Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- Hace algunos meses, cuando se debatía la sostenibilidad futura de Avianca por los retos financieros que atravesaba como consecuencia de la pandemia, escribí algunos artículos que generaron alguna polémica, en los que llamaba la atención respecto de la necesidad de defender esta empresa e incluso apoyarla porque, aunque los propietarios ya no fueran colombianos, ni el Presidente fuera colombiano, la marca era un símbolo de nuestro país y fundamentalmente aseguraba conectividad y por lo tanto competitividad de nuestro país y nuestras regiones.

La afectación de una empresa como Avianca entonces, me parecía un riesgo muy grande, por su papel en la economía nacional, en el desarrollo y competitividad de nuestro país e incluso en su papel como articulador social.

El gobierno colombiano finalmente no tuvo que hacerle un préstamo a Avianca que apoyara sus necesidades por cuanto el sistema financiero internacional lo hizo, proyectando su mejora con base, entre otras cosas, en el potencial mercado de pasajeros colombianos y las licencias de rutas aprobadas de las cuales ya dispone. El valor de su marca o good will y la proyección de que, superada un poco la pandemia, la situación de las empresas aeronáuticas mejorará.

Sin embargo, en el último año, Avianca no solo ha reducido sus vuelos, tanto nacionales como internacionales, a un mínimo, cancelando rutas y frecuencias, seguramente motivados en los pocos desplazamientos que se han dado en los tiempos de pandemia y también por las medidas adoptadas por otros países, sino que además pareciera esforzarse por empeorar su servicio al cliente. Lo anterior, con el agravante de que otras aerolíneas han hecho todo lo opuesto y tratan a sus clientes mejor que nunca, no solo fidelizando los que ya tienen, sino penetrando además aquellos que en su momento fuimos fieles a Avianca.

Pero la manera en la que Avianca irrespeta a sus usuarios es inconcebible, modificando o cancelando horarios y frecuencias, independientemente de la previa elección y necesitad de sus usuarios de cumplir horarios, compromisos y disponibilidad. Peor aún, venden los pasajes diciendo que se podrán cambiar de fechas y cuando los pasajeros por necesidad así lo soliciten (incluso si el covid-19 es la principal razón o disipaciones de algún país), resulta que por un lado es imposible comunicarse con sus líneas de atención (la espera es eterna) y por el otro cuando se va a realizar el cambio se reclama la necesidad de pagar ciertas cifras, que no se presentan por el cambio en si sino por otros conceptos como cambio de tarifa o derechos de emisión, cifras que son más elevadas que comprar un tiquete nuevo, lo que seguramente esta soportado en la letra menuda del tiquete, pero lo que leemos los clientes en su publicidad es otra cosa.

Avianca está llevando a su límite a sus clientes, muchos de los cuales han sido leales por seguirla utilizando y además son viajeros frecuentes. Se ya de muchos pasajeros que debido a la falta de buena atención, descortesía y recorte de los servicios (cierre de salas vip y algunas otras), ya se han pasado a otras empresas. Es que también a los clientes la copa se les llena.

El gobierno por otra parte tiene la obligación de no permitir que esta clase de situaciones se sigan presentando e incluso debería impulsar y promover que a otras empresas se les autoricen los permisos para las distintos rutas y así crear una competencia donde la conectividad tenga alternativas y el servicio mejore.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2021

*Excomisionado de Paz

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito histórico, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del agua. Se trataba y se trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia del recurso hídrico, sobre la necesidad de protegerlo y hacer un uso más racional del mismo.

Hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió en el 2010 la Resolución 64/292 que reconoce “el derecho humano al agua potable y al saneamiento” y reafirmó lo ya dispuesto en el 2008, en el sentido que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. Inexplicablemente el Proyecto de ley que convertía el acceso al agua potable como un derecho fundamental en Colombia se hundió en el Congreso de la República en diciembre del año anterior.

Uno de los Objetivos del desarrollo del Milenio fue reducir un 50% la proporción de personas sin acceso al agua potable en el mundo hacia el 2015. Desafortunadamente Colombia, según el Coordinador residente de las Naciones Unidas Fabrizio Hochschild, aunque avanzaba “en la dirección correcta” pero “no a la velocidad necesaria”. Nuevamente, entre los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) esta el acceso al agua limpia y tiene entre otras metas lograr el acceso  universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, así como la utilización eficiente del recurso hídrico. Esta sigue siendo una de las asignaturas pendientes de Colombia.

Por lo demás, hemos venido sosteniendo que el agua potable dejó de ser hace rato un bien libre para convertirse en un bien económico, el cual después de considerarse un recurso natural renovable, por cuenta del cambio climático, se tornó en un recurso natural no renovable y por lo tanto expuesto a su agotamiento. Como bien lo plantea el experto Álvaro Sánchez “el planeta no produce agua nueva, el agua es estable sobre la tierra”.

El tiempo ha terminado por darme la razón. Recientemente el mundo fue sorprendido con la noticia que el agua había empezado a cotizarse en Bolsa, al lado del oro, el crudo, el cobre y la soya. Y ello, en momentos en los que dos mil millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua y se estima que próximamente dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua, al tiempo que millones de personas se verán desplazadas por la carencia del preciado líquido.

Por ello, no han faltado quienes han puesto el grito en el cielo de sólo pensar que se llegue a especular en Wall Street con un recurso que en el mundo es considerado legalmente como un bien común de dominio público. Pero, la verdad sea dicha, en la práctica al darse este paso se da un sinceramiento del mercado en donde el agua es gestionada como un activo financiero. Es el caso de los derechos o concesiones para la utilización del agua con distintos fines mediante actos administrativos. Como afirma el Director de Economía del agua en el Instituto IMDEA agua de Madrid (España) Gonzalo Delacámara, “esto siempre ha funcionado de manera informal en todos los lugares del mundo con sistema de riego”. Y lo ilustra con un ejemplo: “un regante A le dice al B, este mes no voy a regar, te cedo mis derechos a cambio de una compensación”.

Continúa diciendo el experto en el recurso hídrico Delacámara que así como se da el intercambio de derechos de uso de agua entre agricultores a cambio de dicha “compensación”, también se da que “otros actores lo que busquen sea ganar dinero con esos activos financieros”. Y allí es en donde nace el negocio con el agua, en donde quien la necesita va al mercado spot a comprarla, como cualquier otro bien transable, pagando el precio al cual se cotice el derecho de agua. Pero, también puede ocurrir que el interesado no la necesita de momento, pero quiere asegurarse de disponer del agua para cuando la requiera (para riego, por ejemplo) y en ese caso puede recurrir al mercado de “derivados”, ya sea como bien de opción o de futuros del agua.

Huelga decir que estos contratos de futuro no obliga necesariamente a la entrega física de agua en una fecha determinada, son puras y duras transacciones financieras. Operan como si fueran un seguro para cubrir el riesgo frente a la variabilidad climática, pues en el evento de que se presente una hidrología critica y no le puedan suministrar el volumen de agua convenido, quien la contrató recibe el pago estipulado como compensación.

Lo cierto es que desde finales del año pasado  el índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” NQH2O, está operando y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California por acre-pie. Algunos expertos defienden que estos mecanismos financieros pueden contribuir a una gestión más eficiente de un recurso cada vez más escaso como lo es el agua. Y no les falta razón a quienes aducen que ponerle precio al agua cuando, como ya dijimos, merced al Cambio climático dejó de ser un bien libre para adquirir un valor económico, aunque no deja de ser un bien público, nada justifica que no se le ponga precio cuando se otorgan derechos y concesiones a título gratuito para su usufructo por parte de particulares.

Eso sí se debe garantizar el efectivo ejercicio del acceso al agua potable como derecho humano, tal como lo dispuso las Naciones Unidas, ello no puede sufrir menoscabo, única forma de cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Ojalá el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se aperciban de darle trámite al proyecto de ley que consagra el agua potable como un derecho fundamental en Colombia, al tiempo que se garantice el mínimo vital gratuito a la población vulnerable.

Santa Marta, marzo 20 de 2021

www.amylkaracosta.net

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Felix Lafaurie*.- Qué difícil el tema de las armas y del derecho a tenerlas y portarlas, que Fedegán defendió cuando asesinaban, secuestraban y extorsionaban ganaderos por doquier, hasta la llegada de la Seguridad Democrática y la recuperación del campo a partir de 2002.

Qué difícil hablar de armas cuando se carga el estigma generalizador del “ganadero paramilitar”, impulsado por las Farc y por la izquierda durante años; una ofensa a la dignidad de 600.000 colombianos dedicados a la ganadería y víctimas desde siempre de la inseguridad rural.

Habíamos arriado esa bandera y mantuvimos una posición distante frente al debate, pero lo cierto es que la seguridad Democrática, que había llegado para quedarse, se fue rápidamente con la elección de Santos, no solo por su interés en “ganarse la confianza” de las Farc, sino en desmarcarse de su antecesor y de sus propias ¿convicciones?, como ministro de Defensa.

Sin la Seguridad Democrática y, bajo la presión de las Farc, de Chávez y de Correa, se prohibió la aspersión aérea y el narcotráfico resurgió violento para garantizar el control territorial en los campos y del microtráfico en las ciudades, con armas que entraban a granel por las fronteras, mientras Santos, otra vez presionado por las Farc y por la paloma en la solapa para lucir con el Nobel, a finales de 2015 modificó un decreto de 1993 para hacer imposible el porte legal de armas, y con ello desarmó a quienes no debía desarmar, a los ciudadanos de bien, con una medida temporal que se volvió permanente.

En efecto, año tras año, con el mismo “corte y pegue” de una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual “el porte de armas promueve la violencia…”, se ha promovido la violencia contra ciudadanos inermes, por parte de bandidos de todas las calañas que los saben indefensos; que si el ciudadano tuviera como defenderse…, otro gallo cantaría…

Las cifras no mienten. Estados Unidos, que tiene más armas que habitantes, redujo los homicidios en 49% desde 1993. En Colombia, en 2015 hubo 11.585 homicidios, 9.137 con armas de fuego, y en 2020 hubo 12.016, de los cuales 9.107 fueron con armas de fuego. ¿Qué ha mejorado? Nada. ¿Cuántos se habrían evitado si los bandidos sospecharán siquiera que su víctima potencial estaba armada? Esa es la pregunta.

En 2020 hubo, además, 95.636 hurtos a personas; 11.776 al comercio, 2.860 vehículos robados y 8.628 motocicletas. El comercio está asediado por la extorsión y el atraco; el campo está asediado por la extorsión y el abigeato, y ya volvimos al macabro conteo de nuestros muertos. En Bogotá, el efecto combinado de microtráfico, migración, pandemia, desgobierno y falta de conexión de la alcaldesa con la Policía Nacional, nos ha llevado a una aterradora situación de inseguridad.

El problema no son las armas legales, que hoy están guardadas; el problema son las armas ilegales que paga el narcotráfico. Según el CERAC, antes de 2016 había 900.000 armas con permiso y 2,5 millones de armas ilegales, pero según “The Small Arms Survey”, para 2017 eran ¡más de 4,2 millones!

Igual muchas. ¿Quién las tiene? Las disidencias, los elenos, los pelusos, el Clan del Golfo, los ladrones de celulares y bicicletas, y los miles de microtraficantes de barrio. Ninguno necesita el “permiso especial” que se inventó Santos para desarmar a los que no debía.

Creo en el monopolio estatal de las armas y creo en nuestra Fuerza Pública, pero ante una situación de violencia desbordada, creo también en el derecho constitucional a la legítima defensa, que a ningún hombre libre se le puede negar.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Se volvió a alborotar el debate sobre el crédito del Banco de la República (BR) al gobierno para financiar los gastos que no ha hecho para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Esta vez, porque Petro y Claudia López volvieron a insistir en la propuesta que desde hace un año planteamos varios economistas, incluyendo ex ministros de Hacienda.

Los ortodoxos volvieron a decir que era una propuesta populista e irresponsable, sin importar que los bancos centrales de muchos países hicieron préstamos a sus gobiernos. Repitieron los mismos argumentos: uno, que la emisión monetaria podía aumentar la inflación y dos, que se afectaba la credibilidad del gobierno y del mismo BR frente a los inversionistas internacionales.

Lo primero es una teoría trasnochada que no tiene asidero en condiciones como la recesión actual, causada por desplome de la demanda. Las cifras son contundentes: el año pasado el BR imprimió billetes a gran velocidad, y los medios de pago (M1) aumentaron 26,4%; ¿Se aceleró la inflación? ¡No!, por el contrario se redujo a un mínimo histórico de 1,6% anual. Lo malo es que muy poco de ese dinero nuevo llegó al sector productivo, porque los créditos bancarios solo crecieron 2,9%.

Hoy todo el mundo aplaude que el BR haya bajado tasas de interés y emitido dinero, pero sigue la absurda visión maniquea de que la emisión es buena si va para el sector financiero privado, y mala si es un préstamo al gobierno.

En cuanto al segundo argumento vale la pena recordar lo que sucedió durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. El gobierno de Olaya Herrera enfrentaba una caída del PIB del 8% con el agravante que el BR no podía emitir sin respaldo de oro, y con la fuga de capitales el M1 disminuyó cerca de 30%.

Cuando se autorizó al BR a emitir sin respaldo en oro había que encontrar una fórmula que le permitiera prestarle al gobierno. Lo hizo el creativo Minhacienda Esteban Jaramillo. Le cedió al BR las utilidades de los siguientes 13 años de la explotación de las Salinas (la ISA de esa época), a cambio de un préstamo del BR de $15.5 millones, que representaban el 40% de los ingresos del gobierno. El crédito del BR al gobierno llegó a ser el 6% del PIB y el país salió de la recesión. Es como si hoy le prestara unos $60 billones.

La propuesta de la alcaldesa de Bogotá es que el BR le preste al gobierno $50 billones garantizados con las utilidades futuras de ISA y Ecopetrol. El ortodoxo Esteban Jaramillo la aprobaría, y no habría que vender a ISA.

* * *

Adenda: Excelente la propuesta del presidente de sembrar 60.000 árboles como homenaje a los muertos por el Covid. Ojalá propusiera también hacer otro bosque de 6.402 árboles como monumento a los jóvenes asesinados y presentados como falsos positivos.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor

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Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.- Durante esta semana la democracia colombiana fue asaltada por un proyecto de reforma constitucional, que en síntesis era un golpe de Estado al que querían darle apariencia de legalidad. Varios representantes a la Cámara, o más bien de la ignominia, pretendían cancelar las elecciones de 2022, extendiendo el periodo al presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes, magistrados de altas cortes, entes de control y, en fin, a todo el establecimiento. En otras palabras, un insulto a la inteligencia democrática de los colombianos.

Sin embargo, el mencionado plan burdo y patético, por el grado de desespero que refleja, fue frustrado gracias a la reacción ciudadana colectiva en las redes sociales, que se movilizaron masivamente en contra del esperpento. Quedó demostrado que quienes por años se han dedicado a infundirle miedo al país, hoy están aterrorizados ante la ineluctable pérdida del poder que se les avecina. Los colombianos quieren un cambio, se sienten traicionados por la clase dirigente y lo grave es que esa traición ha hecho metástasis en la percepción que tienen los ciudadanos de sus instituciones.

El proyecto político del narcotráfico sigue vivo en Colombia, no se rinde y reincide. Su derrota depende de las urnas y de regular todas las sustancias para matar el negocio criminal que lo sostiene.

Ahora radican un nuevo zarpazo a la democracia para que las elecciones de 2022 se realicen en un solo día electoral. Quieren impedir la realización de consultas populares y llevar al otro “mesías” directo a segunda vuelta, creyendo así repetir la elección presidencial de 2018.

Este nuevo atentado contra la democracia, merece la misma reacción que tuvo la “jugadita” de la semana pasada: unificar elecciones a un año de su realización, en medio de una pandemia, es parte del proceso de degradación o putrefacción de un establecimiento capturado por negociantes del poder. Los colombianos ya nos dimos cuenta de su juego perverso, oscuro, siniestro y criminal; “el todo vale”, “el fin justifica los medios”, “combinar las formas de lucha”, “lo importante no es de donde viene la plata sino para donde va”, “una mentira repetida suficientes veces se convierte en verdad” son su credo, su dogma y su manera de entender y hacer “política”. Ya ni siquiera guardar las apariencias les importa.

Nueve generaciones de colombianos han construido una democracia que, aunque imperfecta, tiene el sello indeleble de cientos de miles de personas que entregaron su vida violentamente por defenderla y protegerla. Tenemos el deber moral de estar a la altura del desafío y de su ejemplo. La nación desde sus territorios y comunidades debe despertar, organizarse y movilizarse pacíficamente con el propósito de conquistar una segunda independencia: la independencia del régimen criminal de terror y miedo al que pretenden someternos.

Para que nuestro amado país tenga una segunda oportunidad sobre la tierra, el primer paso es acabar el narcotráfico, asfixiando su negocio criminal a través de la regulación de todas las drogas por el Estado. Es hora de atrevernos.

Bogotá, D. E, 21 de marzo de 2021

*Exsenador del Partido Liberal

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- ¡Por fin se conoció el calvario! Lo esperado caerá sobre millones de colombianos, que aún no se han repuesto de las penurias que les trajo y aún sigue aplicándoles la pandemia. Se esperaba que el gobierno Duque hubiera entendido que sus conciudadanos; los que por él votaron y aquellos que buscaban otros candidatos o se abstenían, al no encontrar un líder que los condujera por los caminos de la prosperidad, el desarrollo, la seguridad, la paz, la esperanza y la felicidad.

La irreflexiva cascada impositiva que el presidente calificó como “agenda de transformación social sostenible”, se precipitará sobre un pueblo en la miseria, el hambre, la angustia y el pesimismo. Era necesario motejarla, para esconder la malévola depredación que la reforma conlleva para la vida de un pueblo.

Quienes se atrevieron a plasmar en unas resmas de papel semejante desatino, desconocen el país, sus posibilidades, sus penurias y la incertidumbre que de él se apoderan. Como suele suceder, encargan estas “funestas genialidades” a aprendices, o a curtidos economistas que tienen afán de riqueza fácil y que dependen de los dueños de la riqueza. De los amos y patrones de todo. De quienes desconocen que la generalidad de nuestra gente solo dispone de una menesterosa vida.

Para ellos solo existen las ecuaciones que aniquilan a los pueblos. Se amparan en las extremas, para manejar todo a su antojo.

Desde abajo, una población inerme, desesperada y sin aliento, mira hacia el cielo buscando un paladín, que con una luz, una brizna, o una migaja pueda calmar la centenaria ansiedad.

Cada artículo, cada literal, cada parágrafo, de estas reformas, penetran sin compasión los bolsillos de la gente que ya nada tiene.

La canasta familiar, ya arduamente golpeada, dejó unos resquicios que fueron descubiertos por los alcabaleros.

Muchos parlamentarios pensantes y con sentido social, empezaron a analizar la reforma, sin encontrar hasta ahora, objetivo alguno que represente alivio para las penurias de una nación convaleciente.

No hay articulito alguno contra la corrupción. Los 60 billones de la putrefacción, permanecen intactos. Quien se atreva a tocarlos, recibirá el calificativo de extremista de izquierda.

A este asalto, no escapará colombiano alguno. Requieren 15 billones para la “mermelada faraónica” electoral del 22.

Aunque Duque dijo categóricamente que su mandato solo iría hasta el 7 de agosto del 22 a las 3 de la tarde, ya sus áulicos, están preparando la tradicional “jugadita” de los bachilleres, para burlar sus palabras… misteriosamente “aparecerá”  un proyecto de ley, lubricado con mermelada “innombrable”, extendiendo el período presidencial, que pasará aceleradamente, según los congresistas del CD, los asesores y los millares de asesores de la Casa de Nari.  

La nueva ley, según los promotores, deberá ser aplicada de inmediato por el gobierno Duque. No hay de otra, porque proviene del legislativo y en Colombia hay independencia de poderes. ¿Se atreverá Duque a desobedecerlo?

BLANCO: La notificación de Biden a Putin. 

NEGRO: Colombia desconoce la CIDH, como ignora los acuerdos de PAZ y trata de eliminar la JEP.

Bogotá, D. E, 20 de marzo de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Paloma Valencia

Por Paloma Valencia*.- Ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo debería exigirnos y comprometernos en la preservación de esos ecosistemas y todas esas especies. Sin embargo, Colombia vive de espaldas a las riquezas ambientales que alberga.

Tenemos 42 parques naturales que son joyas a nivel mundial, un fragmento significativo de la selva Amazónica, 483 mil kilómetros cuadrados - 41% de nuestro territorio continental - el hot spots de las selvas del Darién, caudalosos ríos y ecosistemas tan especiales como los páramos. Riquezas que albergan vida diversificada en miles de especies. Como ciudadanos del mundo tenemos un gran deber con la humanidad y con las futuras generaciones y debemos cumplirlo.

Precisamente por eso propuse en el Plan Nacional de Desarrollo que al menos el 15% del impuesto de carbono fuera para proteger los bosques de la Amazonía. Logré que el medio ambiente fuera incluido nuevamente en las Regalías, un punto que equivale a 170 mil millones. Presenté el proyecto para la protección de la región amazónica donde se preveían giros de los departamentos hacia la región. También está en tránsito el proyecto que crea el fondo de fomento forestal para cumplir la meta de los 180 millones de árboles que prometió el Presidente Duque.

Proteger nuestro patrimonio ambiental también requiere luchar contra el calentamiento global. Es evidente que muchos ecosistemas están amenazados por este fenómeno. Es triste tener que reconocer que los esfuerzos de coordinación internacional han sido insuficientes. El avance de los gases con efecto invernadero ya empieza a cobrar factura a la biodiversidad mundial y a muchos ecosistemas cuya supervivencia está comprometida.

Sin embargo, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo para diversificar la canasta energética de nuestro país. Es innegable que con los estímulos otorgados estamos viendo aparecer muchas tecnologías limpias. Pasaremos del 0,5% de energías solares y eólicas a un 12% en el 2022. En poco tiempo Colombia podrá dejar de lado las pocas energías térmicas que usamos. Ha sido fundamental avanzar en los contadores bidireccionales que permiten devolver a la red las energías sobrantes. Será una alternativa entonces que los usuarios produzcan energía para no pagar luz, sino venderla.

La hora de los combustibles fósiles está llegando a su fin. Con la ley de movilidad sostenible Colombia se convirtió en líder de ventas en vehículos eléctricos e híbridos en 2019. Pese a la pandemia crecieron las ventas en 2020 y ratificamos el liderazgo. En este 2021 han crecido por encima del 150%.

Hay mucho por hacer sobre todo en lo que se refiere a la deforestación. La idea de que tumbando bosque se consigue tierra y el narcotráfico que cohabita en esa frontera interna requiere una profunda reflexión. El frente colonizador es una tarea pendiente que requiere no solo la lucha contra el narcotráfico y las reformas que habilitan y premian talar el bosque. Creo que no debemos seguir insistiendo en llevar el Estado a donde por las condiciones nunca terminará de ser eficiente ni presente. Hay que buscar mecanismos para que la zona de frontera interna se desactive, que la ciudadanía que la compone tenga alternativas vitales en otras regiones de Colombia.

El medio ambiente es un propósito que nos une y que todos los colombianos debemos defender. Es nuestro patrimonio y nuestro deber cuidarlo.

Bogotá, D. E, 19 de marzo de 2021

*Senadora del Centro Democrático

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José G Hernández

Por José G. Hernández* Si algo debe ser considerado en materia de reforma judicial es lo atinente a un derecho fundamental que, en razón de la congestión de los despachos judiciales, la morosidad, el formalismo y las argucias de algunos abogados, viene siendo teórico y lejano, con graves repercusiones institucionales: el de acceso efectivo a la administración de justicia.

Como lo ha expresado la Corte Constitucional, la administración de justicia es “una función pública estatal de naturaleza esencial, en cuanto configura unos de los pilares fundamentales del Estado democrático social de Derecho, al garantizar que una persona investida de autoridad pública y con el poder del Estado para hacer cumplir sus decisiones, resuelva, de manera responsable, imparcial, independiente, autónoma, ágil, eficiente y eficaz, los conflictos que surjan entre las personas en general, en virtud de los cuales se discute la titularidad y la manera de ejercer un específico derecho, consagrado por el ordenamiento jurídico vigente” (Sentencia C-242 /97).

Según el artículo 229 de la Constitución, en Colombia se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Agrega que la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

La garantía no consiste solamente en asegurar que los despachos judiciales reciban y tramiten demandas y memoriales, sino en que quienes ante ellos acuden obtengan oportuna y completa definición de fondo acerca de sus controversias, intereses, pretensiones y solicitudes, con arreglo al debido proceso y con pleno respeto al derecho de defensa, al derecho a la prueba y su contradicción, y a la debida aplicación de las normas constitucionales y legales.  

Se trata de un derecho fundamental, según ha sostenido la Corte Constitucional. La dignidad humana resulta desconocida cuando la persona no puede llegar ante los jueces y, por tanto, para quien no accede, la justicia no existe. Lo cual implica que el Estado deja de cumplir su función y que de nada sirven las normas constitucionales y legales que contemplan derechos, deberes, cargas y obligaciones, a la vez que se inutilizan los procesos judiciales, se hacen teóricas las garantías y -en cuanto no hay definición- se genera la inseguridad jurídica y se propician las vías de hecho y la búsqueda de justicia por mano propia.

El ordenamiento constitucional colombiano y los tratados internacionales sobre derechos humanos garantizan también, de manera específica, el derecho a la tutela judicial efectiva, pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho.

Son derechos que, si se aplicara la Constitución, se deberían asegurar en lo interno, y, por vía complementaria, en desarrollo de convenios y tratados internacionales que obligan a Colombia, debe operar el acceso a los tribunales internacionales, en especial los que salvaguardan los derechos humanos.

Por todo eso no deja de sorprender la inexplicable actitud del Gobierno colombiano en el caso de la periodista Jineth Bedoya -quien hace ya veinte años, fue víctima de graves violaciones de sus derechos esenciales y no ha podido acceder a la justicia-, al retirarse abruptamente de la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se le obstaculiza una vez más el ejercicio de los aludidos derechos fundamentales.

Bogotá, D. E, 18 de marzo de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.-Hay periodistas que creen que el conocimiento está en el poder del micrófono o del medio de comunicación que representan, no en el saber, el estudio e interpretación de la realidad y los acontecimientos. Navegan en aguas muy panditas. Eso explica por qué los propietarios de esos medios (cuyos dueños pertenecen a familias extremadamente ricas) viven en una zona de confort que los blinda de la crítica y de las pesquisas de sus riquezas y por ello coaccionan una visión opaca de lo que realmente sucede en Colombia.

Esa normalización premeditada de la realidad nacional construida desde los medios de comunicación, con la anuencia de unos periodistas bien pagos y al servicio del poder, negó la ponderación del conflicto armado y la crisis que nos arrojó al desastre de país que tenemos hoy. Diría que esos periodistas, muy aplaudidos por cierto, hicieron y han hecho parte de una estrategia amnésica que ayudó a que Colombia se sumiera en la corrupción, la desigualdad e incluso fomentó, me atrevo a decir, la lucha de clases. Ese no es solo un discurso de la izquierda, también es de unas castas bien representadas en los micrófonos.  

Eso explica la entrevista que Revista Semana le hace a Gustavo Petro en la que se nota la clara intención de hacer daño y de meter miedo. Por supuesto, se trata de una línea editorial que encuadra con el discurso dogmático de la derecha. No quiero estigmatizar la Revista con este comentario, pero se sustenta en la comedida caratula de ocho días atrás: “El Triunfo de Uribe”, en cuyo contenido se trata con absoluta condescendencia al expresidente tras sus litigios jurídico con el Senador de izquierda, Iván Cepeda.

No es una novedad que los medios de comunicación en Colombia y sus periodistas “estrellas” sean proclives a sus intereses, para eso los contratan, pero creo que dentro de la esencia del periodismo existen unas líneas éticas que no se pueden cruzar alegremente.

De acuerdo, la revista puede hacer la entrevista que se le venga en gana, pero no es bueno construirla con el propósito de hacer daño o un “mandado”, de “matar y comer del muerto” porque el personaje (en este caso Gustavo Petro) tiene una clara aspiración presidencial y representa el lado contrario: la izquierda legítimamente democrática.

Mientras a Petro lo tratan de “hampón”, “matón” y hasta de aliado de “la mafia” sin constar prueba alguna, de oídas, sin rigor periodístico que sustente lo que la Revista Semana diseñó como cuestionario, en el otro lado del espectro al expresidente Uribe -el hombre que sembró de zozobra por más de 20 años la sociedad colombiana- le dan todas las garantías, le ponen una alfombra roja y al final de la entrevista a placer le dicen “qué más tiene qué decir, los micrófonos están abiertos”.

Entiendo el propósito de la Revista de llevar al límite a Petro para lograr doblegarlo, pero rompió un principio elemental en el periodismo: el poder del micrófono o de la pluma no es patente de corso para insultar al personaje que se tiene al frente. Se rompe otro principio elemental, el del respeto y la reciprocidad. Y eso no lo hubo en la entrevista de marras.  

En ese contexto es fácil comprender por qué, de manera mal intencionada, la Revista quiere construir una narrativa del miedo recordándole a los lectores “la Toma del Palacio de Justicia”, ocurrida 36 años atrás, y ejecutada por el M-19, movimiento guerrillero del cual hizo parte Petro y que pactó y firmó un Acuerdo de Paz con el Estado colombiano.

Pero más allá de esa circunstancia, evidentemente la entrevista toma un rumbo inesperado o se corrobora la mala intención, cuando se califica de “hampón” a una persona que firmó un acuerdo de paz y está a punto de coronar una aspiración legítima que es ser presidente. No se puede calificar de hampón a una persona que decide rebelarse contra el Estado. La rebelión es un delito político. Es un exabrupto desconocerlo, es de la esencia de un iletrado que no conoce la historia o si la conoce y la tergiversa y la manipula es más cuestionable que quien decide levantarse en armas.

Cabría preguntarse si la Revista Semana también trata de hampones a los excombatientes de FARC que firmaron un Acuerdo de Paz con el Estado colombiano y avalado por la comunidad internacional como las Naciones Unidas, La Comunidad Europea y el gobierno de Estados Unidos. Cabría otra pregunta. ¿Avalan el asesinato de los más de 260 firmantes de la paz que le apostaron a la reconciliación entre los colombianos?

No es hampón quien rebeldemente se levantó en armas contra un Estado que consideró represor e injusto. Pero sí es hampón un gobierno que los convoca a un acuerdo de paz, pacta y lo firma, para después matarlos o extraditarlos. Esas consideraciones, sin duda, no las tuvo en cuenta la Revista Semana.

Bogotá, D. C 18 de marzo de 2021

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

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Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*. – ¡No todo es política! En momentos de tanta polarización que vive Colombia por cuenta de la política, y de otros factores sociales como el desempleo, la inseguridad, la pérdida del aparato productivo, la falta de control del gobierno en los territorios para garantizar la vida de sus ciudadanos, en fin, de otra serie de situaciones propias del día a día, nace una luz en el horizonte para olvidar esos malos momentos que, a veces, hacen perder la esperanza de un país tan maravilloso como el nuestro. 

Por estos días, como en cosecha, una tanda de soñadores colombianos le dio buenas noticias al país y esas buenas nuevas llegaron del exterior, de países muy lejanos como China, España y otros del hemisferio como Estados Unidos. 

Esas buenas noticias provienen del séptimo arte, sí, de nuestro cine y de todo el talento humano nacional que logra conquistar grandes reconocimientos internacionales. La primera gran noticia, fue el premio a Mejor Director Latino en la categoría Estudiantil otorgado al joven director caucano Esteban García Vernaza. El 9 de febrero pasado en Nueva York, el Sindicato de Directores de Cine de América, premió a Esteban por su cortometraje Silento, una cinta en la que se narra historias de los inicios de la violencia partidista en nuestro país. La misma que en septiembre de 2020, fue seleccionada en el prestigioso Festival de Cine de Telluride en Estados Unidos, como parte del programa Student Prints. Silento, ha tenido proyecciones en varios países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Rusia, Alemania, Francia y por supuesto Colombia. 

Silento, fue filmada en parajes cercanos a Popayán y el municipio de Sotará, con un equipo talentoso de la región, donde se incluyen dos pequeñas actrices naturales y muy espontaneas, escogidas luego de un proceso de casting de más de seis meses, donde participaron cerca de 300 candidatas. 

Ahora este joven cineasta payanés, no solo obtuvo tal distinción, sino que es invitado de honor en muchos Festivales de Cine de distintos países, lo que, sin duda, estimula a otros jóvenes talentos, enorgullece a su región y visibiliza a Colombia ante el mundo. 

La segunda gran noticia nos la dio también hace algunas semanas, el realizador nariñense  Cristian Arcos, quien sorprendió al país con su cortometraje animado 'El desayuno', donde en menos de dos minutos, narra un conmovedor momento de solidaridad en medio de la pandemia por el Covid-19, su valioso trabajo fue seleccionado primero en RTVC entre cientos de participantes y posteriormente Cristian, lo inscribe en el XI Festival Internacional  Nuevos Medios de China, alzándose en enero pasado con el primer premio en la categoría Special Observation Award de la Sección Anti Covid-19 Pandemia Short Film. 

“El Desayuno”, más allá de ser un cortometraje, es sinónimo de un poderoso mensaje al mundo en tiempos de pandemia. Nos enseña a reflexionar sobre los valores perdidos y que brotaron en medio de las actuales circunstancias en la sociedad, deja una valiosa lección de solidaridad, que aflora los más profundos sentimientos y a la vez, mueve las más sensibles fibras del ser humano. El amor en tiempos del coronavirus, como él mismo lo afirma. 

En las grandes ciudades solemos ser indiferentes y creemos que el otro es indolente, todo eso, lo revierte Cristian con su cortometraje de menos de dos minutos. 

También, todo nuestro reconocimiento a los creadores de la cinta El Olvido que Seremos, galardonada con el Premio Goya, el más valioso premio que entrega el cine iberoamericano, convirtiéndose así, en la primera película colombiana en recibirlo. Un film adaptado a la historia del médico colombiano Héctor Abad Gómez. Nuestra admiración, respeto y gratitud a todos quienes hicieron parte de esta exitosa cinta, sin duda, han dejado muy en alto el nombre de Colombia ante el mundo. 

Por último, y muy importante también lo conquistado por el exitoso guionista, productor y director de cine nariñense Ricardo Coral Dorado, quien en su largo historial profesional podemos encontrar que ha escrito y dirigido más de 15 obras de corto y mediometraje y 8 largometrajes. 

Sin duda, Ricardo, es un orgullo nariñense y una de las personas más destacadas en éste importante medio y en las artes escénicas y audiovisuales, a él todo nuestro reconocimiento y admiración, es de esos colombianos valientes, capaces, sobresalientes que van brillando con luz propia por el mundo. 

Todo esto, lo que demuestra es que en nuestro país lo que tenemos es talento, muchas veces por falta de recursos y de apoyo gubernamental se pierden valiosas oportunidades. En cada región colombiana tenemos talentos anónimos, que con su propio esfuerzo buscan sobre salir, ojalá que todo este buen momento de nuestro cine, visibilice también a muchos jóvenes colombianos que hoy luchan por hacer realidad sus sueños. 

Muchos de nuestros buenos jóvenes profesionales que a pesar de las circunstancias criticas siguen haciendo con su imaginación y creatividad un buen momento para nuestra sociedad, que por más mediática que sea, es imposible olvidarnos de estas tradiciones de cultura y arte. ¡Felicitaciones para todo ellos!

Bogotá, D. C, 16 de marzo de 2021

Senador Partido Liberal.

@GGarciaRealpe

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