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Por Giovanni Décola.-En un foro en la Universidad Nacional de Colombia, el exjefe negociador del Gobierno en los acuerdos de La Habana, Humberto de la Calle Lombana, en una clara referencia al Vicepresidente Germán Vargas Lleras, advirtió que en Colombia “no podemos instaurar la República del coscorrón”.
De la Calle se ha dedicado a recorrer el país en la defensa del proceso de paz y criticando a quienes se oponen abierta o soterradamente a la reconciliación nacional.
Sin embargo y pese a los cantos de sirena que muchos seguidores le hacen a De la Calle para que anuncie y proclame su candidatura presidencial, aún guarda silencio sobre esa posibilidad. No obstante, sus declaraciones públicas dejan un claro aroma de candidato presidencial acercándose a los sectores que prestan un decidido apoyo al proceso que se está implementando para consolidar la paz y que ya sembró su semilla por el fin del conflicto.
Esa alusión a Germán Vargas Lleras deja traslucir que De la Calle, no quiere futuras alianzas con quien, algunos sectores del Gobierno, lo responsabilizan de la derrota en el plebiscito.
Pues si bien es cierto el Vicepresidente le dio un apoyo al sí, muchos creen que fue de dientes para afuera, puesto que las críticas que le hizo a la Justicia especial para la Paz, Columna vertebral del proceso, fueron muy evidentes y dejaron notar su desgano por ese tema.
Esto deja claro, que de protocolizarse la aspiración de Humberto de la Calle, buscaría alianzas con sectores afines a la paz como el Partido Liberal, la U, el Partido Verde y sectores de izquierda, sin descartar algunos sectores progresistas del Partido Conservador.
Redacción y Foto: Ecos.- Por vía decreto el Gobierno Nacional inicia un revolcón al Sistema de Beneficiarios para Programas Sociales, principalmente para impedir que se sigan “colando” personas que no lo necesitan, pero que sí impiden prestar el servicio a los ciudadanos más vulnerables en el territorio colombiano.
La reforma denominada “Revolcón al Sisben”, permitirá de una vez por todas que el sistema arroje puntajes justos para las familias más necesitadas, así como castigos tanto a funcionarios como a ciudadanos que mientan para recibir subsidios que no necesitan.
El protagonista de esa iniciativa es el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria Muñoz, quien aseveró que se trata de implementar mayor justicia social para que los subsidios del Estado lleguen a quien de verdad los necesita y no a quienes hacen trampa para acceder a ellos.
Para ponerle freno a los colados, la depuración de los listados los realizará planeación nacional teniendo en cuanta los ingresos de las familias y no solo el entorno social en donde viven.
Gaviria dijo que a través del decreto se trata de unificar las definiciones relacionadas con el sistema para asegurar un lenguaje común y claro en su implementación. También aclara las actividades de los diferentes niveles de gobierno en la administración de la base de datos.
Destacó Gaviria la importancia del anterior aspecto porque determina las actividades que en relación con la operación del Sisbén deben desarrollar el Departamento Nacional de Planeación, las gobernaciones, los municipios y distritos.
“Con el decreto se hacen explícitas las responsabilidades de cada nivel de gobierno, a diferencia de la normatividad anterior en la cual no era claro el rol de algunos actores como los coordinadores departamentales”, explicó el director de Planeación, al agregar que el decreto establece la definición de los procedimientos precisos para la inclusión, validación, control de calidad y exclusión de la base de datos: “esto, garantizará control y transparencia en la información de la base de datos del Sisbén”.
Así mismo dijo que se establecen procedimientos más eficaces para la depuración de la base desde los territorios, siempre velando por el respeto al debido proceso que se debe adelantar pero define que pueden excluirse registros de personas de la base de datos del Sisbén, relacionados algunos con inexactitudes e incongruencias de la información, con el fin de promover que los ciudadanos reporten información veraz al Sistema. “Es decir para sacar a los colados del Sistema”.
No se escapa en la medida facilitar el intercambio de información entre entidades públicas y el Sisbén para mejorar la calidad de la información. Esto será clave para cruzar bases de datos y detectar con mayor facilidad a los tramposos.
Redacción y Foto Ecos.- El inicio del trámite del proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso y que permitiría beneficios para más de 40.000 presos en Colombia, empezó a generar controversia tras las críticas del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y del Procurador Fernando Carrillo.
La iniciativa, que se acumuló con otro proyecto de origen parlamentario, inició su trámite con rechazo por parte del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira quien fue severo en señalar que dichas iniciativas, “debilitan, en nuestro sentir, la acción del Estado contra el delito”.
Agregó que “la Fiscalía en reiteradas ocasiones ha expresado su preocupación por las iniciativas legislativas que, en medio de la crisis penitenciaria, buscan el otorgamiento de beneficios indiscriminados a favor de la población carcelaria, sin reparar suficientemente en sus consecuencias, desde la perspectiva del mantenimiento del orden y la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos”, argumenta el Fiscal General de Colombia.
Martínez Neira en una misiva enviada al Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, destacó que “su aprobación implicaría la libertad inmediata de los procesados por el escándalo de Odebrecht y un retroceso enorme en los esfuerzos que adelanta la sociedad por recuperar la ética pública”.
El Fiscal Martínez fue más allá de y dijo que “otorga una rebaja de la quinta parte de las condenas (20%), que no solamente impactaría el tratamiento criminal del homicidio, el hurto y las lesiones personales, de tanto impacto social, sino que increíblemente favorecería a los miembros de organizaciones criminales imputados por concierto para delinquir e, inclusive, a narcotraficantes”.
El Fiscal pidió de inmediato una reunión del Consejo de Política Criminal para examinar los proyectos que benefician a las personas privadas de su libertad.
Medidas humanitarias
El ministro de justicia Enrique Gil Botero fue contundente en defender la propuesta legislativa y dijo que el proyecto no se presenta solo con motivo de la visita de su santidad Francisco, “porque ello podría ser inconstitucional”. Agregó que “se busca no es descongestionar por descongestionar, sino en lo que hoy se ha denominado el no populismo punitivo, empezar a construir una política coherente en materia carcelaria.
El Ministro Botero destacó que el proyecto tiene como razón de ser medidas humanitarias y del sistema de política carcelaria, “para que no vaya a ser tachada de inconstitucional, porque estamos en un Estado Laico, no en un Estado Otomanito Fundamentalista desde ningún punto de vista”.
Fue preciso en señalar que lo que se busca con esa iniciativa es que las personas que están condenadas por delitos que no sean graves y que no tengan que ver con el derecho internacional humanitario, se puedan beneficiar.
Aseveró Botero que la corrupción se considera un delito grave por eso “este tipo de delitos están vetados específicamente en un parágrafo del proyecto”.
El Procurador Fernando Carrillo, se sumó a la controversia sobre el tema y dijo que no se trata de abrir las puertas de las cárceles y sacar gente, por eso apoyó la comisión de política penitenciaria para discutir el proyecto de ley.
Dijo que en esa comisión deben participar además, el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, “con el fin de fortalecer los tratamientos de resocialización y el control de seguridad”.
Mientras el debate genera más controversia a nivel nacional e internacional, lo cierto es que el Congreso tiene la palabra: legislar para aprobar o archivar.
Redacción Ecos. Foto El País.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, denunció que solo en el 2016 se agredieron 385 activistas de D.H. en Colombia y aseveró que es un problema supremamente peligroso en medio del avance del proceso de paz, por eso consideró que se debe trabajar en alianzas para contrarrestar esa grave situación.
Aún más, se estableció que hasta el 31 de diciembre de 2016 se presentaron 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a la privacidad y además cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes Lgbti, tres sindicalistas, un afro y dos líderes juveniles, fueron asesinados.
Según las investigaciones los autores de dichos crímenes fueron militantes del ELN, EPL, milicianos y disidentes de las Farc, particulares; y la policía en un caso de una protesta social. Los hechos se registraron en los departamentos del Cauca, Antioquía, Norte de Santander y Córdoba.
Según el informe conocido por www.ecospoliticos.com, se recomienda que “el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía, la Unidad Nacional de Protección, las autoridades regionales y locales, cumplan con los compromisos políticos y técnicos acordados con defensores de derechos humanos que siguen siendo amenazados” y resalta que “hay casos de activistas en esta materia con órdenes de captura que terminan en detenciones prolongadas, esto a pesar de la falta de pruebas, que afectan las diligencias en las investigaciones”.
Todd Howland fue contundente en señalar que tanto el Estado como las Farc deben reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el conflicto, por eso deben generar procesos efectivos de reparación, esto, en consenso con las víctimas.
Aseguró que el Estado y las Farc deben garantizar la no repetición priorizando un enfoque de género, los derechos de los niños, especialmente desvinculando los menores de la guerrilla; la participación de las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros, destacando que deben existir límites y regulaciones en el otorgamiento de amnistías, indultos y medidas especiales, así como redoblar los esfuerzos para poner fin al desplazamiento forzado.
Evidencia disminución de la violencia
Sobre el informe el ministro del interior Juan Fernando Cristo señala que tiene una diferencia radical con los que se han revelado en años anteriores: “lo que evidencia una disminución efectiva de la violencia en el país”.
Destaca Cristo que “el impacto positivo del Acuerdo con las Farc en los territorios no se nos puede olvidar. Hay razones de optimismo, esperanza y los desafíos para consolidar la paz territorial”, dijo Cristo, quien señaló que siguen amenazas frente a la situación de los defensores de derechos humanos en Cauca, bajo Cauco Antioqueño, Chocó, Catatumbo y el pacífico nariñense. “Coinciden esos lugares con zonas en donde se presentaba ocupación, presencia y dominio de las FARC, con zonas en donde hoy hay cultivos ilícitos y minería ilegal. Ahí vemos homicidios y amenazas”, dijo.
El Ministro Cristo fue directo y dijo que las amenazas y acciones vienen de ‘El Clan del Golfo’, que tiene interés en amedrentar a la población para hacerse a las economías ilegales: narcotráfico y la minería ilegal, “pero estamos trabajando para atacar esos dos frentes”, afirmó.
Prensa Vicepresidencia.-En un acto que contó con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos y personalidades de varios sectores del país, el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, hizo su balance de gestión, en donde mostró los amplios resultados alcanzados en materia de Infraestructura, Vivienda y Agua, sectores que por más de dos años y medio estuvieron bajo su coordinación.
“Escogí al doctor Vargas Lleras como fórmula vicepresidencial para mi segundo mandato, y le asigné unas funciones que ha cumplido con lujo de competencia: coordinar, impulsar y supervisar los programas, no solo de vivienda y agua, sino también de infraestructura en el país. En todo ese trabajo, titánico sin duda, encontré en el Vicepresidente un gran aliado, un gran ejecutor, un gran coordinador. No solo cumplió con toda lealtad, al realizar las tareas precisas que le asigné, sino que les cumplió a los colombianos que están viendo las obras hechas realidad. Colombia es otra y, por eso, mi inmensa gratitud con Germán Vargas Lleras”, expresó durante su intervención el Presidente Santos.
Vías e Infraestructura, obras en grande
El Vicepresidente Vargas Lleras comenzó su balance de gestión con los logros alcanzados en materia de infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria y férrea, sector que lideró bajo un nuevo régimen de contratación trazado para hacer más efectivas y transparentes las licitaciones públicas, lo cual le permitió adelantar la revolución en infraestructura fijada por el Presidente Santos en toda Colombia.
Acompañado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Vicepresidente sacó adelante el programa de las Autopistas de Cuarta Generación (4G), en el que se están invirtiendo $39,6 billones, gracias a los cuales se intervienen 5.803 kilómetros distribuidos en 10 proyectos de la primera ola, 9 de la segunda ola, 2 de la tercera ola y 12 a través de Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Privada, para un total de 33 proyectos.
Otros $6 billones se invierten en obras públicas a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). $4 billones a través del Plan de Vías para la Equidad, con el que se ejecutan 58 proyectos y un total de 664 kilómetros, y $2 billones en dos proyectos estratégicos: Puente Pumarejo y la vía Buga – Buenaventura.
“Estamos muy orgullosos con los proyectos de Cuarta Generación y de Vías para la Equidad que se adelantan por todo el país. Estamos llenos de alegría, porque tenemos muchas obras que mostrar”, expresó emocionado el Vicepresidente.
En materia de aeropuertos las obras también se ven. $3,4 billones invertidos en la modernización de 55 terminales aéreas, de las cuales 29 ya se entregaron, 22 están en construcción y 4 en estructuración. 8 puertos marítimos y 55 terminales portuarias, en los que se invierten 2.370 millones de dólares, también hacen parte de la gestión adelantada por Vargas Lleras.
El Vicepresidente Vargas Lleras agregó que gracias al modelo de contratación implementado por el Gobierno Nacional aumentó significativamente la confianza inversionista en el país, nacional y extranjera. “Por ejemplo, durante mi gestión, el Invías adelantó 119 licitaciones públicas y para las cuales se recibieron 4.757 ofertas. Lo mismo pasó en la ANI con 66 licitaciones públicas y 1.130 ofertas recibidas. Por su parte la Aerocivil ejecutó 68 licitaciones públicas y recibió 1.962 ofertas. Si hacemos promedios, podemos ver que se promovió la competencia, lo que permite aumentar la calidad y reducir los costos de la obras. Y lo mejor, cero reclamos, cero demandas, lo que demuestra transparencia y honestidad”, dijo.
Vivienda, una gran transformación
De la mano del Vicepresidente el Gobierno Santos creó y puso en marcha una nueva política de vivienda que dio resultados históricos. Vargas Lleras logró reformar, de manera revolucionaria, el acceso a la vivienda, para que muchas familias pudieran cumplir el sueño de tener casa propia.
El Vicepresidente entendió que las familias más pobres y vulnerables requerían un subsidio en especie, es decir, darles una casa, o de lo contrario no podrían acceder a una. Fue ahí donde nació el programa de las casas gratis, que en tiempo récord y con un novedoso esquema de contratación logró hacer felices a miles de familias: 110.000 construidas y entregadas en la primera fase, en 282 proyectos adelantados en 212 municipios de 29 departamentos, con una inversión de $4,4 billones.
“Las casas gratis fueron, no solo un acto de justicia y equidad social con los que nada tienen, sino que se convirtieron en una herramienta clave para reducir la pobreza. Y vamos por más, dejamos en marcha otras 30.000, que son las de la fase dos, con una inversión de $1,8 billones, ya se están construyendo por todo el país”, expresó el Vicepresidente.
Y entendiendo que más que una casa, había que entregarles a las familias beneficiadas con el programa de gratuidad la infraestructura social que les permitiera mejorar aún más sus condiciones de vida, el Vicepresidente lideró el programa de equipamientos, en el que se invierten $930.959 millones, gracias a los cuales se construyen 34 colegios (10 entregados, 24 en ejecución) y 47 Centros de Desarrollo Infantil (16 entregados, 6 terminados y 25 en ejecución), obras cofinanciadas por el Ministerio de Vivienda.
13 bibliotecas públicas, 3 puntos Vive Digital y 59.018 conexiones a internet, 6 Centros de Salud 2 hospitales, 57 parques, 29 refuerzos de cuadrantes, 5 CAI, 3 estaciones de policía, 13 centros de integración ciudadana, y 15 CAI móviles también hacen parte de la infraestructura social, gracias a convenios firmados con otras entidades por Germán Vargas Lleras cuando fue Ministro de Vivienda.
Otros programas se diseñaron y se pusieron en marcha bajo el liderazgo del Vicepresidente Vargas Lleras: Mi Casa Ya Ahorradores, dirigido a hogares que ganan entre uno y dos salarios mínimos, 40.000 familias ya dejaron de pagar arriendo y cumplieron el sueño de tener vivienda, una inversión de $877.026 millones en subsidios. Otras 40.000 están en construcción. Mi Casa Ya Cuota Inicial, el Subsidio a la Tasa de Interés para vivienda social (VIS) y prioritaria (VIP), y el Subsidio a la Tasa de Interés para no VIS.
Agua y Saneamiento, del fracaso al éxito
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, también hizo el balance de gestión del sector de agua potable y saneamiento básico, en el que revirtió con éxito los problemas que habían generado atraso y desigualdad social, como la ineficiencia al contratar las obras de acueducto y alcantarillado, y la corrupción en el proceso de construirlos y operarlos.
Dijo que en los seis años del Gobierno Santos se han adelantado 2.073 proyectos de acueducto y alcantarillado, con una inversión de $7,6 billones. De estos, 1.510 ya se entregaron y 563 están en construcción, beneficiando a 9,8 millones de colombianos.
“Municipios como San Juan de Urabá, y El Carmen de Bolívar por fin tienen el 100% en la cobertura de acueducto. Los pobladores de Sahagún, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica ya tienen acceso al agua potable. Una gran gestión, que a pesar de las vacas flacas, continuará hasta el 2018”, manifestó Vargas Lleras.
Para que el agua y el alcantarillado lleguen hasta las casas, especialmente de los más pobres, el Vicepresidente diseñó el programa de conexiones intradomiciliarias, gracias al cual 32.270 familias de estratos uno y dos ya tienen acceso real a estos servicios, con una inversión de $173.647 millones.
El balance en materia de acueductos rurales también es positivo: 48 proyectos, 35 entregados y 13 en ejecución, gracias a inversiones del orden de los $198.000 millones que benefician a 98.500 campesinos de 45 municipios y 17 departamentos.
Agenda Legislativa, otra transformación
El Vicepresidente Germán Vargas Lleras concluyó su balance de gestión, refiriéndose a la tarea ejercida mientras fue Ministro del Interior y Justicia, entre 2010 y 2012, tiempo en el que logró aprobar un conjunto de leyes y reformas que les dieron más derechos y beneficios a los colombianos.
Leyes para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y los derechos fundamentales; leyes para fomentar la transparencia en la gestión pública y modernizar el Estado; leyes para fortalecer la justicia y el ordenamiento territorial; y leyes para mejorar las condiciones de competitividad de Colombia en el contexto internacional. En total, 59 leyes aprobadas y 3 actos legislativos.
Como Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, logró tramitar y que fuera aprobada, en tiempo récord, la Ley de Vivienda, con la que se comenzó a hacer historia en Colombia en materia habitacional.
“Le agradezco al Presidente Santos haberme permitido liderar una de las transformaciones más importantes que se han realizado en Colombia. Qué satisfacción haber podido contribuir a ello. Gracias por su confianza y por compartir este sueño de pensar en grande. Creo que la revolución que hicimos en infraestructura, vivienda, agua potable y saneamiento básico, será uno de los legados que más recordarán los colombianos del Gobierno Santos”, concluyó, visiblemente conmovido, el Vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Por Luis Fernando García Forero. Foto Leonardo Vargas.- El Senado de la República luego de siete horas de debate aprobó por 61 votos contra 2 el proyecto de Acto Legislativo que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, iniciativa catalogada como la columna vertebral del proceso firmado entre el Gobierno y las Farc y que permite de una vez por todas cerrar el conflicto armado entre las partes porque se ocupará de establecer las responsabilidades individuales de los crímenes cometidos por ese grupo insurgente, los agentes del Estado y los actores civiles, en 52 años de lucha armada.
La aprobación dela JEP en la plenaria de la corporación llevó a los Ministros del Interior y de Defensa, entre otros, que asistieron al debate y votación, a respirar tranquilos, ya que la iniciativa tuvo inconvenientes de tramite no solamente por falta de quorum sino porque en la apertura de la discusión del proyecto, en la sesión anterior, se calentó el ambiente por las ofensas e insultos entre los senadores que apoyan y critican la creación de la JEP.
El Gobierno tenía toda la batería puesta en la sesión con los Ministros de las diferentes carteras, que no dejaban de dialogar con los senadores de las diferentes bancadas, ante la mirada de los congresistas del Centro Democrático cuya embestida para que se hundiera la iniciativa, no cesaba.
La bancada de Cambio Radical en el Senado, juiciosamente le hizo caso al jefe natural de esa colectividad Germán Vargas Lleras, quien por estos días no se aparta del Presidente Juan Manuel Santos inaugurando obras, pero que se despide este miércoles de la Vicepresidencia de la República para empezar el camino por la jefatura de Estado, apoyando el compromiso político del actual Gobierno: conseguir a como dé lugar la paz de Colombia.
Uno de los protagonistas principales en la discusión de la JEP fue el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez quien fue un crítico del proyecto pero que en la discusión de la propuesta frente al tema del narcotráfico se acordó cuándo este podrá ser de competencia de la JEP y cuándo de la justicia ordinaria. Martínez, el Gobierno y los senadores mayoritarios quedaron contentos con lo aprobado sobre ese tema específico.
En total, el gobierno avaló 83 proposiciones, que según el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, modificaron todo el articulado del proyecto. La propuesta gubernamental pasa a conciliación con lo aprobado en la Cámara de Representantes y luego a revisión de la Corte Constitucional.
Así las cosas, es otra iniciativa aprobada por el Congreso que se suma a la arquitectura jurídica para el desarrollo del posconflicto.
Redacción Ecos. Foto Cancillería.-La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia insta al mundo a través de la ONU para que se establezca un nuevo enfoque que luche contra el problema de las drogas.
“Las cifras son contundentes. Estamos lejos de resolver los múltiples problemas asociados a las drogas ilícitas”, aseveró la Canciller colombiana en el segmento de alto nivel del 60º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se realiza en Viena, Austria.
Holguín dijo que en el 2012 se cumplieron cien años de la Convención del Opio, que fue el primer Tratado internacional sobre drogas, con el que se intentaba controlar la producción y comercialización de la morfina e incluía también la cocaína, por eso fue contundente en señalar que “ha pasado más de un siglo y seguimos en la misma batalla”.
En su exposición la ministra Holguín recordó que Colombia ha promovido la discusión internacional “seria, informada, franca e incluyente, que analice y reenfoque las políticas de drogas, dados los frustrantes resultados globales y las fluctuaciones en los resultados nacionales”.
Aseveró el país ha enfrentado el problema de las drogas y pagado un alto precio para frenar el cultivo, la producción y el tráfico de narcóticos: “lamentablemente, nuestros grandes esfuerzos, sostenidos por décadas, así como los de muchos otros países, no han conducido a desmantelar el multimillonario negocio de las drogas ilícitas que todo lo corrompe y que muta con agilidad vertiginosa”.
Fue más allá de esas palabras y señaló que “haciendo un balance sincero, la comunidad internacional debe aceptar que está lejos, muy lejos, de eliminar o reducir las adicciones, la producción, el tráfico de sustancias ilícitas y el lavado de activos, como lo demuestran las cifras globales de Naciones Unidas”.
Problema de salud pública
La ministra Holguín, quien estuvo acompañada en ese foro internacional del ministro del posconflicto Rafael pardo, fue directa en señalar que es el momento para implementar las recomendaciones de la UNGASS, que recoge el consenso más reciente de la comunidad internacional y el de más alto nivel, y que adopta el enfoque de las drogas como problema de salud pública y no un enfoque represivo.
Admitió la canciller colombiana que “lamentablemente Colombia no escapa a las tendencias mundiales en materia de drogas” y manifestó que “el consumo de sustancias sicotrópicas en el país está aumentando de manera considerable. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre 2008 y 2013 el porcentaje de personas que consumió alguna sustancia el último año ascendió del 2.6 al 3.6%”.
Destacó que para responder a la problemática del consumo, el Gobierno puso en marcha el ‘Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de Drogas’, con enfoque de Salud Pública y Derechos Humanos.
Sobre el capítulo de drogas del Acuerdo de Paz afirmó que ante los beneficios previstos por la sustitución voluntaria de cultivos en la etapa del posconflicto, los campesinos colombianos están aumentando sus siembras con el fin de acceder a los recursos que el Estado ofrece.
“Esta estrategia nos pone frente a un horizonte mucho más promisorio”, aseguró y resaltó que “la solución al problema de las drogas ilícitas, hace parte del Acuerdo, incluye de manera expresa el compromiso de los ex miembros de la guerrilla de romper todo nexo con el cultivo, la producción y el tráfico de sustancias ilícitas”.
Redacción Ecos. Foto: oei.es.- Un artículo de Enrique Santiago Romero, asesor de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final y que fue publicado en el diario El País de España, plantea que es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que en Colombia el proceso de paz se estanque.
Pone de presente que los retrasos en la construcción de las 26 Zonas Verdales Transitorias de Normalización (ZVTN) han sido el primer problema encontrado en el proceso de implementación, la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistia el 30 de diciembre que contempla su aplicación de oficio o a instancia del solicitante, no se ha aplicado como debe ser: a principios de febrero solo se habían otorgado 8 amnistías y ninguna libertad condicionada. Los jueces alegaron que la ley era deficiente y que se necesitaban unas normas de procedimiento para aplicarla.
Señala Romero que el 17 de febrero se aprobó un Decreto presidencial que incluía el procedimiento de aplicación elaborado por los propios jueces colombianos. “El pasado día 6 de marzo, los jueces de ejecución de penas, los competentes para aplicar la amnistía, se declararon en paro alegando falta de medios para aplicar la amnistía. A fecha de hoy se han aprobado algo menos de setenta amnistías a guerrilleros, cinco autorizaciones de traslado a ZVTN y ninguna libertad condicionada. No se tiene noticas de que se haya aprobado ninguna medida equivalente respecto a miembros de la Fuerza Pública”.
Sostiene Romero que eso está generando una situación muy peligrosa entre las bases guerrilleras. Se incrementa la desconfianza ante las instituciones y el Gobierno que firmó el Acuerdo de Paz y por tanto crece la desconfianza sobre el cumplimiento de lo acordado.
Anota asesor de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, Santiago Romero que “las garantías de seguridad –léase desmantelamiento del paramilitarismo- son uno de los más importantes logros de este proceso de paz. No se olvide que el Acuerdo Final se alcanzó en un contexto en el que continúa existiendo violencia de grupos paramilitares de extrema derecha, continua el enfrentamiento del Estado con otros alzados en armas –ELN- y continúan existiendo importantes economías ilícitas”
Dijo que el compromiso del Gobierno no es únicamente garantizar el monopolio legítimo del Estado en el uso de la fuerza y de las armas, sino desmantelar las estructuras civiles que durante décadas han organizado, financiado, instigado y aprovechado política y económicamente a los grupos paramilitares.
Romero sobre el tema va más allá y señala que “la Fiscalía General de la Nación (FGN), ignorando el acuerdo de paz alcanzado, intenta impedir la puesta en marcha de esta Unidad Especial, a la vez que intenta modificar el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprovechando el proceso de implementación legislativa actualmente en curso y que también está resultando sumamente complejo debido a la inestable mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno del presidente Santos”
Dice que la FGN no da resultados importantes en la investigación y castigo de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y campesinos que han venido apoyando el proceso de paz. “En 2016 y lo que va del 2017 son más de 130 los asesinados. Desde la firma del Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, son casi 80 las personas pertenecientes a los anteriores colectivos que han sido asesinadas.
Señala que no se han concretado las políticas de reincorporación política y social de las FARC EP una vez abandonas las armas, destacando que a la fecha existe un atraso sustancial en el diseño de esos programas.
Se refiere a lo que ha pasado en los acuerdos de paz en el mundo y dice que la ONU viene alertando sobre el alto porcentaje de fracaso que han tenido los programas de reincorporación a la vida social de los grupos guerrilleros que en las últimas décadas han efectuado dejación de armas tras firmar acuerdos de paz. “Estos fracasos tienen habitualmente como consecuencia el incremento de la violencia, de la delincuencia y de las economías ilegales”.
Redacción Ecos. Foto SIG.-“El desequilibrio en el acceso a los medios de comunicación, financiamiento político-electoral en favor de la opción ‘Sí’, la premura con la cual se convocó al plebiscito y la falta de pedagogía para explicar los acuerdos”, fueron las principales conclusiones de la misión de la OEA que estuvo presente en el plebiscito donde ganó el “No” y que aumentó la polarización en Colombia, por lo que plantearon que debe ser de suma importancia un diálogo político para avanzar en la paz.
El Jefe de la Misión y ex Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, anotó en la presentación del trabajo realizado por dicha misión, que “el sistema electoral colombiano respondió de forma satisfactoria ante el proceso y evento plebiscitorio a pesar de no contar con el tiempo ideal para su planificación”.
Resaltó la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso de conteo de votos: “la transmisión de resultados preliminares fue ágil y expedito, lo que sitúa a Colombia como el país con el sistema más rápido de la región, pero subrayó que “el tiempo y la premura para llevar a cabo el Plebiscito impidieron desarrollar algunas etapas como la apertura del censo electoral para recibir nuevas inscripciones o aceptar cambios de domicilio”
Colom destacó sin embargo el esfuerzo desplegado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral para el éxito de la jornada del domingo 2 de octubre.
En conclusión señalaron que “el resultado del Plebiscito reflejó la importancia de un mayor diálogo político, que permita multiplicar los esfuerzos para alcanzar y consolidar una paz que trascienda en el tiempo”, sin embargo resaltó que “sin perjuicio de la polarización política y la crispación que este proceso plebiscitario generó en el país, los miembros de la Misión desplegados en el territorio nacional observaron un clima de tranquilidad donde primó el respeto”.
Por Luis Fernando García Forero.- La Jurisdicción Especial para la Paz, tema que convocó a la plenaria del Senado, se convirtió en un hervidero de ofensas de las diferentes bancadas, y pese al escaso quorum, fue un espectáculo donde los medios y la opinión calificaron la sesión como una vergüenza, mientras que para otros, entre ellos algunos congresistas, no es más que un reflejo de la nación.
La cita tenía como objetivo fundamental el inicio de la discusión del proyecto de reforma constitucional que establece una Jurisdicción Especial para la Paz, resultado del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc.
Empezó mal la plenaria del senado porque no se logró el quorum decisorio que permitiera de manera juiciosa iniciar la discusión de ese importante proyecto.
Con un número considerable de curules vacías se dio inicio a dicha sesión en periodo extraordinario, desde las horas de la mañana, pero el fantasma de los impedimentos se atravesó, lo que llevó a que se dilatara el avance de la propuesta.
Pero mientras en los alrededores del capitolio, en una mañana lúgubre, por el frio del centro capitalino, periodistas, funcionarios y visitantes, esperaban el desarrollo del debate del proyecto, dentro del recinto del senado se empezaba a calentar el ambiente por las ofensas entre uno y otro senador, que hicieron eco en la casa de la democracia.
A la sesión asistía un representativo número de ministros, militares y funcionarios del Gobierno Santos, quienes se convirtieron en testigos de excepción del desarrollo agresivo de la plenaria de la corporación.
No faltó que el correo de voz a voz en los pasillos del capitolio llegara al interior del recinto en el sentido de que se estaba rumorando que el proyecto de la JEP lo estaban dilatando "porque la mermelada no estaba funcionando y que además se la estaban dando solo a un reducido número de congresistas".
De repente el Presidente del Senado Mauricio Lizcano reclamó la falta de quórum y principalmente a su bancada, la U: “ustedes le responderán mañana al país”.
Inmediatamente el senador Armando Benedetti replicó y le dijo: “que le responda, le responda, aquí abajo si quiere”. Lizcano de inmediato le contestó: “yo respondo dondequiera, lo que le quiero decir senador Benedetti es que esta mesa directiva no mencionó ni nombre ni personas”, respuesta que no le convenció a Benedetti.
De otra parte la senadora Claudia López pidió la palabra para reprochar la actitud de la bancada del Centro Democrático que se ausentó del recinto para ir a almorzar a la sede social en el momento de la votación de los impedimentos: “es que aquí no los invitamos a que vengan al salón social, sino a legislar. Con todo lo que se ganaron en la cúrul en una rifa de regalo, y ni siquiera así la ejercen” y agregó: “y los otros chantajeando, vaya uno a saber si es por puestos o contratos. Respeten a Colombia”, aseveró la controvertida senadora del Partido verde.
Otra salida ofensiva fue la del senador uribista Carlos Felipe Mejía. Estaba en el uso de la palabra Jairo Estrada, de Voces de Paz, quien dijo que no le gustaba la posición del Centro Democrático frente a la JEP, de inmediato Mejía respondió: “Porque como es vocero de las Farc, le gusta con plomo”, de inmediato Francisco Toloza, también de Voces de Paz, increpó: “con motosierra”.
El senador del CD Carlos Felipe Mejía no se quedó callado con lo que le dijo Toloza, de Voces de paz y señaló: “lo que no le permito es que nos diga a nosotros que hemos utilizado motosierras. Respete. Sinvergüenza”.
Una sesión desafortunada no sólo para los congresistas sino para la opinión nacional e internacional.
Este jueves en medio de los comentarios en las redes, las gentes de los barrios y en cada esquina, y de la comunidad internacional, el Presidente Juan Manuel Santos invitó a los integrantes de la rama legislativa del poder público a que retomen el próximo lunes la discusión del proyecto de reforma constitucional que establece la Jurisdicción para la Paz, elemento fundamental para viabilizar jurídicamente la reconciliación entre los colombianos.
El debate está planteado, el país lo necesita para la paz. La arquitectura jurídica del posconflicto no da espera. Los congresistas tienen la palabra.
