Amnistía Internacional destacó que "el debate en Argentina también es un rayo de esperanza para el resto de América Latina, donde actualmente solo Cuba, Uruguay y Ciudad de México han despenalizado el aborto en todas las circunstancias".

Amnistía Internacional publicó en el New York Times y otros periódicos de 134 países un impactante anuncio en el que urge a los senadores de Argentina a aprobar la legalización del aborto en una votación histórica.

"Adiós", sostiene la publicación de Amnistía Internacional en la contratapa del New York Time, con una gran percha sobre un fondo verde, el color de la campaña a favor del aborto en el país sudamericano.

"Las complicaciones provocadas por abortos inseguros son la principal causa de la mortalidad materna en Argentina. El 8 de agosto, los senadores de Argentina pueden elegir cambiar esto si aprueban la ley para despenalización del aborto. El mundo está mirando", señala el anuncio.

La percha o gancho para colgar ropa es un símbolo asociado con abortos clandestinos y remite a los graves riesgos de vida que afrontan las mujeres que deciden interrumpir un embarazo por vías ilegales. "Recuerda a los legisladores que tienen el poder de salvar muchas vidas si votan por la interrupción legal del embarazo", sostiene la organización de derechos humanos.

"Queremos enviar un mensaje a los senadores de Argentina: el mundo los está mirando. Está observando para ver si votarán en favor de las mujeres y para poner fin al grave sufrimiento causado por la criminalización del aborto", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La Directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló por su parte que "los millones de mujeres que tan apasionadamente luchan por sus derechos deben saber que gente de todo el mundo se solidariza con ellas". "Es hora de que los senadores demuestren que no les darán la espalda", urgió.

El proyecto de legalización del aborto recibió ya media sanción el 14 de junio en la Cámara de Diputados y será ley si es aprobado por el Senado. Sin embargo, las perspectivas no son favorables según los votos anticipados por los legisladores, ya que de los 72 senadores de la Cámara alta, 37 ya informaron que votarán en contra y sólo 31 lo harán a favor. 

En Argentina solo está permitido interrumpir un embarazo en caso de violación o de riesgo de vida de la madre. No obstante, cada año se realizan unos 354.627 abortos, según estimaciones oficiales divulgadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. La cifra escala a cerca de medio millón de abortos clandestinos anuales, de acuerdo a otros cálculos no oficiales. La interrupción clandestina del embarazo es además la principal causa de mortalidad materna.

Amnistía Internacional destacó que "el debate en Argentina también es un rayo de esperanza para el resto de América Latina, donde actualmente solo Cuba, Uruguay y Ciudad de México han despenalizado el aborto en todas las circunstancias".

Buenos Aires, 8 de julio de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria Ferrer, señaló en un comunicado, que ha sido autorizado por el Papa Francisco I para introducir la nueva postura ante la pena de muerte, recogida en el artículo 2.267 del Catecismo Católico.

En el nuevo texto se subraya que "la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo".

En la modificación se señala que "durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común".

En la versión antigua del Catecismo no se excluía la pena de muerte "si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas".

El cambio se debe a que, según el nuevo texto, "hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves" y "se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado".

"En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente", se justifica en el nuevo texto.

El cambio, datado el 1 de agosto de 2018, entrará en vigor con su publicación en el Diario Oficial, L'Osservatore Vaticano y en el "Acta Apostolicae Sedis", que recoge los textos oficiales de la Santa Sede.

Ciudad del Vaticano, 3 de agosto de 2018.

Por Redacción Ecos Internacional.

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Autoridades políticas y policiales de América Latina y la Unión Europea (UE) cerraron un convenio con el que buscan potenciar el intercambio de datos, entre ambas regiones, para combatir la delincuencia organizada a nivel trasnacional.

El documento fue firmado durante la XI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que se celebra en la capital argentina de en Buenos Aires, con el lema "Camino a la Institucionalización", por representantes de Bolivia, Ecuador, Panamá, Brasil y Argentina, a los que se espera que se adhieran más adelante Colombia, Perú y México.

"Para poder lograr este combate contra el crimen organizado, se necesita cada vez más colaboración entre las policías nacionales e intercambio de datos", destacó en una entrevista antes del acto la Embajadora de la UE en Argentina, Aude Maio-Coliche.

En ese sentido, la alta funcionaria europea destacó que el apoyo de esa región ha comenzado a articularse a través del denominado SIPA I (Sistema de Información Policial de Ameripol), focalizado en la problemática del tráfico de drogas y, gracias al convenio firmado este miércoles, "va a ser más fácil desarrollar la segunda fase", el SIPA II, que incluirá datos sobre trata, violencia de género y migración ilegal.

Maio-Coliche hizo hincapié en que este apoyo de la UE a la comunidad policial americana también va a permitir "reforzar" la colaboración entre las policías nacionales de Sudamérica.

"Solamente con la cooperación mayor entre las policías podemos ser más organizados que el crimen organizado", destacó sobre este proyecto, que ha financiado la UE mediante una inversión total de 6,45 millones de euros.

Por su parte, el Inspector Jefe de la Policía española y Coordinador General del proyecto de la UE en Ameripol, Marcos Alvar, celebró que la firma de este convenio se trata de un "momento histórico" y un "hito" para la región.

En declaraciones a medios internacionales, Alvar afirmó que, desde que se constituyó en 2007, la entidad policial americana no contaba con una herramienta para empezar a funcionar "en lo más importante, que es el intercambio de información de datos personales contra la delincuencia organizada trasnacional" y ahora podrá empezar a "institucionalizarse" con una personalidad jurídica propia.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Miles de nicaragüenses huyen de la violencia

El número de nicaragüenses que solicitan asilo se ha disparado en la vecina Costa Rica, donde las desbordadas autoridades migratorias reciben apoyo de ACNUR para incrementar el registro de los desplazados. En la actualidad, se están procesando 200 solicitudes de asilo diarias, pero se espera aumentar la capacidad a 500.

Mientras miles de nicaragüenses huyen de la violencia y los abusos a sus derechos humanos, la Agencia para los refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) ha pedido solidaridad internacional y apoyo a Costa Rica y el resto de los países que albergan a los desplazados del país centroamericano.

Así se ha disparado el número de nicaragüenses que piden asilo en la vecina Costa Rica, lo que ha desbordado a sus autoridades migratorias, explicó William Spindler, portavoz de la agencia.

“Actualmente, un promedio de 200 solicitudes de asilo se presenta diariamente en Costa Rica. De acuerdo con las autoridades del país, cerca de 8000 peticiones de asilo de ciudadanos nicaragüenses han sido registradas desde abril, y unos 15,000 más tienen cita para su registrarse más adelante, ya que la capacidad del país para procesarlas está desbordada”, acotó Spindler.

De acuerdo con Spindler, muchos de los ciudadanos de Nicaragua que abandonan su país son acogidos por las entre 100.000 y 150.000 familias nicaragüenses que ya viven en Costa Rica y que ofrecen una "red de seguridad inicial".

La violencia se destapó en abril cuando los nicaragüenses protestaron contra los recortes propuestos a la seguridad social. Las manifestaciones iniciales fueron reprimidas violentamente por fuerzas de seguridad y otros elementos armados y grupos violentos. Pese a ello, las protestas y la represión continuaron.

La Agencia para los Refugiados estima que con su apoyo los servicios de inmigración costarricense podrían aumentar su capacidad de procesamiento de 200 solicitudes diarias a por lo menos 500.

ACNUR está fortaleciendo su presencia en la región fronteriza del norte de Costa Rica y, junto con el Gobierno costarricense, otros organismos de las Naciones Unidas y las ONG que colaboran con ellos están preparando su capacidad de respuesta para proporcionar protección y asistencia inmediata a miles de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, tanto en la región norte como en el área metropolitana de la capital, San José.

Si bien Costa Rica recibió la mayoría de las solicitudes de asilo, el número de nicaragüenses buscando asilo también subió en Panamá, México y Estados Unidos. ACNUR dijo que el alza llegó a su punto más alto en junio.

Managua, 31 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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Foto: ONU DD.HH.

Un grupo de expertos de DD.HH. de la ONU, liderado por Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, celebró la propuesta del Gobierno de España de crear una Comisión de la Verdad y llevar a cabo planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. También recomendaron que se implique a las familias de las víctimas en las propuestas y se ofrecieron para colaborar en el proceso.

“Esta decisión es fundamental para hacer realidad el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de DD.HH. y también para cumplir con las medidas de reparación que son importantes”, explica Fabián Salvioli, uno de los tres relatores especiales que publicaron un comunicado conjunto este celebrando la iniciativa del Gobierno español.

La Ministra de Justicia de España anunció ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas en el marco de su propuesta de revisión de la Ley de Memoria Histórica, que permitirá la creación de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones ocurridas durante ese período de la historia española.

La revisión legislativa también incluye una propuesta de retirada de los símbolos de exaltación de la Dictadura y la resignificación del Valle de los Caídos, erigido durante la Dictadura Franquista y en el cual se encuentran los restos de Francisco Franco.

En 2014, el predecesor de Fabián Salvioli, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición,  solicitó a las autoridades españolas atender de manera urgente las demandas de las víctimas en términos de la verdad y establecer un mecanismo con ese propósito.

¨Nosotros sostenemos que falta implementar las recomendaciones que hicieron el Relator Especial en ese momento y el Comité sobre Desaparición Forzada, sobre todo la falta de avances en la investigación de las graves violaciones de DD.HH. Para esto la creación de la Comisión de la Verdad es fundamental”, asegura Salvioli, agregando que ni siquiera los órganos jurisdiccionales españoles han impulsado investigaciones en este sentido y esto es "muy preocupante" en términos del cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, mucho más por la edad avanzada de muchos testigos y familiares.

“Nos complace ver que las autoridades españolas decidieron dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política”, expresa la declaración.

Los relatores resaltaron la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones de los DD.HH., y recordaron que dichos procesos deben suceder en un marco de transparencia y participación de la sociedad civil, centrarse en las víctimas y aportar el espacio necesario para exponer sus relatos, así como promover el pensamiento crítico sobre eventos pasados.

La Dirección General para la Memoria Histórica también se encargará de establecer planes de búsqueda de desaparecidos y hará públicos los datos de las exhumaciones, creando y manteniendo un censo de las víctimas.

“En lo que tiene que ver con la exhumación de cuerpos e identificación de personas desaparecidas, es algo que ha quedado librado hasta la actualidad por la buena voluntad de los propios familiares de las víctimas, lo cual naturalmente genera un problema”, resalta Salvioli.

En 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias había criticado que no existiera un plan nacional para este cometido. En su comunicado, los relatores saludaron la intención del Gobierno de asumir su responsabilidad y ejercer un rol activo en la búsqueda de víctimas desaparecidas y lo instaron a adoptar inmediatamente las medidas legislativas, administrativas y financieras necesarias para ejercer efectivamente esta función. El tiempo para lograr esto es crítico, explica Salvioli.

“Lo que estamos instando es a hacerlo con mucha premura por la edad tan avanzada de familiares y testigos de esas personas y esperamos que el nuevo procedimiento tome al Estado haciéndose cargo decididamente de esta cuestión y que no delegue la responsabilidad de las exhumaciones a comunidades autónomas o a familiares de víctimas, sino que lo hagan directamente desde los órganos del estado como esto debe realizarse. También hay que permitir el acceso a los archivos, particularmente a los archivos militares”, resalta.

Los relatores dicen que esperan que todas las iniciativas anunciadas estén acompañadas por avances judiciales, que incluyan los procedimientos penales que se lleven a cabo en cualquier otro país por las desapariciones forzadas cometidas en España.

Finalmente, los expertos independientes alentaron al Gobierno a que involucre a las familias de las víctimas y sus asociaciones en la implementación de las propuestas.

“No hay ningún proceso de verdad y justicia que se lleve adelante sin participación de las víctimas, no darles participación es re victimizarlas”, asegura Fabián Salvioli.

El Relator Especial aseguró que, si bien la revisión legislativa es una iniciativa valiosa e importante, aún existen otras preocupaciones.

“Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por la no derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que impide efectivamente investigaciones particularmente en torno a delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias cometidas durante la guerra civil y el franquismo¨, expresó. Agregó que tanto él como sus colegas están disponibles para colaborar con el Estado español en estos procesos.

“Los procedimientos especiales tienen una fase de trabajo que tiene que ver con cooperación y asistencia técnica. Estamos dispuestos a cooperar y a brindar toda nuestra ayuda para que España cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales.”

Para los relatores, los esfuerzos por promover la verdad, la memoria y las garantías de no repetición son esenciales para la efectiva realización de los DD.HH. de las víctimas y para fortalecer la confianza de los ciudadanos entre sí y en sus instituciones.

Ginebra, 27 de julio de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Foto: A. Zuñiga/AP

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, aseguró que la represión en Nicaragua ha entrado en una tercera fase, la que calificó como "represión burocrática".

"Estamos viendo una transformación de la represión más cruda hacia un proceso de represión burocrática, que utiliza el Sistema Penal y de Justicia para detener a las personas y promover procesos criminales y judiciales en su contra y mantenerlos dentro de un ambiente de acusaciones terroristas", manifestó Abrão en rueda de prensa en Washington.

Según el funcionario, hay tres fases en la Crisis Nicaragüense. Estas son: la primera fase de "represión tradicional", marcada por el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes; la segunda fase fue la que estuvo marcada por la "Operación Limpieza", que el Gobierno de Daniel Ortega puso en marcha para eliminar barricadas en feudos opositores; y la tercera fase de "represión burocrática”.

Abrão expresó su preocupación por la posibilidad de que esta tercera fase se convierta en una tendencia. En esta etapa se enmarcan las denuncias de secuestros recibidas por la Comisión, sobre personas detenidas en sus casas que se enteran de que están siendo acusadas penalmente cuando llegan a dependencias policiales.

El Secretario de la CIDH, avanzó que la próxima semana habrá una nueva actualización de cifras de víctimas fatales a través del Mecanismo Especial de Seguimiento creado por la CIDH para monitorear la situación en el país centroamericano.

Las cifras de la CIDH son las más conservadoras en comparación con los organismos y organizaciones de derechos humanos que contabilizan los muertos en esta crisis. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) dio este jueves, coincidiendo con los 100 días de protestas, que el número de fallecidos es de 448.

Abrão argumentó la disparidad por las diferencias de metodología y protocolos aplicados, pero no restó validez al número de muertos que dan las organizaciones de la sociedad civil. "Es muy probable que la cifra sea más alta de la que la Comisión presenta, que esté más cerca a la que las organizaciones de derechos humanos están anunciando", apuntó.

Washington, D.C. 27 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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La Nueva Constitución Cubana: ¿Cambio o retoque?

Cuba apuesta a aprobar una Nueva Constitución Política que sustituya su actual Carta Magna de 1976, aprobada en medio de la Guerra Fría y persigue, sobre cualquier orden, respaldar las reformas económicas y una nueva institucionalidad, más acorde con realidad actual de la isla. El texto será debatido durante tres meses por la población y deberá ser ratificado en un referéndum.

La nueva norma abrirá las puertas al mercado y la inversión privada, sin abandonar su cauce socialista, pero no ya comunista.

El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional y será llevado a consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre y luego sometido a un referéndum.

Las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro (2008-2018) abrieron paso al trabajo autónomo, que hoy emplea a más de medio millón de personas y representa un 13% de la economía nacional.

Muchos de estos "cuentapropistas" son falsos autónomos que dirigen pequeñas y medianas empresas. Pero la Constitución de 1976 solo reconocía la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria. Ahora se incluirá en el nuevo articulado "otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada".

El sistema político, social y económico de Cuba seguirá declarándose socialista pero eliminará de su texto la consigna de trabajar para el "avance hacia la sociedad comunista".

A pesar de la modificación de la Carta Magna se seguirá reconociendo al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único legal en el país.

Para institucionalizar la política del país y alejarse de los mandatos personalistas del pasado, la Constitución regulará que el futuro Presidente ejercerá el cargo tan solo dos mandatos, de cinco años cada uno.

Asimismo, el proyecto reconoce en su articulado que el capital foráneo no es algo coyuntural para paliar problemas, sino un elemento importante de desarrollo para el despegue de la economía nacional cubana.

En este sentido, las autoridades cubanas han manifestado que el país tiene que atraer más de 2.500 millones de dólares anuales para crecer.

En el orden social, hasta ahora el texto solo reconoce el matrimonio entre el hombre y la mujer, mientras que el nuevo artículo 68 dirá que es entre personas, sin más especificaciones, en respuesta a la demanda de la comunidad LGBTI, abanderadas por la sexóloga Mariela Castro. Las iglesias evangélicas se oponen a la medida.

En cuanto a la máxima magistratura, hasta ahora no existía un presidente de la República y la jefatura del Estado la ejerce el presidente del Consejo de Estado, que es un órgano del Parlamento. Para aspirar al nuevo cargo de Presidente el candidato deberá tener mínimo 35 años y máximo 60 años de edad, haber nacido en Cuba y no tener doble nacionalidad.

En lo referente a la administración territorial y del Estado, se eliminan las Asambleas Provinciales y se crearán gobiernos provinciales, dirigido por un gobernador nombrado por el parlamento nacional. También se creará la figura del primer ministro, eliminada en 1976, que será el encargado de dirigir el Consejo de Ministros.

Quedan de ustedes, queridos lectores observar si fue un cambio o sólo un retoque de oportunidad.

La Habana, 24 de julio de 2018.

Por Redacción Ecos Internacional.

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Cifra de civiles muertos en Afganistán alcanza récord

La Misión de la ONU para Afganistán (UMANA) lamenta que las cifras de víctimas civiles sigan en máximos históricos, pese a los ‘alto al fuego’. La principal causa de las muertes es por artefactos explosivos improvisados.

La data de civiles muertos en Afganistán, país asolado por la guerra, fue de 1,692 personas, en tan solo los primeros seis meses de este año. Un nuevo récord desde que la Misión de la ONU comenzó a registrar las víctimas en 2009, informó la organización internacional.

La UNAMA señaló que se trata de un incremento del 1% con respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra más alta registrada en los últimos nueve años. Además, otros 3,430 civiles resultaron heridos en el mismo periodo, lo que supone un cinco% menos en comparación con el año pasado.

La principal causa de las muertes de civiles es por bombardeos, que causaron 427 muertes y 986 heridos, lo que supone un 22% de incremento con respecto a la primera mitad de 2017. La milicia terrorista Estado Islámico estuvo detrás de un 52% de los letales ataques suicidas y grandes atentados, según el informe de UNAMA

El conflicto armado causó además 157 muertes de mujeres civiles y 387 resultaron heridas, así como 363 muertes de niños e hirió a 992. Se trata, según la ONU, de una consecuencia "tóxica" de la guerra continua. Los bombardeos de las fuerzas estadounidenses y afganas fueron los responsables del 52% de las víctimas fatales civiles: 149 muertes y 2,014 heridos. En 2017 murieron 3,438 personas y más de 7,000 resultaron heridas, según la ONU. Fue el cuarto año consecutivo con más de 10,000 civiles afectados.

"Las cifras de víctimas civiles siguen en máximos históricos a pesar de los alto al fuego unilaterales del Gobierno y los Talibanes, que coincidieron durante tres días entre el 15 y el 17 de junio", lamentó la Misión de la ONU en Afganistán en el informe.

Sin embargo, las momentáneas treguas son un signo positivo para el Jefe de la UNAMA, Tadamichi Yamamoto. "El breve alto al fuego ha demostrado que la lucha puede parar y que los civiles afganos no tienen por qué sufrir las consecuencias de la guerra", aseguró Yamamoto.

El 67 % de los civiles heridos o muertos fueron víctimas de ataques de grupos antigubernamentales, en especial los Talibanes, mientras que las tropas que actúan en defensa del gobierno fueron responsables de un 20%.

Los registros de la ONU se consideran conservadores ya que se precisan de al menos tres fuentes independientes para registrar un deceso.

Kabul, 16 de julio de 2018.

Por Felicia Saturno Hartt.

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Donald Trump y sus enemigos

En su lista, el Presidente de los EE.UU., Donald Trump, no sólo calificó a la Unión Europea como un enemigo, sino sumó también a China y Rusia, aunque matizó luego, que eso significaba que eran “competitivos”, nada más. Donald Trump respondió con ironía.

En una entrevista con la cadena CBS dada a conocer este domingo Trump, calificó de "enemigo” a la Unión Europea, asegurando que las políticas comerciales que impulsa la UE perjudican a su país. Además, lanzó duras críticas contra Alemania, acusando a Berlín de haber sacado la "bandera blanca” en su relación con Moscú.

"Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en comercio. Sí, uno no pensaría eso de la UE, pero son enemigos”, dijo el mandatario estadounidense, que dio la entrevista, durante su paso por Escocia, donde se dedicó a jugar golf. Luego matizó señalando que "eso no significa que sean malos” y sumó a Rusia y China a su lista particular de enemigos.

"Rusia es enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo en términos económicos, por cierto que lo son. Pero eso no quiere decir que sean malos. No significa nada, en realidad. Significa que son competitivos”, sostuvo. Luego agregó que la Unión Europea está tomando ventajas en términos de intercambio comercial.

Putin también aseguró que tiene "un gran problema con Alemania” y reiteró sus críticas a la construcción de un gasoducto entre Rusia y la principal potencia de la zona euro. "Se supone que estás peleando por alguien y ese alguien le da millones de dólares a aquel contra el que estás peleando… Hay mucha rabia por el hecho de que Alemania le paga a Rusia millones y millones de dólares”, dijo Trump. Agregó que también cree que eso es malo para los alemanes. "¿Qué, están ondeando la bandera blanca?”, se preguntó.

La primera reacción de parte de Europa sobre el calificativo de Trump vino desde el Consejo Europeo. Su Presidente, Donald Tusk, aprovechó Twitter, justamente la red social favorita de Trump, para ironizar. "Estados Unidos y la Unión Europea son grandes amigos. Quien diga que somos enemigos está difundiendo fake news”, apuntó en ex Premier polaco.

La entrevista a Donald Trump fue realizada por Jeff Glor para el Programa "Evening News”.

Escocia, 16 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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Este 1 de julio de 1968 es un día marcado en la memoria de la paz. Se firmó, hace 50 años, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética y obligaba a los países signatarios a evitar la proliferación de armas nucleares.

El objetivo del tratado era alcanzar el desarme nuclear total. Alemania se unió al acuerdo en 1975 y este ya ha sido suscrito por más de 190 países.

El acuerdo ha sido considerado durante años como la piedra angular de los esfuerzos mundiales de desarme, aunque, actualmente, más bien parece una vaga aspiración. Aún existen en el planeta casi 15.000 bombas atómicas, estima el Instituto sueco SIPRI. Los signatarios del acuerdo, Estados Unidos (6.800) y Rusia (7.000) poseen la mayor cantidad de armas nucleares.

El politólogo y experto en Desarme Tom Sauer, de la Universidad de Amberes afirma que “el acuerdo está en una crisis total". La última conferencia para revisar el acuerdo data de 2015 y fue un fracaso. Se teme que la próxima, fijada para 2020, corra la misma suerte.

Y todo seguirá en esa misma línea, supone Sauer, hasta que los países firmantes del tratado finalmente cumplan las obligaciones que éste impone, es decir, que haya una reducción masiva de las cabezas nucleares a cero. "Eso fue lo que prometieron en 1968, pero no lo han hecho", critica.

Lo más preocupante es que los Estados que poseen armas nucleares están modernizando sus arsenales e introduciendo nueva tecnología, como sofisticados sistemas de posicionamiento. El riesgo de que haya una guerra nuclear es mucho más alto hoy que hace unas décadas, estiman los expertos.

Además de Estados Unidos, los únicos miembros de la OTAN que tienen armas nucleares son Reino Unido y Francia. Al club atómico pertenecen también Rusia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Ninguno de esos Estados, salvo quizás Corea del Norte, tiene previsto renunciar a sus armas nucleares, pues las consideran indispensables para su propia seguridad. Un mundo sin armas nucleares, un objetivo para el que el expresidente de Estados Unidos Barack Obama hizo una aplaudida campaña en 2009, es un objetivo poco realista, según el experto Karl-Heinz Kamp.

Incluso en el improbable caso de que se desactivaran todas las cabezas nucleares, reactivarlas no sería una tarea compleja, dice el especialista. Y no solo para los Gobiernos sería un trabajo sencillo, sino también para las grandes corporaciones, porque el conocimiento y los materiales están al alcance de la mano. Para Kamp, también es cuestionable la tesis de que un mundo sin armas nucleares sería un lugar más estable.

Tom Sauer, a quien le preocupa especialmente que las conversaciones de desarme entre Estados Unidos y Rusia estén suspendidas y que cada vez más países busquen ingresar al club atómico, entre ellos Irán y Arabia Saudita.

Pero pone toda su esperanza en la ONU que, con el voto de 122 de los 193 estados miembros, ya pidió una prohibición completa de las armas nucleares. Eso ocurrió en 2017. Tan pronto como 50 países firmen ese acuerdo, será vinculante. "Todos estos países considerarán que las armas nucleares son ilegales", enfatiza el experto holandés. "El viento está cambiando y las potencias nucleares se han puesto a la defensiva", afirma.

 

Maracay, 11 de julio de 2018.

Por Felicia Saturno Hartt.

Foto: DW.

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Amnistía Internacional destacó que "el debate en Argentina también es un rayo de esperanza para el resto de América Latina, donde actualmente solo Cuba, Uruguay y Ciudad de México han despenalizado el aborto en todas las circunstancias".

Amnistía Internacional publicó en el New York Times y otros periódicos de 134 países un impactante anuncio en el que urge a los senadores de Argentina a aprobar la legalización del aborto en una votación histórica.

"Adiós", sostiene la publicación de Amnistía Internacional en la contratapa del New York Time, con una gran percha sobre un fondo verde, el color de la campaña a favor del aborto en el país sudamericano.

"Las complicaciones provocadas por abortos inseguros son la principal causa de la mortalidad materna en Argentina. El 8 de agosto, los senadores de Argentina pueden elegir cambiar esto si aprueban la ley para despenalización del aborto. El mundo está mirando", señala el anuncio.

La percha o gancho para colgar ropa es un símbolo asociado con abortos clandestinos y remite a los graves riesgos de vida que afrontan las mujeres que deciden interrumpir un embarazo por vías ilegales. "Recuerda a los legisladores que tienen el poder de salvar muchas vidas si votan por la interrupción legal del embarazo", sostiene la organización de derechos humanos.

"Queremos enviar un mensaje a los senadores de Argentina: el mundo los está mirando. Está observando para ver si votarán en favor de las mujeres y para poner fin al grave sufrimiento causado por la criminalización del aborto", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La Directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló por su parte que "los millones de mujeres que tan apasionadamente luchan por sus derechos deben saber que gente de todo el mundo se solidariza con ellas". "Es hora de que los senadores demuestren que no les darán la espalda", urgió.

El proyecto de legalización del aborto recibió ya media sanción el 14 de junio en la Cámara de Diputados y será ley si es aprobado por el Senado. Sin embargo, las perspectivas no son favorables según los votos anticipados por los legisladores, ya que de los 72 senadores de la Cámara alta, 37 ya informaron que votarán en contra y sólo 31 lo harán a favor. 

En Argentina solo está permitido interrumpir un embarazo en caso de violación o de riesgo de vida de la madre. No obstante, cada año se realizan unos 354.627 abortos, según estimaciones oficiales divulgadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. La cifra escala a cerca de medio millón de abortos clandestinos anuales, de acuerdo a otros cálculos no oficiales. La interrupción clandestina del embarazo es además la principal causa de mortalidad materna.

Amnistía Internacional destacó que "el debate en Argentina también es un rayo de esperanza para el resto de América Latina, donde actualmente solo Cuba, Uruguay y Ciudad de México han despenalizado el aborto en todas las circunstancias".

Buenos Aires, 8 de julio de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria Ferrer, señaló en un comunicado, que ha sido autorizado por el Papa Francisco I para introducir la nueva postura ante la pena de muerte, recogida en el artículo 2.267 del Catecismo Católico.

En el nuevo texto se subraya que "la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo".

En la modificación se señala que "durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común".

En la versión antigua del Catecismo no se excluía la pena de muerte "si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas".

El cambio se debe a que, según el nuevo texto, "hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves" y "se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado".

"En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente", se justifica en el nuevo texto.

El cambio, datado el 1 de agosto de 2018, entrará en vigor con su publicación en el Diario Oficial, L'Osservatore Vaticano y en el "Acta Apostolicae Sedis", que recoge los textos oficiales de la Santa Sede.

Ciudad del Vaticano, 3 de agosto de 2018.

Por Redacción Ecos Internacional.

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Autoridades políticas y policiales de América Latina y la Unión Europea (UE) cerraron un convenio con el que buscan potenciar el intercambio de datos, entre ambas regiones, para combatir la delincuencia organizada a nivel trasnacional.

El documento fue firmado durante la XI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que se celebra en la capital argentina de en Buenos Aires, con el lema "Camino a la Institucionalización", por representantes de Bolivia, Ecuador, Panamá, Brasil y Argentina, a los que se espera que se adhieran más adelante Colombia, Perú y México.

"Para poder lograr este combate contra el crimen organizado, se necesita cada vez más colaboración entre las policías nacionales e intercambio de datos", destacó en una entrevista antes del acto la Embajadora de la UE en Argentina, Aude Maio-Coliche.

En ese sentido, la alta funcionaria europea destacó que el apoyo de esa región ha comenzado a articularse a través del denominado SIPA I (Sistema de Información Policial de Ameripol), focalizado en la problemática del tráfico de drogas y, gracias al convenio firmado este miércoles, "va a ser más fácil desarrollar la segunda fase", el SIPA II, que incluirá datos sobre trata, violencia de género y migración ilegal.

Maio-Coliche hizo hincapié en que este apoyo de la UE a la comunidad policial americana también va a permitir "reforzar" la colaboración entre las policías nacionales de Sudamérica.

"Solamente con la cooperación mayor entre las policías podemos ser más organizados que el crimen organizado", destacó sobre este proyecto, que ha financiado la UE mediante una inversión total de 6,45 millones de euros.

Por su parte, el Inspector Jefe de la Policía española y Coordinador General del proyecto de la UE en Ameripol, Marcos Alvar, celebró que la firma de este convenio se trata de un "momento histórico" y un "hito" para la región.

En declaraciones a medios internacionales, Alvar afirmó que, desde que se constituyó en 2007, la entidad policial americana no contaba con una herramienta para empezar a funcionar "en lo más importante, que es el intercambio de información de datos personales contra la delincuencia organizada trasnacional" y ahora podrá empezar a "institucionalizarse" con una personalidad jurídica propia.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Miles de nicaragüenses huyen de la violencia

El número de nicaragüenses que solicitan asilo se ha disparado en la vecina Costa Rica, donde las desbordadas autoridades migratorias reciben apoyo de ACNUR para incrementar el registro de los desplazados. En la actualidad, se están procesando 200 solicitudes de asilo diarias, pero se espera aumentar la capacidad a 500.

Mientras miles de nicaragüenses huyen de la violencia y los abusos a sus derechos humanos, la Agencia para los refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) ha pedido solidaridad internacional y apoyo a Costa Rica y el resto de los países que albergan a los desplazados del país centroamericano.

Así se ha disparado el número de nicaragüenses que piden asilo en la vecina Costa Rica, lo que ha desbordado a sus autoridades migratorias, explicó William Spindler, portavoz de la agencia.

“Actualmente, un promedio de 200 solicitudes de asilo se presenta diariamente en Costa Rica. De acuerdo con las autoridades del país, cerca de 8000 peticiones de asilo de ciudadanos nicaragüenses han sido registradas desde abril, y unos 15,000 más tienen cita para su registrarse más adelante, ya que la capacidad del país para procesarlas está desbordada”, acotó Spindler.

De acuerdo con Spindler, muchos de los ciudadanos de Nicaragua que abandonan su país son acogidos por las entre 100.000 y 150.000 familias nicaragüenses que ya viven en Costa Rica y que ofrecen una "red de seguridad inicial".

La violencia se destapó en abril cuando los nicaragüenses protestaron contra los recortes propuestos a la seguridad social. Las manifestaciones iniciales fueron reprimidas violentamente por fuerzas de seguridad y otros elementos armados y grupos violentos. Pese a ello, las protestas y la represión continuaron.

La Agencia para los Refugiados estima que con su apoyo los servicios de inmigración costarricense podrían aumentar su capacidad de procesamiento de 200 solicitudes diarias a por lo menos 500.

ACNUR está fortaleciendo su presencia en la región fronteriza del norte de Costa Rica y, junto con el Gobierno costarricense, otros organismos de las Naciones Unidas y las ONG que colaboran con ellos están preparando su capacidad de respuesta para proporcionar protección y asistencia inmediata a miles de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, tanto en la región norte como en el área metropolitana de la capital, San José.

Si bien Costa Rica recibió la mayoría de las solicitudes de asilo, el número de nicaragüenses buscando asilo también subió en Panamá, México y Estados Unidos. ACNUR dijo que el alza llegó a su punto más alto en junio.

Managua, 31 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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Foto: ONU DD.HH.

Un grupo de expertos de DD.HH. de la ONU, liderado por Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, celebró la propuesta del Gobierno de España de crear una Comisión de la Verdad y llevar a cabo planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. También recomendaron que se implique a las familias de las víctimas en las propuestas y se ofrecieron para colaborar en el proceso.

“Esta decisión es fundamental para hacer realidad el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de DD.HH. y también para cumplir con las medidas de reparación que son importantes”, explica Fabián Salvioli, uno de los tres relatores especiales que publicaron un comunicado conjunto este celebrando la iniciativa del Gobierno español.

La Ministra de Justicia de España anunció ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas en el marco de su propuesta de revisión de la Ley de Memoria Histórica, que permitirá la creación de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones ocurridas durante ese período de la historia española.

La revisión legislativa también incluye una propuesta de retirada de los símbolos de exaltación de la Dictadura y la resignificación del Valle de los Caídos, erigido durante la Dictadura Franquista y en el cual se encuentran los restos de Francisco Franco.

En 2014, el predecesor de Fabián Salvioli, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición,  solicitó a las autoridades españolas atender de manera urgente las demandas de las víctimas en términos de la verdad y establecer un mecanismo con ese propósito.

¨Nosotros sostenemos que falta implementar las recomendaciones que hicieron el Relator Especial en ese momento y el Comité sobre Desaparición Forzada, sobre todo la falta de avances en la investigación de las graves violaciones de DD.HH. Para esto la creación de la Comisión de la Verdad es fundamental”, asegura Salvioli, agregando que ni siquiera los órganos jurisdiccionales españoles han impulsado investigaciones en este sentido y esto es "muy preocupante" en términos del cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, mucho más por la edad avanzada de muchos testigos y familiares.

“Nos complace ver que las autoridades españolas decidieron dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política”, expresa la declaración.

Los relatores resaltaron la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones de los DD.HH., y recordaron que dichos procesos deben suceder en un marco de transparencia y participación de la sociedad civil, centrarse en las víctimas y aportar el espacio necesario para exponer sus relatos, así como promover el pensamiento crítico sobre eventos pasados.

La Dirección General para la Memoria Histórica también se encargará de establecer planes de búsqueda de desaparecidos y hará públicos los datos de las exhumaciones, creando y manteniendo un censo de las víctimas.

“En lo que tiene que ver con la exhumación de cuerpos e identificación de personas desaparecidas, es algo que ha quedado librado hasta la actualidad por la buena voluntad de los propios familiares de las víctimas, lo cual naturalmente genera un problema”, resalta Salvioli.

En 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias había criticado que no existiera un plan nacional para este cometido. En su comunicado, los relatores saludaron la intención del Gobierno de asumir su responsabilidad y ejercer un rol activo en la búsqueda de víctimas desaparecidas y lo instaron a adoptar inmediatamente las medidas legislativas, administrativas y financieras necesarias para ejercer efectivamente esta función. El tiempo para lograr esto es crítico, explica Salvioli.

“Lo que estamos instando es a hacerlo con mucha premura por la edad tan avanzada de familiares y testigos de esas personas y esperamos que el nuevo procedimiento tome al Estado haciéndose cargo decididamente de esta cuestión y que no delegue la responsabilidad de las exhumaciones a comunidades autónomas o a familiares de víctimas, sino que lo hagan directamente desde los órganos del estado como esto debe realizarse. También hay que permitir el acceso a los archivos, particularmente a los archivos militares”, resalta.

Los relatores dicen que esperan que todas las iniciativas anunciadas estén acompañadas por avances judiciales, que incluyan los procedimientos penales que se lleven a cabo en cualquier otro país por las desapariciones forzadas cometidas en España.

Finalmente, los expertos independientes alentaron al Gobierno a que involucre a las familias de las víctimas y sus asociaciones en la implementación de las propuestas.

“No hay ningún proceso de verdad y justicia que se lleve adelante sin participación de las víctimas, no darles participación es re victimizarlas”, asegura Fabián Salvioli.

El Relator Especial aseguró que, si bien la revisión legislativa es una iniciativa valiosa e importante, aún existen otras preocupaciones.

“Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por la no derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que impide efectivamente investigaciones particularmente en torno a delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias cometidas durante la guerra civil y el franquismo¨, expresó. Agregó que tanto él como sus colegas están disponibles para colaborar con el Estado español en estos procesos.

“Los procedimientos especiales tienen una fase de trabajo que tiene que ver con cooperación y asistencia técnica. Estamos dispuestos a cooperar y a brindar toda nuestra ayuda para que España cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales.”

Para los relatores, los esfuerzos por promover la verdad, la memoria y las garantías de no repetición son esenciales para la efectiva realización de los DD.HH. de las víctimas y para fortalecer la confianza de los ciudadanos entre sí y en sus instituciones.

Ginebra, 27 de julio de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Foto: A. Zuñiga/AP

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, aseguró que la represión en Nicaragua ha entrado en una tercera fase, la que calificó como "represión burocrática".

"Estamos viendo una transformación de la represión más cruda hacia un proceso de represión burocrática, que utiliza el Sistema Penal y de Justicia para detener a las personas y promover procesos criminales y judiciales en su contra y mantenerlos dentro de un ambiente de acusaciones terroristas", manifestó Abrão en rueda de prensa en Washington.

Según el funcionario, hay tres fases en la Crisis Nicaragüense. Estas son: la primera fase de "represión tradicional", marcada por el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes; la segunda fase fue la que estuvo marcada por la "Operación Limpieza", que el Gobierno de Daniel Ortega puso en marcha para eliminar barricadas en feudos opositores; y la tercera fase de "represión burocrática”.

Abrão expresó su preocupación por la posibilidad de que esta tercera fase se convierta en una tendencia. En esta etapa se enmarcan las denuncias de secuestros recibidas por la Comisión, sobre personas detenidas en sus casas que se enteran de que están siendo acusadas penalmente cuando llegan a dependencias policiales.

El Secretario de la CIDH, avanzó que la próxima semana habrá una nueva actualización de cifras de víctimas fatales a través del Mecanismo Especial de Seguimiento creado por la CIDH para monitorear la situación en el país centroamericano.

Las cifras de la CIDH son las más conservadoras en comparación con los organismos y organizaciones de derechos humanos que contabilizan los muertos en esta crisis. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) dio este jueves, coincidiendo con los 100 días de protestas, que el número de fallecidos es de 448.

Abrão argumentó la disparidad por las diferencias de metodología y protocolos aplicados, pero no restó validez al número de muertos que dan las organizaciones de la sociedad civil. "Es muy probable que la cifra sea más alta de la que la Comisión presenta, que esté más cerca a la que las organizaciones de derechos humanos están anunciando", apuntó.

Washington, D.C. 27 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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La Nueva Constitución Cubana: ¿Cambio o retoque?

Cuba apuesta a aprobar una Nueva Constitución Política que sustituya su actual Carta Magna de 1976, aprobada en medio de la Guerra Fría y persigue, sobre cualquier orden, respaldar las reformas económicas y una nueva institucionalidad, más acorde con realidad actual de la isla. El texto será debatido durante tres meses por la población y deberá ser ratificado en un referéndum.

La nueva norma abrirá las puertas al mercado y la inversión privada, sin abandonar su cauce socialista, pero no ya comunista.

El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional y será llevado a consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre y luego sometido a un referéndum.

Las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro (2008-2018) abrieron paso al trabajo autónomo, que hoy emplea a más de medio millón de personas y representa un 13% de la economía nacional.

Muchos de estos "cuentapropistas" son falsos autónomos que dirigen pequeñas y medianas empresas. Pero la Constitución de 1976 solo reconocía la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria. Ahora se incluirá en el nuevo articulado "otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada".

El sistema político, social y económico de Cuba seguirá declarándose socialista pero eliminará de su texto la consigna de trabajar para el "avance hacia la sociedad comunista".

A pesar de la modificación de la Carta Magna se seguirá reconociendo al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único legal en el país.

Para institucionalizar la política del país y alejarse de los mandatos personalistas del pasado, la Constitución regulará que el futuro Presidente ejercerá el cargo tan solo dos mandatos, de cinco años cada uno.

Asimismo, el proyecto reconoce en su articulado que el capital foráneo no es algo coyuntural para paliar problemas, sino un elemento importante de desarrollo para el despegue de la economía nacional cubana.

En este sentido, las autoridades cubanas han manifestado que el país tiene que atraer más de 2.500 millones de dólares anuales para crecer.

En el orden social, hasta ahora el texto solo reconoce el matrimonio entre el hombre y la mujer, mientras que el nuevo artículo 68 dirá que es entre personas, sin más especificaciones, en respuesta a la demanda de la comunidad LGBTI, abanderadas por la sexóloga Mariela Castro. Las iglesias evangélicas se oponen a la medida.

En cuanto a la máxima magistratura, hasta ahora no existía un presidente de la República y la jefatura del Estado la ejerce el presidente del Consejo de Estado, que es un órgano del Parlamento. Para aspirar al nuevo cargo de Presidente el candidato deberá tener mínimo 35 años y máximo 60 años de edad, haber nacido en Cuba y no tener doble nacionalidad.

En lo referente a la administración territorial y del Estado, se eliminan las Asambleas Provinciales y se crearán gobiernos provinciales, dirigido por un gobernador nombrado por el parlamento nacional. También se creará la figura del primer ministro, eliminada en 1976, que será el encargado de dirigir el Consejo de Ministros.

Quedan de ustedes, queridos lectores observar si fue un cambio o sólo un retoque de oportunidad.

La Habana, 24 de julio de 2018.

Por Redacción Ecos Internacional.

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Cifra de civiles muertos en Afganistán alcanza récord

La Misión de la ONU para Afganistán (UMANA) lamenta que las cifras de víctimas civiles sigan en máximos históricos, pese a los ‘alto al fuego’. La principal causa de las muertes es por artefactos explosivos improvisados.

La data de civiles muertos en Afganistán, país asolado por la guerra, fue de 1,692 personas, en tan solo los primeros seis meses de este año. Un nuevo récord desde que la Misión de la ONU comenzó a registrar las víctimas en 2009, informó la organización internacional.

La UNAMA señaló que se trata de un incremento del 1% con respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra más alta registrada en los últimos nueve años. Además, otros 3,430 civiles resultaron heridos en el mismo periodo, lo que supone un cinco% menos en comparación con el año pasado.

La principal causa de las muertes de civiles es por bombardeos, que causaron 427 muertes y 986 heridos, lo que supone un 22% de incremento con respecto a la primera mitad de 2017. La milicia terrorista Estado Islámico estuvo detrás de un 52% de los letales ataques suicidas y grandes atentados, según el informe de UNAMA

El conflicto armado causó además 157 muertes de mujeres civiles y 387 resultaron heridas, así como 363 muertes de niños e hirió a 992. Se trata, según la ONU, de una consecuencia "tóxica" de la guerra continua. Los bombardeos de las fuerzas estadounidenses y afganas fueron los responsables del 52% de las víctimas fatales civiles: 149 muertes y 2,014 heridos. En 2017 murieron 3,438 personas y más de 7,000 resultaron heridas, según la ONU. Fue el cuarto año consecutivo con más de 10,000 civiles afectados.

"Las cifras de víctimas civiles siguen en máximos históricos a pesar de los alto al fuego unilaterales del Gobierno y los Talibanes, que coincidieron durante tres días entre el 15 y el 17 de junio", lamentó la Misión de la ONU en Afganistán en el informe.

Sin embargo, las momentáneas treguas son un signo positivo para el Jefe de la UNAMA, Tadamichi Yamamoto. "El breve alto al fuego ha demostrado que la lucha puede parar y que los civiles afganos no tienen por qué sufrir las consecuencias de la guerra", aseguró Yamamoto.

El 67 % de los civiles heridos o muertos fueron víctimas de ataques de grupos antigubernamentales, en especial los Talibanes, mientras que las tropas que actúan en defensa del gobierno fueron responsables de un 20%.

Los registros de la ONU se consideran conservadores ya que se precisan de al menos tres fuentes independientes para registrar un deceso.

Kabul, 16 de julio de 2018.

Por Felicia Saturno Hartt.

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Donald Trump y sus enemigos

En su lista, el Presidente de los EE.UU., Donald Trump, no sólo calificó a la Unión Europea como un enemigo, sino sumó también a China y Rusia, aunque matizó luego, que eso significaba que eran “competitivos”, nada más. Donald Trump respondió con ironía.

En una entrevista con la cadena CBS dada a conocer este domingo Trump, calificó de "enemigo” a la Unión Europea, asegurando que las políticas comerciales que impulsa la UE perjudican a su país. Además, lanzó duras críticas contra Alemania, acusando a Berlín de haber sacado la "bandera blanca” en su relación con Moscú.

"Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en comercio. Sí, uno no pensaría eso de la UE, pero son enemigos”, dijo el mandatario estadounidense, que dio la entrevista, durante su paso por Escocia, donde se dedicó a jugar golf. Luego matizó señalando que "eso no significa que sean malos” y sumó a Rusia y China a su lista particular de enemigos.

"Rusia es enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo en términos económicos, por cierto que lo son. Pero eso no quiere decir que sean malos. No significa nada, en realidad. Significa que son competitivos”, sostuvo. Luego agregó que la Unión Europea está tomando ventajas en términos de intercambio comercial.

Putin también aseguró que tiene "un gran problema con Alemania” y reiteró sus críticas a la construcción de un gasoducto entre Rusia y la principal potencia de la zona euro. "Se supone que estás peleando por alguien y ese alguien le da millones de dólares a aquel contra el que estás peleando… Hay mucha rabia por el hecho de que Alemania le paga a Rusia millones y millones de dólares”, dijo Trump. Agregó que también cree que eso es malo para los alemanes. "¿Qué, están ondeando la bandera blanca?”, se preguntó.

La primera reacción de parte de Europa sobre el calificativo de Trump vino desde el Consejo Europeo. Su Presidente, Donald Tusk, aprovechó Twitter, justamente la red social favorita de Trump, para ironizar. "Estados Unidos y la Unión Europea son grandes amigos. Quien diga que somos enemigos está difundiendo fake news”, apuntó en ex Premier polaco.

La entrevista a Donald Trump fue realizada por Jeff Glor para el Programa "Evening News”.

Escocia, 16 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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Este 1 de julio de 1968 es un día marcado en la memoria de la paz. Se firmó, hace 50 años, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética y obligaba a los países signatarios a evitar la proliferación de armas nucleares.

El objetivo del tratado era alcanzar el desarme nuclear total. Alemania se unió al acuerdo en 1975 y este ya ha sido suscrito por más de 190 países.

El acuerdo ha sido considerado durante años como la piedra angular de los esfuerzos mundiales de desarme, aunque, actualmente, más bien parece una vaga aspiración. Aún existen en el planeta casi 15.000 bombas atómicas, estima el Instituto sueco SIPRI. Los signatarios del acuerdo, Estados Unidos (6.800) y Rusia (7.000) poseen la mayor cantidad de armas nucleares.

El politólogo y experto en Desarme Tom Sauer, de la Universidad de Amberes afirma que “el acuerdo está en una crisis total". La última conferencia para revisar el acuerdo data de 2015 y fue un fracaso. Se teme que la próxima, fijada para 2020, corra la misma suerte.

Y todo seguirá en esa misma línea, supone Sauer, hasta que los países firmantes del tratado finalmente cumplan las obligaciones que éste impone, es decir, que haya una reducción masiva de las cabezas nucleares a cero. "Eso fue lo que prometieron en 1968, pero no lo han hecho", critica.

Lo más preocupante es que los Estados que poseen armas nucleares están modernizando sus arsenales e introduciendo nueva tecnología, como sofisticados sistemas de posicionamiento. El riesgo de que haya una guerra nuclear es mucho más alto hoy que hace unas décadas, estiman los expertos.

Además de Estados Unidos, los únicos miembros de la OTAN que tienen armas nucleares son Reino Unido y Francia. Al club atómico pertenecen también Rusia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Ninguno de esos Estados, salvo quizás Corea del Norte, tiene previsto renunciar a sus armas nucleares, pues las consideran indispensables para su propia seguridad. Un mundo sin armas nucleares, un objetivo para el que el expresidente de Estados Unidos Barack Obama hizo una aplaudida campaña en 2009, es un objetivo poco realista, según el experto Karl-Heinz Kamp.

Incluso en el improbable caso de que se desactivaran todas las cabezas nucleares, reactivarlas no sería una tarea compleja, dice el especialista. Y no solo para los Gobiernos sería un trabajo sencillo, sino también para las grandes corporaciones, porque el conocimiento y los materiales están al alcance de la mano. Para Kamp, también es cuestionable la tesis de que un mundo sin armas nucleares sería un lugar más estable.

Tom Sauer, a quien le preocupa especialmente que las conversaciones de desarme entre Estados Unidos y Rusia estén suspendidas y que cada vez más países busquen ingresar al club atómico, entre ellos Irán y Arabia Saudita.

Pero pone toda su esperanza en la ONU que, con el voto de 122 de los 193 estados miembros, ya pidió una prohibición completa de las armas nucleares. Eso ocurrió en 2017. Tan pronto como 50 países firmen ese acuerdo, será vinculante. "Todos estos países considerarán que las armas nucleares son ilegales", enfatiza el experto holandés. "El viento está cambiando y las potencias nucleares se han puesto a la defensiva", afirma.

 

Maracay, 11 de julio de 2018.

Por Felicia Saturno Hartt.

Foto: DW.

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