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Redacción Ecos. Red alas.net.- El Consorcio Internacional Sobre Política de Drogas, una red mundial de 177 ONG que incluye a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtió al Gobierno que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos “perpetúa la violencia y genera nuevos conflictos…y potencialmente amenaza la aplicación efectiva del acuerdo de paz”.

En carta al jefe de Estado colombiano la Directora Ejecutiva Asesora Principal para América Latina, de dicha red, Ann Fordham Coletta Youngers, reconoce y apoya el esfuerzo del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC, pero expresa su “profunda preocupación por la intensificación, cada vez más militarizada, de la erradicación forzosa de cultivos de coca, especialmente en áreas donde las comunidades ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos”.

En la misiva sostienen que el Punto 4 del acuerdo sobre “el problema de drogas ilícitas” reconoce que la pobreza, la exclusión social y la violencia han impulsado la propagación del cultivo de coca en todo el país.

En ese sentido señalan que se están firmando acuerdos entre comunidades locales, familias particulares y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a través de los cuales cultivadores y cultivadoras acceden a eliminar la coca a cambio de recibir una compensación en efectivo e inversión gubernamental en sus comunidades”.

Finalmente urgen al Presidente Santos que se asegure de que “todas las instituciones gubernamentales colombianas, incluyendo el Ministerio de Defensa, respeten los acuerdos de sustitución de cultivos, apoyen el diálogo genuino con las comunidades locales para superar las dificultades en su implementación, y cesen la erradicación forzada en áreas donde se firmaron tales acuerdos o donde están siendo negociados”. 

La siguiente es la misiva que la Red de ONG le envió al Presidente Juan Manuel Santos:

18 de agosto de 2017.

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de Colombia

Estimado Señor Presidente Santos:

El Consorcio Internacional Sobre Política de Drogas es una red mundial de 177 ONG especializadas en cuestiones relacionadas con el uso y la producción de drogas fiscalizadas.

El Consorcio trabaja para fomentar el debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas de drogas en los ámbitos nacional e internacional, y apoya las políticas que se fundamentan en evidencias científicas y que reducen eficazmente el daño relacionado con las drogas.

Nuestra red global cuenta con una amplia experiencia en el análisis de políticas de drogas y ofrece servicios de asesoría a encargados de políticas y funcionarios de todo el mundo.

Le escribimos hoy para expresar nuestro fuerte apoyo al Acuerdo de Paz firmado entre su Gobierno y las FARC, que representa una esperanza genuina de reducir las violaciones endémicas de los derechos humanos, la violencia y el conflicto en Colombia. Sin embargo, también escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la intensificación, cada vez más militarizada, de la erradicación forzosa de cultivos de coca.

El Punto 4 del acuerdo sobre “el problema de drogas ilícitas” reconoce que la pobreza, la exclusión social y la violencia han impulsado la propagación del cultivo de coca en todo el país. Por lo tanto, se están firmando acuerdos entre comunidades locales, familias particulares y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a través de los cuales cultivadores y cultivadoras acceden a eliminar la coca a cambio de recibir una compensación en efectivo e inversión gubernamental para asistencia técnica, infraestructura y otros beneficios. Como organizaciones con experiencia en políticas de drogas en varios países (incluyendo lo que hemos visto de pasadas experiencias en Colombia), creemos firmemente que los agricultores pobres que cultivan coca, amapola o cannabis no deben ser criminalizados y que tal cultivo sólo puede ser reducido por medio de un apoyo gubernamental sostenido para el desarrollo rural equitativo.

Queremos resaltar también que el documento final de la UNGASS llama gobiernos a atender el cultivo de plantas prohibidas a través de “estrategias amplias destinadas a aliviar la pobreza y fortalecer el estado de derecho… y la promoción del desarrollo sostenible destinado a mejorar el bienestar de las poblaciones afectadas y vulnerables mediante alternativas lícitas” (párrafo 7(a)).

Por esta razón, estamos profundamente preocupados por los informes sobre erradicación forzosa y los choques violentos entre los erradicadores y población local, especialmente en áreas donde las comunidades ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos. Estas acciones no solo perpetúan la violencia y generan nuevos conflictos, sino también socavan el espíritu mismo de los acuerdos de sustitución de cultivos y los esfuerzos de fomentar la confianza de las comunidades locales que han sido olvidados por mucho tiempo – lo que amenaza potencialmente la aplicación efectiva del acuerdo de paz.

Según un informe publicado el 15 de agosto de 2017 por el Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos OCCDI Global-INDEPAZ, entre junio y julio se registraron choques entre fuerzas de erradicación y poblaciones rurales en: El Retorno (sector de la Inspección La Paz y sus veredas aledañas); San José del Fragua (Caquetá), Tibú (Norte de Santander), Piamonte (Cauca), Puerto Rico (Meta), y Policarpa (Nariño), entre otros (véase también la reciente declaración de la sociedad civil).

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación sobre esta situación en una carta del 5 de junio de 2017, señalando que la erradicación forzosa “ha derivado en el resquebrajamiento de la confianza institucional, ruptura de los espacios de concertación y protestas sociales”.

Entendemos que oficiales del gobierno estadounidense están presionando fuertemente al Gobierno de Colombia para que cumpla con metas de erradicación de cultivos de coca. Sin embargo, la historia de erradicación de coca en Colombia muestra claramente que mientras las reducciones de cultivos a corto plazo pueden ser obtenidas por medio del uso de la violencia y la fuerza, no son sostenibles si no se abordan las condiciones subyacentes que conducen a su cultivo.

Se debería dar prioridad a la generación de confianza con las comunidades rurales y marginadas, la reducción de la pobreza y la violencia, y la construcción de una paz estable y duradera. Esto requiere de un margen de maniobra con respecto a los objetivos y plazos establecidos por el PNIS, y de promover una participación significativa de la comunidad para influir en las decisiones políticas que les conciernen.

Por lo tanto, le pedimos respetuosamente que se asegure de que todas las instituciones gubernamentales colombianas, incluyendo el Ministerio de Defensa, respeten los acuerdos de sustitución de cultivos, apoyen el diálogo genuino con las comunidades locales para superar las dificultades en su implementación, y cesen la erradicación forzada en áreas donde se firmaron tales acuerdos o donde están siendo negociados.

Atentamente, 

Ann Fordham Coletta Youngers

Directora Ejecutiva Asesora Principal para América Latina 

Redacción Ecos. Foto: Fernando Vergara-Associated Press.- En una reciente publicación del New York Times, los investigadores y analistas en temas de conflicto, Enzo Nussio y Oliver Kaplan, ponen de presente el éxito del desarrollo de la paz en Colombia, pero cuestionan que en el camino del posconflicto uno de los aspectos más delicados es el cómo mantener a los guerrilleros de las Farc fuera del combate.

No dudan en señalar que los colombianos deben ser inteligentes en su estrategia para reintegrar a la sociedad a los excombatientes, para romper de manera definitiva con el pasado. Por ello advierten que la tarea es abrumadora.

¿Cómo evitar que vuelvan a las armas las personas que han combatido durante décadas?, se preguntan y afirman que “ayudar a los exguerrilleros sigue siendo un asunto controversial, pero las nuevas estrategias basadas en evidencias dan motivos para esperar que la reintegración tenga éxito pese a los desafíos”.

Nussio, investigador sénior en el Centro de Estudios de Seguridad de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y Kaplan, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel de la Universidad de Denver y además miembro emérito del Instituto de la Paz de Estados Unidos, son claros en destacar que los antecedentes de las Farc son el primer obstáculo.

Señalan que “como ideólogos comunistas que tienen vínculos con la narco economía, muchos de sus miembros fueron reclutados de familias pobres y rurales en la infancia, y han sido guerrilleros por tanto tiempo que no conocen otra vida. La mayoría pasaron muy pocos años en una escuela como tal y no están acostumbrados a la vida civil”.

En la publicación de ese importante diario estadounidense Nussio y Kaplan expresan algunas críticas: el proceso ha sido lento. Los campos que acogerían a los rebeldes durante la transición no estuvieron listos a tiempo, entre otros aspectos como la obstrucción por parte de la oposición política, que siente que el acuerdo escatima a la hora de hacer justicia y castigar a los excombatientes.

Resaltan que las acciones del ELN aún complican los avances en materia de la reconciliación nacional porque ese grupo insurgente que está en diálogos con el Gobierno todavía sigue activo.

Ven con mucha preocupación que los líderes y activistas sociales que abogan por la restitución de la tierra y los derechos humanos, han sido blanco de violencia de grupos criminales neo paramilitares. “Esta tendencia preocupante recuerda el intento anterior de las Farc de incursionar en la política, en las décadas de 1980 y 1990, cuando miles de miembros del partido de izquierda, Unión Patriótica, fueron asesinados”.

Hacen un reconocimiento al esfuerzo de las partes que lograron el fin del conflicto tras señalar que el desarme de ese grupo guerrillero demuestra que están comprometidos con el acuerdo de paz.

“Nuestra investigación sobre la reintegración de los exguerrilleros y paramilitares colombianos ofrece una idea. Analizamos datos de una encuesta y registros de arrestos y realizamos entrevistas para identificar los factores asociados con los combatientes reincidentes, aquellos que regresaron a las actividades criminales o beligerantes. Para hacer más atractiva la vida como ciudadanos respetuosos de las leyes, el gobierno y los organismos internacionales deben adoptar una estrategia de tres vías ante los exguerrilleros”, expresan los investigadores del tema.

En primer lugar destacan que la asistencia a los excombatientes debe atender las necesidades individuales, el subdesarrollo en las áreas rurales que el Estado ha descuidado.

“Descubrimos que los programas de educación pueden ayudar a contrarrestar la reincidencia. Un exguerrillero de una desmovilización anterior al que entrevistamos reafirmó el valor perdurable de la educación en vista del periodo limitado del programa de reintegración: “Si termino mis estudios, siempre tendré eso. Podré sobrevivir, encontrar un trabajo y mejorar mi calidad de vida”.

Por otra parte expresaron que los combatientes que se unieron a los rebeldes motivados por la venganza o la búsqueda de aventuras constituyen casos más difíciles que aquellos que llegaron a la guerrilla por cuestiones ideológicas.

“Los hombres son más propensos a reincidir que las mujeres, ya que su idea de la masculinidad puede estar vinculada a la de su identidad como guerrilleros. Dado que la desmovilización de las mujeres puede presentar otros problemas, la atención psicológica debe satisfacer las necesidades de cada género”, resaltaron en la publicación.

Como segunda estrategia agregan que “la reintegración es una cuestión familiar. Descubrimos que tener hijos y buenas relaciones con miembros de la familia crea vínculos que hacen que los excombatientes observen las leyes. Otro exguerrillero al que entrevistamos nos dijo: “Tengo una hija y ella me da muchas razones para no volver a la delincuencia”. Una señal positiva es el auge de nacimientos que se está dando en los campos; anteriormente, para los guerrilleros era un tabú tener hijos”

Kaplan y Nussio ven como tercera estrategia el desarrollo en los territorios rurales, enfatizando, como lo dice el Presidente Juan Manuel Santos, que esas zonas  son el punto de arranque del proceso de paz.

“Descubrimos que los excombatientes participan más y mucho mejor en comunidades que tienen fuertes lazos sociales. El apoyo para las comunidades y las víctimas —por ejemplo, en forma de desarrollo de asistencia y fomento de organizaciones sociales— puede ser un camino efectivo y justo, aunque indirecto, para ayudar a los exguerrilleros. Las comunidades, por su parte, pueden alentar la reconciliación local y darles la bienvenida para que participen en reuniones y actividades, desde partidos de fútbol hasta trabajo público comunitario”, sostienen los investigadores. 

Finalmente señalan que “la adopción de la paz en Colombia es positiva en una región plagada de violencia. La reintegración exitosa puede aumentar la confianza pública en el proceso de paz y convertirse en una lección para el mundo sobre cómo lidiar con los problemas posteriores a un conflicto armado. Los próximos meses nos dirán si las víctimas y aquellos que hicieron la guerra pueden dar vuelta a la página en la historia del país”.

Por Felicia Saturno Hartt. Foto: J. Lago/AFP.-  El horror de la violencia contra la cotidianeidad de las personas y comunidades como objetivo estratégico, tuvo este jueves otra expresión de fuerte intensidad. Una furgoneta se subió a La Rambla de Canaletes y avanzó 700 metros atropellando a transeúntes, residentes, turistas. Dos sospechosos han sido detenidos y otro habría sido abatido. El Estado Islámico ya se adjudicó el ataque. 13 muertos y más de 100 heridos, 15 muy graves, en ataque terrorista en Barcelona, en dos puntos muy transitados de la ciudad condal, la Rambla y en el paseo marítimo de Cambrils.

Además de la furgoneta con la que se ha perpetrado el ataque, hay otra que los agentes han interceptado en Vic. Hay dos detenidos y se ha identificado a uno de los supuestos autores, Driss Oukabir, pero un hombre con esta identidad ha denunciado haber sido suplantado por su hermano. El conductor de un automóvil que arrolló a varios mossos, en un control ha sido hallado muerto a tres kilómetros de distancia.

El Estado Islámico ha reivindicado a través de su rama mediática, Amaq, el atentado terrorista perpetrado en Barcelona. “Los ejecutores del ataque en Barcelona son soldados del Estado Islámico y han realizado una operación contra un país de la Coalición”, clamó horas después del ataque el mensaje difundido por el ISIS en las redes sociales.

Los expertos interpretan que cuando los yihadistas hablan de "la Coalición" se trata de la Coalición internacional liderada por Estados Unidos que desde septiembre de 2014 bombardea objetivos del ISIS en Siria e Irak. Entre los 68 países participantes se encuentra España, que aporta unos 425 efectivos dedicados, principalmente, al adiestramiento de las Fuerzas Armadas iraquíes y la policía federal en a lucha contra el terrorismo.

España participa también en una operación bilateral con Francia en Gabón y Senegal, con dos aviones de transporte aéreo para tropas y material táctico con un despliegue de unos 100 efectivos. En Mali, donde los grupos terroristas se hacen fuertes en el norte, el Ejército español asiste a las tropas locales con 150 soldados.

En Turquía, además, en el marco de la OTAN, España ha desplegado una treintena de baterías antimisiles antes el riesgo de ataques desde Siria, donde se han destacado a 150 militares.

Como bien ilustra el analista Óscar Gutiérrez, el ataque terrorista de las Ramblas mezcla elementos de los que golpearon Niza y Berlín. En Niza, el autor del atropello masivo, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, siguió su violenta marcha hasta ser abatido por los disparos de las fuerzas de seguridad. Anis Amri, el terrorista que atentó en Navidad en la capital alemana, de origen tunecino como Lahouaiej Bouhlel, logró huir --una rara avis en la ejecución de estos ataques, con un fuerte componente suicida-- y fue reducido por la policía italiana en Milán cuatro días después.

Como en Barcelona, los terroristas de Niza y Berlín eligieron objetivos turísticos para, como ha instado el ISIS en decenas de comunicaciones, causar muertes de civiles de forma indiscriminada, de un modo sencillo desde el punto de vista operacional, sin un coste elevado ni necesidad de gran entrenamiento en tierras del califato. La ideología yihadista es clara.

Lo fue con Al Qaeda --aunque no caló profundamente--, con el sirio-español Mustafá Setmarian como ideólogo de cabecera, y lo es ahora con el ISIS: pide a sus seguidores formar células independientes --por lo que la actuación de lobos solitarios es inusual--, cortar lazos con la organización madre, si alguna vez los tuvieron y atentar con celeridad, una vez se tengan los medios, para evitar a las fuerzas de seguridad.

Una táctica terrorista de bajo costo, pero que logra el impacto que ISIS estima como el mayor logro de su estrategia global.

Nuestra solidaridad con las víctimas.

Redacción Ecos.- La reforma política que inició su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, no sólo abrió el debate con los temas y sus protagonistas, por la complejidad política que vive Colombia, sino que a eso se le sumó un memorial de peticiones por parte de la bancada de mujeres en el legislativo, para que sean tenidos en cuenta en la reforma constitucional que tiene a la expectativa a toda la dirigencia política del país.

Cinco puntos consignados en un documento, contiene la propuesta que incluye fundamentalmente implementar aún más los derechos del género dentro de la carta fundamental y se incluya mayor participación en la política y los procesos electorales, así como garantías en la defensa de sus derechos y deberes, no solo en la sociedad, sino en el ámbito del desarrollo de la democracia en Colombia.

Una de las protagonistas y que lidera la rebelión por la inclusión de los temas del género femenino  en el Acto Legislativo que se discute en el Congreso, es la Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Luz Adriana Moreno Marmolejo, quien fue contundente en señalar que todas las congresistas de Senado y Cámara, en representación del género en todo el territorio nacional, están exigiendo la inclusión de la mujer de manera equitativa en esa reforma política.

Los siguientes son los puntos que exigen dentro del manifiesto para defender sus intereses:

1. Aumento progresivo de la presencia de mujeres en las listas de candidaturas y en las estructuras de los partidos políticos.

2. Fortalecer el financiamiento para campaña y funcionamiento de los partidos: por mujeres y para las mujeres. Incremento del incentivo de financiación para funcionamiento que reciben los partidos según el número de mujeres electas y creación de un incentivo para anticipos de campaña que se reinvierta en sus candidaturas.

3. Acceso a medios de comunicación para mujeres en campaña.

4. Efectiva promoción de la cultura democrática con énfasis en la participación política de las mujeres. 

5. Mujeres en la arquitectura institucional electoral.

Por Redacción Ecos. Foto: Misión ONU/Colombia.- Más de 8.000 armas y alrededor de 1.300.000 cartuchos incinerados fueron transportados a una bodega central en Colombia, cuando la Misión de la ONU, en ese país suramericano, concluyó el proceso de extracción del armamento de las FARC-EP.

El Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, informó que se extrajeron todas las armas y municiones de los 26 campamentos de las FARC-EP, así como las que se encontraban en las caletas o escondites. Asimismo, señaló que la operación se realizó simultáneamente en Pondores, La Reforma, Yarí, La Guajira y La Variante. El proceso de extracción se realizó en 16 operaciones aéreas y terrestres y 10 terrestres.

Arnault subrayó la importancia de este proceso y lo que significa para el futuro de Colombia: “Esto me parece una cifra importante, porque demuestra que efectivamente, lo que se ha dado, no es solamente un proceso de dejación de armas individuales, sino un proceso exhaustivo de dejación de todo lo que contiene la fuerza militar o más bien los equipos meta de las FARC y pensamos que eso realmente encarrila al país hacia una nueva etapa”, dijo el alto funcionario.

Parte de las armas y municiones se fundirán para hacer tres monumentos a la paz, uno de ellos estará en Nueva York; otro en La Habana, ciudad sede de las negociaciones de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero; y el tercero en un lugar por determinar en Colombia.

Redacción Ecos.-Foto: El Clarín.- A partir de este miércoles 16 de abril la guerrilla de las Farc, que atacó por más de 50 años al Estado colombiano, nace a la vida civil, cuando las zonas de concentración, luego de la dejación de las armas, se convierten para los excombatientes en territorios de reincorporación con el objeto de asumir el reto de un nuevo partido político que debe buscar los votos, si quieren alcanzar el poder.

Dicho paso se convierte en uno más de la implementación de los acuerdos y que conducen a la reconciliación en Colombia, política que ha sido la bandera del Presidente Juan Manuel Santos,  pese a la oposición del Partido Centro Democrático que lidera el expresidente y senador Álvaro  Uribe Vélez.

Dichos territorios se convertirán además en zonas de preparación para los excombatientes porque un gran número de militantes de esa organización no tienen un grado de alfabetización ni el debido conocimiento de los avances en materia de la tecnología para acomodarse al desarrollo de la sociedad.

El censo que realizó la Universidad Nacional sobre ese aspecto, destaca que 1.139 exguerrilleros no tienen estudio y 5.689 apenas alcanzaron la primaria. Por ello varias universidades del país han ofrecido la capacitación en cada uno de esos sitios de concentración.

Alternativamente esa organización está anunciando el Congreso para fundar el Partido Político y que llevará el mismo nombre de las Farc: Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. “No queremos romper los vínculos con nuestro pasado, hemos sido y seguiremos siendo una fuerza revolucionaria", sostuvo Iván Márquez, quien participó en las negociaciones que llevó al Acuerdo para el fin del conflicto y que fue firmado entre las partes en el Teatro Colón.

De esa manera 10.015 exgerrilleros, incluyendo los que estaban pagando penas y milicianos de esa organización insurgente, entran a gozar y a participar de la vida civil, aunque faltan  quince días para que venza el plazo que tiene la Misión de la ONU con el objeto de extraer y destruir las caletas que faltan.

Se destaca que de ahora en adelante tanto la Policía como el Ejército podrán patrullar o transitar por estas áreas sin ninguna restricción. En cada una de esas zonas  habrá una unidad compuesta por 200 y 240 miembros de las Fuerzas Militares y 170 de la Policía Nacional.

El Presidente Juan Manuel Santos anunció que en esas zonas funcionarán las ‘carpas azules‘, donde la comunidad “podrá ir a reclamar, pedir ayuda y seguridad. Ahí está de alguna forma reunida toda la presencia del Estado, pero sobre todo la presencia de la Fuerza Pública” y además un representante de la Fiscalía y las Naciones Unidas.

Fondepaz se encargará de la manutención de los ex guerrilleros  hasta el 15 de octubre del 2017 para que la Agencia para la Reincorporación y Normalización pase luego a asumir esa responsabilidad. 

Cada excombatiente recibirá $690.000 mientras se capacita para asumir después el reto como ciudadano para que participe en el desarrollo de la democracia y mientras que están en el proceso de reincorporación podrán recibir a su familiares que desde hace años no los ven ni comparten.

Redacción Ecos. Foto: Vanguardia.- Así lo afirmó el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, quien fue enfático en manifestar que esa iniciativa tal y como fue presentada a consideración del Congreso, va a premiar a los corruptos en nombre de la paz.

Consideró el Jefe del Ministerio Público que esa reforma constitucional, que inicio su primer debate en la Cámara de Representantes, conlleva a darle “un puntillazo a los órganos de control. Así ser pillo sería una actividad rodeada de garantías”.

Rechazó de plano que “con el argumento de defender los derechos políticos se premie la participación en procesos electorales de quienes han sido sancionados por violar la ley y afectar el patrimonio público”.

Fue contundente en señalar que “someter a consulta judicial las decisiones sancionatorias de la Procuraduría o la Contraloría General es una irresponsabilidad histórica en momentos en que se exigen más herramientas contra la corrupción y no más estímulos para ser corruptos, ni más dilaciones en la imposición de la justicia”.

Agregó Carrillo Flórez que crear una instancia para revisar sanciones de inhabilidad no tiene relación con lo pactado con las Farc. “En ninguna parte está estipulado disminuir el poder de los órganos de control…” 

Finalmente aseveró que no creer que el Congreso esté dispuesto a “ponerse de espaldas a la opinión pública, que exige hoy más que nunca controles efectivos para erradicar la corrupción y fortalecer la democracia”.

Redacción Ecos. Foto: SIG.- Desde Cartagena donde recibió al Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, el jefe de Estado colombiano fue contundente en decirle que esa posibilidad no debe ser contemplada.

"Como los amigos tienen que decirse las verdades, le expresé al vicepresidente Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada. Ni Colombia ni América Latina –desde el sur del Rio Grande hasta la Patagonia–, podrían estar de acuerdo. América es un continente de paz. Mantengámoslo así", sostuvo el Presidente de Colombia.

Agregó que respalda todas las medidas que se tomen para acabar con el régimen de Maduro, menos la militar y enfatizó que la presión por parte de los países latinoamericanos debe mantenerse y se debe seguir incrementando para que la democracia en Venezuela se restablezca, a través de diferentes sanciones económicas y políticas.

“Nosotros respaldamos las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano, y respaldaremos medidas adicionales, pero siempre buscando una salida, ojalá negociada, pero sobre todo pacífica”, aseveró el Presidente Santos quien finalizó diciendo que “la transición del régimen venezolano a la democracia debe ser pacífica y rápida”.

Por su parte el Vicepresidente Mike Pence aseguró que Estados Unidos no permitirá que haya una dictadura en el hemisferio occidental. "Les prometo que Estados Unidos no va a cesar hasta que los venezolanos obtengan su libertad", aseguró. 

Dijo que su gobierno busca el apoyo de la región para aislar económica y políticamente a Venezuela, así como ocurrió con Cuba.

Por Luis Fernando García Forero. – El imperativo de la paz no se ha podido establecer en varias regiones del país. El mandato constitucional que se empezó a aplicar por la vía política a través del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, ha sido inferior a los intereses de muchos mafiosos y forasteros, que amparados en la ilegalidad, insisten en la vía armada, logrando que a través de amenazas e intimidaciones, desplacen los hogares de muchos compatriotas en las regiones apartadas de Colombia.

Un caso específico y actual nos deja perplejos: 37 familias en el departamento de Nariño, tuvieron que salir en los últimos días, bajo la angustia, por el plazo que les dio un grupo armado para que abandonaran el lugar, dejando a 92 personas con dolor en el alma al abandonar sus casas donde sembraron el presente y ahora les frustraron su futuro.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas fue testigo de esa anomalía que reveló el caso de los pobladores de la vereda Teraimbi en el municipio de Barbacoas. Ese organismo presenció la llegada de hombres y mujeres, con niños en los brazos, cargando sus pocas vestimentas y con la tristeza en el alma por haber dejado sus bienes, debido a la ignominia de los enemigos de la paz.

Pero las cifras de quienes padecen el fenómeno del desplazamiento son mayores. La Agencia de la ONU para los Refugiados dio a conocer, de acuerdo a datos de autoridades regionales y municipales, que la lucha por el control del territorio en la costa del Pacífico entre grupos armados irregulares, ya  ha desplazado a más de 3.500 personas desde los inicios del 2017.

Grave el hecho en esa región, que además de estar enmarcada por la pobreza, deben de nuevo afrontar el desplazamiento por el reinicio de la violencia.

Un peligro inminente que pone en riesgo todo el avance del proceso de paz y el camino del posconflicto que no va a hacer directamente proporcional a lo planteado por el Gobierno en el sentido de que la paz empieza por las regiones.

Simple y llanamente, el Estado no ha llegado a esas zonas y los grupos armados se están apoderando de esos territorios, que en la mayoría de ellos eran zonas donde reinaba el poder de las Farc.

El Gobierno Nacional debe de manera inmediata hacer un análisis del tema, ojalá a través de un Consejo de Seguridad, con los mandatarios regionales y locales, para buscar mecanismos que enfrenten ese enemigo andante que insiste en la violencia en el territorio nacional.

Los procesos sociales de convivencia no sólo se decretan, sino que se deben proteger y mantener bajo la premisa constitucional de brindar la honra y vida de los ciudadanos; pero también, se deben establecer mecanismos para derrotar a esos violentos con la organización comunitaria. 

El Gobierno tiene la palabra.

Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador. Foto archivo particular.- Esta semana se conoció el fallecimiento del polémico diplomático, que presenció el desarrollo del escándalo político y judicial del proceso 8.000, una época de turbulencia en Colombia con rumores de golpe de Estado. 

En preparación de un libro que viene en camino, luego de varias semanas de insistencia logré que Myles Frechette, embajador de Estados Unidos durante el gobierno de Ernesto Samper, me concediera una entrevista el pasado viernes 31 de marzo. Hablamos durante casi cuatros horas en la recepción del Hyatt Bethesda de Washington, sobre todo del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, y nada me hizo pensar que tuviera una enfermedad terminal. Por el contrario, lo noté vigoroso y ágil de pensamiento, con algunas lagunas de memoria en ciertos nombres, pero muy lúcido en sus planteamientos. Hoy pienso que si ya sabía que se acercaba su muerte, y si aceptó conceder la entrevista, fue porque había cosas que quería que se supieran, a sabiendas de que “hay secretos de Estado que no contaré”. 

Una de las cosas que ocultó fue la identidad del colombiano que una noche lo visitó en su residencia para preguntarle qué pensaría el gobierno estadounidense si se llevara a cabo un golpe contra Samper. Algo que, en la práctica, era como si le estuvieran pidiendo permiso para hacerlo. Hay cosas que debo reservar para el libro en camino, pero resulta imposible sustraerse a la muerte de Myles Frechette sin dejar constancia de los esfuerzos que hice por tratar de sacarle quién fue ese misterioso personaje “de bastante influencia en Colombia”. Lean ustedes lo que aquí contó, a ver si con algo de espíritu detectivesco es posible llegar hasta su escondida identidad. Lo que sí afirmó sin subterfugios es que era alguien que asistía a las tertulias que organizaba el humorista Jaime Garzón en su casa. 

En su libro con Gerardo Reyes (“Frechette se confiesa”), usted cuenta que “llegó una persona distinguida de la sociedad colombiana y me dijo: Embajador, ¿cuál sería la reacción de EE. UU. si hubiera un golpe contra Samper?”. ¿Cree usted que algún día sea posible saber quién fue esa persona, por ejemplo hoy? 

A mí se me acercaban muchas personas, me preguntaban, me acechaban en cocteles... yo sabía lo que querían. Y yo les contestaba: “EE. UU. no tiene nada que ver, nosotros no hacemos eso, olvídese, eso no tiene cabida, ni considerarlo”. A los colombianos les encantan los chismes. Y el hecho de que hubiera llegado un montón de personas a hacerme la misma pregunta no era fundamento alguno para pensar que esa persona tenía algún involucramiento o algún interés en un golpe de Estado. Es por eso que nunca he revelado quién fue, porque al hacerlo se puede disparar una marcha loca de acusaciones y hacerle un grave daño a esa persona, quien por cierto era de bastante influencia en Colombia. Cuando esa persona vino a mi residencia, la admití porque era una persona muy importante. Me hizo la pregunta y le respondí: “Olvídese. Esos días de matar gente o de hacer golpes de Estado se acabaron”. 

Pero a ver, el hecho de que usted cuente quién fue esa persona no se traduce de inmediato en que quede señalada o acusada… 

Yo sé muy bien cómo son los medios en Colombia. Ahí se va a disparar un corre-corre. Y no quiero hacerle daño a una persona que nunca me hizo daño a mí. Además, yo no tenía la menor sospecha de que tuviera algún interés en eso. 

¿Esa persona era civil o un militar? 

Ah no, yo no hablé con militares. Yo como embajador tenía que tratar con el presidente y el ministro de Defensa, o con algún alto oficial jefe de la institución. Yo no hablaba mucho con gente del Ejército, ni de la Policía, ni de la Armada. Lo mío era de gobierno a gobierno. No se lo voy a decir porque tengo un miedo tremendo, yo conozco a Colombia, claro, y lo que va a pasar es que va a haber una serie de acusaciones, que por qué esto y por qué lo otro. Y el pobre tipo se va a quedar diciendo: “¿Qué coños le hice yo al embajador Frechette para que fuera a soltar contra mí los perros?”. 

¿Pero no será que al conocerse su nombre, esa persona ayude a aclarar las cosas y llegar a la verdad? 

Usted tiene que entender que yo tengo otro criterio. Podría ser, pero yo sé lo que realmente va a pasar. Eso podría propiciar una declaración de esa persona, pero yo no quiero hacer ese daño en forma loca, como un carro desbocado. 

¿Esa persona usted considera que es alguien honorable? 

En términos colombianos, en política, muchas personas en EE. UU. podrían no ser honorables, pero en Colombia sí lo son. Gente de la alta sociedad, funcionarios, jefes de grandes compañías. 

Correcto. Pero al menos permítame preguntarle si era políticamente contrario a Samper... 

Bueno, en las reuniones donde Jaime Garzón había mucha gente que hacía política contra Samper, y otras que eran más moderadas. Todos en la casa de Garzón hablando, relajándose, tomando trago, comiendo algo que nos había preparado su esposa. Era una mezcla. Era una persona que yo conocí y que todo el mundo conoce, pero no hay razón para tirarle una piedra. 

¿O sea que esa persona asistía a las reuniones donde Jaime Garzón? 

Sí, señor. 

Si es honorable dará explicaciones del caso, ¿no le parece? 

Yo viví cuatro años en Colombia y he visto personas que no han sabido defenderse o que han sido acusadas por error. Uno no puede ir como embajador a un país y hacerle daño a una persona que no haya estado violando los acuerdos de Colombia con EE. UU. Para ponerle un ejemplo: una persona que haya hecho chanchullo en asuntos financieros, bueno, de pronto. Pero no es una persona involucrada directamente en el narcotráfico. Yo no tenía ninguna razón para pensar mal. Claro, la gente que trabajaba en la embajada leía reportes de periódicos y me traían esas cosas. 

O sea que si usted tuviera alguna sospecha de que esa persona que fue a consultarle tuviera algo que ver con algo indebido, ¿en ese caso sí revelaría su nombre? 

Bueno, tendría que pensarlo bien. No quiero darle una respuesta a puertas abiertas. Pero yo lo hubiera pensado más, definitivamente. Una de las cosas que yo quería dejar muy claro en Colombia era que los días de los golpes de Estado apoyados por EE. UU., como fue el caso en Chile, se habían terminado. Ya no existía eso, el Congreso había hecho una gran investigación y todo eso había sido prohibido, incluso el asesinato de personas. Yo quería que la gente entendiera eso porque yo pensaba: “Caracho, yo conozco muy bien esta región”. De repente la gente agarra a pensar “como que aquí en Colombia, EE. UU. tuvo el dedo metido”, y yo no quiero que se piense eso. 

¿En algún momento Álvaro Gómez le consultó sobre el tema, teniendo en cuenta que, como usted mismo ha revelado, a él mismo le propusieron ese golpe de Estado? 

No. Él nunca vino a verme a mi oficina ni a mi residencia. Lo veía en reuniones sociales y en esas reuniones todo el mundo se portaba muy bien. 

¿Esa persona que lo fue a visitar era del Partido Conservador? 

No, no era de ningún partido en esa época. 

¿Un empresario, entonces? 

No, no, no. Era una persona que le interesaban todas esas cosas, pero no era miembro formal de ningún partido. 

¿Usted conoce a personas que hubieran ido a proponerle el golpe de Estado a Álvaro Gómez? 

Lo que yo sé es que hubo militares que lo buscaron y le hicieron la pregunta. Yo no creo que fuera el tipo de persona que de entrada les hubiera dicho “absolutamente no”; les dijo “déjenme pensarlo”. Y creo que después de una cierta reflexión, él se dio cuenta de que por mucho que no le gustase Samper, él no haría eso. Y entonces les dijo a esas personas que habían ido a verle, que él no lo haría. 

Una fuente colombiana de alto nivel me dijo que tiene información confiable según la cual a usted no fue a visitarlo una sola persona para consultarle lo del golpe, sino una comisión de conspiradores de alto nivel, y que entre ellos estaban Hernán Echavarría Olózaga, Enrique Gómez Hurtado y Juan Manuel Santos. ¿Se equivoca mi fuente? 

Mentira total, eso no es cierto. La gente que me preguntó fue individualmente, y más o menos en secreto. Si estaba en una reunión social, por ejemplo, alguien me llevaba a un lugar apartado y allá me hacía la pregunta. 

En el libro suyo con Reyes, cuando él le pregunta si cree que Samper estuvo involucrado en el asesinato de Gómez Hurtado, usted responde: “Samper puede ser muchas cosas, pero no un asesino. Simplemente no le puedo decir por qué…”. Ahí, en ese “no le puedo decir por qué”, parecería que usted cometió un lapsus, como si se le hubiera soltado algo que no podía contar y hubiera tratado de corregirlo en el camino. 

No es así. Ahí yo estaba diciendo la verdad. 

@Jorgomezpinilla