Opinión

Por Jorge Enrique Robledo*.- En el gran paro nacional convocado para el 21 de noviembre, que se ha prolongado por dos semanas, no han participado solo jóvenes. Porque otros también podremos contarles a nuestros hijos y nietos que tuvimos el honor de respaldar esta formidable movilización democrática. Pero es irrefutable que sin el valor, la generosidad y el patriotismo juvenil, el reclamo no habría logrado el enorme éxito que alcanzó. Gracias a ellos.

Estamos ante la mayor movilización social de la historia de Colombia. Por las multitudes que la han respaldado, la diversidad de los sectores sociales que la hicieron suya, los numerosos municipios movilizados y el tiempo transcurrido. Y con ella se dio el primer gran cacerolazo nacional, forma de protesta que les permite participar a los que no pueden hacerlo de otra manera. Esta es la verdad de lo sucedido. Así Duque y sus alfiles utilicen ardides para negarlo, hasta caer en osos peludos. La otra conclusión innegable indica que ha de haber un malestar muy grande para darse una protesta de este calibre, cuyos motivos respalda el 74 por ciento de los colombianos (Gallup).

A los jóvenes los movilizaron que 550 mil de ellos son ni-ni, ni estudian ni trabajan porque el país se lo niega. El desempleo juvenil llega al 18 por ciento. 394 mil le deben hasta la camisa al Icetex y ven en su futuro los duros pagos de estas deudas y el desempleo o los malos empleos. Aunque parezca mentira, aumentan los profesores a los que solo les pagan diez meses al año. Son inicuas las condiciones laborales de los médicos y demás trabajadores de la salud. Y el paro derrotó el proyecto de ley del senador Álvaro Uribe, que ponía a los jóvenes a trabajar por menos del salario mínimo, la misma propuesta de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Los neoliberales dicen que quieren mucho a los niños y a los jóvenes, pero el 72 por ciento de sus padres sufre por el desempleo y la informalidad y entre ellos pulula la pobreza. Carrasquilla explicó que “la gente se pensionará con lo que ahorre” (https://bit.ly/356jYiM, http://bit.ly/2YqNmha ), es decir, que los que de chiripa logren adquirir ese derecho, recibirán pensiones miserables, del orden del 25 por ciento del sueldo promedio de los últimos diez años.

También llenó las calles el repudio juvenil a la inmensa corrupción en el poder, la privatización del sector financiero estatal, el omnipresente maltrato ambiental y la reforma tributaria, que les reduce los impuestos a los súper superricos del mundo que operan en Colombia (https://bit.ly/2Ro9nvR) y se los sube a los pobres y a la clase media. Y la impulsó bastante que Colombia sea el cuarto país más desigual del mundo y que lo hayan sometido a las orientaciones de la OCDE. Es obvio que los jóvenes, con razón, no creen que Duque busque ofrecerles un futuro amable o siquiera parecido al de antes de la globalización neoliberal.

Esta movilización se agiganta al saberse que Duque y los suyos actuaron como Herodes, al intentar matarla en la cuna, mediante falsedades y manipulaciones, la forma solapada con la que atentaron contra el derecho constitucional de los colombianos a protestar, con lo que mostraron la poca estima en la que tienen la democracia. Que además no insistan en la falacia de negar que la movilización ha sido pacífica y democrática, como con acierto la promovió el Comité Nacional de Paro. Y ningún daño a la propiedad pública o privada –que repudiamos y que es por completo ajeno al reclamo y a sus orientaciones– justifica los excesos de fuerza del Esmad y menos la muerte del joven Dilan Cruz, víctima de un arma diseñada para que pueda matar y que el Estado no ha debido entregarle al Esmad, que se supone es una fuerza de carácter civil ante reclamos de civiles.

Entre los peores yerros de Duque, resalta su actitud soberbia de desconocer al Comité Nacional de Paro como el vocero de la gente que reclama, utilizando una fórmula hasta ridícula para hacerlo. Porque un gran porcentaje de los invitados a opinar votaron por Duque, se opusieron a la protesta y pueden ser sometidos por la mermelada de la Casa de Nariño. Muy bien por la alcaldesa Claudia López al decirle a Duque que no le actuaba de comparsa en esa pantomima, porque la gente que estaba en la calle tenía sus voceros.

Y no es que Duque no pueda pedirle opinión a quien quiera sobre lo que desee. Es que las 13 peticiones del Comité Nacional de Paro que promovió la protesta tienen todo el respaldo democrático para tramitarse por aparte, en razón del gran reclamo que las respalda, nunca antes visto en Colombia, y porque el Presidente debe asumir, con respeto, la atención del derecho a protestar que la Constitución le otorga a la ciudadanía.

Bogotá, 7 de diciembre de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Gabriel Ortíz* .- Hemos llegado a los primeros 15 días del paro nacional y “no pudieron” entender a la juventud. “No pudieron”, dijo en desafiante trino la mininterior. No podrán entender como es la cosa, cómo transcurren los acontecimientos que nos han llevado a un paro interminable por falta de diálogo.

El propio Presidente Duque, fijó un plazo de 115 días que se cumplen el 15 de marzo, para alcanzar un acuerdo. Entre tanto, la ciudadanía sufre las consecuencias de una semiparálisis con consecuencias económicas, políticas y sociales que crispan, convulsionan e irritan a la población colombiana.

Estamos frente a un nuevo hecho: los manifestantes son, por primera vez, las generaciones Y y Z, frente a unos adversarios de la generación X que no entienden la manera de proceder, actuar, reclamar y proyectarse, que aplican los millennians y centenial. Estos son hoy el 59% de nuestra población. Son narcisistas, consentidos, independientes, consumidores exigentes y aspiran a empleos que aún no existen. Están preparándose para el país del futuro. Están pegados a las redes y son protagonistas de ese movimiento que les permitirá vivir en una patria en paz, progreso, reconciliación, educación, salud, tierra, empleo, pensiones justas, medioambiente, servicios públicos de calidad. Una nación que impida el cambio climático, la minería ilegal, el fracking, la pesca de tiburones, la corrupción, etc.

Repudian las armas, se inclinan por una ciudadanía racional, que no se deje amedrentar, que rechace el miedo, que no sea temerosa, que no se deje amenazar con militarismos, ni con Farc, ni ELN, ni guerra. Piensan en un país vivible, antes de atreverse a traer descendencia a esta patria que sigue metida en un conflicto armado, abonado por el odio, la discordia, el desprecio, el resentimiento contra los que han logrado cimentar una mentalidad de paz y reconciliación.   

¿Cuál es nuestro futuro?  se preguntan y alcanzaron a abrigar una esperanza cuando llegó Duque. Bordeaba sus edades y podría entenderlos, e invitarlos a sumarse a su causa y a acompañarlo. Pero Duque tendría que alejarse de la rancia mentalidad de quienes lo rodean.

Infortunadamente pudieron más las tradiciones politiqueras y las manipulaciones de quienes se apoderan legal e ilegalmente de ciertas instituciones, torpedeando las intenciones del Jefe de Estado. Por ello no ha existido diálogo sincero y humilde, que permita al gobierno, al presidente, escuchar y liderar la situación, que ahora se agrava con la aplicación de nuevos castigos económicos a las clases media y popular, mientras se ofrecen ventajas y beneficios a los más ricos, con una reforma tributaria retardataria.  

El Presidente, sus consejeros, ordenadores y asesores, no entienden a los jóvenes que marchan y “cacerolean” en paz y sin descanso para alcanzar un futuro. Un futuro que no se traduzca en ese trino amenazante de “no pudieron”,  de la ministra y de quienes creyeron que iban a derrocar a Duque.

BLANCO: El complejo turístico de Cafán en Villa de Leyva.

NEGRO: El ingreso a la funeraria del Cantón Norte. Es otro martirio para los dolientes.    

Bogotá, D. C, 5 de diciembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.    

Por José G. Hernández.- La acción pública de inconstitucionalidad no es una generosa concesión de la Corte Constitucional sino un derecho esencial del ciudadano en el sistema que consagra nuestra democracia.

Si, según el artículo 2 de la Carta Política, objetivo estatal de primer orden consiste en la efectividad de los derechos y garantías consagradas en ella, y si, de conformidad con lo previsto en los artículos 40-6 y 241 de la Constitución, cualquier ciudadano puede formular demanda de inconstitucionalidad, es claro que obstaculizar o bloquear en la práctica el acceso del ciudadano a la acción, pese al pleno cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la ley -artículo 2 del Decreto 2067 de 1991-, configura una forma de violación del derecho. Y resulta inconcebible que quien vulnere el derecho del ciudadano sea la corporación a la cual el propio Constituyente confió la defensa judicial de la Constitución.

El ciudadano tiene derecho a la vigencia efectiva de la Constitución, y su derecho -sin que deba acreditar un interés personal- se materializa cuando puede actuar ante el órgano que garantiza el imperio de aquélla, con el objeto de lograr que, previo el proceso correspondiente, se declare (con fuerza de cosa juzgada) si una determinada disposición quebranta o no los principios y preceptos constitucionales.

Por tanto, basta que el ciudadano cumpla los requisitos exigidos en el mencionado precepto -con sus palabras, de modo informal y en términos sencillos- para que la Corte tenga la obligación de tramitar su pedimento y resolver de manera definitiva, mediante sentencia de Sala Plena, previo concepto del Procurador General de la Nación, si la norma acusada es exequible o inexequible. Ha de dictar, entonces, un fallo de fondo mediante el cual se concrete la eficacia del control constitucional y se cumpla la función que justifica la existencia de ese tribunal.

De allí que, cuando los magistrados se empeñan en exigir al ciudadano del común que cumpla con unos requisitos de carácter técnico especializado y formalista, no previstos en la Constitución ni en la ley (“suficiencia”, “pertinencia”, “especificidad”, “claridad”, “dualidad”, etc.), sino añadidos caprichosamente por ellos, examinados, apreciados y valorados en cada caso con criterio eminentemente subjetivo (como ha venido ocurriendo en los últimos años), omiten el ejercicio de la función pública que se les confía, quebrantan el derecho del ciudadano y permiten que, al eludir su responsabilidad, sigan rigiendo normas contrarias a la Constitución que deberían resguardar.

De allí que resulte necesario recordar algo que, al parecer, han olvidado: la especial trascendencia que reviste para la democracia, para la Justicia y para el Estado Social de Derecho, un vigoroso y eficiente sistema de control judicial de constitucionalidad.

Los magistrados de la Corte deben levantar el bloqueo que impide al ciudadano –el ama de casa, el estudiante, el obrero, el oficinista, el trabajador- ejercer un derecho garantizado en la Constitución.

Bogotá, D. C, 4 de diciembre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo.- Las marchas que se han venido realizando en diferentes lugares de nuestro país, incluida nuestra capital, son muestra de una democracia e, indudablemente, de la libertad de expresión.

Ahora bien, en muchos de los casos se han visto desórdenes con violencia y vandalismo, objetivos de desestabilización y actos de criminalidad, como son el daño de bienes públicos y privados. En estas marchas se presentaron hasta casos de destrucción de instalaciones y saqueo de almacenes de víveres y electrodomésticos.

Los inmensos daños hechos al Transmilenio son inconcebibles y además se constituye en un atentado contra una empresa que lo que hace es prestarle un servicio a la gente más necesitada y trabajadora de Colombia, que requiere de un sistema de transporte para ir tanto a su trabajo como para regresar a sus casas y movilizarse por la capital. La pregunta que uno se hace es ¿qué justifica esas acciones? Pues nada. Su único objetivo es el de atentar contra los más necesitados y la clase trabajadora del país.

Sabemos bien que parte central y estructural del acuerdo de paz con las Farc es haber cambiado la lucha de armas y el rugir de los fusiles por el mecanismo de la protesta social y el ruido de las voces. Un gran paso para acabar con la triste historia de las muertes en combates y los ataques a los municipios e infraestructura de la Nación, pero no se puede permitir que personas con perversidad aprovechen estos actos para generar anarquía y hacerle creer a la comunidad internacional que Colombia entró en una etapa de autodestrucción. Eso no lo podemos permitir.

En momentos en que los países del continente no tienen cifras que sean muy positivas, Colombia estaba creciendo alrededor del 3.4% en el año 2019 y hoy las noticias con las marchas y paros que se han dado, han puesto en congelador muchas inversiones tanto nacionales como internacionales que se estaban realizando. El mal que se le ha causado a Colombia con esta estrategia de paros y sobre todo de parálisis de distintas actividades es incalculable.

Aquellos dirigentes políticos que se han prestado a las pérdidas sucedidas o ingresos e inversiones dejadas de realizar son los grandes responsables que nuestra velocidad de desarrollo y generación de empleo se vea disminuida.

Mi invitación no es a que dejemos de estudiar y resolver las inquietudes y solicitudes que se hacen, sino que seamos responsables con nuestro país no creando el caos que se ha venido presentando.

Los colombianos que no estamos de acuerdo con que cuando mejor nos está yendo para la economía y el desarrollo con equidad, cuando el área de la educación nunca antes se había visto tan bien atendida por el gobierno dándole la contribución y participación económica como nunca antes, se le cobre a este gobierno lo que se ha dejado de hacer en el pasado.

No es el momento de seguir destruyendo, es el momento de ser innovadores, emprendedores, fortalecer la institucionalidad y unirnos alrededor del futuro de nuestra amada Colombia.

Es el momento de acabar con la polarización, construir gobernabilidad, conversar y consolidar soluciones entre todos pero no de destruir, o lo que es peor por parte de dirigentes políticos, que es acabar con el buen momento que ante el mundo estamos viviendo en nuestro país.

Bogotá, D. C, 4 de diciembre de 2019

*Ex comisionado de Paz

Por Óscar Villamizar Meneses*.- Desde la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Representantes me uno a la iniciativa  de las Naciones Unidas de proclamar formalmente el 3 diciembre como “el Día Internacional de la discapacidad” con el propósito de “proteger y garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad”.

Hoy como colombiano me uno a la conmemoración de los más de 4 millones de compatriotas que hacen parte de este grupo poblacional. Hemos trabajado y seguimos trabajando para ayudarles a derribar las barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad.

Con este propósito he decidido presentar al Congreso de la República un proyecto de ley  que pretende reconocer y apoyar a los cuidadores. Buscamos establecer medidas eficaces y oportunas en materia de formación, atención en salud física y mental y generación de ingresos para los encargados de acompañar permanentemente a quienes necesitan ayuda de otros para satisfacer sus necesidades mínimas de cuidado, movilización y gestión; cuidadores  que según las cifras del Registro de Localización y Caracterización del Ministerio de Salud, en su gran mayoría son mujeres.

Lograremos el reconocimiento de la labor de cerca de 500 mil mujeres y más de 100 mil hombres que cumplen el rol de cuidadores y que requieren de medios y apoyos que les garanticen la provisión económica para suplir sus propias necesidades y las de su núcleo familiar.

Ustedes no son invisibles para nosotros y queremos contribuir al desarrollo de políticas públicas favorables que se reflejen en mejores condiciones de vida.

El día internacional de la discapacidad son todos los días.

Comuníquese con nosotros, queremos conocer sus aportes a este proyecto.

Facebook: Óscar Villamizar Meneses

Instagram:@oscarvillamiz

Twitter: @oscarvillamiz

Asesor responsable: Balkis Gordillo Moreno

Celular de contacto: 3124482530

Bucaramanga 3 de noviembre de 2019

*Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes

Por Juan Camilo Restrepo*.- Álvaro Gómez decía que el diálogo social era útil en los asuntos públicos. Pero que el “Estado dialogante” no lo era.

Con ello quería decir que un gobierno abierto al diálogo social era siempre deseable. Pero cuando caía en situación dialogante, o sea, en una conversadera indefinida y permanente, terminaba en la parálisis de la acción administrativa.

La llamada “conversación nacional” que el Presidente Duque anunció al día siguiente de paro nacional del pasado 21 de noviembre puede tener la virtud de favorecer una mayor participación ciudadana como una respuesta racional al malestar que se hizo evidente con las marchas de protesta. Pero también entraña el riesgo de hacernos caer en un paralizante “estado dialogante”. Todo va a depender de cómo se maneja.

Tomemos el ejemplo de la reforma pensional. El gobierno ha dicho que llevará este espinoso tema a la comisión tripartita de concertación. Pero ¿cuál es la idea propia del gobierno sobre la arquitectura que debe tener la reforma pensional que necesita el país? ¿Por cuánto tiempo la someterá a concertación en el seno de la comisión tripartita que hasta el momento solo se ha ocupado del salario mínimo? ¿Con qué otros estamentos pretenden concertarla?

¿Cuándo se dice que la reforma pensional va a concertarse se entiende que se pretende llegar a acuerdos formales con los estamentos consultados? ¿O simplemente que se va a hacer un ejercicio de “lluvia de ideas”?

Cuándo la reforma llegue al Congreso -a dónde tiene que llegar pues se trata de reformar la legislación pensional- ¿qué firmeza va a tener lo concertado de antemano y cuál el margen de maniobra que le queda al legislativo?

Otro tanto puede decirse de la reforma tributaria que está en curso en el Congreso ¿Se va a reabrir su discusión en otras instancias? ¿Cuáles? ¿El tema tributario hará parte de la llamada “conversación nacional”? ¿Cómo se va a avanzar consensuadamente hacia mejores estándares de equidad en Colombia si se esquiva el tema tributario de la “conversación nacional”?

Para que la “conversación nacional” sea algo serio y creíble tiene que tener cronogramas y temarios muy precisos. No puede caer en vaguedades. Ni en la ilusoria fantasía de que basta con una consulta tumultuaria.

Tampoco puede terminar siendo una estéril vía de escape gubernamental frente al malestar ciudadano que se evidenció el 21 de noviembre. Tiene que ser algo muy serio y ordenado. En Francia se hizo algo por el estilo por el Presidente Macron como una respuesta a las demandas de los chalecos amarillos.

Además: que entremos en un terreno de más profundidad en el diálogo social no dispensa al gobierno de tener sus propias directrices e ideas. El gobierno no puede paralizar su propia agenda. Que debe presentarla al Congreso y allí, como corresponde tratándose de cambios legislativos, buscar los consensos necesarios para que se transformen en leyes.

Nos vamos a mover pues en el terreno vidrioso de un diálogo social fértil o en el de un estéril estado dialogante. Nunca se había necesitado tanto de un liderazgo fuerte y de una inmensa dosis de lucidez por parte del gobierno. Para que sea lo primero y no lo segundo.

Bogotá, D. C, 1 de diciembre de 2019

*Abogado y Economista, Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Después del paro nacional del 21-N, convocado por las centrales obreras y multiplicidad de organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles y de las marchas multitudinarias en todo el país y en muchos países extranjeros, que se han prolongado con un inédito y ruidoso cacerolazo por doquier, el Presidente de la República Iván Duque se dio por notificado. En su alocución al final de la jornada, que se vio empañada por graves disturbios y desmanes localizados en varias regiones del país, el primer mandatario manifestó: “hoy hablaron los colombianos y, lo que es más importante, dijo que “los estamos escuchando”.  A renglón seguido sostuvo que “el diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción”. 

Creo que con estas palabras el Presidente Duque está tratando de reconstruir los puentes que había derruido con su descalificación a la convocatoria del paro, por considerar que la misma estaba basada en mentiras. Pero, mientras él trataba de desmentir, por ejemplo, que estuvieran en riesgo COLPENSIONES y el régimen de prima media, dos de sus ministros se trenzaron en un debate público en torno a lo que será la propuesta del Gobierno. Mientras el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla planteó públicamente su desacuerdo con el régimen de prima media vigente, la Ministra del Trabajo Alicia Arango se mostró contraria a la propuesta del Ministro Carrasquilla.

Y, de contera, se insiste por parte del Gobierno en mantener en la reforma tributaria que cursa en el Congreso las gabelas tributarias a las grandes empresas, dizque para que generen más empleos mientras los destruyen. Según el Observatorio del Mercado de trabajo y la Seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, en el trimestre abril – junio de este año se perdieron 360 mil empleos y en el siguiente trimestre, julio – septiembre, se perdieron 475 mil más. Y, mientras la tasa de desempleo sube y de nuevo volvió a los dos dígitos, ahora la nueva propuesta, supuestamente para generar más empleo, es seguir flexibilizando y precarizando el empleo, particularmente el de los jóvenes. Esta calamitosa situación, por sí sola, justificaba la protesta.

Aunque, por fuerza de las circunstancias, el Gobierno se vio precisado a aplazar su propuesta de reforma al régimen laboral y pensional, esta pende como una espada de Damocles sobre la clase trabajadora, razón suficiente para que quienes temen por su futuro se manifiesten en paz, como lo hicieron, para conjurar el peligro que se cierne, sin esperar bracicruzados que este riesgo se materialice.

Así como después de un temblor viene el tremor, aún no se ha recobrado la calma y la tranquilidad, continúan brotes de movilización y protesta en muchos lugares del país. Los organizadores del paro le respondieron al gobierno que están listos para el diálogo en torno a las motivaciones del mismo. Por lo menos ya hay un primer consenso entre las centrales obreras, las organizaciones sociales, los partidos políticos sin excepción y el Gobierno, al condenar al unísono los actos vandálicos y los desmanes, que nada tienen que ver con la protesta civilizada que tuvo lugar el jueves pasado. 

No se puede trivializar la protesta, afirmándose, como se afirmó en algunos medios, con alguna ligereza y contumacia, que “con la anunciada marcha comienza en firme la campaña presidencial” para concluir que la misma “hace parte de una estrategia continuada que irá hasta las elecciones del 2022”, porque de ser ello cierto no haría sentido dialogar en torno a los reclamos de la protesta. Tanto mas cierto, si se parte de la base, infundada, de que “esta marcha tiene varios planes de gobierno. Cuáles? Los que perdieron las elecciones, pero que ahora nos lo quieren imponer en las calles”. Para afirmar esto se necesita estar, como diría el escritor Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”, pues los hechos son tozudos.

Tampoco se puede despachar el tema olímpicamente, aseverando que todo se reduce a un problema de falta de comunicación del Gobierno y, por lo tanto que, para superar el desencuentro del gobierno con la ciudadanía, bastaría con que “comunique lo que ha hecho y desmienta las mentiras de algunos sectores”, como lo sugiere un Senador. De ser así, bastaría con cambiar el equipo de comunicaciones de Palacio y listo; pero, la calentura no está en las sábanas. El problema es más de fondo y no hay que poner el oído en la tierra para advertir que hay disgusto, insatisfacción e indignación ciudadana y así lo ha entendido el propio Presidente.

La lucha  no es contra molinos de viento, las razones de la protesta están lejos de ser una entelequia. La agenda abierta con el paro debe tramitarse por los canales que ofrece y garantiza la democracia, que se ve fortalecida con el diálogo y la concertación y no con evasivas. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que su clase dirigente entierre la cabeza en la arena como el avestruz. Eso fue lo que pasó en Chile, tanto el Presidente Piñera como la clase política reaccionaron tardíamente y por ello, a pesar del remezón del gabinete ministerial, el reajuste del salario mínimo y las pensiones e incluso la promesa de una reforma de la Constitución, la tensión sigue y la protesta no amaina para nada, pues los ánimos siguen caldeados, en medio de la crispación política.

Este fue el primer campanazo y así parece haberlo entendido el Presidente Duque al proponer la profundización del diálogo social, pero las palabras se las lleva el viento, hay que pasar y cuánto antes mejor de las palabras a los hechos, porque, como bien dijo Ovidio, las palabras sin acciones son asesinas de los ideales!

Bogotá, D. C, noviembre 30 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Aunque el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley con el mismo contenido de la derogada Ley de Financiamiento, el cabildeo ya se ha movido para introducir cambios que benefician intereses particulares. Uno de ellos es la eliminación del impuesto al consumo de bienes inmuebles con valor superior a los $900 millones, que había sido fijado en exiguo 2%.

Son dos las razones aducidas para esta eliminación: primera, que “su recaudo ha sido inferior al esperado” y segunda, que “ha generado un impacto negativo sobre la dinámica inmobiliaria y el mercado de vivienda nueva en el país”. La primera es fruto de una trampa y la segunda una falacia.

Respecto al bajo recaudo, el Ministro dijo que pudo obedecer a que procesos de compraventa se postergaron esperando el resultado de la demanda contra la Ley. Atribuirle a este mínimo sobrecosto el freno en la industria de la construcción es buscar el ahogado río arriba y desconocer el más elemental de los principios de la economía, la ley de la oferta y la demanda.

Es cierto que en el mercado de oficinas y de viviendas de estratos altos hay un alto inventario de inmuebles y que las ventas se han ralentizado, pero es ingenuo pensar que es porque los precios se incrementaron 2%, que es menos que la comisión que se paga a los intermediarios de finca raíz.

En cualquier mercado si los precios suben mucho, la gente compra menos, y para que vuelva a aumentar la demanda tienen que bajar los precios. En el caso de viviendas y oficinas los precios se han disparado, y como no se ha dado el proceso de ajuste, se ha llegado a la situación de exceso de oferta de bienes inmuebles.

Veamos las cifras del DANE. En lo que va de este siglo la inflación (medida por el Índice de Precios al Consumidor - IPC) ha sido del 139%, mientras que los precios de la vivienda nueva se han incrementado 393%, es decir casi el triple. Esto quiere decir que si los ingresos de una persona han crecido al ritmo del IPC, hoy le cuesta tres veces más adquirir una vivienda.

Bogotá es el caso extremo con un aumento de 442%, mientras que Medellín es el más “bajo” (mejor menos alto), con solo 319%. ¿Se necesita alguna otra explicación de por qué se están comprando menos viviendas? Frente a esto el impacto de un impuesto de 2% es totalmente insignificante.

Otro dato interesante del DANE es que en el mismo período los costos de materiales, mano de obra y equipos usados en la construcción de vivienda (sin incluir la tierra) solo han crecido 128%. ¿Quién se está quedando con la diferencia? Tres posibilidades: los propietarios de la tierra, los bancos, o mayores utilidades de los constructores. Lo único claro es que no es el impuesto del 2% que se debe mantener por razones de equidad.

Cali, 1 de diciembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Concluyó el Congreso Nacional de Ganaderos, con más de 1.800 asistentes, importantes conferencistas nacionales y extranjeros, y la presencia del presidente, ministros y altos funcionarios.

¿Qué le dijimos al presidente?

Primero: que los ganaderos lo respaldamos y hacemos parte de los más de diez millones de colombianos que lo eligieron con voto programático.

Denunciamos la responsabilidad de las organizaciones convocantes del paro, obstinadas en incendiar a Colombia, bajo la piel de oveja de la legítima protesta ciudadana.

Rechazamos las mentiras de Petro y los políticos de ocasión, que siembran odio y violencia a través de las redes, azuzando minuto a minuto, manipulando las insatisfacciones, tratando de ridiculizar al gobierno, deslegitimando a la Fuerza Pública y convocando a la movilización permanente, infiltrada por peligrosos episodios de vandalismo. El objetivo es arrodillar al Gobierno. Esa fue la amenaza de Petro y pretende cumplirla.

Denunciamos la distorsión de la realidad, promovida en algunos medios y por los promotores del odio, que incitan a los colombianos a llorar por un solo ojo. Es lamentable la muerte de cualquier colombiano, pero no vemos un hashtag invitando a honrar a veinte jóvenes cadetes asesinados por el ELN o a 376 policías heridos por los vándalos, entre ellos 26 mujeres.

Saludamos la propuesta de diálogo, pero advertimos de las oscuras intenciones de algunos interlocutores, que buscan llevar al gobierno a un mandato de cabildo abierto y mayores exigencias, bajo la amenaza de la movilización permanente que lleva al colapso y la violencia callejera que desestabiliza.

Denunciamos que lo que sucede en Colombia no es un hecho aislado, sino producto de un libreto que ha dado resultado en el vecindario, concebido por la izquierda y financiado por el narcotráfico de las disidencias de las Farc, del ELN, y del antiguo EPL -los Pelufos-, todos asociados con las mafias y los carteles mexicanos.

Es la estrategia de movilizar a la población, siempre insatisfecha por algo; afectar bienes públicos y privados, propiciar enfrentamientos con la Fuerza Pública para que haya víctimas que se conviertan en mártires, y luego culpar al Gobierno y amarrarle las manos.

Le dijimos al presidente que EL CAMPO NO SE PUEDE VOLVER A DAÑAR, y rechazamos que, entre las demandas del paro se cuele, otra vez, la profundización de la reforma agraria, como si no fuera poco el ánimo expropiatorio que las Farc dejaron plasmada en su Reforma Rural.

¿Qué nos dijo el presidente?

Que el suyo es un gobierno de palabra, que cumple lo que promete, pero nunca prometerá lo que no puede cumplir, y dio ejemplos claros.

Convocó a la unión, pidió rechazar la violencia y dejó claro que “los violentos no nos van a arrebatar lo que hemos construido como sociedad”.

Anunció que escuchará a todos los ciudadanos con humildad, pero sin exclusiones, quizás refiriéndose a algunos dirigentes del paro que exigen tratamiento exclusivo.

Advirtió que “conversar no es llegar con el reclamo unilateral” y “una exigencia sobre la mesa, sino escuchar los argumentos del otro”, en el entendido de que “la unión no es ponernos de acuerdo en todo” ni que “se acaben las diferencias políticas”, sino avanzar hacia “mínimos de responsabilidad patriótica, empezando por la clase dirigente, de ponerse de acuerdo en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen”.

Al final, el presidente Duque dio un parte de tranquilidad y advirtió, sin medias tintas, que "Aquí no van a pretender los pirómanos ganar con violencia lo que no ganaron en las urnas".

¡Aplauso cerrado!

Bogotá, D. C, 29 de noviembre de 2019

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Un franco, abierto, sincero, humilde y generoso diálogo de dos o tres días, habría sido suficiente para que un presidente y su país, encontraran el extraviado rumbo para responder a los anhelos de una sociedad que espera soluciones a tragedias, desesperanzas, frustraciones y una paz que, tras tres años, sigue a la deriva por falta de decisiones de Duque y su resquebrajado partido que lo llevó al poder.

Solo se requería exponer con honradez y nobleza cada uno de los desaciertos y problemas que la ciudadanía debe soportar de un gobierno que solo mira y escucha a su movimiento político, conformado por un puñado de militantes que se oponen a la restitución de tierras, que fundamenta su lucha, atropellando los derechos de los trabajadores, de los pensionados, de los estudiantes, y de quienes buscan la equidad económica y la eliminación de la corrupción.

Una brizna de comprensión atenuaría la arrogancia del gobernante y de sus seguidores. Así se podría mostrar la cara de un Duque generoso, que con humildad y llaneza pusiera los ojos sobre sus compatriotas y los escuchara. Un Duque que prestara oídos, que atendiera, que analizara, que comprendiera las penurias de un pueblo que viene soportando con paciencia todo lo que le imponen quienes tienen desde las alturas económicas, políticas y sociales las riendas de esta nación. Estos principios los practicaron el alcalde de Tunja y otros mandatarios locales, que obtuvieron marchas en paz y armonía.

Más de 2.500.000 colombianos marcharon a los largo del país y de muchas ciudades del exterior. Nunca antes había salido tanta gente a manifestarse.

Cuánto nos hubiéramos ahorrado, si el presidente escuchara. Ni Dilan muerto, ni policías hospitalizados, ni saqueos, ni vandalismo, ni más rencores -remember Uriel Gutiérrez en los cincuentas-.

Duque prefirió reunirse con alcaldes y gobernadores electos, con gremios, con ganaderos, antes de hacerlo con los líderes del paro. A última hora los llamó, pero como suele suceder, solo hubo el intento de una “conversación”. No hubo diálogo ni promesa alguna para remediar la situación. Se prefirió “disparar” a dialogar. El presidente se niega a replantear su gobierno. A abrir las puertas a otros partidos y movimientos. A olvidar la hegemonía que ha implantado. Por él votaron diez millones de colombianos, pero casi igual número, entre los cuales se encontraba el “ciudadano Londoño Hoyos”, no lo hicieron.

Duque debe jubilar a su mentor. Ya han sido suficientes su intromisión y sus “tuiterazos” que solo incendian y entorpecen la gobernabilidad. El personaje haría bien en retirarse, ausentarse. ¡Ya es hora! Lo propio debe hacer Petro. Así dejan a Colombia libre y en Paz. Y a Duque gobernando.

Es hora de escuchar a este sufrido y frustrado pueblo. No más engaños y supuestas conversaciones.

BLANCO: Noticias Uno, renace como el ave fénix y con su audiencia derrota la censura que le impuso Uribe.

NEGRO: Los desafueros del Esmad.

Bogotá, 30 de noviembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal  y Notisuper.