Opinión

Por: Óscar Villamizar Meneses*.-Tres muertos, 250 manifestantes lesionados, 341 miembros de la fuerza pública heridos; 40 mil millones de pérdidas sufridas, solo en la infraestructura de Bogotá; un billón de pesos en pérdidas del sector comercio y 250 mil puestos de trabajo en riesgo, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, son algunas de las consecuencias que nos deja el paro que completa 8 días. 

Los ciudadanos de a pie y quienes tienen como única fuente de ingresos su trabajo; al igual que los miles de comerciantes que tienen puestas sus esperanzas en las ventas del mes de diciembre, demandan actuaciones urgentes que nos vuelvan a la normalidad. 

No podemos olvidar que los colombianos se manifestaron masivamente en las urnas, en la pasada contienda presidencial y eligieron el programa de Gobierno de Iván Duque como el camino apropiado para sacar adelante al país. Desafortunadamente para Colombia, 8 años de gobierno, centrados en una única iniciativa, dejaron como consecuencia el descuido y la desatención de importantes temas sociales, que hoy no dan espera. 

En tal sentido invito al Gobierno Nacional a implementar medidas que permitan a los jóvenes de los sectores más vulnerables, que acceden a la oferta educativa del SENA, disponer de subsidios que cubran las necesidades básicas de alimentación y transporte, que garanticen el desarrollo y la culminación de sus estudios. 

Igualmente, considero prioritario crear canales institucionales que posibiliten, una amnistía, por única vez, para los actuales deudores morosos de los estratos 1, 2 y 3 del ICETEX. También, es urgente, crear una mesa de concertación con los jóvenes, para construir un modelo de crédito que posibilite acceso educativo sin deudas impagables. 

Señores dirigentes del paro los invito a hacer un alto en el camino, a pensar en las familias afectadas y que sufren la perdida y las lesiones de sus seres queridos y en los millones de colombianos afectados en sus frágiles economías. El gobierno ésta dispuesto a escuchar y a seguir trabajando para que entre todos construyamos caminos de reconciliación, de desarrollo y de progreso para las generaciones presentes y futuras, de esta patria que nos duele tanto. 

Bucaramanga, 29 de noviembre de 2019

*Representante a la Cámara por Santander

Por José G. Hernández*.- Como se recordará, el 21 de noviembre, tras varias horas de pacíficas marchas y concentraciones en Bogotá y en otras ciudades, el lícito ejercicio de ella por la ciudadanía se vio interrumpido por encapuchados violentos, cuyo origen no ha sido establecido, quienes rompieron la paz que predominaba, malograron la protesta pacífica; atacaron edificios públicos; causaron daños a bienes públicos y privados, y pretendieron sin éxito que el país confundiera la protesta con la violencia y el delito.

Decimos que sin éxito por cuanto, en la noche de ese día, un improvisado pero multitudinario y pacífico “cacerolazo", en señal de descontento y malestar social, se hizo escuchar en todo el territorio. Y se ha repetido, también en paz, durante los días sucesivos.

Podemos compartir o no todos los motivos -que han venido aumentando y que conforman hoy una larga lista-, pero es un hecho innegable que la gente quiere protestar y que alega varias razones, particularmente en el campo económico, en el social, en el educativo, en el salarial y en el pensional. En lo que concierne a las condiciones de trabajo, al desempleo, a la salud y a la seguridad social. Y se adopta una posición crítica respecto a la actitud oficial sobre asuntos ambientales y ecológicos, particularmente en relación con el denominado “fracking”, que el actual Presidente había prometido -en campaña- no aplicar.

Por supuesto, son muchos los que no están de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, ni con la estructura tributaria vigente, y piden que sean retiradas iniciativas sobre impuestos, particularmente la que se tramita en el Congreso tras la declaración de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento.

No podía faltar lo referente a la impunidad, ni a la falta de acción estatal de protección e investigación sobre los muchos crímenes que se siguen cometiendo contra líderes sociales, indígenas y desmovilizados. Otros reclaman al Gobierno que cumpla lo convenido hace tres años en el Acuerdo de Paz firmado por el ex presidente Santos con las Farc.

Y no faltan las voces de rechazo a las varias formas de corrupción que han conmovido al país  pero respecto a las cuales hay impunidad porque no han sido sancionadas, como ha debido ocurrir, por la administración de justicia, y en cambio, ha operado la libertad de los procesados por vencimiento de términos.

Han continuado las manifestaciones y reuniones pacíficas de solidaridad, lideradas especialmente por los estudiantes, a raíz de uso excesivo de la fuerza por el Esmad, inclusive ante manifestaciones pacíficas, como aquella en que fue gravemente herido el joven Dylan Cruz, de 18 años. A ello se añade, por contrapartida, que muchos también protestan -igualmente con razón- por los actos violentos, que han dejado heridos a muchos miembros de la Policía Nacional.

Ahora lo que viene es lo anunciado por el Presidente de la República, quien propone unas conversaciones -para marzo-, con miras a escuchar las propuestas de los distintos sectores y buscar que se ponga fin a la crisis y ojalá dar solución a los muchos reclamos de la población. Ojalá, para entonces, sea oportuna.

Algo ha quedado claro, en medio de tanta confusión: los derechos fundamentales a la expresión ciudadana y a la protesta no se confunden, ni se pueden confundir, con la violencia.

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- En los últimos días hemos vivido en Colombia una expresión de la propuesta social que ha sido manipulada por personas dedicadas a la violencia, la anarquía y el desorden.

La expresión popular de inconformidad es un derecho legítimo y, en el marco del orden y el Estado de Derecho, es una muestra de democracia. Lo que no es admisible, es que estas expresiones sean aprovechadas por personas cuyos objetivos son crear inestabilidad, desorden e incluso vandalismo.

Las manifestaciones vividas han tenido como característica la confluencia de una serie de manifestaciones por distintas razones, muchas de ellas inexistentes o simplemente manipuladas para crear inconformidad, e impulsadas por posiciones políticas adversas al gobierno que han convertido las protestas en actos que se confunden en sus objetivos e incluso manipulados por verdaderos agitadores y enemigos de la institucionalidad.

Lo más preocupante es que todas estas expresiones se dan cuando en Colombia estamos viviendo un momento de desarrollo y crecimiento que muchos países del mundo envidian y que han hecho que empresas internacionales y reconocidas están mirando hacia nuestro país para realizar inversiones y como el país de Latinoamérica que más posibilidades ofrece. Las protestas violentas nos perjudican en la buena imagen y ponen en el congelador a muchas personas y empresas que estaban decidiendo invertir en Colombia, creando empleo y mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Por otra parte, le ha sido muy difícil al gobierno construir gobernabilidad para garantizar tener unas mayorías que permitan las reformas que el país requiere en los distintos campos que garanticen un desarrollo más armónico y sostenible. En este punto he tenido oportunidad de insistir en el pasado, incluso defendiendo la posición del gobierno actual de acabar con la llamada mermelada, de la necesidad de llegar a acuerdos programáticos con fuerzas políticas defensoras de las políticas contra la corrupción, comprometidas en el marco de los valores éticos y principios que garanticen una estabilidad política. Ojala la invitación del Presidente al gran diálogo nacional tenga dentro de sus múltiples objetivos la consolidación de esta necesaria gobernabilidad.

En Colombia, ninguno se imaginó que, después de 42 años, Bogotá fuera a vivir un nuevo toque de queda. De hecho, difícil era imaginarse que los sucesos a nivel nacional que se han dado durante la última semana serían posibles.

A lo largo del país, hemos vivido momentos tensos y difíciles que nos obligan a todos actuar con sensatez y responsabilidad.

No nos podemos dejar llevar por los anarquistas y aquellos que sin mirar en los buenos momentos que vivimos quieren llegar a crear momentos de incertidumbre y confusión que lesionarán nuestra imagen en el exterior

Llego el momento de demostrar que somos más los amigos del bien que del mal y que aunque tenemos problemas los tenemos que afrontar con inteligencia y compromiso con el país

Bienvenidos los mecanismos de participación que está estructurando el gobierno como un instrumento de análisis y compromiso con la solución a nuestras necesidades.

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2019

*Excomisionado de Paz.

Por Jairo Gómez*.- El lenguaje es una herramienta crucial que saben utilizar ciertos poderes para marginar el disenso político. Y esto es lo que ha querido hacer el presidente Duque, el antipopular alcalde de Bogotá, Peñalosa y algunos medios de comunicación con la marcha del 21N y los espontáneos cacerolazos.

Producto de las acciones violentas reprochables de una minoría, han querido desde el poder desacreditar cualquier divergencia -aunque sea justa- respecto del pensamiento de quienes marcharon diversamente para exigir cambios de fondo y estructurales en una   sociedad sumida en la desigualdad -el cuarto país más desigual del mundo, según la OCDE-, pero el establecimiento, inmerso en una ceguera infinita, la descalifica acusándola de fomentar el odio y la anarquía; no es conveniente en estos momentos de movilización permanente, marginar cualquier discusión posible y reforzar tercamente los límites de lo aceptable en el debate político, es un craso error que Duque y sus aliados en el Congreso no pueden fomentar.

La estrategia no es ignorar las voces disidentes, y menos responder con una acción violenta a través del ESMAD (Escuadrón Móvil antidisturbios de la Policía) que parece más un brazo armado de las élites que una fuerza cuyo deber es proteger la vida de todos los colombianos sin distingo de clase y restablecer el orden dentro los cauces del respeto a los Derechos Humanos.

Duque, comandante en jefe de las Fuerzas Militares, que prometió construir la obra de su gobierno sobre la premisa de la “paz con legalidad y el emprendimiento”, se decantó por coquetear con el autoritarismo; mal aconsejado, le dio más poderes a la Fuerza que a la política al permitirle al ESMAD reprimir las marchas pacíficas violando el derecho fundamental a la protesta. La consecuencia de esa torpe decisión fue el proyectil que un agente del ESMAD disparó contra Dylan Cruz y lo mató. 

Es tal la desconexión del gobierno que no quiere entender que la diversa marcha del 21N es la expresión auténtica de una sociedad sumida en la desesperanza y la inconformidad; no es una movilización convocada para instaurar el socialismo del siglo XXI o el comunismo, es una masa inconforme que reclama soluciones a la crisis social, económica, política y de justicia que distorsiona la calidad de vida de los colombianos y los saca del engranaje de un auténtica democracia; no quiere entender Duque que la gente lo asocia a una camarilla de funcionarios arrogantes (Minhacienda Carrasquilla) que desprecian a las clases bajas y medias de la sociedad. En eso tiene razón la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, al sugerirle al presidente y a la clase política tradicional más humildad, menos soberbia para rectificar y más disposición para escuchar las demandas del pueblo que marchó.  

Claro, el debate es mucho más de fondo y cuando se trata de corregir en estas circunstancias surgen preguntas: ¿hasta dónde está dispuesto a rectificar el gobierno? ¿Con qué celeridad lo debe hacer? Porque de una cosa sí debemos estar seguros, las reformas no dan espera y el ambiente de frustración es generalizado; esto no se soluciona con tibias conversaciones y propuestas como dejar de pagar el Iva durante tres días. Las reformas que reclama el 21N son urgentes, estructurales e incluyentes. 

No hay dudas de que el sistema privilegia a los poderosos y ese estado de cosas hay que cambiarlo. Por eso son muchos los interrogantes los que agobian a los colombianos que salieron el 21N a marchar: ¿Quién tiene secuestrada la democracia colombiana? ¿El establecimiento? ¿Los poderes económicos? ¿Los políticos que legislan a espaldas del país? ¿Una justicia inoperante que sólo se le aplica a los de ruana? ¿Los empresarios, ganaderos y banqueros que dirigen la economía?  ¿Los miembros de las fuerzas militares y de policía que imponen el orden para proteger los privilegios de las castas que gobiernan al país? O ¿Los narcos que con su poder corruptor sobornan a todos los anteriores? Preguntas sin respuesta que a diario martirizan la realidad nacional.

Bogotá, 26 de noviembre de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi

Por: Guillermo García Realpe* - Después de 42 años de haberse registrado el paro nacional del 14 de septiembre de 1977, durante el gobierno del entonces presidente Alfonso López Michelsen, Colombia volvió a vivir una jornada de grandes proporciones, donde el inconformismo ciudadano se vio reflejado en la mayoría de urbes y pueblos, todos reclamando un país más equitativo, en paz y donde las grandes transformaciones se hagan realidad. 

Las marchas y el cacerolazo incluido son señales de una ciudadanía que se cansó de lo mismo. Pero lo que se necesita hacer de fondo es enfrentar la enorme desigualdad social frente a odiosos privilegios del Estado. 

Lástima que el gobierno y los medios de comunicación hayan invisibilizado y ninguneado al 99% de la marcha que fue justa, legítima y pacífica y que en cambio hiciera eco a los desmanes y vandalismo presentados al final de la jornada por una minoría de desadaptados y quitado mérito a las justas reclamaciones del pueblo colombiano que, son la inmensa mayoría y que se vio reflejada en las calles durante la jornada del paro cívico nacional. Desconocer a esas inmensas mayorías de ciudadanos genuinos, libres, que marcharon de manera pacífica, es otro grave error de este gobierno y ese sólo hecho, hará que vengan futuras jornadas de protesta más fuertes, porque el inconformismo es generalizado. 

Aun así, la jornada del pasado jueves es un fuerte llamado de atención para que el gobierno escuche al país, se sintonice con Colombia, escuche el clamor de los indígenas, de los líderes sociales, de los excombatientes de las FARC, de los líderes ambientales, de restitución de tierras, defensores de Derechos Humanos, porque los están matando y el gobierno sigue sin margen de maniobra para actuar y preservar la vida de sus ciudadanos. 

Se requiere que se abra una agenda nacional, no una agenda de partido, porque el Gobierno y su bancada en el Congreso están centrados en su doctrina, en su dogma y en su ideología extremadamente partidista, desconociendo el gran espectro nacional que se siente aislado de las decisiones desacertadas del ejecutivo y su gabinete. 

Es el momento ideal para que el Gobierno Nacional entienda que se debe hacer una gran cruzada, un pacto por Colombia, donde lo social y las grandes reformas que hoy se necesitan, por ejemplo, en materia pensional, laboral, salarial, sean las protagonistas para garantizar un país más equitativo y viable, sólo así se evitará que estalle esa bomba social que se ve venir. 

También urgen soluciones para nuestra educación superior pública, y ello, solo se atiende con mayores recursos para el saber. 

Por si fuera menos, la poca voluntad política para garantizar la continuidad del proceso de paz con las FARC y ejecutar los programas del pos conflicto en las regiones donde con mayor intensidad se vivió la violencia y por el contrario apostarle a ser trizas la Paz, fue otro de los motivos que hizo que los y las colombianas salieran masivamente a las calles. 

Colombia hoy más que nunca necesita del liderazgo de su Presidente, pero dista mucho Iván Duque de ese liderazgo que a gritos reclama la ciudadanía en cada rincón del país. Existe hoy un sentimiento unificado de los colombianos, que cada día sienten como el país no evoluciona, que se estanca y donde el temor a dar el paso a las grandes reformas es la constante gubernamental. 

Se requiere que entre todos avancemos hacia ese gran pacto nacional, y desde el liberalismo estamos listos a apostarle a las grandes transformaciones, pero a las que estén encaminadas a defender al ciudadano de a pie, al pueblo trabajador, a la clase obrera, a nuestros estudiantes, líderes y lideresas sociales, al pueblo indígena, a quienes le apostaron a la Paz, un pacto que garantice trabajo bien remunerado, el desarrollo económico y competitividad del campo colombiano, un pacto por la Colombia profunda para que goce de inversión social, un pacto por la seguridad nacional, por la vida y la sana convivencia, sólo así lograremos un país donde quepamos todos a pesar de las diferencias, de lo contrario, cada vez veremos convertidas nuestras calles y plazas en escenarios de protesta ciudadana, donde la gente legítimamente reclame sus derechos. 

Necesitamos poner en cintura a las grandes multinacionales que saquean nuestras riquezas, dejándonos solo el daño ambiental, necesitamos que el empresariado colombiano piense en el bien general y no individual, necesitamos que la banca sea regulada y no usure más el bolsillo de los usuarios del sistema financiero, todo eso necesitamos cambiarlo y es el momento, Colombia despertó y cuando el pueblo despierta no hay barreras que lo detengan. 

Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2019 

*Senador Liberal 

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como es bien sabido, ya está en la recta final el trámite y aprobación por parte del Congreso de la República de la reforma al régimen de regalías, con miras a redistribuir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), oportunidad propicia para introducirle ajustes al funcionamiento y operación del mismo. Desde luego, no necesariamente este ajuste deberá quedar en la Constitución, dado que justamente uno de los objetivos del proyecto de acto legislativo que sometió el Gobierno a la consideración del legislativo  fue desconstitucionalizar aspectos que se pueden contemplar en la Ley que lo desarrolle, sin caer en el reglamentarismo.  

En cuanto al funcionamiento y operatividad del SGR, así como lo relativo a los trámites para la aprobación de los proyectos de inversión susceptibles de financiar con recursos del SGR, luego de hacer borrón y cuenta nueva del mismo, como lo hace este proyecto de reforma del régimen de regalías, considero que deben repensarse los procedimientos a seguir, pues el sistema de los órganos colegiados de administración y decisión ( OCAD) han sido un fiasco total. A la vista está, que allí se quedaron atorados en los meandros de dicho sistema más de $6 del bienio anterior (2017 – 2018) sin poderse ejecutar. Esto no puede continuar, además debe de ser revisado todo el proceso desde la gestación misma de los proyectos que se financian con recursos provenientes del SGR hasta la ejecución de los mismos, pasando por su correcta priorización, formulación y estructuración, para lo cual se requiere desarrollar capacidades en las regiones.

Una de las razones que se invocaron para la reforma del 2011, por ejemplo, fue impedir la atomización de los recursos y se siguió dando. Así lo pudo establecer la Contraloría General de la República, según esta “los riesgos de dispersión de los recursos de regalías persisten. El valor promedio de los proyectos es bastante bajo, en el caso de los OCAD municipales $1.030 millones y en los OCAD departamentales $3.170 millones”. Por lo tanto es menester que se establezcan unos parámetros muy exigentes y de obligatorio cumplimiento para que los recursos del SGR se inviertan en proyectos de mayor impacto en la competitividad regional.

Esta es la ocasión, además, para reivindicar la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política, transgredida groseramente por la norma que le permite al Gobierno Nacional tener poder de veto en las decisiones sobre la aprobación de los proyectos a los cuales se les asigne recursos del SGR. Así mismo, debe evitarse que, como lo permite la norma vigente, el Gobierno Nacional pueda tener la prerrogativa de entrar a competir por los recursos del SGR con sus propios proyectos frente a los que presenten las entidades territoriales. En este último caso, el Gobierno nacional es juez y parte, porque al tiempo que viabiliza los proyectos tiene la última palabra a la hora de aprobar los proyectos y asignarles los recursos. Esto es absurdo.

También nos parece peligroso que haga carrera la propuesta planteada por la Ministra de Minas y Energía, en el sentido que ella espera que “del presupuesto de regalías de 2020 por lo menos el 10% o 15% se hiciera a través de este mecanismo de obras por regalías”, pues las empresas privadas estarían desplazando a los entes territoriales como ejecutores de sus propios recursos. Ello, con base en lo establecido en la Ley del Presupuesto bienal 2019 – 2020 del SGR. Y, algo muy importante, que no se debe dejar pasar, es lo que se establece en la ponencia, según el cual “el SGR tendrá un sistema presupuestal propio, de iniciativa del Gobierno Nacional”, lo cual viola flagrantemente el principio constitucional de la autonomía territorial. Ello, a todas luces, es inadmisible. 

Bogotá, noviembre 22 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo.- De la reforma pensional sabemos varias cosas: Primero, que no hay todavía ningún proyecto de reforma preparado por el gobierno; Segundo, que válidamente y como uno de los argumentos para enfriar las marchas de protesta del pasado 21 de noviembre, el gobierno repitió hasta la saciedad que no está de acuerdo con elevar la edad para acceder a la condición de pensionado. O sea, el gobierno se apartó en esto de las recomendaciones del BID y de la OECD.

Tercero, que el gobierno se dispone a llevar el tema del futuro de las pensiones a la comisión de concertación tripartita (sindicatos, empresarios y gobierno) que usualmente se ocupa del salario mínimo, pero que próximamente será convocada para discutir la llamada reforma laboral, así como la pensional.

Cuarto, que como la ley de financiamiento (II) copará lo que queda de esta legislatura, el gobierno posterga la presentación de la reforma pensional para el año entrante.

Quinto, que según lo ha dejado entrever el Ministro de Hacienda, la idea es que en el futuro la gente se jubile de conformidad con lo que “haya ahorrado”.

Y sexto, que no está dentro de los cálculos del gobierno acabar con Colpensiones.

Lo anterior es lo que sabemos, pero… ¿qué es lo que no sabemos?

Primero y lo más importante: ¿cuál es la opinión del gobierno sobre el sinnúmero de otros asuntos que conforman una reforma pensional seria e integral, además del tema ciertamente muy sensible de la edad de jubilación?

Sobre esto, o sea, sobre lo que habrá de conformar el “corpus juris” la reforma pensional del futuro el mutismo gubernamental ha sido absoluto. Aunque no sabemos si sus opiniones las ha ido presentado en privado en unos comités técnicos que han venido funcionando.

Segundo, ¿será que de tanto haber repetido en estas semanas que no estaba de acuerdo con que se aumente la edad de jubilación (estribillo utilizado para enfriar el paro pero que algunos han tachado de populista o falto de coraje como requiere una reforma pensional de verdad), el gobierno puede haber llevado a muchos sectores de la opinión a creer que lo de la edad no es importante. A pesar de que sin duda lo es desde el punto de vista técnico y de la sostenibilidad del sistema?

Tercero, en teoría se concierta sobre una propuesta que ha preparado de antemano el gobierno. Que es quien dispone de todos los elementos técnicos, actuariales y estadísticos para diseñarla. Pero si como se sospecha el gobierno no tiene nada preparado ¿qué es lo que va a concertar? ¿O será que el gobierno está confundiendo un verdadero proceso de concertación en el seno de la comisión tripartita con una mera “lluvia de ideas” sobre el futuro de las pensiones en Colombia?

Cuarto, ¿Será que habrá tiempo y músculo político el año entrante (cuando el sol comienza a alumbrarle la espalda al gobierno Duque) para tramitar un par de reformas de tanta envergadura y complejidad como lo son la laboral y la pensional?

Quinto, si como lo ha dicho el Ministro de Hacienda la gente se pensionará con lo que logre ahorrar; y como el 90% de los colombianos no tiene ninguna capacidad de ahorro, ¿ello significa que el concepto de “solidaridad” está ausente en el diseño gubernamental del futuro pensional?

No hay que olvidar que esa ausencia de solidaridad en el sistema pensional fue precisamente uno de los detonantes del tremendo malestar social que estalló en Chile durante las últimas semanas.

Y, sexto: está bien que se preserve a Colpensiones, o sea el sistema de prima media; pero ¿cuáles son los irritantes privilegios y exageraciones que el gobierno tiene en mente eliminar del sistema pensional de los tantos que existen?

Empezamos, pues, a barruntar algo de lo que piensa el gobierno sobre el tema. Pero ¿es mucho más lo que nos queda aún por descubrir de su ignota visión pensional?

Bogotá, D. C, 24 de noviembre de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Con un crecimiento de 4,9% en el tercer trimestre el consumo de los hogares se ha convertido en la estrella de la economía colombiana. Además, como representa el 70% del PIB, es el principal factor que explica el leve aumento en la tasa de crecimiento del PIB, hasta llegar al 3,3%; tasa mediocre pero que es la mayor de toda Latinoamérica, con la excepción de Bolivia que crece por encima del 4%.

Es cierto que la inversión en capital fijo crece un poquito más, (5,1%), pero su impacto en el crecimiento es mucho menor por dos razones: primero porque es más pequeña su participación en el PIB -solo el 23%-, y segundo porque tiene un alto componente de importaciones, especialmente en el rubro de vehículos que están creciendo el 18%, que no contribuye a estimular la producción doméstica. De otra parte, a pesar de los estímulos tributarios, las importaciones de maquinaria y bienes de capital propiamente dichas solo están creciendo 2,8%

En muchos países los gastos de consumo de los hogares también son el motor del crecimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, la rebaja de impuestos de Trump a los más ricos y a las empresas no ha servido para estimular la inversión, y la economía está siendo jalonada por los gastos de consumo.

La diferencia radica en que allá está cayendo el desempleo, mientras que en Colombia está aumentando. ¿Cómo explicar entonces el crecimiento del consumo de los hogares cuando el número de personas que tienen trabajo formal e informal está disminuyendo y, por lo tanto, se puede pensar que sus ingresos no están creciendo?

Hay cuatro factores que pueden explicar esta aparente paradoja. El primero es el aumento de los ingresos por las remesas que mandan a sus familias los millones de colombianos en el exterior. Hasta septiembre ya llegaban a USD 5.000 millones, con un incremento de 18% frente al año anterior, cuando se miden en pesos, que no solo permiten un mayor consumo sino que compensan en parte el enorme déficit de nuestra balanza comercial.

El segundo es el aumento del crédito de consumo que va creciendo a una tasa del 14%, lo cual pone más plata en los bolsillos de los consumidores, pero como toda prosperidad al debe aumenta el riesgo hacia el futuro, si bien hasta ahora no hay síntomas de deterioro de la calidad de la cartera.

En tercer lugar están los inmigrantes venezolanos: Un millón y medio de personas que han llegado escapando de la crisis de su país tienen que comprar por lo menos alimentos, ropa y medicamentos. Finalmente, los ingresos del narcotráfico, pues el aumento del área sembrada de coca implica mayores ingresos para los campesinos cultivadores y para toda la cadena asociada a la producción del alcaloide.

Cali, 24 de noviembre de 2019  

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera.-Después de nueve años de labor y exitosos resultados, culmina uno de los proyectos más significativos de cooperación internacional en beneficio del sector: “Ganadería Colombiana Sostenible”, promovido y dirigido por Fedegán, y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, de la Organización Banco Mundial, y por el Departamento de Energía y Cambio Climático del Gobierno del Reino Unido.

El proyecto, que contó también con la participación del Centro de Investigación CIPAV, el Fondo Acción y The Nature Conservancy, estuvo centrado en los Sistemas Silvopastoriles, que no solo permiten la preservación de la naturaleza, sino el incremento sustantivo de la productividad y, por esa razón, están llamados a convertirse en norte para la ganadería, a partir de una meta, para 2022, de 100 mil hectáreas en Sistemas Silvopastoriles, que el Gobierno incluyó en su agenda ambiental y fue presentada por el presidente Duque ante la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático el pasado mes de septiembre en la ONU.

Este es uno de los temas centrales del 37º Congreso Nacional de Ganaderos, que se realiza en Bogotá entre el 25 y 26 de noviembre, bajo el lema de “Ganadería Sostenible: el futuro”. Creemos en ese postulado desde la esquina de la reconversión productiva de la ganadería, a partir de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación al quehacer ganadero, y es también nuestra convicción desde la perspectiva de la responsabilidad social ganadera frente a la realidad del cambio climático.

Esa nueva ganadería estará en mejores condiciones de acceso a los principales mercados, el otro de los temas centrales del Congreso, en el que expertos nacionales e internacionales harán un análisis sobre el potencial exportador de nuestra ganadería y las posibilidades de acceso de la carne colombiana al mercado chino.

Se trata de una posibilidad real, en un momento en que los ojos están puestos en el sector agropecuario como alternativa de diversificación exportadora. Aunque adolece, como todo el sector agropecuario, de grandes carencias en competitividad por las precarias condiciones para el desarrollo, comenzando por la red vial terciaria y la inseguridad prevalente, Colombia tiene importantes ventajas comparativas para la producción y exportación de productos ganaderos, que deben ser aprovechadas como factor de cambio para la modernización ganadera y la recuperación del campo.

*Nota bene*.

Lo que tenía que pasar pasó, la Colombia urbana salió a marchar por un mosaico variopinto de motivaciones y, en muchos casos, sin motivación alguna. Los vándalos hicieron de las suyas impunemente, agredieron a la Fuerza Pública y destruyeron bienes públicos a su antojo; y al caer la noche, las cacerolas sonaron más estridentes en los conjuntos residenciales de las clases más pudientes. ¿Por qué protestaban?

Respeto profundamente el derecho a la protesta social, pero rechazo la irresponsabilidad de llevar al país al borde de abismos peligrosos, a sabiendas de los enormes riesgos, mientras los medios suman rating como si se tratara de un espectáculo ajeno y distante, y el “centrosantismo” se frota las manos alebrestando una inconformidad acumulada, cuya factura le corresponde más que a nadie al mismo Santos, que dejó resembrar el país de coca y de violencia, y no tuvo límites para comprar con mermelada los apoyos para una paz mal negociada.

Mientras tanto, la olvidada Colombia rural, ella sí con motivos de sobra, no marchó ni hizo sonar sus cacerolas, sino que siguió trabajando en silencio para alimentar a esas masas urbanas que protestan por todo y por nada.

No acabo de escribir estas líneas y ya se amenaza con un segundo día de marchas. Dios nos guarde.

Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie.

Por Gabriel Ortiz.- Por fin se puso al descubierto la refriega que existe dentro del gobierno, entre los uribistas “purasangre” y los que acompañan a Duque, con lealtad, porque según dicen: siendo desleal, el hipócrita también es ingrato.

Indigno el diálogo secreto entre el embajador Pacho Santos y la nueva Canciller. El honor es un ave extraña, para engañar al Jefe de Estado.  

Dentro del partido de gobierno hay muchos que son más papistas que el Papa. Se ven muy por encima de quien fue elegido. No respetan su autoridad. Se alinean sin pudor al lado del “eterno”. Solo ante él se inclinan y por él vociferan. Desde el mismo día de la posesión, un “bachiller” pasó por encima de quien estaba jurando defender la Constitución. Fueron muchas las sonrisas y abundaron los aplausos de la galería, que consideraba que otro que se encontraba entre los invitados, era el hombre fuerte: el patrón.

En el espíritu de Duque parecía existir el deseo de cumplir con los principios y promesas de su campaña, empezando por fortalecer la paz, crear empleo, fortalecer la economía, beneficiar a las clases populares y demás ofertas.

Los colombianos consideraban que había llegado una juventud al poder, con propósitos que se fijan las mocedades cuando llegan a la cosa pública. Y seguramente esa era su intención. No contaba con la presencia de falsos consejeros y exprimidores de poder. Esos que le trabajaron la voluntad, para desviarlo hacia el restablecimiento de la hegemonía en el gobierno. Fue cuando Duque empezó a separarse del propósito que traía de ser el Presidente de todos los colombianos.

Bachilleres, primos, cabales, palomas, sanpachos y eternos formaron filas para apoderarse de pérfidas costumbres políticas, fortaleciendo una polarización que creyeron estruendosamente rentable para sus ambiciones.

Duque alcanzó a liberarse de las amarras e invitó a todos los partidos políticos a acompañarlo. El país vibró de emoción, pero la frialdad se apoderó rápidamente de la idea, cuando se descubrió que en la trastienda de los “purasangre” existen otros intereses rabiosamente destructores.

Bogotá, D. C, 22 de noviembre de 2019 

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.