Opinión
Por Víctor G. Ricardo*.- Llevamos cerca de tres meses cumpliendo con las medidas de aislamiento adoptadas por el Gobierno. Inicialmente se ordenó un aislamiento general ante la llegada al país del Covid-19, fundamentalmente para frenar la propagación del virus y ganar tiempo para construir la infraestructura necesaria y conseguir los recursos fundamentales para afrontar la pandemia (ej. pruebas, reactivos, respiradores, entre otros).
Este proceso de aislamiento generó, como efecto colateral, una gran afectación a la economía requiriendo instrumentar por parte del Estado la emergencia económica, para poder dictar las medidas de alivio requeridas y para brindar apoyo a las empresas y a los ciudadanos respecto del cierre de las actividades y la pérdida de miles de empleos.
Ya se ha avanzado mucho en la preparación y adecuación del sistema de salud y aunque todavía falta por hacer, era necesario que el Gobierno tomara medidas para ir abriendo los distintos sectores de la economía nacional y regional, para como se dice en el lenguaje popular la gente puede salvar lo máximo que se pueda de sus empresas y actividades.
El Presidente Duque se ha visto en todo momento liderando la situación e impulsando las medidas adecuadas para poder enfrentar esta pandemia. Incluso ha ayudado a las empresas con la participación del Estado en el pago de salarios. Ha sido tan importante su trabajo que incluso distintas organizaciones internacionales ha destacado su papel y liderazgo.
Ahora ya abierta la mayoría de los sectores de la economía lo que sigue es más de disciplina y conciencia social de la ciudadanía, para que este virus no nos golpeé tan duro como lo ha hecho en otros países.
Sabemos bien que la cima del virus todavía no ha llegado y que aproximadamente faltarán más de sesenta días para que esto ocurra y podamos comenzar a descender en los contagios. Mientras tanto las cifras subirán. Pero de nosotros depende que haya menos contagios.
No es el momento para que la gente se descuide y empiecen una vida normal. Si bien es cierto que hasta que no se descubra la vacuna nos toca convivir con el virus, tenemos que cambiar los hábitos sociales y tomar cada uno conciencia de su propia responsabilidad y continuar en lo posible de trabajando desde nuestras casas, con la ayuda de Tecnología y que cuando salgamos lo hagamos con el cuidado de las recomendaciones que nos han hecho y que no son otras que siempre usar un buen tapabocas, guardar distancia entre cada uno de nosotros, estar lavándonos las manos coda ves que podamos, desinfectarnos con alguna frecuencia y no hacer reuniones grandes que sean estrictamente necesarias.
Un estudio llevado a cabo en la ciudad de Nueva York ha demostrado que si ‘todos’ usamos tapabocas y guardamos la distancia adecuada, el virus dejaría de transmitirse y sería, por ahora, el mejor remedio ante esta pandemia.
Solamente de nuestra responsabilidad y compromiso con nosotros mismos depende que salgamos mejor de esta pandemia y salvemos nuestras vidas.
Bogotá, D. C, 17 de junio de 2020
*Ex comisionado de Paz
Por Clara López Obregón.- A través de los años, demasiados en Colombia se han ido inmunizando frente a la muerte de inocentes. Cifras inimaginables de desapariciones forzadas, secuestros y degradaciones como los falsos positivos y el exterminio de la Unión Patriótica han erosionado la capacidad de indignación que el asesinato de una sola persona debe suscitar, como ha sucedido con George Floyd en Estados Unidos. Dio en la clave Martin Luther King cuando afirmó: “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos” y yo agregaría que también el miedo.
Desde que se firmó el acuerdo de paz, han sido sistemáticamente asesinados 500 líderes y lideresas. Se trata de personas fuera de lo común. Su vocación de servicio los llevó a abrazar causas colectivas en un mundo cada vez más insular e insolidario. Cuando asesinan a un líder social, un reclamante de restitución de tierras o una defensora de derechos humanos están descabezando a una comunidad, una causa y, con suficientes de ellos y ellas, a toda una generación, para dominar con el miedo que se funde con la indiferencia.
No se equivocaba Michel Forst, relator de Naciones Unidas, cuando sostuvo en febrero pasado que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, un grupo de columnistas hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados y contar sus historias.
María Magdalena Cruz Rojas era una mujer de carácter, reconocida dentro de su comunidad por las iniciativas sociales que lideraba. Había impulsado asociaciones de mujeres para traer proyectos a la vereda donde sus gentes la habían elegido ya en dos oportunidades al cargo de secretaria de la junta de acción comunal. Cuando el 30 de marzo de 2018 fue asesinada por dos hombres encapuchados frente a su esposo e hijo, lideraba el movimiento de sustitución voluntaria de cultivos para uso ilícito en su vereda Unibrisas de Iteviare, en el municipio de Mapiripán, Meta, tristemente célebre por la masacre ejecutada por los paramilitares de los hermanos Castaño en 1997.
Tenía 52 años y le había contado al alcalde de las amenazas recibidas de un grupo armado opuesto a la sustitución de cultivos. Después de su asesinato, otros líderes de sustitución pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, abandonaron la zona y con ellos el proceso que iba muy adelantado.
Emilsen Manyoma era una defensora afro de derechos humanos del corregimiento Bajo Calima del puerto de Buenaventura. Fue brutalmente asesinada junto a su esposo, Joe Javier Rodallega, el 14 de enero del año 2017. A sus 33 años, Emilsen había denunciado violaciones a los derechos humanos en el corregimiento de Bajo Calima y había apoyado varios procesos comunitarios en contra de la exploración petrolera y de la ubicación de un relleno sanitario dentro del Consejo Comunitario del Bajo Calima, del cual era integrante.
La defensora había comenzado su labor bajo el acompañamiento de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y, luego, se había convertido en vocera local de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, Conpaz. Según su organización, los últimos hechos que había denunciado estaban ligados a presuntas estructuras paramilitares en Buenaventura que han controlado la libre movilidad de los habitantes de la zona en busca de controlar la ruta del narcotráfico que se mueve hacia el Pacífico, en la desembocadura del río San Juan. "Se está muriendo más la gente por plomo que por covid-19, estamos en una ciudad sin Dios y sin ley; no hay autoridades que hagan cumplir las normas,” afirmó en abril un líder social del puerto.
La matanza de líderes y lideresas que no cede ni se detiene es el espejo en que deben mirarse el Gobierno y las instituciones en su conjunto. Su fracaso es inexcusable. Líderes no nacen todos los días, pero sí los matan sin respiro. A este paso naufraga la paz, naufraga la democracia, naufraga Colombia.
Bogotá, D, C, 17 de junio de 2020
*Ex alcaldesa de Bogotá y Ex ministra de Trabajo
Por Guillermo García Realpe*.-En días pasados la Comisión Quinta del Senado, dio trámite en su tercer debate al proyecto de Ley 026 de 2019, “Por el cual se establecen mecanismos para promover la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”, es una noble iniciativa que busca hacer justicia con nuestros campesinos colombianos.
Es decir, lo que se busca con éste proyecto es el fortalecimiento de la agricultura familiar y de las organizaciones campesinas, donde tengan mayor rentabilidad en la producción de alimentos, reducción en los gastos de transporte y por supuesto aumento en las ganancias de los productores.
Toda esta cadena de buenas prácticas, sin duda, favorecerá la asociatividad de las organizaciones, donde la planificación y la mejora en los procesos de producción de alimentos serán indispensables a la hora de ofertar los productos.
Pero además de todo esto, se aprobó una proposición muy importante, la cual pasa del 10 al 30% la compra de alimentos en programas institucionales del Estado, es decir, que por Ley todas las instituciones deberán comprar a las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria.
Hoy la demanda institucional es de $2,5 billones. A partir de esta norma, todas las entidades del Estado, las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, privadas y sociedades de economía mixta que desarrollen programas en que se ofrezcan o dispensen alimentos estarán en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios en un porcentaje del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.
Además, deberán, diseñar o adecuar minutas alimentarias y menús teniendo en cuenta el enfoque cultural y los hábitos alimentarios de la población de cada zona geográfica para la compra pública local de alimentos. Hay que aclarar, que todos los menús y minutas deberán priorizar el consumo de productos locales provenientes de los pequeños productores y de productores pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar, o Comunitaria y sus organizaciones solidarias con enfoque diferencial.
El pago de los alimentos adquiridos será de contado y contra entrega del producto, para facilitar la dinamización de la economía en las regiones, hay que advertir también que harán planes pedagógicos y de seguimiento territorial en muchos aspectos como seguridad y soberanía alimentaria, agroecología y producción sostenible, prevención de pérdida y desperdicio de alimentos, formación en comercio justo y consumo responsable, fortalecimiento en el cumplimiento de normas para la comercialización y manejo de productos alimenticios, organización, gestión, logística, mercadeo, y financiación de proyectos agropecuarios, es decir, es una iniciativa integral, que además de estimular la compra del producto, motivará a nuestros pequeños productores y campesinos a volverse empresarios del campo, a innovar, a generar empleo y a impulsar un relevo generacional.
Entonces, es un avance muy significativo y un gran paso hacia esa justicia social con el campesinado colombiano y sobre todo con los pequeños y medianos productores, tan golpeados siempre por las malas políticas públicas agrarias.
Otras bondades importantes que contempla el proyecto que está a sólo un debate de ser Ley de la República, es que permite la participación de los pequeños productores agropecuarios, indígenas, afros o raizales cuyo sistema productivo pertenezca a la Agricultura Campesina Familiar o Comunitaria.
Nuestros campesinos, esos doce millones de hombres y mujeres que habitan la gran ruralidad colombiana y quienes todos los días de sol a sol labran la tierra para garantizar la seguridad alimentaria en los hogares de nuestro país, son verdaderos héroes, a ellos les debemos mucho. Y es momento de retribuirles su gran aporte a la Nación.
Esta es una iniciativa promovida por la Mesa Nacional de compras públicas, integrada por más de 30 instituciones y organizaciones y el programa #MesoAméricaSinHambre, en alianza con el Frente Parlamentario Contra el Hambre, por su puesto con el acompañamiento valioso de la FAO en Colombia.
Estaremos atentos al desarrollo del último debate, para que esta iniciativa salga adelante de manera exitosa y haga justicia con millones de colombianos que dependen su sustento del labrado de la tierra en todos los rincones de nuestro país.
Bogotá, D. C, 16 de junio de 2020
Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*.- Se empieza a escribir mucho sobre las grandes prioridades que marcarán las políticas públicas de la pospandemia. ¿Cuáles serán los grandes temas que ocuparán la agenda nacional y la internacional cuando pase la peste y se recuperen las economías?
Uno de estos temas es el de la equidad. El coronavirus ha destapado el profundo déficit de equidad que invade a la sociedad contemporánea en todo sentido. Déficit que habrá que hacer un esfuerzo gigantesco para corregirlo.
En Colombia se han presentado últimamente dos iniciativas (que aunque tienen muy pocas posibilidades de prosperar) debemos mirarlas con atención. Pues son un anticipo del tipo de debates por una mayor equidad que se vislumbran.
La primera iniciativa es la” renta básica “que presentaron hace algunos días 54 senadores, y que sustituiría (pero aumentando la base de quienes las reciben) las transferencias no condicionadas hacia los sectores más desvalidos de la sociedad.
La iniciativa fue desechada inmediatamente por el gobierno por su alto costo fiscal: 21,7 billones; de allí las pocas posibilidades que tiene de aprobarse en el corto plazo pues requiere- como iniciativa fiscal que es- del aval gubernamental.
Sin embargo, como antecedente de las discusiones que se avecinan es muy interesante pues busca ampliar la cobertura de la renta básica que el Estado debe garantizar a los más desvalidos. Una especie de seguro de desempleo de mínimos vitales como el que ha organizado recientemente en Chile. Este será un tema que estará sobre la mesa de las discusiones de la post pandemia con toda seguridad.
Ya el ministro de Hacienda en una audiencia que hubo en el Congreso abrió tímidamente la posibilidad de estudiar la llamada “renta básica”, como una de las medidas estructurales que se podrían considerar más adelante. Buena noticia; no será algo inmediato pero es el tipo de reformas estructurales- más allá de los primeros auxilios que es lo que hasta el momento hemos hecho-que el país debe considerar.
La segunda iniciativa tiene que ver con una demanda de inconstitucionalidad que un grupo de distinguidos académicos presentó la semana pasada ante la Corte Constitucional. La demanda busca nada menos que el juez de constitucionalidad declare reñido con la Carta Política la totalidad del estatuto tributario. Es decir, el conjunto de la legislación sobre impuestos que rige en Colombia. Con el argumento de que el actual estatuto contraría el artículo 363 de la Constitución que dispone que “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Y el actual sistema no lo hace, argumentan los demandantes.
No creo que prospere esta demanda ante la Corte, aunque los impugnadores conscientes del grave contratiempo que se generaría si se cae la totalidad del estatuto tributario (que está conformado por más de 1000 artículos), solicitan a la Corte un fallo modulado que le daría dos años (prorrogables por otros dos) al Congreso para reponer la legislación que se declare eventualmente inexequible.
El argumento central de la demanda (que está muy bien documentada por lo demás) es que el conjunto de las normas impositivas en Colombia mirado como un todo contraría el postulado constitucional de la “progresividad”. Y que por lo tanto deben declararse inconstitucional: no unas normas específicas sino el conjunto de ellas. Pues ha violado los principios constitucionales sobre los cuales se funda la legislación tributaria, sostienen los demandantes.
La teoría fiscal contemporánea indica, sin embargo, que para saber si un sistema tributario es progresivo o no debe mirarse también el lado del gasto público. Y no solo el de los ingresos tributarios como hacen los demandantes. Esta es quizás la falencia mayor que de un primer vistazo se le puede anotar a la demanda. Pues hoy se acepta por toda la literatura especializada que redistribuye más y mejor el gasto que el ingreso.
De todas maneras se trata de dos iniciativas, así no prosperen, en las que subyace la aspiración innegable hacia una mayor equidad. Y esa será una constante que escucharemos en la discusión de políticas públicas que se avecina, una vez se apacigüe la furia de la pandemia.
Bogotá, D. C, 14 de junio de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Se cumplen cinco años de la promulgación de la Encíclica Laudato Sí´. Con esta Encíclica el papa Francisco le puso su impronta a su pontificado. Así como León XIII es recordado por la Encíclica Rerum Novarum (De las cosas nuevas) de 1891, en la que tempranamente se reivindicaban los derechos laborales de los trabajadores, Juan XXIII por la Encíclica Pacem en terris (Paz en la tierra) de 1963, clamando por la paz mundial y condenando la carrera armamentista y Pablo VI por la Encíclica Populorum progresio (Progreso de los pueblos) en 1967, predicando el desarrollo social como el camino para alcanzar la paz, el Papa Francisco será recordado y valorado por su Encíclica Laudato si´, “sobre el cuidado de la Casa común” revelada el 24 de mayo de 2015.
El Papa francisco se anticipó a la adopción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) el 25 de septiembre de 2015. También se le adelantó a la Cumbre de París, en donde tuvo lugar, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre del mismo año, la 21ª Conferencia de las Partes (COP), máximo órgano de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, más conocida como CMNUCC, la cual fue constituida durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 en Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra.
La Encíclica Laudato sí´, la COP21 y los ODS convergen en un mismo objetivo, en un mismo propósito, salvar al Planeta del apocalipsis, que puede llegar a representar la carrera alocada en que viene empeñada una sociedad consumista y desenfrenada, la cual se ha traducido en “un gran deterioro de nuestra Casa común”. Como lo sostiene el Santo Padre, “la hemos contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. No hay futuro para nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene”. Ello, a consecuencia de las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se concentran en la atmósfera, provocando el cambio y la variabilidad climática, con sus consiguientes estragos.
Advierte el Papa Francisco que “hemos fallado en nuestra responsabilidad como custodios y administradores de la tierra”. No hemos podido entender que “cada acción individual no es una acción aislada, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra Casa común” y además que el impacto de nuestra acciones, de nuestra actividad, cualesquiera que ella sea, causa un impacto en el medioambiente y el mismo es acumulativo en el tiempo y en el espacio.
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) “todos los indicadores de cambio climático están mostrando una aceleración en los últimos 5 años” y ello explica que año tras año se ha venido superando el record anterior de la temperatura global. De hecho los años 2015, 2016 y 2017, han sido los más calurosos desde que hay registros (1880), la temperatura media de la superficie del planeta el año pasado fue 1.1 grados superior a la del período 1880 -1900, considerado preindustrial. Y estamos advertidos de que si durante este siglo el mayor calentamiento es del 1.5 o 2 grados (hasta niveles que jamás se experimentaron en los 10.000 años de historia de la civilización humana) el mundo se volverá mucho más peligroso, inhabitable!
De allí el consenso alcanzado en la Cumbre de París, en el sentido que “el mundo debe alcanzar la ´neutralidad´ de las emisiones de GEI en la segunda mitad de este siglo”, a riesgo de cruzar el umbral del no retorno, lo cual sería una fatalidad. Uno de los argumentos de los negacionistas del Cambio climático y no sólo del Cambio climático, sino de la gravedad de la Pandemia del COVID – 19, encabezados por el inefable Presidente de EEUU Donald Trump y del ogro que Brasil tiene por Presidente Jair Bolsonaro, es el costo su contención para la economía. Pues, según el Premio Nobel de Economía del 2018 Paul Romer, no hay tal. Afirma él que “muchos creen que la protección del medioambiente es tan costosa y difícil de llevar a cabo que prefieren ignorar el problema o incluso negar su existencia”, pero “podemos realmente realizar sustanciales progresos para proteger el medioambiente sin por ello renunciar a garantizar un crecimiento duradero”.
Para ir concluyendo, digamos con Albert Einstein, que tenía por qué saberlo, que “el mundo no será destruido por los que hacen el mal sino por aquellos que lo miran sin hacer nada” y, como lo sostuvo el Secretario general de la ONU Antonio Guterres, “cada día que no actuamos es un día que estamos más cerca del destino que no queremos”. El mundo oscila entre la certidumbre de la amenaza que se cierne y la incertidumbre atribuible a la falta de consensos en la comunidad internacional y la procrastinación a la hora de actuar. Y, como lo afirma el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el Cambio climático”.
Cuando el Papa Francisco dio a conocer su Encíclica Laudato sí´, manifestó que con ella quería dirigirse “a cada persona que habita este Planeta”. Escuchemos, entonces, su más reciente mensaje que, además de consolador, es portador de la esperanza de un mundo mejor. Nos dice el Sumo Pontífice en esta Encíclica que “no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan”. Que así sea!
Cota, junio 13 de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Juan Manuel Galán*.- La difícil situación que atraviesa el mundo y naturalmente nuestro país por causa de la pandemia del COVID-19, no fue obstáculo para que miles de ciudadanos en Estados Unidos salieran a las calles, indignados por el racismo sistémico y la violencia policial en contra de los negros. El detonante fue el asesinato de George Floyd a manos de Derek Chauvin, y tres oficiales más de la policía de Minnesota. Así se generó una protesta mundial en contra del racismo y en favor de la igualdad, que no se veía desde la década del 60 y el gran movimiento por los derechos civiles que acabó con la infame segregación racial en los estados del sur de Estados Unidos. “Las vidas negras importan” y “No puedo respirar” han sido los lemas de este movimiento global. En Colombia tuvimos nuestra cruel versión de la violencia racista con los asesinatos de dos jóvenes negros en Puerto Tejada, Cauca: Anderson Arboleda y Janner García. Sus familias señalan a la policía como responsable.
A lo anterior se debe agregar la crisis institucional que vive Colombia. El Congreso de la República perdió varios meses debatiendo si las sesiones virtuales eran legales y no ejerció el control político necesario a la avalancha de decretos expedidos por el gobierno central plagados de micos. Algunos congresistas, incluso señalaron que citar a los ministros a los debates era “hacerles perder el tiempo”. Y ahora, finalizando este período, el legislativo se dedicó a aprobar iniciativas populistas o simbólicas que no responden al bien común sino a un show mediático en aras de figurar en medios de comunicación y generar “likes” en redes sociales.
De otra parte, la justicia cada día más deslegitimada. No hay avances en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que ya cumplen más de 30 años. Tampoco en sonados escándalos como Odebrecht, y para el caso de la “Ñeñe política” se captura a los policías que estaban realizando legalmente su tarea de interceptación de comunicaciones. La Fiscalía ordena la captura del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, cuando otros investigados por delitos de lesa humanidad, como el asesinato de mi padre, apenas reciben de parte de la Fiscalía una medida restrictiva para salir del país. No solo se trata de una desproporción sino de una erosión sistemática en la legitimidad de nuestra justicia.
La “cereza del pastel” es nuestra política exterior, que se convirtió en un “mal chiste” ante la comunidad internacional. En primer lugar, Aida Merlano se fuga a Venezuela y posteriormente se pierden unas lanchas de las Fuerzas Armadas que aparecen en el citado país. Como no tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno del Presidente Maduro, no se puede hacer ninguna gestión diplomática. Sin otra opción viable, solo queda resignarnos a que más adelante, sabe Dios en cuanto tiempo, sea derrocado el citado presidente y se puedan restablecer relaciones con un vecino tan importante. Mientras tanto quienes sufren las consecuencias de la “polarización en la diplomacia” son los más vulnerables, y claro el interés nacional también.
Bogotá, D. C, 14 de junio de 2020
*Exsenador de la República.
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Que la ganadería “le quita” tierra a la agricultura, es un viejo estereotipo esgrimido por sus enemigos gratuitos de siempre, pero preocupante cuando esas posiciones sesgadas permean la política pública, como sucede en el Plan de Desarrollo del Magdalena, en el que se declara que la “verdadera vocación” de la tierra magdalenense es agrícola y, en consecuencia, se plantea una visión “antiganadera” que me motivó a escribirle una carta al gobernador, respetuosa pero vertical, en defensa de la ganadería.
Mi primera observación fue recordarle que “no puede decirles a los más de 16.000 ganaderos magdalenenses que su actividad productiva, de la que derivan su sustento, la que han heredado por generaciones y con la que aportan al desarrollo regional, es “una equivocación”.
Pero, ¿de dónde sale esa convicción de que la tierra del Magdalena solo sirve para agricultura; de que esa es su “verdadera vocación?” De unos mapas de la UPRA (2018) que, observando con más detalle, fueron elaborados en 2017, con información de 2013, de dos fuentes diferentes: El mapa nacional de vocación de uso de la tierra, del IGAC, y el mapa nacional de cobertura de la tierra, del IDEAM. Pues bien, a partir de este “Frankestein” se concluye que la ganadería magdalenense “debía usar únicamente el 9,2 % del suelo y ocupa hoy el 51,2% , mientras la agricultura, que debería ocupar el 50,8 %, ocupa únicamente el 9,0 %...”.
Seamos claros. Si hay más tierra ocupada en ganadería, no solo en el Magdalena sino en todo el país, no es porque se la hayamos “quitado” a la agricultura. No nos digamos mentiras. Si esto sucede, como en efecto sucede, es porque la política pública no ha generado condiciones de competitividad ni de mercado para que sea de otra manera; porque no hay carreteras, riego, asistencia técnica, crédito, seguro de cosechas y, sobre todo, porque no hay mercados.
Como le aseguré al gobernador Caicedo, si los ganaderos, a pesar del apego a su actividad, encontraran un renglón agrícola más rentable, apoyo para diversificación y mercados favorables, cambiarían de actividad y habría más tierra agrícola. Pero no es así, y entonces se promueve el cuento de unos ganaderos ociosos que sueltan unas vacas en un potrero, en lugar de sembrar comida, como si la carne y la leche no fueran fundamentos de la dieta de los colombianos.
En Magdalena, el Censo Nacional Agropecuario encontró 205.599 hectáreas “sembradas”, 537.308 “con pastos” y ¡621.548! “con rastrojos”, y resulta que, para las estadísticas, todo aquello que no está sembrado, que no es “agrícola”, se considera ganadero por defecto, hasta pastizales abandonados, malezas y rastrojos, de los cuales le adjudican a la ganadería más de ocho millones de hectáreas en todo el país.
Es cierto, hay más ganadería, también porque, desde la internacionalización de los noventa, las importaciones convirtieron en ganaderos a los algodoneros del Cesar y Córdoba, y mucho antes a los cultivadores de trigo y cebada del altiplano. La ganadería ha sido tabla de salvación de agricultores quebrados, y no una actividad “ociosa” que le roba tierra a la agricultura, porque un buen ganadero es, ante todo, un agricultor que genera empleo y valor agregado con una actividad noble, legítima y “originaria” en la historia de la humanidad.
N.B. 1. Réquiem por la fiesta brava. Soy taurófilo, pero hoy solo pienso en los miles de empleos que se perderán.
N.B. 2. Cuando se han sufrido de cerca las desgracias del narcotráfico es cuando más autoridad se tiene para combatirlo. Lo de Martha Lucía Ramírez es dignidad; lo de Petro una canallada oportunista.
Bogotá, D. C, 14 de junio de 2020
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie.
Por Gabriel Ortiz*.- Vistas las cosas desde fuera, sin manipulación informativa, con libertad de pensamiento y creyendo que lo único que nos agobia es la coronavirus, los colombianos abandonados en el exterior creen que su tierra aún tiene aroma de café, las más bellas esmeraldas del mundo, que su Bogotá es la Atenas Suramericana, que se habla el mejor español y que la paz existe y sigue atrayendo el turismo internacional.
Esa percepción, solo apreciable a través de una fotografía satelital, nos emboba, deslumbra y seduce. Pero en la medida en que empieza a funcionar el zoom, no el que aplican durante la pandemia los ejecutivos y teletrabajadores, sino el que dibuja la realidad, otra es la película.
Aparecen los medios ¨penetrados¨ de los que habla Juan Gossain, o la dictadura Duquista que denuncia Gustavo Castro en acertada columna, cuando se refiere a la obligada hora diaria de televisión, que nunca osó tomarse Rojas Pinilla. Los escandalosos saqueos de las ayudas para las víctimas del covid-19. La desviación de los fondos para la paz, dedicados a fabricar imagen presidencial y compra de camionetas blindadas. Es asombrosa la utilización de coronavirus para tapar cosas y encerrar viejos. Día y noche bombardean una sociedad con pánico-19.
¡A la Alcaldesa se le fueron las luces! Cuando vuelva el rio a su cauce, el caos de la Atenas, será descomunal. Las pocas vías que se le escaparon a Peñalosa, las taponó Claudia, que cree ganar el Tour de France, sin necesidad de haber nacido en Zipaquirá. Claudia no resistió la embestida de las encuestas, que pusieron de segundón a Duque. Su rodilla nos dejó sin respiración y nadie ha salido a protestar, porque la alcaldesa como ¨nueva derechista¨, no permite marchas y mucho menos con gente con gente ¨encapuchada¨ con tapabocas.
¨No Justicia, No Paz¨, dicen los gringos durante las manifestaciones contra el racismo. En Colombia hace rato agoniza la justicia… El pánico-19 en que han enfrascado Duque y Claudia a casi 50 millones de habitantes, cambiaron la imagen de un país. Nadie volvió a usar corbata, saco y chaleco. Los tenis jubilaron el cuero. Las casas están llenas, las oficinas vacías, por las calles de las ciudades solo deambulan arlequines y fantasmas en calzoncillos o pijamas. Así han ¨perfilado¨ a los habitantes de una ciudad y una patria enpanicadas, encerradas, desempleadas, empobrecidas y hambrientas. Pánico-19.
BLANCO: La cadena perpetua para violadores de niños.
NEGRO: Si no se reabren vuelos internacionales se acaba el turismo, dicen aerolíneas.
Bogotá, D. C, 12 de junio de 2020
*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.
Por Jairo Gómez*.- Alguna vez un amigo muy inquieto con los temas de justicia, me dijo: “ojo, cuídese de caer es manos de la Fiscalía, ese es un antro muy peligroso, te empapelan, te encierran y después recobrar la libertad es toda una odisea porque hay que desvirtuar los montajes, las tales pruebas que no existen y, lo peor, a los supuestos testigos, casi siempre falsos; es más, te invierten la carga de la prueba y eres tú el que debes demostrar tú inocencia y eso te llevará años”. Y la verdad, ese amigo creo que no se equivocó.
Y ni hablar de su órgano de investigación: el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- una brigada temible. Funciona como policía política en muchos casos y como mecanismo de chantaje y presión (pregúntenle, por ejemplo, a Néstor Humberto y otros fiscales del pasado) y está compuesta por gente dogmática de la maldad, violentos e incautos que responden como robots sin convicciones y que solo hacen caso a su jefe de turno y este, a su vez, al establecimiento.
No hay compasión cuando se trata de investigar e imputar al puro pueblo; las cárceles están atiborradas de personas apenas con investigaciones o sindicaciones; personas que nunca serán condenadas porque las pruebas que regularmente aporta la Fiscalía son fraudulentas y fabricadas. Lo digo mejor y de otra manera, esa institución no es seria, como no lo es la justicia en general, es un remedo; claro, funciona si eres poderoso.
No hay que ser abogado para identificar el doble rasero con que se imputa la justicia en Colombia. El prestigio de la fiscalía, si es que lo tiene, está erosionado; es una entidad mediocre manipulada por una pandilla de penalistas, políticos y poderosos intocables a quienes responde el fiscal con indulgencia a sus amigos, contertulios y socios del pasado. La Fiscalía para ellos (el establecimiento) no es un lastre, es una ventaja.
Esa es la narrativa en torno a una institución que el constituyente, cuando la creó, lo hizo para hacer más efectiva y expedita la justicia, pero como era de esperar cayó en manos del establecimiento que la pervirtió e hizo de ella su instrumento: ahí reina la sensación de que hay una justicia para quienes están en lo alto, y otra para todos los demás. Hoy la Fiscalía es el foco rojo de la injusticia, que paradoja.
Pues bien, esa Fiscalía que les acabo de describir es la que gobierna el amigo y exconsejero del presidente Duque, Francisco Barbosa. ¡Qué inseguridad! Temible para cualquier ciudadano, pero más temible aún para la oposición política si cae en las garras de un funcionario, no la institución, que a leguas representa un proyecto político que lo puso ahí, el Centro Democrático. O sino, cómo explica Barbosa abrir una investigación a Petro por supuestos nexos con la ñeñepolítica; cómo justifica la captura a los investigadores que destaparon el escándalo de la financiación de la campaña de su jefe Duque con dineros del narcotraficante José Hernández; porque miró para otro lado y dejó escapar del país a la principal responsable de esa financiación, Caya Daza, amiga personal del Ñeñe y asesora de confianza del senador Uribe (esperamos que por lo menos llame a indagatoria a su contertulia Priscila Cabrales, otra atenida de la administración pública. Se ha paseado por todos los gobiernos habidos y por haber).
Duque lo ternó y lo hizo elegir fiscal, pero Uribe, el portavoz de los temores, resentimientos y prejuicios contra la izquierda, ejerce una atracción hipnótica sobre Barbosa, un frívolo e inexperto funcionario al cual le entregaron una institución podrida y peligrosa, demasiado funcional a unos intereses que se quieren perpetuar en el poder, los intereses de la extrema derecha.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2020
@jairotevi
Por José G. Hernández*.-Ha sorprendido que el Fiscal General, por hechos relacionados con una delegación de funciones en materia contractual de hace quince años, haya ordenado la privación de la libertad del gobernador de Antioquia, Dr. Gaviria. Algo arbitrario, pero todo un éxito mediático, en tiempos de la justicia espectáculo.
Sin entrar en el campo penal -porque no conocemos el proceso, ni los pormenores de la contratación de la que se trata-, conviene tener en cuenta la perspectiva del Derecho Constitucional, en lo que respecta a la libertad -se derecho esencial por el cual lucharon nuestros próceres, y que está garantizado en la Constitución y en los Tratados sobre Derechos Humanos-. Precioso valor del sistema democrático, con el que no se juega, aunque el juego produzca dividendos políticos o publicitarios. Es inherente a la dignidad de la persona, y su privación debe ser extraordinaria y sujeta al principio de legalidad y a la estricta competencia de quienes, a nombre del Estado, pueden restringirla.
Decía el artículo 250 de la Constitución en su versión original que la Fiscalía General debía asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando -ella- las medidas de aseguramiento. Pero esa norma fue modificada mediante Acto Legislativo 3 de 2002, que introdujo el sistema penal acusatorio.
Según la nueva norma, a la Fiscalía solamente corresponde “solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”. Estipuló que la ley podría facultar a la Fiscalía “para realizar excepcionalmente capturas” y para señalar los límites y eventos correspondientes. Según el artículo 114-7 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía puede “ordenar capturas, de manera excepcional” en los casos allí previstos, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes”. He subrayado.
El artículo 533 de la Ley 906 dispuso: “El presente Código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005”. Y “los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.
Si, según lo informado, en el caso del Gobernador los posibles delitos se pudieron cometer en 2005 -es decir, después del 1° de enero de ese año-, la norma aplicable a dicho funcionario -cuyo fuero está previsto en el numeral 5, no en el 3, del artículo 235 de la Carta-, era la Ley 906, no la 600.
Pero, aunque fuera la Ley 600 y la norma constitucional original, el principio de favorabilidad llevaría a que lo ordenado por el Fiscal fuera revisado por un juez, en este caso la Corte Suprema, en razón del fuero del que Gaviria era titular hace 15 años y es titular hoy. Además, si hay dudas, debió resolverse según los principios pro homine y pro libertate, bien conocidos en la jurisprudencia. Y tener en cuenta que el Gobernador ni se quería, ni se podía fugar -en cuarentena-, ni es un peligro para la sociedad.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
