde distintas perspectivas, la defensa sistemática de los derechos humanos.

La democracia permite la más amplia participación igualitaria entre los ciudadanos; la Constitución permite otorgar las garantías jurídicas para esa participación democrática; el Estado socialista contribuye a minimizar el individualismo económico impulsando los esfuerzos hacia el logro del bien común, es decir, del desarrollo integral de todos los ciudadanos, y, por último, un Estado pluralista garantiza que todas las distintas manifestaciones que caracterizan a una cultura tenga iguales posibilidades y oportunidades de desarrollo, impidiendo el monopolio de la verdad que abre una puerta falsa a las exclusiones y a los regímenes absolutistas y autoritarios de todo tipo.

Los derechos humanos aportan entonces la savia, el alimento que nutre de contenido fundamentalmente moral a cada una de las instituciones, procedimientos y mecanismos de control jurídico que representan el poder efectivo del Estado. Los derechos humanos deberían coadyuvar así al máximo desarrollo efectivo del Estado y, con este, al máximo desarrollo de cada uno de sus ciudadanos.

 Por su parte el Estado de Derecho, entendido como la institución que organiza el poder en forma justa para beneficio de la sociedad, tiene como función preservar, proteger y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos con la finalidad de que las personas alcancen niveles de desarrollo dignos de su condición humana. Un Estado de Derecho no debería –a riesgo de contradecir su núcleo moral- amparar la desigualdad económica o social que hace vulnerables los derechos humanos de los individuos que habitan en su seno y mucho menos justificar con protocolos de guerra  obsoletos masacres, violencias y asesinatos  de manera sistemáticas contra líderes y el pueblo indígena como viene ocurriendo en Latinoamérica.

En la actualidad, no es suficiente la mera declaración retórica de la existencia de derechos, el desarrollo de los mecanismos jurídicos pertinentes del Estado está en condición de garantizar mejores condiciones de vida para todos. Por ello, en vistas al desarrollo integral de las personas, es preciso que todos seamos considerados y tratados como ciudadanos con iguales derechos y oportunidades.

Un Estado de Derecho legítimo debe estar en condiciones de garantizar el efectivo cumplimiento de la gama más amplia posible de los derechos y libertades a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. Y el núcleo ético de estos derechos y libertades, fruto de las luchas sociales ocurridas a lo largo de la historia, está constituido sin duda alguna por los derechos humanos de las personas.

 Pero no hay que olvidar tampoco que los derechos humanos no son un fenómeno hermético, absoluto o concluyente, son una realidad dinámica que para hacerse más efectiva y viable en la realidad social y no sólo en el plano del discurso teórico deben considerarse como instrumentos en constante evolución, sujetos a progresivos desarrollos, mejoras y rectificaciones a través de auténticos procesos de diálogo intercultural, en los que la dignidad de cada ciudadano, independientemente de su origen cultural, debe ser respetada de manera incondicional, como requisito básico para avanzar hacia libertades que emancipen a los hombres de cualquier forma de opresión que les impide su plena realización material y espiritual en el mundo.

Sin duda, pienso que no será posible alcanzar cuotas tan altas de desarrollo y realización para la dignidad humana si no es a través del cultivo constante de valores éticos supremos como son la igualdad, la equidad y la solidaridad, practicada en las formas más diversas, entre los integrantes de las distintas familias culturales de nuestro planeta.

Barranquilla 7 de noviembre de 2019

*Abogada y Magister en Ciencias Políticas.

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José G Hernández

Por José G. Hernández.- La ola criminal que tiene lugar en varias regiones, pero con especial fuerza en el departamento del Cauca -en donde siguen siendo asesinados nuestros indígenas- no puede continuar. El horror de lo que pasa debe conmover a la sociedad colombiana -que no puede ser indolente- y por supuesto al Estado y sus competentes órganos, pero no solamente con el objeto de condenar y rechazar lo que ocurre -como en efecto se debe hacer-, sino para prever, instrumentar y adelantar de manera oportuna  las acciones necesarias –inclusive, si fuere absolutamente indispensable, las de carácter extraordinario que la Constitución contempla-  para prevenir y contrarrestar la actividad de las organizaciones y bandas delictivas que operan en la región; restablecer el orden público quebrantado; proteger la vida, la integridad y los bienes de los habitantes; hacer posibles y efectivas las capturas de los autores materiales e intelectuales; adelantar las investigaciones y los procesos respectivos, entre otras finalidades inmediatas. Subrayo: inmediatas. Porque se trata de una situación particularmente urgente y grave, y porque cada día que pasa es un peligro: otros indígenas y comunidades pueden ser atacados por los asesinos.

Ahora bien, el Estado debe asumir también tareas de la mayor importancia para que cuanto se haga en materia de orden público y protección actual no se quede en solución temporal y precaria, sino para que la verdadera paz se consolide en esa y en otras zonas del territorio colombiano. Ya hay unos compromisos derivados del Acuerdo de Paz, y unas normas que –si bien fueron objeto de justificada discrepancia de muchos sectores- ya están en vigor, son una realidad, y además -pese a todas las deficiencias e incoherencias de los fallos proferidos- en su mayor parte fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional. Debe actuarse con efectividad en la lucha contra el narcotráfico, en la sustitución de cultivos, en las oportunidades de los indígenas y campesinos, en la recuperación -por parte de las víctimas- de las tierras de las que fueron despojadas y desplazadas durante el conflicto armado.

Eso tampoco es suficiente. Más allá del cumplimiento del Acuerdo de Paz, la población en general requiere mayor atención por parte del Estado, y la fijación de políticas públicas y planes de mayor aliento en materia económica y social; en salud, seguridad social, educación, trabajo, garantías laborales y mayores oportunidades de empleo y actividad agrícola bajo el cuidado y con la colaboración de las autoridades. Es claro que, durante muchos años, la población ha sufrido el abandono, y por ende, ha sido caldo de cultivo para el delito y para que la delincuencia del narcotráfico se haya aprovechado de la situación.

Reiteramos: es indispensable dar cumplimiento a los principios constitucionales. La paz es un derecho y una obligación de todos, como lo estipula el artículo 22 de la Constitución; el Estado Social de Derecho (Arts. 1 y 2 de la Carta) debe ser realidad y no mera expectativa y, como advirtió con fortuna el parágrafo vigente del artículo 334 superior, al interpretar el famoso concepto de sostenibilidad fiscal,  “bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.     

Bogotá, 6 de noviembre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

 

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo.- El próximo domingo España celebra, por cuarta vez en 4 años, elecciones generales. Nada hace, sin embargo, augurar que el bloqueo político en el que se encuentra sumido el país y que imposibilitó la formación de gobierno tras las elecciones de abril de este año, vaya a desaparecer. Al menos así lo reflejan las encuestas que han hecho en España y que esperamos se aproximen a la realidad a diferencia de nuestro país en que han venido fallando en las últimas elecciones. Ni las coaliciones de izquierda (Psoe + Unidas Podemos) ni las de derecha (PP+ Ciudadanos+ Vox) parece que lograrán los escaños necesarios para que se forme finalmente un gobierno.

Pero más allá de analizar las encuestas que se han venido publicando en los últimos días vale la pena intentar entender qué está pasando en España. Por ejemplo, la ley electoral en función de la cual se reparten los escaños en España. Esta ley distribuye los escaños de manera desigual dependiendo del número de habitantes de cada circunscripción electoral y de si un partido en cuestión se presenta en todo el territorio nacional o en parte de él. Ningún partido se ha atrevido a plantear su reforma pero hoy parece claro que es uno de los factores que dificulta la formación de mayorías necesarias para gobernar.

Por otra parte, la cuestión de Cataluña y el desgarro social que en dicha región se ha producido en los últimos años, con incluso de familias enfrentadas por unos ideales ideológicos. Ni gobiernos del PP ni del Psoe parecen haber encontrado la fórmula para aliviar las heridas y restablecer la convivencia. Estas elecciones del 10 de noviembre vendrán marcadas por estas heridas, cada vez más abiertas. Los distintos partidos se enzarzan sobre cómo gestionar la crisis política más grave que vive España desde la restauración de la democracia. Dentro del marco constitucional que debe ser en todo momento observado, sería deseable una mayor concertación entre los partidos e incluso que Cataluña fuera objeto de un pacto de Estado entre los partidos constitucionalistas.

Finalmente, son muchos los retos a corto plazo, empezando por el Brexit y por el contexto económico internacional de desaceleración, que hacen necesario contar un gobierno plenamente operativo. Veremos si el 10 de noviembre el 30% de indecisos y la previsible abstención permiten a España desbloquear esta anómala situación, porque España no se puede permitir el lujo de seguir con un gobierno en funciones.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2019

*Excomisionado de Paz

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