Decenas de miles de haitianos salieron a las calles para exigir que se investigue la supuesta corrupción en torno a los fondos del Programa Petrocaribe. La manifestación de este miércoles 17 de octubre, día festivo en el país, fue la más grande realizada en Puerto Príncipe desde el inicio del movimiento anticorrupción hace varios meses. En varios puntos de la capital se observaron neumáticos incendiados y una fuerte presencia de agentes de la Policía.

Decenas de miles de haitianos salieron a las calles para exigir que se investigue la supuesta corrupción en torno a los fondos del Programa Petrocaribe. La manifestación de este miércoles 17 de octubre, día festivo en el país, fue la más grande realizada en Puerto Príncipe desde el inicio del movimiento anticorrupción hace varios meses. En varios puntos de la capital se observaron neumáticos incendiados y una fuerte presencia de agentes de la Policía.

"Hoy queremos que la Justicia haga su trabajo, sino vamos a hacernos justicia. No queremos violencia, pero estamos perdiendo la paciencia. Si (el presidente haitiano) Jovenel Moise no puede garantizar que haya un proceso, que abandone el poder", dijo a Efe el activista Mirlande Paul.

Disturbios en Puerto Príncipe

Reportes de medios de prensa locales aseguraron que en la mayor parte del país las protestas fueron pacíficas, pero en la capital la manifestación fue disuelta cuando la Policía disparó gases lacrimógenos, lo que creó pánico durante varias horas.

"Se robaron 3.800 millones de dólares; el país no tiene hospitales, escuelas, la gente está saliendo hacia otros países por la miseria. Hoy decimos basta y necesitamos una respuesta pronto para evitar que la situación se deteriore", agregó Paul.

El activista se refería a la cifra que, de acuerdo a varios sectores locales, fue presuntamente desviada desde la administración del programa Petrocaribe, por el cual Venezuela suministra petróleo a precios blandos a un grupo de países de la región.

Un pueblo que sus preocupaciones y problemas lo mantienen silenciados salió a la calle, porque la Corrupción les roba una posible vida mejor.

Puerto Príncipe, 19 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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La desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi ha impactado a líderes políticos y económicos ante la celebración del "Davos del Desierto", un foro económico previsto del 23 al 25 de octubre en Riad, que ahora se encuentra ante un más que incierto panorama.

La desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi ha impactado a líderes políticos y económicos ante la celebración del "Davos del Desierto", un foro económico previsto del 23 al 25 de octubre en Riad, que ahora se encuentra ante un más que incierto panorama.

Los Ministros de Economía de Francia, Bruno Le Maire y de Holanda, Wopke Hoekstra, y el titular británico de Comercio Internacional, Liam Fox, anunciaron que no participarán en la conferencia. Los tres han pasado a engrosar una ya larga lista de personalidades y hombres de negocios que se han desvinculado del foro Future Investment Initiative, que Arabia Saudí pretende convertir en escaparate para sus principales proyectos de inversión.

La razón fue la desaparición el 2 de octubre del periodista Khashoggi, cuando se encontraba en el consulado saudí en Estambul, en un caso que, según filtraciones de las autoridades turcas a medios de ese país, fue una auténtica película de terror.

"No se cumplen las condiciones para que vaya a Riad", afirmó Le Maire al canal Public Sénat, al recordar que el Presidente Francés, Emmanuel Macron, "lo dijo muy claramente: los hechos son muy serios".

De acuerdo con medios turcos y estadounidenses, Ankara dispone de grabaciones de vídeo y audio que demuestran que Khashoggi fue asesinado en la sede diplomática. Los detalles del caso filtrados a la prensa, algunos muy escabrosos, han generado una oleada de indignación mundial.

Imágenes de supuesto implicado

Más de dos semanas después de la desaparición del periodista, un diario progubernamental turco identificó hoy al presunto líder del equipo que habría ejecutado su presunto asesinato. El diario "Sabah" publica una información en la que identifica al supuesto responsable.

El diario muestra imágenes presuntamente de las cámaras de seguridad en las que aparece el saudí entrando en el consulado, ante la residencia del cónsul, en un hotel y en el aeropuerto. "Sabah" informa que el hombre aterrizó en Estambul el mismo día de la desaparición del periodista a las 03:38 de la mañana (hora local) y a las 09:55 estaba en el consulado.

Ese día, Khashoggi acudió al consulado para recoger documentos que necesitaba para casarse con su novia turca y desde entonces no se sabe nada de él. Las autoridades turcas han difundido la noticia, a través de medios del país, de que lo mató un comando especial saudí, que viajó a Estambul con ese fin. Sin embargo, no han manifestado su postura de forma oficial.

Riad, 19 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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Un Tribunal de Guatemala impuso una pena de 15 años y 6 meses de cárcel para la ex Vicepresidenta Roxana Baldett,  por integrar y liderar una organización criminal que defraudó al Estado con la compra de un producto para limpiar el Lago Amatitlán, que resultó ser agua con sal y cloro.

Un Tribunal de Guatemala impuso una pena de 15 años y 6 meses de cárcel para la ex Vicepresidenta Roxana Baldett,  por integrar y liderar una organización criminal que defraudó al Estado con la compra de un producto para limpiar el Lago Amatitlán, que resultó ser agua con sal y cloro.

El titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, leyó durante más de dos horas la sentencia, en la que Baldetti es encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

La ex vicepresidenta, que escuchó la resolución leyendo un libro, utilizó su poder político para realizar un fraude millonario al Estado para limpiar el lago de Amatitlán con un líquido que, según el fallo, "no sirve ni ha servido para nada, pues resultó ser agua con sal y cloro, entre otras sustancias corrosivas".

En la parte resolutiva, se establece que Baldetti es "responsable como autora" del delito de asociación ilícita (8 años de cárcel), tráfico de influencias en agravio de la administración pública (2 años y seis meses) y fraude (5 años).

El Presidente del Tribunal manifestó que la ex vicepresidenta, a quien la Fiscalía le pedía 22 años de cárcel, "giró instrucciones a sus colaboradores" para colocar a personas "claves" en la ejecución del presupuesto estatal y así poder sacar "provecho" en favor de la organización criminal.

Según la investigación, Baldetti usó su poder político cuando ocupaba la vicepresidencia guatemalteca para otorgar la concesión de un contrato por valor de 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.

Pablo Xitumul reconoció que lo entregado a la empresa, el total defraudado al Estado y trasladado a otras cuentas "nacionales e internacionales", sumó 22,8 millones de quetzales (2,96 millones de dólares), aunque "lo planificado a defraudar" era el total pero "por razones ajenas a la voluntad de los integrantes de la organización criminal no les fue posible apoderarse" de todo.

Esta red se esforzó "en darle apariencia de legalidad" a sus actividades a través de la manipulación de varios eventos administrativos para comprar "un producto orgánico en estado líquido" cuya fórmula no estaba inscrita,  no contaba con registros sanitarios ni tenía estudios de impacto ambiental.

Al hermano de Baldetti, Mario, para quien la fiscalía pedía 20 años por los mismos delitos, el Tribunal le impuso 13 años de cárcel (6 por asociación ilícita, 2 por tráfico de influencias conmutables a razón de 13 dólares al día y 5 por fraude también conmutables por el mismo importe).

Él ejerció de intermediario entre la empresa y el Estado, y coordinó todas las acciones para esta operación fraudulenta, de la que daba cuentas a la vicepresidenta a menudo a través de informes con alias como "la mera, mera", "la jefa" o "la gran jefa".

Sobre Mario Baldetti, a quien el Tribunal durante la lectura del fallo recordó que se le conocía con los nombres de "el jefe" o "el gran jefe", Xitumul dijo que ejerció "el poder externo de facto o de hecho" otorgado por la ex vicepresidenta, quien lo "instruyó" para estar a cargo de este fraude.

De los otros 11 implicados en este caso, 3 fueron absueltos y otros 8 enfrentan diversas penas por los delitos de asociación ilícita, fraude o incumplimiento de deberes.

Ciudad de Guatemala, 17 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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El 1 de enero de 2019, 18 nuevos Estados formarán parte del Consejo de DD.HH., el mayor órgano intergubernamental encargado de proteger y promover en todo el mundo los derechos y libertades fundamentales.

El 1 de enero de 2019, 18 nuevos Estados formarán parte del Consejo de DD.HH., el mayor órgano intergubernamental encargado de proteger y promover en todo el mundo los derechos y libertades fundamentales.

SujetO a una controversia desde su creación en 2006, que tuvo su mayor exponente con la retirada de los EE.UU. el pasado mes de junio, esta institución representa un “importante papel” en la arquitectura de los DD.HH., como ha señalado el Secretario General de la ONU, António Guterres.

El viernes 12 de octubre, por votación secreta, se eligieron 18 Estados que a partir del 1 de enero formarán parte del Consejo de DD.HH., durante tres años.

Los países necesitan un mínimo de 97 votos para ser elegidos. Este año fueron elegidos 18 países: cinco de África, cinco de Asia y el Pacífico, dos del Este de Europa, tres de América Latina y el Caribe y tres de Europa Occidental y otros países. Los miembros del Consejo sirven por un período de tres años y no son elegibles para reelección inmediata después de servir dos mandatos consecutivos.

  1. En primer lugar, ¿cómo funciona?

Cada año y basado en un sistema de rotación, se producen elecciones al Consejo para elegir los Estados que servirán en este órgano durante tres años. El Consejo cuenta con 47 asientos distribuidos de forma equitativa entre cinco divisiones geográficas.

  1. ¿Quiénes forman parte?

Tras la votación del viernes, el Consejo contará desde el 1 de enero con los siguientes Estados:

En funciones, elegidos este año: Argentina, Austria, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Checa, Dinamarca, Eritrea, Fiyi, India, Italia, Filipinas, Somalia, Togo y Uruguay.

En funciones, continuando su mandato: Angola, República Democrática del Congo, Egipto, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Afganistán, China, Iraq, Japón, Nepal, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Ucrania, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú, Australia, Islandia, España y el Reino Unido.

Sin funciones, porque no optaron a un segundo mandato: Bélgica, Burundi, Ecuador, Georgia, Kirguistán, Mongolia, Panamá, Eslovenia y Suiza.

Sin funciones, porque acabaron su segundo término consecutivo: Côte d’Ivoire, Etiopía, Kenya, la República de Corea, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Alemania.

  1. ¿Qué hace el Consejo de DD.HH.?

En esencia, el Consejo es un foro multilateral de discusión sobre cualquier asunto que esté relacionado con los derechos humanos en todo el mundo.

Además de lanzar misiones de investigación y de determinación de los hechos, el Consejo se reúne tres veces al año para revisar la situación de los DD.HH. en los países miembros de las Naciones Unidas, en un proceso especial designado para dar a los países la oportunidad de presentar las medidas que han adoptado y lo que han hecho en el avance de los DD.HH.. Este proceso se conoce como el Examen Periódico Universal.

  1. ¿Cómo pueden ser miembros del Consejo algunos Estados acusados de violar los DD.HH.?

El Consejo fue creado en 2006, a propuesta del entonces Secretario General, Kofi Annan. En un informe titulado, Un concepto más amplio de la libertad, Annan señalaba que la Comisión de DD.HH., órgano predecesor del Consejo y creado en 1946, estaba sufriendo “una disminución de la credibilidad y el profesionalismo” y necesitaba una gran reforma. Siguiendo sus recomendaciones, el Consejo fue establecido por la Asamblea General para reemplazar a la Comisión y se pusieron en marcha varias medidas para evitar que volvieran a surgir los mismos problemas.

Por ejemplo, como se entiende que el Consejo solo puede ser tan efectivo como sus estados miembros, el proceso de elección se puso  directamente en manos de la Asamblea General, el único órgano de la ONU donde cada uno de los 193 países tiene el mismo peso de voto. 

Además, las divisiones de grupos geográficos y las asignaciones de asientos buscan evitar un enfoque desproporcionado en solo un puñado de regiones y países, y garantizar que cada país tenga la oportunidad de una consideración justa.

Finalmente, durante las elecciones para cada grupo regional, la Asamblea General permite listas adicionales: esto debería, en teoría, garantizar que haya más candidatos que escaños disponibles, lo que permite un proceso competitivo. Sin embargo, si, como fue el caso este año con 18 candidaturas para 18 escaños disponibles, no hay países adicionales, entonces no se produce ninguna competencia, y cualquiera que sea el Estado miembro que solicite, es probable que sea elegido.

  1. ¿El Consejo sirve para cambiar la situación de los DD.HH. en el mundo?

Si bien los DD.HH. siempre han sido un tema muy delicado para los estados miembros, el Consejo de DD.HH. sigue siendo una parte esencial de la arquitectura de DD.HH. de la ONU.

El Consejo tiene el poder de adoptar resoluciones, lanzar distintas misiones de investigación y de determinación de los hechos. En particular, el Consejo puede nombrar expertos independientes en temas específicos. En este momento, hay 44 expertos temáticos y 11 nacionales nombrados para monitorear e informar sobre temas de derechos humanos según lo solicitado.

Ginebra, 16 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

Fuente: Noticias ONU.

 

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El número de familias separadas en la frontera por el Gobierno de Donald Trump, en el marco de su política de "Tolerancia Cero" es mucho mayor del admitido: según un Informe publicado por Amnistía Internacional. Asciende a más de 6.000 en cuatro meses.

El número de familias separadas en la frontera por el Gobierno de Donald Trump, en el marco de su política de "Tolerancia Cero" es mucho mayor del admitido: según un Informe publicado por Amnistía Internacional. Asciende a más de 6.000 en cuatro meses.

La cifra, más del doble de la que se había dado, la ha obtenido Amnistía Internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esas separaciones de más de 6.000 unidades familiares tuvieron lugar desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto del año en curso.

De ese número, además, están aún excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de "fraudulentas". La cifra de familias separadas por la Administración Trump llega a 8.000 desde 2017.

"Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadounidenses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones familiares", manifestó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El documento revela además que la CPB aplicó desde la llegada de Trump a la Casa Blanca una política de facto de devolver a miles de personas que buscaban asilo en puntos de entrada oficiales a lo largo de toda la frontera con México.

Política de detención indefinida de refugiados

Amnistía Internacional denuncia también que desde 2017, las autoridades aplican una política de detención obligatoria e indefinida de solicitantes de asilo, a menudo sin libertad condicional, durante la tramitación de sus solicitudes, lo que supone una detención arbitraria y viola la legislación estadounidense y el derecho internacional.

"La Administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de DD.HH. para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre EE.UU. y México, y disuadirlas", concluyó Guevara Rosas.

Amnistía Internacional pide la implicación del Congreso Estadounidense para poner fin a las prácticas que denuncia en su informe.

México, 16 de octubre de 2018.

Por Felicia Saturno Hartt.

Fuente: Informe de Amnistía Internacional sobre la aplicación del Programa Tolerancia Cero.

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Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro, se convirtió en el diputado federal más votado de la historia de Brasil, al obtener 1.814.443 votos en los comicios a la Cámara Baja.

Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro, se convirtió en el diputado federal más votado de la historia de Brasil, al obtener 1.814.443 votos en los comicios a la Cámara Baja.

Policía Federal y candidato en Sao Paulo por el Partido Social Liberal (PSL), que lidera su padre, intentó la reelección para un segundo mandato en la Cámara de Diputados brasileña tras ser elegido en los comicios de 2014.

El hijo del ultraderechista supera así en la clasificación de diputados federales con mayor número de votos en unas elecciones a Enéas Carneio, quien tuvo 1.573.642 sufragios en 2002, y a Celso Russomanno, que consiguió 1.524.361 en 2014.

Fiel hijo de su Padre, Eduardo ataca a las mujeres de la izquierda, a quien califico de “sucias” y de “defecadoras de calles”, aparte de “feas”.

Su hermano, Flavio Bolsonaro, también logró un escaño para el Senado por el Estado de Río de Janeiro.  Era diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y ahora ocupará un asiento en la Cámara Alta tras ser el más votado en la elección en ese estado, al conseguir un 31,35 % de los votos, con el 96,55 % del censo escrutado.

Ambos hijos han servido de altavoces de su padre mientras este último se recuperaba de la puñalada que recibió el pasado 6 de septiembre durante un mitin electoral y que le mantuvo 23 días hospitalizado.

Con estos apoyos, Jair Bolsonaro, si gana la segunda vuelta, estará muy bien apalancado en el Congreso de Brasil.

Río de Janeiro, 11 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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El Congreso de Brasil, conformado por la Cámara de los Diputados y el Senado, va a estar más fraccionado el próximo año, cuando los parlamentarios electos tomen sus curules.

El Congreso de Brasil, conformado por la Cámara de los Diputados y el Senado, va a estar más fraccionado el próximo año, cuando los parlamentarios electos tomen sus curules.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), en la cámara baja, el número de partidos con diputados electos pasó de 25 a 30, en la actual legislatura, a partir de 2019.

El Partido de los Trabajadores (PT) tuvo el mayor número de diputados electos, no obstante, la bancada cayó de 61 a 56 parlamentarios. Luego se encuentra el Partido Social Liberal (PSL), cuyo crecimiento acompaña la votación del candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, habiendo pasado de ocho a 52 diputados electos.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) fueron las formaciones que perdieron más representantes en la cámara baja, ya que las bancadas pasaron de 49 a 29 y de 51 a 33 diputados, respectivamente.

En el Senado, el número de partidos con representación parlamentar pasó de 16 a 21, con la elección de nuevos senadores del Partido Social Liberal (PSL), Partido Republicano del Orden Social (Pros), Solidaridad, Partido Republicano Progresista (PRP) y del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), hasta ahora sin representación en la cámara alta del Congreso brasileño.

La mayor bancada del Senado va a continuar siendo el MDB, pero el número de representantes de este partido tuvo una reducción significativa. Hasta el final de la actual legislatura, el MDB tendrá 18 asientos, pero el próximo año pasará a tener solo 11 senadores. La segunda mayor bancada es, después de las elecciones de este domingo, la del PSDB, aunque pasó de 12 a ocho senadores. La mayor pérdida, sin embargo, fue registrada por el PT, que tenía 12 senadores y se quedará con apenas seis en 2019.

La expresidenta Dilma Rousseff y el candidato Eduardo Suplicy, ambos miembros del PT y que lideraban los sondeos de intención de voto, fueron derrotados y no conseguirán un curul en el Senado. Asimismo, Romero Jucá, Eunício Oliveira y Edson Lobão, aliados del MDB del gobierno del presidente Michel Temer, no consiguieron ser reelectos.

Ojalá que esta fragmentación logre integrar criterios de pluralidad.

Brasilia, 11 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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En una competida elección, el Senado de Estados Unidos eligió con 50 votos a favor y 48 en contra, al candidato Brett Kavanaugh para ser el nuevo juez del Tribunal Supremo de ese país norteamericano.

En una competida elección, el Senado de Estados Unidos eligió con 50 votos a favor y 48 en contra, al candidato Brett Kavanaugh para ser el nuevo juez del Tribunal Supremo de ese país norteamericano.

Kavanaugh asumirá el cargo que dejó vancante el juez Anthony Kennedy quien se pensionó.

Pese a las controversias y dudas de última hora, Kavanaugh fue elegido tras alcanzar los respaldos que requería en la Cámara Alta, incluyendo los de los republicanos Susan Collins y Jeff Flake, y del demócrata Joe Manchin.

A pesar de que la Cámara Alta la conforman 100 senadores, la suma de los votos fue 98, ya que el senador conservador Steve Daines acudió a la boda de su hija en el estado de Montana en el momento de la votación y su compañera, la republicana Lisa Murkowski, que iba a votar “no”, optó por votar “presente”.

Antes de la votación, Pence tuvo que pedir “orden en la sala” en repetidas ocasiones después de que decenas de personas empezaran a gritar consignas contra Kavanaugh desde dentro de la propia cámara del Capitolio.

La votación de este sábado fue el último paso de un proceso que comenzó el pasado 9 de julio, cuando Trump anunció la nominación de Kavanaugh para el Supremo con el fin de cubrir el puesto vacante dejado por el juez Kennedy.

Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2018.

Resumen de Agencias Internacionales.

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El Gobierno francés se sumó a la solicitud de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, para que la Corte Penal Internacional investigue al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro por  supuestos crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno francés se sumó a la solicitud de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, para que la Corte Penal Internacional investigue al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro por  supuestos crímenes de lesa humanidad.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, no se quedó atrás para apoyar la solicitud contra el gobierno venezolano, lo que permite establecer que nunca antes durante los 16 años de historia de la Corte Penal Internacional (CPI), se había dado una situación como la que se vive hoy: que varios Estados le remitan al tribunal el caso de un estado externo para su investigación. 

En un comunicado, publicado por el Palacio del Eliseo, el gobierno de Emmanuel Macron dice que ese país “considera que los esfuerzos de la Corte Penal Internacional tienen como naturaleza establecer los hechos que llevaron a esta crisis y, contribuir así a encontrar una salida”.

También se refieren, con preocupación, a la situación de los migrantes venezolanos que han salido de ese país y manifiestan su apoyo a los Estados que están acogiéndolos en todo el continente. También, le piden al gobierno venezolano que entable un diálogo con la oposición y que reestablezca el funcionamiento democrático de las instituciones. “Se trata de encontrar una salida a la crisis política y contribuir a la recuperación de la economía venezolana”, dice el documento.

Los argumentos de los países que piden ante el CPI investigar al Presidente Maduro, ven como una instancia dentro del derecho internacional, lograr superar la crisis de humanitaria patrocinada por el Gobierno venezolano  y que ha llevado a miles de venezolanos a salir de su país para refugiarse en otros lugares del continente y del mundo, principalmente en Colombia.

“Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América –explicó en un comunicado Luis Almagro, secretario general de la OEA–. Esto representa un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”.

París 30 de septiembre de 2018

Redacción Ecos Internacional

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La ex Presidenta argentina y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública, durante los Gobiernos Kirchneristas (2003-2015).

La ex Presidenta argentina y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública, durante los Gobiernos Kirchneristas (2003-2015).  

Fernández está siendo procesada en la megacausa conocida como "Cuadernos de la Corrupción", sumando con éste su quinto procesamiento, aun no siendo detenida por ser senadora y tener fueros.

Según informaron fuentes del caso, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento por "asociación ilícita" contra ella, cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos, indicó Efe.

Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados "arrepentidos", figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia, y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, el también ex Presidente Néstor Kirchner. 

A su vez, Bonadio le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares) a la senadora justicialista.

Fernández de Kirchner, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicite su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida, mientras no haya una condena firme.

Si bien con éste ya suma seis procesamientos en distintas causas judiciales, es difícil aventurar el fin de la carrera política de Fernández de Kirchner, quien continúa siendo la dirigente opositora más popular y mejor perfilada para las elecciones generales de 2019, según coincidieron encuestas en las últimas semanas.

El magistrado además ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido y otros exfuncionarios de ese ministerio, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del actual Presidente Mauricio Macri.

También dos altos ejecutivos del Grupo Techint, un conglomerado de empresas del rubro energético y metalúrgico, entre otros, que opera en distintos países y del Grupo Roggio, ligado a negocios de infraestructura y servicios.

En total se trata de 42 procesados entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo a cada uno también por 100 millones de dólares.

Sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.

En su resolución, Bonadio sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina "una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro... y todo esto se hizo para distribuir coimas (sobornos) a funcionarios corruptos".

Por este esquema de recaudación ilegal, los empresarios que pretendían ganar una obra pública "entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios" que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner "designaban para esos menesteres a fin de recibir estos 'retornos' o 'coimas'".

Debido a que un porcentaje del costo de cada obra pública en cuestión era destinado a sobornos, los costos fijados por el Estado para estas contrataciones "estaban 'inflados' en perjuicio del conjunto de los argentinos", según el juez.

Respecto al destino del dinero espurio, Bonadio concluyó que "era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; comprar voluntades del Poder Judicial o de funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política".

Entre los procesados por Bonadío también se encuentra el exjuez federal Norberto Oyarbide, a quien se le cuestiona el cierre de varias causas contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito sin una debida investigación previa.

No obstante, Bonadio enfatizó que la mayor parte de los sobornos fueron para "engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República", o sea los Kirchner.

La investigación llamada popularmente "los Cuadernos K" se inició luego de que la justicia accediera a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero ilegal.

La Justicia también cuenta con la declaración de empresarios y exfuncionarios arrepentidos que habrían aportado detalles sobre la operatoria. Esas declaraciones no trascendieron públicamente.

Fernández de Kirchner niega los cargos y ha denunciado una serie de irregularidades en la causa que lleva adelante Bonadio, a quien calificó de "juez enemigo" que actúa en sintonía con el gobierno del conservador Macri para perseguir a opositores y ocultar la actual crisis económica.

Bonadio también tiene a su cargo otras causas que comprometen a la expresidenta: una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro, otra por lavado de dinero y una tercera por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994. Fernández de Kirchner también enfrenta cargos por lavado de dinero y administración fraudulenta, en otras investigaciones por corrupción.

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Decenas de miles de haitianos salieron a las calles para exigir que se investigue la supuesta corrupción en torno a los fondos del Programa Petrocaribe. La manifestación de este miércoles 17 de octubre, día festivo en el país, fue la más grande realizada en Puerto Príncipe desde el inicio del movimiento anticorrupción hace varios meses. En varios puntos de la capital se observaron neumáticos incendiados y una fuerte presencia de agentes de la Policía.

Decenas de miles de haitianos salieron a las calles para exigir que se investigue la supuesta corrupción en torno a los fondos del Programa Petrocaribe. La manifestación de este miércoles 17 de octubre, día festivo en el país, fue la más grande realizada en Puerto Príncipe desde el inicio del movimiento anticorrupción hace varios meses. En varios puntos de la capital se observaron neumáticos incendiados y una fuerte presencia de agentes de la Policía.

"Hoy queremos que la Justicia haga su trabajo, sino vamos a hacernos justicia. No queremos violencia, pero estamos perdiendo la paciencia. Si (el presidente haitiano) Jovenel Moise no puede garantizar que haya un proceso, que abandone el poder", dijo a Efe el activista Mirlande Paul.

Disturbios en Puerto Príncipe

Reportes de medios de prensa locales aseguraron que en la mayor parte del país las protestas fueron pacíficas, pero en la capital la manifestación fue disuelta cuando la Policía disparó gases lacrimógenos, lo que creó pánico durante varias horas.

"Se robaron 3.800 millones de dólares; el país no tiene hospitales, escuelas, la gente está saliendo hacia otros países por la miseria. Hoy decimos basta y necesitamos una respuesta pronto para evitar que la situación se deteriore", agregó Paul.

El activista se refería a la cifra que, de acuerdo a varios sectores locales, fue presuntamente desviada desde la administración del programa Petrocaribe, por el cual Venezuela suministra petróleo a precios blandos a un grupo de países de la región.

Un pueblo que sus preocupaciones y problemas lo mantienen silenciados salió a la calle, porque la Corrupción les roba una posible vida mejor.

Puerto Príncipe, 19 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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La desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi ha impactado a líderes políticos y económicos ante la celebración del "Davos del Desierto", un foro económico previsto del 23 al 25 de octubre en Riad, que ahora se encuentra ante un más que incierto panorama.

La desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi ha impactado a líderes políticos y económicos ante la celebración del "Davos del Desierto", un foro económico previsto del 23 al 25 de octubre en Riad, que ahora se encuentra ante un más que incierto panorama.

Los Ministros de Economía de Francia, Bruno Le Maire y de Holanda, Wopke Hoekstra, y el titular británico de Comercio Internacional, Liam Fox, anunciaron que no participarán en la conferencia. Los tres han pasado a engrosar una ya larga lista de personalidades y hombres de negocios que se han desvinculado del foro Future Investment Initiative, que Arabia Saudí pretende convertir en escaparate para sus principales proyectos de inversión.

La razón fue la desaparición el 2 de octubre del periodista Khashoggi, cuando se encontraba en el consulado saudí en Estambul, en un caso que, según filtraciones de las autoridades turcas a medios de ese país, fue una auténtica película de terror.

"No se cumplen las condiciones para que vaya a Riad", afirmó Le Maire al canal Public Sénat, al recordar que el Presidente Francés, Emmanuel Macron, "lo dijo muy claramente: los hechos son muy serios".

De acuerdo con medios turcos y estadounidenses, Ankara dispone de grabaciones de vídeo y audio que demuestran que Khashoggi fue asesinado en la sede diplomática. Los detalles del caso filtrados a la prensa, algunos muy escabrosos, han generado una oleada de indignación mundial.

Imágenes de supuesto implicado

Más de dos semanas después de la desaparición del periodista, un diario progubernamental turco identificó hoy al presunto líder del equipo que habría ejecutado su presunto asesinato. El diario "Sabah" publica una información en la que identifica al supuesto responsable.

El diario muestra imágenes presuntamente de las cámaras de seguridad en las que aparece el saudí entrando en el consulado, ante la residencia del cónsul, en un hotel y en el aeropuerto. "Sabah" informa que el hombre aterrizó en Estambul el mismo día de la desaparición del periodista a las 03:38 de la mañana (hora local) y a las 09:55 estaba en el consulado.

Ese día, Khashoggi acudió al consulado para recoger documentos que necesitaba para casarse con su novia turca y desde entonces no se sabe nada de él. Las autoridades turcas han difundido la noticia, a través de medios del país, de que lo mató un comando especial saudí, que viajó a Estambul con ese fin. Sin embargo, no han manifestado su postura de forma oficial.

Riad, 19 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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Un Tribunal de Guatemala impuso una pena de 15 años y 6 meses de cárcel para la ex Vicepresidenta Roxana Baldett,  por integrar y liderar una organización criminal que defraudó al Estado con la compra de un producto para limpiar el Lago Amatitlán, que resultó ser agua con sal y cloro.

Un Tribunal de Guatemala impuso una pena de 15 años y 6 meses de cárcel para la ex Vicepresidenta Roxana Baldett,  por integrar y liderar una organización criminal que defraudó al Estado con la compra de un producto para limpiar el Lago Amatitlán, que resultó ser agua con sal y cloro.

El titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, leyó durante más de dos horas la sentencia, en la que Baldetti es encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

La ex vicepresidenta, que escuchó la resolución leyendo un libro, utilizó su poder político para realizar un fraude millonario al Estado para limpiar el lago de Amatitlán con un líquido que, según el fallo, "no sirve ni ha servido para nada, pues resultó ser agua con sal y cloro, entre otras sustancias corrosivas".

En la parte resolutiva, se establece que Baldetti es "responsable como autora" del delito de asociación ilícita (8 años de cárcel), tráfico de influencias en agravio de la administración pública (2 años y seis meses) y fraude (5 años).

El Presidente del Tribunal manifestó que la ex vicepresidenta, a quien la Fiscalía le pedía 22 años de cárcel, "giró instrucciones a sus colaboradores" para colocar a personas "claves" en la ejecución del presupuesto estatal y así poder sacar "provecho" en favor de la organización criminal.

Según la investigación, Baldetti usó su poder político cuando ocupaba la vicepresidencia guatemalteca para otorgar la concesión de un contrato por valor de 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.

Pablo Xitumul reconoció que lo entregado a la empresa, el total defraudado al Estado y trasladado a otras cuentas "nacionales e internacionales", sumó 22,8 millones de quetzales (2,96 millones de dólares), aunque "lo planificado a defraudar" era el total pero "por razones ajenas a la voluntad de los integrantes de la organización criminal no les fue posible apoderarse" de todo.

Esta red se esforzó "en darle apariencia de legalidad" a sus actividades a través de la manipulación de varios eventos administrativos para comprar "un producto orgánico en estado líquido" cuya fórmula no estaba inscrita,  no contaba con registros sanitarios ni tenía estudios de impacto ambiental.

Al hermano de Baldetti, Mario, para quien la fiscalía pedía 20 años por los mismos delitos, el Tribunal le impuso 13 años de cárcel (6 por asociación ilícita, 2 por tráfico de influencias conmutables a razón de 13 dólares al día y 5 por fraude también conmutables por el mismo importe).

Él ejerció de intermediario entre la empresa y el Estado, y coordinó todas las acciones para esta operación fraudulenta, de la que daba cuentas a la vicepresidenta a menudo a través de informes con alias como "la mera, mera", "la jefa" o "la gran jefa".

Sobre Mario Baldetti, a quien el Tribunal durante la lectura del fallo recordó que se le conocía con los nombres de "el jefe" o "el gran jefe", Xitumul dijo que ejerció "el poder externo de facto o de hecho" otorgado por la ex vicepresidenta, quien lo "instruyó" para estar a cargo de este fraude.

De los otros 11 implicados en este caso, 3 fueron absueltos y otros 8 enfrentan diversas penas por los delitos de asociación ilícita, fraude o incumplimiento de deberes.

Ciudad de Guatemala, 17 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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El 1 de enero de 2019, 18 nuevos Estados formarán parte del Consejo de DD.HH., el mayor órgano intergubernamental encargado de proteger y promover en todo el mundo los derechos y libertades fundamentales.

El 1 de enero de 2019, 18 nuevos Estados formarán parte del Consejo de DD.HH., el mayor órgano intergubernamental encargado de proteger y promover en todo el mundo los derechos y libertades fundamentales.

SujetO a una controversia desde su creación en 2006, que tuvo su mayor exponente con la retirada de los EE.UU. el pasado mes de junio, esta institución representa un “importante papel” en la arquitectura de los DD.HH., como ha señalado el Secretario General de la ONU, António Guterres.

El viernes 12 de octubre, por votación secreta, se eligieron 18 Estados que a partir del 1 de enero formarán parte del Consejo de DD.HH., durante tres años.

Los países necesitan un mínimo de 97 votos para ser elegidos. Este año fueron elegidos 18 países: cinco de África, cinco de Asia y el Pacífico, dos del Este de Europa, tres de América Latina y el Caribe y tres de Europa Occidental y otros países. Los miembros del Consejo sirven por un período de tres años y no son elegibles para reelección inmediata después de servir dos mandatos consecutivos.

  1. En primer lugar, ¿cómo funciona?

Cada año y basado en un sistema de rotación, se producen elecciones al Consejo para elegir los Estados que servirán en este órgano durante tres años. El Consejo cuenta con 47 asientos distribuidos de forma equitativa entre cinco divisiones geográficas.

  1. ¿Quiénes forman parte?

Tras la votación del viernes, el Consejo contará desde el 1 de enero con los siguientes Estados:

En funciones, elegidos este año: Argentina, Austria, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Checa, Dinamarca, Eritrea, Fiyi, India, Italia, Filipinas, Somalia, Togo y Uruguay.

En funciones, continuando su mandato: Angola, República Democrática del Congo, Egipto, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Afganistán, China, Iraq, Japón, Nepal, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Ucrania, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú, Australia, Islandia, España y el Reino Unido.

Sin funciones, porque no optaron a un segundo mandato: Bélgica, Burundi, Ecuador, Georgia, Kirguistán, Mongolia, Panamá, Eslovenia y Suiza.

Sin funciones, porque acabaron su segundo término consecutivo: Côte d’Ivoire, Etiopía, Kenya, la República de Corea, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Alemania.

  1. ¿Qué hace el Consejo de DD.HH.?

En esencia, el Consejo es un foro multilateral de discusión sobre cualquier asunto que esté relacionado con los derechos humanos en todo el mundo.

Además de lanzar misiones de investigación y de determinación de los hechos, el Consejo se reúne tres veces al año para revisar la situación de los DD.HH. en los países miembros de las Naciones Unidas, en un proceso especial designado para dar a los países la oportunidad de presentar las medidas que han adoptado y lo que han hecho en el avance de los DD.HH.. Este proceso se conoce como el Examen Periódico Universal.

  1. ¿Cómo pueden ser miembros del Consejo algunos Estados acusados de violar los DD.HH.?

El Consejo fue creado en 2006, a propuesta del entonces Secretario General, Kofi Annan. En un informe titulado, Un concepto más amplio de la libertad, Annan señalaba que la Comisión de DD.HH., órgano predecesor del Consejo y creado en 1946, estaba sufriendo “una disminución de la credibilidad y el profesionalismo” y necesitaba una gran reforma. Siguiendo sus recomendaciones, el Consejo fue establecido por la Asamblea General para reemplazar a la Comisión y se pusieron en marcha varias medidas para evitar que volvieran a surgir los mismos problemas.

Por ejemplo, como se entiende que el Consejo solo puede ser tan efectivo como sus estados miembros, el proceso de elección se puso  directamente en manos de la Asamblea General, el único órgano de la ONU donde cada uno de los 193 países tiene el mismo peso de voto. 

Además, las divisiones de grupos geográficos y las asignaciones de asientos buscan evitar un enfoque desproporcionado en solo un puñado de regiones y países, y garantizar que cada país tenga la oportunidad de una consideración justa.

Finalmente, durante las elecciones para cada grupo regional, la Asamblea General permite listas adicionales: esto debería, en teoría, garantizar que haya más candidatos que escaños disponibles, lo que permite un proceso competitivo. Sin embargo, si, como fue el caso este año con 18 candidaturas para 18 escaños disponibles, no hay países adicionales, entonces no se produce ninguna competencia, y cualquiera que sea el Estado miembro que solicite, es probable que sea elegido.

  1. ¿El Consejo sirve para cambiar la situación de los DD.HH. en el mundo?

Si bien los DD.HH. siempre han sido un tema muy delicado para los estados miembros, el Consejo de DD.HH. sigue siendo una parte esencial de la arquitectura de DD.HH. de la ONU.

El Consejo tiene el poder de adoptar resoluciones, lanzar distintas misiones de investigación y de determinación de los hechos. En particular, el Consejo puede nombrar expertos independientes en temas específicos. En este momento, hay 44 expertos temáticos y 11 nacionales nombrados para monitorear e informar sobre temas de derechos humanos según lo solicitado.

Ginebra, 16 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

Fuente: Noticias ONU.

 

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El número de familias separadas en la frontera por el Gobierno de Donald Trump, en el marco de su política de "Tolerancia Cero" es mucho mayor del admitido: según un Informe publicado por Amnistía Internacional. Asciende a más de 6.000 en cuatro meses.

El número de familias separadas en la frontera por el Gobierno de Donald Trump, en el marco de su política de "Tolerancia Cero" es mucho mayor del admitido: según un Informe publicado por Amnistía Internacional. Asciende a más de 6.000 en cuatro meses.

La cifra, más del doble de la que se había dado, la ha obtenido Amnistía Internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esas separaciones de más de 6.000 unidades familiares tuvieron lugar desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto del año en curso.

De ese número, además, están aún excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de "fraudulentas". La cifra de familias separadas por la Administración Trump llega a 8.000 desde 2017.

"Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadounidenses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones familiares", manifestó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El documento revela además que la CPB aplicó desde la llegada de Trump a la Casa Blanca una política de facto de devolver a miles de personas que buscaban asilo en puntos de entrada oficiales a lo largo de toda la frontera con México.

Política de detención indefinida de refugiados

Amnistía Internacional denuncia también que desde 2017, las autoridades aplican una política de detención obligatoria e indefinida de solicitantes de asilo, a menudo sin libertad condicional, durante la tramitación de sus solicitudes, lo que supone una detención arbitraria y viola la legislación estadounidense y el derecho internacional.

"La Administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de DD.HH. para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre EE.UU. y México, y disuadirlas", concluyó Guevara Rosas.

Amnistía Internacional pide la implicación del Congreso Estadounidense para poner fin a las prácticas que denuncia en su informe.

México, 16 de octubre de 2018.

Por Felicia Saturno Hartt.

Fuente: Informe de Amnistía Internacional sobre la aplicación del Programa Tolerancia Cero.

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Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro, se convirtió en el diputado federal más votado de la historia de Brasil, al obtener 1.814.443 votos en los comicios a la Cámara Baja.

Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro, se convirtió en el diputado federal más votado de la historia de Brasil, al obtener 1.814.443 votos en los comicios a la Cámara Baja.

Policía Federal y candidato en Sao Paulo por el Partido Social Liberal (PSL), que lidera su padre, intentó la reelección para un segundo mandato en la Cámara de Diputados brasileña tras ser elegido en los comicios de 2014.

El hijo del ultraderechista supera así en la clasificación de diputados federales con mayor número de votos en unas elecciones a Enéas Carneio, quien tuvo 1.573.642 sufragios en 2002, y a Celso Russomanno, que consiguió 1.524.361 en 2014.

Fiel hijo de su Padre, Eduardo ataca a las mujeres de la izquierda, a quien califico de “sucias” y de “defecadoras de calles”, aparte de “feas”.

Su hermano, Flavio Bolsonaro, también logró un escaño para el Senado por el Estado de Río de Janeiro.  Era diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y ahora ocupará un asiento en la Cámara Alta tras ser el más votado en la elección en ese estado, al conseguir un 31,35 % de los votos, con el 96,55 % del censo escrutado.

Ambos hijos han servido de altavoces de su padre mientras este último se recuperaba de la puñalada que recibió el pasado 6 de septiembre durante un mitin electoral y que le mantuvo 23 días hospitalizado.

Con estos apoyos, Jair Bolsonaro, si gana la segunda vuelta, estará muy bien apalancado en el Congreso de Brasil.

Río de Janeiro, 11 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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El Congreso de Brasil, conformado por la Cámara de los Diputados y el Senado, va a estar más fraccionado el próximo año, cuando los parlamentarios electos tomen sus curules.

El Congreso de Brasil, conformado por la Cámara de los Diputados y el Senado, va a estar más fraccionado el próximo año, cuando los parlamentarios electos tomen sus curules.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), en la cámara baja, el número de partidos con diputados electos pasó de 25 a 30, en la actual legislatura, a partir de 2019.

El Partido de los Trabajadores (PT) tuvo el mayor número de diputados electos, no obstante, la bancada cayó de 61 a 56 parlamentarios. Luego se encuentra el Partido Social Liberal (PSL), cuyo crecimiento acompaña la votación del candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, habiendo pasado de ocho a 52 diputados electos.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) fueron las formaciones que perdieron más representantes en la cámara baja, ya que las bancadas pasaron de 49 a 29 y de 51 a 33 diputados, respectivamente.

En el Senado, el número de partidos con representación parlamentar pasó de 16 a 21, con la elección de nuevos senadores del Partido Social Liberal (PSL), Partido Republicano del Orden Social (Pros), Solidaridad, Partido Republicano Progresista (PRP) y del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), hasta ahora sin representación en la cámara alta del Congreso brasileño.

La mayor bancada del Senado va a continuar siendo el MDB, pero el número de representantes de este partido tuvo una reducción significativa. Hasta el final de la actual legislatura, el MDB tendrá 18 asientos, pero el próximo año pasará a tener solo 11 senadores. La segunda mayor bancada es, después de las elecciones de este domingo, la del PSDB, aunque pasó de 12 a ocho senadores. La mayor pérdida, sin embargo, fue registrada por el PT, que tenía 12 senadores y se quedará con apenas seis en 2019.

La expresidenta Dilma Rousseff y el candidato Eduardo Suplicy, ambos miembros del PT y que lideraban los sondeos de intención de voto, fueron derrotados y no conseguirán un curul en el Senado. Asimismo, Romero Jucá, Eunício Oliveira y Edson Lobão, aliados del MDB del gobierno del presidente Michel Temer, no consiguieron ser reelectos.

Ojalá que esta fragmentación logre integrar criterios de pluralidad.

Brasilia, 11 de octubre de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

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En una competida elección, el Senado de Estados Unidos eligió con 50 votos a favor y 48 en contra, al candidato Brett Kavanaugh para ser el nuevo juez del Tribunal Supremo de ese país norteamericano.

En una competida elección, el Senado de Estados Unidos eligió con 50 votos a favor y 48 en contra, al candidato Brett Kavanaugh para ser el nuevo juez del Tribunal Supremo de ese país norteamericano.

Kavanaugh asumirá el cargo que dejó vancante el juez Anthony Kennedy quien se pensionó.

Pese a las controversias y dudas de última hora, Kavanaugh fue elegido tras alcanzar los respaldos que requería en la Cámara Alta, incluyendo los de los republicanos Susan Collins y Jeff Flake, y del demócrata Joe Manchin.

A pesar de que la Cámara Alta la conforman 100 senadores, la suma de los votos fue 98, ya que el senador conservador Steve Daines acudió a la boda de su hija en el estado de Montana en el momento de la votación y su compañera, la republicana Lisa Murkowski, que iba a votar “no”, optó por votar “presente”.

Antes de la votación, Pence tuvo que pedir “orden en la sala” en repetidas ocasiones después de que decenas de personas empezaran a gritar consignas contra Kavanaugh desde dentro de la propia cámara del Capitolio.

La votación de este sábado fue el último paso de un proceso que comenzó el pasado 9 de julio, cuando Trump anunció la nominación de Kavanaugh para el Supremo con el fin de cubrir el puesto vacante dejado por el juez Kennedy.

Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2018.

Resumen de Agencias Internacionales.

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El Gobierno francés se sumó a la solicitud de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, para que la Corte Penal Internacional investigue al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro por  supuestos crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno francés se sumó a la solicitud de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, para que la Corte Penal Internacional investigue al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro por  supuestos crímenes de lesa humanidad.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, no se quedó atrás para apoyar la solicitud contra el gobierno venezolano, lo que permite establecer que nunca antes durante los 16 años de historia de la Corte Penal Internacional (CPI), se había dado una situación como la que se vive hoy: que varios Estados le remitan al tribunal el caso de un estado externo para su investigación. 

En un comunicado, publicado por el Palacio del Eliseo, el gobierno de Emmanuel Macron dice que ese país “considera que los esfuerzos de la Corte Penal Internacional tienen como naturaleza establecer los hechos que llevaron a esta crisis y, contribuir así a encontrar una salida”.

También se refieren, con preocupación, a la situación de los migrantes venezolanos que han salido de ese país y manifiestan su apoyo a los Estados que están acogiéndolos en todo el continente. También, le piden al gobierno venezolano que entable un diálogo con la oposición y que reestablezca el funcionamiento democrático de las instituciones. “Se trata de encontrar una salida a la crisis política y contribuir a la recuperación de la economía venezolana”, dice el documento.

Los argumentos de los países que piden ante el CPI investigar al Presidente Maduro, ven como una instancia dentro del derecho internacional, lograr superar la crisis de humanitaria patrocinada por el Gobierno venezolano  y que ha llevado a miles de venezolanos a salir de su país para refugiarse en otros lugares del continente y del mundo, principalmente en Colombia.

“Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América –explicó en un comunicado Luis Almagro, secretario general de la OEA–. Esto representa un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”.

París 30 de septiembre de 2018

Redacción Ecos Internacional

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La ex Presidenta argentina y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública, durante los Gobiernos Kirchneristas (2003-2015).

La ex Presidenta argentina y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública, durante los Gobiernos Kirchneristas (2003-2015).  

Fernández está siendo procesada en la megacausa conocida como "Cuadernos de la Corrupción", sumando con éste su quinto procesamiento, aun no siendo detenida por ser senadora y tener fueros.

Según informaron fuentes del caso, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento por "asociación ilícita" contra ella, cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos, indicó Efe.

Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados "arrepentidos", figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia, y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, el también ex Presidente Néstor Kirchner. 

A su vez, Bonadio le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares) a la senadora justicialista.

Fernández de Kirchner, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicite su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida, mientras no haya una condena firme.

Si bien con éste ya suma seis procesamientos en distintas causas judiciales, es difícil aventurar el fin de la carrera política de Fernández de Kirchner, quien continúa siendo la dirigente opositora más popular y mejor perfilada para las elecciones generales de 2019, según coincidieron encuestas en las últimas semanas.

El magistrado además ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido y otros exfuncionarios de ese ministerio, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del actual Presidente Mauricio Macri.

También dos altos ejecutivos del Grupo Techint, un conglomerado de empresas del rubro energético y metalúrgico, entre otros, que opera en distintos países y del Grupo Roggio, ligado a negocios de infraestructura y servicios.

En total se trata de 42 procesados entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo a cada uno también por 100 millones de dólares.

Sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.

En su resolución, Bonadio sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina "una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro... y todo esto se hizo para distribuir coimas (sobornos) a funcionarios corruptos".

Por este esquema de recaudación ilegal, los empresarios que pretendían ganar una obra pública "entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios" que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner "designaban para esos menesteres a fin de recibir estos 'retornos' o 'coimas'".

Debido a que un porcentaje del costo de cada obra pública en cuestión era destinado a sobornos, los costos fijados por el Estado para estas contrataciones "estaban 'inflados' en perjuicio del conjunto de los argentinos", según el juez.

Respecto al destino del dinero espurio, Bonadio concluyó que "era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; comprar voluntades del Poder Judicial o de funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política".

Entre los procesados por Bonadío también se encuentra el exjuez federal Norberto Oyarbide, a quien se le cuestiona el cierre de varias causas contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito sin una debida investigación previa.

No obstante, Bonadio enfatizó que la mayor parte de los sobornos fueron para "engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República", o sea los Kirchner.

La investigación llamada popularmente "los Cuadernos K" se inició luego de que la justicia accediera a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero ilegal.

La Justicia también cuenta con la declaración de empresarios y exfuncionarios arrepentidos que habrían aportado detalles sobre la operatoria. Esas declaraciones no trascendieron públicamente.

Fernández de Kirchner niega los cargos y ha denunciado una serie de irregularidades en la causa que lleva adelante Bonadio, a quien calificó de "juez enemigo" que actúa en sintonía con el gobierno del conservador Macri para perseguir a opositores y ocultar la actual crisis económica.

Bonadio también tiene a su cargo otras causas que comprometen a la expresidenta: una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro, otra por lavado de dinero y una tercera por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994. Fernández de Kirchner también enfrenta cargos por lavado de dinero y administración fraudulenta, en otras investigaciones por corrupción.

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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