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Falleció víctima de un infarto el periodista Fabio Fandiño. Su muerte lo sorprendió este viernes en Bogotá. La dirección y el equipo de redacción de ECOS POLITICOS, lamenta la desaparición del colega, amigo, ciudadano ejemplar y de grandes valores, con quien nos cruzamos en muchas tareas del ejercicio del periodismo, pero también en los foros y la tertulia. Un ser inigualable.Nuestra solidaridad con toda su familia.
Como un homenaje póstumo, publicamos una semblanza de su vida y pensamiento escrita por nuestro amigo y colega Jairo Gómez, quien destaca las calidades y cualidades de Fabio Fandiño, a quien recordaremos por siempre. Paz en su tumba.
Fabio Fandiño, el periodista
Por Jairo Gómez. Así le decíamos sus colegas. Inteligente y agudo. Un hombre que escribía tan fácil como pensaba. Siempre tenía la palabra justa para el momento justo. Un profesional honesto, solidario y, sobre todo, un lindo ser humano. Ese era nuestro amigo Fabio a quien recordaremos por siempre porque, somos tan frágiles, que la parca se lo llevó de este mundo prematuramente.
En los incontables años, meses y días de convivir en el periodismo, alguna vez le pregunté del por qué había decidido ser periodista y me dijo: “Porque creo que es una manera de ayudar a cambiar nuestra sociedad”. Sobre esos temas merodeaban nuestras conversaciones con los demás colegas con quienes compartíamos la información política y la paz, nuestra pasión en el periodismo. No había tertulia que, a la sazón de unas cervezas, no disertáramos sobre los problemas del país.
Desde el periodismo, pero también desde la cátedra, Fandiño habló de la ética, de la responsabilidad de los periodistas en el manejo de la información, que no dudaba en calificar como un tesoro. Tal vez él, por su lado, y yo, por el mío, nos dimos cuenta de que la realidad en los medios es otra y de que los intereses del poder gravitan como un fantasma en las salas de redacción. Y entonces reconocíamos que éramos muy frágiles y entendíamos que ese poder llegaba como una nube negra para ahogar la fogosidad de nuestros ideales. Absoluta impotencia.
En una de las tantas conversaciones con Fandiño, junto a William Parra, hablamos de la crisis del periodismo en Colombia. De cómo pasamos de una profesión seria y responsable, con muchos matices en el inmediato pasado, a ser botín de la mayoría de medios de comunicación –amén de los dueños- que pactan alianzas estratégicas con el poder económico y político, hasta superar la línea roja y terminar en el publirreportaje, el amiguismo y la desidia informativa, entre otras discusiones, porque esa línea es muy extensa. De las “mesas de trabajo” omnipotentes, cómplices de una puerta giratoria que se le abre a cuanto político varado anda por ahí, desplazando periodistas que se quemaron las pestañas haciendo, eso sí, periodismo.
A Fandiño le dolía el país, como lo atestiguan Eduardo López Hooker, Jaime Orlando Gaitán, William Parra, Hernando Salazar, Bernardo Colmenares, Jorge Cardona, Elber Gutiérrez, Gloria Castrillón, Ángela María Suárez, Yanet Manzano, Ana Lucía Raffo, Aleyda Patarroyo y a la misma Mónica Roa, su exmujer, y muchos otros colegas; porque Fandiño tuvo amigos por todos lados, además de los que dejó en el Canal Capital, en donde, hasta el pasado 31 de Diciembre, fue su director operativo, en compañía de cineasta, Lisandro Duque.
Adiós querido Fandiño, como siempre le dije. Te recordaremos profundamente. Gracias por haber sido nuestro amigo y colega
Foto Juan David Tena. SIG.-Así lo afirmó en tono enérgico el presidente de Colombia Juan Manuel Santos desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en menos de 24 horas de la decisión de La Haya de aceptar la demanda de Nicaragua que insiste en reclamar aguas continentales que le pertenecen a los colombianos.
“La soberanía la defendemos hasta la muerte, y hasta el último centímetro”, aseveró el jefe de estado colombiano quien se reunió con autoridades y líderes raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, a quienes les reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con esa región del país.
Santos ante las autoridades de la isla, fue claro en manifestarles que seguirá defendiendo los derechos de los raizales que habitan el archipiélago de San Andrés y Providencia a través de negociaciones bilaterales con Nicaragua.
Ante el Gobernador de ese departamento insular, Ronald Housni Jaller; el Alcalde de Providencia, Bernardo Bent; el líder de la autoridad raizal, Walt Hayes; el director de Coralina, Durcey Stephens, entre otras autoridades de la región, el presidente Santos anunció que el Gobierno Nacional seguirá sosteniendo reuniones con los raizales, para responder a las necesidades de estas comunidades y agregó que no volverá a permitir que terceros vuelvan a “intervenir en los diferendos que tengamos con los demás países”.
El jefe de estado fue directo ante las autoridades del archipiélago y dijo que los líderes raizales podrán participar en las negociaciones que se lleven a cabo con Nicaragua.
“Los habitantes del archipiélago tendrán una participación clara, contundente, dentro de cualquier negociación futura que tengamos para defender sus intereses y los intereses del archipiélago en un tratado con cualquier otro país, pero sobre todo con Nicaragua. Deben establecerse también los derechos de pesca, el uso del espacio marino”, enfatizó.
El Jefe del Estado colombiano estuvo acompañado en la reunión por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el Ministro de la Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas y la Ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez.
Foto Leonardo Vargas.-Las bancadas políticas representadas en el congreso de Colombia rodearon y apoyaron unánimemente al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su decisión de estado de rechazar el fallo de La Corte de La Haya.
Los voceros y directivos de los partidos políticos se dieron cita en el Capitolio Nacional, por convocatoria del presidente del senado, Luis Fernando Velasco, y donde después de dos horas de reunión emitieron una declaración conjunta, donde manifestaban el rechazo absoluto al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En este histórico documento, las bancadas políticas parlamentarias expresaron, asimismo, que “la defensa de la integridad territorial, debe ser un propósito colectivo, por encima de cualquier diferencia política o ideológica”, lo que define el carácter soberano de la declaración de los partidos de Colombia.
En la declaración, que fue leída por el senador Velasco, se señala que “compartían la determinación gubernamental de no seguir concurriendo a los procesos del Tribunal de La Haya, que involucren a Colombia y abrir una negociación directa con Nicaragua”, claro está desde una perspectiva bilateral.
Como cuerpo colegiado, las bancadas unidas ratifican también la soberanía legislativa, haciendo énfasis en que los límites territoriales y marítimos del país sólo se pueden modificar mediante tratados internacionales aprobados por el Congreso, sin menoscabo de los intereses nacionales.
Igualmente expresaron su solidaridad con los compatriotas raizales y habitantes del Archipiélago de San Andrés, a los fines de garantizar la integridad de estos territorios en las realizaciones de un posible diferendo con Nicaragua.
En la histórica declaración se manifiesta la sinergia existente entre los poderes públicos para la salvaguarda del interés nacional y la soberanía del territorio colombiano.
En medio de un Paro Nacional y en el período más delicado de las negociaciones de La Habana, Colombia se enfrenta, de nuevo, a la contingencia limítrofe con Nicaragua.
La Corte Internacional de La Haya se declaró competente para dirimir una disputa marítima entre Colombia y Nicaragua en torno a límites fijados por el propio tribunal en una sentencia de noviembre de 2012. El alto tribunal de la ONU tomó esta decisión por 14 votos contra 2, y decidió rechazar las cinco excepciones preliminares que Colombia había planteado para que la corte se declarase no competente en el caso.
El Presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ronny Abraham, leyó la sentencia y dijo que tres de las excepciones preliminares fueron rechazadas por 15 votos contra uno y las otras dos de forma unánime.
El fallo de 2012
La decisión se refiere a la demanda del 26 de noviembre de 2013 de Managua contra Colombia, en la que pidió a la CIJ declarar que Bogotá viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas.
La corte definió la frontera marítima única entre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y de Colombia dentro del límite de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua.
Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y, el país centroamericano, en más de 90.000.
Objeciones colombianas
Colombia alegó en sus objeciones que la CIJ no era competente en este caso, porque el país andino denunció el Pacto de Bogotá por el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ el 27 de noviembre de 2012.
El artículo 56 dice que el pacto puede ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos, pero Colombia sostiene que la renuncia tuvo "efecto inmediato" ante la iniciación de nuevos procedimientos en su contra.
La CIJ se declaró también competente para juzgar la segunda demanda interpuesta contra Colombia, en la que Nicaragua pidió al tribunal que le reconozca los derechos sobre una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.
La posición de Santos
Ante la decisión de La Corte Internacional de Justicia sobre su competencia para conocer de dos nuevas demandas presentadas por Nicaragua contra Colombia en el año 2013, a pesar de que Colombia se retiró definitivamente de la jurisdicción de la Corte en noviembre de 2012, el Presidente Juan Manuel Santos, fue severo y de manera tajante se opuso a la decisión de ese alto tribunal internacional, tras señalar: “la Corte NO podía volver a conocer de un tema sobre el cual ya había fallado”.
No obstante, el tribunal internacional –en un empate pocas veces visto en la Corte– se declaró competente para tramitar esta demanda.
“En este pronunciamiento –que es de forma– la Corte de La Haya ha incurrido en unas contradicciones de fondo: Primero, no respetó su propia sentencia del año 2012. Segundo, desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado. Y tercero, pretende aplicar a Colombia un tratado del que NO hacemos parte, como es la Convención del Mar”, puntualizó el Presidente Santos.
“Por lo mismo –y frente a tales contradicciones–, he decidido que Colombia NO seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia”.
“He tomado esta determinación luego de un profundo análisis y diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos”, informó el jefe de estado colombiano.
“Tenemos claro que –cualquiera que sea el resultado final– los límites marítimos de nuestro país sólo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional, como lo dispone el Artículo 101 de nuestra Constitución, y como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional en reiteradas ocasiones”.
Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia NO van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional.
“Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho, y eso es lo que NO ha ocurrido hoy. Los colombianos pueden estar tranquilos de que Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio”.
“Invito a los colombianos –a todos sin excepción, de todos los sectores políticos y ciudadanos– a unirnos y hacer un frente común, firme, inquebrantable, para proteger los más altos intereses de Colombia en nuestro mar Caribe” señaló el Presidente Santos al terminar su intervención.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra cada 21 de marzo, el Ministerio del Interior de Colombia informó los casos registrados, en el año 2015, a nivel nacional, que el Observatorio contra la Discriminación y Racismo estudió.
Es interesante recordar que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se celebra el 21 de marzo, porque, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica, contra las leyes de pases del apartheid, que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General de la ONU instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial y xenofobia.
En Colombia, en este sentido, se registraron 41 casos de discriminación racial reportados, ocurridos en el territorio nacional y dos en el exterior. El 50% de los casos fueron en Bogotá, el 14% en Cartagena, el 7% en el exterior, y el 29% en el resto del país.
El 64% de los casos de discriminación aún se encuentran en proceso en la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo u otras instancias competentes; y el 36% restante se encuentran con fallo de Juzgado, conciliación o archivo por no cubrir parámetros ley 1482 de 2011, que garantiza la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.
El 17% de los casos están dirigidos hacia mujeres y el 69% hacia hombres, el 2% a población afro LGBTI y el 12% a grupos que incluyen a la vez a hombres y mujeres.
La Viceministra del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, Carmen Inés Vásquez, indicó que se espera que la Fiscalía General de la Nación entregue, en el segundo semestre de 2016, resultados concretos frente a los casos reportados desde el Observatorio contra la Discriminación Racial, de los recibidos directamente, o de los iniciados de oficio por el ente acusador, los cuales se encuentran en la etapa de indagación y recopilación de elementos materiales probatorios para proceder, si así se determina, a la etapa de investigación y posterior juicio.
Vásquez invitó a todos los colombianos a denunciar, con las pruebas correspondientes, los casos de discriminación racial y racismo, ante las Direccionales Nacionales Seccionales y Unidades de Recepción Inmediata- URI, de la Fiscalía General de la Nación; la Personería; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría; la Contraloría; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los casos de Discriminación a menores; las Comisarias de Familia y la Policía Nacional.
De la misma manera, convocó a todos a participar en la campaña “+IGUALDAD –DISCRIMINACIÖN” que permita la reflexión y promoción de derechos de todas las etnias que cohabitan en el país.
Anunció, además la Viceministra, que avanza el diseño y aplicación de la Encuesta Nacional de Discriminación, datos requeridos para diseñar una política pública que contribuya a la prevención de este complejo problema social, en el marco de los DDHH.
Asimismo, informó que las personas que requieran asesoría por parte del Observatorio Contra las Discriminación, pueden solicitarla a través del email:
WEF.-Científicos, líderes gubernamentales, empresarios, activistas sociales y artistas de menos de 40 años que transforman la política, sociedad y el mundo alrededor de ellos, fueron presentados este miércoles como los 121 Jóvenes Líderes Globales 2016 del Foro Económico Mundial, de ellos siete de América Latina. Más de la mitad son mujeres y de economías emergentes.
“Todos ellos representan lo mejor de esta generación y mientras los servicios públicos alrededor del mundo enfrentan recortes, estos jóvenes enfatizan la necesidad de que los futuros líderes sean expertos en tecnología e innovadores civiles”, según el organismo.
La organización escogió líderes por región: Asia Pacífico, Eurasia, Europa, China Continental, Latinoamérica, Medio Oriente y el norte de África, Norte América, Asia del sur, y la región Subsahariana de África.
Entre los designados destacan Amal Alamuddin, la abogada especialista en derechos humanos, activista y escritora británica, que ha representado a clientes de alto perfil en cortes internacionales. Amal se casó en 2014 con el actor George Clooney.
Ashton Kutcher, el actor de Hollywood e inversionista en tecnología, que lanzó un laboratorio de innovación para combatir la explotación sexual de niños, es otro de los elegidos.
En América Latina, 5 mujeres y dos hombres fueron los elegidos: dos colombianos (María López Castaño, Directora de la Revista Semana Sostenible y de la División de Sostenibilidad de Publicaciones Semana y Simón Gaviria Muñoz, Director del Departamento Nacional de Planeación y Director Nacional del Partido Liberal Colombiano), dos brasileños (Carolina Rossini, Vicepresidenta de Política Internacional y Estrategia de Public Knowledge y Patricia Ellen, Directora en McKinsey & Company), una argentina (Pia Mancini, Directora Ejecutiva de la Fundación DemocracyOS), un guatemalteco (Jonathan Nathusius, Director ejecutivo en Cemaco) y una haitiana (Stephanie Villedrouin, Ministra de Turismo de Haití).
El Foro Económico Mundial informó que la clase de Jóvenes Líderes Globales 2016, acordó, en mayoría, unirse a los YGLs, una comunidad diversa cuyos integrantes trabajan en conjunto en iniciativas que benefician a la sociedad.
“Estos esfuerzos han dirigido iniciativas y negocios que buscan combatir la escasez de agua mundial, las condiciones laborales de las fábricas en países pobres, el desperdicio de comida, un sistema de salud pública pobre y las lesiones de menores”, dijo el WEF.
Los nuevos miembros de este grupo deberán trabajar en conjunto durante los próximos cinco años, para resolver algunos de los mayores desafíos del mundo.
“La tecnología está transformando la manera en que funcionan las economías globales y como se crean los empleos. Queremos que estos jóvenes sean parte de la solución y proveer una comunidad que los ayude a tener las herramientas necesarias para que puedan dirigir organizaciones civiles, privadas y públicas”, dijo John Dutton, jefe de Jóvenes Líderes Globales.
Previos ganadores de esta distinción incluyen a David Cameron, Primer Ministro de Reino Unido; Jack Ma, Director Ejecutivo del Grupo Alibaba; Marissa Mayer, directora ejecutiva de Yahoo, y Larry Page, cofundador y jefe ejecutivo de Google.
Hoy el Senado de Colombia tiene 60 días, a partir de la designación de la Comisión de Instrucción, que estará conformada por siete senadores, para que admitan o rechacen la acusación de la Cámara de Representantes contra el Magistrado Pretelt.
Prensa-Senado.- Después de 57 años, el Senado de la República asume un juicio político contra un alto dignatario del estado, esta vez, al Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, con el anuncio del Presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, de designar la Comisión de Instrucción, que se encargará de analizar y votar el informe de la Cámara de Representantes, que le pidió al Senado declarar indigno al alto funcionario judicial, por encontrarlo responsable del delito de concusión.
Entre el 18 de agosto de 1958 y el 2 de abril de 1959, el Senado llevó a cabo un proceso judicial contra el general Gustavo Rojas Pinilla, "por corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento indebido e indignidad en el ejercicio del cargo", luego de haber dejado la Presidencia de la República. La decisión final de la cámara alta fue acusarlo, pero otras instancias judiciales lograron absolver al Expresidente Rojas.
Hoy el senado de Colombia tiene 60 días, a partir de la designación de la Comisión de Instrucción, que estará conformada por siete senadores, para que admitan o rechacen la acusación de la Cámara de Representantes contra el Magistrado Pretelt.
El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco Cháves, no descartó un acuerdo político entre todas las bancadas para la designación de los siete senadores que asumirán el caso y señaló que dichos integrantes deben tener unas características especiales, entre ellas, la de tener conocimiento en el derecho penal y además se deben elegir por el mecanismo de cociente, por parte de la plenaria.
Velasco Cháves sostuvo que buscará con los voceros de las bancadas un acuerdo para que los partidos como La U, El Liberal, El Conservador, el Centro Democrático, que tienen los suficientes votos, logren sus cuatro representantes en la Comisión de Instrucción, mientras que las otras colectividades, se deben poner de acuerdo para designar los otros tres senadores.
Para dar claridad al trámite del juicio político, el Presidente de la Corporación explicó que la Comisión de Instrucción "puede solicitar nuevas pruebas, evaluar y deliberar para decidir: recomendar a la plenaria del Senado acusar al señor magistrado porque infringió la ley penal y lo acusa ante la Corte Suprema. Si la plenaria asume esa acusación y vota afirmativamente, automáticamente es declarado indigno el señor magistrado y se aparta del cargo. Si la rechaza continua en su cargo".
Por Luis Fernando García Forero.Foto Leonardo Vargas.-Los acuerdos de la última plenaria del senado, no sólo se extendieron al avance del proceso de paz, sino que se decidió una cumbre, convocada por el presidente del senado, Luis Fernando Velasco, para que la Canciller María Ángela Holguín diera a conocer a instancias del congreso, la posición de Colombia frente a la nueva decisión que tomará la Corte Internacional de Justicia en el diferendo marítimo con Nicaragua, el próximo jueves 17 de marzo.
Pese que en la mañana de este martes, en debate en la comisión primera de la corporación, uribistas y bancada de unidad nacional polemizaron de nuevo por el proceso de paz, más directamente por el encuentro en La Guajira de varios negociadores de las Farc, no sólo con guerrilleros, sino con la población civil, las mismas bancadas, se encontraron en la tarde en un tono de conciliación, pero con otro objetivo: la defensa de la soberanía nacional por las ambiciones de Nicaragua.
La cita fue en la presidencia del senado donde además del presidente de la corporación Luis Fernando Velasco, senadores integrantes de la comisión segunda, el ex presidente Álvaro Uribe y su copartidario Alfredo Rangel, entre otros congresistas, escucharon a la canciller María Ángela Holguín, quien afirmó que la posición del Gobierno es no aceptar la competencia de La Haya en la nueva demanda presentada por ese país contra Colombia, en la que expone nuevas pretensiones sobre nuestro territorio marítimo.
“Exactamente las excepciones preliminares son eso, decirle a la Corte que no es competente y eso es lo que hemos hecho en este trabajo de año y medio y La Haya tendrá que decir si es competente o no. Vamos a ver, vamos a oír lo que dice la Corte, no es una decisión de fondo, es simplemente decir si hay o no competencia”, aseguró la ministra Holguín.
El ex presidente y senador Álvaro Uribe le insistió al Gobierno que no reconozca los fallos de la corte de La Haya en este caso. “Colombia no debe aceptar la sentencia inconsistente, ilegal y de despojo del año 2012 y Colombia no acepta que la corte, en los nuevos episodios, intente afectar los derechos del país al oriente del meridiano 82”, enfatizó el jefe del Centro Democrático.
Sobre el tema el congresista opositor del Presidente Santos, Álvaro Uribe Vélez, le presentó al Gobierno su propuesta para que por medio de una consulta popular la ciudadanía diga que el único límite que se aceptará con Nicaragua es el meridiano 82.
"Ese tratado es un embeleco. Aquí lo que se necesita es claridad para dar esa sentencia. Nosotros repetimos lo que hemos venido diciendo en los dos últimos años y medio. Colombia debería –decir que no se acepta la Corte de La Haya, que afecte cualquier derecho del país al este del meridiano 82. El único límite que Colombia debe aceptar, es el que se fijó en el año de 1930, que es el meridiano 82", destacó.
Así lo dio a conocer la Ministra de la Cancillería del Reino Unido, la Baronesa Anelay de St. Johns, quien notificó que esa decisión corresponde al compromiso de Gran Bretaña con la solución pacífica del conflicto armado en Colombia.
El aporte permite establecer que el apoyo al proceso de paz sigue sumando adeptos dentro de otras naciones: “somos fuertes y orgullosos partidarios del proceso de paz y elogiamos el progreso que se ha hecho para alcanzar un acuerdo sostenible. Colombia ya está disfrutando del periodo más pacífico en más de una generación”, aseguró la Ministra de la Cancillería de Reino Unido, Anelay de St. Johns.
Dichos recursos del Reino Unido se distribuyen: 4,2 millones de libras esterlinas al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Además el Reino Unido contribuye con 1,5 millones de euros al Fondo para el Posconflicto de la Unión Europea.
Así mismo habrá inversiones por más de 5 millones de libras esterlinas que el Reino Unido liderará en proyectos para apoyar la planeación del posconflicto, especialmente en seguridad y justicia.
Por su parte, el Ministro Consejero del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, agradeció a la Baronesa por el apoyo financiero que el Reino Unido le dará a Colombia de cara a la paz y, además, por su apoyo en su posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ayudar a la consecución de la Resolución en donde se ordena la misión de verificación de las Naciones Unidas para un eventual cese al fuego bilateral y definitivo en Colombia.
“Gran Bretaña cuenta con un gran recorrido en la paz mundial. También representa un caso de éxito al haber liderado de manera exitosa un proceso de paz en Irlanda de Norte. De esta manera su experiencia será un gran apoyo para la paz en Colombia”, advirtió el Ministro del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo.
La Presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, le pidió a la Corte Constitucional declarar excequible la ley estatutaria que convoca a un plebiscito para lograr el fin del conflicto en Colombia.
“La razón es muy sencilla”, enfatizó López Obregón: la “refrendación no se requiere para la validez de los acuerdos sino para su obligatoriedad como política de Estado”.
Aun cuando la mesa de La Habana puede o no determinar que sea el plebiscito u otro de los mecanismos previstos en la Constitución para la refrendación de los acuerdos, López Obregón precisa que con esta Ley Estatutaria que está bajo examen de la Corte Constitucional, se establece un blindaje especial para el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Expresa en su escrito López Obregón que la ley estatutaria ordena en su artículo 3º que la decisión de la votación popular “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo”.
Anexamos el documento que la Presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón, radicó sobre el tema a la Corte Costitucional:
Bogotá, 11 de marzo de 2016
H Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Ponente P. L. E. del Plebiscito
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad.
Ref. Participación ciudadana a favor de la constitucionalidad de la Ley Estatutaria que regula el Plebiscito para la Paz
Honorable Magistrado:
CLARA LÓPEZ OBREGÓN, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de ciudadana y presidenta del Partido POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, partido que formalmente ha declarado su oposición al Gobierno del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, pero no obstante apoya los diálogos de paz por este emprendidos para ponerle fin al conflicto armado mediante la negociación, atiendo su llamado a presentar ante la Corte Constitucional intervención ciudadana, en mi caso, a favor de la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito como posible mecanismo de refrendación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto que se firme con la insurgencia armada de las FARC en La Habana, Cuba.
Me animo a ello por la muy publicitada polémica pública originada en los conceptos rendidos ante la Corte por los señores Fiscal General de la Nación y Contralor General de la República y la respuesta ofrecida por el señor Presidente de la República. Argumentan los primeros que el plebiscito es innecesario por cuanto el Presidente cuenta con las facultades para firmar acuerdos de paz y que siendo la paz un derecho y un deber de todos, someter los acuerdos a refrendación popular no sólo sería inocuo sino inconstitucional. Por su parte el señor Presidente de la República responde que, si bien es cierto que el Presidente tiene las facultades para suscribir los acuerdos de paz, le prometió “al pueblo colombiano que sería él el que tendría la última palabra sobre los acuerdos de paz”.
Con el respeto que merecen tan serios argumentos, la realidad es que la refrendación está contemplada dentro del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradero, suscrito el 26 de agosto de 2012 por los plenipotenciarios del Gobierno Nacional, en uso de las facultades constitucionales que recuerdan el señor Fiscal y el señor Contralor. En efecto, el punto 6 de la agenda detallada en dicho Acuerdo sobre Implementación, verificación y refrendación, en su numeral 6º, contempla como tema a acordar el Mecanismo de refrendación de los acuerdos. La razón es muy sencilla. La refrendación no se requiere para la validez de los acuerdos sino para su obligatoriedad como política de Estado.
En consecuencia y como primera consideración a tener en cuenta, la habilitación de un mecanismo de refrendación idóneo para darle cumplimiento a los acuerdos que se concreten se hace necesaria no solo por la promesa presidencial sino por la palabra empeñada, conforme a las atribuciones presidenciales, en el acuerdo que dio inicio a la mesa de conversaciones de La Habana. Además de no tratarse de materia de disponible, el mecanismo de refrendación cumple la función primordial de conferirle obligatoriedad, de ser aprobado, al contenido de los acuerdos para todos los órganos del Estado, para la insurgencia y para la sociedad en su conjunto. Es así como el Congreso y el Ejecutivo en su implementación por medio normas constitucionales, legales y actos administrativas, así como la Rama Judicial en sus atribuciones sobre la materia, quedarían vinculados a guardar fidelidad a lo convenido en el acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.
La Constitución, en su artículo 103, ofrece varios mecanismos de participación ciudadana dentro de los cuales se encuentran el plebiscito, el referendo y la consulta popular. De otra parte, el artículo 374 contempla el referendo y la asamblea constituyente como instrumentos para reformar la Constitución. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional han optado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, por la habilitación de un plebiscito de carácter especial “para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (P.L.E. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado).
Aun cuando la mesa de La Habana puede o no determinar que sea este u otro de los mecanismos previstos en la Constitución para la refrendación de los acuerdos, con la Ley Estatutaria bajo examen se establece un blindaje especial para el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue en La Habana. Ello es así porque el proyecto de ley estatutaria ordena en su artículo 3º que la decisión de la votación popular “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo.” Y prosigue: “En consecuencia, el Congreso, el Presidente de la República y los demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones que les correspondan para acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo expresado en las urnas.”
Sobre el particular cabe aclarar que el plebiscito no introduce reforma constitucional alguna, sino que ofrece al constituyente primario la decisión sobre el marco dentro del cual el Congreso deberá ejercer su poder constituyente derivado para dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana.
En tercer lugar, la firma del Acuerdo de La Habana no es suficiente para la realización material del derecho deber a la paz. Estampadas las firmas de las partes queda la enorme tarea de la implementación y aplicación de las cláusulas acordadas y la tarea de traducirlas en normas que guarden fidelidad al texto y a la finalidad de los acuerdos, convertidos por ministerio de la aprobación del voto popular en marco de obligatorio acatamiento.
Finalmente, debe mencionarse que la atribución constitucional del Congreso (Art. 152, literal d.) para regular las instituciones y mecanismos de participación ciudadana no se agotó con la expedición de la Ley 134 de 1994. Cuando las necesidades lo exigen, el Congreso puede modificar los contenidos como de hecho lo hizo al modificar la regulación de la revocatoria del mandato mediante Ley 741 de 2002. En esta oportunidad, el Congreso optó por reemplazar los incentivos perversos hacia la abstención de la Ley 134 de 1994 al disponer un requisito equivalente, pero por la positiva para estimular la participación ciudadana en el plebiscito para la paz bajo estudio. Ese es el sentido del numeral 3º del artículo 2º que no reduce, sino que reemplaza el umbral de votación necesaria para que pase el plebiscito.
En atención a las anteriores consideraciones, presento esta intervención ciudadana en favor de la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado.
Atentamente,
CLARA LÓPEZ OBREGÓN
C.C No. 41.481.937 de Bogotá
