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La Universidad de los Andes a través de su página virtual, publicó un análisis del profesor del departamento de Ciencia Política del alma mater, Víctor Mijares, donde destaca las cuatro claves para entender el origen de la crisis en Venezuela.
Para el profesor Mijares, los 2.219 kilómetros de frontera y cientos de migrantes no es lo único que comparten Venezuela y Colombia. Es contundente en señalar que la estabilidad política, social y de seguridad de Colombia pasa hoy por la estabilidad de Venezuela.
“A nadie le conviene ser vecino de un Estado fallido, por eso el tema venezolano es ya un asunto interno de Colombia”, sostiene el profesor Mijares quien describe que aunque la situación en Venezuela tiene una relación con el chavismo y su transformación actual en el poder, argumenta que la crisis tiene orígenes más allá del creador del movimiento bolivariano, el expresidente Hugo Chávez.
- ‘El petróleo debe darlo todo’
La relación de los venezolanos y el petróleo es parte de la idiosincrasia venezolana y del discurso que se ha escuchado en este país durante años: “Venezuela es un país rico, porque tiene petróleo”.
Sin embargo, el petróleo no emplea a más de 150.000 personas, pero sí debe mantener a 32 millones de personas. Un tema que ha dado para la competitividad política poniendo sobre la mesa qué partido tiene la capacidad de hacer equitativa la renta.
Está la idea, entonces, de un petróleo que debe darlo todo, pero que es una industria y un fenómeno lejano para los venezolanos.
- El estado paternalista
Venezuela cuenta con una sociedad disminuida, frente a un Estado centralizado y poderoso. Es así como la relación entre Estado y sociedad ha generado una situación de clientelismo y paternalismo de alta dependencia de esta última.
- El poder político de los militares
El poder otorgado a los militares es hoy un eje político fundamental que determinará si el chavismo se mantiene o si va a ocurrir una transición. “La relación civil-militar generó, sin duda, un esquema de poder pretoriano, donde los militares son el fiel de la balanza”, agregó Mijares.
- Venezuela y el mundo
El profesor de Ciencia Política, Víctor Mijares, puntualizó que es propio de petroestados sobredimensionar sus capacidades en la forma como se relaciona con otros países y Venezuela no es la excepción. Una situación que puede ser peligrosa e incómoda para este país y su población, porque al ser un país tan pequeño queda atrapado en medio de potencias como Rusia, China y Estados Unidos.
Además, parte de la identidad nacional de Venezuela se construyó sobre la oposición a Colombia, lo que siempre ha generado una tensión entre países que ha permeado las relaciones elementales entre los vecinos.
Los apagones que viven los venezolanos son la consecuencia de años de desidia y desinversión, según Mijares, quien además agregó que en Venezuela están dadas las condiciones para un desmoronamiento del apoyo militar a Nicolás Maduro. “Puede ser un proceso que tome años, pero que puede acelerarse a medida que se acerquen las elecciones en Estados Unidos”, opinó el investigador.
Bogotá, D. C, 2 de abril de 2019
Fuente Universidad de los Andes
Así lo establece Migración Colombia, de acuerdo a un informe presentado al Congreso de la República, donde se precisa que a 31 de enero de 2019, entraron al país 758.419 venezolanos con documentos en regla y 443.989, lo hicieron de manera irregular.
Al responder un cuestionario al Congreso de la República, el director general de Migración Colombia, Khristian Kruger Sarmiento, sostiene que 73.831 de ciudadanos del vecino país son regulares en Colombia, es decir, portadores de visa, cedula de extranjería, mientras que 129.961, superaron el tiempo de permanencia en nuestro país.
Dentro del tiempo de ley establecido se encuentran 100.687 en el territorio nacional, entre tanto, 314.028 están de manera irregular, “cifra proyectada considerando un análisis de las verificaciones realizadas por Migración Colombia”.
El informe destaca que 583.901 que migraron a territorio colombiano, cuentan con el Permiso Especial de Permanencia- PEP.
Con base en la estimación del total de venezolanos en Colombia con vocación de permanencia (migración de destino), se establece que en el departamento de Norte de Santander se encuentra el 14 % de total de ciudadanos del vecino país, lo que corresponde a 171.248 en todo el departamento fronterizo. En Cúcuta, se registran un total de 102.022.
El informe presentado al Senado de la República señala que desde el 23 de febrero del 2019 hasta el 21 de marzo, se han presentado en Migración Colombia un total de 1.224 militares venezolanos para solicitar su condición de refugio.
Bogotá, D. C. 1 de abril de 2019
Por Luis Fernando García Forero
Ecos Nacional
El expresidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, señaló en forma contundente que “quieren jugar a la guerra y no se lo vamos a permitir” y agregó que “Primero la Paz, la verdad y la reparación, luego reconstruir a Colombia”.
Gaviria destacó la decisión de las mayorías en el Congreso de votar negativamente las objeciones del Presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP y dijo que el Partido Liberal fue el primero en manifestarle al jefe de Estado que retirara dichas objeciones porque ponen en riesgo el Acuerdo de Paz.
“Debemos buscar los acuerdos con el ELN y con las bandas que aún delinquen, debemos buscar sacar a Colombia de 70 años de guerra y reconstruirla”, aseguró el expresidente Gaviria.
Bogotá, 29 de marzo de 2019
Redacción Ecos Nacional.
La presidenta de la de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, exhortó al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, como jefe del Dentro Democrático, cumplir lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la paz es un derecho y un deber de los colombianos.
La misiva nace en medio de la polémica que desataron las vallas del Centro Democrático en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ello la Presidenta de ese tribunal de la Justicia Transicional le dice textualmente al senador Uribe: “Solicito y por su intermedio a los miembros de esa colectividad política, el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política que establece que la paz en un derecho y un deber de los colombianos, un deber ético y jurídico que nos vincula sin distingo”.
En la carta Linares hace unas reflexiones sobre la paz en Colombia y se refiere a una cita del Papa Francisco en su visita a Colombia donde señala que “la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos y que ese esfuerzo nos debe hacer huir de toda tentación de venganza”.
Agrega la magistrada Linares que “un deber que en mi criterio se intensifica cuando lo cumplimos Servidores del Estado, que se traduce en mesura, prudencia, serenidad y el compromiso ineludible de no acudir a estrategias de desprestigio, desinformación y agresión continua en contra de quienes tenemos la difícil tarea de administrar justicia transicional”.
“Somos un Tribunal de Paz, creado para contribuir a superar la guerra que durante medio siglo azotó a Colombia, garantizando la no impunidad y al vocación de reconciliación, nunca recurrimos a un lenguaje bélico, ofensivo o degradante”, sostiene en la carta la magistrada linares.
Se refiere a que las “las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional que han acompañado al proceso de paz en Colombia, reclaman como un derecho la construcción de una paz estable y duradera y de nosotros, los servidores públicos, el trámite democrático de las diferencias, los debates y las controversias que puedan surgir, en torno, al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y no Repetición, y, concretamente, de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Sobre la carta el expresidente y senador Álvaro Uribe afirmó en su cuenta de twitter que la Jurisdicción Especial para la Paz debe respetar "opiniones" de quienes creen que el sistema transicional no es la mejor vía para encontrar la paz.
"Respetada doctora Patricia Linares, presidente JEP: Creo que en la JEP deberían respetar opiniones que creen que ese no es el camino de la paz ni de la reivindicación de las víctimas", dijo el jefe del Partido Centro Democrático.
Bogotá, D. C, 26 de marzo de 2019
Redacción Ecos Nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del programa de Gobierno del Presidente Iván Duque, pasó su primera prueba de fuego en el Congreso de la República, en medio de una tormenta y desazón, que desapareció cuando varios congresistas de Cambio Radical y del Partido Liberal, se hicieron presentes en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, salvando la aprobación del informe de la ponencia mayoritaria, que abrió paso a la discusión y votación del articulado, en medio de un desorden, pero que al final, lograron darle vía libre para que pase a segundo debate en las plenarias de Cámara y Senado.
El inicio de dicha sesión fue eterno porque no se completaba el quorum suficiente. Faltaba un poco más de cinco minutos para que el Presidente de la Comisión Tercera de Cámara, Oscar Darío Pérez, quien presidia la sesión conjunta, intentara otro esfuerzo y ordenara el llamado a lista por última vez, cuando, como en una competencia olímpica, el senador de Cambio Radical, Arturo Char y su compañero de bancada Luis Eduardo Díaz Granados, ya estaban presentes en el recinto de la democracia. Igualmente se encontraban los senadores liberales Mauricio Gómez y Rodrigo Villalba. De esa manera, se convirtieron en los salvavidas del PND.
“Se infiltró la mermelada”, aseguró el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, quien se encontraba en Valledupar en una reunión de esa bancada, con sus demás colegas y su jefe, Germán Vargas Lleras, quien había desautorizado que se votara a favor de esa iniciativa gubernamental.
El tire y afloje para la conformación del quorum terció para el Gobierno Nacional, lo que permitió darle un respiro al equipo de Gobierno encabezado por el Consejero Presidencial de la Política, Jaime Amín, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la Directora Nacional de Planeación, Gloria Alonso, quienes rodearon a la senadora María del Rosario Guerra que como coordinadora de ponentes inició la exposición con el objeto de abrir la discusión del articulado, que finalmente fue aprobado.
En la sesión se eliminaron los artículos que tiene que ver con las responsabilidades de los OCAD, el que limitaba los programas de inversión del Río Bogotá, los cambios en los impuestos de licores, el desmonte del subsidio de energía en el estrato 3, entre otros.
Lo que va a plenarias
Fueron 2.698 proposiciones que se presentaron a consideración de los 311 artículos del informe de la ponencia mayoritaria. Se incluyeron 128 más, se eliminaron 9, quedan 10 controvertidos para discutir en las plenarias respectivas.
Los nuevos artículos tienen que ver con el Fondo de Estabilización del Café, el tema de los aranceles a los textiles, las becas por impuestos, la sobretasa de $4 por Kilovatio a estratos 4,5 y 6, pero los más polémicos y que van a generar una dura discusión se encuantran, entre otros, el que le entrega el manejo de la inversión al Ministerio de Hacienda, las Facultades extraordinarias al Presidente para crear, disminuir instituciones y la cotización por horas.
Al Gobierno no le queda fácil aún llevar y llegar a salvo el PND en la recta final en las plenarias de Senado Y Cámara. A la hoja de ruta de los programas del Presidente Duque en sus cuatro años, le espera todavía un viacrucis, más que doloroso y tortuoso, polémico, porque las curules de los recintos de las dos corporaciones, estará ante la mirada y la atención de los colombianos para saber si en verdad, la ‘mermelada’, se frota en la burocracia y se salva el Plan Nacional de Desarrollo.
Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2019
Por Luis Fernando García Forero.
Los mandatarios de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay, lanzaron en la capital chilena el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), un nuevo bloque regional que pretende remplazar a Unasur, y del que está excluida Venezuela.
La declaración final fue firmada por los siete mandatarios que asistieron a la cumbre, más un representante de Guyana. Dos países no la subscribieron; Uruguay y Bolivia quienes estuvieron representados por delegados.
"Ha sido un buen día para la colaboración, el diálogo, el entendimiento y la integración en América del Sur, porque desde hacía más de cinco años los presidentes de América del Sur no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos", dijo el presidente chileno Sebastián Piñera.
Agregó que el organismo será "un lugar de encuentro y de diálogo, abierto a todos los países de América del Sur y sin ideologías”.
El mandatario chileno es junto a su homólogo colombiano Iván Duque, el impulsor de esta iniciativa; del nuevo bloque, que nace bajo el alero de la ola conservadora que sacude a la región y que pretende reemplazar a la agónica Unasur, nacida hace una década en pleno auge de los gobiernos de izquierda.
El nuevo espacio tendrá "una estructura flexible, liviana, no costosa, con reglas de funcionamiento claras", reza la declaración.
Uruguay, uno de los pocos países de la región que no reconoció como gobernante encargado de Venezuela a Juan Guaidó, rechazó la creación de este nuevo foro regional, porque a juicio de su presidente, Tabaré Vázquez, en su constitución se "cometen los mismos errores" de Unasur, que nació con "una finalidad ideológica".
Bolivia, que aboga por mantener Unasur, se quedó solo con Surinam, Uruguay y Venezuela. Este foro político nació con 12 miembros.
La jornada terminó con protestas en las cercanías de la sede de gobierno. Unas 500 personas se manifestaron contra la cumbre y en especial la presencia de Bolsonaro en el país, en una concentración que fue dispersada por la Policía con gases lacrimógenos.
Venezuela, presente
La crisis del país sobrevoló este encuentro de mandatarios, que declararon en su momento a Nicolás Maduro como ilegítimo.
"La dictadura de Venezuela se fortalece en la flaqueza de Maduro que no decide en el gobierno, lo dirigen algunos generales, con algunos narcotraficantes; tiene miles de cubanos terroristas que lo apoyan en Venezuela", dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a periodistas al término de la reunión.
Para muchos analistas, la exclusión de Venezuela es el principal motor de Prosur: "No veo este foro como un grupo que se dedica a discutir sobre el bienestar de América Latina, lo veo como grupo cuya primera intención es sacar a Maduro del poder", dijo el analista de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.
Pero una eventual intervención militar no está sobre la mesa. "Están divagando, están soñando no hay esa posibilidad, no es posible", agregó Bolsonaro.
En las horas previas, el presidente colombiano, Iván Duque, reveló que conversó con mandatarios de la región sobre dar asilo a militares desertores del gobierno de Maduro
"Es un tema que lo hemos venido conversando con varios países después de los hechos del 23 de febrero", dijo Duque en una entrevista con Canal 13, sobre el fallido intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela a través de la ciudad de Cúcuta.
Santiago de Chile, 23 de marzo de 2019.-
Por Felicia Saturno Hartt.
Michelle Bachelet, reconoció que la "crisis económica y social generalizada y devastadora" en el país inició antes de las sanciones de EEUU
Bachelet, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los DD.HH., realizó una presentación del informe del organismo que representa, donde mostró las impresiones y análisis sobre la situación actual de Venezuela y las problemáticas que enfrenta, entre ellas, el uso excesivo de la fuerza -por parte de las autoridades-, la escasa existencia de alimentos y medicinas, y las consecuencias de estas problemáticas.
"Como resultado directo de esta profunda crisis de DD.HH., más de 3 millones de personas han huido de Venezuela en busca de alimentos, atención médica, trabajo y protección", indicó, y terminó de esbozar su argumento explicando que "muchos venezolanos se van en salud precaria y con pocos o ningún recurso financiero; sus dificultades se ven agravadas por las prácticas de extorsión y apropiación por parte de algunos guardias fronterizos".
De igual forma, señaló que "documentamos el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones. Muchas de estas preocupaciones han sido destacadas en nuestros comunicados y nuestro informe".
Especificó que "en el contexto de la última oleada de protestas en todo el país en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de DDHH y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales (colectivos)."
Bachelet también resaltó su preocupación por el estado de los niños, mujeres embarazadas y ciudadanos indígenas que se han visto afectados por estas aflicciones. "Más de 1 millón de niños ya no asisten a la escuela, principalmente debido a que los padres no pueden alimentarlos con el desayuno, el fracaso de los programas de alimentación escolar y la falta de transporte público, así como la ausencia de docentes".
"El tema de salud no ha sido reconocido por las autoridades y las medidas adoptadas han sido insuficientes", dijo.
En cuanto a la reciente falla eléctrica que atravesó el país por más de tres días, la representante de la ONU señaló que “el apagón a nivel nacional ha exacerbado está situación reduciendo el acceso de alimento y medicamento y afectando a los hospitales, la extensión del daño y las víctimas aún no se conoce. Un apagón tan largo demuestra los desafíos que enfrenta Venezuela”.
En su discurso hubo cabida para los venezolanos desesperados que han optado por buscar mejores condiciones de vida en otras tierras. "Los venezolanos también enfrentan enormes obstáculos para obtener documentación que facilite la migración regular y el acceso a la educación o al trabajo en otros países. (...) Aplaudo los esfuerzos realizados por los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y los aliento a continuar combatiendo la xenofobia y la discriminación".
En otro orden de ideas, la alta comisionada reconoció que la "crisis económica y social generalizada y devastadora" inició antes de las sanciones de EEUU.
Asimismo, estimó de gran importancia que la misión del organismo, perteneciente a su oficina, se encuentre en el país, puesto que estaría dando paso a posibles soluciones. Además, solicitó que no hubiese obstáculos contra las personas que quieran reunirse con su equipo técnico ni represalias con quienes ya lo hayan hecho.
Nueva York, 20 de marzo de 2019.-
Por Felicia Saturno Hartt.
Las principales calles de las capitales y municipios de Colombia, se dieron cita para que a través de una marcha, miles y miles de ciudadanos protestaran por las objeciones a seis artículos del proyecto de ley Estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz, tema que será nuevamente debatido en el Congreso de la República, pero que en todo caso, dicho texto legislativo, regresará a la Corte Constitucional para establecer su exequibilidad.
“Nos movilizamos para defender la paz”, era la consigna de representativas figuras de la política, las víctimas del conflicto, la cultura, organizaciones sociales, jerarcas de la iglesia católica, exguerrilleros, exministros, entre otros, quienes en Bogotá marcharon hasta la Plaza de Bolívar, contiguo al Capitolio Nacional, donde el Congreso debe definir si acepta o no las objeciones presidenciales a la JEP.
“La construcción de paz será el resultado de encontrarnos en nuestras diversidades. Ante la campaña de desprestigio de los sectores políticos que han atacado y se han opuesto reiteradamente a la terminación del conflicto armado, es nuestro deber proteger a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, parte fundamental de la construcción y preservación de las memorias colectivas, de la verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto armado, de los responsables, y ante todo, de la garantía de No Repetición de los hechos victimizantes”, señala un comunicado de los organizadores de las marchas a nivel nacional.
La dirigencia política que apoyó y participó de la marcha señalaron a instancia de Ecos Políticos que atacar la JEP es agredir directamente a las víctimas del conflicto y por eso invitaron a todos los ciudadanos a salir a las calles.
Bogotá, D. C, 19 de marzo de 2019
Redacción Ecos Nacional
Según cifras de las Naciones Unidas, 87.000 mujeres fueron asesinadas en 2017, a nivel global, por su pareja, expareja o algún miembro de su familia. "Esto quiere decir, 137 feminicidios diarios", afirmó Luis Almagro, Secretario General de la OEA.
Por ello, la Organización de Estados Americanos presentó una ley marco que busca prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas en la región, dedicada a la memoria de quienes han sido asesinadas por razones de género.
Al inaugurar en Washington el encuentro "Asesinato de mujeres y niñas por razones de género", el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó que la ley "busca que los Estados armonicen su legislación con los estándares de la Convención de Belém do Pará", de 1994, instrumento, que según él, ha sido "suscrito y ratificado por 32 países" del continente.
El secretario advirtió sobre el "escenario poco alentador" en esta temática, al mencionar que "las cifras a nivel mundial indican que una de cada tres mujeres es, ha sido o será víctima de violencia en algún momento de su vida".
Por su parte, la Presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará (Mesecvi/OEA), Sylvia Mesa, expresó que esta ley busca que los estados miembro adopten el "enfoque integral" de la Convención de Belém do Pará, que implica la prevención, la investigación, la sanción y la reparación.
Mesa destacó como "un avance" que la ley marco propone un concepto de Femicidio "anclado en la Convención", lo que supone que este delito no "solo ocurre en las relaciones de pareja" sino que tiene en cuenta ámbitos como la comunidad y la violencia perpetrada por el Estado.
Washington, D.C. 19 de marzo de 2019.-
Por Felicia Saturno Hartt.