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Redacción Ecos. Foto Vicepresidencia.-Después de 14 años, por fin la doble calzada Bogotá- Tunja se convirtió en realidad, motivo por el cual el vicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras, inaugurará este jueves ese importante tramo vial, que además de acortar distancias entre esas dos importantes ciudades, quedó convertida en una autopista que adornará el paisaje cundiboyancese como el mejor escenario para impulsar el turismo en un país que está iniciando el camino a la paz, después de 50 años de violencia.
“Tal como lo dije el pasado 8 de diciembre, cuando fui al departamento a dejar en marcha la segunda fase de las viviendas gratis, este jueves estaremos de nuevo en Boyacá para cumplir con nuestro compromiso de entregar la totalidad de esta vía y decirles ¡sí se pudo!, la doble calzada Bogotá – Tunja es una realidad”, expresó el Vicepresidente Germán Vargas Lleras, al hacer ese importante anuncio a Colombia y al mundo.
El costo de la inversión total de esa importante vía ascendió a $1,07 billones y la específica de las obras adelantadas en el Puente de Boyacá, de $93.500 millones.
Los trabajos que permitieron la ampliación de esa vía fue de 6,03 kilómetros, incluido el puente vehicular de 75 metros de longitud en el sector del Puente de Boyacá.
El Vicepresidente de la república Germán Vargas lleras quien ha asumido desde el alto gobierno la ejecución de las obras de infraestructura señaló que con la doble calzada los departamentos de Cundinamarca y Boyacá quedan completamente conectados por el norte reduciendo notablemente los tiempos de desplazamiento entre estas dos regiones y sus municipios aledaños.
“Este es un megaproyecto que une a la zona industrial de Boyacá con Bogotá y que le va a cambiar la cara a la infraestructura del país”, destacó el Vicepresidente, quien resaltó que durante la ejecución de la doble calzada, se generaron más de 2.000 empleos directos e indirectos.
Por Redacción Ecos. Foto: Leonardo Vargas.- Con votación mayoritaria, en menos de cinco horas, un auténtico récord, las comisiones Primeras del Senado y la de la Cámara de Representantes, aprobaron en Primer Debate de la Ley de Amnistía, que otorgará la renuncia de la acción penal para los guerrilleros de las FARC, que hayan cometido delitos relacionados al político, además de indultos para aquellos que hayan sido condenados y estén pagando prisión por las mismas causas.
Esta iniciativa es vital para la seguridad jurídica de miles de excombatientes de la guerrilla que solo están señalados por rebelión y otros delitos relacionados por pertenecer a ese grupo. Igualmente se contempla la renuncia a la persecución penal para los militares investigados por delitos menores, los cuales podrán regresar a las filas.
La votación finalmente cumplió con lo requerido para este tipo de normas, que debe ser calificada. En tal sentido, en la Comisión Primera del Senado tuvo 15 votos, mientras que en la Comisión Primera de la Cámara llegó a 30. La Bancada del Centro Democrático, en ambas corporaciones, se apartó de la votación.
Entre las proposiciones que se avalaron por el gobierno y quedaron como nuevas son la que ratifican que sí se refrendó el acuerdo en el Congreso, un artículo más que habla de los derechos de las víctimas y dos más en donde se indica que los guerrilleros que no sean beneficiados con la amnistía, deberán estar en las zonas de transición, a cambio de estar privados de la libertad.
No era un asunto fácil de abordar la ley que le otorga perdón a la mayoría de los miembros de la FARC-EP, reclamada por sus jefes para proceder a la concentración en las zonas veredales y dar inicio al proceso de dejación de armas. Pese a lo complejo del asunto, y aprovechando al máximo las bondades del mecanismo fast track, el texto del proyecto, de 59 artículos, fue aprobado casi que por aclamación. De esta forma, el proceso de implementación del nuevo acuerdo de paz, comenzó en el Congreso.
Sin embargo varias dificultades encontró el proyecto en su primer momento. El senador conservador Hernán Andrade, manifestó que no se podía votar ninguna de esas normas porque no se había refrendado, tal y como lo pidió la Corte Constitucional hace una semana, que dejó en vigencia el acto legislativo 001 de 2016.
Senadores de Centro Democrático, entre ellos Paloma Valencia y Alfredo Rangel, coincidieron en esa posición. “La refrendación no se ha dado, esto es un golpe de estado contra la democracia”.
El miércoles pasado la plenaria del Senado no logró aprobar una propuesta en la que se informaba por parte de la Secretaria General que ya se había cumplido con esa refrendación a finales de noviembre pasado. Esto lo solicitó precisamente la Corte en su fallo.
Una duda más que salió en la discusión es sobre si la ley de amnistía se hace con base al mecanismo del fast track o si por reglamento normal. Esto, según lo expresaron, porque el fallo de la Corte no se había notificado de manera formal y en opinión de algunos congresistas no se puede tomar como formal el comunicado de prensa que emitió la Corte.
El Presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, sostuvo que ese tipo de notificaciones tiene fuerza legal, por lo que está vigente el mecanismo del fast track.
Al respecto el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que “el comunicado tiene plenos efectos jurídicos, venir a decir que no se puede tramitar es engañar a los colombianos, veo que ofenden a la Corte y al Consejo de Estado”.
La otra discusión que surgió es si el decreto que expidió el ministro delegatario, Aurelio Iragorri, para convocar a votar esta ley es legal, porque en interpretación de algunos congresistas no es necesario con base al llamado fast track.
Los representantes de Voces de Paz tomaron la palabra para expresar sus puntos de vista sobre el alcance de la norma. Por ejemplo, Jairo Estrada planteó que “ya la refrendación se ha dado y se cumplió, se están generando condiciones para materializar el proceso de paz, que se pueda cumplir el tránsito de la guerrilla a las zonas veredales de transición”.
El representante de las Farc consideró que “el proyecto se ajusta a los estándares internacionales, además que reivindica el concepto del delito político”, y señaló que el narcotráfico es amnistiable.
También Estrada especificó que “es inconveniente introducir modificaciones a los tratamientos penales que no han sido acordados con las partes”.
A su turno, Imelda Daza, sostuvo que es “un día importante para todos los colombianos, la amnistía e indulto es el comienzo del fin de una larga violencia que nos ha afectado a muchos colombianos. Amnistía, indulto y perdón son deberes de todo buen ciudadano para lograr la reconciliación”.
Redacción Ecos.Foto Mininterior.-A Través del Ministerio del Interior más de 72.000 hectáreas de los resguardos indígenas, de cuatro municipios del Valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo, fueron tituladas por la Agencia Nacional de Tierras.
Según el viceministro del interior Luis Ernesto Gómez, se beneficiarán 15.630 personas dentro del plan masivo de formalización de la propiedad para los grupos étnicos y que está contemplado dentro de los pilares del Acuerdo de Paz.
Al resguardo Kamëntsá Biya, del municipio de Sibundoy, le fueron formalizadas 42.635 hectáreas de 4.581 metros cuadrados; al resguardo Inga de San Francisco 17.162 hectáreas de 8.328 metros cuadrados; al resguardo Inga de San Andrés, del Municipio de Santiago, 13.562 hectáreas de 7.707 metros cuadrados, y al resguardo Inga, del municipio de Colón, 1.531 hectáreas de 5.288 metros cuadrados.
“Desde el Ministerio del Interior adelantamos los trámites necesarios para lograr la entrega de estos títulos que les otorga a estos pueblos el pleno dominio del territorio y que permitirá la protección del medio ambiente, de los recursos naturales de esa parte importante de la selva amazónica colombiana”, afirmó el viceministro Gómez.
La titulación de dichas tierras se convierte en una realidad histórica ya que los indígenas estaban esperando lograr ese objetivo y que permite que las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional sigan uniendo esfuerzos para fortalecer la gobernabilidad y la salvaguarda de la integridad cultural, social y económica del Valle de Sibundoy y su territorio ancestral.
Durante la jornada de oficialización de la titulación de dichas tierras en el Valle del Sibundoy, el viceministro Gómez recibió del pueblo Kamëntsá el bastón de mando y el sayo como acto simbólico de bienvenida a esa familia indígena de Colombia.
Redacción Ecos. Foto: Ambito Juridico.- Mientras el Congreso de Colombia se presta a analizar y discutir los proyectos sobre la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, la ONU hizo un llamado de alerta para tener presente que dichas iniciativas que ponen en marcha el programa de “amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, debe respetar plenamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia puso de presente que las medidas que se plantean y que permitirán conceder la libertad a guerrilleros, agentes del Estado y otras personas privadas de libertad, por al menos cinco años, deben responder a un marco legal preciso que respete los límites que impone el derecho internacional, aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de verdad, justicia y reparación que se han acordado en el marco del proceso de paz.
“Los beneficios que se otorguen tienen que ser el resultado del cumplimiento de compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas, no pueden ser el punto de partida ni convertirse en un fin en sí mismos”, expresó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien fue certero en señalar que de lo contrario las amnistías y los indultos pierden su valor estratégico y se convierten en concesiones, que pueden implicar el incumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano.
El objeto principal del Proyecto, que tendrá como ponente al senador Armando Benedetti, “es regular las amnistías e indultos por los delitos políticos conexos con estos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para Agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
El proyecto ya a consideración del Congreso, establece que “la amnistía se aplicará individualmente de manera progresiva a cada una de ellas cuando el destinatario haya efectuado la dejación de armas de conformidad con el cronograma y la correspondiente certificación acordados para tal efecto. Se les concederá́ también por las conductas estrechamente vinculadas al cumplimiento del proceso de dejación de armas”.
La amnistía es el proyecto de ley más urgente que el Gobierno nacional necesita para darle tranquilidad a los miembros de las Farc que inician su concentración en las zonas de concentración y permitirá ampliar los beneficios a sanciones disciplinarias o administrativas, dando extensión a sentencias impuestas con anterioridad por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado.
Sobre la propuesta el senador Roy Barreras, del Partido de La U, fue contundente en señalar que “la importancia de ley es que estamos a pocos días de lograr lo que todos anhelamos y es el desarme definitivo de las Farc, y su llegada a las zonas de concentración, una condición indispensable para darle la seguridad jurídica de los combatientes que han de llegar a las zonas, es lo que va a ofrecer la ley de amnistía, y es lo que espero que aprobemos el mismo lunes en las comisiones primeras conjuntas”.
Según explicó el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, con esta radicación se espera que el 29 de diciembre se vote la iniciativa por lo que trabajarían hasta el 30 de este mes.
Los otros proyectos que se radicarán este lunes 19 de diciembre tiene que ver con el Acto Legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz, otro para la creación del nuevo partido político que surja de la desmovilización y el desarme de las Farc, la creación mediante ley de la Unidad Especial para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, el Acto Legislativo que incorpora un artículo transitorio en la Constitución estableciendo la obligación del Estado de cumplir con los acuerdos de paz. El que regula el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Por Redacción Ecos. Foto: Leonardo Vargas.- El Presidente de la Comisión Segunda del Senado de Colombia Jaime Enrique Durán Barrera, fue enfático en afirmar que el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, cometió un exabrupto al cerrar de nuevo la frontera con Colombia por 72 horas, con el supuesto fin de contener el flujo de billetes de 100 bolívares, los de mayor denominación en el vecino país.
Durán Barrera criticó la decisión del mandatario venezolano, y la que decretó también cerrando la frontera con Brasil, con el argumento de culminar lo que considera la "lucha contra las mafias", que trafican con la moneda local.
Maduro ha denunciado que grupos vinculados a casas de cambio que operan en ciudades fronterizas, extraen billetes desde Venezuela (en especial, los de 100 bolívares) para hacer operaciones cambiarias y otros negocios, “que han venido debilitando a la moneda venezolana frente al dólar”.
En este sentido, Durán Barrera, aseguró que esa disposición demuestra la miopía del mandatario venezolano, en términos de Política Exterior, al desconocer el impacto de la medida.
“Parece que Maduro desconoce el significado geopolítico de la frontera Colombo- Venezolana, porque se extiende por 2.219 kilómetros, siendo el más largo límite geográfico que ambas naciones poseen con alguna otra”, manifestó Durán Barrera.
Aseveró que “el Presidente Maduro no tiene en cuenta que el tramo fronterizo entre Táchira (Venezuela) y Cúcuta (Colombia), presenta unos de los flujos poblacionales más dinámicos de toda América Latina. Y allí nuestros compatriotas y venezolanos se movilizan con regularidad, incluso, hay habitantes de Táchira que trabajaban en Cúcuta y viceversa. Con el cierre de la frontera, se limita la actividad económica de la mayoría de las familias que habitan a ambos lados” expuso Duran Barrera.
El congresista santandereano Jaime Enrique Durán Barrera señaló que el cierre fronterizo en el 2015, para eliminar por completo el contrabando, los controles de precios que se mantienen en Venezuela y la fuerte devaluación del bolívar frente al peso colombiano en la frontera, sólo generó importantes distorsiones de precios y permitió que el contrabando siga siendo un negocio increíblemente rentable.
“Es una experiencia que no debía repetirse, porque su impacto en la vida de las comunidades fronterizas aún es palpable”, anotó Durán Barrera, quien señaló que desde el punto de vista comercial, “el cierre de la frontera impacta el flujo comercial total entre estos países vecinos. Algo que, en medio de la coyuntura de inflación y desabastecimiento que vive Venezuela, sumaría mayor conflictividad social y política.
El Presidente de la Comisión Segunda del Senado de Colombia considera que esta decisión sólo perjudicará a ambos países, sobre todo a Venezuela, por la el problema del abastecimiento de alimentos y medicinas y el desarrollo del comercio, que es el dinamizador de la economía.
“Nicolás Maduro requiere ilustrarse. Debe detenerse a observar las consecuencias de sus decisiones y cómo uno de los países más prósperos y modernos de América Latina, bajo su administración, presenta una crisis hasta de corte humanitario”, sostuvo Durán Barrera.
“Si ésta fue la cortina de humo para ocultar el deterioro de la economía venezolana, sus consecuencias ya se sienten en la población del vecino y hermano país, que no tiene acceso a la moneda nacional, en épocas decembrinas”, concluyó el Presidente de la Comisión Segunda del Senado de Colombia, Jaime Enrique Durán Barrera.
Por Luis Fernando García Forero. Foto AFP.-La esperanza de los colombianos de que se llegaría a un acuerdo entre el expresidente y senador Álvaro Uribe con el presidente Juan Manuel Santos, de cara al Papa Francisco, para lograr por fin el consenso sobre el proceso de paz, se desvaneció en horas. El milagro no ocurrió.
La reunión pasó de ser un registro de los hechos que fundamentan el Sí y el No,ante la mirada de dos antagonistas frente al sumo pontífice, pero que no logró que saliera humo blanco para lograr ponerlos de acuerdo en el tema más importante de Colombia en estos momentos: la paz.
La pregunta ahora es y quién pone de acuerdo a Santos y Uribe para buscar lograr que el Centro Democráctico encabezado por el expresidente Uribe se sume al capital político más importante de la actual administración: lograr el fin de más de cincuenta años de lucha armada con las Farc.
Según las fuentes que manifestaron a los medios de comunicación aspectos de lo que fue la histórica reunión en el Vaticano, mientras que el Papa ratificó su apoyo al proceso de paz, el presidente Santos le explicó lo que ha pasado hasta el momento después del plebiscito y el senador Uribe se encargó de darle sus argumentos del No.
Fue una reunión sin conclusión. En un comunicado, el Vaticano destacó que las conversaciones se realizaron en un ambiente de “gran cordialidad” y confirmó las buenas relaciones entre la Santa Sede y Colombia. El Papa entre los dos personajes expresó sin dudar el apoyo al proceso de paz, así como la esperanza de que ese proceso de reconciliación sea estable.
“Se ha puesto de relieve la importancia del encuentro y de la unidad entre las fuerzas políticas. La Iglesia local podrá continuar ofreciendo su contribución a favor de la reconciliación nacional y de la educación al perdón y a la concordia”, expresó el comunicado.
Además, el Papa les pidió a Santos y Uribe que recuerden “la importancia de un diálogo sincero entre los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico”.
Así las cosas, es un hecho que su Santidad Francisco no logró el milagro que permita darle más claridad a la paz de Colombia. Todo el mundo se pregunta si no fue Francisco ¿quién?
No hay otra salida sino que "soledad" permita el encuentro de los dos antagonistas y solucionen sus adversidades personales que permitan que más de 50 millones de colombianos encontremos y logremos por fin la paz. El tema no da más espera.
Por Redacción Ecos. Foto: César Carrión/SIG.- El Presidente Juan Manuel Santos hizo énfasis en la importancia de los acuerdos en materia judicial suscritos este viernes entre los Gobiernos de Colombia e Italia, en el marco de su visita oficial a ese país. Los instrumentos nos darán nuevas herramientas para ser más efectivos en esta lucha común contra el crimen organizado, el tráfico de drogas ilícitas y la corrupción, indicó el Mandatario.
Los instrumentos fueron suscritos por la Canciller María Ángela Holguín y el Ministro de la Justicia, Andrea Orlando, y el mandatario colombiano señaló que versan “sobre extradición, sobre traslado de personas condenadas y asistencia legal reciproca en materia penal”. Santos dijo, además, que los textos de dichos acuerdos “tienen perfiles de verdad innovadores”.
De la misma manera, el primer mandatario conceptuó que tales instrumentos tienen en cuenta “los cambios sociales, políticos e institucionales de nuestras sociedades, pero también abordan esas nuevas formas de acción que ha tomado el crimen organizado”.
Con respecto al crimen organizado, el Presidente afirmó que éste cambia y se adapta a las nuevas circunstancias, “muchas veces con más rapidez que los propios Estados y por eso la cooperación internacional contra el crimen organizado es tan importante, lo hemos visto en repetidas ocasiones”.
Santos explicó que hasta la fecha la cooperación judicial entre los dos países se fundamentaba en las Convenciones de Naciones Unidas contra el crimen internacional organizado y en contra del tráfico ilícito de estupefacientes.
Por último, trajo a colación los 40 años de lucha infructuosa contra el narcotráfico y aseguró que por eso los acuerdo suscritos hoy “son de vital importancia, porque es una guerra que infortunadamente el mundo no ha ganado”.
A su turno, el Presidente italiano, Sergio Mattarella, expresó su sentimiento de admiración por la lucha de Colombia en contra del narcotráfico.
El Presidente del Gobierno Italiano Matarella manifestó su decidido apoyo a Colombia en el proceso del postconflicto y felicitó al Presidente Juan Manuel Santos por el otorgamiento del Premio Nobel de Paz 2016.
“También recogemos el mensaje de las consideraciones que expresó el Presidente en Oslo, cuando recibió el Premio Nobel con una gran acción internacional para que cualquier acción de la delincuencia sea cual fuere, narcotráfico u otra forma de crimen internacional, deban ser combatidas con decisión por parte de los países”, puntualizó Mattarella.
“Le he enfatizado cómo este importante logro de la paz constituye un mensaje para el mundo entero que la paz se puede alcanzar con la negociación y no con las armas”, expresó el mandatario italiano.
Precisó Mattarella que el resultado del proceso de paz le permite al mundo apreciar cómo con valentía, previsión y paciencia se pueden lograr resultados que parecían antes imposibles.
De la misma forma, el Presidente Matarella le expresó al Jefe del Estado colombiano el aprecio por el compromiso y el esfuerzo constante en la lucha contra el tráfico de drogas.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Getty Images.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que cifra de periodistas profesionales tras las rejas, se ha elevado en 2016 hasta los 187, un 22% más que el año anterior, lo que refleja una tendencia "dramáticamente al alza".
Si se suman los arrestos de colaboradores (15) y las de los llamados periodistas-ciudadanos o blogueros (146), la cifra total de periodistas encarcelados llega a los 348, un 6 % más que en 2015.
Entre los incrementos registrados se incluye el que se haya duplicado el número de mujeres encarceladas (21), lo que para RSF demuestra que cada vez son más las que ejercen ese oficio, pero también "el desastre en el que se ha sumido Turquía, que acumula la tercera parte de las detenidas en el mundo".
El balance anual de la organización, cerrado el pasado 1 de diciembre, añade que otros 52 periodistas fueron tomados como rehenes, de ellos 26 en Siria, 16 en Yemen y 10 en Irak, así como que uno está desaparecido, frente a los ocho del 2015.
Los 52 secuestros suponen nueve casos menos que en 2015, pero la ONG con sede en París recuerda que ese año registró cifras particularmente elevadas, con un incremento del 35 % respecto a 2014. Todos esos casos se dieron en zonas de conflicto en Oriente Medio y afectaron a varones, de los cuales el 89 % eran periodistas locales que a menudo trabajan por su cuenta "en condiciones precarias y muy arriesgadas".
El grupo yihadista Estado Islámico (EI), según sus cálculos, fue responsable de 21 de esos secuestros, atacando a periodistas que no son leales a su ideología fundamentalista y a aquellos que difunden información desde los territorios controlados.
Su resumen anual destaca además que Turquía se ha convertido en "la mayor prisión para los periodistas profesionales" debido a la caza de brujas que siguió al fallido golpe de Estado del pasado julio, con más de un centenar de encarcelamientos.
"Por lo general, basta con hacer alguna crítica al poder, o tener cierta empatía con el movimiento de (el predicador Fethullah) Gülen o el movimiento político kurdo, para que se envíe a un periodista a prisión, sin que la Justicia considere necesario probar su implicación en actividades criminales", dice la ONG.
China sigue siendo por otra parte la mayor cárcel para quienes se dedican a la información, con 103 periodistas encarcelados en total, y le siguen en ese listado negro Siria (28), Egipto (27) e Irán (24).
"Estos ataques han afectado el derecho a la información de millones de ciudadanos. Los principales problemas a escala internacional, como las cuestiones medioambientales y la lucha contra el extremismo violento, no pueden resolverse sin el trabajo esencial de los periodistas", insistió RSF.
La organización subrayó la urgencia de que los periodistas puedan realizar su trabajo en un ambiente seguro y de acabar con la impunidad de la que gozan los autores de estos ataques.
Ante los riesgos "cada vez más numerosos" a los que se enfrenta el sector, RSF reclamó de nuevo crear la figura de un "representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas", que tenga capacidad de actuar con rapidez y legitimidad para coordinar los esfuerzos.
Reporteros Sin Fronteras o RSF es una organización no gubernamental internacional de origen francés cuyo objetivo, según declara en su presentación, es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional.
Fue fundada por su actual secretario general, Robert Menard, y tiene su sede permanente en París. En el año 2005, RSF recibió el Premio Sájarov a la libertad de conciencia, que otorga el Parlamento Europeo, compartido con el movimiento Damas de Blanco y el abogado nigeriano Hauwa Ibrahim.
RSF es miembro de la Organización Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), una red mundial que agrupa a asociaciones en defensa de la libertad de expresión.
Redacción y foto: Ecos.- El Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez sostuvo desde el Congreso de la República que el corregimiento de Belén de Bajirá, sería un municipio de ese departamento.
“Ese es un asunto que debemos tratar de inmediato y lo vamos a llevar al Consejo de Gobierno" aseveró aseveró el mandatario regional tras señalar que con la decisión de las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso, llevaremos a cabo dicha propuesta a ver si de una vez podríamos crear un municipio que se llame Belén de Bajirá y tenerle toda su autonomía, recursos propios y llamar a elección popular para que elijan alcalde”.
El Gobernador Pérez resaltó en forma positiva la decisión de dichas células legislativas de devolver al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el informe que esta entidad presentó sobre los límites del corregimiento de Belén de Bajirá entre Antioquia y Chocó, por inconsistente.
Pérez Gutiérrez destacó y se mostró de acuerdo con la decisión de dicha célula legislativa que exhorta al Ministerio del Interior para que eleve una consulta previa en la región, sobre la disputa que tienen los habitantes de ese corregimiento y que está en una controversia de territorialidad entre el departamento de Antioquia y El Chocó.
“El Senado y la Cámara ha tomado la decisión de devolver el informe del IGAC porque no era el adecuado” sostuvo el Gobernador de Antioquia, al resaltar que para eso es la democracia. “Hoy Antioquia tiene que estar feliz porque hemos logrado conservar la integridad del territorio”, afirmó Pérez Gutiérrez en su intervención ante dichas comisiones de Senado y Cámara de Representantes.
Fue contundente en señalar que el IGAC “no puede hacer una raya y remendar el mapa de un país. La ley claramente dice que hay que estudiar qué ha pasado históricamente en los territorios”.
Finalmente destacó que quitarle al departamento ese territorio significa una modificación al censo electoral y para eso “se requieren leyes especiales y desmembrar un territorio que lleva 100 años en Antioquia y tiene muchas complejidades jurídicas y legislativas, eso es lo que hoy se ha demostrado”.
Redacción Ecos. Foto Leonardo Vargas.- La decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible el Fast Track, le abrió paso al Congreso de la República, para implementar el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc que permiten iniciar el camino de la reconciliación y la convivencia en Colombia, después de más de cinco décadas de conflicto armado.
En ese sentido, los Ministros del Interior, Defensa, y Justicia, radicaron el primer proyecto de ley que compromete al Senado y la Cámara de Representantes a sesionar de manera permanente para agilizar el trámite de las diferentes iniciativas que le dan el soporte jurídico a la paz.
El presidente del Congreso Mauricio Lizcano, señaló que el primer proyecto es el de amnistía que permite brindarle seguridad jurídica a los integrantes de las Farc que se desmovilicen.
"Este miercoles se designan los ponentes y será radicado el texto con el que se inicia la discusión. El lunes 19 de diciembre se iniciará el debate y la aprobación en las comisiones primeras conjuntas. Se espera que entre el 26 y 28 de diciembre esta iniciativa quede aprobada en plenarias", resaltó el Presidente del senado Mauricio Lizcano.
De otra parte el ministro del interior Juan Fernando Cristo anunció que esta semana será radicado el acto legislativo que crea el partido qué le dará participación política a las FARC, así mismo la reforma constitucional que permite crear la justicia especial para la paz y el que crea la Unidad para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, entre otros.
