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Redacción Ecos. Foto El Heraldo.-El tercer ciclo de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, para lograr el fin del conflicto con ese grupo insurgente se extenderá hasta el mes de septiembre que coincide con la visita de su santidad Francisco.
A través de un twitter, el jefe de la delegación de paz del Gobierno Nacional, Juan Camilo Restrepo, informó que “El tercer ciclo de negociaciones con el Eln se extenderá hasta la víspera de la llegada del Papa a Colombia: comienzos de septiembre”, escribió en la red social, confirmando que el tema centra a tratar es el del cese el fuego.
Restrepo fue contundente en destacar a través de las redes que “el cese al fuego es imposible si simultáneamente no se cesan hostilidades contra la sociedad civil. Este es un binomio indisoluble. Ejemplos de hostilidades: secuestro en todas sus expresiones, enrolamiento de menores, minas antipersonal, atentados contra oleoducto”.
Sobre dicho aspecto la guerrilla del ELN ha insistido en que se debe finalizar la agresión contra el movimiento popular y las tendencias políticas que quieren cambios en el país e igualmente se tomen medidas frente a las alianzas, que dicen, habría entre la Fuerza Pública y el paramilitarismo.
Así mismo que se garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos que tiene el movimiento social. Acabar con las acciones que provocan desplazamiento, bloqueo y control de alimentos, medicamentos y bienes que se requieren para la supervivencia de las comunidades; terminar la judicialización de los líderes sociales y la protesta social, y la solución al hacinamiento de la población carcelaria.
Por Luis Fernando García Forero. Foto: FSH Arts.- Entrevistar a dos colosos de uno de los géneros musicales, que expresa con exactitud, sentimiento y belleza el sentir popular: la salsa, es una experiencia enriquecedora, más aún, cuando Colombia construye sus espacios de Paz y Reconciliación.
Valores que a estos gigantes de la música han acompañado durante los 54 años de su carrera artística. Ecos entrevistó a Ricardo Ray y Bobby Cruz en un diálogo productivo en el Capitolio Nacional en Bogotá.
Ecos: ¿Qué significa para Ricardo Ray lograr obtener la ciudadanía colombiana?
RR: Un sueño de toda la vida. Colombia es nuestra segunda patria y desde hace muchísimos años que grabamos Colombia Bogalú, tenemos una relación muy estrecha con el pueblo colombiano. Ustedes nos han apoyado a través de todos estos años de carrera artística. Estamos felices y, te repito, esto es como un sueño realizado.
ECOS: ¿Cómo van a celebrar la nueva ciudadanía?
RR: Estamos felices por eso y cuando se termine el proceso de la ciudadanía, se va a hacer un concierto dedicado a la Paz de Colombia. Vamos a invitar a todos los artistas colombianos que se unan con nosotros a celebrar este tremendo acontecimiento en nuestras vidas, para seguir orando por la Paz de Colombia.
ECOS: Llega usted a obtener la ciudadanía colombiana, en un momento oportuno, ¿cómo ve el Proceso de Paz en Colombia?
RR: Hace años que venimos orando por eso y lo seguiremos haciendo para que todo llegue a buen puerto: el puerto de la convivencia ciudadana. Que haya Paz, porque todos los colombianos y los nuevos colombianos se lo merecen. (Risas). Colombia necesita la Paz.
ECOS: La Paz de Colombia se merece una composición. ¿Está esto dentro de los proyectos de Ricardo Ray?
RR: Sí, la verdad se está cocinando varias cositas, como decimos por ahí. Estamos seguros de que algo saldrá sobre ese tema.
ECOS: ¿Sería una composición para poner a bailar en Paz al pueblo?
RR: Por supuesto, además de celebrar, para emocionarnos por ese acontecimiento que se merece el pueblo colombiano. La Paz no da espera por Dios.
ECOS: ¿Qué proyectos tiene inmediatos con Bobby Cruz?
RR: Viene un libro mío y de Bobby, así como un documental que realizaremos en Broadway.
ECOS: No podríamos dejar de entrevistar a su vocalista Bobby Cruz. También en el proceso de la ciudadanía colombiana. ¿Cómo va eso y qué significa para Bobby tener la nacionalidad colombiana?
BC: Primero que todo déjeme saludarlo Luis Fernando y darle gracias a toda la prensa del país. Ustedes siempre nos han tratado con un gran respeto. Por ejemplo, en otros lugares siempre te hacen preguntas de doble efecto. Como quiere que te contesten siempre estás mal. Pero en Colombia la prensa ha sido muy profesional y maravillosa.
ECOS: ¿Cómo siente a Colombia ahora después de más de 54 años donde le han cantado a nuestro país?
BC: Efectivamente hace más de 54 años cuando compusimos Colombia Bugalú, porque unos amigos míos de Barranquilla me pidieron que hiciéramos algo para este país. Estábamos empezando a salir ante el mundo musical y el género de la Salsa y fue Miguel Scharp de Barranquilla quien nos dijo que si hacíamos algo para Colombia él nos promocionaba. Lo hicimos por amistad con él y no pensábamos que llegara a ser todo un éxito. Y fíjese que todavía le estamos cantando a Colombia.
ECOS: ¿Podemos esperar su voz salsera pero con un canto a la paz?
BC: Cantarle a la Paz de Colombia es parte del sueño que tenemos. Hace más de 20 años un Presidente de la República nos pidió que oráramos por la Paz de Colombia, y desde entonces en todas nuestras presentaciones nosotros lo hacemos y vemos que cada día se está haciendo realidad, pese a ciertos sectores que no apoyan el proceso. La Paz se está viendo, vislumbra. Es un país mucho más pacífico de lo que era. Queremos hacer ese concierto por la paz invitando a todos los artistas colombianos, de todos los géneros de música colombiana a que se unan con nosotros. Va a ser un concierto de 12 horas y que todos se unan y digan presente y ahí vamos a tirar las puertas por las ventanas y darle gracias a Dios por lo que se está haciendo en el país.
ECOS: El sueño que tienen de cantarle a la Paz de Colombia ya está listo?
BC: (Risas…) Salsa sin límites, ya eso está hecho.
ECOS: ¿Qué mensaje deja a través de Ecos a los colombianos?
BC: El mejor mensaje es que el amor que ustedes nos tienen a nosotros es reciproco. Nosotros también amamos a este país, por eso queremos ser colombianos.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: U. Marcelino/Reuters.- El Expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado este miércoles a nueve años y seis meses de prisión, por cargos de corrupción en el proceso conocido como "Lava Jato", según información emitida por el Juez a cargo del juicio, Sérgio Moro.
La condena a Luis Inácio Lula da Silva asombra y conmueve a América Latina y al mundo. Sobre todo porque lo consideraban no solo un exjefe de Estado, sino un ícono de la justicia social y de la izquierda de los trabajadores y un hombre de poderosa influencia en su país.
"Es el político más popular de la Tierra", decía en 2009 el entonces presidente estadounidense Barack Obama, respecto del líder brasileño. La popularidad de Lula parecía traspasar fronteras e ideologías. La mano que alzase tenía asegurado el apoyo popular.
Nacido en el Estado de Pernambuco, fue electricista y obrero antes de convertirse en Presidente de Brasil. Ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores (PT) en 1980 y desde entonces su carrera política fue en ascenso. En 2003 fue elegido Presidente del país más grande de América Latina y gobernó entre 2003 y 2010. Creó el programa "Hambre Cero" para ayudar a los más necesitados. Acusado en diferentes causas, Lula siempre negó los cargos.
"Lula se corrompió y corrompió a la sociedad brasileña", lo acusó en 2015 Hélio Bicudo, uno de sus antiguos compañeros de batalla del PT.
Lula fue condenado por haber aceptado de la empresa OAS un soborno en forma de un apartamento de tres pisos en Guarujá, en la costa del Estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.
La sentencia de Moro, emitida en primera instancia, puede ser recurrrida aún por Lula. Inicialmente no estaba claro si el ex mandatario iba a ser arrestado ya en prisión preventiva.
Varios medios citaron directamente el veredicto de más de 200 páginas divulgado este miércoles. El caso del "tríplex en Guarujá" era el más grave en el que estaba acusado el ex líder obrero e ícono de la izquierda latinoamericana por "Lava Jato".
El ex mandatario debe responder aún en cuatro juicios más relacionados con la megacausa que investiga desde hace más de tres años una enorme red de corrupción en torno a Petrobras.
Lula, de 71 años, ha anunciado en varias ocasiones su intención de volver a presentarse a la presidencia en las elecciones de 2018 como candidato de su Partido de los Trabajadores (PT). Varias encuestas te adjudican la mayor intención al voto. Dilma Roussef, su hija política, dijo, al saberse la sentencia, que el Pueblo de Brasil lo liberaría al hacerlo Presidente en 2018. Todo es posible.
El Juez Federal Sergio Moro, que condenó al Expresidente Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del exmandatario para evitar "ciertos traumas".
"Considerando que la prisión cautelar de un Expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde" al juicio en segunda instancia, "antes de extraer las consecuencias propias de la condenación", expresó Moro.
Sin embargo, el juez, a diferencia de otras sentencias en las que decretó la detención y prisión preventiva del condenado, decidió que Lula "podrá presentar su apelación en libertad".
Moro afirmó que "con los episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas (que atribuye a Lula), hasta habría cabido decretar la prisión preventiva", pero aclaró al final no lo hizo por "prudencia".
Ojalá esta sentencia al carismático Lula anime a los demás magistrados de América Latina a condenar la corrupción, la más grave expresión de la falta de ética de las clases dirigentes.
Por Redacción Ecos. Foto: OJO.- La Policía Nacional Española desmanteló una Red de Pedófilos de 15 países, la mayoría de habla hispana, en una operación que se saldó con 50 detenidos, informaron este miércoles las autoridades europeas. Los agentes detectaron un chat de la aplicación de mensajería Whatsapp en el que numerosos pedófilos de distintos países intercambiaban pornografía infantil.
La operación en colaboración con Interpol y Ameripol, condujo al arresto de 11 pedófilos en España, incluido un menor de edad que era uno de los administradores del grupo, y de otros 39 en Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela e Italia.
Uno de los detenidos en Paraguay, un hombre de 47 años, reconoció haber abusado de sus hijas de 6 y 15 años y compartió videos y fotografías de los abusos en Whatsapp. Otro detenido en Panamá se hacía pasar por menor para conseguir el material de sus víctimas y los dos detenidos en Bolivia se lucraban con la venta de las imágenes.
En México fue necesario que uno de los registros se realizara durante la noche, dado que el investigado residía en una zona con una elevada presencia de la criminalidad organizada. En un dispositivo "relámpago” el detenido fue arrestado, siendo encontrados en su domicilio un elevadísimo número de archivos de abusos sexuales a menores "de muy corta edad", informó la Policía Nacional.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: SRF.- La canciller alemana, Ángela Merkel, cerró la Cumbre del G20 este sábado, con una rueda de prensa en la que se mostró "muy contenta", al revelar el comunicado final de la cumbre 0. En el documento, los miembros del grupo respaldaron de forma unánime el libre comercio y todos, menos EE.UU, ratificaron su apoyo al Acuerdo de París, el cual afirmaron que es "irreversible" y debe ser aplicado "lo más rápido posible". Merkel cerró la cumbre abogando por la unidad para afrontar los desafíos globales.
"Estoy feliz ahora de que se haya conseguido, que se haya dejado claro que los mercados deben seguir abiertos", declaró la anfitriona sobre el respaldo de los miembros al comercio internacional.
Merkel subrayó que el comercio internacional produjo "los debates más intensos" de la cita, pero que finalmente se pudo alcanzar un consenso que evitara una nueva escalada en el conflicto comercial.
La Jefa del Gobierno Alemán también indicó que el G20 se mostró unánimemente en contra del "comercio injusto", abogó por que los intercambios internacionales estén "basados en reglas" y destacó que, incluso en el caso del acero, se ha apostado por buscar una solución multilateral.
El comunicado conjunto, reconoció también el derecho a emplear "instrumentos legítimos de defensa comercial", en una clara cesión a las posiciones de EE.UU.
En su comparecencia ante los medios, la mandataria alemana recordó que desde el inicio de la cita ha estado dispuesta a trabajar para lograr compromisos, pero sin ocultar los "disensos" y el comunicado final muestra esos "desacuerdos".
Merkel declaró que tras la decisión de EE.UU. de "lamentablemente" abandonar el Acuerdo de París, el resto de los líderes del G20 han decidido permanecer "unidos" y ratificar su apoyo a ese pacto, aprobando también un plan de acción por el clima y la energía.
La mandataria también recordó la importancia de la unidad entre los miembros del bloque para afrontar los desafíos globales. "En muchos puntos quedó patente que juntos aquí podemos alcanzar mucho más que actuando solos", afirmó en la rueda de prensa.
A pesar de los desacuerdos con EE.UU., la canciller alemana valoró la participación del Presidente Donald Trump y subrayó que pese a las "difíciles negociaciones", mostró su satisfacción por haber alcanzado finalmente "buenos resultados". Merkel aseguró que la participación de Trump fue constructiva en la cita, que se preveía complicada por las posturas de Washington en relación con temas como el cambio climático y el comercio internacional.
No obstante, aprovechó el foro para nuevamente reiterar que Europa debe asumir su futuro "con sus propias manos" y no depender de otros, en alusión al reciente cambio de postura de la mandataria hacia EE.UU. de cara a los desacuerdos sobre sus posturas en comercio, el cambio climático, y la OTAN.
Los miembros del G20 también se comprometieron firmemente a cooperar en la lucha contra el terrorismo, algo que definieron como un "fenómeno global". Para ello, abogaron por un mayor intercambio de información entre los países miembros que permita garantizar la seguridad. Asimismo, mostraron su disposición a cooperar de forma más intensa con el objetivo de cortar sus fuentes de financiación.
El G20 o Grupo de los 20 países en desarrollo, también conocido como G21, G22, G23 y G20+, es un grupo de 23 naciones en desarrollo, establecido el 20 de agosto de 2003. El grupo formalmente surgió en la 5ª Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Cancún, México, del 10 de septiembre al 14 de septiembre de 2003. Su influencia es importante en el desarrollo de alianzas, acuerdos y programas de cooperación es decisiva.
Redacción Ecos Foto SIG.- Limitar “severamente” el beneficio de casa por cárcel, entre otros aspectos, forma parte de uno de los proyectos, en materia legislativa, para atacar la corrupción en Colombia, un tema que llegó al fondo y donde tiene a más de 50 funcionarios de la Fiscalía procesados por ese delito.
En la celebración de los 25 años de la Fiscalía General de la Nación, el Presidente Juan Manuel Santos anunció que en uno de los proyectos legislativos busca limitar “severamente” el beneficio de casa por cárcel y explicó que otra iniciativa pretende ampliar el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción.
“La corrupción es hermana de la violencia y en Colombia, lastimosamente, hay mucho que contar al respecto”, dijo el mandatario colombiano ante la mirada del Fiscal General Néstor Humberto Martinez Neira en la efemérides de ese organismo investigador y que está en el ojo de los colombianos por los actos corruptos de un representativo número de sus funcionarios.
El Jefe de Estado sostuvo que “acabamos de adicionar importantes recursos al presupuesto de la Policía Nacional para fortalecer el Grupo Anticorrupción de la Dijin, con más funcionarios y tecnologías de avanzada”, al tiempo que señaló que las iniciativas que se van a presentar al Congreso serán radicadas el 20 de julio.
“Se pretende limitar, tanto como sea posible, los beneficios que la justicia ofrece”, enfatizó Santos quien manifestó su desacuerdo en que “solo por aceptar cargos, el imputado obtenga hasta un 50 por ciento de rebaja, sin tener que restituir el patrimonio de los colombianos ni delatar a otros”.
Dijo que con el proyecto de Ley de Probidad, otra iniciativa legislativa, se ampliará “el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción” y fue contundente en señalar que “ni Fiscal, ni Procurador, ni Auditor, ni Contralor, podrán nombrar a familiares de quienes los postulan; y los funcionarios públicos, en general, tampoco podrán recibir regalos, viajes, hospedajes o viáticos de quienes tengan o hayan tenido intereses en contratar con sus entidades”.
El Presidente Santos también dijo que con la Reglamentación de “Gestión de Intereses”, “los lobistas tendrán la obligación de inscribirse formalmente; y toda cita que acuerden con funcionarios estatales deberá registrarse y ser de público conocimiento y destacó que el Gobierno incentivará la denuncia de conductas corruptas y se brindará protección a quienes denuncien.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: J. Cohen/Notimex.- En la Democracia, la Soberanía Popular es delegada en el Parlamento, libremente elegido, como expresión de su voluntad. La sede parlamentaria es, en este sentido, el Templo de la libertad. Más aún, como sucede en Venezuela, que es la única institución que ha sido legítimamente votada por los ciudadanos.
En la celebración del 206º Aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela, hordas chavistas invadieron el Palacio Legislativo, golpeando despiadada e impunemente a los diputados elegidos democráticamente, dejándolos ensangrentados y reteniendo durante 7 horas a 120 trabajadores, 108 periodistas y 94 diputados de la oposición como rehenes, bajo la mirada complaciente de la Guardia Nacional y de la Policía encargada de la custodia del recinto.
Lo que sucedió no es extraño a los ciudadanos venezolanos. Ha sido el comportamiento cotidiano del gobierno chavista y madurista y de los grupos armados para tal fin. En los 18 años de administración roja, los grupos armados, denominados paradójicamente, los Colectivos de la Paz, no sólo han lesionado y asesinado impunemente, sino han atacado instituciones y demás dependencias, incluyendo las sedes de medios de comunicación, organizaciones empresariales, industrias, comercios, escuelas y otras muchas sedes de la sociedad venezolana.
La indefensión ciudadana es parte de la pérdida del estado de derecho y, por ende, del orden constitucional, ya que la violencia es cotidiana en todo el territorio de Venezuela, siendo uno de los lugares más peligrosos y de mayores tasas de criminalidad del mundo.
El presidente de la AN, Julio Borges, informó de cinco diputados heridos (Juan José Molina, Armando Armas, Américo de Grazia, Richard Blanco, Juan Guaidó) y siete funcionarios del Parlamento lesionados. Armas y De Grazia fueron atacados con palos y piedras en la cabeza, y en el caso de De Grazia se hizo necesaria atención médica de urgencia, sostuvo el legislador José Manuel Olivares. También habrían resultado lesionados los diputados Luis Carlos Padilla, Leonardo Regnault, y Nora Bracho, según la cuenta de Twitter de la AN.
El Presidente Nicolás Maduro rechazó lo sucedido. "Yo condeno absolutamente esos hechos. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno, y he ordenado su investigación y que se haga justicia", afirmó el jefe de Estado desde un desfile cívico militar en Caracas.
Gracias a las redes sociales, el Ataque a la Soberanía Popular se hizo viral y global. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, fue el primer funcionario que condenó hoy el asalto a la Asamblea Nacional de Venezuela ocurrido el miércoles y llamó al Gobierno a castigar a los responsables.
"Con este ataque se vuelven a perjudicar seriamente el orden democrático y el estado de derecho en Venezuela", señaló Gabriel en un comunicado difundido en Berlín. En sus palabras, no es justificable que la Policía estatal no haya protegido la sede legislativa.
Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH) condenó el ataque y pidió que la investigación que se ha abierto sea "rápida, eficaz e imparcial". "Condenamos el ataque violento el 5 de julio contra la Asamblea Nacional Venezolana y lamentamos el hecho de que legisladores y trabajadores hayan resultado heridos por civiles armados, así como la destrucción de propiedad", dijo la portavoz Elizabeth Throssell.
Por su parte, los países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, expresaron su "más categórico rechazo" a las agresiones contra diputados y funcionarios perpetradas en la Asamblea Nacional de Venezuela.
"Tales hechos, precedidos de una intervención de altas autoridades del Poder Ejecutivo, sin previo acuerdo de las autoridades legislativas, constituyen un avasallamiento del Ejecutivo sobre otro poder del Estado, inadmisible en el marco de la institucionalidad democrática", señala un comunicado del bloque regional difundido por la Cancillería de Argentina, que ejerce la presidencia pro témpore del bloque.
En un comunicado, el Departamento de Estado instó al Gobierno de Nicolás Maduro a "proveer inmediata protección" a la Asamblea Nacional, en manos opositoras, a "llevar a los atacantes ante la Justicia" y a asegurar que los heridos "reciban atención médica".
"Esta violencia, perpetrada durante la celebración de la independencia de Venezuela, es un asalto a los principios democráticos de los hombres y mujeres que lucharon por ella hace 206 años", apuntó Estados Unidos.
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro, utiliza "el terror" para "permanecer en el poder" tras el asedio con heridos al Parlamento Venezolano.
En un comunicado, Almagro dijo que "la utilización del terror sobre los ciudadanos y la institucionalidad revela que la represión constituye una acción sistémica con la que el Gobierno pretende asegurar su permanencia en el poder e instaurar la violencia institucional del Estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad".
El gobierno persigue su plan de imponer una Asamblea Constituyente, a pesar del amplio rechazo en la población y duras críticas desde el extranjero. El proceso de dialogo entre la oposición y el gobierno, iniciado hace meses por el Vaticano ha fracasado.
El registro de las últimas semanas de protestas es devastador. Según la ONG independiente "Foro Penal", unas 90 personas han muerto ya en las protestas. Desde principios de abril, un total de 3.278 personas han sido detenidas, 400 de ellas fueron juzgadas en tribunales militares. Según la ONG, hay 391 presos políticos en Venezuela y existen informes sobre tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
Por Redacción Ecos. Foto: M. Heine.- Activistas de La Guajira Colombiana participaron en un coloquio en Colonia, Alemania, a los fines de para dar a conocer la situación de la mina del Cerrejón.
La mina de carbón del Cerrejón en Colombia, con una extensión de 69.000 hectáreas, es la más grande a cielo abierto en América Latina. Explotada por un consorcio transnacional formado por BHP Billiton, Glencore y AngloAemica plc hasta el 2034, la mina está situada en La Guajira, en territorio del pueblo indígena Wayuu, entrando en conflicto con las comunidades que habitan en la zona.
En una presentación que se llevó a cabo en Colonia este lunes, activistas colombianos dieron a conocer las consecuencias que ha producido la explotación de la mina.
Samuel Arregocés del Consejo Comunitario de negros ancestrales de Tabaco, vivió el desalojo forzado de su comunidad en 2001. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia Colombiana ordenó su reubicación, él asegura que llevan "15 años exigiendo a la empresa El Cerrejón que relocalice a la comunidad”.
Otros impactos son la alteración del clima y la contaminación del aire y del agua del Río Rancheria, explicó Jackeline Romero, del Colectivo Fuerza de Mujeres Wayuu, recordando que se ha vulnerado el derecho fundamental de consulta previa en el proyecto de desviación del afluente Arroyo Bruno.
"Siempre se ha permitido que la empresa Cerrejón viole los DD.HH. de las comunidades que se encuentran en esta zona”, lamentó Catalina Caro, de la organización popular ambiental Censat Agua Viva.
Con el objetivo de denunciar esta situación e intercambiar conocimientos y experiencias con los protagonistas y organizaciones de resistencia al carbón en Alemania, los activistas colombianos visitaron Berlín, Múnich, Leipzig y Münster, entre otras ciudades, en el marco de la gira "Paremos la mina". "No sabíamos que la resistencia era tan fuerte”, aseguró Caro.
La idea de la gira surgió tras una visita de la red "Coordinación federal de internacionalismo” (Bundeskoordination Internationalismus) de Hamburgo a la Guajira, a principios de este año.
Además de las ciudades, los activistas también visitaron las minas de carbón que se encuentran en Lausitz donde pudieron hablar con los afectados. "Es una situación similar, la empresa va ahí a dividir a las comunidades, a ofrecerles empleo a unas familias y compra a unos a mayor precio y a otros no”, explicó Arregocés mostrándose sorprendido por la situación.
"No estamos solos, es una lucha global, creemos que aquí en el Norte no sucede esto pero en Alemania el número de comunidades afectadas son 300”, añadió el líder indígena.
Mientras en Alemania existe una "política de transparencia de información a informes públicos, la Guajira tiene "veda militar"”, recordó Caro que se mostró sorprendida con las ocupaciones de zonas mineras que organiza el Colectivo Alemán "Ende Gelände", algo que en Colombia no es posible ya que "los activistas se juegan la vida”.
El punto final de la gira fue Hamburgo donde el colectivo llevó a cabo este miércoles un taller en el marco de la Cumbre de Solidaridad Global, la cumbre alternativa al G20. "Nos vamos con muchas expectativas de fomentar debate”, avanzó la representante indígena que se mostró fascinada con las experiencias sobre energías alternativas, como la solar, que podría implantarse en La Guajira.
En este sentido, Caro también subrayó la visita a una granja ecológica cerca de Leipzig de la que se pudieron obtener "ideas para pensar en la transición energética en el Cerrejón, en cómo vivir sin carbón”, sugirió.
Por MinIniterior y Ecos.- El Gobierno Nacional a través del viceministro del interior, Luis Ernesto Gómez, lanzó un nuevo programa de participación en desarrollo de la democracia en Colombia: “Causas Ciudadanas” con el objeto de gestionar peticiones que cuenten con 20 mil respaldos en plataformas digitales.
Miles de personas impulsan, a diario, causas en las redes sociales; sin embargo, todo se queda en muchos ‘Me Gusta’. Por eso el Ministerio del Interior lanza #CausasCiudadanas, una iniciativa de acompañamiento y gestión de peticiones, de interés general, que cuenten con 20.000 apoyos sumados entre “Me gusta” en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y firmas digitales en Change.org
El viceministro Gómez para socializar el programa y ponerlo en práctica se reunirá con los ciudadanos y organizaciones que alcancen los apoyos ciudadanos requeridos para entender la causa, visibilizarla y gestionarla ante las personas responsables. De esta manera se busca el fortalecimiento de la participación ciudadana digital, y la incidencia directa de los colombianos que se movilizan para exigir cambios, en otro espacio diferente a las calles.
“A los ciudadanos no solo hay que escucharlos cuando protestan, también cuando proponen. Vivimos en una era fascinante de participación que nos exige oír las voces de las redes sociales y a través de estas las peticiones que merecen la plena atención del Gobierno. Queremos incentivar a la ciudadanía a liderar causas pacíficas y a estrechar su relación de confianza con las instituciones”, afirmó el viceministro Gómez.
Cómo funciona?
1. Inscribir la petición en www.mininterior.gov.co
2. Publicar la causa y promocionarla hasta sumar 20 mil apoyos entre “Me gusta” en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y firmas digitales en Change.org
3. Usar el numeral #CausasCiudadanas y etiquetar las cuentas @MinInterior y @LuisErnestoGL o @LuisErnestoGomezL
4. El Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos se pondrá en contacto con el ciudadano u organización que lideró la petición para ofrecerle acompañamiento y gestión hasta lograr el objetivo.
Para que una causa sea gestionada debe cumplir con los siguientes requisitos: defender la garantía de derechos; apelar al interés general y convocar al mayor número de ciudadanos; ser de competencia estatal y no ser discriminatorias, ni anticonstitucionales.
El viceministro del Interior, también indicó que “de acuerdo a la plataforma Change.org, desde el 2014, 1.5 millones de colombianos han firmado alguna petición en línea en su página, pero solo una de cada 100 peticiones formuladas ha alcanzado su objetivo. Para lograr que las causas avancen y se conviertan en verdaderos logros ciudadanos, debemos pasar del “Me gusta” al “Hagámoslo”
Redacción Ecos. Foto: Reporteros Asociados.- Dichos recursos están asignados por ley para los colombianos más vulnerables, que pese al fin del conflicto con las Farc, la solución social a los problemas de los más necesitados, ronda aún por el territorio nacional.
Aunque esa cifra aún es mínima en materia social para lograr los objetivos, es el inicio de la búsqueda de soluciones en regiones donde el Estado ha estado ausente y fue remplazado en cierto modo por la insurgencia.
Uno de los objetivos del Gobierno Santos al sancionar la adición presupuestal es la de garantizar la continuidad de programas sociales que benefician a los pobres en materia de salud, alimentación escolar, subsidios eléctricos y el programa Familias en Acción, entre otros.
“Esta Adición Social garantiza la continuidad de programas que necesitan las familias más vulnerables de nuestro país, recursos para que nadie se quede sin atención en el régimen subsidiado de salud, para el Programa de Alimentación Escolar, para las familias rurales colombianas, los subsidios eléctricos a hogares de estratos 1 y 2, y las 2 millones de Familias en Acción”, señaló el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
La nueva ley impulsará la economía nacional, de acuerdo con las inversiones que se realizarán en el sector agropecuario, minas y energía, educación, inclusión social, salud y el posconflicto.
Educación
El presupuesto total para el sector de educación aumentó $1,52 billones a $35,4 billones siendo el más alto registrado en la historia.
De lo adicionado a educación, $355.000 millones van para el pago de la nómina de pensionados del magisterio a través de Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.
También se garantizaron $280.000 millones para que el Icetex pueda mantener 420.000 becas y créditos educativos, incluyendo los de Ser Pilo Paga en el que hay 33.000 jóvenes beneficiarios.
Además, se refuerza el presupuesto para el Programa de Alimentación Escolar PAE, que comparte su financiación con las entidades territoriales, para el cual se destinan $110.000 millones.
Agro, minas y salud
Al sector agropecuario, se le brindó una adición total de $680.000 millones, con lo que el presupuesto total es de $2,8 billones.
La adición al sector de minas y energía alcanza $1,6 billones, para un total de $3,97 billones que se utilizarán para financiar los subsidios de energía eléctrica, gas natural y GLP, que reciben los hogares en estratos 1 y 2. Es decir, para los hogares de estrato 1, el valor promedio mensual de la factura de energía eléctrica, será un 40 % de su costo real.
Para el sector Salud se destinó $1 billón en la Adición Social, para un presupuesto total de $23,3 billones.
Una partida para el Ministerio de Salud de $100.000 millones se destinará a la red hospitalaria del país, recursos con los que se busca mejorar la calidad del servicio a través de mejor infraestructura y mejores equipos para los hospitales.
Además, $85.000 millones para complementar plan de vacunación del país, que es el más completo de América Latina, con 24 vacunas para los menores de edad que brinda la mayor cobertura.
Para el caso del sector de la inclusión social y reconciliación se adicionó $1.35 billones, logrando un presupuesto total de $11.3 billones.
Con estos recursos se asegura mantener el acceso de 2 millones de familias al programa Familias en Acción. Además, se destinaron $677.000 millones para garantizar el pago oportuno a los beneficiarios, $129.000 millones para la Unidad de Víctimas y $123.000 millones para la atención integral de la primera infancia a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
