Opinión
Por José Felix Lafaurie Rivera*.- Con su poderío comercial, hoy China puede transformar el sector rural colombiano. Acompañamos al presidente Duque en un viaje que, no lo dudo, será histórico para el sector. Para el caso de la carne de res, se alinean los astros para abrirle espacio en el comercio mundial y convertirla en el motor de la transformación de la ganadería nacional.
No es optimismo gratuito; existen factores estructurales que marcan ese rumbo. Mientras en 1980 la población mundial era de 4.449 millones de habitantes, en 2017 alcanzaba los 7.550 millones, con un crecimiento de 69%. En el mismo periodo el hato mundial pasó de 1.217 millones de cabezas a 1.492 millones, con un crecimiento de apenas 22%, menos de la tercera parte del poblacional. Hoy la producción mundial de carne es de 64 millones de toneladas, de las cuales solo 11 millones se comercializan. Más gente, menos carne.
A esa tendencia estructural se suma un factor coyuntural de enorme peso: La peste porcina que hoy azota al continente asiático y, particularmente, a China, con el mayor hato porcino del mundo -¡435 millones de cabezas!-, del que podría perder hasta la tercera parte, por lo cual los expertos vaticinan una “disparada” de las importaciones de carne de res.
Así pues, aunque suene a beneficio con desgracias ajenas, como cuando nuestras bonanzas por la roya o las heladas en Brasil, lo cierto es que el futuro de la carne de res está en China, no solo por su calamidad porcícola, sino por la potencialidad estructural de su economía.
El mercado chino suma 1.400 millones de personas, cinco veces más grande que el de Estados Unidos, tres que el de la Unión Europea y dos que toda América Latina.
El ingreso per cápita en China fue de 9.770 dólares para 2018, todavía modesto frente a los 62.927 de Estados Unidos, pero su crecimiento sostenido es extraordinario, pues en 1978, hace 40 años, apenas superaba 200 dólares por habitante. En esas cuatro décadas, 800 millones de personas han salido de la pobreza y el gobierno chino anuncia que, para 2030, el país habrá ingresado al exclusivo club de los “países de ingreso alto”. Hoy ya alberga a ¡la mitad! de la clase media del mundo.
En 2018, China le compró al mundo productos agropecuarios por 126.000 millones de dólares y a Colombia apenas 64,4 millones, equivalentes a -ríanse- el 0,05%.
En 2018, importó 1.039 millones de toneladas de carne de res, más de la mitad desde América Latina, y Colombia no aportó un solo kilo a ese volumen. Con la combinación de factores mencionada, en el corto plazo triplicará sus compras, superando el 25% del comercio mundial.
¿De dónde saldrá esa carne? Colombia ocupa una posición importante en la producción, con el hato número doce del mundo y alto potencial de crecimiento; y para alinear un astro más, la carne de res es el único commodity con tendencia sostenida de aumento de precio, desde 2.480 dólares por tonelada en 2006 a 4.714 -casi el doble- en 2019, gracias a lo cual nuestro precio es competitivo a nivel mundial.
No obstante, para aprovechar esa oportunidad, es urgente la recuperación del estatus sanitario, prevista para septiembre, gracias a los esfuerzos del Minagricultura, el ICA y FEDEGÁN.
De ahí la importancia del viaje a China del presidente Duque. Para el caso de la carne, si no nos subimos a ese tren de futuro, nos resignaremos una vez más a verlo pasar.
Nota bene: insensata mezquindad la de quienes pretenden desvirtuar, con argumentos populistas, la importancia estratégica de los viajes presidenciales.
Bogotá, D. C, 26 de julio de 2019
*Presidente Fedegan
@jflafaurie
Por: Mons. Froilán Casas Ortiz* - Permítame, amigo lector, ofrecerle OTRA FORMA DE VER LA VIDA. Los cristianos católicos tenemos una visión antropológica, fundamentados en la ley natural, es decir, en la misma naturaleza humana, iluminada por la Revelación y por qué no, de las orientaciones que nos ofrece el magisterio de la Iglesia, basándose éste también, en las ciencias humanísticas y científicas.
Para nosotros, las mascotas son animales no seres humanos; por ende, las mascotas se compran, se adquieren, no se adoptan; ellas merecen cuidado y afecto, pero nunca podrán sustituir al hombre. Para nosotros es sagrado el hombre, no la naturaleza; la naturaleza se protege, se cuida, pero nunca la hermosa naturaleza es más grande que el hombre; la única criatura “imagen y semejanza de Dios” es el hombre.
Nosotros creemos que el matrimonio es sagrado y que solo existe entre un varón y una mujer, así lo estableció nuestro Creador, lo demás es invención del hombre obcecado por el pecado; el hombre pagará sus consecuencias por ir contra el Creador. Para nosotros, el niño tiene derecho natural a nacer en un hogar; el “padresolterismo y madresolterismo” van en contra de la ley natural y por ende del Creador. Imponerle al niño unos padres, es ir en contra de la ley natural. El hogar solo lo conforma un varón y una mujer, los niños que vengan es fruto de su mutuo amor y deben ser procreados con responsabilidad.
La adopción de los niños por parejas del mismo sexo, va en contra de la ley natural y por ende del Creador. Según la biología y la genética, la vida humana comienza a partir de la unión de dos células germinales, a saber, el espermatozoide y el óvulo; éste al ser fecundado, empieza un proceso de mitosis, desarrollo que, exigiendo un nido materno, es diferente de la madre y tiene su estatuto biológico propio. Interrumpir voluntariamente este proceso natural va en contra del Creador. La tarea del médico es defender la vida, no matarla; combatir la enfermedad no matando al enfermo.
Para nosotros los cristianos católicos el aborto no es un derecho, es un crimen abominable. La criatura cuando se pone contra el Creador, pone en riesgo su propia existencia. Dios no se ha ido de vacaciones. El sexo no lo escoge la persona, no es un producto cultural; los cromosomas XX= mujer; XY = varón, no son elección de la persona, están intrínsecos en la naturaleza humana; la ideología de género está en contra de la ley natural, por ende, del Creador. Cuando el hombre le lleva la contraria a Dios, siguiendo su propia concupiscencia la pagará muy caro.
Un cristiano católico no puede votar en las elecciones por personas que enarbolen esquemas de vida que vayan en contra de la ley natural; si el cristiano católico vota por personas que defienden tales intereses, es cómplice de la aplicación de tales propuestas y tendrá que darle cuenta al Creador a la hora de la muerte. Por favor, estamos en una sociedad democrática, nosotros también tenemos derecho a presentar nuestro modo de pensar. Respetamos a quienes piensan lo contrario, exigimos respeto a nuestras creencias. El cristiano católico debe ser coherente con sus creencias.
Bogotá, D. C, 26 de julio de 2019
+ Froilán Casas Ortiz Obispo de Neiva-
Por Gabriel Ortiz*.- El 20 de julio salió para el Presidente Duque, más aguado que su posesión el 7 de agosto del 2018 y por culpa de las jugaditas sucias del mismo bachiller. El país estaba pendiente del esperado informe sobre el cumplimiento que se ha dado a los acuerdos de la paz, de las bondades del manejo de la economía, de las proyecciones futuras, de los programas sociales, de los nuevos falsos positivos, es decir de la forma como anda la cosa por casa.
El entusiasmo se fue al traste, cuando la gente se encontró con una parodia tempranera de Sábados Felices con ¨Tontoniel¨ y Jaramillo. ¨Creo que me están tumbando¨, advirtieron los colombianos decepcionados con un acto que cayó tan bajo y que debe tener al Presidente Duque al borde de la histeria, cuando se enteró de que en el Senado se destapaba ¨la pasarela de la jugaditas sucias¨. Macías violó la Constitución.
¨El vivo vive del bobo¨, resalta el libretista Lozano en sus parodias, y eso lo demostró el ¨presidente del legislativo¨, director de la pasarela de las jugaditas sucias. Macías destrozó el interés por el discurso del bicentenario de Duque. Otro damnificado fue el jefe, quien frenéticamente castigaba el twitter con sus propias interpretaciones y agregados al informe de Iván, como si no lo desconociera.
Funesto día el que le aportó un bachiller inconcluso a sus superiores por el exceso de servilismo, o quizá por extralimitarse en el cumplimiento de las órdenes impartidas. Nadie atinaba a explicarse lo de la pasarela cuando la vio por televisión. ¡El bachiller reía! No sabía que los micrófonos estaban abiertos
En el mundo estamos. Somos campeones mundiales en ¨jugaditas¨. Las hay para todos los gustos, pero muy especialmente para violar la ley, mancillar la Constitución, masacrar la ética, ¨enverracar¨ al elector para que vote, exculpar a corruptos, etc.
Inventamos ¨articulitos¨, que cambian el rumbo de nuestra historia, sin sonrojo flagrantemente desconocemos los derechos de la oposición, armamos leyes con retroactividad, para convertir corruptos en héroes y acudimos a cuanta triquiñuela sea necesaria para apoderarnos de los derechos, bienes, servicios y honras de una sociedad inerme y burlada.
Las jugaditas, tan bien recibidas por parte de conocidos dirigentes, hacen que, en el país, se vuelvan vivezas la corrupción, el atropello y la violación de la ley. Los colados del Transmilenio, los compradores de buses contaminantes, los malos manejos de los fondos públicos, volver trizas compromisos adquiridos, los falsos positivos, la feria de los sobornos, el incumplimiento de los contratos; y si miramos a la redonda en cada imagen veremos un delito sin castigo. Y hay quienes hablan de impunidad, como si la estuvieran descubriendo.
Somos los reyes de las jugaditas, y seguiremos siéndolo, porque en Colombia los Jaramillo, viven de los Tontonieles y las pasarelas engolosinan.
BLANCO: FMI destaca crecimiento de la economia Colombiana para el 2020.
NEGRO: Todo es turbio en el Distrito. La destitución de Bocarejo por dolo en semaforización.
Bogotá, D. C, 25 de julio de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper
Por José G. Hernández*.- Elementos primordiales para que se pueda hablar con propiedad de un genuino Estado Social y Democrático de Derecho: 1) La existencia de reglas de juego claras; 2) El cumplimiento de esas reglas; 3) El respeto a las competencias allí señaladas; 4) La transparencia de los trámites, procedimientos y decisiones, según las reglas; 5) La aplicación de toda disposición según el principio de la buena fe, que se ha de presumir en las relaciones entre gobernantes y gobernados ; 6) El reconocimiento a los derechos y la exigencia de los deberes; 7) El efectivo control sobre las actuaciones, para asegurar el pleno y exacto cumplimiento de las reglas, el total respeto a la dignidad de la persona humana y la efectividad de los derechos.
En lo relativo a las reglas, ellas deben ser puestas en vigencia por el legislador y la administración, en los términos constitucionales, según los principios que la Constitución establece, y han de ser promulgadas y divulgadas con suficiente claridad, con el objeto de asegurar su debido y pleno conocimiento.
Dentro de un concepto de equilibrio y separación funcional, sin perjuicio de la armónica colaboración entre las ramas y órganos del poder público (Art. 113 de la Constitución), debe darse cumplimiento exacto a las normas por parte de los funcionarios, dependencias y autoridades competentes.
En el curso de las previstas actuaciones judiciales o administrativas, es indispensable que los derechos sean respetados, tanto los fundamentales como los políticos, económicos, sociales o colectivos, y que se cumplan también los deberes correlativos a ellos, las cargas que les sean inherentes y las obligaciones, tanto de los servidores públicos como de los particulares.
La existencia de modalidades y procedimientos de control -tanto interno como externo, judicial como administrativos y disciplinarios-, dentro de las previsiones normativas, es parte insustituible para que el Estado cumpla las finalidades señaladas en la Constitución, y para que los derechos sean efectivos. El Estado Social de Derecho, sus postulados y sus fundamentos esenciales, así como la eficacia de sus normas, no pueden quedar plasmados apenas en las declaraciones y discursos de los altos funcionarios. Tienen que convertirse en factores consustanciales a la función pública, y traducirse en la práctica; en la actividad transparente y leal de todos los operadores jurídicos y de quienes deban resolver; una normatividad aplicada de buena fe, sin esguinces ni evasiones.
Todo ello debe funcionar en democracia y dentro de los principios y reglas del Estado Social de Derecho, inclusive en las relaciones políticas, entre quienes ejercen el poder y quienes aspiran a obtenerlo.
Como decíamos en columna radial, "si algo debe caracterizar el ejercicio de la democracia -que ha de tener lugar de modo permanente e ininterrumpido- es la lealtad en las relaciones entre gobierno y oposición. Es un principio cuya aplicación, particularmente en el caso del gobierno, lejos de debilitar, fortalece.
En tal sentido, resulta esencial que la oposición pueda exponer con libertad sus argumentos; formular propuestas de orden legislativo; fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo y de la administración; ejercer el derecho de réplica, las libertades de pensamiento, expresión, reunión y protesta pacífica.
Lo decimos a propósito de hechos recientes,-nada edificantes- que no se deben repetir.
Bogotá, D. C, 24 de Julio 24, 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.-Sería importante que el Gobierno liderara un juicio de responsabilidades respecto de la mala calidad de obras públicas que han sido entregadas y puestas en servicio y que, al poco tiempo, ya presentan problemas que no son menores, como los puentes que se derrumban o las carreteras que quedan bloqueadas y algunas por un largo tiempo, por falta de haber previsto o realizado las barreras adecuadas y correspondientes que hoy tiene a la zona de la Orinoquia, que une a varios departamentos, aislada o los derrumbes en el departamento del Huila o el del Caquetá o de Antioquia para no mencionar varios otros.
Es que los colombianos no podemos seguir tranquilamente viendo cómo los recursos que se han pagado por estas obras y las elevadas sumas que tendremos que pagar en el próximo futuro de nuestros impuestos vayan a bolsillos de quienes son responsables de todos los errores cometidos.
¿Cuánto cuesta no más el movimiento y levantamiento de tierra que se tendrá que realizar? Hasta dónde llegó la emoción o satisfacción que teníamos en el país por cuenta de ver qué se estaban por fin construyendo vías que hicieran una realidad el acercamiento de las regiones y la posibilidad de sacar a los mercados de consumo los productos producidos por cada una de ellas?
Tanto el actual Gobierno como la Contraloría General de la República y en aquellos casos de delitos cometidos la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial del Estado deberían ponerle atención y acción especial tanto a las investigaciones como a las sanciones establecidas o por establecer para quienes no cumplen en debida forma con sus compromisos en los contratos públicos.
Estamos acostumbrados a que una nube tapa la otra y así se nos van olvidando los ya innumerables casos de mala ejecución de los contratos como de corrupción en otros, que no podemos dejar pasar los colombianos.
Tampoco podemos permitir que la justicia deje morir los casos por vencimiento de términos, en otros por estrategia de dilatación de los procesos y en otros al imponer insignificantes penas y veamos a los responsables de actos de corrupción andando como si nada hubiera pasado por las calles de las ciudades.
Los responsables de los delitos de corrupción cometidos por Odebrecht, por ejemplo, después de haberse llevado sumas escandalosas a sus bolsillos ya están por salir a disfrutar de los dineros mal habidos.
Si no rescatamos los valores de la ética y la moral perdidos será muy difícil que podamos tener un mejor futuro en nuestro país. Ya se está acercando la fecha donde hemos de elegir a los gobernantes locales y sus cuerpos colegiados. Tenemos que hacer un ejercicio ciudadano para no cometer el error de votar por quienes llegarán a robarse los dineros de las entidades públicas. ¡No lo podemos permitir!
Los medios de comunicación tienen en este aspecto como en muchos otros, la gran responsabilidad de advertir sobre los candidatos con antecedentes disciplinarios y también quienes han estado vinculados a investigaciones por corrupción; los ciudadanos debemos escoger a conciencia a los mejores para poder construir un mejor futuro para nuestras ciudades y regiones.
Tampoco podemos dejar de votar, pues quien no vota no solamente está incurriendo en una falta de un deber ciudadano sino que no se puede exigir cuando no se participa en la escogencia de nuestros gobernantes.
Llegó la hora de elegir gente honesta y comprometida con el servicio público.
Bogotá, D. C, Julio 24, 2019
*Excomisionado de Paz
Por: Guillermo García Realpe*.- Sobre la última decisión tomada por la Corte Constitucional frente al regreso o no de las aspersiones aéreas con glifosato, tenemos que armar conceptos con pinzas, para mí en un concepto personal, sin criticar frontalmente a la Corte que mantiene las restricciones en términos generales de la Sentencia T-236 de 2017, el alto tribunal relativizó el principio de precaución universal que ha sido acogido en la Constitución Nacional, especialmente en el artículo primero de la Ley 99 de 1993 la cual creó el Sistema Nacional Ambiental en Colombia y de los acuerdos que ha suscrito nuestro país en la Convención de Río y de los COP 21 de París y COP 22 de Marruecos.
El principio de precaución dice lo contrario, que cuando hubiese duda, cuando no hubiese certeza de que una decisión del Estado no cause daño a la salud y al medio ambiente, se privilegia la vida y al medio ambiente, suspendiendo las decisiones, ese es el principio de precaución; esencial, que cuando hay duda y no haya certeza se suspende la decisión del Estado, cualquiera que fuere, en el caso del fracking por ejemplo, o en éste caso de las fumigaciones con glifosato, etc.
Pero la Corte, también dice que el Gobierno Nacional a través del Consejo de Estupefacientes debe ponderar la decisión, tampoco es que hoy vaya a entrar a tomar decisiones porque entre otras cosas pone barreras adicionales en esta ocasión que es el cumplimiento del punto cuarto del acuerdo de La Habana que tienen que ver en principio y de primera mano el proceso de sustitución de cultivos ilícitos con proyectos productivos, esa digamos, no es una restricción, pero es un amparo adicional que la fumigación va a ser el recurso último, tampoco va a ser el primero, entonces esto tenemos que discutirlo muy a fondo y con mucha delicadeza.
Para mí, como conclusión, se relativiza el principio de precaución, pero también se mantienen restricciones y ahora se le agrega el tema de privilegiar primero, la sustitución de los cultivos ilícitos, no a la fumigación de primera mano.
Pero aquí hay unas complicaciones de lo que la Ministra de Justicia interpreta, es que no se puede fumigar, por ejemplo, los Parques Naturales Nacionales, tampoco se puede fumigar en zonas de páramos en donde se generan aguas o zonas bajas de generación de aguas, eso se mantiene.
Si vamos al año 2015 cuando se tomó la decisión por parte del gobierno Santos de suspender las fumigaciones es porque hubo conceptos de la Organización Mundial de la Salud que las acogió el Ministerio de Salud, en ese entonces el ministro Alejandro Gaviria.
Ahora bien, yo no sé cómo van a manejar esos temas de salud para tomar la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes y tampoco podemos olvidar, por ejemplo, a nivel internacional hay hechos que aún complican más ese tipo de decisiones, la demanda contra Monsanto que la obligaron a pagar más de dos mil millones de dólares en Estados Unidos y también las decisiones que están tomando otros países que definitivamente suspenden el uso del glifosato aún como herbicida en procesos de producción agropecuaria.
Todos estos son elementos que debe seguir ponderando el Gobierno. También en la Sentencia 236 hay que entender que es dentro de un escenario de una tutela que reclaman comunidades del Chocó que se prohíba el glifosato en esa región, también ampara derechos de salud, ambientales, pero también de comunidades en su territorio.
Este debate continúa y esperamos que el principio de precaución se mantenga en todos sus alcances.
Bogotá, D, C, 22 de julio de 2019
*Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.-Al indagar sobre las causas del aumento de la tasa de desempleo, la primera que salta a la vista, como ya quedó dicho, es la falta de dinamismo de la economía, que ha crecido en promedio 2.7% durante el último lustro, al tiempo que perdió un punto porcentual de crecimiento potencial, el cual pasó de 4.5% a 3.5% y ha venido creciendo por debajo del mismo.
El Presidente de ANIF Sergio Clavijo y el Gerente del Banco de la República Juan José Echavarría coinciden en que el deterioro del empleo obedece a la poca creación de plazas por parte de las empresas. Este último hace hincapié en que ello se deriva “de una menor demanda por empleados; es decir, hay poca creación de empleo por parte de las empresas y no es tanto por oferta”. En efecto, las empresas con 11 o más trabajadores redujeron su nómina en 16.7%, mientras que las que tienen entre 2 y 10 la redujeron el 6.6%. Los únicos que aumentaron su nómina fueron aquellos que trabajan por cuenta propia, con un incremento del 26%. Como lo afirma el Vicepresidente de FENALCO Eduardo Visbal, el crecimiento de la tasa de desempleo responde a “un tema estructural de la falta de inversión en empresas que generan valor agregado y mano de obra”.
Por su parte el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla manifestó que su “hipótesis sigue siendo que hemos tenido un choque muy grande proveniente de la inmigración, que ha afectado el mercado laboral. Regionalmente hay mayor afectación por el choque migratorio”. Pero, es el mismísimo Director del DANE Juan Daniel Oviedo quien refuta, cifras en mano, al Ministro Carrasquilla, según él “no podemos decir que el deterioro de las estadísticas de empleo nacional sea a consecuencia de las migración venezolana”.
Resulta contraintuitivo atribuir a la inmigración de venezolanos el alza en la tasa de desempleo, cuando, según el DANE, la tasa de desempleo de la población migrante del país vecino en lugar de incrementarse bajó del 19.8% el año pasado al 18.9% este año. Es más, como ya lo vimos, la tasa global de participación (TGP), que mide la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), en lugar de subir bajó, lo cual pone de manifiesto que no es la demanda por empleo de los migrantes la que está presionando hacia arriba el desempleo.
Tampoco acierta el Ministro Carrasquilla cuando afirma que “regionalmente hay mayor afectación por el choque migratorio”, pues, según las estadísticas del DANE, las mayores tasas de desempleo, regionalmente, se concentran en ciudades como Quibdó (20.8%, Armenia (18.1%) y Florencia (17.3%), que no son propiamente los sitios de mayor afluencia de los inmigrantes de Venezuela y, en cambio, Barranquilla, que es considerada la tercera capital con el mayor número de migrantes, se cuenta como una de las ciudades con la menor tasa de desempleo, con el 8.4% entre marzo y mayo de este año. La hipótesis del Ministro Carrasquilla, entonces, no pasa de ser una mera cortina de humo para tratar de ocultar la real realidad.
En concepto de la revista Dinero, la recurrencia en el crecimiento del desempleo atemoriza a los consumidores y afecta aún más el Índice de confianza del consumidor (ICC) de FEDESARROLLO, el cual registró en mayo de este año un balance de – 5%, representando una reducción de 13.9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, afectando el consumo, que participó con el 72% del PIB(¡!) en el primer trimestre de este año. En el mes de junio empeoró al registrar el ICC el – 6.3%. Y ello, de contera, llevará a los empresarios a aplazar sus inversiones o ampliaciones de sus factorías y “por lo tanto no contratarían más empleados o, peor aún, empezarían a despedir más personas”.
De este modo nos topamos con una causalidad circular de la que es difícil de escapar: la baja del consumo redunda en una menor inversión y esta a su vez afecta la demanda de fuerza de trabajo, deteriorando el ingreso y la capacidad adquisitiva del consumidor. Es como el perro dando vueltas sobre si mismo tratando de morderse la cola. Definitivamente está probado y comprobado que el mejor estimulante para que los empresarios se animen a invertir y a generar más empleo es la demanda y no las gabelas impositivas que se le dispensan generosamente, como se hizo recientemente mediante la Ley de financiamiento.
Bogotá, julio 20 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Jorge Enrique Robledo*.- El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó deshacer el negocio que creó a Medimás EPS nos dio la razón a quienes interpusimos una acción popular en su contra y es de importancia superlativa. Por lo que decide, ¡y porque establece que las compraventas de las EPS no son “negocios entre privados” que pueden hacer lo que se les dé la gana!, falacia que han intentado imponer los gobiernos de Santos y Duque –otra vez de acuerdo– y que facilita el desgreño y la corrupción con los recursos públicos de la salud. Que el Consejo de Estado no vaya a cometer el gravísimo error de echar atrás lo decidido.
El caso Medimás empieza cuando la Superintendencia de Salud, en 2010, le ordenó a la Saludcoop EPS dirigida por Carlos Palacino devolverle al sistema de Salud 627 mil millones de pesos de los que se había apropiado ilegalmente. Luego de un debate mío en el Senado en 2011, la Contraloría aumentó a 1,4 billones la plata a devolver y la EPS terminó intervenida por el gobierno. Pero los interventores oficiales siguieron con las prácticas de Palacino –hubo sanciones contra ellos y los Supersalud involucrados–, los 1,4 billones se perdieron y la crisis de Saludcoop arrastró a Cafesalud EPS (http://bit.ly/2JHyh5p). Y el gobierno de Santos, aunque la presentó como una decisión “entre privados”, determinó venderle Saludcoop-Cafesalud a Medimás, incluida la joya de la corona: los 5,6 millones de clientes que tenía en 2017, con los cuatro billones de pesos anuales que el Estado pagaba por ellos.
Al destaparse el proceso secreto que llevó a la constitución de Medimás EPS, el primer rechazo vino de la Procuraduría, porque fallaban sus bases legales y terminaría mal para la gente (http://bit.ly/2YW66EV). Tan errado y contrario a la ley era, que el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca alcanzó a otorgarnos una medida cautelar suspendiéndolo, en razón de que los compradores carecían de las condiciones de experiencia y financieras para asumir con éxito esa responsabilidad y porque se les aceptaron las gabelas normativas más insólitas.
Como lo que mal empieza mal termina, en junio de 2018, la Contraloría y la Procuraduría le pidieron a la Supersalud intervenir a Medimás por la mala atención a los usuarios, el incumplimiento de las cuotas de la compra de Saludcoop-Cafesalud, el exceso de contratación con sus propias IPS, los contratos irregulares, etc., etc. (http://bit.ly/2Lz7D0C). Y ha sido especialmente cruel el trato que les ha dado a sus trabajadores ( http://bit.ly/2JH976Y), situación que el Tribunal también ordenó corregir.
Entre otras medidas, el Tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos constitucionales al patrimonio público, la libre competencia y el acceso al servicio de salud. Dejó sin efectos la venta de Saludcoop-Cafésalud a Medimás, ordenó liquidarla y, por acción popular simultánea, determinó que sus usuarios se distribuyeran entre las demás EPS del país, con las debidas garantías. Exhortó a la Contraloría a investigar a MBA Lazard Colombia SAS, la trasnacional que diseñó el negocio. Llamó a la Superintendencia de Industria a actuar contra las prácticas anticompetitivas. Y estableció que el Decreto 718 de 2017 del ministro de Salud vulneró esos derechos y le ordenó al gobierno derogarlo.
La sentencia del Tribunal –ver resumen en http://bit.ly/2Sxc2Sw– destruye la falacia santista de que el negocio de Medimás lo determinó solita la liquidadora “privada” de Saludcoop EPS. Porque en ese cargo la nombró el gobierno y ella contrató a Lazard para que diseñara el negocio en términos que fueron acordados entre los compradores, la Supersalud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, cuyo titular, Alejandro Gaviria, expidió el Decreto 718 de 2017, según el Tribunal, “la génesis de la vulneración sistemática de los derechos” a la salud, al acomodar las normas legales –contra la Constitución–, a la medida de los intereses de las clínicas que montaron a Medimás. Esta puede ser la licitación más “sastre” de la historia del país y por ello, en realidad, con un solo oferente.
Y a pesar de que el Tribunal lo prohibió de manera expresa, hubo una compraventa de acciones de Medimás o, más precisamente, de Prestnewco, la compañía que está detrás de la EPS, decisión que ya demandó por desacato el propio Tribunal.
Bogotá, D. C, 20 de julio de 2019
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Exordio: El 26 de julio ¡Caminemos por la vida! Hay que parar el asesinato impune de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los guerrilleros que entregaron sus armas. En toda Colombia y en más de 20 ciudades de otros países saldremos a las calles a gritar que la vida es sagrada. En Colombia se han convocado marchas en cerca de 30 ciudades. La cita en Bucaramanga es el viernes a las 5 de la tarde en el el parque San Pio.
¿Qué tienen en común Villavicencio y Buenaventura? Que después de más de 20 años no ha sido posible terminar las carreteras que las unen con el centro del país, y que los últimos derrumbes han limitado el tráfico normal de los millones de toneladas de alimentos y mercancías que surten todos los mercados nacionales.
¿Qué tienen de diferente Villavicencio y Buenaventura? Que el derrumbe que cerró el paso en Guayabetal (km 58) se ha convertido en un problema nacional con gran despliegue en todos los medios, de manera que la carretera a los Llanos ha recibido atención prioritaria del Gobierno, que inclusive ha destinado miles de millones de pesos del presupuesto nacional para la emergencia, a pesar de ser una vía entregada a un concesionario privado.
Por el contrario, las restricciones de tráfico en la carretera a Buenaventura pasan casi desapercibidos en los medios nacionales, y no parece que los funcionarios de Bogotá tuvieran premura en solucionarlos, a pesar de que hace más de un año se revirtió el contrato con el concesionario privado y la vía pasó a ser responsabilidad del Invias.
Hoy, el riesgo más grave en esta carretera está en el kilómetro 89 donde colapsaron totalmente dos de las cuatro calzadas de la vía y está fracturada la tercera de manera que el tráfico está restringido a una sola calzada, que por el sobre uso puede llegar a colapsar pronto, lo que cerraría totalmente el paso.
Otra diferencia importante es que la vía a los Llanos tiene alternativas: mucho más largas y deterioradas pero por lo menos existe la posibilidad de transitar. Por el contrario, después de Loboguerrero no hay vía alterna a Buenaventura, de manera que si se cierra colapsaría también nuestro comercio exterior pues, excluyendo el petróleo y los combustibles que se mueven por oleoductos, por la carretera a Buenaventura pasa la cuarta parte de los bienes que se exportan e importan del país.
La responsabilidad de esta carretera es del Invias, entidad que además desde hace más de un año se está quedando con los multimillonarios recursos de los peajes de la malla vial del Valle, sin hacerle ningún mantenimiento.
Cali, 21 de julio de 2019
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo*. - Entre los elementos litúrgicos, tienen especial importancia los libros aprobados con los textos bíblicos y eucológicos y con las especificaciones de los ritos que son parte de los actos del culto. Los libros litúrgicos, a través de las plegarias y la presentación de los signos que expresan la fe, transmiten la tradición de la Iglesia. Además, ayudan para que la fe no sea patrimonio de una persona o de un grupo de fieles, sino la expresión de la vida de la única Iglesia de Cristo, que celebra en comunión los misterios de la salvación.
Estos libros elaborados con la experiencia espiritual y la reflexión teológica de la Iglesia, acumuladas durante siglos, manifiestan, en la variedad de las formas, los diversos modos de celebrar el misterio de la redención ofrecido a la humanidad por el Padre, en Cristo, mediante la gracia del Espíritu. Por eso, en ellos está lo que oramos, que es lo mismo que debemos creer y vivir. Son, en realidad, una rica mina de espiritualidad, de teología y de vida.
El Concilio Vaticano II pidió una revisión general de los libros litúrgicos, con la posibilidad de hacer las adaptaciones necesarias y de traducirlos a las diversas lenguas vernáculas. Varios grupos de expertos trabajaron, entonces, en su composición y las Conferencias Episcopales han venido haciendo diversas versiones y ediciones de estos libros entre los que sobresalen el misal, los leccionarios, el pontifical romano, los rituales de los sacramentos y la liturgia de las horas.
En Colombia, hemos utilizado diversas ediciones de los libros litúrgicos; unas hechas en el país y otras traídas de España, México, Perú… Esto comporta varios problemas; entre ellos, la falta de unidad en la traducción de las oraciones y de los textos bíblicos, que se leen de una manera en el misal, de otra en los leccionarios, de otra en el breviario y de otra en los rituales. Por eso, se ha emprendido la importante tarea de hacer una edición completa, a partir de la Biblia para el uso litúrgico aprobada en España.
Los beneficios de esta edición son grandes:
1) Lograr la unidad en el conjunto de los libros litúrgicos y en la totalidad de las parroquias y capellanías de Colombia. No tiene sentido que cuando se cambia de lugar, aun dentro de una misma ciudad, se celebre con un texto distinto. Los países de habla inglesa, aun con tan gran diversidad, han mantenido la unidad de una misma versión en los libros litúrgicos.
2) Llegar a una misma traducción del texto bíblico para la liturgia, la catequesis y aún para el estudio. El pueblo de Dios está encontrando la Palabra de una manera en su parroquia, de otra en las transmisiones radiales o televisivas y de otra en los folletos de divulgación pastoral. Esto dificulta mucho citar y memorizar los textos.
3) Tener los libros litúrgicos con las adaptaciones convenientes y aprobadas para nuestro país. Esto ofrece la posibilidad de construir celebraciones diferenciadas, de modo que respondan a diversas circunstancias, siempre dentro del espíritu litúrgico, la comunión eclesial y la búsqueda del bien de los fieles.
4) Contar con una edición digna, en una buena composición tipográfica y una adecuada presentación externa, que manifieste el respeto con que tratamos las realidades santas que los libros litúrgicos contienen. Sabemos que la misma liturgia prevé signos de veneración especialmente hacia los leccionarios. Se supera también que en una parte se celebre con un texto oficial, en otra con un libro de bolsillo y en otra con una hoja suelta.
Hasta ahora, han sido publicados los leccionarios para la celebración eucarística diaria de los años par e impar; el leccionario para adviento, cuaresma y pascua; los leccionarios para los ciclos dominicales A, B y C. Los pueden adquirir en la Curia Arquidiocesana sólo los sacerdotes y miembros de las instituciones católicas, para evitar que personas que no están en comunión se los apropien con los fines ya conocidos. Próximamente tendremos el misal y los rituales.
Como se ha terminado ya el plazo dado para comenzar a celebrar con estos nuevos leccionarios, que todavía algunas parroquias y muchas capellanías no han adquirido, pido a todos, sacerdotes, religiosas y laicos, entrar en esta unidad e incluso aprovechar el precio de esta primera edición.
Medellín 20 de julio de 2019
+ Ricardo Tobón Restrepo
*Arzobispo de Medellín
