La nueva ronda de conversaciones sobre el Cambio Climático en Bangkok, Tailandia, concluyeron este domingo con un progreso dispar en la mayoría de los puntos de negociación que han de trazar las directrices sobre cómo aplicar el Acuerdo de París. Estas normas son básicas para el progreso de la acción climática en todo el mundo de una manera transparente, destaco la UNFCCC.

La nueva ronda de conversaciones sobre el Cambio Climático en Bangkok, Tailandia, concluyó con un progreso dispar en la mayoría de los puntos de negociación que han de trazar las directrices sobre cómo aplicar el Acuerdo de París. Estas normas son básicas para el progreso de la acción climática en todo el mundo de una manera transparente, destaco la UNFCCC.

La negociación de estas pautas empezó el año 2016 y se aspira a adoptarlas en la conferencia anual sobre el cambio climático, la COP24, que se celebrará este diciembre en la ciudad polaca de Katowice.

La Secretaria Ejecutiva de la UNFCCC, Patricia Espinosa, destacó la disparidad de los avances en las negociaciones entre países y subrayó “la urgente necesidad de continuar trabajando en las próximas semanas", añadió.

Entre las disposiciones que los países están tratando de acordar se encuentra el incremento de medidas para mitigar los efectos del cambio climático, aumentar el apoyo a las iniciativas de los países en desarrollo a través de la financiación, la cooperación tecnológica y el apoyo a la formación.

Espinosa destacó que es “crucial” aplicar medidas “ambiciosas y transparentes” para alcanzar el Acuerdo de París que busca combatir limitar el incremento de las temperatura mundial por debajo de los 2 ºC y, a ser posible, reducir el aumento a 1,5 ºC.

Las delegaciones gubernamentales siguen buscando la manera de acotar las contribuciones y responsabilidades de los países desarrollados y en desarrollo “en función de sus respectivas circunstancias nacionales“, destacó la Convención Marco.

Los puntos debate más polémicos fueron los relacionados con la transparencia, el modo y la periodicidad con la que los países han de comunicar sus medidas, o cómo lograr la total claridad en relación al financiamiento climático tanto a corto como largo plazo.

“El Acuerdo de París está construido sobre un delicado equilibrio entre todos los países. Hemos de reconocer que cada país tiene realidades nacionales diferentes. Tienen diferentes niveles de desarrollo económico y social que conducen a diferentes situaciones domésticas”, dijo Espinosa.

Las negociaciones tienen lugar en un momento en que el mundo ha presenciado fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones o sequías que han provocado fallecimientos, pérdida de infraestructuras y medios de subsistencia tanto en países desarrollados como en desarrollo.

Bangkok, 10 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Fuente: ONU.

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El Gobierno de Jimmy Morales anunció que no se permitirá el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez (foto principal), e incluso ordenó a las aerolíneas impedir que el abogado colombiano embarque en vuelos que se dirijan a Guatemala. Esta situación ha provocado malestar en Naciones Unidas, que reaccionó por medio de su secretario general.

El Gobierno de Jimmy Morales anunció que no se permitirá el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez (foto principal), e incluso ordenó a las aerolíneas impedir que el abogado colombiano embarque en vuelos que se dirijan a Guatemala. Esta situación ha provocado malestar en Naciones Unidas, que reaccionó por medio de su secretario general. 

A través de un comunicado, el portugués António Gurterres expresó este su "profunda preocupación” por lo ocurrido. "La Cicig y su titular desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en Guatemala. 

Guterres "ha pedido” específicamente a Velásquez que siga adelante con su trabajo como jefe de la comisión creada en 2007 por la ONU y el gobierno guatemalteco desde "fuera de Guatemala” hasta que haya una "mayor claridad” en torno a lo sucedido. "El secretario general anima al Gobierno de Guatemala a continuar buscando una solución mediante el diálogo", expresa en un comunicado. 

Numerosas reacciones

La CICIG, desde su creación, ha destapado una serie de escándalos de corrupción, entre ellos uno que llevó a la captura del expresidente Otto Pérez (2012-2015). Actualmente el Ministerio Público y la CICIG se encuentran en medio de investigaciones que salpican al hijo y hermano del Presidente Jimmy Morales y a su partido. Las indagaciones han llevado a la CICIG a pedir el desafuero del mandatario, sobre quien pesan sospechas también.

En medio de todo esto, el Gobierno de Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2019, y además impidió el ingreso al país de Velásquez por considerarlo un peligro para la seguridad pública.

Lo ocurrido ha desatado una tormenta política en el país, donde la Convergencia por los DD.HH, que aglutina a una decena de organizaciones, acusó al Gobierno de violar el orden constitucional.

También el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, integrado por empresarios, sociedad civil, autoridades indígenas, legisladores y políticos, aseguró que Morales está llevando su administración "al margen de la ley”, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" por el rumbo que han tomado los hechos, al tiempo que la Premio Nobel Rigoberta Menchú llamó a los guatemaltecos a "no dejar vulnerar el orden constitucional”.

Nueva York, 6 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado en menos de una década de ser el presidente más popular de la historia de Brasil a ser condenado por corrupción y a dormir en una celda, desde la que ha visto como era vetado de volver a luchar por el poder.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil anuló la candidatura presidencial de Lula por el Partido de los Trabajadores (PT), movimiento político que fundó en 1980 con obreros e intelectuales y que aún lidera desde prisión con mano de hierro, en cumplimiento de una ley que el expresidente sancionó en 2010.

Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado en menos de una década de ser el presidente más popular de la historia de Brasil a ser condenado por corrupción y a dormir en una celda, desde la que ha visto como era vetado de volver a luchar por el poder.

“Solo no seré candidato si me muero, renuncio o soy arrancado por la Justicia Electoral. No pretendo morir, no pienso renunciar y voy a luchar por mi registro hasta el final”, escribía el exmandatario (2003-2010) en una carta tras inscribir su candidatura en la Corte Electoral, el pasado 15 de agosto en Brasilia. Pero su sueño de disputar la Presidencia por sexta vez fue frustrado por decisión del Tribunal Superior Electoral.

Brasil, la mayor economía de Sudamérica, ha sido testigo de la inhabilitación de un Lula, que se posicionaba como el máximo favorito para las elecciones de octubre con cerca de un 40 % de las intenciones de voto, según las últimas encuestas.

El apoyo que encuentra el ex electricista en los sondeos demoscópicos, no se ha visto minado ni por la condena a 12 años y 1 mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, ni por los otros cinco procesos penales que tiene abiertos en la Justicia, la mayoría también por sospechas de corrupción.

Su idea, desde prisión, era volver hacer “feliz” al pueblo brasileño, mientras denunciaba una “conjura” de las elites y la Justicia para evitar su participación en los comicios.

Paradójicamente, la candidatura de Lula ha sido vetada por una ley que él mismo sancionó en 2010, el último año de sus dos mandatos y que prohíbe de manera explícita que una persona condenada en segunda instancia, como es su caso, pueda postular a cualquier cargo electivo. 

Nacido en 1945 en el estado de Pernambuco, en la paupérrima región nordeste de Brasil, emigró a Sao Paulo y solo conoció a su padre, un campesino analfabeto y alcohólico, cuando tenía cinco años de edad. Entonces Lula vendía tapioca y naranjas, lo que no le impidió acabar la educación primaria y convertirse en el primero de la familia con un título.

Con el tiempo, Da Silva entró en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en la zona metropolitana de la capital paulista, que presidió y desde donde lideró un combativo movimiento obrero que organizó históricas manifestaciones en plena dictadura militar (1964-1985). Formado en el marxismo, en 1980 fundó el PT, la plataforma progresista desde la que se convirtió en referencia de la izquierda latinoamericana.

Lula fue candidato presidencial en 1989, 1994, 1998 y 2002, año, este último, en el que ganó los comicios aunque con una imagen bien distinta a la del revolucionario de barba espesa que creció en los movimientos sindicales. Ahora vestía con traje, propagaba el “paz y amor” y rechazaba la guerra frontal contra el capital.

En ocho años de gestión, sacó de la pobreza a cerca de 30 millones de personas y, bajo su gestión, el gigante sudamericano obtuvo un crecimiento económico extraordinario con justicia social.

Brasil era un ejemplo mundial. Lula aparecía en las portadas de las principales de las revistas más prestigiosas y era calificado en el pasado por el ex Presidente de EE.UU., Barack Obama como “el político más popular de la Tierra”. Pero empezó a despertar del sueño en 2005, cuando surgieron los primeros escándalos de corrupción en el seno de su partido.

El caso conocido como ‘Mensalao’, que destapó una red mediante la cual se repartían sobornos periódicos a diputados para comprar su apoyo político en el Congreso, precedió al estallido en 2014 del escándalo de Petrobras, ya con su ahijada política, Dilma Rousseff, como Presidenta de Brasil.

Entre las decenas de empresarios y políticos acusados por corrupción, Lula era el rey de la baraja y contra él los fiscales empezaron a redactar denuncias y los jueces a abrir procesos.

Un apartamento de tres plantas en el litoral paulista dado, según comprobó la justicia, en concepto de soborno por una constructora llevó a Lula en abril pasado a cumplir pena en una celda en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.

Hoy una ley sancionada con su puño y letra le impide volver a ser presidente de Brasil, en un nuevo capítulo de la vida política del líder más carismático del país.

Brasilia, 1 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a una Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para DD.HH., luego de que esta denunció un "alto grado de represión" de protestas contra el Gobierno.

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a una Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para DD.HH., luego que esta denunció un "alto grado de represión" de protestas contra el Gobierno.

La carta, cuya copia fue distribuida a periodistas por la Vicepresidenta Rosario Murillo, está dirigida a Marlene Alejos, Representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las ONU para los DD.HH. (OACNUDH).

La decisión se produce dos días después de que la misión de la OACNUDH en Managua divulgara un informe en el que acusó al Gobierno de Ortega de cometer "represión y represalias" contra manifestantes opositores desde abril pasado y planteó duras críticas a la actuación de las autoridades frente a la crisis, que ha dejado cientos de muertos y miles de heridos.

Según el Canciller, el Gobierno invitó a la misión al país el 19 de junio para que "diera acompañamiento" a una comisión de verificación creada en el diálogo nacional, suspendido desde julio, para "asegurar el desmantelamiento de los tranques" (retenes colocados por manifestantes en carreteras).

"Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita", señala la carta, que tiene fecha del 30 de agosto. El miércoles por la noche, unas horas después de su publicación, Ortega rechazó enérgicamente el informe y acusó al órgano de la ONU de ser "un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira, de la infamia".

Antimotines y activistas oficialistas frente a hotel de ONU

La OACNUDH recomendó en sus conclusiones formar una Comisión de la Verdad imparcial para investigar crímenes y delitos. Tras conocerse la noticia de la expulsión, grupos de policías antimotines y manifestantes oficialistas con banderas del gobernante Frente Sandinista fueron movilizados frente a la sede del hotel donde se aloja la misión internacional, que aparentemente aún no ha abandonado el país.

La sorpresiva decisión oficial fue cuestionada por la Presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, quien en rueda de prensa la calificó de "insólita" e"inaceptable" y aseguró que traerá "consecuencias muy negativas" para el Gobierno de Ortega.

Por su parte, el Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, expresó en Twitter: "La decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar a la delegación de la ONU desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad nicaragüense".

La dirigente opositora Dora María Téllez, del disidente Movimiento Renovador Sandinista, tuiteó por su parte: "Ortega se aterroriza con la sola mención de la Comisión de la Verdad que recomendó la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Que no le quepa duda, habrá Comisión de la Verdad y entonces, habrá justicia".

Piden intervención de Bachelet

También reaccionó en Twitter el Director de Human Rights Watch (HRW), José Luis Vivanco, al señalar que "Con la expulsión de los funcionarios de Naciones Unidas, Ortega le toma el pulso a @mbachelet (expresidenta chilena) que asumirá en pocos días como Alta Comisionada para DDHH".

Según Vivanco, Bachelet "debe exigir públicamente la presencia de la ONU para proteger los DDHH de las personas oprimidas por el régimen" de Nicaragua.

La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes, que según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dejó hasta 450 muertos y 2.800 heridos. El Gobierno registra 198 muertes.

Managua, 1 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Un informe de Banco Mundial de reciente publicación pone, otra vez, en la Agenda Global uno de los problemas históricos más complejos, aún vigente y que todavía afecta determinantemente la dinámica de un importante sector de la población de América Latina: El Racismo.

Un informe de Banco Mundial de reciente publicación pone, otra vez, en Agenda Global uno de los problemas históricos más complejos, aún vigente y que todavía afecta determinantemente la dinámica de un importante sector de la población de América Latina: El Racismo.

Los afrodescendientes en América Latina tienen 2,5 más probabilidades de vivir en pobreza crónica que los blancos o mestizos, revela el  Informe del Banco Mundial.

Además de tener mayores tasas de pobreza, los afrodescendientes tienen menos años de escolarización, experimentan más desempleo y están poco representados en cargos de toma de decisiones, tanto públicos como privados.

El Informe asegura que, aunque ha habido avances, aún queda mucho por hacer para eliminar las barreras estructurales que impiden su inclusión social y económica plena.

El Banco Mundial asegura que los afrodescendientes representan la mitad de quienes viven en la pobreza extrema en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, aunque solo son el 38% de la población conjunta de estos países.

“Afrontar las causas de la discriminación estructural es fundamental para combatir la injusticia y crear oportunidades para todos. Eliminar las condiciones que limitan la inclusión plena de los afrodescendientes promoverá una sociedad latinoamericana más justa, próspera e igualitaria”, asegura Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Un largo camino por recorrer

El informe recalca que, a pesar de estos desafíos, se han hecho grandes avances en los últimos años y que los afrodescendientes se han beneficiado de una amplia reducción en la tasa de pobreza regional. Por ejemplo, más del 50% de los hogares afrodescendientes salieron de la pobreza en Brasil y Uruguay y más del 20% en Ecuador y Perú. 

Los afrodescendientes también experimentaron un mayor acceso a la educación en América Latina, aunque la brecha con la población blanca y mestiza aún persiste.

Además, la aparición de una clase política afrodescendiente y el crecimiento de sus organizaciones han empujado a varios países a incorporar cambios constitucionales respecto a la discriminación, derechos de propiedad y el reconocimiento étnico racial de su población. También se han puesto en marcha campañas y leyes en contra de la discriminación étnica.

Sin embargo, la Exclusión continúa siendo un problema. El Banco Mundial asegura que se deben mejorar las oportunidades y el acceso a mercados y servicios de esta población, respetando su visión y aspiraciones. Como grupo heterogéneo, se necesitan políticas diseñadas teniendo en cuenta las condiciones de cada país y región.

El informe resalta que, además, se deben afrontar y eliminar los estereotipos raciales y las organizaciones afrodescendientes deben aumentar su participación y su papel de negociación.

Uno de cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente, lo que equivale a unos 133 millones de personas en la región. Una amplia mayoría vive en Brasil y el resto está distribuido de manera heterogénea en los demás países.

Washington, D.C. 1 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Fuente: Banco Mundial.

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El Jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, suscribió un memorándum de entendimiento con su par boliviano, Evo Morales, para el financiamiento y construcción del Tren Bioceánico, que atravesará el país andino y unirá las costas de Brasil y Perú.

El Jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, suscribió un memorándum de entendimiento con su par boliviano, Evo Morales, para el financiamiento y construcción del Tren Bioceánico, que atravesará el país andino y unirá las costas de Brasil y Perú.

"La importancia que le da el Gobierno de España a este proyecto es absoluta. Estamos junto con Alemania y Suiza liderando este proyecto multimillonario. Quiero recordar que son más de 10.000 millones de euros los que están vinculados con España. La importancia que nosotros le damos al tren bioceánico es trascendental", dijo Sánchez.

"Esta visita nos fortalece para seguir trabajando”, expresó Morales, “les digo a los empresarios de Europa que las inversiones en Bolivia están garantizadas. Estamos alentados por el crecimiento económico de Bolivia", dijo a su turno Morales. El memorándum fue firmado entre el Ministerio de Obras Públicas de Bolivia y el Ministerio de Fomento de España, en el marco de una visita oficial de Sánchez al país.

Además, ambos mandatarios suscribieron, también, un acuerdo de cooperación para el periodo 2018-2021 que dará prioridad a los programas de agua potable para poblaciones rurales. También firmaron otro memorándum para la reforma de la Justicia Boliviana y el uso de nuevas tecnologías.

Es la primera visita que realiza un presidente español a Bolivia en 20 años. La última fue la de José María Aznar, quien visitó a Hugo Banzer Suárez en 1998, también en Santa Cruz de la Sierra.

Pedro Sánchez concluirá su visita a Bolivia el miércoles y luego viajará a Colombia, tercera escala de su gira por América Latina. Antes, estuvo en Chile, donde en una entrevista televisada propugnó la creación de una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco, una idea que ha reiterado en Bolivia.

Santa Cruz de la Sierra, 30 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Las naciones integrantes de la Comunidad Andina (CAN), ratificaron en Lima su compromiso de respeto a los DD.HH. de los ciudadanos venezolanos que llegaron masivamente a sus países

Las naciones integrantes de la Comunidad Andina (CAN), ratificaron en Lima su compromiso de respeto a los DD.HH. de los ciudadanos venezolanos que llegaron masivamente a sus países: "Los estados miembros de la CAN ratifican su compromiso de respeto de los DD.HH.  de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna”, indica un comunicado del grupo que, sin embargo, no menciona la adhesión de Bolivia, también miembro de la CAN.

La declaración fue publicada tras la reunión del Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), que se realizó en Lima, con la presencia de representantes de los cuatro países miembros de la alianza.

El comunicado rubricado por los tres países de la CAN agrega que "teniendo en consideración el carácter humanitario de esta crisis migratoria se reafirman en el respeto a la legalidad y el cumplimiento de las normas migratorias que los rigen".

Los representantes de los países también se comprometieron a "fortalecer campañas y medidas de sensibilización de la población local y nacional sobre la llegada de migrantes". En la misiva, se solicitó al Gobierno de Venezuela "que facilite el otorgamiento de documentos de identidad, filiación, y de viaje para sus ciudadanos".

Igualmente, se hizo un llamado a coordinar la cooperación internacional, en particular con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR), para el financiamiento del traslado y reasentamiento de los migrantes en estados no comunitarios.

Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero (7,5% de la población). Entre ellos, más de 1,6 millones salieron de su país desde 2015 ante el recrudecimiento de la crisis económica y política del país con las mayores reservas petroleras del mundo.  El 90% se ha quedado en América Latina, según cifras de ACNUR y OIM.

Lima, 30 de agosto de 2018.

Por Redacción Ecos Internacional.

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“La trata es una amenaza real para millones de niños de todo el mundo, especialmente para aquellos que han debido abandonar sus hogares y comunidades sin la protección adecuada”, declaró la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Aproximadamente un 28% de las víctimas identificadas de la trata, en todo el mundo son niños, según han declarado por UNICEF y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata. En regiones como África Subsahariana, América Central y el Caribe, los niños representan una proporción aún más alta de las víctimas identificadas de la trata: el 64% y el 62%, respectivamente. 

UNICEF y el ICAT creen que el número de niños víctimas de la trata es mayor de lo que sugieren los datos actuales. La realidad es que los niños no suelen identificarse como víctimas de la trata. Muy pocos lo reconocen por miedo a los traficantes, por el desconocimiento de otras alternativas posibles, desconfianza de las autoridades, temor al rechazo o la posibilidad de que los devuelvan sin ningún tipo de protección y con ayuda limitada. 

Los niños refugiados, migrantes y desplazados son especialmente vulnerables a la trata. Ya sea cuando tratan de escapar de la guerra y la violencia o buscar una educación mejor y oportunidades de salir adelante, muy pocos niños encuentran las vías para desplazarse de forma legal y segura con sus familias. Esto aumenta las posibilidades de que los niños y sus familias escojan rutas más irregulares y peligrosas o que los niños se desplacen solos, lo cual los hace más vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por parte de los traficantes. 

“La trata es una amenaza real para millones de niños de todo el mundo, especialmente para aquellos que han debido abandonar sus hogares y comunidades sin la protección adecuada”, declaró la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Estos niños necesitan desesperadamente que los gobiernos redoblen esfuerzos y establezcan medidas para mantenerlos a salvo”. 

En muchos contextos faltan soluciones sostenibles para los niños víctimas de la trata, como asistencia a largo plazo, rehabilitación y protección. Muchos sistemas de protección infantil siguen sin contar con recursos suficientes, y hay una grave carencia de tutelas y de otras modalidades de acogimiento alternativas. En muchos casos, los niños son enviados a refugios inadecuados en los que están en peligro de volver a sufrir traumas y victimización. Los niños objeto de la trata pueden enfrentarse a otro tipo de dificultades, ya que los estereotipos de género pueden impedir que obtengan o busquen la ayuda que necesitan, mientras que las niñas también podrían exponerse al peligro de volver a sufrir explotación y abusos debido a la discriminación y a la pobreza por razón de género. 

La agencia de las Naciones Unidas para la Infancia y el ICAT mantienen su llamamiento para que se apliquen políticas gubernamentales y soluciones transfronterizas para mantener a esos niños a salvo. Algunas de ellas son:

1) Ampliar vías legales y seguras para que los niños se desplacen con sus familias, acelerando el proceso de determinación del estado de refugiados y abordando los obstáculos legislativos y prácticos que impiden reunirse a los niños con sus familias.

2) Reforzar sistemas de protección infantil y social a fin de evitar, identificar, denunciar y abordar casos de trata, violencia, abusos y explotación contra los niños y responder a las necesidades específicas de los niños atendiendo a su edad y su género.

3) Garantizar que haya soluciones sostenibles guiadas por una valoración individual de las circunstancias de cada niño y la determinación del interés superior (DIS), independientemente de la situación del niño, y que el niño participe en este proceso en la medida que sea adecuada para su edad y su madurez.

4) Mejorar la colaboración transfronteriza y el intercambio de información de y entre el control de fronteras, las autoridades de protección infantil y de las fuerzas del orden, así como aplicar procedimientos más rápidos de búsqueda y reunificación de familias y modalidades de acogimiento alternativas para los niños que carezcan de atención paterna.

5) Evitar medidas que puedan llevar a los niños a escoger rutas más peligrosas y a desplazarse solos para evitar ser detenidos por las fuerzas del orden. 

Nueva York, 29 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Fuente: UNICEF.

 

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Aunque está preso y su candidatura puede ser impugnada, el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo el favorito, según los sondeos para las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán el 7 de octubre próximo.

Aunque está preso y su candidatura puede ser impugnada, el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo el favorito, según los sondeos para las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán el 7 de octubre próximo.

Así lo han confirmado dos encuestas, realizadas por la firma MDA para la Confederación Nacional de Transporte y por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, que lo sitúan con alrededor del 37% de intención de voto.

Los sondeos fueron realizados por la firma MDA para la Confederación Nacional de Transporte (CNT, patronal) y el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, a pedido de la Red Globo de Televisión y el diario O Estado de Sao Paulo, que presenta un escenario similar, con Lula al frente.

En segundo lugar y de acuerdo con una encuesta de Ibope, se encuentran el ultraderechista Jair Bolsonaro con el 18%, seguido de la ecologista Marina Silva con un 6%, mientras que el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes están casi empatados con poco más del 4%.

La encuesta de Ibope tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y recogió las respuestas de 2.002 electores de 142 municipios entre el 17 y 19 de agosto.

Resolución pendiente

Lula está en prisión desde abril pasado, con una condena de doce años por corrupción confirmada por un tribunal de segunda instancia, lo que, según las normas electorales brasileñas, le impediría postular a cualquier cargo público.

Aún así, el Partido de los Trabajadores (PT) inscribió la semana pasada su candidatura en el Tribunal Superior Electoral, que ya ha recibido diversos pedidos de impugnación apoyados en esas normas, entre los que figura uno presentado por la Fiscalía General.

Del mismo modo, existen presiones del Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas, integrado por expertos independientes y que en una decisión no vinculante anunciada la semana pasada pidió que se tomen "todas las medidas necesarias" para que Lula "pueda ejercer sus derechos políticos" como candidato, aunque esté en prisión.

La Justicia electoral tiene plazo para resolver la situación de Lula hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán 20 días para las elecciones.

El PT aún no lo ha oficializado, pero si Lula fuera vetado, la candidatura de esa formación sería asumida por Fernando Haddad, compañero de fórmula del exmandatario, quien, según politólogos brasileros, no superaría al ultraderechista  Jair Bolsonaro.

Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2018

Redacción Ecos Internacional

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Las protestas ciudadanas contra el Primer Ministro Checo, Andrej Babis, acusado de haber sido colaboracionista con la policía secreta del régimen comunista, marcaron la conmemoración de la invasión soviética de 1968 en Praga.

Babis, fue fuertemente abucheado durante el acto del 50 aniversario de la invasión de la antigua Checoslovaquia por parte de las tropas soviéticas del Pacto de Varsovia por ciudadanos y transeúntes.

Los manifestantes silbaron y a gritaron "vergüenza" cuando Babis intervino en la ceremonia. Manifestaban su rechazo a la aparición del político, acusado de haber colaborado en el pasado con la policía secreta del régimen comunista en la antigua Checoslovaquia.

Protestaban también contra el hecho de que la coalición de Gobierno liderada por Babis, empresario y líder de la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), se mantenga hoy en el poder gracias al apoyo del Partido Comunista.

Praga, 21 de agosto de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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La nueva ronda de conversaciones sobre el Cambio Climático en Bangkok, Tailandia, concluyeron este domingo con un progreso dispar en la mayoría de los puntos de negociación que han de trazar las directrices sobre cómo aplicar el Acuerdo de París. Estas normas son básicas para el progreso de la acción climática en todo el mundo de una manera transparente, destaco la UNFCCC.

La nueva ronda de conversaciones sobre el Cambio Climático en Bangkok, Tailandia, concluyó con un progreso dispar en la mayoría de los puntos de negociación que han de trazar las directrices sobre cómo aplicar el Acuerdo de París. Estas normas son básicas para el progreso de la acción climática en todo el mundo de una manera transparente, destaco la UNFCCC.

La negociación de estas pautas empezó el año 2016 y se aspira a adoptarlas en la conferencia anual sobre el cambio climático, la COP24, que se celebrará este diciembre en la ciudad polaca de Katowice.

La Secretaria Ejecutiva de la UNFCCC, Patricia Espinosa, destacó la disparidad de los avances en las negociaciones entre países y subrayó “la urgente necesidad de continuar trabajando en las próximas semanas", añadió.

Entre las disposiciones que los países están tratando de acordar se encuentra el incremento de medidas para mitigar los efectos del cambio climático, aumentar el apoyo a las iniciativas de los países en desarrollo a través de la financiación, la cooperación tecnológica y el apoyo a la formación.

Espinosa destacó que es “crucial” aplicar medidas “ambiciosas y transparentes” para alcanzar el Acuerdo de París que busca combatir limitar el incremento de las temperatura mundial por debajo de los 2 ºC y, a ser posible, reducir el aumento a 1,5 ºC.

Las delegaciones gubernamentales siguen buscando la manera de acotar las contribuciones y responsabilidades de los países desarrollados y en desarrollo “en función de sus respectivas circunstancias nacionales“, destacó la Convención Marco.

Los puntos debate más polémicos fueron los relacionados con la transparencia, el modo y la periodicidad con la que los países han de comunicar sus medidas, o cómo lograr la total claridad en relación al financiamiento climático tanto a corto como largo plazo.

“El Acuerdo de París está construido sobre un delicado equilibrio entre todos los países. Hemos de reconocer que cada país tiene realidades nacionales diferentes. Tienen diferentes niveles de desarrollo económico y social que conducen a diferentes situaciones domésticas”, dijo Espinosa.

Las negociaciones tienen lugar en un momento en que el mundo ha presenciado fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones o sequías que han provocado fallecimientos, pérdida de infraestructuras y medios de subsistencia tanto en países desarrollados como en desarrollo.

Bangkok, 10 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Fuente: ONU.

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El Gobierno de Jimmy Morales anunció que no se permitirá el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez (foto principal), e incluso ordenó a las aerolíneas impedir que el abogado colombiano embarque en vuelos que se dirijan a Guatemala. Esta situación ha provocado malestar en Naciones Unidas, que reaccionó por medio de su secretario general.

El Gobierno de Jimmy Morales anunció que no se permitirá el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez (foto principal), e incluso ordenó a las aerolíneas impedir que el abogado colombiano embarque en vuelos que se dirijan a Guatemala. Esta situación ha provocado malestar en Naciones Unidas, que reaccionó por medio de su secretario general. 

A través de un comunicado, el portugués António Gurterres expresó este su "profunda preocupación” por lo ocurrido. "La Cicig y su titular desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en Guatemala. 

Guterres "ha pedido” específicamente a Velásquez que siga adelante con su trabajo como jefe de la comisión creada en 2007 por la ONU y el gobierno guatemalteco desde "fuera de Guatemala” hasta que haya una "mayor claridad” en torno a lo sucedido. "El secretario general anima al Gobierno de Guatemala a continuar buscando una solución mediante el diálogo", expresa en un comunicado. 

Numerosas reacciones

La CICIG, desde su creación, ha destapado una serie de escándalos de corrupción, entre ellos uno que llevó a la captura del expresidente Otto Pérez (2012-2015). Actualmente el Ministerio Público y la CICIG se encuentran en medio de investigaciones que salpican al hijo y hermano del Presidente Jimmy Morales y a su partido. Las indagaciones han llevado a la CICIG a pedir el desafuero del mandatario, sobre quien pesan sospechas también.

En medio de todo esto, el Gobierno de Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2019, y además impidió el ingreso al país de Velásquez por considerarlo un peligro para la seguridad pública.

Lo ocurrido ha desatado una tormenta política en el país, donde la Convergencia por los DD.HH, que aglutina a una decena de organizaciones, acusó al Gobierno de violar el orden constitucional.

También el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, integrado por empresarios, sociedad civil, autoridades indígenas, legisladores y políticos, aseguró que Morales está llevando su administración "al margen de la ley”, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" por el rumbo que han tomado los hechos, al tiempo que la Premio Nobel Rigoberta Menchú llamó a los guatemaltecos a "no dejar vulnerar el orden constitucional”.

Nueva York, 6 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado en menos de una década de ser el presidente más popular de la historia de Brasil a ser condenado por corrupción y a dormir en una celda, desde la que ha visto como era vetado de volver a luchar por el poder.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil anuló la candidatura presidencial de Lula por el Partido de los Trabajadores (PT), movimiento político que fundó en 1980 con obreros e intelectuales y que aún lidera desde prisión con mano de hierro, en cumplimiento de una ley que el expresidente sancionó en 2010.

Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado en menos de una década de ser el presidente más popular de la historia de Brasil a ser condenado por corrupción y a dormir en una celda, desde la que ha visto como era vetado de volver a luchar por el poder.

“Solo no seré candidato si me muero, renuncio o soy arrancado por la Justicia Electoral. No pretendo morir, no pienso renunciar y voy a luchar por mi registro hasta el final”, escribía el exmandatario (2003-2010) en una carta tras inscribir su candidatura en la Corte Electoral, el pasado 15 de agosto en Brasilia. Pero su sueño de disputar la Presidencia por sexta vez fue frustrado por decisión del Tribunal Superior Electoral.

Brasil, la mayor economía de Sudamérica, ha sido testigo de la inhabilitación de un Lula, que se posicionaba como el máximo favorito para las elecciones de octubre con cerca de un 40 % de las intenciones de voto, según las últimas encuestas.

El apoyo que encuentra el ex electricista en los sondeos demoscópicos, no se ha visto minado ni por la condena a 12 años y 1 mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, ni por los otros cinco procesos penales que tiene abiertos en la Justicia, la mayoría también por sospechas de corrupción.

Su idea, desde prisión, era volver hacer “feliz” al pueblo brasileño, mientras denunciaba una “conjura” de las elites y la Justicia para evitar su participación en los comicios.

Paradójicamente, la candidatura de Lula ha sido vetada por una ley que él mismo sancionó en 2010, el último año de sus dos mandatos y que prohíbe de manera explícita que una persona condenada en segunda instancia, como es su caso, pueda postular a cualquier cargo electivo. 

Nacido en 1945 en el estado de Pernambuco, en la paupérrima región nordeste de Brasil, emigró a Sao Paulo y solo conoció a su padre, un campesino analfabeto y alcohólico, cuando tenía cinco años de edad. Entonces Lula vendía tapioca y naranjas, lo que no le impidió acabar la educación primaria y convertirse en el primero de la familia con un título.

Con el tiempo, Da Silva entró en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en la zona metropolitana de la capital paulista, que presidió y desde donde lideró un combativo movimiento obrero que organizó históricas manifestaciones en plena dictadura militar (1964-1985). Formado en el marxismo, en 1980 fundó el PT, la plataforma progresista desde la que se convirtió en referencia de la izquierda latinoamericana.

Lula fue candidato presidencial en 1989, 1994, 1998 y 2002, año, este último, en el que ganó los comicios aunque con una imagen bien distinta a la del revolucionario de barba espesa que creció en los movimientos sindicales. Ahora vestía con traje, propagaba el “paz y amor” y rechazaba la guerra frontal contra el capital.

En ocho años de gestión, sacó de la pobreza a cerca de 30 millones de personas y, bajo su gestión, el gigante sudamericano obtuvo un crecimiento económico extraordinario con justicia social.

Brasil era un ejemplo mundial. Lula aparecía en las portadas de las principales de las revistas más prestigiosas y era calificado en el pasado por el ex Presidente de EE.UU., Barack Obama como “el político más popular de la Tierra”. Pero empezó a despertar del sueño en 2005, cuando surgieron los primeros escándalos de corrupción en el seno de su partido.

El caso conocido como ‘Mensalao’, que destapó una red mediante la cual se repartían sobornos periódicos a diputados para comprar su apoyo político en el Congreso, precedió al estallido en 2014 del escándalo de Petrobras, ya con su ahijada política, Dilma Rousseff, como Presidenta de Brasil.

Entre las decenas de empresarios y políticos acusados por corrupción, Lula era el rey de la baraja y contra él los fiscales empezaron a redactar denuncias y los jueces a abrir procesos.

Un apartamento de tres plantas en el litoral paulista dado, según comprobó la justicia, en concepto de soborno por una constructora llevó a Lula en abril pasado a cumplir pena en una celda en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.

Hoy una ley sancionada con su puño y letra le impide volver a ser presidente de Brasil, en un nuevo capítulo de la vida política del líder más carismático del país.

Brasilia, 1 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a una Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para DD.HH., luego de que esta denunció un "alto grado de represión" de protestas contra el Gobierno.

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a una Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para DD.HH., luego que esta denunció un "alto grado de represión" de protestas contra el Gobierno.

La carta, cuya copia fue distribuida a periodistas por la Vicepresidenta Rosario Murillo, está dirigida a Marlene Alejos, Representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las ONU para los DD.HH. (OACNUDH).

La decisión se produce dos días después de que la misión de la OACNUDH en Managua divulgara un informe en el que acusó al Gobierno de Ortega de cometer "represión y represalias" contra manifestantes opositores desde abril pasado y planteó duras críticas a la actuación de las autoridades frente a la crisis, que ha dejado cientos de muertos y miles de heridos.

Según el Canciller, el Gobierno invitó a la misión al país el 19 de junio para que "diera acompañamiento" a una comisión de verificación creada en el diálogo nacional, suspendido desde julio, para "asegurar el desmantelamiento de los tranques" (retenes colocados por manifestantes en carreteras).

"Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita", señala la carta, que tiene fecha del 30 de agosto. El miércoles por la noche, unas horas después de su publicación, Ortega rechazó enérgicamente el informe y acusó al órgano de la ONU de ser "un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira, de la infamia".

Antimotines y activistas oficialistas frente a hotel de ONU

La OACNUDH recomendó en sus conclusiones formar una Comisión de la Verdad imparcial para investigar crímenes y delitos. Tras conocerse la noticia de la expulsión, grupos de policías antimotines y manifestantes oficialistas con banderas del gobernante Frente Sandinista fueron movilizados frente a la sede del hotel donde se aloja la misión internacional, que aparentemente aún no ha abandonado el país.

La sorpresiva decisión oficial fue cuestionada por la Presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, quien en rueda de prensa la calificó de "insólita" e"inaceptable" y aseguró que traerá "consecuencias muy negativas" para el Gobierno de Ortega.

Por su parte, el Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, expresó en Twitter: "La decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar a la delegación de la ONU desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad nicaragüense".

La dirigente opositora Dora María Téllez, del disidente Movimiento Renovador Sandinista, tuiteó por su parte: "Ortega se aterroriza con la sola mención de la Comisión de la Verdad que recomendó la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Que no le quepa duda, habrá Comisión de la Verdad y entonces, habrá justicia".

Piden intervención de Bachelet

También reaccionó en Twitter el Director de Human Rights Watch (HRW), José Luis Vivanco, al señalar que "Con la expulsión de los funcionarios de Naciones Unidas, Ortega le toma el pulso a @mbachelet (expresidenta chilena) que asumirá en pocos días como Alta Comisionada para DDHH".

Según Vivanco, Bachelet "debe exigir públicamente la presencia de la ONU para proteger los DDHH de las personas oprimidas por el régimen" de Nicaragua.

La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes, que según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dejó hasta 450 muertos y 2.800 heridos. El Gobierno registra 198 muertes.

Managua, 1 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Un informe de Banco Mundial de reciente publicación pone, otra vez, en la Agenda Global uno de los problemas históricos más complejos, aún vigente y que todavía afecta determinantemente la dinámica de un importante sector de la población de América Latina: El Racismo.

Un informe de Banco Mundial de reciente publicación pone, otra vez, en Agenda Global uno de los problemas históricos más complejos, aún vigente y que todavía afecta determinantemente la dinámica de un importante sector de la población de América Latina: El Racismo.

Los afrodescendientes en América Latina tienen 2,5 más probabilidades de vivir en pobreza crónica que los blancos o mestizos, revela el  Informe del Banco Mundial.

Además de tener mayores tasas de pobreza, los afrodescendientes tienen menos años de escolarización, experimentan más desempleo y están poco representados en cargos de toma de decisiones, tanto públicos como privados.

El Informe asegura que, aunque ha habido avances, aún queda mucho por hacer para eliminar las barreras estructurales que impiden su inclusión social y económica plena.

El Banco Mundial asegura que los afrodescendientes representan la mitad de quienes viven en la pobreza extrema en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, aunque solo son el 38% de la población conjunta de estos países.

“Afrontar las causas de la discriminación estructural es fundamental para combatir la injusticia y crear oportunidades para todos. Eliminar las condiciones que limitan la inclusión plena de los afrodescendientes promoverá una sociedad latinoamericana más justa, próspera e igualitaria”, asegura Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Un largo camino por recorrer

El informe recalca que, a pesar de estos desafíos, se han hecho grandes avances en los últimos años y que los afrodescendientes se han beneficiado de una amplia reducción en la tasa de pobreza regional. Por ejemplo, más del 50% de los hogares afrodescendientes salieron de la pobreza en Brasil y Uruguay y más del 20% en Ecuador y Perú. 

Los afrodescendientes también experimentaron un mayor acceso a la educación en América Latina, aunque la brecha con la población blanca y mestiza aún persiste.

Además, la aparición de una clase política afrodescendiente y el crecimiento de sus organizaciones han empujado a varios países a incorporar cambios constitucionales respecto a la discriminación, derechos de propiedad y el reconocimiento étnico racial de su población. También se han puesto en marcha campañas y leyes en contra de la discriminación étnica.

Sin embargo, la Exclusión continúa siendo un problema. El Banco Mundial asegura que se deben mejorar las oportunidades y el acceso a mercados y servicios de esta población, respetando su visión y aspiraciones. Como grupo heterogéneo, se necesitan políticas diseñadas teniendo en cuenta las condiciones de cada país y región.

El informe resalta que, además, se deben afrontar y eliminar los estereotipos raciales y las organizaciones afrodescendientes deben aumentar su participación y su papel de negociación.

Uno de cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente, lo que equivale a unos 133 millones de personas en la región. Una amplia mayoría vive en Brasil y el resto está distribuido de manera heterogénea en los demás países.

Washington, D.C. 1 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Fuente: Banco Mundial.

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El Jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, suscribió un memorándum de entendimiento con su par boliviano, Evo Morales, para el financiamiento y construcción del Tren Bioceánico, que atravesará el país andino y unirá las costas de Brasil y Perú.

El Jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, suscribió un memorándum de entendimiento con su par boliviano, Evo Morales, para el financiamiento y construcción del Tren Bioceánico, que atravesará el país andino y unirá las costas de Brasil y Perú.

"La importancia que le da el Gobierno de España a este proyecto es absoluta. Estamos junto con Alemania y Suiza liderando este proyecto multimillonario. Quiero recordar que son más de 10.000 millones de euros los que están vinculados con España. La importancia que nosotros le damos al tren bioceánico es trascendental", dijo Sánchez.

"Esta visita nos fortalece para seguir trabajando”, expresó Morales, “les digo a los empresarios de Europa que las inversiones en Bolivia están garantizadas. Estamos alentados por el crecimiento económico de Bolivia", dijo a su turno Morales. El memorándum fue firmado entre el Ministerio de Obras Públicas de Bolivia y el Ministerio de Fomento de España, en el marco de una visita oficial de Sánchez al país.

Además, ambos mandatarios suscribieron, también, un acuerdo de cooperación para el periodo 2018-2021 que dará prioridad a los programas de agua potable para poblaciones rurales. También firmaron otro memorándum para la reforma de la Justicia Boliviana y el uso de nuevas tecnologías.

Es la primera visita que realiza un presidente español a Bolivia en 20 años. La última fue la de José María Aznar, quien visitó a Hugo Banzer Suárez en 1998, también en Santa Cruz de la Sierra.

Pedro Sánchez concluirá su visita a Bolivia el miércoles y luego viajará a Colombia, tercera escala de su gira por América Latina. Antes, estuvo en Chile, donde en una entrevista televisada propugnó la creación de una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco, una idea que ha reiterado en Bolivia.

Santa Cruz de la Sierra, 30 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Las naciones integrantes de la Comunidad Andina (CAN), ratificaron en Lima su compromiso de respeto a los DD.HH. de los ciudadanos venezolanos que llegaron masivamente a sus países

Las naciones integrantes de la Comunidad Andina (CAN), ratificaron en Lima su compromiso de respeto a los DD.HH. de los ciudadanos venezolanos que llegaron masivamente a sus países: "Los estados miembros de la CAN ratifican su compromiso de respeto de los DD.HH.  de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna”, indica un comunicado del grupo que, sin embargo, no menciona la adhesión de Bolivia, también miembro de la CAN.

La declaración fue publicada tras la reunión del Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), que se realizó en Lima, con la presencia de representantes de los cuatro países miembros de la alianza.

El comunicado rubricado por los tres países de la CAN agrega que "teniendo en consideración el carácter humanitario de esta crisis migratoria se reafirman en el respeto a la legalidad y el cumplimiento de las normas migratorias que los rigen".

Los representantes de los países también se comprometieron a "fortalecer campañas y medidas de sensibilización de la población local y nacional sobre la llegada de migrantes". En la misiva, se solicitó al Gobierno de Venezuela "que facilite el otorgamiento de documentos de identidad, filiación, y de viaje para sus ciudadanos".

Igualmente, se hizo un llamado a coordinar la cooperación internacional, en particular con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR), para el financiamiento del traslado y reasentamiento de los migrantes en estados no comunitarios.

Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero (7,5% de la población). Entre ellos, más de 1,6 millones salieron de su país desde 2015 ante el recrudecimiento de la crisis económica y política del país con las mayores reservas petroleras del mundo.  El 90% se ha quedado en América Latina, según cifras de ACNUR y OIM.

Lima, 30 de agosto de 2018.

Por Redacción Ecos Internacional.

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“La trata es una amenaza real para millones de niños de todo el mundo, especialmente para aquellos que han debido abandonar sus hogares y comunidades sin la protección adecuada”, declaró la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Aproximadamente un 28% de las víctimas identificadas de la trata, en todo el mundo son niños, según han declarado por UNICEF y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata. En regiones como África Subsahariana, América Central y el Caribe, los niños representan una proporción aún más alta de las víctimas identificadas de la trata: el 64% y el 62%, respectivamente. 

UNICEF y el ICAT creen que el número de niños víctimas de la trata es mayor de lo que sugieren los datos actuales. La realidad es que los niños no suelen identificarse como víctimas de la trata. Muy pocos lo reconocen por miedo a los traficantes, por el desconocimiento de otras alternativas posibles, desconfianza de las autoridades, temor al rechazo o la posibilidad de que los devuelvan sin ningún tipo de protección y con ayuda limitada. 

Los niños refugiados, migrantes y desplazados son especialmente vulnerables a la trata. Ya sea cuando tratan de escapar de la guerra y la violencia o buscar una educación mejor y oportunidades de salir adelante, muy pocos niños encuentran las vías para desplazarse de forma legal y segura con sus familias. Esto aumenta las posibilidades de que los niños y sus familias escojan rutas más irregulares y peligrosas o que los niños se desplacen solos, lo cual los hace más vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por parte de los traficantes. 

“La trata es una amenaza real para millones de niños de todo el mundo, especialmente para aquellos que han debido abandonar sus hogares y comunidades sin la protección adecuada”, declaró la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Estos niños necesitan desesperadamente que los gobiernos redoblen esfuerzos y establezcan medidas para mantenerlos a salvo”. 

En muchos contextos faltan soluciones sostenibles para los niños víctimas de la trata, como asistencia a largo plazo, rehabilitación y protección. Muchos sistemas de protección infantil siguen sin contar con recursos suficientes, y hay una grave carencia de tutelas y de otras modalidades de acogimiento alternativas. En muchos casos, los niños son enviados a refugios inadecuados en los que están en peligro de volver a sufrir traumas y victimización. Los niños objeto de la trata pueden enfrentarse a otro tipo de dificultades, ya que los estereotipos de género pueden impedir que obtengan o busquen la ayuda que necesitan, mientras que las niñas también podrían exponerse al peligro de volver a sufrir explotación y abusos debido a la discriminación y a la pobreza por razón de género. 

La agencia de las Naciones Unidas para la Infancia y el ICAT mantienen su llamamiento para que se apliquen políticas gubernamentales y soluciones transfronterizas para mantener a esos niños a salvo. Algunas de ellas son:

1) Ampliar vías legales y seguras para que los niños se desplacen con sus familias, acelerando el proceso de determinación del estado de refugiados y abordando los obstáculos legislativos y prácticos que impiden reunirse a los niños con sus familias.

2) Reforzar sistemas de protección infantil y social a fin de evitar, identificar, denunciar y abordar casos de trata, violencia, abusos y explotación contra los niños y responder a las necesidades específicas de los niños atendiendo a su edad y su género.

3) Garantizar que haya soluciones sostenibles guiadas por una valoración individual de las circunstancias de cada niño y la determinación del interés superior (DIS), independientemente de la situación del niño, y que el niño participe en este proceso en la medida que sea adecuada para su edad y su madurez.

4) Mejorar la colaboración transfronteriza y el intercambio de información de y entre el control de fronteras, las autoridades de protección infantil y de las fuerzas del orden, así como aplicar procedimientos más rápidos de búsqueda y reunificación de familias y modalidades de acogimiento alternativas para los niños que carezcan de atención paterna.

5) Evitar medidas que puedan llevar a los niños a escoger rutas más peligrosas y a desplazarse solos para evitar ser detenidos por las fuerzas del orden. 

Nueva York, 29 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Fuente: UNICEF.

 

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Aunque está preso y su candidatura puede ser impugnada, el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo el favorito, según los sondeos para las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán el 7 de octubre próximo.

Aunque está preso y su candidatura puede ser impugnada, el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo el favorito, según los sondeos para las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán el 7 de octubre próximo.

Así lo han confirmado dos encuestas, realizadas por la firma MDA para la Confederación Nacional de Transporte y por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, que lo sitúan con alrededor del 37% de intención de voto.

Los sondeos fueron realizados por la firma MDA para la Confederación Nacional de Transporte (CNT, patronal) y el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, a pedido de la Red Globo de Televisión y el diario O Estado de Sao Paulo, que presenta un escenario similar, con Lula al frente.

En segundo lugar y de acuerdo con una encuesta de Ibope, se encuentran el ultraderechista Jair Bolsonaro con el 18%, seguido de la ecologista Marina Silva con un 6%, mientras que el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes están casi empatados con poco más del 4%.

La encuesta de Ibope tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y recogió las respuestas de 2.002 electores de 142 municipios entre el 17 y 19 de agosto.

Resolución pendiente

Lula está en prisión desde abril pasado, con una condena de doce años por corrupción confirmada por un tribunal de segunda instancia, lo que, según las normas electorales brasileñas, le impediría postular a cualquier cargo público.

Aún así, el Partido de los Trabajadores (PT) inscribió la semana pasada su candidatura en el Tribunal Superior Electoral, que ya ha recibido diversos pedidos de impugnación apoyados en esas normas, entre los que figura uno presentado por la Fiscalía General.

Del mismo modo, existen presiones del Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas, integrado por expertos independientes y que en una decisión no vinculante anunciada la semana pasada pidió que se tomen "todas las medidas necesarias" para que Lula "pueda ejercer sus derechos políticos" como candidato, aunque esté en prisión.

La Justicia electoral tiene plazo para resolver la situación de Lula hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán 20 días para las elecciones.

El PT aún no lo ha oficializado, pero si Lula fuera vetado, la candidatura de esa formación sería asumida por Fernando Haddad, compañero de fórmula del exmandatario, quien, según politólogos brasileros, no superaría al ultraderechista  Jair Bolsonaro.

Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2018

Redacción Ecos Internacional

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Las protestas ciudadanas contra el Primer Ministro Checo, Andrej Babis, acusado de haber sido colaboracionista con la policía secreta del régimen comunista, marcaron la conmemoración de la invasión soviética de 1968 en Praga.

Babis, fue fuertemente abucheado durante el acto del 50 aniversario de la invasión de la antigua Checoslovaquia por parte de las tropas soviéticas del Pacto de Varsovia por ciudadanos y transeúntes.

Los manifestantes silbaron y a gritaron "vergüenza" cuando Babis intervino en la ceremonia. Manifestaban su rechazo a la aparición del político, acusado de haber colaborado en el pasado con la policía secreta del régimen comunista en la antigua Checoslovaquia.

Protestaban también contra el hecho de que la coalición de Gobierno liderada por Babis, empresario y líder de la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), se mantenga hoy en el poder gracias al apoyo del Partido Comunista.

Praga, 21 de agosto de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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