Opinión

Por Víctor G. Ricardo*.- Soy de la opinión que últimamente, en el marco de la actual pandemia por el Covid-19, han ocurrido tres hechos que no tienen perdón ni justificación alguna.

El primero de ellos radica en los actos de corrupción que en algunas alcaldías, gobernaciones y entidades, personas han cometido con los auxilios otorgados a las personas necesitadas y pobres con motivo del coronavirus. Es realmente increíble y llevado al último extremo de corrupción y de la pérdida de valores, que haya personas que ante la tragedia de muchos como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, aprovechen para comprar mercados por precios superiores a los reales, sacando tajada para ellos o comprando productos de mala calidad o simplemente robándose en dinero, pues aparentan comprar un número de mercados superiores a los que realmente después se entregan. Estos corruptos deberán recibir el mayor castigo posible por delincuentes y miserables.

El segundo hecho repudiable es la actitud de la mayoría de los bancos en estos críticos momentos que hemos vivido, al tener que cerrar negocios y empresas por las cuarentenas decretadas, que aprovechándose de las líneas de crédito a intereses especiales o blandos y que a largo plazo ha establecido el Gobierno nacional, lo que han hecho es cambiar los créditos que las o empresas tenían y que ahora presentan algún riesgo, a los créditos de las líneas establecidas por Bancóldex para no correr ellos ningún riesgo, es decir pasándole todo el riesgo a las entidades del Estado y no llevando plata nueva y necesaria para salvar las empresas.

Ahora bien, en el caso de aquellas empresas o negocios que no vean los bancos que tengan riesgos mayores les otorgan créditos, pero a tasas de interés bastante altas, aduciendo que los riesgos han crecido y además con garantías reales. Claro que no estoy diciendo que no deban cuidar sus recursos, pero al menos se esperaba que apoyaran un poco más la economía en momentos tan difíciles para nuestro país. No se la ha visto al sector bancario solidaridad de país a pesar que cuando ellos han estado en dificúltales los gobiernos los han salvado de la quiebra.

La Superintendencia Financiera debe mandar sus grupos de inspección a verificar que las líneas de crédito establecidas por el gobierno realmente hayan sido manejadas como lo dispuso el Estado y cumplido el objetivo para lo cual fueron creedlas.

Por último, el tercer hecho es el de ‘empresas muy importantes’, que no han sufrido en forma grave la crisis vivida por la mayoría, porque han seguido funcionando y vendido, que sin ningún sentido de solidaridad han aprovechado las circunstancias que vivimos, para llamar a los propietarios de locales por ellos arrendados, a solicitarles rebaja en los contratos de arriendo e incluso por otra parte han llamado a sus empleados a rebajarles sus sueldos. Esta clase de empresarios absolutamente materialista, la sociedad debería registrarlos, para que también reciban el castigo social por insolidarios y aprovechadores al no pensar sino en sus utilidades.

Colombia requiere de hechos ejemplarizantes que le devuelvan sus valores y el sentido de apoyo y solidaridad, pues sin estas condiciones es difícil construir un país sobre bases sólidas.

Bogotá, D. C, 11 de junio de 2020

*Excomisionado de Paz

Por: Guillermo García Realpe*.-  En medio de esta crisis de salud pública, pero también social y económica, florece paralelamente la industria del cannabis en Colombia, una alternativa que le podría dejar al país enormes dividendos y adicional a ello, generar miles de empleos que ayudarían a la reactivación de la vida productiva del país. Es un sector que está en condiciones de apalancar la reactivación socioeconómica que hoy requiere Colombia en medio de esta contingencia. 

El cannabis medicinal además de generar empleo, contribuye a mejorar los ingresos fiscales de la nación, amplia el espectro exportador, es clave en la sustitución de cultivos y contribuye al desarrollo de zonas aisladas del centralismo. Aunque persisten varias talanqueras en materia de regulación y trámites para que el sector definitivamente logre su fin y en eso ya países como Brasil y Perú empiezan a tomar la delantera, ante la lentitud de Colombia en asignar los cupos de exportación. 

En el caso colombiano, regiones como Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Tolima y Antioquia ya producen y cultivan semillas, flores o aceites de cannabis medicinal de muy buena calidad, productos muy apetecidos en mercados de Europa y Estados Unidos. Pues como no, si es que ya está comprobado que el cannabis tiene múltiples bondades para tratar enfermedades tan complejas como la epilepsia, la esclerosis, el Parkinson, también el dolor crónico, entre otras más. Pero también debe convertirse en una gran oportunidad para departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo y el Sur de Colombia. 

Incluso, se estima que en nuestro país, según datos de un estudio muy serio, existen 5,6 millones de pacientes que padecen alguna patología de las descritas anteriormente. Lo que se convertiría, sin duda, en una gran oportunidad para su tratamiento y en un alivio efectivo al dolor que hoy sufren millones de colombianos. 

El sector del cannabis tiene pendiente  varias modificaciones legales, entre ellas al decreto 613 de 2017 y a la resolución 1478 de 2006, las cuales permitirían un mejor aprovechamiento de las actuales licencias y fijaría a sus titulares compromisos mínimos de cultivos y exportaciones. Lo que ya de por sí se convierte en un enorme desafío para esta industria.

Precisamente sobre este particular, haré llegar una carta a los Ministros de Salud, Agricultura y Justicia para que se revisen los alcances del Decreto 613 de 2017 y que el mismo tenga una más amplia cobertura, que beneficie a otros sectores importantes que también contribuyen  al desarrollo del país, pero que hoy están rezagados y por fuera de cualquier posibilidad de crecimiento. 

Ese Decreto es muy limitado y solo privilegia a unos pocos, se necesita por ende, dada la actual coyuntura social y económica abrir ese abanico. Debe convertirse entonces en una iniciativa de los colombianos para los colombianos, para los campesinos, para los desmovilizados, para los indígenas, los afros descendientes y para los profesionales del sector agropecuario que también tienen derecho a tener oportunidades. Esto no debe ser para los empresarios, ni para las multinacionales, ni para los laboratorios farmacéuticos, ni para el gran empresariado que siempre ha usufructuado el campo y a la gente pobre del campo, la que siempre ha afectado las políticas públicas, ahora una vez más las desechan. 

La situación actual amérita que seamos solidarios y generosos,  por ende debe ser la oportunidad, para que los sectores anunciados anteriormente se incluyan, para que produzcan y den empleo, hoy necesitamos mucho del sector productivo en defensa del empleo nacional y la industria del cannabis se puede convertir en una extraordinaria oportunidad para el renacer también de nuestro campo, tan golpeado hoy por la situación a la que nos ha conllevado la expansión de la covid-19 y finalmente que, el gremio profesional de ingenieros agrónomos sea consultado para ayudar a armonizar el Decreto en su parte técnica, política y social a modo de apoyo a la institucionalidad responsable de otorgar licencias y registros. 

Es momento de cambiar la historia, ya Colombia ha puesto miles de muertos en la lucha contra el narcotráfico, incluso, grandes líderes políticos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, y personajes de la vida nacional como Guillermo  Cano, ex director de El espectador o el ex procurador Carlos Mauro Hoyos, perdieron su vida en la lucha contra ese penoso flagelo que solo ha dejado muerte y una estela de violencia a lo largo y ancho del país. Ahora, surgen nuevas oportunidades que pueden revertir ese oscuro pasado y transportarnos a un horizonte claro, lleno de oportunidades y de una gran transformación social. 

Necesitamos que Colombia vuelva a florecer y que renazca la esperanza, que la vida se sobre ponga a la muerte y que de la exclusión afloren las mejores oportunidades. 

Bogotá, D. C, 11 de junio de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Horacio Serpa*.- NADIE imagina lo desgraciada que ha sido, para los integrantes de la campaña presidencial que eligió a Ernesto Samper en 1994, la etapa política que siguió al día en que se conocieron los narcocasetes. Especialmente para mí, que abracé de fondo la lucha electoral.

A partir de ahí nunca he tenido reposo. No me refiero sólo a los 4 años de gobierno. Tampoco al tiempo que transcurrió hasta que una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación penal, declarando mi inocencia. Hablo del lapso comprendido entre junio de 1994, hasta el momento en que escribí este artículo: casi 13 años después.

El proceso 8.000 ha sido un fantasma malévolo y perturbador que aparece en el momento menos pensado, a la vuelta de cualquier esquina, por los motivos más fútiles o perversos, la mayoría de veces sin ninguna razón. Siempre el 8.000, la financiación del narcotráfico, la amistad con Samper, la deshonra pública, el daño al país, el mal ejemplo a la juventud, el raponazo a la democracia y mil argumentos más que se utilizan para descalificar cualquiera de mis proyectos políticos, una propuesta pública o una simple opinión.

Me refiero, claro, a los argumentos de los adversarios políticos, muchos y poderosos, y a las opiniones de quienes no se dan tiempo para estudiar lo que ha pasado en el país y se dejan llevar por apreciaciones ajenas. Para ellos todos somos bandidos, responsables y debemos ser condenados al suplicio eterno o la lapidación pública.

Nada vale que la justicia hubiera investigado, procesado y condenado a varias personas. Para ellos reinó la impunidad, pues los sancionados merecían mucho más y los declarados inocentes lo fuimos por influencias, prevaricato o benevolencia.

El último episodio corrió por cuenta de Fernando Botero Zea, ahora condenado por la Corte Suprema de Justicia, once años después de la entrevista que le dio a Yamid Amat. ¡Increíble! Enredando el cuento, fue tan eficaz en el propósito tratando de amortiguar los efectos políticos de la detención de los senadores uribistas, que mi Partido, en cambio de salir a denunciar el fraude en las elecciones de 2002, desestimó el fallo que me exoneró de responsabilidad y me echó a los tiburones. Como decimos en Santander: “que joda tan arrecha”.

No busco olvido ni conmiseración. Sólo un poco de reflexión, para que finalmente se conozcan la verdad y los responsables. Quienes somos inocentes merecemos respeto ciudadano. Para contribuir a que desaparezca el fantasma, hoy estoy renunciando ante el señor Fiscal General a la preclusión que me exoneró y a la prescripción de la acción penal, si ya hubiere operado.

Muchos amigos me han expresado amistad y solidaridad. Se los agradezco. Les garantizo que esa confianza no será defraudada y que lucharé hasta el último minuto de vida, para que nadie nunca le pueda decir a Sebastián que su abuelo fue un bandido.

Apretadito: arrecho en Santander es sinónimo de enojo, dificultad, bravura. No se confundan por favor.

Bucaramanga, Febrero del 2007

*Abogado, Ex Congresista, Ex Ministro, Presidente Asamblea Nacional Constituyente, Ex procurador, Ex Gobernador, Ex Comisionado de Paz, Ex Diplomático, Ex Candidato Presidencial.

Por Jairo Gómez*.- Quién no anhelaba los viernes para irse a un bar a atrincherarse detrás de una copa como válvula de escape del aturdimiento laboral de la semana; sumergirse en la complicidad de la rumba para ahogar las penas producto de una tusa amorosa; o, por supuesto, pringarse del mejor perfume para ir de conquista o a encontrarse con sus amigas y amigos. 

Tres meses después esos bares, adornados con luces de neón apagadas, están silenciados porque el virus así lo quiso. Hoy, esos tertuliaderos libidinosos permanecen vacíos, ausentes de las almas salseras, reguetoneras o románticas. Son sepulcros musicales y quién sabe por cuánto tiempo más.

El maldito coronavirus acabó con las citas pactadas o a ciegas; también con los encantos de la seducción en una pista de baile y los encuentros fortuitos en las incómodas sillas que rodean la barra de los bares atiborradas de licor; igual le cerró el espacio al hedonismo de los contertulios políticos que de copa en copa arreglaban el país.

Tras la clausura de esos bares, rumbiaderos, clubs de jazz o desfogues de frustraciones personales hoy son 11.000 sitios fantasma que han dejado de facturar cientos de miles de millones de pesos en estos casi tres meses de pandemia. Pero además de las abultadas pérdidas económicas, dejó sin trabajo a más 500.000 empleados directos e indirectos que dependen de la industria de la rumba en el país.

Como en cualquier sector de la economía urbana, los empresarios no tienen certidumbre sobre el futuro de sus negocios, saben que además de las decisiones y respuestas del Gobierno, tienen un enemigo en común que les carcome cualquier esperanza: el coronavirus, que, como una tormenta perfecta, les impuso sus reglas.

“En los tres meses sin operación, cerca de 2 billones 200 mil millones de pesos han dejado de facturar las empresas”, dijo Camilo Ospina, presidente de la Asociación de Bares -Asobares-, quien reclama del Gobierno una ayuda expresa para evitar la bancarrota, dado que de llegar a esta  situación implicaría el cierre definitivo de 11.000 bares en todos el país.

“Esta pandemia sacó a la luz el interés mínimo que tiene el Gobierno y el Estado por financiar los espacios culturales”, reflexionó al actor Álvaro Rodríguez, tras criticar la poca solidaridad oficial con un sector que también pone su grano de arena en la actividad cultural.

Desde el sector, es decir, los empresarios agrupados en Asobares, aseguran que el Gobierno poco o nada hace por una industria que, además de entretener y proporcionar esparcimiento a la sociedad colombiana, es un vehículo de desarrollo cultural que aporta decididamente al turismo y son espacios para que el visitante extranjero se compenetre con la identidad nacional.

¿Diagnóstico futuro? Dramático e incierto. Además de la situación laboral por la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, lo cierto es que es muy probable que la realidad de los bares no sea la misma a la de antes de la llegada de la pandemia, las condiciones que impone la presencia del coronavirus y su agresivo contagio los clasifica para hacer parte del laberinto de la incertidumbre; les tocará a los empresarios del gremio ser más creativos y ojalá el plantón de este viernes les abra las puertas para que el Gobierno los escuche.

Bogotá, D. C, 4 de junio de 2020

Periodista. Analista Político.

@jairotevi

Por Gabriel Ortiz*.- La funesta polarización se ha apoderado de todo en Colombia y con ella, esta nación ha regresado a épocas en las cuales liberales y conservadores eran obligados a ¨tragarse¨ la corbata, si era azul o roja. Las familias se dividían, los amigos se distanciaban, los matrimonios se rompían y no se diga de la absoluta supremacía del que agarra el poder. Esa actitud nos ha mantenido en guerra permanente. En nuestro ADN predomina el conflicto, la hostilidad, el pleito y el exterminio. La tierra, la riqueza y el poder son objetivo de los poderosos. Nunca han querido tener paz, pero la reclaman. Quienes aspiran a tenerlo todo a costa de lo que sea, posan de pacificadores mientras siembran torpedos a diestra y siniestra. La venganza es moneda común.

Las nuevas generaciones, han asistido a un proceso repleto de enemigos, de la mesa que buscaba la reconciliación. Hasta un plebiscito se promovió para malograr más de 5 años de arduas negociaciones. Por ello hay que olvidar cualquier asomo de paz con el ELN. Igualmente existen enemigos de diálogos con paramilitares. Colombia en paz es una utopía, una quimera. Nuestro destino es abonar el odio para fortalecer una polarización, muy productiva para pocos, pero ruinosa para el resto.

Una leve brizna que moleste al expresidente Uribe, acciona el cordón de fuego lento, que nos lleva a la hecatombe. Es intocable -innombrable, dicen algunos-. Su arrogancia y sus apariciones son guerreras, desafiantes, provocadoras. Lo encegueció la furia, cuando su antecesor le notificó que él era el elegido. Bodegas con maldiciones llovieron sobre Santos.

Iván, con la mayor prudencia lo soporta y traga entero sus intromisiones, por temor a ese desbordado poder que hasta a la justicia intimida, amenaza y asusta. No siempre la tolerancia permite poner puntos sobre las íes, menos cuando existen ¨asesores desatinados¨. El exmandatario, ni corto ni perezoso, provechó la pandemia para ejercer. Introdujo la polarización y las prácticas de ¨Casa de Nari¨, que fueron tan efectivas en su gobierno. Nada se mueve sin la gracia del Jefe del CD, ahora observado de cerca por la justicia, a la que tanto ¨vigiló¨. Hasta las asociaciones gremiales, deben solicitar permiso a la Casa de Nari, para designar a sus dignatarios, como ocurrió con Frank Pearl, cuyo inri, es haber trabajado por la paz. Así funcionan Uribe y su Centro Democrático.

BLANCO: Consejo de Estado pide explicaciones por ingreso de tropa norteamericana.

NEGRO: La invasión de venezolanos a la autopista norte.

Bogotá, D. C, 4 de junio de 2020

Por Luis Eduardo Castellanos Ávila*.- La pandemia que azota al mundo ha generado un grave traumatismo, no solo en lo que respecta a las condiciones de salud de la población; sino igualmente, de los sistemas económicos que han colapsado ante la cuarentena por el aislamiento obligatorio y la suspensión de los sistemas productivos no solo en Colombia, sino en todas las naciones del mundo. 

En el caso nuestro, no puede pretender el poder Ejecutivo bajo amparo de Estado de excepción, adoptar medidas que atenten contra principios y valores que axiológicamente estructuran a Colombia como un Estado Social de Derecho bajo el criterio antropocéntrico del respecto y reconocimiento a la dignidad humana y la consagración del derecho constitucional al trabajo, máxime cuando como consecuencia de la cuarentena o aislamiento obligatorio, el país se encuentra sin un control político efectivo por parte del Congreso y la actuación tardía de la jurisdicción constitucional ante la parálisis del poder judicial, lo cual constituye grave amenaza contra la institucionalidad democrática. 

El Gobierno junto con los sectores económicos de manera inconsulta frente a los trabajadores y sus organizaciones representativas, viene planteando iniciativas de reforma al sistema laboral, bajo la justificación que para combatir la recesión económica ocasionada por la pandemia, preservar la salud y la vida de la población, se hace necesario “flexibilizar” nuevamente las condiciones laborales para reducir costos y de esta manera dar impulso y crecimiento a la economía, lo cual resulta un despropósito jurídico, teniendo en cuenta que lo planteado implica una reforma al Código Sustantivo del Trabajo, tanto en materia individual como colectiva. 

Esas reformas en materia laboral decretadas por el Gobierno, están vetadas al Ejecutivo teniendo en cuenta que ni siquiera bajo autorización pro tempore por parte del Congreso al Presidente otorgándole precisas facultades extraordinarias, no le es dable pretender expedir, reformar Códigos, Leyes Estatutarias como lo establece la Constitución Política en su artículo 150 numeral 10; así mismo, se prohíbe la suspensión de los derechos humanos y la libertades fundamentales.  En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional (artículo 214 C.P), de igual manera el artículo 215 constitucional en su inciso final dispone que el gobierno no puede desmejorar los derechos de los trabajadores mediante los Decretos establecidos bajo el Estado de Emergencia Económica y Social. 

Alude el Gobierno que para implementar entonces la reactivación de la economía es necesario cercenar parte de las mínimas garantía legales que en materia laboral están consagradas en la disposición sustantiva del trabajo, sin tener en cuenta que esos mínimos de derecho protectivos establecidos en la Carta Política de 1991, persiguen justamente el fortalecimiento de la democracia, consolidación del tejido social, la participación de los actores en los sistemas productivos bajo una política de concertación, como lo establece la máxima norma en su artículo 56. 

Así las cosas, establecer una modificación como la señalada en el Decreto Legislativo No. 770 del 3 de junio de 2020, en la forma de pago de los recargos nocturnos, dominicales, festivos y el pago de la prima de servicios, se constituye en una reforma al Código Sustantivo de Trabajo y por consiguiente en una precarización de las condiciones del empleo que va en contra inclusive de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Se desconoce que el artículo 25 de la Constitución Política estableció como una garantía fundamental el derecho al trabajo bajo tres aspectos importantes: en primer lugar, el trabajo como un derecho y una obligación social; en segundo lugar, tenemos que el trabajo debe gozar en todas sus modalidades de una especial protección del Estado y por último el trabajo se caracteriza por ser un derecho que debe desarrollarse en condiciones dignas y justas, disposición que guarda armonía con el Convenio 095 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la protección del salario, tratado integrado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 52 de 1962. A su vez, la Corte Constitucional le reconoció jerarquía dentro del bloque de constitucionalidad en la Sentencia SU-995 del 2009. 

Además, desde el punto de vista de la teoría económica, resulta contradictorio pensar que podría generarse una reactivación económica procurando una mayor pérdida adquisitiva de los trabajadores respecto de sus salarios y demás prestaciones económicas, cuando uno de los componentes debe ser la capacidad de consumo de los hogares para que a través del aumento de la demanda agregada, se aumente entonces el volumen de la oferta de bienes y servicios. 

A través de una mayor demanda de bienes, se procura la generación de empleos productivos porque se estimula más la obtención de bienes y servicios que se ofertan al mercado, para lo cual necesariamente se requiere de impulso por parte del Estado, o sea facilitando la inversión de capital a las empresas y estimulando la creación de campos de trabajo a través de la obras publicas ejecutadas de manera objetiva y bajo veedurías que permitan la materialización final de las mismas en cuanto a su terminación, es decir, aquí cobra vigencia las teorías de Jhon Mynard Keynes frente a la manera de enfrentar la crisis económica logrando el equilibrio de los factores productivos. 

Los decretos en materia laboral expedidos bajo el amparo de la Emergencia Económica y Social, no sólo están atentando contra el Estado Social de Derecho, sino que pronostican que el Gobierno está rajado, en ese tema, en el análisis y examen de la Corte Constitucional.

Bucaramanga, 4 de junio de 2020

*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Por José G. Hernández*.- Por varios días se han extendido las protestas y los actos violentos en 170 ciudades y localidades de los Estados Unidos -incluida la capital, Washington-, mediante las cuales verdaderas multitudes han expresado la ira y el dolor que estallaron tras la muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años, quien fue vilmente asesinado por un policía en Minneapolis, al parecer por haber pagado algo en un supermercado con un billete de veinte dólares que se consideró -sin haberlo demostrado- falso.

El crimen fue registrado en un video que no deja lugar a dudas sobre la crueldad y la sevicia del uniformado, y que fue ampliamente difundido en redes sociales. El policía blanco, quien ya había dominado a Floyd -en el suelo y boca abajo-, mantuvo su rodilla durante casi nueve minutos sobre el cuello de la víctima -totalmente indefensa y sin posibilidad de respirar-, hasta que se produjo el deceso, ante la impotencia de varias personas que no tuvieron alternativa distinta a filmar la escena, pues aunque reclamaban por el abuso, eran neutralizadas por tres agentes policiales más, quienes custodiaban y protegían al asesino.

El impacto del video fue inmediato y se extendió como pólvora en todo el país y en el mundo, probando una vez más el inmenso poder de las redes, que algunos, pese a la evidencia, se niegan a reconocer.

Las protestas comenzaron en Minneapolis y se extendieron rápidamente hasta llegar inclusive a la Casa Blanca, cuyas luces se apagaron el pasado domingo en la noche mientras el presidente Trump era protegido en el búnker de la misma. Según las agencias internacionales de noticias, durante la madrugada del lunes la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes enfurecidos, que atacaron pese al toque de queda, prendieron hogueras en las zonas adyacentes a la Casa Blanca, incendiaron comercios y hasta un baño público adyacente, y apedrearon las fachadas de numerosos establecimientos.

La violencia policial y el racismo han tenido allá muchos antecedentes, con una generalizada impunidad que ha colmado la paciencia de las comunidades, integradas no solamente por negros. Son muchos los blancos que participan del descontento y la rabia. La muerte de Floyd fue la gota que llenó el vaso, y las protestas son las más graves desde el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968.

Sobre todo esto cabe reflexionar. El abuso de autoridad y el uso excesivo y desmedido de la fuerza por quienes, ejerciendo autoridad, deberían ser razonables y respetuosos de la dignidad, las garantías y los derechos de las personas, no tienen justificación alguna.

Y, por otro lado, la justificada reacción de las comunidades no debería ser violenta, pues como dijera el líder espiritual del budismo tibetano, el Dalai Lama, “La violencia sólo trae violencia”. También lo dijeron Juan Pablo II y Francisco: “La violencia no se resuelve con violencia”.

Lo dicho es válido para Colombia, en donde también hay abusos de autoridad, en donde el respeto a la vida ya no existe y la violencia campea, como seguimos viendo con horror ante la campaña de exterminio de líderes sociales.

Bogotá, D. C, 3 de junio de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Víctor G. Ricardo*.-El caso de George Floyd ha llevado a los Estados Unidos, en especial a la comunidad negra, a recordar los peores disturbios raciales desde el asesinato, en 1968, de Martin Luther King, el histórico líder de los derechos de los negros.

Los abusos policiales y el racismo han llevado a fuertes protestas que se han extendido por decenas de ciudades e incluso en Washington llevaron a que la seguridad presidencial refugiara al Presidente Trump en un lugar de seguridad especial en La Casa Blanca.

Los hechos sucedidos en Minneapolis, donde un policía blanco se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante varios minutos, una vez esposado y pese a sus continuos ruegos advirtiendo de que no podía respirar. Ese grito -I can't breathe-, ¡no puedo respirar!, se ha convertido en uno de las motivaciones de las protestas que recorren el país americano y que incluso también ha llevado a protestar por ese comportamiento, en otros lugares del mundo como es el continente europeo.

Los hechos de protesta violentas llevó al gobierno americano a decretar toque de queda en algunas ciudades y las detenciones que son centenares (periodistas incluidos) mientras Trump, amenaza con desplegar al ejército para poner fin a la violencia.

Como información de lo sucedido podríamos decir que el día 25 de mayo, George Floyd, de 46 años, padre de una niña de seis años, exguardia de seguridad y quien perdió su empleo, como millones de estadounidenses, durante la pandemia de coronavirus, fue detenido por la policía después de que el empleado de una tienda lo denunciara por intentar pagar con un billete falso de 20 dólares.

En ese momento cuatro agentes policiales arrestaron a Floyd y lo esposaron; uno de ellos lo mantuvo retenido en el suelo, arrodillándose sobre su cuello durante más de ocho minutos, mientras Floyd gritaba como ya lo dije, que no podía respirar. Los videos tomados en ese instante por personas que veían los hechos que estaban ocurriendo, registraron los últimos minutos con vida de Floyd y sus súplicas.

Dichos videos, gracias a los elementos de la tecnología moderna, se hicieron virales y provocaron la indignación en todo el país, a la que se sumaron personalidades políticas y artísticas que denunciaron la violencia policial contra los negros.

El día después de la muerte de Floyd, los cuatro oficiales involucrados en el incidente fueron despedidos. Pero para la comunidad eso no era suficiente., por lo que las protestas empezaron esa misma noche en Minneapolis al grito de "I can't breathe". Mientras tanto los centros médicos le hicieron hasta dos autopsias que señalaron que Floyd murió por homicidio debido a "una compresión del cuello".

El agente de la policía Derek Chauvin fue detenido el pasado viernes, acusado de homicidio involuntario por su responsabilidad en la muerte de George Floyd, cuando Chauvin siguió apretando su rodilla contra el cuello de Floyd minutos después de que éste hubiera perdido el conocimiento y cuando los servicios de emergencias ya habían llegado hasta el lugar de los hechos.

Las consecuencias de este acto totalmente irregular y asesino, llevaron a que el 26 de mayo comenzaran las protestas en Minneapolis, inicialmente de manera pacífica, pero a lo largo de la noche desembocaron en violencia y saqueos. Hoy en distintas ciudades norteamericanas, son prácticamente campos de batalla. Los manifestantes han incendiado hasta tres comisarías de policía de las ciudades.

Dentro de la Casa Blanca, Trump tuiteaba: "Estaba dentro, seguí cada movimiento. No podía haberme sentido más seguro. Si los manifestantes hubieran traspasado la valla les habrían recibido con feroces perros y temibles armas".

Lo único que ahora está claro es que los electores americanos deben estar pensando más su voto. En mal manejo de las crisis del coronavirus y el manejo de este absurdo, seguramente pondrán al Presidente Trump en un punto de descendiente en las nuevas encuestas para sus posibilidades de reelección.

Bogotá, D. C, 3 de junio de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Clara López Obregón*.- A América Latina llega la tercera ola de la pandemia cuando la cuarentena, el principal instrumento frente al coronavirus, se encuentra en vía de agotamiento. En los países que sufrieron la primera ola, China y el sureste asiático o la segunda, Europa y Estados Unidos, la cuarentena sirvió para contener la propagación acelerada de la covid-19, racionar los servicios de salud y reducir el número de muertes. Incluso con las cifras dramáticas de Nueva York, los fríos análisis de costo-beneficio encuentran que las restricciones adoptadas dieron resultados favorables. Una investigación para EE. UU. de Linda Thunström y otros autores, próxima a publicarse en el Journal of Benefit-Cost Analysis, encontró que “basados en la mejor información disponible al 3 de abril de 2020, (…) los beneficios económicos de vidas salvadas superan el valor de las pérdidas proyectadas del PIB en unos 5,2 billones de dólares, utilizando una tasa de descuento del 3 por ciento y un horizonte de planificación de 30 años”.

Aun cuando ese escenario puede cambiar con nueva información, adiciona un beneficio económico de la aplicación de las cuarentenas al principal imperativo moral de salvar vidas. De ahí que el Grupo de Puebla sostenga que “no existe dilema entre salud y economía, pues es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y de la inversión con la amenaza latente de la pandemia”.

Con todo, no es lo mismo una cuarentena en los países europeos y EE. UU. donde hay seguro contra el desempleo o en China con su red estatal de apoyo que, en los países de América Latina y África, donde la informalidad laboral y la vulnerabilidad frente a la pobreza son elevadas y los servicios públicos de salud y de atención social demasiado precarios. Ello explica por qué en Colombia, la cuarentena se ha empezado a erosionar. La disciplina social se quebranta ante la insuficiencia de la compensación social ofrecida por las autoridades y la desesperación de las gentes confinadas en condiciones de hacinamiento y privación. Lo grave es que la mayoría de quienes salen no cumplen actividades productivas vedadas por la cuarentena, sino que buscan un precario sustento, con nulo distanciamiento social y sin uso de tapabocas.

La crisis se refleja en la pérdida de 8,7 millones de trabajos formales e informales, 37 en 100, si se suma la reducción de la ocupación de 5,4 millones de personas con el desempleo abierto que asciende a 3,3 millones, según el Dane. La subestimación de la magnitud del problema social se une a la frenada en seco de la economía, posiblemente de manera anticipada frente al comportamiento de la pandemia, haciendo prácticamente imposible la prolongación del confinamiento por doble partida, la resistencia humana y la económica.

Ahora que la región se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia, el país está abocado a la flexibilización de la cuarentena sin haber conseguido la reducción necesaria del ritmo de nuevos contagios. La Academia de Luohan, el tanque de pensamiento y monitoreo más avanzado en la materia ha calculado el umbral para flexibilizar las restricciones e iniciar la reactivación con el indicador DD, el número de días que toma la duplicación de nuevos casos diarios confirmados. La recomendación es de 19. En Colombia estamos en 17, un ritmo de contagio superior al recomendado. Al coincidir la progresión de la tercera ola de la pandemia con el cansancio psíquico y económico de la población, el riesgo de recaer y perder el sacrificio incurrido es muy elevado. Podría incluso significar convivir con altos niveles de contagio y pobre desempeño económico hasta cuando aparezca la vacuna.

Ya que el gobierno no implementó el ingreso básico de emergencia propuesto por 53 senadores durante la cuarentena, haría bien en hacerlo de inmediato para estimular la reactivación económica y la disciplina social. Para financiar el presupuesto sería menos oneroso y riesgoso que la colocación de bonos con acreedores privados, acudir a préstamos del emisor y a la moratoria temporal o restructuración de la deuda externa que ya acepta el presidente Duque, para destinar los fondos de su servicio a las acuciantes exigencias presentes.

Bogotá, D. C, 3 de junio de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá y exministra de Trabajo.

Por Guillermo García Realpe*.- La Costa Pacífica nariñense y especialmente Tumaco, ha sido objeto históricamente del abandono estatal que se traduce en marginalidad, pobreza, exclusión, desempleo, violencia, en fin; un círculo que se repite año tras año sin que medie acción efectiva por parte de los entes Nacionales y territoriales para contener esa bomba social que hace mucho estalló. El Pacífico Colombiano siempre ha estado en llamas y siempre ha estado en crisis, ya en varias decenas de años. 

El conflicto armado que ha dejado más de 311 mil víctimas, sumado a otros factores como el narcotráfico, la minería ilegal, la presencia de grupos armados ilegales, son sin duda, ingredientes que atizan el desolador panorama, dejando una gran estela de pobreza y miseria que, para el caso de Nariño  según el DANE, supera el 72% de pobreza multidimensional más que triplicando la media nacional que hoy se ubica en 19%. 

Hoy en Tumaco y en los nueve municipios restantes de la Costa Pacífica Nariñense y dos del Piedemonte ha estallado también la bomba del covid-19, afectando de manera grave muchas poblaciones, entre ellas, la principal Tumaco, que al momento de escribir éste artículo, ya superaba los 600 casos y Mosquera que hoy lleva más de 45 casos, lo que evidencia el agravamiento enorme. 

El coronavirus  que avanza de manera preocupante, pero por la doble circunstancia de que no hay acueductos, no hay alcantarillados, no hay posibilidad de vivienda, hoy es la amenaza más grande creemos, mucho más grave que Leticia y Cartagena, sobre todo por la debilidad institucional en temas de salud, no existe la infraestructura, ni los equipos de atención médica, ni tampoco  existe el recurso humano. 

Circunstancia especial Tumaco y los municipios de la Costa Pacífica tienen una bajísima cobertura en servicios públicos. Es precaria la situación. La cobertura en acueducto incluyendo a Tumaco es de tan sólo 14,8% y sin incluir a la Perla del Pacífico es del 6,4%; mientras el promedio nacional es del 86% lo que impide hacer o cumplir los protocolos de aseo como el lavado de manos, etc. En alcantarillado la cobertura es del 4,3% mientras que la nacional se ubica en 76%. En vivienda sí que es crítica la situación, el déficit habitacional según el DANE, es del 98,7%, mientras que el promedio nacional es del 36.5%. 

Debido a ese gran déficit la población no tiene posibilidades de cumplir el aislamiento social porque el gran número de campesinos, indígenas y afro descendientes convive prácticamente en una circunstancia de hacinamiento en sus respectivos palafitos que no tienen más de una cocina y un dormitorio para una o varias familias, lo cual va a aumentar exponencialmente el contagio. 

Por otro lado, la circunstancia grave de la debilidad institucional tanto  pública o privada del sector de la salud, hace que evidentemente hoy estemos frente a la peor crisis de la salud en nuestro país. Esto es consecuencia del mal sistema de salud y por supuesto de la corrupción nacional y regional en estos aspectos de salud y también de las administraciones en general que es absolutamente politizada, pero también a grandes extremos permeadas en no pocos casos por movimientos armados ilegales. 

En estos momentos en toda la costa pacífica nariñense y caucana, donde se abrigan más de 600 mil habitantes no existe ninguna sala UCI funcionando, ninguna sala con ventilador mecánico, solamente existe en toda la región tres camas de cuidados intermedios. Por otro lado, no ha habido una presencia formal, ni el fortalecimiento por parte de organismos regionales, ni de la Nación. 

Hoy tenemos mil casos, el 80% están en Tumaco y los municipios costeros y no existe reacción efectiva del Gobierno Nacional y los Gobiernos regionales, por eso el Tribunal Superior de Pasto en su sala laboral falló una tutela, ordenando al Estado el cumplimiento efectivo para atender la crisis, lo que quiere decir que hoy los jueces de la República son los que van a garantizar el derecho a la vida y a la salud. 

Por eso, es urgente como medidas de choque;  establecer un Puesto de Mando Unificado funcional  permanente de los tres niveles, nacional, departamental y local. Instalar laboratorios especializados para análisis de muestras, darle manejo al orden social urbano, garantizar la seguridad alimentaria de la población, de igual forma aplicar tamizaje intensivo barrio por barrio. Diseñar un plan específico de recuperación económica y social que permita combatir el desempleo. Hoy la cifra de informalidad es del 95%. 

También es urgente que el Gobierno Nacional instale los respectivos hospitales de campaña como se ha comprometido tanto el Ministerio de Defensa, como el Ministerio de Salud. Y segundo, que acepte la propuesta de apoyo de misiones internacionales de salud, entre ellas del gobierno cubano, que tiene la disposición de apoyar con equipo humano y equipos especializados y medicamentos. Pensamos que el Gobierno Nacional debe dejar a un lado esas posiciones extremas de reñir en estos aspectos aún humanitarios con países que vienen apoyando al mundo entero y Colombia está en la obligación de aceptar ese apoyo si prefiere salvar el derecho fundamental de los colombianos a la salud y a la vida. 

Necesitamos del Gobierno Nacional resultados efectivos y no tantos pronunciamientos y comunicados, sino hechos reales de soluciones a la población.

Bogotá,D, C, 1 de junio de 2020

*Senador de la República

@GGarciaRealpe