Por Felicia Saturno Hartt. Foto: J. Cohen/Notimex.- En la Democracia, la Soberanía Popular es delegada en el Parlamento, libremente elegido, como expresión de su voluntad. La sede parlamentaria es, en este sentido, el Templo de la libertad. Más aún, como sucede en Venezuela, que es la única institución que ha sido legítimamente votada por los ciudadanos.
En la celebración del 206º Aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela, hordas chavistas invadieron el Palacio Legislativo, golpeando despiadada e impunemente a los diputados elegidos democráticamente, dejándolos ensangrentados y reteniendo durante 7 horas a 120 trabajadores, 108 periodistas y 94 diputados de la oposición como rehenes, bajo la mirada complaciente de la Guardia Nacional y de la Policía encargada de la custodia del recinto.
Lo que sucedió no es extraño a los ciudadanos venezolanos. Ha sido el comportamiento cotidiano del gobierno chavista y madurista y de los grupos armados para tal fin. En los 18 años de administración roja, los grupos armados, denominados paradójicamente, los Colectivos de la Paz, no sólo han lesionado y asesinado impunemente, sino han atacado instituciones y demás dependencias, incluyendo las sedes de medios de comunicación, organizaciones empresariales, industrias, comercios, escuelas y otras muchas sedes de la sociedad venezolana.
La indefensión ciudadana es parte de la pérdida del estado de derecho y, por ende, del orden constitucional, ya que la violencia es cotidiana en todo el territorio de Venezuela, siendo uno de los lugares más peligrosos y de mayores tasas de criminalidad del mundo.
El presidente de la AN, Julio Borges, informó de cinco diputados heridos (Juan José Molina, Armando Armas, Américo de Grazia, Richard Blanco, Juan Guaidó) y siete funcionarios del Parlamento lesionados. Armas y De Grazia fueron atacados con palos y piedras en la cabeza, y en el caso de De Grazia se hizo necesaria atención médica de urgencia, sostuvo el legislador José Manuel Olivares. También habrían resultado lesionados los diputados Luis Carlos Padilla, Leonardo Regnault, y Nora Bracho, según la cuenta de Twitter de la AN.
El Presidente Nicolás Maduro rechazó lo sucedido. "Yo condeno absolutamente esos hechos. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno, y he ordenado su investigación y que se haga justicia", afirmó el jefe de Estado desde un desfile cívico militar en Caracas.
Gracias a las redes sociales, el Ataque a la Soberanía Popular se hizo viral y global. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, fue el primer funcionario que condenó hoy el asalto a la Asamblea Nacional de Venezuela ocurrido el miércoles y llamó al Gobierno a castigar a los responsables.
"Con este ataque se vuelven a perjudicar seriamente el orden democrático y el estado de derecho en Venezuela", señaló Gabriel en un comunicado difundido en Berlín. En sus palabras, no es justificable que la Policía estatal no haya protegido la sede legislativa.
Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH) condenó el ataque y pidió que la investigación que se ha abierto sea "rápida, eficaz e imparcial". "Condenamos el ataque violento el 5 de julio contra la Asamblea Nacional Venezolana y lamentamos el hecho de que legisladores y trabajadores hayan resultado heridos por civiles armados, así como la destrucción de propiedad", dijo la portavoz Elizabeth Throssell.
Por su parte, los países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, expresaron su "más categórico rechazo" a las agresiones contra diputados y funcionarios perpetradas en la Asamblea Nacional de Venezuela.
"Tales hechos, precedidos de una intervención de altas autoridades del Poder Ejecutivo, sin previo acuerdo de las autoridades legislativas, constituyen un avasallamiento del Ejecutivo sobre otro poder del Estado, inadmisible en el marco de la institucionalidad democrática", señala un comunicado del bloque regional difundido por la Cancillería de Argentina, que ejerce la presidencia pro témpore del bloque.
En un comunicado, el Departamento de Estado instó al Gobierno de Nicolás Maduro a "proveer inmediata protección" a la Asamblea Nacional, en manos opositoras, a "llevar a los atacantes ante la Justicia" y a asegurar que los heridos "reciban atención médica".
"Esta violencia, perpetrada durante la celebración de la independencia de Venezuela, es un asalto a los principios democráticos de los hombres y mujeres que lucharon por ella hace 206 años", apuntó Estados Unidos.
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro, utiliza "el terror" para "permanecer en el poder" tras el asedio con heridos al Parlamento Venezolano.
En un comunicado, Almagro dijo que "la utilización del terror sobre los ciudadanos y la institucionalidad revela que la represión constituye una acción sistémica con la que el Gobierno pretende asegurar su permanencia en el poder e instaurar la violencia institucional del Estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad".
El gobierno persigue su plan de imponer una Asamblea Constituyente, a pesar del amplio rechazo en la población y duras críticas desde el extranjero. El proceso de dialogo entre la oposición y el gobierno, iniciado hace meses por el Vaticano ha fracasado.
El registro de las últimas semanas de protestas es devastador. Según la ONG independiente "Foro Penal", unas 90 personas han muerto ya en las protestas. Desde principios de abril, un total de 3.278 personas han sido detenidas, 400 de ellas fueron juzgadas en tribunales militares. Según la ONG, hay 391 presos políticos en Venezuela y existen informes sobre tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
