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Redacción Ecos. Foto SIG.-“Usted tiene que hacer que la paz se vuelva irreversible lo más pronto posible, con hechos”,  fue la misión que le encomendó el jefe de Estado Juan Manuel Santos al nuevo Ministro del Interior Guillermo Rivera Flórez, quien tomo posesión en la Casa de Nariño.

El Jefe del Estado puso de relieve la necesidad de que los beneficios de la paz sean tangibles para las comunidades a la mayor brevedad. “Usted tiene que hacer esa labor, doctor Guillermo Rivera, de hacer que la paz se vuelva irreversible, más irreversible, lo más pronto posible, con hechos”, aseveró el Mandatario al dirigirse al Ministro Rivera Flórez.

“Este proceso ya es irreversible, ya, pero vamos a volverlo cada más irreversible. ¿Cómo? Con hechos, con hechos. Con comunidades que comiencen a beneficiarse realmente de esa paz”, agregó, al señalar que así se asegurará que “en la próxima campaña la paz no sea el motivo de controversia”.

El Presidente Santos destacó las cualidades del Ministro Rivera Flórez de la cara a la consecución de ese propósito: “Usted conoce el Congreso, viene de allá, tiene amigos, lo respetan y eso es muy importante”, resaltó el Mandatario. 

Así mismo elogió las calidades del nuevo jefe de la cartera política para adelantar el diálogo social con distintos sectores de la sociedad. “Todo el diálogo social que el Ministerio del Interior debe sostener permanentemente con las diferentes comunidades, con los diferentes sectores de la sociedad, en todo eso pues tenemos una persona idónea para cerrar con broche de oro”, puntualizó el Mandatario.

Por Luis Fernando García Forero.- En una reñida votación el Senado de la República eligió a Diana Fajardo como nueva magistrada de la Corte Constitucional, por 48 votos a favor contra 43 de su más inmediato seguidor Álvaro Andrés Motta y Alejandro Ramelli que obtuvo el apoyo de tres congresistas.

El ataque de la oposición al proceso de paz donde calificaron a Fajardo como la candidata de las Farc, se les convirtió en un efecto bumerang, porque las mayorías se impusieron y le cerraron el paso a Álvaro Andrés Motta, quien fue apoyado por el Centro Democrático, un sector del Partido Conservador y considerado como el candidato del ex procurador Alejandro Ordoñez.

La elección de Fajardo como magistrada, en remplazo de Luis Ernesto Vargas, en la Corte Constitucional, representa además, un triunfo del Presidente Juan Manuel Santos en su más importante capital político, nacional e internacional: la paz.

Aunque su triunfo no fue con un amplio margen, el Jefe de Estado colombiano ratificó sus mayorías en el Congreso y de paso, fortalece la tendencia liberal y de apoyo a la paz implementando los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc, para terminar de una vez por todas el conflicto después de 50 años de lucha armada y seguir en el camino de la reconciliación entre los colombianos.

"Me siento muy satisfecha, mi hoja de vida es una garantía, donde me comprometo a defender la Constitución”, enfatizó la electa nueva magistrada del máximo tribunal constitucional de Colombia Diana Fajardo quien al agradecer el apoyo de las mayorías del Senado compartió una frase de su hijo: “mientras el miedo sea el motor de tus acciones, siempre estarás equivocada”.

Los senadores que apoyaron la elección de Diana Fajardo fueron contundentes en destacarla como una defensora del proceso de paz porque saben que su formación jurídica y política le permite acatar el mandato constitucional de la paz.

“Es un mensaje de tranquilidad para quienes en el proceso de tránsito a la legalidad y los millones de personas que votamos por el sí, sabemos que la implementación de la paz estará más segura con quien tenga una visión de compromiso con ella y ninguna duda sobre la legitimidad del acuerdo y del Fast Track”, sostuvo el senador de la U Roy Barreras.

El senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda fue certero en señalar que la nueva magistrada le da tranquilidad a quienes han persistido en la necesidad de la paz en momentos en que se está iniciando el camino al posconflicto. 

Emocionada por su elección, la nueva magistrada expresó ante los medios de comunicación que “con mi familia aprendí el amor incondicional y con el ejercicio de mi profesión, el respeto por la supremacía de la Constitución. Sin duda mi empeño es ser transparente, independiente y garantizar el compromiso del constituyente primario que inspiró esta nueva Constitución. Esa es mi tarea principal”.

Por Luis Fernando García Forero. Foto Leonardo Vargas.- Así se titula el libro de los colegas Andrés Lizarralde Henao y Carlos Villota Santacruz, quienes con un análisis, estudio conceptuado y trabajo de campo, destacan y hacen un llamado a los ciudadanos que quieren seguir el camino de la política electoral y administrativa, a que establezcan que una cosa es informar como candidato y la otra, la de comunicar como gobernante.

Ecos dialogó con Carlos Villota Santacruz, un comunicador social y periodista nato, que desde hace años no sólo sigue la cotidianidad de las noticias políticas que mueven a Colombia y el mundo, sino que ha sido testigo de excepción de los grandes debates y discusiones de proyectos y reformas en el Congreso.

Con esa experiencia y con el seguimiento a la información que generan candidatos y mandatarios a nivel nacional y mundial, se atrevió, junto al colega Andrés Lizarralde, a la investigación del por qué fracasan campañas electorales y el por qué los electores se desilusionan a quienes eligieron.

La respuesta es contundente: no hay una verdadera comunicación.

ECOS: ¿Qué lo llevó a publicar este libro, que de entrada es de interés sobre todo para los gobernantes y los electores?

CVS: Primero que todo este libro está dirigido a los ciudadanos. Cuando  un ciudadano se postula a un cargo  de elección popular, llámese alcalde, gobernador o Presidente, tiene que saber que si gana las elecciones tiene que saber que se enfrenta a un nuevo paradigma: una cosa es ser candidato y otra, ser gobernante. Va dirigido a esos orientadores y líderes jefes de Estado, desde Argentina pasando por Colombia, México y Estados Unidos.

ECOS: ¿Hacen un análisis desde la perspectiva de las campañas de gobernantes a nivel mundial, pero también nacional y regional?

CVS: Analizamos en varios capítulos el fenómeno Trump. Este libro nació en una investigación que hicimos en el año 2013 en Venezuela cuando el Presidente Chávez ya se había muerto y nos encontramos que el exmandatario venezolano estaba gobernando por twitter. Por eso llamamos esa investigación: Venezuela on line. Pronosticamos y dijimos todo lo que estaba pasando en el vecino país. Tuvimos la experiencia no solo con dirigentes políticos y exmandatarios sino de Argentina, República Dominicana, México. Allí en el terreno observamos todos esos procesos políticos electorales y de gestión de los gobernantes.

ECOS: ¿Se entrevistaron con mandatarios y exmandatarios, así como gobernadores y alcaldes?

CVS: Dictando conferencias tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios jefes de Estado y varios candidatos a corporaciones públicas. De ahí nació el libro. Acompañado con el colega colombiano Andrés Lizarralde Henao, coincidimos en la necesidad de demostrarle a la gente que a los gobernantes hay que exigirles y que tienen que estar preparados. Deben  planificar, investigar y que sobre todo deben tener un diálogo ciudadano permanente desde que se posesionan hasta que culmina su respectivo periodo.

ECOS: ¿Con el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que se destaca o aportes hay en el libro?

CVS: Una cosa era Juan Manuel Santo como candidato y otra siendo Presidente. A nuestro juicio y como resultado de la investigación, donde ha fracasado el jefe de Estado colombiano  es en la comunicación. No ha sabido comunicar lo que gestiona. Hay puntos neurálgicos y débiles en la administración pública. Su conexión con la región es pésima, una cosa es lo que se dice en Bogotá y otra es la que pasa en las regiones.

ECOS: A ver, vallamos más al grano, ¿fundamentalmente en que aspectos?

CVS: Lo vemos con lo que está pasando en el Pacifico, Buenaventura, en El Chocó. Eso simple y llanamente falta de una gestión con sentido gerencial, sobre todo preparar a Colombia en lo que hemos llamado el posconflicto. No se comunica bien lo que se hace desde el Gobierno.

ECOS: ¿Los jefes de Estado, en el caso de Colombia y según la investigación pude decirse que verdaderamente una cosa es lo que se plantea en campaña y otra lo que hacen en la  administración, es decir no hay un verdadero programa o un plan de Gobierno de los candidatos para que cumplan con lo que le ofrecen para cautivar votos?

CVS: Es que se desconoce la norma. Le pongo un ejemplo: Luis Fernando García es alcalde en algún municipio del departamento de Santander, usted puede tener una gran intensión, una gran plataforma de gobierno, los ciudadanos lo apoyan en las urnas, pero usted desconoce la ley 80, desconoce la ley anticorrupción, desconoce cómo funciona  la ley departamental, cómo funciona el concejo. A partir de ese momento pasa ese sendero de ciudadano a gobernante y ahí usted necesita, más allá de una acción gerencial, necesita comunicar. Cuando usted comunica bien usted evita la crisis.

ECOS: ¿Luego las crisis no se reflejan en las calles con las protestas?

CVS: Hay algo fundamental y sobre todo en los mandatarios regionales y locales que no han sabido entender: se debe tener claridad sobre lo de comunicación en crisis.  Por ejemplo lo que pasó en Antioquia con el avión de Chapecoense, eso es comunicación en crisis. En Mocoa, cuando la triste avalancha lo primero que salió a decir la gobernadora fue echarles la culpa a sus antecesores. No por ahí no es. Debió tomar una acción gerencial, salió a hablar pasionalmente, uno lo entiende,  ante la gravedad del hecho natural, pero no efectuó una comunicación objetiva y de solución. Eso es informar debidamente en crisis, para no cometer errores.

ECOS: ¿Cuál es entonces el secreto para gobernar bien y hacerlo bien?

CVS: Permanente diálogo ciudadano, reconocer el territorio, manejar un buen equipo de gobierno, que sea heterodoxo, hombres y mujeres, de tres generaciones, así sea usted un gobernador o alcalde jóven, o un alcalde de edad, usted debe tener una interacción con la ciudadanía.

ECOS: ¿En cuanto al auge de las comunicaciones en las redes sociales?

CVS: Eso es imparable. En este momento lo que dicen los ciudadanos en las redes, nos demuestra que el gobernante debe entender que la agenda pública de un mandatario la ponen los ciudadanos en las redes sociales, a través de una carta o a través de movilizaciones. Fíjese en este momento que usted me entrevista hay una marcha de los educadores colombianos. Están  exigiendo un cambio en el modelo de educación y han vulnerado sus derechos porque no se les ha cumplido con la nivelación salarial y con la prestación de servicios de salud. Eso es más fuerte que una noticia en un noticiero convencional como el que nosotros conocimos.

ECOS: La comunicación ha cambiado y cada día avanza más con el desarrollo de la tecnología. ¿Definitivamente los gobernantes deben hacerle una reingeniería a la forma de comunicar?

CVS: Así es, no hay duda. La comunicación de gobierno ha cambiado y tanto que es el mismo fenómeno en Argentina, México, Perú y en Estados Unidos. Por ejemplo el Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski es un hombre bien intencionado, con mucha sabiduría, lamentablemente no tiene equipo ni una comunicación en crisis cuando el fenómeno invernal en ese país. Lamentablemente hoy tiene una crisis institucional. Qué tiene que hacer, reinventarse,  y cómo lo hace, a través de una comunicación de gobierno.

ECOS: En esa comunicación de gobierno cómo se hace para competir y ser efectiva en las redes sociales y aún más que sea con más fuerza para contradecir a sus enemigos políticos?

CVS: El problema está en que la comunicación de gobierno, llámese municipio pequeño, ciudad intermedia o a nivel nacional, nombran a una persona  que no sabe nada de comunicación de gobierno. Puede saber de diseño, diseñar una caratula, pero no sabe de comunicación de gobierno. Cómo lo puede complementar: con investigación. Se deben hacer encuestas, sondeos de opinión. Ir a la calle, hacer Consejos de Gobierno en la calle. Cuál fue el éxito de Rafael Correa, que los Consejos de Gobierno los sábados  se tradujeron en redes sociales y en una interacción de decisiones participativas del presupuesto ecuatoriano, y mire el cambio. Es una realidad y lo demuestran sus grandes obras de infraestructura en las vías. Fue un éxito, fruto de qué: de la comunicación de gobierno.

ECOS: ¿Podríamos decir que definitivamente la comunicación de gobierno debe ser de resultados de investigación, como lo acaba de manifestar?

CVS: La comunicación de gobierno debe ser flexible. Este diálogo que estamos teniendo no es lo mismo en un mes o en dos meses, ocho meses, cuando empiece la campaña presidencial en Colombia. La comunicación de gobierno tiene que ser flexible, debemos investigar mucho y ahí también tienen mucha responsabilidad las oficinas de prensa porque una cosa son las oficinas de prensa y otra la de comunicaciones. Estoy en contra de los que dicen que soy comunicador porque manejo redes sociales. Eso no lo es todo. La inmediatez de la noticia perjudica a aquel gobernante que no está sintonizado con el territorio, con la gente, pero aún más, perjudica también a los medios de comunicación.

ECOS: ¿Las redes, el internet está acabando con el periodismo?

CVS: El periodismo no ha muerto, el periodismo de investigación que es este libro, está más vivo que nunca. Y nosotros que estamos aquí cubriendo la información política y legislativa de Colombia tenemos la responsabilidad histórica de fortalecer la institucionalidad de este Congreso. No a través de un comunicado de prensa ni de 20 mil seguidores, o de la web del Senado, sino a través de una investigación seria, de decirle a los gobernantes que están pensando los ciudadanos y que necesitan vivir mejor a través de una gestión de gobierno, pero con una comunicación efectiva.  

ECOS: El prólogo es del maestro David Ross. ¿Una buena entrada para abrir el libro? 

CVS: Risas…sí no hay duda. Para nuestro juicio es el líder mundial del retrato emocional, un mexicano que ha asesorado a más de 20 Presidentes. Un hombre de 90 años con toda la sabiduría nos da pie para un segundo libro o un segundo capítulo…risas…

Por Luis Fernando García Forero. Foto Semana.- Los candidatos a la Corte Constitucional, Diana Fajardo, Alejandro Ramelli y Álvaro Motta, coincidieron en afirmar ante la plenaria del Senado, su independencia para ser elegidos como magistrados de ese alto tribunal de la justicia colombiana y se abstuvieron de responder en detalle preguntas sobre el proceso de paz, para no caer en conflicto de intereses y después declararse impedidos en el estudio de la constitucionalidad de esos temas que mueven el pasado, presente y futuro de Colombia.

La candidata Diana Fajardo recordó que estuvo muy de cerca de la expedición de la nueva Constitución Política y que por esa época acompañó al Ministerio de Gobierno en la  incorporación a la vida civil del M-19 que se desmovilizó como guerrilla.

A los senadores les llamó la atención la posición clara de la candidata Diana Fajardo, quien en forma contundente ante la plenaria de la corporación y ante el país, que seguía la sesión en Canal Congreso, fue enfática en manifestar que “no tengo afinidad política o ideológica con grupos ilegales”.

Fajardo le salió al paso a la polémica de que era la candidata del proceso de paz y dijo que las declaraciones del senador Armando Benedetti en el sentido de que “si la plenaria de la corporación no la elegía magistrada, se acababa el proceso de paz, afirmó que  “fue un comentario sin intención de hacer daño”.

En la exposición la candidata Diana Fajardo destacó su trayectoria en el ejercicio del derecho  y su labor como magistrada auxiliar, su experiencia en la asesoría jurídica en varias entidades del Estado y de igual manera su trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente. Resaltó que su postulación se dio por su vida profesional.

Por su parte el ternado Alejandro Ramelli dijo que es completamente independiente, incluso citó la experiencia laboral cuando estuvo en la Fiscalía General de la Nación y se negó a que le pagaran un millonario contrato a la asesora Natalia Springer, el cual posteriormente si fue pagado por orden del fiscal Eduardo Montealegre.

Tangencialmente se refirió al proceso de paz y dijo que se debe tener mucho cuidado en que la justicia transicional se pueda armonizar muy bien con la justicia ordinaria, aunque insistió en que no deben quedar por fuera temas como los crímenes de guerra, entre otros.

El otro candidato Álvaro Motta, resaltó su independencia y negó que sea el candidato del  ex procurador Alejandro Ordóñez, aunque no citó su nombre, pero si lo entendieron los senadores presentes.

Motta se refirió a la labor de la corte Constitucional y dijo que su labor principal será siempre  defender los derechos de los ciudadanos por encima de las pretensiones de cualquier gobierno. 

Así las cosas, todo está dispuesto para que la Plenaria del Senado elija este jueves en las horas de la mañana la nueva o nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Redacción Ecos.- Una nueva ruta para seguir el camino de la reconciliación nacional estableció el Gobierno Nacional y las Farc con miras a avanzar en el cumplimiento de los acuerdos para lograr la paz: 20 días adicionales para la entrega de armas y 60 para la reincorporación a la vida civil de los integrantes de ese grupo subversivo.

Así lo anunció el Presidente Juan Manuel Santos quien sostuvo que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, la cual está conformada por integrantes del Gobierno Nacional y el grupo guerrillero, estableció un nuevo camino para el trabajo que se viene una vez se cumpla lo acordado con las zonas veredales transitorias de normalización. A parte de esto, tanto el Gobierno como las Farc pactaron una serie de compromisos relacionados con lo que sigue para la implementación de los acuerdos.

“Este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del Gobierno y de las Farc, para cumplir con el acuerdo. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación Internacional seguirá ejerciendo su papel hasta certificar que la última arma de las Farc haya sido entregada y retirada del territorio nacional”, sostuvo el jefe de Estado colombiano.

Agregó que “vamos a sacar adelante la paz para beneficio de nuestros hijos. Vamos a cumplir lo acordado. A multiplicar los frutos de la paz que ya sentimos y vamos a llevarlos a todos los rincones del país (…) Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida.”.

El Presidente Santos dijo además que se decidió prolongar la vigencia de las Zonas Veredales de Transición y Normalización por dos meses más, hasta el 1 de agosto de este año: “este tiempo adicional nos permitirá poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación a la vida civil y sin armas de los exmiembros de las Farc”, señaló.

Compromisos del Gobierno

El Estado deberá garantizar tanto la seguridad física como la jurídica de los integrantes de las Farc. Según la Csivi, el Gobierno está comprometido a “tomar todas las medidas necesarias” para asegurar la aplicación de la amnistía o libertad condicional, antes de finalizar la dejación de armas, de todos los integrantes de las Farc, como también de la suspensión de las órdenes de captura de esas personas luego de concluir su transito a la legalidad.

A parte de lo anterior, también hay compromisos para la expedición de proyectos de ley relacionados con los siguientes temas:

1) Se pondrá en marcha el Cuerpo Élite de Policía, en los términos del Acuerdo Final, a más tardar el 15 de junio de 2017, que actuará de forma prioritaria contra las organizaciones criminales que actúan en los territorios donde hacían presencia las Farc. Sobre este punto se conoció que se pondrán en funcionamiento, antes del 15 de junio, planes piloto para el desmantelamiento de bandas criminales en Buenaventura y Tumaco.

2) La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para esclarecer el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

3) Inicio, a partir del 5 de junio, del entrenamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección de los miembros de las Farc designados que hayan dejado las armas ante Naciones Unidas.

Terminado el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, los guerrilleros de las Farc recibirán los apoyos para su reincorporación en los términos del Acuerdo Final (renta básica mensual equivalente a 90% del salario mínimo legal vigente durante 24 meses y asignación para proyectos productivos).

Compromisos de las Farc

El grupo insurgente deberá tener, antes del 20 de junio, a todos sus integrantes, incluyendo los milicianos, sin armas y reincorporados a la legalidad, “salvo aquellos que deban realizar tareas de identificación de caletas, extracción de armamento y seguridad de los campamentos existentes en las ZVTN”.

Según la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, para el primero de agosto, la ONU procederá a la extracción de todas las armas almacenadas en los contenedores y certificará el cumplimiento de dicho proceso.

“Se acordó un plan detallado para la extracción del armamento y destrucción del material inestable (explosivos) existente en las caletas de las Farc, plan que será ejecutado por parte de las Farc y las Naciones Unidas, que deberá cumplirse en los tres (3) meses siguientes al día 1 de junio de 2017. El plan incluye toda la información necesaria para la ubicación de las caletas por parte de las Naciones Unidas y el cronograma para la extracción. Las Naciones Unidas, en coordinación con las Farc, podrán solicitar el apoyo de seguridad o cualquier otro que requieran a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares”, explica la comisión. 

Sobre este último punto, se aclaró que las caletas que no alcancen a ser desmanteladas quedarán a disposición del Gobierno, “que contará con la colaboración de ex integrantes de las Farc que trabajarán con el Estado para su ubicación y desmantelamiento”.

Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos Media.-  El 1% de la población no sólo posee la riqueza económica y financiera, las oportunidades y posibilidades de desarrollo, en todos los aspectos, (académicos, culturales, laborales, de ocio, etc) y el poder de influir, sino es además, dueña de uno de los derechos, que las constituciones legitimadas en los últimos 100 años, habían caracterizado como fundamentales, el Derecho a la Seguridad.

Esta realidad crea una nueva desigualdad social, ampliando las brechas entre los diferentes sectores sociales. La seguridad, en estos términos se ha convertido en una seguridad de élites, quienes pueden no sólo tener sofisticados sistemas de seguridad y de protección en vehículos, residencias, oficinas y demás espacios de cotidiano uso, sino trabajadores especializados, orientados a cuidar y proteger a las familias y grupos cercanos a estos privilegiados.

Paradógicamente, el negocio de la seguridad crece, especialmente, en los países en desarrollo y en las metrópolis de los países emergentes.

Como bien lo afirma Claire Provost, “al menos la mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis publicado por The Guardian.

En este sentido, más de 40 países, entre los que se incluyen EE.UU., China, Canadá, Australia y Reino Unido, los trabajadores contratados para proteger personas, lugares y cosas superan a los oficiales de policía dedicados a proteger al público en general. Durante 2015, en Reino Unido hubo 232.000 guardias privados contratados frente a 151.000 policías de la fuerza pública.

Por ello, el mercado global de servicios de seguridad privada, que incluye la custodia, la vigilancia y el transporte armado, equivale a unos 161.000 millones de euros y se estima para el 2020, que representará unos 215.000 millones de euros.

Una cifra muy superior al Presupuesto total de Ayuda Internacional para terminar con la Pobreza en el mundo (25.000 millones de euros al año) y al PIB de más de 100 países, como Hungría o Marruecos.

Desde  El Salvador hasta Vietnam, guardias de seguridad privados controlan el acceso a las zonas residenciales de las élites, aisladas de las ciudades que las rodean. En la capital comercial de Myanmar, guardias y detectores de metales regulan la entrada en los hoteles de lujo, levantados sobre la pobreza extrema de su alrededor.

Los perros guardianes ladran tras los altos muros y alambres de púas, que se han extendido por los barrios ricos de Sudáfrica. En 2015 había casi 500.000 guardias de seguridad en todo el país, dos veces más que todas sus fuerzas armadas y policiales.

Según Rita Abrahamsen, de la Universidad de Ottawa, la seguridad privada "cotidiana" se ha vuelto "tan extendida que apenas se detecta, se da por descontada. Uno deja de darse cuenta de que hay guardias por todas partes".

En la opinión de Abrahamsen, la expansión de guardias privados, vallas y puertas es una "muestra muy física de la desigualdad". Aunque también reconoce que la industria da empleo a una gran cantidad de personas. En varios países, es uno de los pocos sectores en crecimiento.

Desde una perspectiva social, Deborah Avant, de la Universidad de Denver, expresa que la industria de la seguridad privada explotó con los contratos de las Guerras de Irak y Afganistán lideradas por EE.UU., cuando "un ejército de trabajadores privados inundó esos países para hacer todo tipo de labores".

La Declaración Universal de los Derechos Humanos determinó que "todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" y "nadie puede ser arbitrariamente privado de su propiedad".

Pero, hoy en día, una de sus agencias, El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, lanzó una advertencia ante la expansión de la seguridad privada en América Latina: "Este fenómeno aumenta aún más la desigualdad, teniendo en cuenta que los diferentes grupos sociales tienen capacidades diferentes para enfrentar el crimen".

Esta nueva desigualdad social debería ser otras de las cuestiones pendientes de la Agenda Política, sobre todo el año próximo, que muchos estados estarán eligiendo nuevos gobiernos.

Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Pressenza.- La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas presentó el primer anteproyecto de un tratado global para prohibir las armas nucleares; lo que, según sus defensores, representa un paso importante que podría acelerar la redacción del texto definitivo para principios de julio.

Las potencias nucleares como Estados Unidos, han boicoteado las negociaciones del tratado, por considerar que sus objetivos son ingenuos e inalcanzables, sobre todo en un momento en que Corea del Norte ha amenazado con lanzar misiles nucleares a sus enemigos.

Para disuadir al resto del mundo, las potencias nucleares usan el viejo argumento de que la mejor manera de evitar que se usen armas nucleares consiste en tener la capacidad de contraatacar de la misma manera; sin embargo, eso no ha logrado detener el impulso de las negociaciones. La primera ronda se realizó en marzo y más de 120 países respaldaron ese esfuerzo.

Los partidarios de la propuesta sostienen que si suficientes países ratifican un tratado internacional que proscriba las armas nucleares, eso generaría una gran presión política y moral, que podría persuadir a quienes se oponen a reconsiderar su postura.

En otras negociaciones, se han seguido estrategias similares que produjeron acuerdos internacionales que prohíben las armas de uso indiscriminado, entre las que se incluyen las armas químicas, las bombas de racimo y las minas terrestres. A medida que más países se adhieren a estas convenciones, aumenta la vergüenza en aquellos que los rechazaban.

Según el anteproyecto de este tratado, los países que lo suscriben se comprometerían a “nunca usar armas nucleares” y a jamás “desarrollar, producir, fabricar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares”.

Las naciones firmantes también se comprometerían a nunca “llevar a cabo ensayos de explosiones de armas nucleares o ningún otro tipo de detonación nuclear”.

Lo que resulta menos claro en este anteproyecto es, precisamente, de qué manera los países con armas nucleares que renuncien a ellas podrían adherirse al tratado y bajo qué condiciones.

Por lo demás, se especifica que este documento busca fortalecer —mas no remplazar— los tratados vigentes para detener la proliferación de armas nucleares, así como las pruebas realizadas con ese tipo de armamento.

En el preámbulo del anteproyecto se especifica que el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, acuerdo emblemático que entró en vigor en 1970, seguirá siendo “una base fundamental en la búsqueda del desarme nuclear”.

La nueva propuesta será analizada durante tres semanas en una ronda de negociaciones en las Naciones Unidas, programada para mediados de junio.

Por Luis Fernando García Forero.- Tal como lo habíamos anunciado en Ecos, el Presidente Juan Manuel Santos, le aceptó por fin, la renuncia al ministro del interior Juan Fernando Cristo y en su remplazo designó al viceministro de esa misma cartera y ex congresista, Guillermo Rivera Florez, quien como representante de la provincia colombiana tendrá ni más ni menos la responsabilidad inmediata de seguir implementando los acuerdos de paz en el Congreso de la República.

El jefe de Estado al anunciar el nombre del titular de la nueva cartera política dijo que Guillermo Rivera Flórez es un conocedor del diálogo social y de sus soluciones, al igual que ha estado cercano al proceso de paz y de los avances que ha tenido ese objetivo para avanzar en la reconciliación nacional, a través de leyes y reformas constitucionales en el Congreso.

El Presidente Santos resaltó de su nuevo ministro que ha sido congresista por doce años, lo cual le permite continuar con amplio conocimiento la labor de su antecesor Cristo, más en este momento en que se tramitan y reglamentan las normas referentes a la implementación de los acuerdos con las Farc.

Rivera Flórez nació el 13 de febrero de 1970 en Mocoa, Putumayo; sobrino del recordado representante a la cámara liberal Gilberto Flórez, QEPD, un dirigente que luchó por el desarrollo de su región y de insertar a los departamentos de los antiguos territorios nacionales, dentro del ámbito de las prioridades del gobierno central en el proceso de descentralización y que fielmente ha seguido el nuevo ministro Rivera, quien coincide que la paz comienza en las regiones del país.

El nuevo ministro Guillermo Rivera es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en derecho administrativo del mismo centro universitario. También es Magister en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia.

En la actividad política siempre ha estado militando en el Partido Liberal, fue representante a la Cámara entre los años 2002 y 2014, siempre por el Departamento del Putumayo. En el 2014 aspiró al Senado pero no logró alcanzar la curul.

En septiembre de 2014 asumió el cargo de consejero presidencial para los Derechos Humanos y en abril de 2016 fue Consejero Presidencial de Derechos Humanos.

El presidente Juan Manuel Santos lo nombró en el 2015 gobernador encargado de Cundinamarca, en reemplazo de Álvaro Cruz, quien estuvo involucrado en un tema judicial por corrupción. 

En abril de 2016 fue nombrado como Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, donde se convirtió en la mano derecha de Cristo en el trabajo político de la agenda gubernamental y desarrollo de la aprobación de proyectos en el Congreso.

Prensa Senado.- A sanción presidencial pasó el Proyecto de Ley que reglamenta una reducción en los aportes a salud de los pensionados con mesadas hasta de cuatro salarios mínimos. En consecuencia, el 70% de los jubilados del país pasarían a pagar el 4% y no el 12% al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

El Proyecto de Ley, liderado por el senador Alexander López,  había sido discutido y aprobado en la Comisión Séptima del Senado, en diciembre de 2016, donde se expuso que los pensionados de Colombia no reciben pagos adicionales relacionados a las primas, ni cesantías, ni vacaciones y que el incremento de sus sueldos, aún se ajusta de acuerdo al índice de precios al consumidor, IPC, es decir, por debajo del aumento ordinario del salario mínimo, que suele decretar el gobierno nacional.

“Al pensionado le descuentan el 12 por ciento de su mesada, mientras que a cualquier otro empleado le descuentan el 4%, porque el restante lo paga la empresa”, explicó el senador Jorge Iván Ospina, coautor de la iniciativa legislativa.

El representante de la Confederación Democrática de Pensionados  (CDP) y presiente de la Asociación de Pensionados del Banco de Bogotá, Humberto Pinzón Castro, justificó la intención del proyecto en el entendido que el presidente Juan Manuel Santos se había comprometió con el gremio, en ese sentido, en el año 2013.

Redacción y foto: Ecos.- Mediante un proyecto de ley estatutario, el Congreso de la República inició el trámite para la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, iniciativa que será discutida y votada por el mecanismo del FasT Track.

El ministro del interior Juan Fernando Cristo radicó en la secretaria general del Senado el proyecto que pondrá en marcha todo lo aprobado en el acto legislativo que le dio vía libre a la creación de ese nuevo tribunal, donde acudirán integrantes de las Farc, agentes del Estado y civiles, que hayan desarrollado acciones delictivas en el conflicto armado.

“Son los procedimiento y las normas frente a las cuales debe funcionar al JEP. Cómo funcionan las salas y la práctica de pruebas”, dijo Cristo, quien aseguró que dicha ley es fundamental  para aplicar en el país el modelo de justicia transicional. 

Cristo se mostró confiado en que las bancadas que han apoyado el proceso de paz darán un trámite rápido a esa iniciativa que hace parte de la implementación de los acuerdos.