Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar *.- El melancólico desenlace que está teniendo la Reforma Tributaria demuestra que todo lo que comienza mal termina mal. Veamos.

Se dijo inicialmente que se le iba a presentar al país una Reforma Tributaria que se necesitaba con apremio; después, durante la asamblea de Confecámaras, el Gobierno aclaró que no iba a ser una Reforma Tributara tradicional sino una Ley de Financiamiento de las que trata el Artículo 347 de la Constitución, cuando los presupuestos iniciales se presenten desfinanciados.

Cuando todos creíamos que el gobierno tenía lista la Reforma y que la iba a presentarla desde el mismísimo 7 de agosto, resulta que no la tenía lista; y durante cerca de dos meses comenzó la danza de los anuncios a cuenta gotas sin que nunca se conociera la visión de conjunto.

Después vinieron las informaciones fragmentarias y poco convincentes de cuanto era exactamente el déficit que había que cubrir. Se habló de $25 billones, de $18 billones, y por último se aterrizó en la cifra de $14 billones.

El pecado capital con que nació esta mal diseñada y peor explicada Reforma radica en que se creyó que el país iba a aceptar que de golpe y porrazo se pudiera elevar de 0 al 18% el IVA al 50% de los bienes y servicios hoy exentos o excluidos. Gigantesca ingenuidad. Nunca en la historia fiscal del país se había planteado un alza del IVA con esta desmesura. El único intento que se había hecho, en 2003, para extender el IVA al conjunto de la canasta familiar consistió en elevar pudorosamente la tarifa del 0% al 2%. Pero nunca al 18% de un golpe.

El mecanismo planteado para devolver el IVA a los estratos 1, 2 y 3 era, a ojos vistas, algo improvisado que iba a generar un gigantesco problema administrativo.

Siempre que se habla de una Reforma Tributaria se subraya la importancia de eliminar exenciones y tratamientos de privilegio. El proyecto que agoniza está plagado, por el contrario, de más regímenes de privilegio. Pensemos no más en las llamadas “mega- inversiones” y en los fracasados contratos de estabilidad tributaria, que tanta inflexibilidad le incorporaron al régimen fiscal en el pasado, y que ahora se reviven.

Por todos lados el proyecto está saturado de propuestas de exenciones o minoraciones odiosas, que no se cuantifican.

Sin que se necesitara y sin que nadie lo estuviera pidiendo, se propuso reducir la tarifa general del IVA del 19% al 17%, con un gigantesco costo fiscal.

Se dice querer combatir la evasión, y, sin embargo, se plantea la eliminación de la renta presuntiva, instrumento importantísimo para la lucha contra la evasión. Tal como lo señaló en su momento la misión que entregó sus conclusiones en diciembre de 2015.

Fue tal la descoordinación con que se preparó este proyecto que en el artículo 83 se vuelve a crear el Fondo para la estabilización de los precios de los hidrocarburos que existe hace más de 10 años.

Y hace pocos días, lo que denota también inexcusable improvisación, el presidente Duque tuvo que salir en público (lo cual ya de por sí es sorprendente) a pedirle al Ministro de Hacienda que por favor no olvidara su protegido “sector naranja”, que había quedado gravado con todo tipo de impuestos en la versión original de la disparatada propuesta original.

Como lo han señalado entre otros Fedesarrollo y un reciente estudio de académicos de la Universidad Nacional (“sumas y restas tributarias en el proyecto de ley de financiamiento” de Javier Ávila y Jorge Armando Rodríguez) el proyecto de ley no cubre más allá del 2020 las necesidades fiscales del país. O sea, las orejas de nuevas Reformas Tributarias a partir del 2020 asoman en el horizonte.

En apresuradas reuniones que han tenido lugar esta semana en el Ministerio de Hacienda con los parlamentarios ponentes se le ha hecho una despiadada trasquilada al Proyecto de Ley. El primer mechón que se ha recortado fue el del IVA al 18% a los alimentos, sin que nadie derramara por supuesto una lágrima en su memoria.

Sí, todo lo que comienza mal termina mal.

Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2018

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis *.- El segundo argumento ecológico contra el petróleo es que su exploración, producción y transporte causan desastres ambientales. Es más contundente que el primero (su impacto sobre el calentamiento global) porque si bien, como en el caso de las drogas ilícitas, el problema lo causa la demanda y no la oferta y un país pequeño productor no tendría que asumir los costos de suspender la producción, si debería hacerlo si la misma producción causa daños ambientales.

La respuesta es que la producción de petróleo puede hacerse sin generar desastres ambientales. El riesgo existe y hay casos catastróficos como el naufragio del Exxon Valdes en Alaska o la explosión de la plataforma marítima Deep Horizon en el Golfo de México; pero las mismas compañías petroleras cada vez adoptan tecnologías y protocolos más estrictos de seguridad ambiental, y hasta se convierten en activas protectoras del medio ambiente. De otra parte, hay que recordar que hay muchas otras industrias que contribuyen al calentamiento global, como la ganadería, y a nadie se le ocurre prohibirlas.

La industria petrolera ha avanzado mucho en este campo y hoy dedica grandes recursos a prevenir daños ambientales. Diría Adam Smith que no es por su benevolencia sino por su propio egoísmo, porque saben que las prácticas medioambientales limpias les ahorrarán mayores costos de reparación y limpieza.

En Colombia son altos los estándares de mitigación del riesgo ambiental. Ecopetrol opera más de 15.000 pozos en el país, y se cuentan con los dedos de la mano los casos anuales de derrames de petróleo. La percepción puede ser distinta porque los pocos que hay se magnifican como una fake news en los medios y las redes sociales como sucedió con el reciente caso del pozo Lizama, que fue calificado como el mayor desastre ambiental de la historia.

La realidad es que en Lizama afloraron 20.000 barriles de crudo, pero el esfuerzo y la pericia de los técnicos controlaron el daño, recuperaron la mayoría y solo 500 barriles acabaron contaminando el ecosistema. Contrasta este mínimo impacto con el causado por los atentados terroristas contra los oleoductos, que han derramado 3.5 millones de barriles. Ese sí es el mayor desastre ecológico de Colombia, así las redes sociales no lo divulguen.

Cali, D. C, 25 de noviembre de 2018

*Filósofo. Economista y Consultor.

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Jose Felix Lafaurie

Por Jose Felix Lafaurie *.- Fedegán realizó el 36º Congreso Nacional de Ganaderos en Barranquilla, con la asistencia de cerca de 2.000 personas, entre delegados de todas las regiones, participantes e invitados. Lo primero a resaltar fue el saludo entusiasta de los ganaderos al Presidente y al Gobierno. Como lo manifesté en mi intervención, la última vez que un presidente asistió fue hace cuatro años, cuando Santos se apareció para amenazar a Fedegán por su posición frente a las negociaciones con las Farc. En 2016, Iragorri prohibió cualquier participación de funcionarios o entidades del sector. El Gobierno volvió al Congreso Ganadero. Participaron los ministros de Defensa, de Agricultura; la ministra de Transporte y los de Ambiente y de Comercio, además de los directores y gerentes de las entidades del sector, el Director del SENA y el Gerente del Invima. El Presidente fue generoso con los ganaderos en su intervención; se sentía en el ambiente la intención constructiva de pasar la página.

Lo más importante, sin embargo, fue su aceptación a nuestras propuestas en temas centrales para la ganadería, que concreté en cinco retos con alta incidencia sobre el sector agropecuario, y en tres que impactarían solo a la ganadería.

En el primer grupo planteamos: 1. La urgencia del ordenamiento productivo a partir de un catastro que, a través del predial, incentive su uso adecuado.

2. Vías terciarias a partir de una “alianza de infraestructura” con el aporte del predial rural municipal y los aportes de la Nación. 3. La creación de un “Fondo para el Desarrollo del Sector Agropecuario” alimentado por la inversión de sociedades contribuyentes de renta que recibirían un incentivo tributario; y de un sistema nacional de garantías móviles administrado por Finagro. 4. Una línea de crédito con ICR para la adquisición y montaje de sistemas alternativos de energía en predios rurales. 5. Una estrategia de distritos de riego para la producción rural.

Para impactar la ganadería propusimos: 1. El reto ambiental: un gran fondo de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad por parte de la industria extractiva, cuyos recursos se orienten a implementar un millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles.

2. La conquista de los mercados, con una meta de 500 mil dólares en exportaciones, a partir de recuperar el estatus sanitario y lograr admisibilidad sanitaria a los principales mercados.

3. El proyecto de la leche social, con un fondo tripartito con participación de los ganaderos, la industria y el Gobierno, para ampliar el consumo en los estratos 1 y 2 de la población. El Presidente y el Gobierno le cumplieron al Congreso Ganadero. Por eso fueron bienvenidos.

Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2018

*Presidente de Fedegan 

@jflafaurie

 

 

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo *.- Sobre el caso Odebrecth-Grupo Aval-Fiscal Martínez, dice The Economist que el Fiscal “claramente no está en posición de llevar una investigación imparcial (…) ya que él mismo podría tener que responder” (Enlace 1). ¡Él mismo podría tener que responder en una investigación criminal! Esta gravísima aseveración no la hace el Polo sino una publicación inglesa de alta reputación en los centros de poder del mundo. Y Martínez no terminó en este descrédito porque exista una “conspiración” en su contra, como falazmente alega. No. Ahí llegó por sus propios y repudiables actos, los conocidos antes y los conocidos ahora.

Jorge Enrique Pizano dejó pruebas de sobra para demostrar que en el Consorcio Ruta del Sol II operó un acuerdo para robarse grandes sumas, la forma que usaron para financiar los sobornos por cien mil millones de pesos con los que consiguieron los contratos de las carreteras que explotaron (Enlace 2).

Apoyada en los numerosos documentos que aportó Pizano como auditor del Consorcio Ruta del Sol II en representación del Grupo Aval, la Superintendencia de Industria y Comercio (el delegado Jorge Enrique Sánchez) acusó ante la Fiscalía a Odebrecht y a Episol-Corficolombiana como asociados en las coimas. Según las pruebas, estas empresas del Grupo Aval desatendieron, “incluso de manera sistemática, las advertencias sobre irregularidades que les informaba” Pizano, al igual que se burlaron de la medida que este logró que se tomara para evitarlas, por lo que las pruebas “no dan cuenta de una supuesta condición de víctima de Episol y Corficolombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos” (Enlace 3).

Las grabaciones demuestran que Néstor Humberto Martínez, antes de ser Fiscal, recibió de Jorge Enrique Pizano pruebas irrefutables sobre la corrupción de ejecutivos de Odebrecht y Episol-Corficolombiana en la Ruta del Sol II (Ver Noticias Uno, El Espectador), pruebas que Martínez se comprometió a entregarle a su jefe en el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, al tiempo que, violando la ley, se las ocultó a la Justicia. Y que Martínez miente cuando dice que no se conocía la gravedad de lo que le informaba Pizano lo comprueba este comentario suyo: “Es claro que es una coima ni la hijueputa”.

Que Néstor Humberto Martínez conociera desde agosto del 2015 la corrupción en la Ruta del Sol II significa que lo supo por lo menos un año antes de hacerse elegir Fiscal General, de donde salen unas acusaciones obvias que la Justicia no ha investigado: Martínez se hizo nombrar Fiscal para proteger y protegerse de las acusaciones de corrupción en la Ruta del Sol II que se sabía que venían, al igual que para cubrir a Juan Manuel Santos y a los demás dirigentes políticos a cuyas campañas electorales llegaron los sobornos.

También lo condenan sus conductas como Fiscal desde cuando estalló el escándalo. Porque lo primero que hizo fue montar el falso positivo de Navelena, con el que, con dolo, absolvió a Odebrecht y ocultó que en ese negocio actuaban Corficolombiana y el propio Martínez Neira, del que además se supo que también había sido contratista de la Ruta del Sol II. Y en incontables veces y con todo cinismo, ha ocultado, manipulado, tergiversado, engañado y mentido en su favor y en el de Sarmiento Angulo, con lo que su caso pasó de ser por violar sus impedimentos al de actuar con una lógica corrupta.

De ahí que haya que repudiar su más reciente engaño, que le respaldan Sarmiento Angulo e Iván Duque: que en vez de renunciar al cargo, le nombren un Fiscal Ad Hoc que lo reemplace en uno solo de los aspectos de la corrupción en la Ruta del Sol II, con lo que engañan al país, Martínez mantiene su gran poder para seguir intrigando y, por su fuero, se asegura su total impunidad de todo cuanto haya hecho y haga durante los cuatro años como Fiscal General.

Coletilla. El próximo martes, desde las 4 de la tarde, con Angélica Lozano y Gustavo Petro, haré mi tercer debate en el Senado sobre Odebrecht-Aval-Fiscal Martínez.

Bogotá, 23 de noviembre de 2018.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz *.-Son muchos los políticos que se disputan con afán la Alcaldía de Bogotá, por ser el segundo cargo en importancia, después de la Presidencia. Brillantes hombres y mujeres se han lanzado tras ese “bombón” y muchos los que se han desempeñado con decoro y eficiencia. Recuerdan con nostalgia a Mazuera Villegas, Virgilio Barco, Luis Prieto, Jaime Castro y Gaitán Cortés. Peñalosa, hizo una buena labor en la alcaldía de 1997. Mostró algunas obras, pero su obsesión por la bicicleta, pudo más que la urgencia que tenía Bogotá de una adecuada movilización. A la 15 que tenía 5 carriles le recortó dos, para ampliar unos andenes mal programados y repletos de trampas humanas. Y no se diga nada del despilfarro con la invasión inútiles bolardos.

Desechó, como algunos de sus antecesores el metro y creyó haber descubierto el agua tibia con un sistema de transporte masivo llamado Transmilenio que ha costado una fortuna porque sus calzadas fueron mal proyectadas y pavimentadas con un tal relleno fluido, que no ofrecía calidad. Aún se están reparando esas rutas. Muchos especulan que ese tipo de vehículos eran promovidos por Peñalosa, cuando hizo parte directiva de la Volvo.

En el 2015 regresó a la Alcaldía para proyectar nuevas ideas que van contra la corriente. Destruir reservas ecológicas, angostar las pocas vías existentes para abrir ciclorutas, comprar -¿o vender?- otra vez buses contaminantes, adjudicar dudosamente licitaciones como la de los semáforos inteligentes, que legalizó con una carta falsificada de la Procuraduría. Y qué tal las de Bocarejo, el del tránsito que limitó la velocidad por ciertas avenidas, haya o no congestión.

La “mermelada peñalosa” repartida a los concejales para asaltar a la ciudadanía con un innecesario impuesto de valorización. Capítulo aparte hay que dedicarle a los abultados presupuestos para una publicidad amañada y engañosa sobre obras irreales. Y el caso de los “maletines amarillos” que a manera de bolardos quieren simular ciclorrutas. Estos los vende la “Empresa de Señalización” que los distribuye, a $150.000, pero al Distrito los compró a $350.000 cada uno.

Por todas estas cosas, Peñalosa tuvo que aplicarle a la sufrida ciudadanía el nuevo impuesto de valorización, que según lo afirmó en una columna periodística el ex vicepresidente Germán Vargas, no se necesitaba. El Distrito cuenta con endeudamiento aprobado por 20 billones de los cuales solo la mitad son para el Metro. Hay 2 billones de la venta de la EEB. Hay dinero suficiente. No se necesita meterle la mano al bolsillo de los bogotanos. Grave que los concejales, cuya lista fue publicada el martes en este diario, hayan aprobado el castigo ciudadano. Por esa lista es por la que no hay que votar en las elecciones que se avecinan. ¿Cómo pretenden salir reelegidos?

Peñalosa con la exuberante publicidad, con la que financia muchos medios, quiere recuperar la extraviada imagen, en su afán por llegar a la Casa de Nari.

BLANCO: No habrá IVA a la canasta familiar.

NEGRO: El IVA que saqueará a los pensionados.

Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2018

* Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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Clara López

Por Clara López*.-  Entre las explicaciones del desplome del presidente Duque en las encuestas recientes está la cuenta de cobro de la ciudadanía por el incumplimiento de la promesa electoral de no subir el IVA y los impuestos en general.

En promedio, la desaprobación general del presidente se duplicó del 32 al 64,8 por ciento y en regiones como Bogotá y Antioquia se triplicó del 23 al 72 por ciento. El propio Iván Duque buscó inmunizarse de la reconvención al aseverar que no gobierna para conseguir aplausos y que toma decisiones sin pensar en su popularidad.

Así debió ser en la campaña electoral. Nadie se presenta a la primera magistratura sin conocer los indicadores básicos de la Hacienda Pública. La destorcida de los precios del petróleo, el ajuste fiscal en curso y la inflexibilidad del gasto público no eran datos desconocidos. Sin embargo, el candidato Duque prometió que no iba a subir los impuestos y, en concreto planteó: "Tenemos que reducir el IVA o vamos a tener una situación mucho peor"; “Quiero hacer una reforma fiscal para bajar impuestos.” Hasta vallas con mensajes semejantes aparecieron en distintos sitios del país.

Ya posesionado como presidente recogió sus palabras. Cuando el ministro de Hacienda empezó a ablandar el camino de la reforma tributaria en los congresos de los gremios, la opinión pública se alebrestó. Acto seguido, el ministro Carrasquilla anunció que la propuesta de ampliación del IVA a la canasta familiar era de su propia cosecha y que no comprometía al gobierno. Pero no. Parece que “convenció” al primer mandatario y finalmente presentó al Congreso la reforma de marras, vestida de Ley de Financiamiento y en directo incumplimiento de la promesa electoral del presidente. Pero no es el único caso.

También prometió el candidato Duque, ante un foro de estudiantes en Bucaramanga, que en un eventual gobierno suyo no habría fracking. “Tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y riesgos de mayor sismicidad por el tipo de suelo,” explicó para sustentar esa negativa. Sin embargo, su ministra de Minas dice lo contrario. Confrontada, afirma que va a “convencer” al presidente. Por el estilo hay varios temas en los que lo prometido se distancia de lo que terminan siendo las decisiones de gobierno, como el de los proyectos de la consulta anticorrupción.

Cabe entonces la hipótesis que responsabiliza del desplome de la aprobación del presidente Duque, no solo al seguro aumento del IVA, sino al incumplimiento descarado de la promesa de campaña de no subir impuestos.  Es algo más sutil que debe empezar a alertar a candidatos nacionales y locales. La gente ya no come cuento y está pasando la cuenta de cobro por las promesas incumplidas de manera inmediata.

En tiempos de populismo y posverdades, el partido de gobierno empieza a recibir las consecuencias de su propia medicina. No es suficiente mimetizar el incumplimiento de promesas de campaña con desacuerdos entre ministros y presidente o entre bancada y gobierno. Ni sirve mucho que todos a una descarguen la responsabilidad sobre el gobierno anterior. Nadie puede llamarse a engaño. Lo que pasa es que las encuestas muestran que el ardid y la pretendida confusión generada sobre quién está detrás de cada propuesta, ya no está funcionando.

Es alentador para la democracia constatar que las promesas incumplidas empiezan a tener consecuencias. Las encuestas recientes son un buen indicio que puede llevar a mejorar el debate público. Los procesos electorales pueden y deben apartarse del populismo barato para promover una deliberación seria y realista sobre los distintos caminos viables y realizables que permitan afrontar las circunstancias de cada coyuntura.

De no enseriarse el debate electoral, cada gobierno encontrará que el incumplimiento de sus promesas contribuirá cada vez más a la falta de legitimidad y de gobernabilidad. Según la reciente encuesta, el que la hace la paga.

Bogotá, D. C, 21 de noviembre de 2018

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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José G Hernández

Es doloroso decirlo, pero entre nosotros, se ha perdido la confianza, la credibilidad y el respeto ciudadano hacia las instituciones, en especial las judiciales.

Nos preguntamos, a propósito de recientes hechos: ¿Será admisible para los colombianos que la justicia siga brillando por su ausencia? ¿Que, sobre acontecimientos escabrosos todo se oculte,  la oscuridad sea cada vez más oscura, la verdad más lejana y el Derecho más teórico? ¿Admitimos que la respuesta sea siempre una mentira o una cortina de humo? ¿Habrá claridad y se sabrá la verdad  alguna vez?

Nuestra sociedad no puede continuar creyendo en los juegos de palabras, las argucias y los artificios, en sustitución de una genuina y transparente búsqueda de la justicia. Debemos recobrar la credibilidad de quienes investigan; de quienes conducen los procesos; de quienes  resuelven; de quienes acusan; de quienes juzgan y de quienes dictan sentencias. Hemos de retornar a la confianza en  jueces que, por definición, sean incorruptibles. Regresar a la dignidad, al decoro y a la respetabilidad de quienes tienen como función perseguir el delito, investigar,  juzgar y condenar o absolver, en Derecho y respetando las garantías constitucionales, pero con rigor. En eso deberían estar empeñados todos aquellos que todavía ejercen sus atribuciones con probidad y rectitud -aún son muchos-, para que opere la justicia y no prosperen torcidas intenciones de funcionarios corruptos. Ellos no merecen seguir ejerciendo sus funciones y, por tanto, han de ser sometidos a proceso.

Una vez más decimos: el problema de la justicia en Colombia no es solamente de normas. Es, ante todo, de personas. Se hace necesario renovar la forma en que son escogidos los altos funcionarios, y hacia el futuro no se deben repetir los errores cometidos. Los nominadores -al momento de elegir a quienes administran justicia- deben rechazar a quien pretenda sustituir una hoja de vida limpia, la preparación, la trayectoria y la formación ética y jurídica por una recomendación política o por la influencia de los poderes económicos.  

Bogotá, D. C, 21 de noviembre
 
*Expresidente de la Corte Constiticional.
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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez *.- El presidente Iván Duque, igual que su mentor Uribe, vive su propia encrucijada en el alma que se evidencia en el doble discurso que pregona frente a temas trascendentales para el futuro de los colombianos como el acuerdo de paz y las leyes y reformas que se propone implementar.

Su discurso es ambiguo y su mensaje no es coherente.

Hablemos de la paz: por fuera, como ocurrió recientemente en París, dice que honrará el acuerdo suscrito entre el Estado y las Farc y adentro, en su país, insiste en que le hará modificaciones a lo pactado en La Habana.

Sus devaneos políticos le son adversos y la estrategia no funciona. Cometió el craso error de agotar la instancia de los rectores como mediadores ante los estudiantes y los invitó a palacio a firmar un acuerdo económico para las universidades públicas sin resolver el problema de fondo: su desfinanciación. Hoy los estudiantes solo admiten hablar cara a cara con el presidente y sin intermediarios en busca de un compromiso serio, sin dilaciones y mentiras para, a cambio, abandonar la calle.

Por los lados de la Ley de Financiamiento -reforma tributaria-, sí o sí el gobierno busca aprobarla, la pregunta es, ¿cómo? Ad portas de unas elecciones regionales, es muy probable que los congresistas, incluidos los de su mismo partido, no le apuesten a gravar una canasta familiar que tendrá efectos negativos para sus intereses electorales a no ser de que aparezca la milagrosa cuota navideña (mermelada decembrina).

No ha logrado el gobierno construir mayorías y el liderazgo de Uribe no le alcanzó. La más clara derrota política para la ministra del Interior y el CD se la propinaron el miércoles pasado: al verse superados con la aprobación de la 16 curules para las víctimas sacrificaron la reforma de la JEP, punto de honor para sus aspiraciones de neutralizar la verdad en esa justicia transicional. Desmantelaron el quorum y obligaron a levantar la sesión. Un comportamiento miope y egoísta que abonó en contra de Duque y el CD el rechazo de más de siete millones de víctimas del conflicto interno armado a quienes les negaron sus curules en el Congreso.

El balance parlamentario es caótico y los hechos anteriores descubren a un presidente acorralado: no solo sus ministros hacen agua en los pasillos del Congreso, de contera; Uribe, en la sombra del poder, ya le notificó que a lo pactado entre Santos y las Farc “hay que hacerle unas reformitas”.

Las más recientes encuestas no dan cabida a una interpretación distinta: en un creciente ambiente de indignación social y desconcierto Duque, en los primeros cien días de su gobierno, apenas logra el 27 por ciento de aprobación a su gestión.

¿Quién realmente orienta el poder en este país? ¿Tiene el presidente Duque el temple para imponer una agenda que represente un objetivo común? ¿Seguirá el ancestral camino de los gobernantes colombianos de permitir que las élites sigan amasando poder en beneficio propio? ¿Oirá a los estudiantes que hoy son el relato del descontento social que agobia a los colombianos? Son interrogantes sin respuesta en un gobierno que apenas despunta y al cual ya, desde su propio partido, algunos parlamentarios le reclaman un ajuste en sus propósitos de gobierno (nuevas caras ministeriales).

Dije en una columna anterior que Duque no tendría luna de miel en sus primeros cien días de gobierno y las encuestas lo corroboran; ahora, tratar de encausar su propuesta en un ambiente político envenenado por las turbias actuaciones del fiscal en el caso de Odebrehct y el Grupo Aval, más la desconfianza en unas instituciones desgastadas, repetitivas y sin caras nuevas, no creo que le sea tan fácil. Esto es más de lo mismo. Un tuit que leí lo resume todo: “Tan bueno llamarse Antonio José Ardila, no tienes que tener experiencia diplomática simplemente llevar el apellido de uno de los hombres más ricos de este país para ser embajador en Londres”.

Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2018

Periodista y Analista Político.

@jairotevi                                                                                                                      

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- Después de largas discusiones y búsquedas de consensos llegó nuevamente al sus territorios y garantizar mayores inversiones sociales que permitirían equidad Congreso de la República el debate sobre la creación de las 16 circunscripciones de Paz que le daría a igual número de regiones de nuestro país, a esas regiones de la otra Colombia, espacios políticos importantes para fortalecer la democracia y ser dignos representantes en la Cámara baja, y luchar por sacar adelante y un mejor desarrollo.

Sin embargo, los opositores a la iniciativa, la bancada de Gobierno y partidos aliados, derrotaron el proyecto una vez más y en un claro mensaje al país, manifestaron con su oposición, que no les interesa la Colombia olvidada, esa misma que tenía la oportunidad de ser representada por 16 hombres y mujeres de los más apartados territorios y donde con mayor rigor se vivió el conflicto armado colombiano.

Desde el liberalismo siempre apoyamos esta iniciativa, porque en primer lugar, es un acto de cumplimiento de los acuerdos que hoy tienen marcos legales y constitucionales, desarrollado en el punto 2.3.6 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, pero más allá creemos que la paz y la democracia se construye en el territorio, en las regiones y no en el escritorio.

Parece que hay un interés de seguir fortaleciendo la representación del centro del país, de las grandes ciudades, de los grandes conglomerados humanos y de los partidos tradicionales o de los nuevos partidos y no permitirle a las regiones que tengan una representación.

Por ejemplo, territorios como Tumaco, como Buenaventura, poblaciones grandes como El Charco, Güapí, el Chocó, o todo el Litoral Pacífico no tiene un Representante a la Cámara que tenga origen en las víctimas, no es posible que más de 500 mil habitantes no tengan un solo Representante a la Cámara, en contraste con ciudades y territorios que tienen muchos Representantes y muchos Senadores.

Es en los territorios donde se nota la debilidad institucional, la presencia de los cultivos ilícitos, la presencia de las BACRIM, la presencia también de bandas del narcotráfico y un sinnúmero de flagelos más.

Entonces, cuando se pretende fortalecer el Estado y la representación política, se dice que traigamos esas curules para el centro del país para que representen las víctimas.

Yo les quiero decir, en poblaciones pequeñas como Policarpa, Nariño, existen cinco mil víctimas registradas y reconocidas por la Unidad Nacional de Víctimas, en una población relativamente pequeña como El Charco existen 18 mil o 24 mil víctimas en el municipio de Samaniego en Nariño y más de cien mil en los sectores rurales del municipio de Tumaco sin representación política.

En el Congreso de la República, por virtudes, y por las circunstancias del centro del país, de las ciudades y los grandes conglomerados humanos, muchas víctimas representan a su sector, no a la circunscripción especial de víctimas de forma ordinaria.

Por ejemplo, senadores como Andrés Cristo, víctima del ELN o Rodrigo Lara, víctima del narcotráfico, Iván Cepeda, víctima del propio Estado, o los exsenadores Jorge Eduardo Géchem, Sofía Gaviria o Mauricio Lizcano y Representantes como Harry González, María José Pizarro, Jhon Jairo Hoyos, son también víctimas, la mayoría de ellos pertenecen a las grandes ciudades y, en el Congreso están representando a sus regiones y su misma condición de víctimas, pero esas víctimas de la Colombia profunda, de la periferia, sí se quedaron sin representación y no van a poder construir Paz y democracia en el territorio.

NO se entiende ese discurso de siempre, que el Estado no hace presencia en las regiones, hoy afectadas por los cultivos ilícitos, por la minería ilegal, por la deforestación, en fin. El Congreso mayoritariamente fue mezquino con las víctimas, algunos sectores no permitieron que Representantes a la Cámara de la Colombia olvidada fueran a legislar, como sí lo están haciendo los movimientos de la antigua FARC armada, hoy movimiento político representando su ideología compartámosla o no, hoy todo el mundo ha dicho que es mejor que estén construyendo país desde la diferencia.

Se cercenó la posibilidad que en la Cámara de Representantes, 167 municipios de regiones como la Costa Pacífica de Nariño, del Cauca, del Chocó, de los Montes de María, del sur de Bolívar o de la Serranía del Perijá en Norte de Santander fueran a proponer  ideas de como el Estado, como el Congreso de la República y como el gobierno hace presencia en estas regiones donde más duro impactó el conflicto en Colombia. Este Congreso re victimizó a las víctimas y las dejó sin representación.

Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2018.

*Senador Liberal 

 @GGarciaRealpe

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Felicia Saturno Hartt

Por Felicia Saturno Hartt*.- Desde principios de los noventa ha sido todo una búsqueda la real definición de lo que se estima como uno de los recursos indispensables no sólo del desarrollo, sino del sostenible.

De hecho, el Presidente del Banco Mundial, Dr. Jim Yong Kim, un experto en materia de RR.HH. ha intentado aproximarse, definiendo este nebuloso y exigente concepto como “"total de la salud, las habilidades, el conocimiento, la experiencia y los hábitos de una población".

Pero los exigentes estiman que se queda corto, primero por la indetenible globalización y, en segundo lugar, por la complejidad de los procesos tecnológicos presentes en los escenarios menos complejos.

Es por ello que el trabajo del equipo de académicos del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud, con sede en Seattle, ha creado una clasificación científica estudiando 195 países.

Metodológicamente, sus cálculos se basan en el análisis de más de 2500 encuestas y censos, con el  objetivo de cuantificar la cantidad de años productivos que se espera que un individuo trabaje, entre los 20 y 64 años, teniendo en cuenta la educación y la salud, dos variables puntuales.

Los hallazgos han sido impresionantes. Las naciones europeas dominan los resultados superiores, constituyendo 8 de los 10 primeros, con Finlandia, Islandia y Dinamarca en las primeras posiciones, algo que no ha cambiado desde 1990.

Níger aparece al final de la lista, junto con Sudán del Sur y Chad. Y la diferencia es dura: el nivel de capital humano esperado en Finlandia fue de 28 años, en comparación con dos años en Níger.

Quizás lo más interesante es la lista de países que están mejorando, con Turquía a la cabeza, logrando el aumento más espectacular en las clasificaciones: escalando a la posición 43 de la 102 en la lista y logrando mejoras en cada componente del índice.

La nación produjo una expectativa de capital humano de 20 años en 2016, en comparación con ocho años en 1990.

Los hallazgos son significativos,  subrayan la importancia de invertir en las personas y porque los investigadores descubrieron que las naciones con mayores mejoras en el capital humano, también tienden a tener un crecimiento más rápido.

Esto probó ser así en Turquía, China, Tailandia y Brasil, que registraron un mayor crecimiento económico que los países pares, con niveles más bajos de mejora del capital humano en el mismo período.

Estos estudios son fundamentales para trazar las verdaderas políticas públicas tanto nacionales como regionales, porque como expone el último Informe Global de Capital Humano del Foro Económico Mundial, el capital humano puede ser el factor determinante más importante del éxito de un país a largo plazo.

Ese informe mostró cómo, en promedio, el mundo ha desarrollado solo el 62% de su capital humano o, en otras palabras, que las naciones están desperdiciando alrededor del 38% de su talento.

Las necesarias reformas educativas y el mayor acceso a la salud de calidad son las llaves para comenzar a crear un verdadero capital humano, apto para los retos de la formación y diversificación tecnológicas.

Porque como bien lo expresó el Dr. Christopher Murray, Director del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de Universidad de Washington, “"Nuestros hallazgos muestran la relación entre las inversiones en educación y salud y la mejora del capital humano y el PIB. Relación que los legisladores tan peligrosamente ignoran".

* Politóloga Venezolana, Analista Político y CEO en Arquiluz.

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