Por Jorge Enrique Robledo.-A días del plebiscito del 2 de octubre, esta columna busca contribuir con el debate ilustrado para que la decisión de cada uno de los ciudadanos sea la más objetiva, aunque sé que no es fácil porque los dramas de medio siglo pueden complicar, aunque no hacer imposible, pensar con cabeza fría.

Tras analizar las críticas a los acuerdos de La Habana –incluidas las que he expresado–, no me da que todas ellas sumadas pesen más que la inmensa ganancia que significa el inmediato fin de una violencia que nada bueno nos produjo a los colombianos. Si no fuera cierto, parecería mentira que cuando está por cumplirse el sueño de toda la vida de acabar con este conflicto armado, se nos pida que no lo terminemos inmediatamente porque dicen tener una idea “mejor”, idea que no pueden demostrar como realizable ni para cuándo, pero que con certeza sí crea un riesgo enorme de volver a tiempos ya superados.

Lo que se votará no es si nos gusta el gobierno de Juan Manuel Santos, porque si así fuera este senador y los polistas seríamos los líderes del No. La verdadera pregunta es si queremos desarmar, inmediatamente, a las Farc, que están a semanas de entregarle sus armas a la ONU para destruirlas. Se equivocan quienes proponen castigar a Santos con el triunfo del No, pues en realidad se castigarían a sí mismos y a los demás colombianos, que de lejos seremos los principales ganadores con el fin de este conflicto.

También debe saberse que Santos presentará una reforma tributaria regresiva gane el Sí o gane el No, porque a eso se sometió ante la OCDE, que los acuerdos no modifican negativamente los derechos de los pensionados a favor de las Farc y que en ellos el gobierno se reservó el derecho a fumigar desde aviones los cultivos ilícitos.

Que las Farc se tomaron el poder, dicen. Y pueden decirlo, pero no probarlo. Porque, primero, si son ellas las que abandonan sus prácticas originales, en tanto en el acuerdo reconocen al Estado con su Constitución, leyes e instituciones y su monopolio sobre las armas, ¿cómo creer que fueron las Farc las que quedaron al mando? Segundo, aunque no es el caso del Polo, puede estarse en desacuerdo con darles representación en el Congreso. Pero lo que no se puede demostrar es que se aprobarán las leyes que se les antojen, en razón de que nadie con menos del cuatro por ciento de las curules tiene poder suficiente para decidir en el Congreso.

Asimismo afirman –aunque tampoco lo demuestran– que se acabará o reducirá a poco la propiedad privada sobre la tierra rural. Porque hoy existen, con respaldo constitucional, cada una de las fuentes del fondo de tierras y porque la expropiación por interés público con indemnización aparece en la Constitución desde antes de este acuerdo. Es más, según lo pactado en La Habana, “la Reforma Rural Integral –que no la Reforma Agraria– se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado…”.

Que en el acuerdo aparece un cuerpo para, señalan, perseguir a los partidarios del No. Pero si se leen los apartes 3.4.4 y 3.4.5 queda claro que es “un cuerpo élite en la Policía Nacional”, como parte de una Unidad Especial de Investigación, “por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz” y dentro de “la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía”, con el objetivo de enfrentar las organizaciones criminales “que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.

Tampoco resiste análisis usar como prueba reina contra los acuerdos sindicar a Santos de Castro-Chavista. ¡Si Santos fue ministro de Gaviria, Pastrana y Uribe y gobierna con el programa económico, social y político que el último le dictó en 2010 para elegirlo presidente, programa que, exceptuando el proceso de paz, viene cumpliendo a pie juntillas. ¿Sí será que Estados Unidos, con el Pentágono, la CIA y sus dos mayores partidos, las potencias europeas y asiáticas y los gobiernos de América Latina, más los banqueros del mundo y las trasnacionales, todos los cuales respaldan el proceso de paz, ignoran quién es el “verdadero” Santos, cosa que solo saben poquísimos? ¡Por favor! Si se trata de clasificarlo por su posición frente a los poderes extranjeros, la verdad verdadera la expresó él mismo: “Yo soy proestadounidense”, le confesó a la revista Semana el 12 de febrero de 2011.

Bogotá, 23 de septiembre de 2016.

Reflexiones sobre el Sí y el No

Por: senador @JERobledo http://bit.ly/2cN8M1A

 

En Twitter https://twitter.com/JERobledo/status/779380070204997634

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Por Diego Gonzalez.- El jurista alemán Gustav Radbruch consideró que los actos realizados en Alemania durante el régimen de Hitler no podían quedar sin sanción aunque estuvieran autorizados por leyes impuestas durante la dictadura del nacionalsocialismo. Luego de la caída del régimen nazi en Alemania, Radbruch afirmó que el positivismo jurídico había permitido la aplicación de un derecho injusto que no conocía restricción alguna. En el texto “Arbitrariedad legal y derecho supralegal”  manifestó que cuando el derecho positivo entra en contradicción con la justicia, y esta contradicción alcanza un nivel insoportable, el derecho debe ceder el paso a la justicia porque este derecho insoportablemente injusto no es derecho. Lo anterior, fue conocido por el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Constitucional Federal Alemán como la fórmula de Radbruch.

Esta fórmula ha sido utilizada para argumentar la responsabilidad penal de autores de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de los tribunales alemanes de la posguerra, el caso de los centinelas del muro de Berlín y la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida que otorgaban amnistías a los responsables de la dictadura militar en Argentina.

Radbruch consideraba que el derecho era insoportablemente injusto cuando no se pretendía la justicia y se negaba la igualdad, la cual a la vez era parte fundamental de la justicia, la utilización de los derechos humanos que si bien tienen un componente moral importante al ser positivizados, han entrado a constituir derecho y a ser obligatorios para los Estados.

Buen ejemplo de lo anterior, son los juicios de Nuremberg, en los cuales se vio un intento por parte de los juristas de realizar juicios conforme al derecho positivo para no violar el principio de legalidad. Algunos tipos penales como los crímenes contra la humanidad no se encontraban tipificados en el ordenamiento internacional para el momento en que sucedieron los hechos. Sin embargo, ante la necesidad de las naciones aliadas de lograr condenas para los nazis capturados se argumentó que los nacionalsocialistas habían violado principios fundamentales de derecho reconocidos por todos los pueblos. Principios que ya existían al momento en que se habían cometido las conductas delictivas, por lo cual no se vulneraba el principio de irretroactividad de la ley.

Para el caso Colombiano, luego de la firma del acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, muchos consideran que la negociación carece de mano dura para castigar a los autores de crímenes de lesa humanidad  y que esto produce impunidad y mal ejemplo para la sociedad.

Con posterioridad a la votación del plebiscito para la paz serán radicadas en el Congreso alrededor de 12 iniciativas, como por ejemplo, el proyecto de ley para que todo lo pactado en La Habana se incorpore al bloque de constitucionalidad y blinde jurídicamente el texto final conforme a los protocolos de Ginebra, la reglamentación de la amnistía en donde se discutirá si el narcotráfico puede ser considerado como delito conexo al político, el secuestro y la extorsión, la participación política y el otorgamiento de curules.

De acuerdo a la reflexión que nos deja la Formula de Radbruch, el gran reto para el Gobierno, el Congreso y la Administración de Justicia, será delimitar en todo este paquete legislativo, cuando el derecho deja de ser válido por ser insoportablemente o extremadamente injusto y que la creación de leyes y la posterior aplicación del derecho debe tener como fin último la consecución de la justicia.  

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Por Ángel Melguizo Esteso. Tomado de El País.- Hace apenas cinco años Latinoamérica estaba celebrando su fortaleza ante la crisis económica internacional que abatía a Europa y a EE UU. Ahora sufre dos años de recesión consecutiva, algo que no se observaba desde los años ochenta.

Tras una década de crecimiento sobresaliente, surfeando las olas favorables de las materias primas y la entrada de inversiones extranjeras, la región se contraerá en torno a -0,6% en 2016, un mal dato que se añade al estancamiento de 2015 (-0,2%). Incluso si se excluye a las economías en recesión —Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela—, el crecimiento será modesto en la mayoría de países, entre el 2% y el 3%. Esta incertidumbre económica coincide con el inicio de un nuevo ciclo de elecciones presidenciales, más de 15 entre 2016 y 2018, elecciones que históricamente han añadido inestabilidad económica.

Este cambio de tono llega, además, en un momento en el que muchos ciudadanos vislumbran, por primera vez, la posibilidad de incorporarse a las clases medias, pero sienten que estas perspectivas podrían verse truncadas. Desde 2008 hay ya más latinoamericanos que disponen de entre 10 y 50 dólares al día, la renta considerada clase media a nivel internacional, que ciudadanos por debajo de la línea de pobreza moderada (cuatro dólares). Más allá del ingreso, esencial, los aspirantes a ingresar en las clases medias ansían un mayor bienestar, un empleo formal, una vivienda adecuada y buenos servicios, como educación, salud o seguridad.

Es por tanto el momento de que Latinoamérica aborde con decisión sus retos, y, en ausencia de previsión de vientos favorables, se prepare para el futuro. Son tres los elementos que pueden, si se sincronizan de forma virtuosa, ayudar a Latinoamérica a escapar del estancamiento. No son novedosos, pero sí más urgentes.

El primero es la productividad. Latinoamérica debe entrar en la era de la productividad y evitar caer en la trampa del ingreso medio que atenaza a aquellos países que tras un rápido crecimiento luego se muestran incapaces de seguir progresando. No hay recetas mágicas, pero la experiencia de otros países que han logrado dar ese salto al alto ingreso —desde España, Polonia o Portugal, hasta Corea del Sur, Irlanda o Israel— muestran que innovar, mejorar las infraestructuras, la educación, la formación para el empleo y la integración regional funcionan. Ello exige en muchos casos pagar más impuestos y asegurarse de que se gastan correctamente.

Sin embargo, hoy por hoy, la recaudación en Latinoamérica no alcanza más que el 22% del PIB, cinco puntos por debajo de considerado necesario para dar ese salto.

El segundo es la inclusión. Reforzar la lucha contra la pobreza y la desigualdad es esencial. No se puede dejar por el camino a la clase media vulnerable (el 35% de los ciudadanos de Latinoamérica que ganan entre 4 y 10 dólares), esos ciudadanos, en su gran mayoría en el sector informal, que dejaron de ser pobres recientemente pero que podrían volver a serlo si pierden su trabajo o enferman.

Además, si como sabemos, más de cuatro de cada diez jóvenes en hogares de clase media vulnerable o no estudia ni trabaja, o si trabaja, lo hace en el sector informal, la vulnerabilidad se está trasmitiendo de generación en generación, lo que constituye un nuevo tipo de trampa. La inclusión, además de un mayor cumplimiento de las leyes, requiere reforzar los incentivos y la información para facilitar que la ciudadanía transite desde el sector informal hasta el formal.

El tercer elemento tiene que ver con las instituciones. Todas estas medidas exigen instituciones que diseñen, implementen y evalúen las políticas. Hay que canalizar toda la energía social en mejores instituciones. Solo así se logrará traducir las protestas de los ciudadanos en cambio real. Y solo así se podrá convencer a familias y empresas de que el esfuerzo que realizan al pagar los impuestos y cumplir con todos los requisitos que requiere la formalidad merecen la pena.

La crisis ha dejado a Latinoamérica flotando sobre su tabla. Pero la región no puede conformarse con flotar a la deriva. El pasado no va a regresar, ni las olas fáciles a las que subirse van a aparecer en el horizonte. Es imperativo apostar por construir las instituciones, políticas, económicas y sociales que puedan garantizar un futuro con sociedades prósperas, inclusivas y bien gobernadas.

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Por Gabriel Ortiz.- Durante este debate por el Sí y el no, se conjugan intereses, vanidades, orgullos y arrogancias que generan una lucha con ribetes, que bordean la procacidad.

Desde hace cuatro años, cuando se vislumbró la posibilidad de iniciar unas conversaciones de paz, llovieron rayos y centellas que, incluso, golpearon inmisericordemente a Enrique Santos Calderón, a quien el Presidente le encomendó las primeras gestiones. El Uribismo no perdona que haya alguien que lo eclipse y supere, para bien o para mal.  Desde ese entonces el gobierno invitó a Uribe a participar en el proceso. Rotundamente se negó y con sus acostumbradas mentiras, combatió cualquier negociación que nos llevara a eliminar un conflicto de más de medio siglo.

Día a día, los ideólogos uribistas se convirtieron en voceros de terratenientes, militares retirados y demás grupos poblacionales, que seguramente tendrán que devolver o perder lo que no haya sido correctamente adquirido, porque lo bien habido, no tendrá problema.

Han sido cuatro años de lucha para lograr esta paz que, desde luego, no satisface a los tradicionales contradictores. No les gusta que los guerrilleros confiesen y purguen sus penas en unas colonias productivas, pero defienden a sus partidarios en lujosas casas por cárcel, o fugados del país. No quieren que excombatientes lleguen al Parlamento o a cargos de elección popular, pero tienen guerrilleros en el senado, y llevaron paramilitares a hablar en el Congreso. Ven impunidad en nuestra paz, pero defienden la impunidad de ellos.

Cada acuerdo que atacan, lo ofrecieron durante esos cansados y tediosos ocho años. Desconocen el punto relativo a la entrega de armas, compromiso que será monitoreado por las Naciones Unidas. Serán armas reales, no las pistolas y fusiles de madera que entregaron los paramilitares durante el gobierno Uribe.

Con su “todo vale”, han querido torpedear el respaldo universal que se ha dado a nuestra paz, pidiendo la inasistencia de los líderes del mundo y de los que la están elogiando en la Asamblea de la ONU.

En esa actitud, hay insensatez, envidia y mentira. No se resiste la inatajable proyección que toman las negociaciones y sus actores. Mientras el Papa Francisco ha dicho que el Mundo tiene sed de paz, ellos quieren guerra, más víctimas y horrores de parte y parte.

BLANCO: La ovación de las Naciones Unidas a la Paz de Colombia y a su Presidente.

NEGRO: Presos de casa por cárcel invaden a Cartagena.

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Por Alejo Vargas Velásquez.- Por estos días se realiza la X Conferencia de las Farc -algo asimilable a un congreso que realiza periódicamente- en la cual esta guerrilla terminará su ciclo como grupo armado insurgente y se prepara para iniciar el tránsito, previa dejación de armas en manos de la Misión de Naciones Unidas y su comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz, a la actividad política legal. Sin duda un resultado muy positivo del proceso de cierre concertado del conflicto armado.

Esta guerrilla, si bien tiene sus antecedentes en la violencia liberal-conservadora de mediados del siglo anterior, remonta su surgimiento a 1964, cuando posterior a la llamada “Operación Marquetalia”, adelantada por el gobierno del presidente Guillermo León Valencia en su contra, en su primera Conferencia y liderada por “Manuel Marulanda” su líder histórico, se va a constituir en el denominado Bloque Sur y dos años después en su segunda Conferencia adopta la denominación de Farc.

Inicialmente se trata de una clásica guerrilla de autodefensa campesina, al estilo de las que se habían conformado durante la violencia liberal-conservadora para defenderse de lo que se consideraban agresiones del gobierno partidista del momento. Solo que con una tradición agrarista y por el momento con escasa influencia marxista, que va a llegarle posteriormente con la vinculación a la misma de “cuadros” del partido comunista.

Posteriormente y especialmente durante la VII y VIII conferencia a comienzos de los años 80, es cuando decide transformarse en una guerrilla de carácter ofensivo con pretensiones de convertirse en ejército -añaden a su sigla el EP para denominarse ejército del pueblo- y empiezan el proceso de su expansión nacional a través de la modalidad de desdoblamiento de sus frentes.

Igualmente se inicia el proceso de distanciamiento del partido comunista y se asume cada vez más como un actor autónomo. Para esas épocas igualmente se inicia su relación pragmática con la captación de rentas de los cultivos de uso ilícito, que aunque fue un mecanismo de su apalancamiento económico, posteriormente va a ser muy problemática para ella misma.

Realizaron las FARC varios intentos de conversaciones de paz con diversos gobiernos, inicialmente con el presidente Belisario Betancur, que fue el pionero en la búsqueda de la paz concertada y donde se llegó al Acuerdo de la Uribe producto del cual surgió la Unión Patriótica –movimiento que luego fue víctima de un genocidio del cual la semana anterior pidió perdón el Estado colombiano-, posteriormente y en el marco de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, junto con el ELN y el EPL con el Presidente César Gaviria en Caracas y Tlaxcala; posteriormente el más recordado, el intento fracasado del Caguán con el Presidente Andrés Pastrana. Todos ellos dejaron aprendizajes importantes.

Todos estos esfuerzos y experiencias anteriores permitieron que en el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos y luego del período de la ofensiva militar bajo la política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe y con el Gobierno Santos donde se le dan duros golpes militares a esta insurgencia, se lograra el proceso de conversaciones que concluyó en un Acuerdo de Fin del Conflicto Armado, que sin ser perfecto sí es la posibilidad real de cierre del ciclo de violencia con este actor armado.

* Profesor Universidad Nacional  

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Por: Giovanni Décola.- No pretendo tener la autoría  de esta oración, pues es justo reconocer, que se trata de una adecuación, de muchas frases y oraciones que pululan en estos días en Colombia a propósito del Plebiscito a celebrarse el próximo 2 de octubre.

La biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, así que hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro!!!. En consecuencia:

Declaro en el nombre poderoso de Jesús,  que Colombia NO será más un territorio de guerra, porque aquí habita Dios.

Profetizo que la obra de Dios se hará sentir en cada Colombiano el próximo 2 de octubre, y aunque nos falte inteligencia para entender su mensaje, NO habrá arma alguna que prospere contra los anhelos de paz del pueblo Colombiano, que le dirá ese día, un SI gigante, a la voluntad del altísimo, de que los colombianos, por fin, nos queramos como hermanos.

Decreto que NO habrá ánimo de oscuridad para derribar los muros de avivamiento que hemos construido junto al Espíritu Santo al escuchar Dios nuestro clamor.

Afirmo que los corazones de los colombianos NO se dispersarán en falsos Dioses ni abrigarán la palabra de pastores extraviados en la fe, puesto que solo se fijarán en el Único y Verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, a su hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo, que nos enseñó a amar hasta nuestros enemigos.

Establezco que NO volverá a derramarse sangre en las calles y pueblos de Colombia, distinta a la de Jesús, que es la única que tiene el poder de restaurar, sanar y liberar.

Irrumpo en las tinieblas hasta convencerme que inclusive en ellas,  NO hay espacio para el odio ni para la sed de venganza, porque en cada colombiano, ya habitará el Espíritu Santo.

Sello la palabra para declarar que NO existe Mesías distinto al único que dio su vida por nosotros y que murió crucificado en un madero liberándonos de nuestros pecados y que tiene por nombre Jesús.

Levanto mi voz para decretar que en Colombia NO habrá más espacio para la guerra, ni para los conflictos; que cualquier diferencia se zanjeará a través del debate de las ideas, siempre consultando el más alto ideal de justicia  y el espíritu de amor que Cristo nos regaló.

Bendigo a esta Nación,  porque luego de esa gran victoria del 2 de octubre, las riquezas de mi país ya NO serán puestas al servicio de la guerra y mucho menos, a favor de los avaros y corruptos, puesto que hasta el corazón de ellos, serán tomados por la palabra y gloria de Dios, y él que se atreviera a faltar a su honra, perderá todo prestigio y bienes que Dios alguna vez le dio para administrar.

Santifico que a mi País NO le faltará alimento en la despensa del colombiano o extranjero que viva aquí, porque NO habrá justo desamparado, ni su descendencia mendigará pan. Los que estaban en armas contra el Estado, y quienes soportaban su furia, serán parte del ejército de Dios, que será el único que en el mundo existirá, cuando todas las naciones  se arropen con la Gloria de Dios.

Refrendo con mi voto, que depositaré este 2 de octubre de 2016, que la paz en mi país SI es posible, aunque sé que para llegar a un estado de paz ideal, primero tenemos que estar en paz con Dios y con nosotros mismos.

Amo a mis hermanos, inclusive a los que votarán NO, porque sé que la voluntad de Dios es tan perfecta, que ella quiere que este triunfo de la paz, NO fuere fácil, para que nunca se nos olvide todo lo que nos costó, y lo que deberemos luchar para buscarla,  acariciarla, enamorarla y  preservarla.

Dios nos bendiga a todos, santa Nación.

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Por Jairo Gómez.- Tras su décima conferencia, las FARC van camino a transformarse en partido político. Es un buen suceso para esta atribulada democracia.

Era tal su ineficacia que la única herramienta que sirvió para mantener el statu quo durante varias décadas fue el llamado “Estado de Sitio”. No se necesitó de un golpe de estado para que las élites, indirectamente y a la sombra de los militares, disfrazaran su desmedido poder.

Después de la Constitución del 91 el país entró en otra onda, la de los derechos fundamentales y la profundización de la participación política.

Guerrilleros del pasado hoy son un referente nacional. Los códigos de la represión sobre sectores políticos y sociales de izquierda encontraron un dique en el garantista y vigilante gran estatuto.

Repito, con el ingreso de las FARC a la escena política el país entra en un periodo de ensanchar y no recortar los derechos en la acción proselitista, y la protesta social cobrará más importancia. Lo anterior plantea una pregunta: si hasta ahora las expresiones colectivas de inconformidad eran usualmente estigmatizadas y señaladas de estar infiltradas por la guerrilla, desaparecido el conflicto con las FARC, ¿qué cambiará? No es una pregunta suelta; tiene mucho sentido.

Mire usted, algunos notables de la clase política tradicional, tras los acuerdos de La Habana, vienen alimentando una especie de malestar por la que ellos consideran una ola de protestas que, en muchos casos, dicen, rayan con un chantaje a la institucionalidad que no debe permitirse y, para neutralizarlas, proponen que se aprueben leyes que constriñan la democracia.

Y como si se pusieran de acuerdo, también se escuchan voces de aspirantes presidenciales que sugieren revisar las consultas populares para impedir que sean los propios ciudadanos quienes definan el futuro de su comunidad, como en el caso de la mina “La Colosa” en el Departamento del Tolima donde la comunidad entró en acción para evitar un irreversible daño ambiental.

Esas voces no entienden o nunca entendieron que la restricción o constreñimiento de la participación política y social ha sido la nuez del conflicto interno colombiano. Hay un viejo dicho que se remonta a los tiempos napoleónicos y que cae como anillo al dedo: “puedes hacer lo que quieras con una bayoneta, salvo sentarte en ella”.

Bienvenidas las FARC a la escena política sin armas, ése es finalmente el punto esencial de este proceso de paz que culmina el 26 de septiembre con la firma del acuerdo, y que los colombianos saldremos a refrendar positivamente el 2 de octubre. Seguro que Sí.

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Por Juan Carlos Torres Trillos.-Uno de los temas más polémicos de los Acuerdos de La Habana que ha generado inconformismo en la ciudadanía es la presunta impunidad que estos acuerdos otorgan a las Farc y otros actores de conflicto, ¿será cierto?, veamos:

¿Qué es la jurisdicción Especial para la Paz?

Es el mecanismo judicial para administrar justicia, investigar, juzgar y sancionar lo ocurrido en el conflicto, en particular aquellos delitos más graves o representativos. Está constituida por varias salas de justicias, entre estas la Sala de Amnistías e Indulto y un Tribunal para la Paz. Estará integrada por 18 Magistrados colombianos y 6 extranjeros.

La jurisdicción juzgará a las unidades desmovilizadas de los grupos guerrilleros que suscriban el acuerdo final después de haber entregado las armas, los miembros del Estado que hayan cometido delitos en razón del conflicto armado y quienes hayan participado como financiadores o colaboradores voluntarios teniendo responsabilidad  en  crímenes graves.

¿Qué sanciones se impondrán?

Teniendo en cuenta el grado de verdad otorgado a las personas, la gravedad de la conducta sancionada, el nivel de participación y responsabilidad, y los compromisos en materia de reparación a las víctimas y garantías de no repetición, las sanciones son de tres tipos:

Sanciones restaurativas y reparadoras que comprenden restricciones de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, para quienes reconozcan la verdad exhaustiva, detallada y plena en la sala de reconocimiento de verdad , responsabilidad, pidan perdón y contribuyan con la reparación de las víctimas.

Sanciones alternativas para conductas muy graves para quienes reconozcan  la verdad y responsabilidad de manera extemporánea, tendrán una función retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión.

Sanciones ordinarias conforme al Código Penal, a quienes no cumplan con las obligaciones de verdad, reparación y reconocimiento de la responsabilidad y resulten declarados culpables en el juicio. Pagarán entre 15 y 20 años. De prisión.

Es decir, que si un ex combatiente  de las Farc dice que no tiene bienes o niega su autoría en un crimen y en juicio se le demuestra lo contrario, será juzgado por la justicia ordinaria. Igual pasará para quienes una vez firmados los acuerdo continúen extorsionando, traficando o cometan cualquier crimen.

¿Cuáles delitos se amnistiarán e indultarán y cuáles no?

Se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en desarrollo

de la rebelión, la sedición, la asonada, el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y concierto para delinquir con fines de rebelión.

No se amnistiarán e indultarán los delitos de lesa humanidad: crímenes de guerra,  toma de rehenes, secuestros, tortura, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.

¿Cuáles son las medidas de reparación integral a las víctimas?

Los derechos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición; y la reparación colectiva de los territorios y las poblaciones más afectadas por el conflicto. Se tendrán en cuenta los mecanismos existentes y se tomarán nuevas medidas para que la reparación del daño causado sea un compromiso conjunto.

Entre otras acciones concretas de contribución a la reparación que deberán realizar quienes hayan causado daño están: la reincorporación a la vida civil, participación en obras de construcción de infraestructura de los territorios más afectados por el conflicto, participación en programas de limpiezas y descontaminación de territorios afectados por mimas antipersonas, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos de explosivos de guerra, participación en programas de sustitución de cultivos, contribución a la búsqueda , ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o desaparecidas con ocasión al conflicto y participación en programas de reparación de daño ambiental, construcción y mejora de infraestructura viales, escuelas, centros de salud, vivienda.

Es importante señalar que la Corte Penal Internacional CPI, máximo tribunal judicial a nivel mundial, el cual podrá intervenir en el país, en caso de recaudarse pruebas sobre un eventual caso de impunidad, ha destacado que no haya amnistías para crímenes de lesa humanidad y respalda las sanciones aplicadas para los actores del conflicto expresadas en los Acuerdos de La Habana.

Twitter: @soyjuanctorres

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Por Amylkar Acosta.-Un aspecto primordial del Acuerdo final al que se arribó en La Habana por parte de los negociadores del Estado colombiano por una parte y las FARC de otra y junto con la elegibilidad de integrantes de la estructura de las FARC, una vez se haya hecho efectiva la dejación de armas, se han convertido en lo que denominan los estadounidenses los issue del gran debate en torno a la refrendación de dicho Acuerdo final el próximo 2 de octubre a través del Plebiscito. Pareciera que el Acuerdo final se redujera a estos dos aspectos que, sin negar su importancia y sensibilidad, han terminado por opacar otros tan importantes y trascendentales como ellos y, lo que es más importante, son parte integral del mismo, sin poderse desligar unos de otros porque hacen parte de un solo cuerpo.

Según el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, “los responsables de delitos de lesa humanidad no van a ir un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas”. La verdad sea dicha, en ninguna parte de las 297 páginas que contienen el Acuerdo final está dicho que se acepta que el genocidio, la violación, crímenes de guerra o de lesa humanidad “no vayan a pagar un solo día de cárcel”. Tales delitos están excluidos explícitamente de cualquier beneficio y podrán pagar penas restrictivas efectivas de la libertad entre cinco y ocho años, siempre y cuando colaboren y reconozcan toda la verdad,o privativas de la libertad con reclusión carcelariahasta 20 años en el caso contrario.

En el acápite de la Justicia Transicional, se establece claramente que esta no aplica a crímenes de lesa humanidad y genocidios, tal y como quedó establecido en el Acuerdo final. Pero es bueno también dejar en claro que además de la investigación, juzgamiento y las sanciones que impartirá el Tribunal Especial de la Justicia Transicional, este tiene su correlato en la Comisión de la Verdad, para el esclarecimiento de los responsables de la comisión de los delitos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de perpetración de los mismos, como también de la Unidad de búsqueda de los desaparecidos y las unidades de reparación. Ello es lo que permitirá que se conozca la verdad y sobre esta base poder reparar a las víctimas, que han estado en todo momento en el centro tanto de la negociación como del Acuerdo final.

Sostiene el ex ministro y uno de los coordinadores de la campaña por el NO del Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo que “para las víctimas, lo importante es que haya justicia de verdad. Lo que le conviene al país es que las principales responsables de los delitos más graves paguen las penas adecuadas. Es decir, prisión, además de las penas complementarias, como el trabajo forzoso”. Lo primero que tenemos que advertir es que las victimas no opinan lo mismo que él, pues, como afirma una de ellas, Sebastián Arismendi, hijo del Diputado Hector, quien fue secuestrado y asesinado a mansalva por parte de las FARC junto con 10 diputados más, se han dado cuenta de que viendo a sus victimarios en la cárcel “no me traería a mi padre de vuelta, pero obligándolos a escucharme y escucharlos arrepentidos por lo que hicieron, me hizo sentir grande y a ellos verlos muy pequeños”.

Con lo que ha dado en llamar “elegibilidad” de los jefes de las FARC se ha armado una tempestad en un caso de agua por parte del Centro Democrático en su afán de aupar la campaña del NO en el Plebiscito. Afirma el ex presidente Alvaro Uribe, refiriéndose a las negociaciones en La Habana, que “este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces”, que ya vimos que ello es falso y a renglón seguido añade que se “premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos, ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura”.

Cómo contrasta esta posición del ex presidente Uribe con la sumida enantes, cuando planteó que “si un Acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide. Entonces, en un Acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria”. Qué ha llevado, entonces, a cambiar de opinión al ex presidente Uribe, por qué lo que se podía y se debía hacer cuando él fue Presidente de la República “por el bien de la patria”, ahora resulta pecaminoso y allana el camino para que Colombia sucumba al engendro del fantasmagórico “castrochavismo”.

Bogotá, septiembre 18 de 2016

 

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Por Mario Vargas Llosa. Tomado del El País.- Los buenos artículos me gustan casi tanto como los buenos libros. Ya sé que no son muy frecuentes, pero ¿no ocurre lo mismo con los libros? Hay que leer muchos hasta encontrar, de pronto, aquella obra maestra que se nos quedará grabada en la memoria, donde irá creciendo con el tiempo. El artículo que Héctor Abad Faciolince publicó en EL PAÍS el 3 de septiembre (Ya no me siento víctima), explicando las razones por las que votará sí en el plebiscito en el que los colombianos decidirán si aceptan o rechazan el acuerdo de paz del Gobierno de Santos con las FARC, es una de esas rarezas que ayudan a ver claro donde todo parecía borroso. La impresión que me ha causado me acompañará mucho tiempo.

Abad Faciolince cuenta una trágica historia familiar. Su padre fue asesinado por los paramilitares (él ha volcado aquel drama en un libro memorable: El olvido que seremos) y el marido de su hermana fue secuestrado dos veces por las FARC, para sacarle dinero. La segunda vez, incluso, los comprensivos secuestradores le permitieron pagar su rescate en cómodas cuotas mensuales a lo largo de tres años. Comprensiblemente, este señor votará no en el plebiscito; “yo no estoy en contra de la paz”, le ha explicado a Héctor, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel”. Le subleva que el coste de la paz sea la impunidad para quienes cometieron crímenes horrendos de los que fueron víctimas cientos de miles de familias colombianas.

Pero Héctor, en cambio, votará sí. Piensa que, por alto que parezca, hay que pagar ese precio para que, después de más de medio siglo, los colombianos puedan por fin vivir como gentes civilizadas, sin seguirse entrematando. De lo contrario, la guerra continuará de manera indefinida, ensangrentando el país, corrompiendo a sus autoridades, sembrando la inseguridad y la desesperanza en todos los hogares. Porque, luego de más de medio siglo de intentarlo, para él ha quedado demostrado que es un sueño creer que el Estado puede derrotar de manera total a los insurgentes y llevarlos a los tribunales y a la cárcel. El Gobierno de Álvaro Uribe hizo lo imposible por conseguirlo y, aunque logró reducir los efectivos de las FARC a la mitad (de 20.000 a 10.000 hombres en armas), la guerrilla sigue allí, viva y coleando, asesinando, secuestrando, alimentándose del, y alimentando el narcotráfico, y, sobre todo, frustrando el futuro del país. Hay que acabar con esto de una vez.

¿Funcionará el acuerdo de paz? La única manera de saberlo es poniéndolo en marcha, haciendo todo lo posible para que lo acordado en La Habana, por difícil que sea para las víctimas y sus familias, abra una era de paz y convivencia entre los colombianos. Así se hizo en Irlanda del Norte, por ejemplo, y los antiguos feroces enemigos de ayer, ahora, en vez de balas y bombas, intercambian razones y descubren que, gracias a esa convivencia que parecía imposible, la vida es más vivible y que, gracias a los acuerdos de paz entre católicos y protestantes, se ha abierto una era de progreso material para el país, algo que, por desgracia, el estúpido Brexit amenaza con mandar al diablo. También se hizo del mismo modo en El Salvador y en Guatemala, y desde entonces salvadoreños y guatemaltecos viven en paz.

El aire del tiempo ya no está para las aventuras guerrilleras que, en los años sesenta, solo sirvieron para llenar América Latina de dictaduras militares sanguinarias y corrompidas hasta los tuétanos. Empeñarse en imitar el modelo cubano, la romántica revolución de los barbudos, sirvió para que millares de jóvenes latinoamericanos se sacrificaran inútilmente y para que la violencia —y la pobreza, por supuesto— se extendiera y causara más estragos que la que los países latinoamericanos arrastraban desde hacía siglos. La lección nos ha ido educando poco a poco y a eso se debe que haya hoy, de un confín a otro de América Latina, unos consensos amplios en favor de la democracia, de la coexistencia pacífica y de la legalidad, es decir, un rechazo casi unánime contra las dictaduras, las rebeliones armadas y las utopías revolucionarias que hunden a los países en la corrupción, la opresión y la ruina (léase Venezuela).

La excepción es Colombia, donde las FARC han demostrado —yo creo que, sobre todo, debido al narcotráfico, fuente inagotable de recursos para proveerlas de armas— una notable capacidad de supervivencia. Se trata de un anacronismo flagrante, pues el modelo revolucionario, el paraíso marxista-leninista, es una entelequia en la que ya creen solo grupúsculos de obtusos ideológicos, ciegos y sordos ante los fracasos del colectivismo despótico, como atestiguan sus dos últimos tenaces supérstites, Cuba y Corea del Norte. Lo sorprendente es que, pese a la violencia política, Colombia sea uno de los países que tiene una de las economías más prósperas en América Latina y donde la guerra civil no ha desmantelado el Estado de derecho y la legalidad, pues las instituciones civiles, mal que mal, siguen funcionando. Y es seguro que un incentivo importante para que operen los acuerdos de paz es el desarrollo económico que, sin duda, traerán consigo, seguramente a corto plazo.

Héctor Abad dice que esa perspectiva estimulante justifica que se deje de mirar atrás y se renuncie a una justicia retrospectiva, pues, en caso contrario, la inseguridad y la sangría continuarán sin término. Basta que se sepa la verdad, que los criminales reconozcan sus crímenes, de modo que el horror del pasado no vuelva a repetirse y quede allí, como una pesadilla que el tiempo irá disolviendo hasta desaparecerla. No hay duda que hay un riesgo, pero, ¿cuál es la alternativa? Y, a su excuñado, le hace la siguiente pregunta: “¿No es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos?”.

La respuesta es sí. Yo no lo tenía tan claro antes de leer el artículo de Héctor Abad Faciolince y muchas veces me dije en estas últimas semanas: qué suerte no tener que votar en este plebiscito, pues, la verdad, me sentía tironeado entre el sí y el no. Pero las razones de este magnífico escritor que es, también, un ciudadano sensato y cabal, me han convencido. Si fuera colombiano y pudiera votar, yo también votaría por el sí.

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Por Jorge Enrique Robledo.-A días del plebiscito del 2 de octubre, esta columna busca contribuir con el debate ilustrado para que la decisión de cada uno de los ciudadanos sea la más objetiva, aunque sé que no es fácil porque los dramas de medio siglo pueden complicar, aunque no hacer imposible, pensar con cabeza fría.

Tras analizar las críticas a los acuerdos de La Habana –incluidas las que he expresado–, no me da que todas ellas sumadas pesen más que la inmensa ganancia que significa el inmediato fin de una violencia que nada bueno nos produjo a los colombianos. Si no fuera cierto, parecería mentira que cuando está por cumplirse el sueño de toda la vida de acabar con este conflicto armado, se nos pida que no lo terminemos inmediatamente porque dicen tener una idea “mejor”, idea que no pueden demostrar como realizable ni para cuándo, pero que con certeza sí crea un riesgo enorme de volver a tiempos ya superados.

Lo que se votará no es si nos gusta el gobierno de Juan Manuel Santos, porque si así fuera este senador y los polistas seríamos los líderes del No. La verdadera pregunta es si queremos desarmar, inmediatamente, a las Farc, que están a semanas de entregarle sus armas a la ONU para destruirlas. Se equivocan quienes proponen castigar a Santos con el triunfo del No, pues en realidad se castigarían a sí mismos y a los demás colombianos, que de lejos seremos los principales ganadores con el fin de este conflicto.

También debe saberse que Santos presentará una reforma tributaria regresiva gane el Sí o gane el No, porque a eso se sometió ante la OCDE, que los acuerdos no modifican negativamente los derechos de los pensionados a favor de las Farc y que en ellos el gobierno se reservó el derecho a fumigar desde aviones los cultivos ilícitos.

Que las Farc se tomaron el poder, dicen. Y pueden decirlo, pero no probarlo. Porque, primero, si son ellas las que abandonan sus prácticas originales, en tanto en el acuerdo reconocen al Estado con su Constitución, leyes e instituciones y su monopolio sobre las armas, ¿cómo creer que fueron las Farc las que quedaron al mando? Segundo, aunque no es el caso del Polo, puede estarse en desacuerdo con darles representación en el Congreso. Pero lo que no se puede demostrar es que se aprobarán las leyes que se les antojen, en razón de que nadie con menos del cuatro por ciento de las curules tiene poder suficiente para decidir en el Congreso.

Asimismo afirman –aunque tampoco lo demuestran– que se acabará o reducirá a poco la propiedad privada sobre la tierra rural. Porque hoy existen, con respaldo constitucional, cada una de las fuentes del fondo de tierras y porque la expropiación por interés público con indemnización aparece en la Constitución desde antes de este acuerdo. Es más, según lo pactado en La Habana, “la Reforma Rural Integral –que no la Reforma Agraria– se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado…”.

Que en el acuerdo aparece un cuerpo para, señalan, perseguir a los partidarios del No. Pero si se leen los apartes 3.4.4 y 3.4.5 queda claro que es “un cuerpo élite en la Policía Nacional”, como parte de una Unidad Especial de Investigación, “por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz” y dentro de “la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía”, con el objetivo de enfrentar las organizaciones criminales “que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.

Tampoco resiste análisis usar como prueba reina contra los acuerdos sindicar a Santos de Castro-Chavista. ¡Si Santos fue ministro de Gaviria, Pastrana y Uribe y gobierna con el programa económico, social y político que el último le dictó en 2010 para elegirlo presidente, programa que, exceptuando el proceso de paz, viene cumpliendo a pie juntillas. ¿Sí será que Estados Unidos, con el Pentágono, la CIA y sus dos mayores partidos, las potencias europeas y asiáticas y los gobiernos de América Latina, más los banqueros del mundo y las trasnacionales, todos los cuales respaldan el proceso de paz, ignoran quién es el “verdadero” Santos, cosa que solo saben poquísimos? ¡Por favor! Si se trata de clasificarlo por su posición frente a los poderes extranjeros, la verdad verdadera la expresó él mismo: “Yo soy proestadounidense”, le confesó a la revista Semana el 12 de febrero de 2011.

Bogotá, 23 de septiembre de 2016.

Reflexiones sobre el Sí y el No

Por: senador @JERobledo http://bit.ly/2cN8M1A

 

En Twitter https://twitter.com/JERobledo/status/779380070204997634

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Por Diego Gonzalez.- El jurista alemán Gustav Radbruch consideró que los actos realizados en Alemania durante el régimen de Hitler no podían quedar sin sanción aunque estuvieran autorizados por leyes impuestas durante la dictadura del nacionalsocialismo. Luego de la caída del régimen nazi en Alemania, Radbruch afirmó que el positivismo jurídico había permitido la aplicación de un derecho injusto que no conocía restricción alguna. En el texto “Arbitrariedad legal y derecho supralegal”  manifestó que cuando el derecho positivo entra en contradicción con la justicia, y esta contradicción alcanza un nivel insoportable, el derecho debe ceder el paso a la justicia porque este derecho insoportablemente injusto no es derecho. Lo anterior, fue conocido por el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Constitucional Federal Alemán como la fórmula de Radbruch.

Esta fórmula ha sido utilizada para argumentar la responsabilidad penal de autores de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de los tribunales alemanes de la posguerra, el caso de los centinelas del muro de Berlín y la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida que otorgaban amnistías a los responsables de la dictadura militar en Argentina.

Radbruch consideraba que el derecho era insoportablemente injusto cuando no se pretendía la justicia y se negaba la igualdad, la cual a la vez era parte fundamental de la justicia, la utilización de los derechos humanos que si bien tienen un componente moral importante al ser positivizados, han entrado a constituir derecho y a ser obligatorios para los Estados.

Buen ejemplo de lo anterior, son los juicios de Nuremberg, en los cuales se vio un intento por parte de los juristas de realizar juicios conforme al derecho positivo para no violar el principio de legalidad. Algunos tipos penales como los crímenes contra la humanidad no se encontraban tipificados en el ordenamiento internacional para el momento en que sucedieron los hechos. Sin embargo, ante la necesidad de las naciones aliadas de lograr condenas para los nazis capturados se argumentó que los nacionalsocialistas habían violado principios fundamentales de derecho reconocidos por todos los pueblos. Principios que ya existían al momento en que se habían cometido las conductas delictivas, por lo cual no se vulneraba el principio de irretroactividad de la ley.

Para el caso Colombiano, luego de la firma del acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, muchos consideran que la negociación carece de mano dura para castigar a los autores de crímenes de lesa humanidad  y que esto produce impunidad y mal ejemplo para la sociedad.

Con posterioridad a la votación del plebiscito para la paz serán radicadas en el Congreso alrededor de 12 iniciativas, como por ejemplo, el proyecto de ley para que todo lo pactado en La Habana se incorpore al bloque de constitucionalidad y blinde jurídicamente el texto final conforme a los protocolos de Ginebra, la reglamentación de la amnistía en donde se discutirá si el narcotráfico puede ser considerado como delito conexo al político, el secuestro y la extorsión, la participación política y el otorgamiento de curules.

De acuerdo a la reflexión que nos deja la Formula de Radbruch, el gran reto para el Gobierno, el Congreso y la Administración de Justicia, será delimitar en todo este paquete legislativo, cuando el derecho deja de ser válido por ser insoportablemente o extremadamente injusto y que la creación de leyes y la posterior aplicación del derecho debe tener como fin último la consecución de la justicia.  

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Por Ángel Melguizo Esteso. Tomado de El País.- Hace apenas cinco años Latinoamérica estaba celebrando su fortaleza ante la crisis económica internacional que abatía a Europa y a EE UU. Ahora sufre dos años de recesión consecutiva, algo que no se observaba desde los años ochenta.

Tras una década de crecimiento sobresaliente, surfeando las olas favorables de las materias primas y la entrada de inversiones extranjeras, la región se contraerá en torno a -0,6% en 2016, un mal dato que se añade al estancamiento de 2015 (-0,2%). Incluso si se excluye a las economías en recesión —Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela—, el crecimiento será modesto en la mayoría de países, entre el 2% y el 3%. Esta incertidumbre económica coincide con el inicio de un nuevo ciclo de elecciones presidenciales, más de 15 entre 2016 y 2018, elecciones que históricamente han añadido inestabilidad económica.

Este cambio de tono llega, además, en un momento en el que muchos ciudadanos vislumbran, por primera vez, la posibilidad de incorporarse a las clases medias, pero sienten que estas perspectivas podrían verse truncadas. Desde 2008 hay ya más latinoamericanos que disponen de entre 10 y 50 dólares al día, la renta considerada clase media a nivel internacional, que ciudadanos por debajo de la línea de pobreza moderada (cuatro dólares). Más allá del ingreso, esencial, los aspirantes a ingresar en las clases medias ansían un mayor bienestar, un empleo formal, una vivienda adecuada y buenos servicios, como educación, salud o seguridad.

Es por tanto el momento de que Latinoamérica aborde con decisión sus retos, y, en ausencia de previsión de vientos favorables, se prepare para el futuro. Son tres los elementos que pueden, si se sincronizan de forma virtuosa, ayudar a Latinoamérica a escapar del estancamiento. No son novedosos, pero sí más urgentes.

El primero es la productividad. Latinoamérica debe entrar en la era de la productividad y evitar caer en la trampa del ingreso medio que atenaza a aquellos países que tras un rápido crecimiento luego se muestran incapaces de seguir progresando. No hay recetas mágicas, pero la experiencia de otros países que han logrado dar ese salto al alto ingreso —desde España, Polonia o Portugal, hasta Corea del Sur, Irlanda o Israel— muestran que innovar, mejorar las infraestructuras, la educación, la formación para el empleo y la integración regional funcionan. Ello exige en muchos casos pagar más impuestos y asegurarse de que se gastan correctamente.

Sin embargo, hoy por hoy, la recaudación en Latinoamérica no alcanza más que el 22% del PIB, cinco puntos por debajo de considerado necesario para dar ese salto.

El segundo es la inclusión. Reforzar la lucha contra la pobreza y la desigualdad es esencial. No se puede dejar por el camino a la clase media vulnerable (el 35% de los ciudadanos de Latinoamérica que ganan entre 4 y 10 dólares), esos ciudadanos, en su gran mayoría en el sector informal, que dejaron de ser pobres recientemente pero que podrían volver a serlo si pierden su trabajo o enferman.

Además, si como sabemos, más de cuatro de cada diez jóvenes en hogares de clase media vulnerable o no estudia ni trabaja, o si trabaja, lo hace en el sector informal, la vulnerabilidad se está trasmitiendo de generación en generación, lo que constituye un nuevo tipo de trampa. La inclusión, además de un mayor cumplimiento de las leyes, requiere reforzar los incentivos y la información para facilitar que la ciudadanía transite desde el sector informal hasta el formal.

El tercer elemento tiene que ver con las instituciones. Todas estas medidas exigen instituciones que diseñen, implementen y evalúen las políticas. Hay que canalizar toda la energía social en mejores instituciones. Solo así se logrará traducir las protestas de los ciudadanos en cambio real. Y solo así se podrá convencer a familias y empresas de que el esfuerzo que realizan al pagar los impuestos y cumplir con todos los requisitos que requiere la formalidad merecen la pena.

La crisis ha dejado a Latinoamérica flotando sobre su tabla. Pero la región no puede conformarse con flotar a la deriva. El pasado no va a regresar, ni las olas fáciles a las que subirse van a aparecer en el horizonte. Es imperativo apostar por construir las instituciones, políticas, económicas y sociales que puedan garantizar un futuro con sociedades prósperas, inclusivas y bien gobernadas.

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Por Gabriel Ortiz.- Durante este debate por el Sí y el no, se conjugan intereses, vanidades, orgullos y arrogancias que generan una lucha con ribetes, que bordean la procacidad.

Desde hace cuatro años, cuando se vislumbró la posibilidad de iniciar unas conversaciones de paz, llovieron rayos y centellas que, incluso, golpearon inmisericordemente a Enrique Santos Calderón, a quien el Presidente le encomendó las primeras gestiones. El Uribismo no perdona que haya alguien que lo eclipse y supere, para bien o para mal.  Desde ese entonces el gobierno invitó a Uribe a participar en el proceso. Rotundamente se negó y con sus acostumbradas mentiras, combatió cualquier negociación que nos llevara a eliminar un conflicto de más de medio siglo.

Día a día, los ideólogos uribistas se convirtieron en voceros de terratenientes, militares retirados y demás grupos poblacionales, que seguramente tendrán que devolver o perder lo que no haya sido correctamente adquirido, porque lo bien habido, no tendrá problema.

Han sido cuatro años de lucha para lograr esta paz que, desde luego, no satisface a los tradicionales contradictores. No les gusta que los guerrilleros confiesen y purguen sus penas en unas colonias productivas, pero defienden a sus partidarios en lujosas casas por cárcel, o fugados del país. No quieren que excombatientes lleguen al Parlamento o a cargos de elección popular, pero tienen guerrilleros en el senado, y llevaron paramilitares a hablar en el Congreso. Ven impunidad en nuestra paz, pero defienden la impunidad de ellos.

Cada acuerdo que atacan, lo ofrecieron durante esos cansados y tediosos ocho años. Desconocen el punto relativo a la entrega de armas, compromiso que será monitoreado por las Naciones Unidas. Serán armas reales, no las pistolas y fusiles de madera que entregaron los paramilitares durante el gobierno Uribe.

Con su “todo vale”, han querido torpedear el respaldo universal que se ha dado a nuestra paz, pidiendo la inasistencia de los líderes del mundo y de los que la están elogiando en la Asamblea de la ONU.

En esa actitud, hay insensatez, envidia y mentira. No se resiste la inatajable proyección que toman las negociaciones y sus actores. Mientras el Papa Francisco ha dicho que el Mundo tiene sed de paz, ellos quieren guerra, más víctimas y horrores de parte y parte.

BLANCO: La ovación de las Naciones Unidas a la Paz de Colombia y a su Presidente.

NEGRO: Presos de casa por cárcel invaden a Cartagena.

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Por Alejo Vargas Velásquez.- Por estos días se realiza la X Conferencia de las Farc -algo asimilable a un congreso que realiza periódicamente- en la cual esta guerrilla terminará su ciclo como grupo armado insurgente y se prepara para iniciar el tránsito, previa dejación de armas en manos de la Misión de Naciones Unidas y su comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz, a la actividad política legal. Sin duda un resultado muy positivo del proceso de cierre concertado del conflicto armado.

Esta guerrilla, si bien tiene sus antecedentes en la violencia liberal-conservadora de mediados del siglo anterior, remonta su surgimiento a 1964, cuando posterior a la llamada “Operación Marquetalia”, adelantada por el gobierno del presidente Guillermo León Valencia en su contra, en su primera Conferencia y liderada por “Manuel Marulanda” su líder histórico, se va a constituir en el denominado Bloque Sur y dos años después en su segunda Conferencia adopta la denominación de Farc.

Inicialmente se trata de una clásica guerrilla de autodefensa campesina, al estilo de las que se habían conformado durante la violencia liberal-conservadora para defenderse de lo que se consideraban agresiones del gobierno partidista del momento. Solo que con una tradición agrarista y por el momento con escasa influencia marxista, que va a llegarle posteriormente con la vinculación a la misma de “cuadros” del partido comunista.

Posteriormente y especialmente durante la VII y VIII conferencia a comienzos de los años 80, es cuando decide transformarse en una guerrilla de carácter ofensivo con pretensiones de convertirse en ejército -añaden a su sigla el EP para denominarse ejército del pueblo- y empiezan el proceso de su expansión nacional a través de la modalidad de desdoblamiento de sus frentes.

Igualmente se inicia el proceso de distanciamiento del partido comunista y se asume cada vez más como un actor autónomo. Para esas épocas igualmente se inicia su relación pragmática con la captación de rentas de los cultivos de uso ilícito, que aunque fue un mecanismo de su apalancamiento económico, posteriormente va a ser muy problemática para ella misma.

Realizaron las FARC varios intentos de conversaciones de paz con diversos gobiernos, inicialmente con el presidente Belisario Betancur, que fue el pionero en la búsqueda de la paz concertada y donde se llegó al Acuerdo de la Uribe producto del cual surgió la Unión Patriótica –movimiento que luego fue víctima de un genocidio del cual la semana anterior pidió perdón el Estado colombiano-, posteriormente y en el marco de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, junto con el ELN y el EPL con el Presidente César Gaviria en Caracas y Tlaxcala; posteriormente el más recordado, el intento fracasado del Caguán con el Presidente Andrés Pastrana. Todos ellos dejaron aprendizajes importantes.

Todos estos esfuerzos y experiencias anteriores permitieron que en el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos y luego del período de la ofensiva militar bajo la política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe y con el Gobierno Santos donde se le dan duros golpes militares a esta insurgencia, se lograra el proceso de conversaciones que concluyó en un Acuerdo de Fin del Conflicto Armado, que sin ser perfecto sí es la posibilidad real de cierre del ciclo de violencia con este actor armado.

* Profesor Universidad Nacional  

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Por: Giovanni Décola.- No pretendo tener la autoría  de esta oración, pues es justo reconocer, que se trata de una adecuación, de muchas frases y oraciones que pululan en estos días en Colombia a propósito del Plebiscito a celebrarse el próximo 2 de octubre.

La biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, así que hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro!!!. En consecuencia:

Declaro en el nombre poderoso de Jesús,  que Colombia NO será más un territorio de guerra, porque aquí habita Dios.

Profetizo que la obra de Dios se hará sentir en cada Colombiano el próximo 2 de octubre, y aunque nos falte inteligencia para entender su mensaje, NO habrá arma alguna que prospere contra los anhelos de paz del pueblo Colombiano, que le dirá ese día, un SI gigante, a la voluntad del altísimo, de que los colombianos, por fin, nos queramos como hermanos.

Decreto que NO habrá ánimo de oscuridad para derribar los muros de avivamiento que hemos construido junto al Espíritu Santo al escuchar Dios nuestro clamor.

Afirmo que los corazones de los colombianos NO se dispersarán en falsos Dioses ni abrigarán la palabra de pastores extraviados en la fe, puesto que solo se fijarán en el Único y Verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, a su hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo, que nos enseñó a amar hasta nuestros enemigos.

Establezco que NO volverá a derramarse sangre en las calles y pueblos de Colombia, distinta a la de Jesús, que es la única que tiene el poder de restaurar, sanar y liberar.

Irrumpo en las tinieblas hasta convencerme que inclusive en ellas,  NO hay espacio para el odio ni para la sed de venganza, porque en cada colombiano, ya habitará el Espíritu Santo.

Sello la palabra para declarar que NO existe Mesías distinto al único que dio su vida por nosotros y que murió crucificado en un madero liberándonos de nuestros pecados y que tiene por nombre Jesús.

Levanto mi voz para decretar que en Colombia NO habrá más espacio para la guerra, ni para los conflictos; que cualquier diferencia se zanjeará a través del debate de las ideas, siempre consultando el más alto ideal de justicia  y el espíritu de amor que Cristo nos regaló.

Bendigo a esta Nación,  porque luego de esa gran victoria del 2 de octubre, las riquezas de mi país ya NO serán puestas al servicio de la guerra y mucho menos, a favor de los avaros y corruptos, puesto que hasta el corazón de ellos, serán tomados por la palabra y gloria de Dios, y él que se atreviera a faltar a su honra, perderá todo prestigio y bienes que Dios alguna vez le dio para administrar.

Santifico que a mi País NO le faltará alimento en la despensa del colombiano o extranjero que viva aquí, porque NO habrá justo desamparado, ni su descendencia mendigará pan. Los que estaban en armas contra el Estado, y quienes soportaban su furia, serán parte del ejército de Dios, que será el único que en el mundo existirá, cuando todas las naciones  se arropen con la Gloria de Dios.

Refrendo con mi voto, que depositaré este 2 de octubre de 2016, que la paz en mi país SI es posible, aunque sé que para llegar a un estado de paz ideal, primero tenemos que estar en paz con Dios y con nosotros mismos.

Amo a mis hermanos, inclusive a los que votarán NO, porque sé que la voluntad de Dios es tan perfecta, que ella quiere que este triunfo de la paz, NO fuere fácil, para que nunca se nos olvide todo lo que nos costó, y lo que deberemos luchar para buscarla,  acariciarla, enamorarla y  preservarla.

Dios nos bendiga a todos, santa Nación.

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Por Jairo Gómez.- Tras su décima conferencia, las FARC van camino a transformarse en partido político. Es un buen suceso para esta atribulada democracia.

Era tal su ineficacia que la única herramienta que sirvió para mantener el statu quo durante varias décadas fue el llamado “Estado de Sitio”. No se necesitó de un golpe de estado para que las élites, indirectamente y a la sombra de los militares, disfrazaran su desmedido poder.

Después de la Constitución del 91 el país entró en otra onda, la de los derechos fundamentales y la profundización de la participación política.

Guerrilleros del pasado hoy son un referente nacional. Los códigos de la represión sobre sectores políticos y sociales de izquierda encontraron un dique en el garantista y vigilante gran estatuto.

Repito, con el ingreso de las FARC a la escena política el país entra en un periodo de ensanchar y no recortar los derechos en la acción proselitista, y la protesta social cobrará más importancia. Lo anterior plantea una pregunta: si hasta ahora las expresiones colectivas de inconformidad eran usualmente estigmatizadas y señaladas de estar infiltradas por la guerrilla, desaparecido el conflicto con las FARC, ¿qué cambiará? No es una pregunta suelta; tiene mucho sentido.

Mire usted, algunos notables de la clase política tradicional, tras los acuerdos de La Habana, vienen alimentando una especie de malestar por la que ellos consideran una ola de protestas que, en muchos casos, dicen, rayan con un chantaje a la institucionalidad que no debe permitirse y, para neutralizarlas, proponen que se aprueben leyes que constriñan la democracia.

Y como si se pusieran de acuerdo, también se escuchan voces de aspirantes presidenciales que sugieren revisar las consultas populares para impedir que sean los propios ciudadanos quienes definan el futuro de su comunidad, como en el caso de la mina “La Colosa” en el Departamento del Tolima donde la comunidad entró en acción para evitar un irreversible daño ambiental.

Esas voces no entienden o nunca entendieron que la restricción o constreñimiento de la participación política y social ha sido la nuez del conflicto interno colombiano. Hay un viejo dicho que se remonta a los tiempos napoleónicos y que cae como anillo al dedo: “puedes hacer lo que quieras con una bayoneta, salvo sentarte en ella”.

Bienvenidas las FARC a la escena política sin armas, ése es finalmente el punto esencial de este proceso de paz que culmina el 26 de septiembre con la firma del acuerdo, y que los colombianos saldremos a refrendar positivamente el 2 de octubre. Seguro que Sí.

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Por Juan Carlos Torres Trillos.-Uno de los temas más polémicos de los Acuerdos de La Habana que ha generado inconformismo en la ciudadanía es la presunta impunidad que estos acuerdos otorgan a las Farc y otros actores de conflicto, ¿será cierto?, veamos:

¿Qué es la jurisdicción Especial para la Paz?

Es el mecanismo judicial para administrar justicia, investigar, juzgar y sancionar lo ocurrido en el conflicto, en particular aquellos delitos más graves o representativos. Está constituida por varias salas de justicias, entre estas la Sala de Amnistías e Indulto y un Tribunal para la Paz. Estará integrada por 18 Magistrados colombianos y 6 extranjeros.

La jurisdicción juzgará a las unidades desmovilizadas de los grupos guerrilleros que suscriban el acuerdo final después de haber entregado las armas, los miembros del Estado que hayan cometido delitos en razón del conflicto armado y quienes hayan participado como financiadores o colaboradores voluntarios teniendo responsabilidad  en  crímenes graves.

¿Qué sanciones se impondrán?

Teniendo en cuenta el grado de verdad otorgado a las personas, la gravedad de la conducta sancionada, el nivel de participación y responsabilidad, y los compromisos en materia de reparación a las víctimas y garantías de no repetición, las sanciones son de tres tipos:

Sanciones restaurativas y reparadoras que comprenden restricciones de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, para quienes reconozcan la verdad exhaustiva, detallada y plena en la sala de reconocimiento de verdad , responsabilidad, pidan perdón y contribuyan con la reparación de las víctimas.

Sanciones alternativas para conductas muy graves para quienes reconozcan  la verdad y responsabilidad de manera extemporánea, tendrán una función retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión.

Sanciones ordinarias conforme al Código Penal, a quienes no cumplan con las obligaciones de verdad, reparación y reconocimiento de la responsabilidad y resulten declarados culpables en el juicio. Pagarán entre 15 y 20 años. De prisión.

Es decir, que si un ex combatiente  de las Farc dice que no tiene bienes o niega su autoría en un crimen y en juicio se le demuestra lo contrario, será juzgado por la justicia ordinaria. Igual pasará para quienes una vez firmados los acuerdo continúen extorsionando, traficando o cometan cualquier crimen.

¿Cuáles delitos se amnistiarán e indultarán y cuáles no?

Se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en desarrollo

de la rebelión, la sedición, la asonada, el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y concierto para delinquir con fines de rebelión.

No se amnistiarán e indultarán los delitos de lesa humanidad: crímenes de guerra,  toma de rehenes, secuestros, tortura, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.

¿Cuáles son las medidas de reparación integral a las víctimas?

Los derechos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición; y la reparación colectiva de los territorios y las poblaciones más afectadas por el conflicto. Se tendrán en cuenta los mecanismos existentes y se tomarán nuevas medidas para que la reparación del daño causado sea un compromiso conjunto.

Entre otras acciones concretas de contribución a la reparación que deberán realizar quienes hayan causado daño están: la reincorporación a la vida civil, participación en obras de construcción de infraestructura de los territorios más afectados por el conflicto, participación en programas de limpiezas y descontaminación de territorios afectados por mimas antipersonas, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos de explosivos de guerra, participación en programas de sustitución de cultivos, contribución a la búsqueda , ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o desaparecidas con ocasión al conflicto y participación en programas de reparación de daño ambiental, construcción y mejora de infraestructura viales, escuelas, centros de salud, vivienda.

Es importante señalar que la Corte Penal Internacional CPI, máximo tribunal judicial a nivel mundial, el cual podrá intervenir en el país, en caso de recaudarse pruebas sobre un eventual caso de impunidad, ha destacado que no haya amnistías para crímenes de lesa humanidad y respalda las sanciones aplicadas para los actores del conflicto expresadas en los Acuerdos de La Habana.

Twitter: @soyjuanctorres

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Por Amylkar Acosta.-Un aspecto primordial del Acuerdo final al que se arribó en La Habana por parte de los negociadores del Estado colombiano por una parte y las FARC de otra y junto con la elegibilidad de integrantes de la estructura de las FARC, una vez se haya hecho efectiva la dejación de armas, se han convertido en lo que denominan los estadounidenses los issue del gran debate en torno a la refrendación de dicho Acuerdo final el próximo 2 de octubre a través del Plebiscito. Pareciera que el Acuerdo final se redujera a estos dos aspectos que, sin negar su importancia y sensibilidad, han terminado por opacar otros tan importantes y trascendentales como ellos y, lo que es más importante, son parte integral del mismo, sin poderse desligar unos de otros porque hacen parte de un solo cuerpo.

Según el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, “los responsables de delitos de lesa humanidad no van a ir un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas”. La verdad sea dicha, en ninguna parte de las 297 páginas que contienen el Acuerdo final está dicho que se acepta que el genocidio, la violación, crímenes de guerra o de lesa humanidad “no vayan a pagar un solo día de cárcel”. Tales delitos están excluidos explícitamente de cualquier beneficio y podrán pagar penas restrictivas efectivas de la libertad entre cinco y ocho años, siempre y cuando colaboren y reconozcan toda la verdad,o privativas de la libertad con reclusión carcelariahasta 20 años en el caso contrario.

En el acápite de la Justicia Transicional, se establece claramente que esta no aplica a crímenes de lesa humanidad y genocidios, tal y como quedó establecido en el Acuerdo final. Pero es bueno también dejar en claro que además de la investigación, juzgamiento y las sanciones que impartirá el Tribunal Especial de la Justicia Transicional, este tiene su correlato en la Comisión de la Verdad, para el esclarecimiento de los responsables de la comisión de los delitos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de perpetración de los mismos, como también de la Unidad de búsqueda de los desaparecidos y las unidades de reparación. Ello es lo que permitirá que se conozca la verdad y sobre esta base poder reparar a las víctimas, que han estado en todo momento en el centro tanto de la negociación como del Acuerdo final.

Sostiene el ex ministro y uno de los coordinadores de la campaña por el NO del Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo que “para las víctimas, lo importante es que haya justicia de verdad. Lo que le conviene al país es que las principales responsables de los delitos más graves paguen las penas adecuadas. Es decir, prisión, además de las penas complementarias, como el trabajo forzoso”. Lo primero que tenemos que advertir es que las victimas no opinan lo mismo que él, pues, como afirma una de ellas, Sebastián Arismendi, hijo del Diputado Hector, quien fue secuestrado y asesinado a mansalva por parte de las FARC junto con 10 diputados más, se han dado cuenta de que viendo a sus victimarios en la cárcel “no me traería a mi padre de vuelta, pero obligándolos a escucharme y escucharlos arrepentidos por lo que hicieron, me hizo sentir grande y a ellos verlos muy pequeños”.

Con lo que ha dado en llamar “elegibilidad” de los jefes de las FARC se ha armado una tempestad en un caso de agua por parte del Centro Democrático en su afán de aupar la campaña del NO en el Plebiscito. Afirma el ex presidente Alvaro Uribe, refiriéndose a las negociaciones en La Habana, que “este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces”, que ya vimos que ello es falso y a renglón seguido añade que se “premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos, ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura”.

Cómo contrasta esta posición del ex presidente Uribe con la sumida enantes, cuando planteó que “si un Acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide. Entonces, en un Acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria”. Qué ha llevado, entonces, a cambiar de opinión al ex presidente Uribe, por qué lo que se podía y se debía hacer cuando él fue Presidente de la República “por el bien de la patria”, ahora resulta pecaminoso y allana el camino para que Colombia sucumba al engendro del fantasmagórico “castrochavismo”.

Bogotá, septiembre 18 de 2016

 

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Por Mario Vargas Llosa. Tomado del El País.- Los buenos artículos me gustan casi tanto como los buenos libros. Ya sé que no son muy frecuentes, pero ¿no ocurre lo mismo con los libros? Hay que leer muchos hasta encontrar, de pronto, aquella obra maestra que se nos quedará grabada en la memoria, donde irá creciendo con el tiempo. El artículo que Héctor Abad Faciolince publicó en EL PAÍS el 3 de septiembre (Ya no me siento víctima), explicando las razones por las que votará sí en el plebiscito en el que los colombianos decidirán si aceptan o rechazan el acuerdo de paz del Gobierno de Santos con las FARC, es una de esas rarezas que ayudan a ver claro donde todo parecía borroso. La impresión que me ha causado me acompañará mucho tiempo.

Abad Faciolince cuenta una trágica historia familiar. Su padre fue asesinado por los paramilitares (él ha volcado aquel drama en un libro memorable: El olvido que seremos) y el marido de su hermana fue secuestrado dos veces por las FARC, para sacarle dinero. La segunda vez, incluso, los comprensivos secuestradores le permitieron pagar su rescate en cómodas cuotas mensuales a lo largo de tres años. Comprensiblemente, este señor votará no en el plebiscito; “yo no estoy en contra de la paz”, le ha explicado a Héctor, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel”. Le subleva que el coste de la paz sea la impunidad para quienes cometieron crímenes horrendos de los que fueron víctimas cientos de miles de familias colombianas.

Pero Héctor, en cambio, votará sí. Piensa que, por alto que parezca, hay que pagar ese precio para que, después de más de medio siglo, los colombianos puedan por fin vivir como gentes civilizadas, sin seguirse entrematando. De lo contrario, la guerra continuará de manera indefinida, ensangrentando el país, corrompiendo a sus autoridades, sembrando la inseguridad y la desesperanza en todos los hogares. Porque, luego de más de medio siglo de intentarlo, para él ha quedado demostrado que es un sueño creer que el Estado puede derrotar de manera total a los insurgentes y llevarlos a los tribunales y a la cárcel. El Gobierno de Álvaro Uribe hizo lo imposible por conseguirlo y, aunque logró reducir los efectivos de las FARC a la mitad (de 20.000 a 10.000 hombres en armas), la guerrilla sigue allí, viva y coleando, asesinando, secuestrando, alimentándose del, y alimentando el narcotráfico, y, sobre todo, frustrando el futuro del país. Hay que acabar con esto de una vez.

¿Funcionará el acuerdo de paz? La única manera de saberlo es poniéndolo en marcha, haciendo todo lo posible para que lo acordado en La Habana, por difícil que sea para las víctimas y sus familias, abra una era de paz y convivencia entre los colombianos. Así se hizo en Irlanda del Norte, por ejemplo, y los antiguos feroces enemigos de ayer, ahora, en vez de balas y bombas, intercambian razones y descubren que, gracias a esa convivencia que parecía imposible, la vida es más vivible y que, gracias a los acuerdos de paz entre católicos y protestantes, se ha abierto una era de progreso material para el país, algo que, por desgracia, el estúpido Brexit amenaza con mandar al diablo. También se hizo del mismo modo en El Salvador y en Guatemala, y desde entonces salvadoreños y guatemaltecos viven en paz.

El aire del tiempo ya no está para las aventuras guerrilleras que, en los años sesenta, solo sirvieron para llenar América Latina de dictaduras militares sanguinarias y corrompidas hasta los tuétanos. Empeñarse en imitar el modelo cubano, la romántica revolución de los barbudos, sirvió para que millares de jóvenes latinoamericanos se sacrificaran inútilmente y para que la violencia —y la pobreza, por supuesto— se extendiera y causara más estragos que la que los países latinoamericanos arrastraban desde hacía siglos. La lección nos ha ido educando poco a poco y a eso se debe que haya hoy, de un confín a otro de América Latina, unos consensos amplios en favor de la democracia, de la coexistencia pacífica y de la legalidad, es decir, un rechazo casi unánime contra las dictaduras, las rebeliones armadas y las utopías revolucionarias que hunden a los países en la corrupción, la opresión y la ruina (léase Venezuela).

La excepción es Colombia, donde las FARC han demostrado —yo creo que, sobre todo, debido al narcotráfico, fuente inagotable de recursos para proveerlas de armas— una notable capacidad de supervivencia. Se trata de un anacronismo flagrante, pues el modelo revolucionario, el paraíso marxista-leninista, es una entelequia en la que ya creen solo grupúsculos de obtusos ideológicos, ciegos y sordos ante los fracasos del colectivismo despótico, como atestiguan sus dos últimos tenaces supérstites, Cuba y Corea del Norte. Lo sorprendente es que, pese a la violencia política, Colombia sea uno de los países que tiene una de las economías más prósperas en América Latina y donde la guerra civil no ha desmantelado el Estado de derecho y la legalidad, pues las instituciones civiles, mal que mal, siguen funcionando. Y es seguro que un incentivo importante para que operen los acuerdos de paz es el desarrollo económico que, sin duda, traerán consigo, seguramente a corto plazo.

Héctor Abad dice que esa perspectiva estimulante justifica que se deje de mirar atrás y se renuncie a una justicia retrospectiva, pues, en caso contrario, la inseguridad y la sangría continuarán sin término. Basta que se sepa la verdad, que los criminales reconozcan sus crímenes, de modo que el horror del pasado no vuelva a repetirse y quede allí, como una pesadilla que el tiempo irá disolviendo hasta desaparecerla. No hay duda que hay un riesgo, pero, ¿cuál es la alternativa? Y, a su excuñado, le hace la siguiente pregunta: “¿No es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos?”.

La respuesta es sí. Yo no lo tenía tan claro antes de leer el artículo de Héctor Abad Faciolince y muchas veces me dije en estas últimas semanas: qué suerte no tener que votar en este plebiscito, pues, la verdad, me sentía tironeado entre el sí y el no. Pero las razones de este magnífico escritor que es, también, un ciudadano sensato y cabal, me han convencido. Si fuera colombiano y pudiera votar, yo también votaría por el sí.

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